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viernes, 30 de mayo de 2014

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Más de 800 vigilantes privados reforzarán seguridad exterior en 67 cárceles

Madrid, 30 may (EFE).- El Gobierno ha autorizado hoy la contratación de más de 800 vigilantes privados destinados a reforzar la seguridad exterior en las 67 cárceles españolas, con un coste de unos 33 millones de euros.
 
La medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros tras analizar el proyecto piloto puesto en marcha el pasado año en 21 centros penitenciarios con vigilantes de seguridad, encargados de tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
 
Según el Gobierno, el contrato afecta a 67 prisiones e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
 
Con esta medida, el Ejecutivo pretende optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, "obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles".
 
Además, se compensa la falta de personal de las fuerzas de seguridad del Estado debido a la disminución de la oferta pública de empleo, y se destina el mayor número de estos a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos.
 
El Gobierno sostiene que hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad, si bien siempre bajo la supervisión y el control de la Guardia Civil y la Policía Nacional como responsables de la seguridad de cada centro.

Fuente:  http://www.lavanguardia.com
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Los vigilantes de los aeropuertos, los mejor preparados en el manejo de equipos de inspección de rayos X

Un reciente estudio llevado a cabo en el marco de la Cátedra Aeroportuaria de la Fundación AENA-IUISI UNED ha revelado la eficacia de los vigilantes de seguridad de los aeropuertos en el manejo de los equipos de inspección de rayos X.

Juan José Villaverde, coautor del proyecto junto a Joaquín del Toro Jiménez y José Ignacio Olmos, presentó los resultados del proyecto en la jornada “El papel de la formación en la Calidad de la Seguridad Aeroportuaria”, organizada en Madrid el 26 de marzo por el centro de formación CEFAYR, del que es director ejecutivo, y la empresa Iman.
Villaverde explicó que la muestra se realizó con 50 vigilantes seleccionados al azar, de diferentes empresas y ciudades, que prestan servicio en filtros aeroportuarios, ferroviarios, puertos y administración, año 2012 y 2013. Entre otros resultados, el proyecto refleja que el nivel de acierto de los primeros superó el 80 por ciento, mientras que el de sus compañeros de entornos ferroviarios y puertos fue del 58,6 por ciento y los de juzgados y Administración de algo más del 61 por ciento. Además, el estudio muestra que el cien por cien de los vigilantes que prestan servicio en aeropuertos cuentan con formación en CBT, frente al 28 por ciento de sus compañeros.
La jornada contó con la presencia de otros profesionales relacionados con la formación AVSEC, como Pablo Jiménez, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que adelantó algunos aspectos del nuevo Programa Nacional de Formación, en el que tendrán cabida nuevos colectivos y nuevas certificaciones.
 
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Google habilita un formulario para reclamar el derecho al olvido

El buscador acata de este modo la sentencia de la Justicia europea y permite a los usuarios solicitar la retirada de enlaces de informaciones personales inadecuadas o irrelevantes
(Redacción/Portaltic/EP).- Apenas dos semanas después de la decisión judicial que reconocía el "derecho al olvido", Google ha puesto en marcha un formulario 'online' para que los ciudadanos europeos pueden solicitar que se retiren los enlaces que consideran que contienen un material censurable. Este es el primer paso para cumplir con una decisión judicial que defendía el derecho de los usuarios a la retirada de información personal del buscador en determinados casos.
Esta web únicamente sirve para enviar las solicitudes y no han especificado cuando tienen pensado empezar a borrar los enlaces que deban ser eliminados en base a los criterios establecidos.
"Implementando esta decisión, asesoraremos cada petición individualmente e intentaremos equilibrar los derechos de privacidad de las personas con el derecho público a conocer y distribuir información", como por ejemplo "información sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del gobierno", asegura Google en el formulario que ha lanzado.
Google también informa de que este formulario "es un paso inicial" y espera que en los próximos meses puedan colaborar"estrechamente con la autoridades de protección de datos y otras entidades".Para que los usuarios puedan realizar esta petición, deben mandar una copia digital de una identificación oficial -como por ejemplo el carné de conducir- y seleccionar qué país europeo de la lista de 32 que se dan a elegir corresponde con la petición.

Así, el popular buscador de Internet también ha añadido que están trabajando para "finalizar la implementación de lassolicitudes de retirada de contenido en virtud de la normativa de protección de datos europea lo antes posible". De esta manera, pide a los usuarios que vayan rellenando el formulario y que esperen a recibir "una notificación" cuando comiencen el procesamiento de las solicitudes.

La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pone a Google en una posición difícil a la hora de interpretar el criterio de la Unión Europea (UE) en cuanto a los links censurables y eliminar cierto contenido de su motor de búsqueda, a la vez que intenta mantener su popularidad como una fuente para los usuarios de buscar cualquier tipo de información.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio el pasado 13 de mayo la razón a la Agencia Española de Protección de Datos en su disputa con Google al dictaminar que los servicios de motor de búsqueda en Internet eran responsables de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan.

Así, la sentencia reconoció la existencia de un "derecho al olvido" como el que invocó el ciudadano español afectado por este caso para que se borraran sus datos en Internet. El TJUE sentenció que "el gestor de un motor de búsqueda en Internet es responsable del tratamiento que aplique a los datos de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas por terceros" y, por tanto, debía respetar la directiva comunitaria sobre protección de datos.
Un obstáculo para la innovación
En una entrevista al Financial Times, el consejero delegado de Google, Larry Page, ha afirmado que la sentencia del TJUE "dañará la siguiente generación de 'startups' y reforzará la mano de los gobiernos represivos que busquen restringir las comunicaciones en línea". Y ha añadido que "tal como regulamos internet, creo que no veremos el tipo de innovación que hemos visto".
No obstante el cofundador del gigante de internet ha remarcado en otras declaraciones al mismo periódico que la empresa está preocupada por la vulnerabilidad de la gente común, que ve expuesta su vida privada injustamente en los medios sensacionalistas: "Queremos ayudar con esto y, si podemos, prevenirlo".
Desde la sentencia europea Google ha recibido numerosas solicitudes de retiro de enlaces, la gran mayoría (un 40%) procedían de Alemania, de España (14%) y Reino Unido (13%), según datos aportados por la compañía y publicados por el diario británico.
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El Gobierno aprueba una partida de 33 millones para contratar vigilantes privados en las cárceles

seguridad
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros, distribuido en las anualidades 2014 y 2015, por lo que, al ser superior a doce millones de euros, debe contar con la previa autorización del Consejo de Ministros.
En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
El Gobierno señala que "tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto, la conclusión ha sido la adecuación de ese modelo de seguridad a las necesidades existentes". Esas necesidades pasan por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo. En este sentido, hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad".
También se busca "optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles". También "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".

67 CENTROS PENITENCIARIOS

Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.
El volumen total del contrato afecta a 67 centros penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
El coste del contrato se estructura en tres partidas destinadas a cubrir diferentes servicios: una, dedicada al coste anual de los puestos fijos de personal; otra, a los puestos de prestaciones variables (puestos con jornadas de 12 horas y días de prestación variables, bien de lunes a viernes o bien de lunes a sábado); y bolsa de horas, para abonar posibles refuerzos que solicite el órgano de contratación.
El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos.
Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado (artículos 13.2 y 170 f) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público), declarado por resolución del Ministro del Interior de 1 de abril de 2014. Está previsto que el contrato tenga una duración de un año. Su ejecución comenzará el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si ésta fuese posterior.
 

jueves, 29 de mayo de 2014

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Le rescinden un contrato a la empresa Magasegur, en Alicante por impago a una trabajadora.

El día 16 de mayo, han rescindido el contrato que la empresa Magasegur mantenía en el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo. INVASSAT
Un organismo oficial de la Generalidad Valenciana. Esta vez en Alicante
Los hechos están motivados por las reiteradas denuncias de una trabajadora afiliada de la USO a través de nuestra organización, tanto en los juzgados como ante el propio cliente INVASSAT. Este ultimo tras conocer la situación que la trabajadora estaba padeciendo por impagos de la empresa, decidió rescindir inmediatamente el contrato a Magasegur y contratar a otra empresa que garantizase las condiciones económicas y laborales de la misma.
Aun quedan muchos trabajadores en esta Provincia, en otros servicios que esperan que se haga justicia y condenen a Magasegur a cumplir con el Convenio Nacional de Empresas de Seguridad.
Primero la Diputación de Lugo, ahora un organismo público de la Generalidad Valenciana, ¿Querrá esto decir que se extiende la sensibilización de los responsables en los entes públicos hacia los problemas que los trabajadores de las diferentes empresas de seguridad que prestan servicio en sus dependencias, padecen?. Problemas del cobro de nominas, cuando no sisa directa en las cantidades a percibir, merma en los derechos laborales, infracotización a la SS y Hacienda por parte de estas empresas, etc.
 
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Adjudicado a Securitas el Servicio de Vigilancia y Seguridad de los Puertos Canarios.


 
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La "TSP" el nuevo invento de Prosegur


"Todos Somos Prosegur"

Prosegur en un alarde de mágia, se ha sacado de la chistera una nueva campaña promocional llanada TSP "Todos somos Prosegur". Con esta campaña, instan a tod@s sus trabajador@s a ejercer de Comercial. Por cada nuevo cliente que consigan podrán optar a una serie de premios, o, a un ingreso en nómina. La generosidad de esta empresa vuelve a quedar patente; ofrecen a sus nuevos Comerciales el 1% de la facturación total que consigan. O sea... mientras llenan sus ya abultadas arcas de euros, el trabajador podrá obtener una espectacular linterna, o irse al Cine con su pareja.

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Prosegur: "Asia se muestra como nuestro próximo mercado de crecimiento"


Prosegur, compañía líder en seguridad, obtiene un 65% de sus ventas fuera de España. María José Leal, directora de Estructura Financiera de Prosegur, desveló sus próximos pasos en la internacionalización de su negocio y destacó Asia como "próximo mercado de crecimiento".
 
Prosegur es una de las empresas líder en el mercado de la seguridad con el 65% de sus ventas son fuera de España. Su presencia internacional llega a 17 países, donde en el mercado Latinoaméricano es el principal de la compañía, siendo Brasil el país más representativo. "Asia se muestra como nuestro próximo mercado de crecimiento" indica María José Leal, directora de Estructura Financiera de la compañía, ya que desde 2011 ya han entrado en India, Singapur o Australia. En Prosegur cuatro son las líneas de negocio: logística de valores, vigilancia (sustitución de vigilancia tradicional que lleva a un menor coste para el cliente y una mejora de los márgenes para la empresa), tecnología (donde entra el mercado de alarmas) y tecnología corporativa (sistemas de seguridad de videocámara y protección contra incendios).

El mercado de la seguridad muestras unas cotas de crecimiento muy elevadas, mucho más que las expectativas del PIB de los países. Prosegur apuesta por mercados en los que se prevea crecimiento y que pueden ser líderes. Esa es una de las bases de su modelo de integración, con un equipo interno de M&A, que analiza nuevas oportunidades de negocio. La compañía cuenta con control de costes y de actividades muy elevado. Algo que hace que los paneles de la integración de las compañías adquiridas sea muy elevado.

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PROSEGUR MADRID COMIENZA A DESPEDIR POR BAJA PRODUCTIVIDAD

El dia 23 de mayo, Prosegur España Madrid, ha comunicado al Comite de Empresa su decision de rescindir varios contratos de trabajo por causas económicas y por tanto la indenizacion marcada por la norma en estos casos es de 20 dias por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.
El motivo esgrimido por la Direccion de Prosegur es la baja productividad de las personas afectadas. En todos los casos esa baja productividad viene producida por numerosos periodos de baja por enfermedad y bajo numero de horas trabajo efectivo, este ultimo motivo viene dado, según la empresa, por la falta de adaptación de las personas afectadas a diferentes centros de trabajo.
 
Seguiremos informando.
 
 
 
Fuente:   Elpregon

miércoles, 28 de mayo de 2014

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Cumplir una orden ilegal de un jefe puede costar el despido

Si un superior obliga a un trabajador a participar en conductas legalmente irregulares, el empleado debe ponerlo en conocimiento de la empresa y no obedecer para evitar convertirse en cómplice.

¿Debe un trabajador obedecer una orden de un jefe si lo que le pide que haga es ilegal? Según la Justicia, no. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha declarado procedente el despido de un trabajador al que se acusaba de cobrar a los clientes al contado y sin IVA. La excusa del empleado, que ocupaba un cargo de mando intermedio, era que actuaba siguiendo instrucciones del gerente, lo que no ha impedido que el tribunal estime que su actuación ha sido contraria a los principios de buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño de su trabajo de cara a la empresa.

La empresa comunicó al trabajador su despido cuando descubrió la trama ilegal que se estaba produciendo en el centro de trabajo en el que éste desarrollaba sus funciones. Junto a él fueron despedidos también el gerente y el jefe de taller, y se sancionó con suspensión de empleo y sueldo al jefe de administración y a dos trabajadoras administrativas.

En primera instancia, el despido fue declarado improcedente y se condenó a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 104.381 euros, por entender que había actuado por indicación del gerente. Sin embargo, el TSJ de Murcia ha dado la vuelta a la situación, considerando procedente el despido en una sentencia que cuenta con dos votos particulares Según el Tribunal, el trabajador, que ocupaba un puesto de mando intermedio con obligaciones en materia de control y supervisión, transgredió la buena fe contractual, aunque no se lucrara con las sumas recaudadas, ya que «podría haber provocado a la empresa consecuencias patrimoniales muy graves, vinculadas a la colaboración en la defraudación del IVA».

La sentencia sostiene que «el hecho de que tales prácticas estuvieran propiciadas y consentidas por el gerente, ocultando las mismas a la dirección de la empresa, no puede determinar una menor intensidad de la infracción, pues de algún modo se convertía en colaborador en las prácticas irregulares que pudiera haber instaurado el gerente, en contra de los intereses de la empresa». Además, afirma que el trabajador debería haber puesto la situación en conocimiento de la compañía.
Debate abierto Este caso abre el debate sobre en qué medida se deben cumplir o no órdenes en el trabajo. En un voto particular concurrente, el magistrado José Luis Alonso reconoce que, en principio, las órdenes dadas en la empresa por personas facultadas para ello son de obligado cumplimiento, asumiendo el trabajador, en caso contrario, las posibles consecuencias por su incumplimiento.

No obstante, este criterio tiene una excepción: que las órdenes o instrucciones sean «clara, manifiesta y/o palmariamente ilegales». Según explica el magistrado, «si se cumple una orden o instrucción inequívocamente ilegal, el trabajador deberá justificar su conducta, al actuar en contra de la ley». Añade que «nada le impedía haber reaccionado poniendo en conocimiento del empresario lo que estaba ocurriendo», y al no hacerlo «se convirtió en partícipe de la ocultación, colaborando en las ilegalidades por propia voluntad».

No opina lo mismo el magistrado Joaquín Ángel de Domingo que, en un voto particular discrepante, recuerda que la actuación irregular «era una práctica generalizada en las empresas del grupo desde hacía años y se realizaban por orden y siguiendo las instrucciones del gerente».
Crónica de una sentencia - En un centro de trabajo del grupo empresarial se había montado una trama ilegal con varios trabajadores y jefes implicados.

- Cuando la empresa se entera, despide al trabajador de este caso, así como al gerente y al jefe de taller.

- En primera instancia, el despido del trabajador es declarado improcedente y se condena a la empresa a elegir entre readmitirle o pagarle una indemnización de 104.381 euros.

- El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en cambio, lo ha declarado procedente por los daños que se pudo causar a la empresa. La sentencia cuenta con dos votos particulares, uno concurrente y otro discrepante.
 

martes, 27 de mayo de 2014

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Defensa ha implantado seguridad privada en 147 centros y cuarteles

El Ministerio de Defensa y los cuarteles generales de los tres ejércitos han implantado seguridad privada en 147 cuarteles, edificios e instalaciones militares distribuidas por toda España. La política de externalización de servicios avanza ante la falta de soldados.
Defensa ya ha renunciado a contar con los 102.000 profesionales estimados en los planes del Gobierno hace cuatro años. El balance de altas y bajas del primer semestre del año sitúa el contingente en 72.604.
La contratación de seguridad privada para cuarteles y centros militares comenzó por la Academia Militar General de Zaragoza. La implantación de vigilantes privados suscitó la polémica de si los militares tenían el deber de hacer guardias y coincidió, en el 2001, con el momento más bajo en la captación de jóvenes como soldados profesionales.
La contratación de agentes de seguridad privada se extendió a las academias de Infantería, en Toledo; de Ingenieros, en Hoyo de Manzanares (Madrid), y de Suboficiales, en Tremp (Lérida). Defensa adujo que la externalización de servicios y la supresión de las guardias y tareas secundarias --incluidas las de cocina, jardinería, hostelería y otras que realizaban los soldados-- redundaría en la mejora de la formación y en la operatividad de los combatientes.

LLAVES Y ALARMAS Dos años después de aquella decisión, el ministerio y los cuarteles generales ya han implantado seguridad privada para la protección y el control de los accesos de 147 cuarteles e instalaciones militares. Según fuentes del departamento que dirige Federico Trillo, el coste oscila entre los 10 y los 15 millones de euros (entre 1.660 y 2.490 millones de pesetas) anuales.
La secretaría general técnica del ministerio ha contratado un servicio de seguridad que custodia las llaves y mantiene las alarmas de las 52 delegaciones de Defensa y ha implantado vigilancia y seguridad físicas en otros 12 edificios. Y otros organismos ministeriales como el Instituto de la Vivienda y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas han hecho lo propio en sus instalaciones al no disponer ya de soldados de guardia.
Por su parte, la gerencia de infraestructuras y equipamientos de Defensa ha contratado seguridad privada para 19 centros, entre los que figuran cuarteles en Badajoz, La Coruña, Cádiz, Valladolid, Sevilla, Alcalá de Henares (Madrid), la estación de Loran, en L´Estartit (Gerona), un polígono de tiro en La Coruña, varios centros sanitarios y los polvorines de la Sierra de San Cristóbal (Cádiz) y Gándaras (Lugo).

POLVORINES El Ejército de Tierra ha extendido la seguridad privada a varios centros logísticos y de intendencia, talleres de mantenimiento de armas y unidades operativas como la de Mahón (Menorca) y ha dejado en sus manos la custodia de museos y centros no operativos. En total, 38 edificios y cuarteles.
Los responsables de Defensa aseguraron que no había seguridad privada en instalaciones sensibles, pero al repasar las adjudicaciones, se comprueba que el control de acceso a los polvorines de la zona marítima del Estrecho ha sido encomendado a una empresa de seguridad privada.
La Armada también ha implantado seguridad privada en sus centros técnicos y de estudios de Madrid, en todos sus clubs navales, alojamientos logísticos, residencias, museos, una iglesia castrense y varios centros de enseñanza. Y otro tanto ha hecho el Ejército del Aire en algunos de sus centros y bases.
 
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MALLORCA: El Govern endurece los requisitos para la seguridad privada de Es Pinaret y Es Fusteret


El Govern ha sacado a concurso el servicio de vigilancia de los centros para menores Es Pinaret y Es Fusteret con un pliego de condiciones que incluye nuevos requisitos para evitar «que se reproduzcan las conductas inadecuadas del pasado» con casos de presuntas agresiones a internos por parte de vigilantes.

El contrato con la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad termina a finales de julio y, aunque se podría haber prorrogado por dos años más, la Fundación S'Estel de la que dependen ambos centros socioeducativos ha decidido no hacerlo, ha informado la Conselleria de Familia y Servicios Sociales en un comunicado. La fundación ha decidido sacar un nuevo concurso con el objetivo de endurecer ciertos requisitos técnicos y formativos que deben cumplir los vigilantes. El pliego de condiciones, publicado el pasado sábado en el BOIB, fija cláusulas como que el director del centro se reserva la potestad de retirar del servicio a vigilantes atendiendo a una motivación concreta.

La dirección también tendrá una parte más activa en la selección de estos trabajadores en el caso de que tengan que ser sustituidos y se establece un nivel formativo para los vigilantes adecuado a la delicada tarea que llevan a cabo. Las funciones y el servicio que deben prestar los vigilantes se describen de forma más detallada, se establecen penalizaciones muy específicas y se incluye la rescisión del contrato por causas concretas. Entre otras novedades, se introducen actividades formativas obligatorias para los vigilantes adscritos a estos centros, teniendo en cuenta la especificidad de su servicio.

La empresa concesionaria no podrá reemplazar al personal que trabaja en el centro unilateralmente, ni de forma temporal ni definitiva y además estará obligada a sustituir personal por cuestiones justificadas como «quejas que se formulen por escrito de forma motivada, tanto por incumplimiento de tareas encomendadas, falta de celo profesional, comportamiento incorrecto o incompatibilidad con los trabajadores del centro». En el caso de que se produzca una sustitución, la selección del personal se realizará por el órgano contratante (la Fundación S'Estel), a partir de los currículos que aporte la empresa. Se añade la posibilidad de incluir una entrevista personal con los candidatos en el proceso de selección.
 
Por otra parte, la empresa adjudicataria estará obligada a comunicar a la Fundación S'Estel la resolución de cualquier expediente disciplinario que pueda imponerse a un trabajador de los centros de menores en caso de que incumplan el reglamento, así como la sanción que se les imponga. Finalmente, las penalizaciones económicas establecidas por la Administración por incumplimiento del contrato se han concretado más y también han quedado más especificadas las causas de su rescisión. Por ejemplo se considera incumplimiento o falta muy grave «la negligente intervención en el mantenimiento del orden interno del centro y/o llevar a cabo una actuación o comportamiento inadecuado con los menores internos».
 
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El negocio de la mutuas laborales al servicio de las empresas

Son muchos los trabajadores que al sufrir un accidente laboral no se sienten bien atendidos por la mutua contratada por la empresa en la que están asalariados, que intentan regatearles días de baja, o directamente despachan el tema denegando la baja bajo los argumentos más peregrinos. Si consideráis que se os está realizando un diagnóstico erróneo del accidente que habéis tenido o de la dolencia que tenéis debido a vuestra actividad profesional, no debéis conformaros y poneros en manos de profesionales que os puedan ayudar. Nuestra recomendación cuando ocurren estas cosas siempre es la misma: intentar recopilar la máxima documentación posible sobre el accidente y ponedlo en manos de una buena asesoría jurídica para denunciar lo que en muchos casos solo tiene una sola definición "malas praxis médica".

Es indignante ver como un servicio de atención que la mayoría de los trabajadores usan de tarde en tarde, cuando le toca a uno, no es extraño sentir la sensación de entrar en un negocio más que en una atención sanitaria. Si no quedamos satisfechos cuando tenemos que recurrir a la mutua, aunque no sea agradable, para ejercer vuestros derechos no os quedará más remedio que rellenar una hoja de reclamación, poner los hechos en conocimiento de la representación de los trabajadores y de la propia empresa, reclamar al INSS e incluso poner los hechos ocurridos en conocimiento del colegio de médicos o de alguna de las organizaciones de consumidores de referencia. No queremos decir que todas las mutuas actúen mal, pero sí que las quejas de los trabajadores que tienen que hacer uso de ellas son continuas. Cuando prima en estas empresas otro tipo de intereses por encima de una buena atención sanitaria al trabajador es que algo no funciona. Y tenéis derecho a exigir que estas empresas tengan el funcionamiento correcto y el trato adecuado porque no os están regalando nada, bien caro que os sale en la nómina.
Si queremos acabar con las malas praxis de las mutuas laborales que dan un mal servicio al accidentado no nos queda más remedio que dar un paso adelante y sacarlas a relucir. Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a ejercer tus derechos.

lunes, 26 de mayo de 2014

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RESOLUCION DE LA INSPECCION DE TRABAJO | EL TRABAJO NO ASIGNADO, NO ES RECUPERABLE

Como todos sabeis el año pasado la jornada de trabajo quedaba marcada por una distribución irregular de la jornada, lo cual se traducía en que todos los meses la jornada mensual podía oscilar en una horquilla de 144 horas a 176 horas mensuales.

La norma requería que si se aplicaba esta distribución irregular de la jornada, la dirección de la empresa debería informar a los trabajadores a los que afectara con un mínimo de cinco dias de tales distribuciones irregulares. Y ademas debería informar a los trabajadores afectados cuando recuperaría jornada o disfrutaría de dias libres producido de la corrección de la jornada dentro del año natural.

Como siempre la dirección de Prosegur decidido hacer oídos sordos a lo que marca la legislación laboral y desde la sección sindical de UGT llevamos al Comite de Empresa la propuesta de denunciarlo.

Ya tenemos resolución y en el ella, ademas de obligar a la empresa a entregar la documentación solicitada, le recuerda lo que dice el articulo 30 del Estatuto de los Trabajadores, que la jornada que el empleador no ha dado al empleado, este ultimo no tiene porque recuperarla y ademas no pierde su salario del tiempo que el empleador no le de trabajo.
 
Prosegur ha decidió una vez mas saltarse las normas y las resoluciones de la Inspección de Trabajo y es por eso que ponemos en conocimiento esta resolución, para que todos y todas aquellas a los que la empresa este reclamando jornada de trabajo del año 2013, sepáis que no es legal y y que podéis reclamarlo.
 
 
Fuente:  elpregon
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Programación de las I Jornadas "Mujer Vigilante"

Las I Jornadas "Mujer Vigilante" a celebrar durante la mañana del próximo martes 10 de Junio contará con el desarrollo de 2 ponencias de trabajo, que tras su correspondiente exposición dedicará un tiempo para la participación de los asistentes. La primera ponencia, que correrá a cargo del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tendrá como título "Los Planes de Igualdad en el sector de la seguridad privada". Después del descanso, las coordinadoras de la Plataforma Mujer Vigilante desarrollarán la ponencia "Pautas de actuación ante un episodio de acoso o violencia de género en el trabajo".
 
-PROGRAMACIÓN Además de las 2 ponencias centrales, responsables de SPV explicarán los objetivos que se marcan con la puesta en marcha de la Plataforma "Mujer Vigilante" y presentarán el nuevo blog que recogerá toda la actividad que pueda generar a lo largo del año. Al final de la jornada, se dará lectura pública de un manifiesto, que recogerá por puntos fundamentales que se pretenden conseguir con la puesta en marcha de esta actividad.
 
-INSCRIPCIONES Ya está operativo el correo mujervigilante@gmail.com para recoger las solicitudes de inscripciones de personas interesadas en asistir a las jornadas. Están invitados todas aquellas personas (hombres y mujeres) que trabajen el en sector de la seguridad privada que estén sensibilizados con el tema de la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, y que apuesten por corregir los desequilibrios existentes en muchas empresas a causa de discriminación por razón de sexo.

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MENORCA: La Justicia obliga a Trablisa a readmitir a diez vigilantes del aeropuerto


La empresa de seguridad no subrogó a toda la plantilla que dejó Eulen. Trablisa deberá readmitir a diez trabajadores.

El juzgado de los social condena a la empresa de seguridad Trablisa por no subrogar a los vigilantes del aeropuerto de Menorca que dejó Eulenn Seguridad el 1 de junio del año pasado. Así lo indica la sentencia del 19 de mayo que este viernes dio a conocer el sindicato UGT. El auto califica la actuación de Trablisa de despido improcedente ya que tenía la obligación de asumir a todos los trabajadores de la anterior concesionaria de la vigilancia del aeropuerto.
 
El juzgado obliga a Trablisa a readmitir a los trabajadores y a pagarles un año de sueldo que se les adeuda. La otra opción es pagar un despido improcedente por lo que la indemnización sería de 45 días por año trabajado más 33 de los dos últimos años. Según UGT esta indemnización supondría un pago global de 125.000 euros. Contra esta sentencia cabe recurso ante el TSJIB. El caso de estos empleados fue especialmente duro para ellos. Trablisa, al asumir la vigilancia del aeropuerto por menos horas que su antecesora, decidió no contar con once empleados. Todos ellos quedaron en un limbo legal ya que no tenían una carta de despido ni de Eulen ni de Trablisa. Por esta razón no pudieron cobrar el paro con el consiguiente perjuicio económico. Diez de ellos acudieron entonces a la Justicia.
 

domingo, 25 de mayo de 2014

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CÁDIZ: Secoex abandona la gestión de la seguridad de cuatro edificios por los impagos del Ayuntamiento


Otra empresa más que abandona la gestión de servicios municipales por los impagos del Ayuntamiento. Se trata de la firma de seguridad Seguridad Integral Secoex SA, que ha comunicado a sus trabajadores que se suspenden los servicios de seguridad por llevar más de cuatro meses sin cobrar de la Administración local.

La empresa venía prestando sus servicios en la Cárcel Vieja, Castillo de Santa Catalina, el Centro Reina Sofía y el ECCO durante los fines de semana y por las noches por loque, a partir de ahora, estarán sin vigilancia. El resto del tiempo, la seguridad corre a cargo de personal municipal, por lo que Manuel Bienvenido, presidente de la junta de personal, contabiliza unos quince trabajadores de esta empresa. Seguridad Integral ha dado de plazo al Ayuntamiento hasta el 12 de junio para retomar el servicio si abona la deuda pero la plantilla sigue sin cobrar y la deuda municipal sigue incrementándose.
Bienvenido lo tiene claro: “La empresa tiene todo el derecho del mundo a cobrar pero si se quiere ir, ya está tardando”. Entiende el “chantaje” , en especial por los trabajadores de Seguridad Integral, pero no lo comparte. No cuando hay muchas empresas que están en peor situación. “¿Qué va a hacer ahora al Ayuntamiento, pagar a esta empresa a la que le debe cuatro meses? ¿Y a las que debe desde hace diez? Para el representante sindical, esto es una prueba más de que “el Ayuntamiento de Cádiz está endeudando a los gaditanos privatizando servicios municipales con empresas a las que luego no puede pagar y engordando la deuda municipal con intereses”.

viernes, 23 de mayo de 2014

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Un vigilante de seguridad "de los pies a la cabeza"


La historia del vigilante rebelde

José Jiménez Cabeza, vigilante de seguridad de la empresa Secopsa, fue trasladado de su puesto en el Centro de Salud Pública de Alicante tras negarse a dejar en la mesa del director el ejemplar de ‘Información’ –el diario local– que compraba para él todos los días a las ocho de la mañana desde hacía diez meses. Un “malentendido” –como el propio vigilante lo define– originó la discusión: “Y me sentí menospreciado”, dice. "Soy un hombre de los pies a la cabeza”. Esta frase, pronunciada por el vigilante de seguridad José Jiménez Cabeza ante el director del Centro de Salud Pública de Alicante –donde prestaba sus servicios–, Manuel Salado, ha tenido como resultado su traslado con carácter inmediato a otro establecimiento de la sanidad valenciana. ¿Represalia? La Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma –de la que depende el centro– no habla del asunto, y se ha limitado a una escueta nota de prensa:

“El vigilante de seguridad al que hace referencia depende de una empresa externa cuya política de movilidad no es competencia de la Consellería”. La empresa para la que trabaja, Secopsa –una de las que más contratas públicas reciben en la Comunidad Valenciana, tampoco: “No vamos a hacer declaraciones sobre un tema que está basado en una mentira”, se limitó a señalar a esta revista Inmaculada Ruiz, responsable directa del vigilante.

FUENTE: interviu.es AQUÍ
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Securitas Direct ha recibido el premio Xcellens por su labor en prevención de riesgos laborales


La Sociedad de Prevención Asepeyo destacó el modelo de Vigilancia de la Salud de Securitas Direct

Securitas Direct ha recibido el premio Xcellens que otorga la Sociedad de Prevención Asepeyo por su labor en prevención de riesgos laborales en 2013. Con este tipo de galardón, la Sociedad de Prevención reconoce la intensidad y la efectividad de las acciones preventivas de Securitas Direct. Andrés Díaz Carrasco, jefe del Servicio de Prevención en la compañía, ha recogido el premio.

La Sociedad de Prevención Asepeyo destacó el modelo de Vigilancia de la Salud de Securitas Direct “por la implantación de un modelo de integración de la disciplina de Vigilancia de la Salud con medios externos, dentro de la organización de su Servicio de Prevención propio, con el que ha alcanzado un servicio multidisciplinar”, como ha destacado la citada Sociedad de Prevención durante la ceremonia de entrega recientemente celebrada en el Palacio de Congresos de Barcelona. Esto ha supuesto, según esta Sociedad, “la consiguiente mejora continua de las condiciones de trabajo e integración de la cultura preventiva en la empresa”.
 
Premios Xcellens La Sociedad de Prevención Asepeyo entrega los premios Xcellens a la Prevención desde el año 2010. Con ellos, se pretende reconocer la labor que llevan a cabo las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. Particularmente, a aquellas que la ejercen “de forma especialmente intensa, buscando la excelencia más allá del cumplimiento de las obligaciones legales”. Securitas Direct ha recibido este galardón junto con Cementos Portland Valderribas, Grupo Ferrer, Grupo Tradebe, Toyota Handling y Tui Travel.
 
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10 JUNIO 2014: I Jornadas de Trabajo "Mujer Vigilante"

SPV Sevilla está organizando las I Jornadas de Trabajo "Mujer Vigilante" con el objetivo de dar respuesta a una demanda cada vez más solicitada, crear un grupo de trabajo permanente especializado en políticas de igualdad de género dentro del sector de la seguridad privada, que dé asesoramiento, apoyo y cobertura a aquellos casos de discriminación por razón de sexo y para prevenir desigualdades entre mujeres y hombres.
 
Aunque la mayoría de consultas en este terreno provienen de compañeras que entienden que han visto vulnerados sus derechos o que han sido víctimas de casos de acoso sexual o por razón de sexo, animamos a asistir a este encuentro a compañeros preocupados por la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y que apuesten por corregir los desequilibrios existentes en muchas empresas a causa de discriminación por razón de sexo.
 
El mundo de la seguridad privada está impregnado todavía de muchos casos de prácticas desfasadas y con un claro tinte machista, que no acaban de encajar como algo natural la incorporación de la mujer como vigilante de seguridad en igualdad de condiciones. También aunque últimamente se han aprobado en casi todas las empresas planes de igualdad, más bien porque así lo exige la ley más que por propia convicción, estamos observando que estos planes se están quedando en la mayoría de las veces en los cajones de los departamentos de recursos humanos, en un mero reclamo corporativo y una apuesta por modernizar la imagen de la empresa de cara a los clientes y a las administraciones . Son muchos los casos que nos encontramos frecuentemente que así corroboran esta impresión y que nos demuestran lo que nos queda por avanzar en el terreno de la igualdad.
 
Con el inicio del grupo de trabajo provincial "Mujer Vigilante" SPV quiere dar respuesta a la demanda que nos hacen muchas compañeras para abordar el tema de la igualdad y crear un apoyo efectivo en aquellos casos que se produzcan en las empresas de acoso sexual o razón de sexo. Y lo haremos apoyados en la extensa, pero desconocida normativa europea, estatal y autonómica que regula la igualdad de género en las empresas. Especialmente queremos hacer una apuesta con mayúsculas por la igualdad efectiva de hombres y mujeres, trabajando temas como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los permisos retribuidos que contempla la legislación vigente, la adaptación de la jornada laboral por guarda legal y cuidado de hijos o familiares, excedencias y otros derechos en materia de seguridad social.
 
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miércoles, 21 de mayo de 2014

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DIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA 21 DE MAYO


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Serramar anuncia que renuncia a su contrato de vigilancia en el CETI

La empresa ha comunicado al Ministerio de Trabajo su intención de no finalizar el periodo del contrato. El responsable de Serramar afirma que ya hay otra empresa que tomará el relevo de forma inminente.

La empresa de seguridad Serramar han tomado la decisión de renunciar al contrato de vigilancia en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El director de la empresa, Jesús Nagore, explicó a El Faro que por el bien de sus trabajadores en el centro y a causa de los problemas económicos de la empresa han tomado esta determinación y así se lo comunicaron recientemente al Ministerio de Trabajo. El cese del contrato se produce mucho antes de la finalización de la vigencia del mismo, según explicó Nagore, pero asegura que el Ministerio ya ha encontrado a un sustituto para Serramar en la vigilancia del CETI. Aunque desconoce el nombre de la empresa que la relevará, su llegada a Melilla parece más que inminente. Nagore afirmó que es muy posible que sea el próximo mes de junio.
“Hemos tomado esta decisión por la tranquilidad de los trabajadores. Es cierto que la empresa tiene algunos problemas económicos y no podemos pedirles a los vigilantes del CETI que esperen a cobrar un poco más tarde, teniendo en cuenta lo que ya tienen que afrontar con un CETI completamente saturado”, explicó Nagore en declaraciones a El Faro. “No es momento de pedirle a los trabajadores un esfuerzo. Por eso creemos que es mejor que dejemos el contrato del CETI”, lamentó el director de Serramar. Añadió que la empresa que les relevará es “solvente”, según han constatado los responsables ministeriales. “La empresa que va a ir al CETI de Melilla nos consta que es solvente porque el Ministerio se ha preocupado mucho de que eso sea así”.
Un mes de impago
Después de que el mes pasado Serramar se pusiera al día con el pago de las nóminas a los vigilantes del CETI, parecía que las aguas habían vuelto a su cauce. Sin embargo, el sindicato UGT convocó ayer a los medios de comunicación para una rueda de prensa en la mañana de hoy en la que anunciarán nuevas movilizaciones porque a los trabajadores se les adeuda un mes de salario.
Según explicó el director de Serramar, efectivamente se les debe la nómina de abril, pero informó de que se habían empezado a ingresar los sueldos en la jornada de ayer. Por ello, dijo no entender la nueva movilización de los trabajadores. Además, aseguró que antes de que Serramar cese el servicio en el CETI dejará las cuentas resueltas con los trabajadores, que serán subcontratados por la nueva empresa que les releve, según explicó Nagore. Aclaró que todo esto se lo han comunicado ya a los delegados sindicales.
Por último, el director de la empresa aclaró que Serramar únicamente deja el contrato de seguridad del CETI, pero continuará prestando su servicio en otras instalaciones de Melilla.
UGT anuncia hoy movilizaciones contra Serramar
La UGT Melilla tiene previsto anunciar en la mañana de hoy nuevas movilizaciones contra la empresa de seguridad Serramar, según informó ayer en nota de prensa. La secretaria de Acción Sindical, Maite Molina, y el secretario general de la Federación de Servicios del sindicato, José Luis Faus, serán los que intervengan en la comparecencia ante los medios de comunicación, según la convocatoria.
Al parecer el motivo de las nuevas movilizaciones, según pudo saber El Faro, es que Serramar debe a los vigilantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) la nómina de abril y, ante el temor de que vuelva a producirse un retraso en el pago de los salarios, teniendo en cuenta de que está a punto de finalizar el presente mes de mayo, el sindicato ha decidido movilizar sus filas. La empresa confirmó a El Faro que, efectivamente, se adeuda la nómina de abril a los vigilantes, aunque explicaron que los ingresos comenzaron a efectuarse ayer mismo. Además, el director de Serramar explicó que los delegados sindicales están informados también de la decisión de la empresa de cesar su contrato de servicio en el CETI.
 
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UGT critica que empresas privadas se hagan cargo de la seguridad de la cárcel

El sindicato denuncia también la falta de personal en el centro y la relaciona con «la agresión a un trabajador que estaba solo en la enfermería»

El secretario del sector de la Administración General del Estado de FSP-UGT La Rioja, Juan Pablo Pérez, alertó ayer de la inclusión de la empresa privada en la seguridad de la cárcel, así como de la falta de recursos humanos.

Pérez, junto con el responsable nacional del Sindicato de Prisiones de UGT, Jesús Otín, informó sobre la culminación del «proceso privatizador» de la seguridad exterior en el centro penitenciario de Logroño.
 
Según dijo, se ha puesto en marcha un proyecto experimental en 21 centros penitenciarios, que posteriormente se trasladará a los 68 que hay en España, y que ha supuesto, en Logroño, que los 27 funcionarios de seguridad que, según la relación de puestos de trabajo, deben vigilar el exterior de la cárcel, se pase a 22 vigilantes privados. Se trata, dijeron, de estimaciones porque la información la tiene la empresa y convertirían al de Logroño en el centro penitenciario de España con mayor número de vigilantes de la empresa privada. Para UGT, la seguridad privada «no puede sustituir» al cuerpo de funcionarios. A esto ha unido la falta de personal que, en palabras de Otín, deja «un futuro poco halagüeño».
Para ejemplificar la situación en que se encuentra el de Logroño, Pérez relató cómo «la semana pasada un trabajador fue agredido en la Enfermería y estaba solo». «Esta es la cruda realidad», concluyó.
 
El temor de UGT es que, después de que la empresa privada acapare la seguridad exterior, pase, también, a encargarse de la seguridad interior de la cárcel. Sin embargo, desde UGT apuestan por personal funcionario frente a los intereses de una empresa que siempre velará por su beneficio económico.

Fuente:  http://www.larioja.com/la-rioja/201405/14/critica-empresas-privadas-hagan-20140514004707-v.html
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Estiman accidente laboral la ansiedad de un vigilante

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia ha estimado que el estado de ansiedad que sufrió un vigilante de seguridad, derivado de una agresión física, es un accidente de trabajo. CCOO de Euskadi instó ayer a las mutuas a que no oculten las patologías de origen psicosocial que tengan su origen en el trabajo.
 
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Directivos de Segur-Iberica reconocen en sede judicial contratar habitualmente a falsos vigilantes

La realidad una vez más ha superado a la Ficción. Las sorprendentes declaraciones de algunos directivos de Segur Ibérica deja atónito a todo el Sector de la Seguridad Privada. "Todas las empresas de seguridad contratan a falsos vigilantes y la policía lo sabe y lo consiente, se paga una sanción leve y hasta la próxima..."

Según la información a la que ha tenido acceso ATES CATALUNYA, el Sr. Gutiérrez (Director de Operaciones de Segur Ibérica), declaró en un Juzgado de Madrid con una actitud completamente pasota y desafiante, donde sin pelos en la lengua, reconoció que Segur Ibérica utilizaba de forma habitual a FALSOS VIGILANTES para realizar servicios de vigilancia a sus clientes, que no le importaba mucho estar imputado una vez más y que pasaba de Segur Ibérica.
El actual Director de Recursos Humanos Sr.González Herrero (representante de APROSER), manifestó que todas las empresas de seguridad utilizaban habitualmente a FALSOS VIGILANTES, pero que Segur Ibérica los contrata como vigilantes de seguridad (aunque no estén habilitados) y los paga dentro del Convenio de Seguridad Privada, por lo cual no ve el problema en hacerlo de esta manera, ya que para todos los efectos son como un vigilante de seguridad. También alegó que la Inspección de Trabajo, la Policía e incluso los Tribunales Judiciales (hay subrogaciones de empleados no habilitados) lo saben y lo consienten y en el peor de los casos supone una Falta Leve. Estas manifestaciones si las hiciera una persona que no fuera abogado y con una experiencia acumulada en el sector de la seguridad de 20 años, se entenderían como un profundo desconocimiento, pero en este caso son aterradoras, ya que están hechas por uno de los máximos responsables de APROSER en las mesas de negociación del Convenio Colectivo de Seguridad Privada.
El actual Director Comercial de Cataluña, Sr. Cabezuelo, declaró que los Jefes de Servicio y los Inspectores que han trabajado para Segur Ibérica han sido los únicos responsables de todas las contrataciones de personal que no tuviera las habilitaciones del Ministerio del Interior en Cataluña. No obstante, mantuvo que el servicio realizado por un Falso Vigilante es considerado por los Mossos y la Policía como una Falta Leve y que no le preocupaba, ya que el servicio se había realizado, aunque no le decía al cliente que su trabajador no era un vigilante habilitado. También indicó que los Inspectores de Segur Ibérica, junto con su Jefe de Servicios, eran los que se encargaban de cerrar la Facturación y que si se ha realizado mal una factura a un cliente eso era responsabilidad de ellos. Por último, según el Sr. Cabezuelo los vigilantes no tienen porqué llevar la placa de vigilante de seguridad, ya que así no le puede identificar un ciudadano y se impide que se le denuncie.

Parece que estos Directivos de Segur Ibérica quieren decirnos que como todas las empresas de seguridad incumplían la Ley de Seguridad Privada, no se les puede a ellos acusar de fomentar el intrusismo en el Sector de la Seguridad Privada, incumplir sistemáticamente la Ley de Seguridad Privada y presuntamente defraudar a sus clientes. No se nos ocurre otra manera de calificar estas declaraciones, se envían Falsos Vigilantes de seguridad a los clientes, mientras que tenemos un paro galopante en el Sector y además se les oculta su condición de personal No Habilitado por el Ministerio del Interior.
Tenemos intriga en saber qué piensan las otras empresas de seguridad, compañeras de viaje de APROSER. ¿Van a apoyar las declaraciones de estos Directivos? ¿Reconocerán que también utilizaban Falsos Vigilantes de seguridad? LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD ESTÁ EN JAQUE POR CULPA DE ESTOS DIRECTIVOS. GRAVE ACUSACIÓN A TODO EL SECTOR EMPRESARIAL. Y a todo esto, Qué opina al respecto la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP)?

martes, 20 de mayo de 2014

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MADRID: Alternativa Sindical exige la dimisión del jefe de Seguridad de Metro tras agresiones a vigilantes


El sindicato Alternativa Sindical de trabajadores de seguridad privada ha exigido hoy la dimisión del director de Seguridad de Metro de Madrid al considerar que no reforzó en grado suficiente el dispositivo en la estación donde el pasado sábado un grupo de personas agredió a tres vigilantes.


La Policía Nacional ha detenido por el momento a dos varones de 25 y 32 años y sin antecedentes que presuntamente participaron en la agresión a tres vigilantes de Metro de Madrid del pasado sábado, después de que los ahora arrestados, vestidos con camisetas del Atlético de Madrid, entraran en el suburbano sin pagar. El suceso tuvo lugar el sábado a las 21.22 horas, minutos después de que el Atlético se alzase con el título de la Liga de fútbol en el partido contra el Barcelona, cuando un grupo de entre 15 y 20 personas con camisetas del club madrileño se saltó sin pagar los tornos de la estación de Metro de Pirámides.

Uno de los vigilantes de seguridad sufrió un corte en la oreja por el que recibió 20 puntos de sutura; otro, con una posible fractura en el tabique nasal, recibió un pequeño corte en el ojo derecho, mientras que el tercero tiene contusiones por todo el cuerpo. Los tres fueron trasladados al Hospital Doce de Octubre, donde fueron dados de alta poco después.
 
A raíz de este suceso, Alternativa Sindical ha recalcado que la responsabilidad de la seguridad de usuarios y trabajadores de Metro de Madrid corresponde al director de Seguridad de Metro, al que ha acusado de no prever que la estación de Pirámides, la más cercana al estadio Vicente Calderón, se llenaría de aficionados por la celebración de la victoria en Liga del Atlético de Madrid. Además, el sindicato ha ligado este capítulo a la "reducción de la seguridad y la vigilancia" en la red del suburbano, que lleva a cabo en la línea 5 la empresa Seguridad Integral Canaria. Según Alternativa Sindical, esta política de recorte deja a 1.000 vigilantes de metro "a merced de las agresiones".
 

lunes, 19 de mayo de 2014

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Renta 2013:¿hay que pagar IRPF por las indemnizaciones por despido?

La campaña de IRPF e Impuesto de Patrimonio 2013 está en marcha y Expansión, con la colaboración de Garrigues y Wolters Kluwer, resuelve en una guía las dudas más frecuentes que surgen a la hora de realizar la declaración de la renta.
 
Indemnizaciones por despido o cese del trabajador (Art. 7. e LIRPF)
Este apartado es dependiente de la legislación laboral, y ha tenido que ir adaptándose a las reformas laborales que se han ido produciendo.
De acuerdo con la normativa vigente para el año 2013, están exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.
Resaltar que en todo caso, para que estas indemnizaciones estén exentas se exige siempre una ruptura no voluntaria de la relación laboral por parte del trabajador, por ello se excluyen las indemnizaciones percibidas por mutuo acuerdo entre trabajador y empresario sin que exista obligación por parte de éste. Vamos a analizar las diferentes situaciones que se pueden dar en las relaciones laborales:
Cese del trabajador por causas justas (arts. 41.3 y 50 ET)
El trabajador solicita la extinción del contrato de trabajo, pero ello se debe a una serie de causas justas (modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, falta de pago o retrasos continuados, cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario) y no por simple voluntad o capricho del trabajador, no es un cese puramente voluntario. Estas causas están expresamente previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.
Despido disciplinario (arts. 54 y 56 ET)
Debemos distinguir los siguientes supuestos: a) Despido procedente: por decisión del empresario, cuando quede acreditado un incumplimiento grave y culpable del trabajador. El empresario no está obligado a satisfacer ninguna indemnización.
Cualquier cantidad que el trabajador perciba está plenamente sujeta como renta del trabajo en el IRPF y sometida a retención, sin perjuicio de que gocen de la reducción del 40% cuando el trabajador lleve más de dos años en la empresa.
b) Despido improcedente: por decisión del empresario, cuando no quede acreditado un incumplimiento grave y culpable del trabajador ocuando no se cumplan los requisitos formales establecidos en el artículo 55.1 del ET para que sea calificado como procedente (como la notificación por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos).
A los efectos de determinar la indemnización exenta en IRPF habrá que atender a la indemnización correspondiente obligatoria en la norma laboral.
c) Despido nulo: que tendrá el efecto de readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir.
d) Personal de alta dirección, las relaciones laborales de este tipo especial de trabajadores se encuentran reguladas en el RD 1382/1985, de 1 de agosto.
El Tribunal Supremo en sentencia de 21-12-95 estableció que estas indemnizaciones están totalmente gravadas, al no existir límite legal alguno, puesto que prevalece el pacto entre las partes.
e) Otras relaciones laborales especiales:
Además del personal de alta dirección, existen otras relaciones laborales de carácter especial recogidas en el ET. En estos supuestos, habrá que atender a la indemnización obligatoria prevista en la norma laboral para determinar la exención o no en el IRPF. Destacamos:
e.1) La del personal del servicio del hogar familiar.
e.2) La de los representantes de comercio por cuenta ajena.
e.3) La de los artistas en espectáculo público.
e.4) La de los deportistas profesionales (véanse las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2009, 19 de julio de 2010 y 4 de noviembre de 2010).
e.5) Minusválidos.
e.6) Abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
e.7) Contrato para la formación y el aprendizaje.
Despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor (art. 51 ET)
Con la nueva reforma laboral, en estos casos ya no es necesario autorización previa de la autoridad laboral competente (desde 12-2-2012), basta la comunicación y un periodo de consultas previo con los representantes legales de la empresa; salvo para el caso de fuerza mayor que debe ser constatada reviamente por la autoridad laboral.
El empresario puede extinguir un conjunto de relaciones laborales mediante un expediente de regulación de empleo, fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte a un número determinado de trabajadores.
La indemnización prevista en estos casos es 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año.
No obstante, la indemnización exenta en IRPF alcanza hasta los límites del despido improcedente.
Esta norma se aplica a los expedientes de regulación de empleo aprobados desde el 8 de marzo de 2009.
Extinción por causas objetivas (arts. 52 y 53 ET)
La indemnización exenta son 20 días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a 1 año y con un máximo de 12 mensualidades.
Cuando el despido se produzca por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) y estos despidos se realicen desde el 8 de marzo de 2009, la indemnización exenta será la misma que la del despido improcedente. Si se declara el despido improcedente, tendría derecho a las indemnizaciones vistas más arriba.

Fuente:  http://www.expansion.com/2014/05/09/economia/1399652685.html
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Los suizos votan en consulta sobre salario mínimo

Cartel en SuizaLos electores suizos están llamados a votar este domingo en un referéndum para decidir si uno de los países más ricos del mundo adopta un salario mínimo profesional.
Los sindicatos suizos proponen un salario mínimo de US$25 la hora, el más alto del mundo.
Dicen que la medida es necesaria desde hace tiempo debido a la subida en el precio de los alquileres en las ciudades suizas y a que el incremento de los costos de los seguros médicos han hecho aumentar la pobreza.
El gobierno y los empresarios aseguran que la cifra propuesta es demasiado alta y puede perjudicar a los negocios pequeños.
Los úlitmos sondeos sugieren que los votantes suizos pueden rechazar la propuesta pese a que los salarios siguen siendo una importante cuestión política en Suiza.

Fuente.  http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140517_ultnot_referendum_salario_minimo_suiza_bd.shtml

domingo, 18 de mayo de 2014

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Declaran improcedente el despido de un trabajador después de un año de prueba

  • Un juez cree que la empresa actuó de forma "abusiva" al agotar el plazo legal.
  • Ahora deberá readmitirlo o indemnizarlo y pagarle los salarios que no cobró.
  • La reforma laboral amplió a un año el periodo de prueba.
  • Luis: "Nunca me dijeron que no hacía bien las cosas. Me sorprendió que me echaran"

El titular del Juzgado Social número 1 de Mataró (Barcelona) ha declarado improcedente el despido de un trabajador al que rescindieron el contrato después de un año de prueba. El magistrado considera que la empresa actuó de forma "abusiva" al agotar el plazo máximo establecido en la reforma laboral y la condena a readmitirlo o indemnizarlo y pagarle los salarios que ha dejado de percibir desde hace un año.            
La empresa agotó el plazo de un año de periodo de prueba.
Luis, que ahora tiene 36 años, empezó a trabajar el 14 de mayo de 2012 en Servicios Integrales Vista SCP con un contrato indefinido de apoyo a emprendedores. El 26 de abril de 2013, la empresa le comunicó su despido con efectos del 13 de mayo de ese año por no haber superado el periodo de prueba, por lo que no era necesario indemnizarlo.
 
"Me partí la espalda por ellos y nunca me dijeron que no hacía bien las cosas, así que me sorprendió que me echaran por no superar el periodo de prueba", ha explicado a 20minutos Luis, quien recuerda que era el único electricista de la empresa, dedicada a instalaciones y mantenimiento. "Después de un año, me quedaba sin nada", recuerda Luis, quien consideró que no era justo y recurrió a un abogado mediante el cual intentó alcanzar un acuerdo con la empresa pero no fue posible.
 
Nunca me dijeron que no hacía bien las cosas. Me sorprendió que me echaran.
El magistrado repasa en su fallo varios casos similares que también han terminado en los juzgados. También recoge la controversia que genera esta figura contractual incluida en la reforma laboral pues, en los casos en los que no hay convenio colectivo, amplía a un año el periodo máximo de prueba cuando antes era de seis meses para los técnicos titulados y de dos para los demás trabajadores.
 
De hecho, recuerda que el periodo de prueba de un año ha sido recurrido por inconstitucionalidad y recoge una sentencia de otro juzgado barcelonés en el que la Sala señaló que este aspecto de la reforma laboral contraviene la Carta Social Europea de 1961, ratificada por España y que se sitúa por encima del derecho estatal.
 
En esta sentencia, "la magistrada alegó que no era necesario esperar a la resolución del recurso de inconstitucionalidad porque contraviene normativas internacionales que priman por jerarquía normativa", ha explicado a 20minutos.es Jesús Martínez, uno de los abogados de CC OO que ha representado al demandante. El letrado asegura que varias resoluciones judiciales ya cuestionan este aspecto de la reforma laboral.
 
El juez de Mataró recuerda que el convenio de la siderometalúrgica establece un periodo de prueba máximo de un mes para las categorías 4 y 5, en la que se enmarca el demandante. Para el tribunal "el periodo de prueba resulta excesivo" y supone un "manifiesto abuso de derecho" pues, además, agotó "hasta el último día" el plazo estipulado legalmente cuando podía haberlo decidido antes.
 
Varias sentencias cuestionan la constitucionalidad de la reforma laboral.
Por ello considera que actuó de forma "fraudulenta y abusiva" y considera la recisión del contrato como un despido improcedente, por lo que condena a la empresa a readmitir al trabajador y pagarle los salarios dejados de percibir desde el 13 de mayo de 2013, o indemnizarle con 33 días por año trabajado. Además, la condena a pagarle los 1.552,4 euros que reclamaba el demandante por el finiquito y las vacaciones.
 
Luis, que encontró un nuevo trabajo como electricista hace cuatro meses, celebra que la justicia le haya dado la razón y anima a quienes se encuentren en la misma situación a hacer lo mismo. "Espero que mi caso sirva para que la gente tenga más oportunidades", ha agregado Luis, quien recuerda que él no tenía cargas familiares pero que personas con hijos pequeños pueden encontrarse en su misma situación.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2138385/0/despido-improcedente/periodo-prueba/doce-meses/#xtor=AD-15&xts=467263
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BOJA Junta de Andalucía para facilitar la participación de las personas trabajadoras en las Elecciones Europeas


sábado, 17 de mayo de 2014

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MADRID: Empesas privadas, la otra cara de la seguridad


La seguridad en la Comunidad de Madrid no solo depende de los recursos públicos, pues también es precisa la participación de empresas privadas para garantizarla. En España, este sector ha experimentado un desarrollo extraordinario en los últimos años con 1.490 empresas, una plantilla de 85.000 personas y una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012.

El número de vigilantes privados, sin embargo, es menor, pues se sitúa en 195 por cada 100.000 habitantes, 76 menos que la media de la Unión Europea. Los datos madrileños hablan de 306 empresas, que emplean a 22.835 personas con una facturación cercana a los 885 millones de euros. Según estas cifras, en la actualidad hay más agentes públicos que privados, por lo que queda abierto un espacio todavía por explorar. Por ello, el Ministerio del Interior, para consolidar este sector económico, ha aprobado el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada, que pone al día la norma de 1992 para impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, combatiendo el intrusismo con sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación. Además, ampliará las vías de acceso a la profesión y la protección jurídica de los vigilantes que actúen como agentes de la autoridad.
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solamente cuatro empresas de seguridad superan los 5.000 trabajadores. Estas empresas pertenecen a APROSER, la asociación profesional de las compañías privadas de servicios de seguridad. El resto son pymes, con algo más del 72 por ciento de compañías que tienen de 1 a 19 trabajadores asalariados. Las doce empresas asociadas a esta patronal representan cerca del 70 por ciento de la facturación global. El grupo más numeroso de profesionales dentro del sector son los vigilantes, que representan el 75 por ciento del personal autorizado por el ministerio. En torno al 21 por ciento de estas empresas se dedica a la vigilancia, "el segmento más importante dentro del sector en términos de facturación, ya que aporta el 65 por ciento del total", apunta Eduardo Cobas, secretario general de APROSER. Las otras dos áreas más importantes son sistemas y alarmas y transporte de fondos. Los escoltas, los vigilantes de explosivos y los directores de seguridad son otros agentes a tener en cuenta en este sector.
 
En 2012 la facturación descendió casi un 7 por ciento. Desde el inicio de la crisis, a mediados de 2008, el sector ha registrado caídas continuadas en los ingresos con una bajada acumulada superior al 20 por ciento. Cobas la explica por la reducción de los presupuestos de seguridad de los clientes, especialmente de los relacionados con la administración pública ?un 78 por ciento del total? y por la caída de los contratos privados. "Se han abierto menos centros comerciales y no podemos olvidar el estancamiento del ladrillo", apunta el secretario de la patronal.
 
A pesar del deterioro del sector, Cobas afirma con rotundidad que los vigilantes de España son los mejor preparados de Europa, siendo la vigilancia privada "de gran calidad". De hecho, en Madrid tienen sede algunas de las empresas más punteras en vigilancia privada, como Prosegur, que factura 3.669 millones de euros. Con más de 35 años de historia, Prosegur es una multinacional reconocida a nivel mundial con 26.000 empleados.
 
Otro referente en vigilancia privada en la región es Securitas. Cuenta con una cuota de mercado que alcanza el 24 por ciento y 17.000 empleados que trabajan en las 50 delegaciones nacionales. En términos de facturación, Eulen es la tercera empresa a nivel nacional, lo que representa unas ventas en la Comunidad de Madrid cercanas a los 55 millones de euros. Su plantilla en la región está formada por 1.650 personas ?un 30 por ciento mujeres? de las 6.900 que tiene en toda España. "Tiene presencia en todos los sectores de la actividad, desde la administración pública al sector energético, pasando por el aeroportuario, el financiero y los centros comerciales", explica Luciano Valladares, director nacional de Eulen Seguridad. Como el resto de empresas, Eulen también ha tenido que hacer frente al descenso de la demanda. "Es una de las actividades en las que se suele reducir cuando hay que hacer un ajuste de costes", reconoce Valladares.
 
El Grupo Segur también está entre los primeros en el mapa de la vigilancia privada con 30 años de trayectoria a sus espaldas. Unos 7.000 profesionales repartidos por 27 delegaciones forman la estructura de una empresa que desarrolla servicios de de alta especialización como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico.

FUENTE: madridiario.es AQUÍ