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miércoles, 30 de septiembre de 2015

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CADIZ: ELECCIONES SINDICALES EN PROSEGUR S.I.S. S.L.

Se ha constituido la Mesa Electoral en la Empresa Prosegur S.I.S. S.L., que afecta a un censo total de 232 trabajadores, las votaciones se realizaran el próximo día 14 de octubre, y se montaran 3 mesas electorales en la sedes de la empresa en Campo de Gibraltar de 08:00 a las 18:00 horas, Jerez de la Frontera de 08:00 a las 19:00 horas y Cádiz de 08:00 a 20:00 horas.
Las candidaturas presentadas son: UGT - CCOO y SPV ¡¡EL DIA 14 DE OCTUBRE, TE ESPERAMOS EN LA URNA!!

martes, 29 de septiembre de 2015

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Limpiemos el nombre de los vigilantes de seguridad

Después de varios meses pensando si escribir esto o no, por fin decidí hacerlo. Soy vigilante de seguridad de una de las empresas más importantes de este país. Siento un terrible malestar con la situación que estamos viviendo muchos de nosotros en estos momentos. Reconozco que dentro de esta profesión habría que hacer una buena limpieza de personajes que solo saben ensuciarla, pero no todos son así.
Mi caso es el siguiente: presto servicio en la estación de Adif Madrid-Chamartín. Mis cometidos, entre otros, han sido desde patrullar la línea de alta velocidad de la zona norte (controlando el robo de cobre), hasta pasar controles de seguridad en las salidas de los trenes de alta velocidad, pasando por estar junto al responsable de equipo atendiendo cualquier incidencia que pueda surgir dentro de la estación.
En el mes de octubre del 2013, prestando servicio, recibimos el aviso de la central de un hombre con pérdida de conocimiento en el andén de la vía 10. Me encontraba solo en el vestíbulo en ese momento, había varios compañeros repartidos por la estación junto a policías nacionales y municipales porque era un día de huelga. Tras el aviso corrí hacia dicho andén y efectivamente encontré a un hombre tumbado en el suelo, estaba completamente morado, cianótico y sin constantes vitales. En primer lugar no sabía cómo reaccionar —hacemos cursos continuamente de reciclaje, pero nunca me había encontrado en esa situación—. Hubo unos segundos en los cuales me sobrepasó la situación, había muchísima gente alrededor, pero en un momento dado le giré, abrí su camisa y empecé a realizar el RCP. Conseguí reanimarle dos veces. No recuerdo cuánto tiempo estuve hasta que llegó el SAMUR pero se me hizo eterno. Me acompañaba un compañero que ni siquiera estaba de servicio y un joven que dijo ser bombero.
De todo esto he sacado una felicitación de la empresa y la amistad que me une hasta el día de hoy con ese hombre. Raro es la semana que no pasa por la estación para saludarme y darme un abrazo. Hubo felicitaciones in situ del cuerpo nacional de policía, agentes municipales y SAMUR, los cuales me tomaron datos para sus respectivos informes. Y aquí viene el tema: ¿Dónde están esos informes y esa mención que se supone que iban a darme? En ningún sitio. ¿Y esa grabación de móvil que siempre sale del ciudadano? Ah, que solo sale cuando un vigilante está pegando a alguien, el salvar una vida no sirve. Si hubiera sido un miembro de las FFCCSS ya estaría en todos los medios.
Mucha gente nos trata como basura, nos llaman policías frustrados, ‘seguratas de mierda’… No se imaginan las burradas que nos llegan a decir cuando estamos cara al público y más ahora que estamos tan de moda. Mucha de esa gente no tiene ni idea de las funciones que realizamos cada día por un sueldo que no llega a mil euros y que ahora nos quieren bajar. En definitiva, solo me queda seguir trabajando como hasta ahora y ayudar a limpiar poco a poco el nombre de los vigilantes de seguridad.
Fuente:  http://blogs.20minutos.es
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En La Condomina no se cuela ni Dios


Los 56 vigilantes de seguridad del coso tienen como misión que todo transcurra con normalidad: nadie entra embriagado o sin localidad.
Ahora, en la plaza de los Bernal es imposible que haya polizones. Lo dice el jefe de seguridad de la plaza desde hace 24 años, Juan Francisco Perales Jiménez, del Grupo Corsys. Cincuenta y seis personas componen estos días el equipo de seguridad vigilando las ocho puertas por las que pueden acceder los aficionados a los grandes festejos como el de ayer, en el que el primer susto vino con el revolcón de El Fandi en el primero de su lote, que apenas se notó al verlo manejar el capote. Aseguraba Perales que a La Condomina no puede acceder gente «en malas condiciones» (bebido se entiende) y sin entrada; en cada puerta hay dos auxiliares que controlan los tornos y cortan las entradas, y un vigilante de seguridad. Quedan advertidos: difícil es ver a un toro por la patilla.
 
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Prosegur toma la delantera y lanza el primer vigilante de seguridad aéreo

Prosegur es la primera compañía de seguridad privada reconocida por el Ministerio de Fomento para operar con drones, y planea utilizarlos también para interiores.
Prosegur es la primera compañía de seguridad privada reconocida por el Ministerio de Fomento para operar con RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), conocidos comúnmente como drones. La agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del ministerio, ha incluido recientemente a Prosegur en su listado de "Organizaciones habilitadas para realizar actividades técnicas o científicas con drones", informa la compañía. Con lo que la compañía se adecua a la normativa establecida por el Ministerio de Fomento para poder incorporar los drones a las tareas de vigilancia.
Prosegur está trabajando en programas de I+D con drones de interior para automatizar las rondas de vigilancia. Además, destacan entre otras posibles aplicaciones de los drones: la vigilancia en instalaciones sensibles o en zonas de difícil acceso, puertos o protección medioambiental contra incendios forestales, entre otros servicios.
Para Manuel Rodríguez, director de Tecnología de Prosegur "el desarrollo de esta nueva línea de negocio, si bien aún es incipiente, representa el esfuerzo de Prosegur por situarse en la vanguardia de su sector. La empresa se configura como un referente en el ámbito de la seguridad privada ya que ofrece a sus clientes la última tecnología disponible en el mercado para garantizar siempre los niveles más exigentes de seguridad."
En este sentido, el uso de drones en las labores de vigilancia permitirá ofrecer unos estándares de seguridad más elevados. Si bien, por el momento, la compañía se encuentra en una fase de investigación y desarrollo de productos de seguridad asociados al uso de los drones, añade en el comunicado.
El avance en el desarrollo de los drones, complementado con el análisis de video, detección térmica y gestión con el Centro de Control Avanzado "confiere un aspecto fundamental y diferenciador ya que solo a través de una gama amplia de productos es posible ofrecer soluciones integrales de seguridad personalizadas a los clientes"
 

lunes, 21 de septiembre de 2015

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Los empleados no están obligados a dar su móvil o su correo a la empresa

El Tribunal Supremo anula una cláusula tipo de los contratos de trabajo que fuerza al trabajador a dar sus datos de contacto personal.
 
Los empleados no están obligados a facilitar a su empresa su número de teléfono o un correo electrónico de carácter personal. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha anulado por “abusiva” una cláusula tipo de los contratos laborales que fuerza a los asalariados a dar a la compañía su número de móvil o su dirección de e-mail para que esta pueda comunicarles cualquier tipo de cambio en su relación laboral, como un despido.
Esta cláusula, muy frecuente en los contratos de nueva creación, establece que el empleado facilita sus datos de contacto personales a la empresa “voluntariamente”. La Sala de lo Social, en una sentencia dictada hoy, anula este tipo de cláusulas al considerar que se trata de un consentimiento viciado. “El trabajador es la parte más débil del contrato y al ser incluida [la cláusula] por la empresa en el momento de acceso a un bien escaso como es el empleo puede entenderse que su consentimiento sobre tal extremo no es por completo libre y voluntario”, fallan los magistrados laboralistas.
El tribunal rechaza el recurso presentado por Unisono Soluciones de Negocio SL, una empresa de teleoperadores, que había incorporado a sus contratos la siguiente apostilla: "Ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible". El sindicato Comisiones Obreras denunció esta cláusula ante los tribunales durante un proceso de conflicto colectivo.
Aunque la Sala de lo Social considera que en los “actuales tiempos de pujanza telemática en todos los ámbitos” pudiera ser “deseable” que los datos de contacto personal de los trabajadores pudieran estar a disposición de la empresa, la cesión ha de ser inequívocamente voluntaria. Las cláusulas que las incluyen en los contratos en el momento de la firma “atentan contra un derecho fundamental” y deben “excluirse” de los acuerdos entre las compañías y los trabajadores.
Los datos de correo y número de móvil, recuerda el alto tribunal, “no son necesarios para el mantenimiento o el cumplimiento” del contrato de trabajo, por lo que están amparados por la Ley de Protección de Datos. La Sala de lo Social afirma que “la relación laboral ha podido hasta recientes fechas desarrollarse sin tales instrumentos”. El tribunal extiende la protección de los datos a los teléfonos móviles corporativos –los que las empresas facilitan a sus empleados- y a los correos electrónicos profesionales.
 
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DOS VIGILANTES DE ILUNION SALVAN A UNA ANCIANA EN UN HIPERMERCADO DE VIGO


La celeridad, la calma y la profesionalidad con las que intervinieron fueron claves para salvarle la vida. Dos vigilantes de ILUNION Seguridad (anteriomente eran VINSA) han salvado la vida de una anciana que sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando esperaba su turno para pagar en la caja del hipermercado de Alcampo Vigo I.
Según informó ILUNION Seguridad en una nota, los hechos se produjeron el pasado día 12, a las 11:45 horas, cuando la mujer, de unos 80 años de edad y que se encontraba en una de las cajas para abonar su compra, comenzó a encontrarse mal.
"Ante esta situación, uno de los clientes avisó a la vigilante de seguridad de ILUNION María Duarte, que en esos momentos estaba cerca".
Al llegar, la vigilante encontró a la anciana en el suelo, sin conocimiento y con una brecha en la cabeza consecuencia de la caída. Tras comprobar que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria, dio aviso a control de seguridad y comenzó a realizarle un masaje cardiaco hasta que llegó su compañero José Luis Paz con un desfibrilador.
Tras aplicar a la anciana una descarga y recuperar sus constantes vitales, la colocaron en posición de seguridad. Asimismo, después de frenar la hemorragia de la brecha en la cabeza, ambos vigilantes permanecieron con la mujer hasta la llegada de los servicios de urgencia.
La rápida actuación de María Duarte y José Luis Paz, así como la calma y la profesionalidad con las que intervinieron, fueron claves para salvarle la vida. De hecho, desde el 061 telefonearon al citado centro de Alcampo para felicitarles por la intervención de estos vigilantes
 
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Las peleas entre vigilantes ponen en duda el plan de privatización en las prisiones

Foto: Centro penitenciario de Huelva. (EFE)Graves incidentes en la cárcel de huelva.

En la cárcel de Huelva los vigilantes se han pegado, amenazado e incluso uno echó de la carretera a otro. La Guardia Civil ha judicializado los incidentes y el sindicato ACAIP pide la rescisión del contrato.
 
“La situación es esperpéntica, grotesca, disparatada”. Así define un miembro de la Guardia Civil destinado en la prisión de Huelva los últimos meses vividos en este centro penitenciario. Los vigilantes que tienen que controlar el perímetro exterior de la cárcel tienen que ser a su vez vigilados porque se llevan mal. Y eso que solo son siete en la plantilla. Peleas, agresiones e incluso persecuciones en la carretera que terminan con coches fuera de la calzada son algunos de los incidentes que han tenido lugar.
Los agentes de la Benemérita destacados en la prisión, hartos de aguantar a sus 'compañeros', han elevado al juzgado una denuncia en la que piden que dos de ellos no vuelvan a prestar servicio en el centro penitenciario. El titular del Juzgado número 4 de instrucción de Huelva ya ha abierto diligencias. Además, de los siete trabajadores implicados (todos de la empresa Ombuds) tres están de baja, según fuentes penitenciarias.
Los incidentes también han provocado las quejas de los sindicatos, que vuelven a poner en duda el proyecto de privatización de la seguridad exterior de las prisiones, la solución que buscó el Ministerio del Interior para ayudar a cuadrar las cuentas de las empresas de seguridad que se quedaron sin parte de su negocio tras el fin de la violencia de ETA, la protección de amenazados.
El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip acaba de enviar un escrito a la Subdelegación del Gobierno de Huelva para interesarse sobre si estos incidentes "se han puesto en conocimiento del órgano encargado de evaluar la idoneidad de este programa de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios" y, sobre todo, para conocer si "se ha dado traslado a las autoridades judiciales". Interior, de momento, nunca ha informado públicamente de cómo se está desarrollando este programa, que lleva ya dos años funcionando. Acaip solicita la rescisión del contrato en la prisión de Huelva "ya que parece que se ha producido un incumplimiento del pliego de condiciones".

En enero de 2015 dos vigilantes armados se pegaron en el control de acceso: los dos acabaron el en hospital, uno de ellos con heridas en la cabeza.

 
El primer incidente se produjo el pasado 29 de enero, cuando dos de los vigilantes se pelearon en la garita de entrada al centro penitenciario. Francisco Javier C. R. agredió a Marco Antonio P. L. y le causó heridas sangrantes en la mejilla y en la cabeza. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital. La disputa, según la denuncia de la Guardia Civil, se había iniciado porque los dos vigilantes no se ponían de acuerdo sobre el puesto de cada uno al iniciar su turno: el control de entrada o el control de cámaras de seguridad.
Manuel Antonio declaró ante el juzgado que Francisco Javier le quiso quitar el arma, que le insultó y que le amenazó. “Me cogió del cuello, me zarandeó y me golpeó en la cara con su puño derecho; caí al suelo y siguió pegándome puñetazos y rodillazos hasta que vino otro compañero y nos separó”, aseguró. Francisco Javier, por su parte, también denunció agresiones por parte de Marco Antonio. “Me pegó un guantazo en la cara; tras eso, intentó propinarme dos puñetazos, uno lo esquivé y otro me dió en la cara; en el transcurso de los hechos, intentó quitarme el arma y ésta cayó al suelo cargada; me amenazó con pegarme un tiro porque me dijo que me tenía ganas”, dijo Francisco Javier. Tras escuchar sus declaraciones, el juez ha pedido los informes médicos de las lesiones, señalan fuentes jurídicas.

"Bochornoso espectáculo"

El segundo incidente se produjo el 4 de julio, cuando Antonio D. G., precisamente el vigilante que medió en la pelea de enero, intentó echar de la carretera a otro compañero, Ángel Javier S. M. Este también puso una denuncia y solicitó el testimonio de un taxista que al parecer vio lo sucedido. El guardia civil que elabora su denuncia relata que “Ángel, en estado de nerviosismo, reiteró textualmente 'aquí va a pasar algo con Antonio, estoy harto de decirlo, no me deja trabajar ni vivir en paz', rompiendo a llorar y diciendo que está teniendo problemas laborales de todo tipo con Antonio”.
El tercer incidente se produjo el 9 de agosto de 2014, con Antonio D.G. de nuevo implicado. El vigilante amenazó en la sala de monitores a otro compañero, de nombre Ángel, porque el primero se había pasado del tiempo de descanso estipulado y el segundo se lo había recriminado. El mando de la Guardia Civil en la prisión de Huelva ha pedido a la empresa Ombuds que los dos vigilantes implicados en la pelea de enero “no vuelvan a prestar servicio en este centro debido al bochornoso espectáculo ofrecido”. La Guardia Civil les ha incoado además un expediente para la revocación de sus licencias de armas.

Guardias armados

Pinche para leer el documento.
No acaban aquí las anomalías. La Guardia Civil también ha recriminado a Ombuds que haya enviado a la prisión como sustitutos de los agentes privados que están de baja a otros dos vigilantes sin licencia de armas, “cuando el servicio que se presta en la barrera del centro obligatoriamente ha de ser con arma”. El instituto armado pide a Ombuds que solucione este problema "para no tener que informar del incumplimiento del pliego de condiciones suscrito entre Ombuds y el Ministerio del Interior".

Esta empresa de seguridad es una de las diez firmas de seguridad que se han llevado el contrato para vigilar el exterior de los 67 centros penitenciarios que hay en España (sin contar los de Cataluña). El Ministerio del Interior paga 33 millones de euros anuales a estas empresas. El objetivo era recolocar a 800 escoltas que debido al fin de la amenaza de ETA habían perdido su trabajo, aunque a día de hoy solo el 10% de los vigilantes contratados trabajaron de escoltas en el País Vasco y Navarra. En octubre está previsto que se ponga en marcha la tercera fase de este plan de privatización, aunque Interior aún no ha confirmado si se pondrá en marcha o finalmente se retrasará.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también se ha mostrado crítico con el plan: "Llevamos casi tres años con los puestos duplicados y los gastos duplicados, porque no se ha cumplido lo que dijo Interior, que los guardias civiles dejaríamos las prisiones para hacer labores de seguridad ciudadana porque nos iban a sustituir los vigilantes. No es verdad. Fue un pretexto para colocar a los vigilantes", señala un portavoz de AUGC.
Acaip señala que "habría que reflexionar sobre el proceso de selección, la capacitación, las condiciones de trabajo y los requisitos que se exigen a los vigilantes que prestan servicio en la seguridad perimetral; algunos de los vigilantes implicados en estos sucesos tenían acceso a armas de fuego, lo que supone una fuente de preocupación añadida". El Confidencial ha intentado, sin éxito, conocer la versión de la empresa Ombuds.

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La seguridad privada ya 'aplica' la Ley de Seguridad Ciudadana

El incumplimiento de la normativa por parte de las empresas no sólo está causando la pérdida de puestos de trabajo, sino también está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana.
 
'Marea Negra por la seguridad privada' ha alertado del crecimiento del intrusismo laboral debido a la utilización de personal no acreditado que se produce en este sector. Esta actividad ilegal sigue in crescendo durante los últimos 4 años, debido principalmente a la crisis económica, que hace que las empresas busquen ahorros de costes y contraten a una persona, bajo el paraguas de otro cargo, pero realizando el servicio de vigilancia.
La asociación está desempeñando la labor que no realizan algunos sindicatos y predican la unión y la dignidad para el sector, la lucha contra el abandono legal que genera precariedad profesional, y sobre todo la negación del falso estereotipo que oculta que los vigilantes son un pilar básico de la seguridad de este país, que salvan vidas humanas y que rara vez los condecoran por ello.
Para ejercer labores de seguridad, el Ministerio del Interior exige carecer de antecedentes penales, poseer graduado escolar o superior, aptitud psicofísica certificada por una empresa privada, no haber sido condenado por la violación de los derechos fundamentales -al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen-, no haber sido sancionado por infracción grave o muy grave en materia de seguridad privada, no haber sido separado del servicio en las FFCCSSEE en los dos años anteriores y poseer el diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso correspondiente. Es por ello por lo que un vigilante de seguridad está preparado para hacer frente a situaciones que otra persona no podría enfrentar.
 
El constante incumplimiento de la normativa por parte de las empresas -contratan a un auxiliar en lugar de a un vigilante- no sólo está causando la pérdida de multitud de puestos de trabajo, sino también está poniendo en grave riesgo la seguridad ciudadana.
Para luchar contra este problema, 'Marea Negra' ha comenzado a reivindicar el trabajo de los vigilantes de seguridad "aplicando" la Ley de Seguridad Ciudadana, que otorga a este colectivo competencias más amplias, como la posibilidad de identificar y detener a ciudadanos -hasta ahora esta posibilidad solo se permitía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-.
Por ejemplo, según una denuncia a la que ha tenido acceso GACETA.ES, un vigilante que se encontraba fuera de servicio auxilió a la dependienta de un establecimiento a la que otra mujer que intentaba robarle tenía amenazada con un cuchillo en el cuello. El vigilante, que recibió un golpe en el rostro, logró finalmente reducir a la agresora y ponerla a disposición de la Policía. Pero esta es sólo una de las muchas situaciones de riesgo en las que se implican estos trabajadores para demostrar que estas únicamente pueden ser enfrentadas por profesionales cualificados y no por personal no acreditado.
 
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Detenidos sicarios que iban a matar a un empresario y dos escoltas por 90.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en La Cala de Mijas (Málaga) a siete personas, entre ellas dos menores de edad, que supuestamente conformaban un "grupo de sicarios" afincado en Madrid que se habría desplazado a la provincia malagueña presuntamente para acabar con la vida de un empresario y sus dos escoltas a cambio de más de 30.000 euros por cada uno de ellos, es decir, unos 90.000 euros en total por estas tres personas.
Según ha informado la Policía en una nota, esta "oficina de cobros" supuestamente iba a cumplir un encargo de cárteles colombianos y pretendían efectuar el crimen "siguiendo el método que utilizan normalmente en su país, que consiste en emplear menores de edad como 'gatilleros' para aprovechar su inimputabilidad, y motocicletas que les garantizan una rápida huida".
La investigación comenzó en el año 2014, cuando se tuvo conocimiento de la presencia en Madrid de una "oficina de cobro" --organización de sicarios al servicio de los cárteles colombianos de la droga--, que, según se descubrió con el avance de las pesquisas, pretendían desplazarse hasta la provincia de Málaga con la intención de cumplir un encargo. Al parecer debían cometer el homicidio de tres personas, "un importante empresario afincado en Marbella y sus dos escoltas".
En el transcurso de la investigación, se comprobó que el supuesto líder de la organización era un reconocido sicario colombiano apodado 'Snoopy' o 'Nene', que es quien presuntamente "recibió directamente el encargo de acabar con la vida de un empresario marbellí y de sus escoltas a cambio de más de 30.000 euros por víctima".
Según la Policía, una vez recibido el trabajo, 'Snoopy' reunió a "cuatro de sus mejores colaboradores", entre los que se encontraba un menor de edad, y completó el equipo con otras dos mujeres, una de ellas de 16 años, que eran quienes presuntamente le proporcionaban la logística necesaria. Una vez en la Costa del Sol "alquiló una motocicleta para huir con rapidez tras cometer el delito", siempre según las mismas fuentes, que inciden en que este hombre supuestamente pretendía cometer los homicidios "siguiendo el estereotipo su país de origen donde suelen emplear menores de edad como 'gatilleros'".
Tras conocer toda esta información se inició un operativo que ha culminado con la localización y detención de las referidas siete personas en una vivienda de La Cala de Mijas. Entre los arrestados se encuentra 'Snoopy', el supuesto líder de la organización, cuatro de sus colaboradores y dos mujeres. Además, se han realizado dos registros --uno en Madrid y otro en Málaga--, donde se han incautado de dos pistolas, dos subfusiles, cargadores, diversa munición, 1.000 euros en efectivo, dos motocicletas de gran cilindrada, dos coches y diversos aparatos electrónicos e informáticos, así como cámaras de video y fotografía, utilizadas para realizar vigilancias.
La investigación se ha llevado a cabo por agentes de la Brigada Central de Crimen Organizado de Udyco Central perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, agentes de Greco Costa del Sol y Udyco Málaga, Marbella y Fuengirola, además de la Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Usera.
 
Fuente:  http://eldia.e

domingo, 20 de septiembre de 2015

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RMD se adjudica la VIGILANCIA EN LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

Detalle de la Adjudicación:

Denominación del contrato: VIGILANCIA EN LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
Provincias de ejecución: ALMERÍA, CÁDIZ, HUELVA, MÁLAGA, SEVILLA
Adjudicatario: GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.

MÁS INFORMACION AQUI
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ContractAwardNoticeDetail.action?code=2015-0000013700&pkCegr=&seeAll=&lite=N

viernes, 18 de septiembre de 2015

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Publicado el convenio 2015/16 en el BOE

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Documento BOE-A-2015-10069

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016.

  • Publicado en:
    «BOE» núm. 224, de 18 de septiembre de 2015, páginas 82703 a 82761 (59 págs.)
  • Sección:
    III. Otras disposiciones
  • Departamento:
    Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  • Referencia:
    BOE-A-2015-10069


miércoles, 16 de septiembre de 2015

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EULEN SEGURIDAD EN CADIZ: El comité de empresa denuncia a EULEN en inspección de trabajo.

EULEN en la provincia de Cadiz ha sido denuncia por su comité de empresa, ya que la empresa hace caso omiso a la advertencia del comité por la falta de información recibida por la empresa.
Según detalla el comité de empresa en su denuncia la empresa:
No publica el escalafón de los trabajadores desde hace tres años.  (Art. 33) del convenio.
La empresa no entrega al comité los cuadrantes de trabajo (Art. 41) del convenio.
La empresa no hace entrega del calendario Laboral (Art. 41) del convenio.
La empresa no entrega la uniformidad establecida a los trabajadores (Art. 75) del convenio.
La empresa no entrega en resumen mensual de horas extras y horas complementarias de los parciales.
La empresa no entrega las copias básicas de los contratos.
La empresa no entrega los TC1 y TC2
La empresa no respeta el acuerdo firmado para los cursos de formación de los trabajadores.
La empresa no entrega los cuadrantes anuales a los servicios fijos y estables (Art. 41,2) del convenio.
La empresa no entrega los EPI a los trabajadores del servicio de Aduanas.
Los compañeros de sotogrande no dispones de agua en garita ni tampoco de aseos. Establecido todo esto el la ley de PRL.
Todo esto y un sinfín de irregularidades comete EULEN SEGURIDAD EN CADIZ, como si de una empresa pirata se tratara.
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Una denuncia del presidente de Seguridad Integral Canaria destapa una red corrupta en el Ministerio de Defensa

En prisión provisional dos tenientes coroneles de la Dirección de Asuntos Económicos por cobrar presuntamente sobornos de empresa a cambio de agilizar trámites y “no crear problemas”
 
El empresario canario se prestó a colaborar con el CNI y la Guardia Civil para sorprender a los sospechosos recibiendo parte del dinero que le reclamaban.
 

Dos tenientes coroneles del Ejército español permanecen desde abril en prisión preventiva incomunicada como presuntos cabecillas de una trama de sobornos a empresas a las que pedían dinero a cambio de tratos de favor en el Ministerio de Defensa. Una denuncia ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, puso a la Guardia Civil en la pista, y al titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 a decretar la prisión provisional de los tenientes coroneles C.P.R. y E.R.R. y tres empresarios que supuestamente accedieron a pagar sobornos.
Los dos militares detenidos pidieron a Miguel Ángel Ramírez 20.000 euros al mes para agilizarle los pagos del contrato de seguridad privada que su empresa Seguridad Integral Canaria había obtenido mediante subasta electrónica. La mordida, según consta en la investigación, iría destinada a agilizar los pagos del contrato y a “no crear problemas” a la empresa adjudicataria.
Ambos militares, efectivamente, trabajan en la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, uno como secretario de la Junta de Contratación del Ejército y el otro como responsable en la Subdirección de Contratación, y tienen entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de los contratos que suscribe el ministerio.
Ramírez se negó a pagar y puso en conocimiento del CNI el asunto para que actuara en consecuencia. Este órgano de información, dependiente del mismo ministerio, transfirió la información a la Guardia Civil a través de la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, para que la investigación adquiriera carácter oficial y pudiera judicializarse.
El instituto armado contactó entonces con el denunciante y acordó con él una serie de pasos para sorprender in fraganti a los presuntos extorsionadores. Entre otras acciones se puso en marcha una entrega vigilada de dinero, es decir, el pago de una cantidad económica exigida por los sospechosos pero en presencia remota de agentes de la Guardia Civil que grabaron y registraron en vídeo la reunión.
La entrega se celebró en el lujoso restaurante Casa Nemesio, en Plaza de Castilla, Madrid, a donde acudieron los sospechosos y el empresario canario provisto de micrófonos proporcionados por la Guardia Civil. Era la prueba definitiva para que la Fiscalía pudiera presentar denuncia ante la Justicia militar, lo que ocurrió en abril pasado.
Al término de otra comida celebrada en Madrid entre uno de los militares detenidos y directivos de la compañía Proman, la Guardia Civil encontró en poder del primero dos sobres con 2.000 euros cada uno en su interior, según informa El País.
Los hijos de los dos tenientes coroneles han conseguido contratos de trabajo para dos de las compañías sospechosas de haber aceptado el pago de sobornos, la mencionada Proman y la Unión Castellana de Alimentación (Ucalsa). En mayo fueron detenidos tres directivos de estas dos compañías, uno de Ucalsa, M.R.A., y dos de Proman, A.C.A. y L.B.M., aunque quedaron en libertad tras prestar declaración.
Miguel Ángel Ramírez se ha negado a valorar estos hechos a Canarias Ahora alegando que se encuentran bajo secreto de sumario. Ha reconocido, eso sí, que figura como imputado en la causa por esa “entrega controlada” a petición de la Guardia Civil, pero asegura que el juez sobreseerá la parte que le afecta en cuanto le tome declaración.
 

lunes, 14 de septiembre de 2015

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RESOLUCION DE LA INSPECCION DE TRABAJO SOBRE CAMBIOS DE TURNO

Muy buenas a tod@s
La Inspección de Trabajo se ha pronunciado sobre el tema de los cambios de turno entre los vigilantes en el servicio. Si bien pertenece a la Inspección de Trabajo de Cataluña, y concretamente al servicio del Consulado de Americano en Barcelona es extensible a cualquier servicio y en cualquier lugar donde se preste servicio de seguridad.
 
Dicha resolución deja claro que, como dice el Convenio Colectivo, los cambios se hacen entre los interesados "Los trabajadores" y se comunican con 24 horas de antelación a la empresa y A NADIE LE INTERESA EL MOTIVO DE DICHO CAMBIO, NI TAMPOCO LO TIENE QUE AUTORIZAR LA EMPRESA O EL CLIENTE.
 
Os dejamos la resolución emitida al ser de interés general para todos.
 
Fuente:  svscvseguribericavalencia
 
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Imputadas por cohecho 13 empresas contratistas de Defensa

Firmas imputadas:

Ucalsa - Seguridad Integral Canaria - Galilea Soluciones S.L. - Ariete - Proman - Willis Ibérica Beyond Soluciones y Servicios S.L. - TRC Informática S.L. Grupo Olmata - Cleanet - RMC JIT S.L. - Tecnove S.L. - Clece

Dos mandos están acusados de cobrar comisiones por la adjudicación de concursos


El titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 ha imputado “provisionalmente” por cohecho a una docena de empresas, con sus correspondientes responsables, contratistas del Ministerio de Defensa, al que prestan servicios en áreas como seguridad privada, pólizas de seguro, alimentación o limpieza. Todas las empresas tuvieron relación con los tenientes coroneles C. P. R. y E.R.R., destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y el Cuartel General del Ejército, respectivamente, que fueron detenidos el pasado 28 de abril.
La Guardia Civil bautizó con el nombre de KPanda la investigación a los dos mandos militares, que incluyó intervenciones telefónicas, control de cuentas bancarias y seguimiento de sus comidas en lujosos restaurantes de Madrid con directivos de empresas contratistas de Defensa. La detención de los dos mandos causó un considerable revuelo, ya que el juez ordenó el registro de sus despachos oficiales en la sede central del ministerio y en el Cuartel General del Ejército.
 
Ante el juez, el teniente coronel E. R. R. admitió que asesoraba a empresas contratistas de Defensa, preparándoles documentación administrativa y avisándoles de cuándo se iba a convocar algún concurso. A cambio, recibía contraprestaciones en metálico o en forma de invitaciones a partidos de fútbol y tenis o corridas de toros. También reconoció haber recibido una transferencia de 20.000 euros de Ucalasa (Unión Castellana de Alimentación), que utilizó para pagar en parte un vehículo Audi A5. Aunque aseguró que se trataba de un préstamo, no se formalizó en ningún documento ni se declaró a Hacienda. Igualmente admitió haber recibido 5.000 euros de Seguridad Integral Canaria, 6.500 de la empresa de limpieza Cleanet y otros 2.000 de la compañía de seguridad Ariete. Además, un hijo suyo trabaja desde hace pocos meses para Proman, adjudicataria de unos 70 contratos de Defensa.
El teniente coronel insistió en que, aunque es secretario de la Junta de Contratación del Ejército, no tiene poder decisorio. Y aseguró que su asesoramiento a las empresas era conocido y consentido por sus jefes. El dinero que recibía por ello, según dijo, lo guardaba en una caja fuerte y 11.800 euros los gastó en reformar una casa de su propiedad.
Por su parte, el también teniente coronel C. P. R., destinado en la Subdirección de Contratación de Defensa, se negó a declarar ante el juez, escudándose en el carácter secreto del sumario. Su compañero, sin embargo, confesó que ambos “iban al 50%” y agregó que, aunque C. P, R. tampoco tenía poder para adjudicar contratos, era el encargado de gestionarlos y vigilar su cumplimiento una vez firmados. También un hijo de C. P. R. trabaja para una empresa que suministra a Defensa: Ucalsa.
En un control policial rutinario, a la salida de una comida con directivos de Proman, se encontraron a E. R. R. dos sobres con 2.000 euros cada uno; mientras que en el registro de la casa de C. P. R. se incautó un reloj de 2.870 euros comprado por Tecnove. Los dos mandos militares no han sido los únicos arrestados. El pasado 3 de mayo fueron detenidos tres directivos de empresas contratistas con Defensa —M. R. A., de UCALSA; y A. C. A. y L. B.M., de Proman—, aunque quedaron en libertad tras prestar declaración.
Finalmente, el juez ha citado como imputadas a una docena de empresas, aunque reconoce que los indicios contra algunas de ellas son escasos. No es el caso de Ucalsa o de los dos mandos militares, que siguen en prisión por un delito contra la Hacienda Militar, penado con hasta seis años. El defensor de uno de ellos, Antonio Suárez-Valdés, sostiene que no tenían posibilidad de dar contratos, ya que se adjudicaban por subasta electrónica, y solo han podido incurrir en incompatibilidad administrativa por asesorar a las empresas.
 
Un chivatazo confidencial
 
La investigación se inició en noviembre pasado, después de que en la Dirección General de Asuntos Económicos de Defensa se recibiese una “información confidencial de una fuente fiable”, según la cual dos tenientes coroneles “estaban pidiendo comisiones a empresas relacionadas con expedientes de contratación” del ministerio.
La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, trasladó la denuncia a la fiscalía castrense, que ordenó investigar a la Guardia Civil. Las sospechas se vieron corroboradas por la declaración de un responsable de Seguridad Integral Canaria, quien aseguró que los dos tenientes coroneles le habían pedido un pago mensual “por la contratación de su empresa en el Ministerio de Defensa” y aportó la grabación de una comida con ellos.
Finalmente, en marzo pasado, la Fiscalía presentó una denuncia ante la Justicia militar. La causa fue declarada secreta y los dos tenientes coroneles fueron detenidos el 28 de abril. El juez ordenó prisión incomunicada.
 

domingo, 13 de septiembre de 2015

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Comunicado Informativo para todos los trabajadores de Segur Ibérica

Hace unos meses, la sección sindical de alternativasindical interpuso denuncia contra Segur Ibérica por el motivo de que, la compañía no envía las nóminas por correo a los domicilios de los trabajadores y, te hacen ir a la sede de la empresa a recogerla. Pues bien, a raíz de esa denuncia, el pasado día 4 de septiembre de 2015, tuvo lugar una reunión, en la sede de la empresa, entre el Inspector de Trabajo actuante, responsables de RR.HH. y nuestra sección sindical. Finalmente el Inspector de Trabajo instó a a empresa a que, a partir de ahora, envíe las nóminas a los domicilios de los trabajadores por correo y/o si tienen que desplazarse los trabajadores a la sede de la empresa a recogerla que, ese tiempo, sea abonado. Tal y como lo solicitábamos en el cuerpo del escrito de nuestra denuncia.
Adjuntamos el comunicado con el resultado de esa reunión:
 

martes, 8 de septiembre de 2015

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PROSEGUR SIS MADRID | LA EMPRESA RECULA Y DECLARA IMPROCEDENTE UN DESPIDO OBJETIVO

El pasado viernes tuvo lugar, en el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliacion), la mediación por el despido objetivo que la dirección de la empresa notifico este verano al Comité de Empresa.

En estos casos es de vital importancia que el Comité de Empresa emita un informe para echar abajo este tipo de despido, que es el equivalente a un ERE cuando se trata de despidos individuales.

Como todos sabéis a estas alturas (mas información..) la sección sindical de UGT convoco una reunión extraordinaria para tratar este despido y como también sabéis CCOO, ATES, ALTERNATIVA SINDICAL Y USO no asistieron ratificándose así en su decisión de dejar que los compañeros y compañeras de Prosegur Madrid no tengan Comité de Empresa que los represente y defienda durante seis meses.
Nosotros hicimos el consiguiente informe y hemos conseguido que la empresa "recule", retire el despido objetivo y reconozca la improcedencia del despido, abonando al compañero, que así lo prefirió, la indenizacion correspondiente por despido improcedente.

Si nosotros hubiésemos decidido, como han hecho el resto de compañeros del Comité de Empresa, "coger" seis meses de vacaciones, el despido del compañero hubiese continuado adelante y quien sabe si, ante las "vacaciones" del Comité de Empresa, la empresa hubiera realizado mas despidos de este tipo. La situación era propicia para ello. La dirección de la empresa creía que el Comité de Empresa no se reuniría, como mínimo, hasta septiembre, y el plazo que marca la ley para realizar los informes en contra de los despidos es de 15 días. Por sus actos los conoceréis. Es posible que la próxima vez que la empresa decida hacer despidos coincida con unas largas vacaciones de algunos miembros del Comité de Empresa. Es posible que la próxima vez que el despido sea el tuyo y no quiero imaginar lo que pensaras de esos "sindicalistas" que se te prometieron el cielo si los votabas y tan solo días después de hacerlo se toman unas vacaciones de tres meses. Tu votas, tu pagas una afiliación, tu decides.
 
Fuente:  elpregon
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El Gobierno elude dar ayudas a la seguridad privada de atuneros en el Índico

Madrid, 8 sep (EFEAGRO).- La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha eludido hoy en el Senado recuperar las ayudas para financiar los gastos de los atuneros para la contratación de guardias de seguridad privados con el fin de defenderse contra los piratas en el océano Índico.
El senador del PNV Iñaki Asagasti ha preguntado, durante el Pleno de la Cámara Alta, si el Gobierno piensa volver a dar las subvenciones otorgadas en 2010 y 2011 por la Administración General del Estado para contratar seguridad privada a bordo de los atuneros que operan en el Índico.
García Tejerina ha recordado que durante aquellos años la pesca en esas aguas estaba "seriamente amenazada" por la piratería y que a partir de 2012 se "suspendieron" esas ayudas por la mejora "importante" de la seguridad en la zona, gracias en parte al éxito de la operación militar naval Atalanta de la Unión Europea (UE).
La ministra ha añadido que la misión Atalanta continúa, liderada por España y con el buque "Galicia" de la Armada al mando, y que su actuación garantiza que los atuneros que faenan en el Índico puedan trabajar "con seguridad".
Además, ha subrayado que la amenaza de la piratería de países como Somalia en caladeros del Índico es "cada vez más reducida".
Anasagasti ha insistido en los gastos que representa para los atuneros la contratación de guardas privados, que en el caso de la flota vasca ascenderán a 5,2 millones de euros en 2015.
El senador ha recordado que el Gobierno vasco financiará un 25 % de estos costes y ha manifestado que la Administración General del Estado "tiene obligaciones y no las está cumpliendo".
Anasagasti ha apuntado que los compromisos militares "se están cumpliendo", pero hace falta esas subvenciones para una flota que genera un retorno de la actividad empresarial y que ha vivido un descenso de los ingresos por la caída del 80 % de los precios del atún.
 

jueves, 3 de septiembre de 2015

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2000€ de sanción por amenazar e insultar a los vigilantes de seguridad en el partido Betis - Villareal

Propuesta de sanción de 2.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a cada uno de los dos aficionados identificados .
Propuesta de sanción de 2.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de seis meses a cada uno de los dos aficionados identificados quienes, durante el partido Real Betis Balompié SAD - Villarreal C.F. SAD profirieron graves insultos y amenazas contra los vigilantes de seguridad del estadio. Se negaron a pasar el control de acceso habitual al recinto deportivo, mostrando en todo momento una actitud violenta y desafiante y golpeando en varias ocasiones los tornos de entrada al campo.
 

miércoles, 2 de septiembre de 2015

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Serio revés Judicial a Trablisa

Severo varapalo el propinado el pasado lunes 1 de septiembre por la Jueza titular del Juzgado de lo Social nº 1 de Palma aTrablisa, a la que prácticamente obligaba a tener que avenirse, en la conciliación previa al juicio, y anular el concurso-oposición para la provisión de vacantes de vigilantes de seguridad para vehículos blindados.
 
De esta forma llegaba a buen puerto el conflicto colectivo presentado, el pasado mes de junio, por CCOO de Construcción y Servicios de Illes Balears contra Trablisa "poniéndose fin a años de, a juicio de la Federación Regional, de dudosas actitudes empresariales, irregularidades en las adjudicaciones de plazas y concursos-oposición presuntamente fraudulentos".

La Jueza de lo Social, que había puesto el 31 de agosto como fecha límite para que la empresa rectificase y se convocase un nuevo concurso-oposición que respetase la legalidad y los términos establecidos en el Convenio de Seguridad Privada, se encontraba, el pasado lunes, que Trablisa no sólo no había dado cumplimiento al requerimiento judicial, sino que además, no se presentaba en el juicio, a pesar de haber sido citada telefónicamente por la Secretaria Judicial.

Por ello, la Jueza obligó a personarse de forma inmediata en la sala de vistas a la Responsable de Recursos Humanos de Trablisa, bajo apercibimiento de ser procesada por un delito de desobediencia a la autoridad, y, en lo tocante al asunto objeto de litigio, ponía a la mercantil entre la espada y la pared, obligándola a tener que llegar a un acuerdo con la parte social en términos de anular el irregular concurso-oposición del mes de abril de 2015, si no quería tener que hacer frente a una sanción económica de 3000 €.

Desde CCOO de Construcción y Servicios de Illes Balears han declarado al conocer la resolución del Juzgado "consideramos esta decisión judicial como un rotundo éxito, al tiempo que supone un antes y un después en referencia a los continuos manejos y arbitrariedades empresariales por lo que se refiere a la provisión plazas de vigilantes de seguridad en vehículos blindados".
 
Fuente:  ccoo.es
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La Junta esquiva otro lío judicial por la vigilancia de los hospitales sevillanos

Securitas decide no presentar el recurso contencioso administrativo anunciado al TSJA
Los trabajadores de Ilunion cumplen su labor desde el 1 de junio en los hospitales sevillanos

Con la reapertura de la mina de Aznalcóllar convertida en un dolor de cabeza para Susana Díaz, después de que se anunciara a bombo y platillo, precisamente, como un hito la transparencia de su procedimiento de adjudicación, la Junta de Andalucía respira aliviada por otro concurso en el que se habían generado muchas dudas e incluso empresas licitadoras habían destapado supuestas irregularidades: el millonario contrato de vigilancia de los hospitales sevillanos. Y es que Securitas Seguridad España S.A., una de esas entidades, comunicó ayer a este periódico su intención de no interponer finalmente el recurso contencioso-administrativo que había anunciado.
El pasado 1 de junio, como días atrás adelantó LA RAZÓN Andalucía, Securitas acude a los tribunales para recurrir la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía que desestimaba sus alegaciones contra la adjudicación del contrato «Servicio de Vigilancia y Seguridad con Destino a los Centros Sanitarios Adscritos a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla», convocado por el Área Hospitalaria Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El contrato, de 24 meses de duración y un valor estimado de 19.568.987,09 euros, fue adjudicado el 8 de julio de 2014 a Ilunion, grupo empresarial de la ONCE. Pero el 6 de agosto del mismo año se suspende de forma cautelar el proceso ante las reclamaciones de otras licitadoras. Securitas, en concreto, denunció que durante el mismo se añadieron elementos secundarios a los criterios descritos en los pliegos con posterioridad al plazo de presentación de ofertas y que éstos se aplicaron de manera «arbitraria, subjetiva y no uniforme», provocando que en determinados apartados sólo la oferta de la adjudicataria fuese valorada, lo que resultaba «completa y absolutamente improcedente». Pero sus alegaciones no fueron atendidas por el Tribunal Administrativo, lo que llevó a la entidad a interponer un recurso contencioso-administrativo y de cuyo anuncio se dio traslado a las partes interesadas el pasado 10 de agosto para que pudieran personarse.
Ayer, apenas diez días después de hacerse público por este diario la intención de dirimir en los juzgados el conflicto, Securitas decide dar marcha atrás. La versión oficial explica que el motivo de las alegaciones contra la referida adjudicación era «disentir respecto a la interpretación que el órgano contratante hizo de algunos de los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que regían el concurso». Pero una vez desestimadas por el Tribunal Administrativo el pasado 21 de abril de 2015 y tras un «estudio detenido de dicha resolución», Securitas decide «no presentar recurso contencioso-administrativo, aun cuando anunció la interposición del mismo». Y prosigue: «Con ello quiere afirmarse explícitamente que el motivo por el que Securitas Seguridad ha interpuesto el recurso contra la referida adjudicación es única y exclusivamente de índole jurídica».
Repasando la base de las alegaciones presentadas se hallan dos criterios técnicos de evaluación automática recogidos en el pliego que no habrían sido aplicados de conformidad con su naturaleza, lo que, a juicio de Securitas, desvirtuaba las puntuaciones resultantes de las ofertas de los licitadores. En concreto, hacía referencia a los equipos de transmisión ofertados. La comisión técnica sólo valoró 171, el número de trabajadores adscrito al servicio, de un total de 3.294, al entender que el resto eran innecesarios y el Tribunal Administrativo concluyó que Securitas solo pretendía conseguir la mayor puntuación en ese criterio y, dada la fórmula de valoración del mismo, situar las ofertas del resto de licitadores muy por debajo.
La segunda alegación, también rechazada, incidía en las consideraciones tenidas en cuenta a posteriori y se refieren al número de horas de formación del personal ofertadas. Securitas no fue la única empresa disconforme. El plan de formación de Eulen, como el resto salvo el de Ilunion, fue excluido, dejando de valorar 7.104 horas de formación propuestas. Mientras, la oferta de la adjudicataria sí lo fue pese a que ofertó sólo 2.466 horas, cuando el mínimo exigido es de 2.880 (artículo 57 de formación) y tampoco se ajusta a la normativa vigente de los contenidos de formación específica exigidos por la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad. El órgano de contratación esgrimió que el criterio de valoración de este apartado presupone la presentación de un plan de formación y no sólo una referencia al número de horas comprendidas en el mismo, aunque sea el dato objetivo empleado para aplicar la fórmula de valoración.
Eulen centraba su recurso en que los principios reguladores de la contratación pública habrían sido «conculcados por el órgano de contratación a la hora de puntuar» al menos en otros dos criterios técnicos más de adjudicación.


martes, 1 de septiembre de 2015

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El contrato de la seguridad de los hospitales sevillanos, bajo sospecha

Varias empresas aseguran que la Junta cambió las condiciones del concurso, de 20 millones de euros, después de que se hubieran presentado las ofertas.
El centro de vigilancia del hospital Virgen del Rocío

La Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dirime desde el pasado mes de julio otro caso de posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario por parte de la Junta de Andalucía. Concretamente, el pleito afecta a la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de los hospitales de la provincia de Sevilla, que fue formalizada el pasado 15 de mayo con la UTE compuesta por Vigilancia Integrada y V2 Complementos Auxiliares, ambas pertenecientes a la Once. La cantidad de licitación es de 19 millones de euros y el plazo de prestación de servicios se fija en 24 meses. Pero varias empresas que participaron en el concurso denunciaron en julio de 2014 que varias de las claúsulas del pliego se modificaron después del cierre de presentación de las ofertas, cuestión que habría beneficiado a la ganadora, y que la valoración de los técnicos que conformaban la mesa de contratación les restó puntos.
La primera empresa en alertar de estas presuntas irregularidades fue Eulen, que presentó alegaciones ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta en julio de 2014, sólo unos días después de la resolución del concurso. Eso provocó que el 6 de agosto del año pasado el citado Tribunal acordara la suspensión cautelar de esta adjudicación y abriera un plazo de cinco días a los demás licitadores para que se sumaran a las alegaciones. Y lo hizo Securitas, una de las compañías más fuertes del sector a nivel nacional. Esta empresa sostiene que la UTE ganadora sólo propone en el apartado del concurso en el que se indican las medidas de seguridad adicionales aportadas por cada licitante la puesta en marcha de cien videocámaras «sin especificar en qué centros serán instaladas, tal y como se exige en los pliegos, por lo que ni tan siquiera deben ser valoradas». Sin embargo, a pesar de que otras empresas participantes sí cumplieron este requisito y ofertaron más unidades, recibieron peor puntuación.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de la propia Junta resolvió que lo que pretendían las empresas denunciantes «no puede prevalecer sobre el criterio de un órgano técnico especializado, integrado por un equipo multidisciplinar de nueve miembros con experiencia en el sector de la vigilancia y seguridad al que se presume imparcial». Por ello, en una resolución dictada el pasado 28 de abril este organismo acordó desestimar el recurso y dar por finalizada la vía administrativa. La Junta firmó el contrato sólo dos semanas después. Pero las empresas recurrentes no se conformaron y Securitas llevó el caso a los tribunales el pasado 1 de junio.
La Consejería de Salud aseguró ayer a este periódico que «la adjudicación de este servicio de vigilancia a la empresa Ilunion ha seguido de manera escrupulosa el procedimiento administrativo y se ha garantizado, en todo momento, los criterios de transparencia y publicidad, garantizando la competencia entre las distintas empresas». A esto añade que «este procedimiento ha contado además con la garantía del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que ha desestimado los recursos impuestos por las empresas no adjudicatarias. El Tribunal no ha observado ninguna incidencia en la tramitación del expediente». Y defiende que «el hecho de que una de las empresas no adjudicatarias anuncie ahora la interposición de un recurso contencioso administrativo es algo que establece como posibilidad la normativa de contratación y que, por tanto, respetamos». Los tribunales decidirán.
 
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La Alhambra niega que haya una normativa que impida dar el pecho en sus edificios

La asociación en apoyo a la maternidad y la lactancia interpondrá tres reclamaciones para denunciar el caso del Corral del Carbón.
 
No existe ninguna normativa que impida dar el pecho a una madre en un monumento público. Así de tajante se mostró ayer el director de la Alhambra, Reynaldo Fernández, quien lamentó profundamente el episodio que vivió Herminia Reyes el pasado 19 de agosto en el Corral del Carbón cuando una vigilante de seguridad le prohibió amamantar a su bebé de diez meses en base a una 'supuesta normativa' que impedía esta práctica. La mujer, madre de dos mellizas, compareció ayer en Granada para explicar lo que le ocurrió en el monumento hace unos días. "Nunca antes me habían llamado la atención o prohibido amamantar a mis bebés en ningún sitio", explicaba la madre todavía perpleja.

Herminia contó ayer que en un momento de la visita a una de las bebés le entró hambre, así que se sentó en una de las butacas para darle el pecho, momento en el que una auxiliar de seguridad de la empresa contratada por la Alhambra para el inmueble le amonestó por su comportamiento. "Dijo que estaba prohibido hacerlo, que era una normativa de seguridad", explicó Reyes, quien acto seguido pidió que le enseñaran esa normativa y formalizaron una reclamación de inmediato. "No nos expulsaron del monumento pero me sentí violentada y sentí que habían atentado contra mis derechos", añadió.

La asociación de apoyo a la maternidad y la lactancia anunció ayer que presentará tres quejas ante el Patronato de la Alhambra y las consejerías de Cultura y Bienestar Social tras el incidente. Su presidenta, Gracia Ariza, explicó que las reclamaciones se harán a modo "informativo" con el objetivo de que no vuelva a repetirse un incidente así en ningún espacio público. Ayer la consejera andaluza de Cultura, Rosa Aguilar, llamó a Ariza lamentando el incidente.

Acto seguido el director de la Alhambra Reynaldo Fernández escribió una "contundente" carta a la empresa de seguridad en la que le insta a que tome las medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir hechos de este tipo. Fernández reconoció que al tratarse de una época de vacaciones hay muchas sustituciones que pueden llevar a "circunstancias que no son las adecuadas" y, tras pedirle disculpas a la madre y a presidenta de la asociación, destacó la "sensibilidad" del Patronato con los derechos de la mujer y del lactante. "Nuestra filosofía es la de realizar actuaciones que ayuden a que la lactancia se pueda realizar sin ninguna incidencia", apuntó el máximo responsable del monumento nazarí, quien reconoció que el incidente no debe volver a repetirse, aunque descartó retirar el contrato a la conocida empresa de seguridad nacional.

Para evitar este tipo de situaciones desde Vamos Granada se ha pedido que haya una regulación que garantice el derecho a la lactancia en espacios públicos. En este sentido afirman que apoyarán a la asociación de apoyo a la maternidad y la lactancia a la hora de pedirle a la Junta de Andalucía que regule el derecho a la lactancia en los espacios públicos. "La iniciativa garantizaría el derecho a ejercer la lactancia "cuándo, cuánto, cómo y dónde madre y bebé lo consideren necesario", han indicado. Esta normativa tendría que ir acompañada de un plan informativo para que el personal que trabaja en edificios públicos "la conozca bien y casos como éste no vuelvan a suceder".

"¿Quién puede ver como algo inapropiado que una madre amamante a su hijo en un espacio público?", se preguntaba ayer el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, quien propuso que todo equipamiento público esté adaptado para que cualquier madre pueda dar el pecho a su hijo "y para que no surjan este tipo de problemas que no deben volver a repetirse".