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jueves, 31 de agosto de 2017

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El laudo arbitral obliga a Eulen a anular las represalias contra los vigilantes

La decisión podría suponer la suspensión de la nueva huelga convocada por los despidos.
El fallo de Marcos Peña establece una subida salarial de 200 euros al mes.
El conflicto de los vigilantes del aeropuerto de El Prat podría estar muy cerca de su desenlace final. El laudo obligatorio dictado este jueves por el árbitro nombrado por Gobierno ha anulado las despidos y expedientes abiertos por la empresa a cuatro vigilantes del aeropuerto de El Prat. Una decisión que podría evitar la nueva huelga contra estas represalias de la empresa que iba a iniciarse el próximo 8 de septiembre.
El árbitro, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES) y mediador en el reciente conflicto de la estiba, deja muy claro en el texto que quedarán "sin efecto, a partir de esta misma fecha, las sanciones impuestas y los expedientes iniciados".  También añade, y es esto es muy importante, que de cara al futuro ambas partes "no deberán adoptar nuevas medidas de conflicto y huelga relacionadas con las materias del laudo".  Por si no quedaba suficientemente claro, el texto especifica que entre las materias relacionados con el laudo figuran las sanciones. La precisión es importante porque el temor de los trabajadores es que una vez anuladas los despidos, Eulen ejecute otros, ya que dispone de un plazo de 60 días para hacerlo.

Asamblea el lunes 

Los vigilantes se reunirán el próximo lunes en asamblea para valorar las consecuencias del laudo, según el asesor jurídico del comité de huelga, Juan Carlos Giménez. Hasta entonces no se sabrá si desconvocan la huelga. Fuentes cercanas a la representación sindical han advertido de un temor: la empresa podría ejecutar despidos alegando otros motivos que los de la huelga para eludir el veto del laudo.
El presidente de Eulen para España y Portugal, Emilio García, tras recibir el sobre con el laudo de manos del árbitro ha asegurado --sin todavía saber el contenido del documento-- que la compañía "acatará la decisión", sea cual sea.
En la parte salarial del conflicto, el laudo fija la subida salarial en 200 euros al mes, a través de un complemento salarial. El mismo aumento propuesto por el mediador de la Generalitat, que fue aceptado por la dirección de la empresa y rechazado por la asamblea de los trabajadores.
Para el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el laudo "pone fin al conflicto y devolverá la normalidad al aeropuerto". "Nadie entendería que no fuera así, ha dicho el ministro", quien ha apelado a la responsabilidad de todas las partes.

Cinco vigilantes por filtro

Sobre el contenido del laudo, De la Serna ha destacado que, desde el punto de vista organizativo, se ciñe casi literalmente al contenido de la propuesta de medicación formulada por la Generalitat, por ejemplo en materia de formación en radioscopia o la incorporación de un quinto vigilante por filtro.
En la parte salarial, sin embaego, elimina la cláusula en la que establecía que el complemento de 200 euros no podía ser absorbible ni compensable por los complementos que pudieran establecerse en las negociaciones del convenio sectorial.
Esta diferencia "relevante y muy significativa" para el ministro evita que los trabajadores del El Prat puedan estar sistemáticamente por encima de convenio.
Es decir, que si por convenio se establece que los sueldos subirán 200 euros al mes, los empleados afectados por el laudo no verán aumentar su salario en 400 euros (200 del laudo más 200 por convenio), como sí habría ocurrido en caso de haberse aceptado la propuesta del mediador.

Un mes sin intervenir 

El conflicto se inició el pasado julio al romperse las negociaciones entre la empresa y los trabajadores. La huelga encubierta y luego oficial declaradas por estos causó largísimas colas en los puestos de control sin que el Gobierno interviniera hasta mediados de agosto con el refuerzo de la Guardia Civil que devolvió a la términales barcelonesas a la normalidad. Los salarios del sector de la seguridad privada se había desplomado al aprovechar algunas empresas la posibilidad que les abrió la reforma laboral.
 
 
 
 
Sindicato Profesional Vigilantes

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miércoles, 30 de agosto de 2017

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Eulen Seguridad en Cádiz : CARTA DE UN TRABAJADOR

Quisiera expresarme sobre un comunicado que salió el día 24 de agosto de 2017 lanzado por el sindicato profesional de vigilantes (SPV) del cual soy afiliado.
 
Dicho comunicado comentaba la situación lamentable en la que me encuentro laboralmente culpando al cliente del servicio osborne y a la empresa de seguridad eulen además de que si la situación no mejoraba hacer manifestaciones en la puerta de osborne.
 
Pues bien mi opinión es que para mi el cliente osborne no tiene ningún tipo de culpa de esta situación ya que ellos contratan un servicio en este caso con la empresa eulen y es esta la que se hace cargo. Osborne no ha decidido nada de mi situación actual me a tratado bien no tengo ninguna queja de ellos desde que llegué por ello no quiero que esta empresa se vea salpicada por ningún acto cerca de sus instalaciones. Además quiero decir que tengo varias denuncias interpuestas contra las empresas de seguridad prosegur y eulen en las cuales en estas denuncias no voy ni contra el cliente ni contra compañeros por si alguien tiene alguna duda voy solo contra las empresas de seguridad citadas y el juez decidirá quién es la culpable en su momento de esta penosa situación que estoy viviendo.
 
Aprovecho este comunicado y quizás aunque no sirva de mucho para expresar la injusticia que se está cometiendo conmigo me encuentro contratado por dos empresas las cuales prosegur me da 42 horas y eulen 80 horas faltando 40 horas en mi jornada que ninguna de las dos se hacen cargo lógicamente tampoco se me paga lo que supone una disminución del sueldo de un 25% el único sueldo que entra en mi casa y para ponerlo peor aún la empresa eulen me pone una jornada de hora y media para una ronda dinámica la cual se me a obligado hacer ya que asin no fui subrogado y me obliga a desplazarme de jerez al puerto una, dos y hasta cuatro veces en un mismo día con el gasto de gasolina que conlleva a mi cargo por lo que echando cuentas voy a tener hasta que poner dinero y todo ello sin un nada para comer con un niño que alimentar y pidiendo ayudas para poder subsistir.
 
Mientras llegan los juicios de mis demandas que pueden ser meses o años tengo que estar asin tal y como cuento trabajando casi sin descansar y sin ganar nada económicamente para vivir dignamente lo que me está trayendo consecuencias familiares y personales.
 
Con este comunicado no trato de dar pena a nadie solo contar la realidad es una situación precaria aún con un puesto de trabajo y solo quiero lo que me corresponde nada mas y ojala nunca hubiera tenido que hablar de todo esto.
 
Manuel Torres Bautista
29 de Agosto de 2017
 
 
 
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domingo, 27 de agosto de 2017

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Los vigilantes de seguridad amenazan con una huelga nacional si no se les escucha

El Comité de huelga de Prosegur amenaza con una huelga a nivel nacional que incluiría a las demás empresas de seguridad de APROSER, si no atienden a las peticiones de los vigilantes de todo el país.
El comité de huelga de los vigilantes de Prosegur en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas se mantiene a la espera de lo que ocurra en El Prat para la toma de decisiones. Al igual que los empleados de Eulen -otra empresa de seguridad que trabaja en el aeropuerto-, los trabajadores de Prosegur consideran que "la manera de conseguir nuestras metas es uniéndonos todos", y por ello, tienen claro que según lo que ocurra en Barcelona, y dependiendo de si el Gobierno muestra interés a las peticiones de los vigilantes o no, convocarán una huelga a nivel nacional. "Si tenemos que volver a la huelga lo haremos todas las empresas, no sólo Prosegur", ha aseverado Soledad Risco, miembro del Comité de huelga.
Como fecha tope -día del cumplimiento del plazo de tres meses que dieron los trabajadores al desconvocar la huelga a mediados de julio- el 15 de octubre APROSER ha tenido que incorporar "la funcionalidad de vigilante aeroportuario" en la categoría profesional, pues en caso contrario se verán "obligados" a convocar huelga. "No estamos desvinculados con todo lo que está sucediendo en El Prat", han dicho a través de un comunicado.
El conflicto laboral de El Prat se da en los vigilantes de seguridad en los "filtros de pasajeros", coloquialmente conocidos como arcos de seguridad. Estos vigilantes son gestionados en Barajas por la empresa Prosegur, cuya plantilla ya convocó paros parciales en julio que finalmente se evitaron por un principio de acuerdo con la compañía.
El comité de huelga de Prosegur en Barajas sigue activo y mantiene reuniones porque los representantes de los trabajadores siguen los pasos que está dando Prosegur a la hora de aceptar las reivindicaciones de la plantilla.
"El diálogo y la incorporación de la funcionalidad de vigilante aeroportuario, así como el cobro del plus de radioscopia íntegra para todos los vigilantes de aeropuerto", es algo que "Prosegur llevó a APROSER, tal y como firmó en nuestra acta para retirar la huelga en Madrid", ha Risco.
Ahora APROSER tiene que llevar la iniciativa "al Gobierno, AENA o a quien corresponda" para ue la creación de esta figura y que las demás peticiones "sea una realidad". En caso negativo, han asegurado que "nos veremos obligados a realizar asamblea de trabajadores para convocar la huelga de nuevo, y esta vez será a nivel nacional", ha apuntado.
Por otro lado, el Comité recuerda en el comunicado que "estamos en una infraestructura crítica, con una alerta de seguridad de nivel 4, de nosotros depende la seguridad de pasajeros y aeronaves", han insistido.

Solidaridad con los trabajadores de Eulen en El Prat

El comité de huelga de Prosegur en Barajas ha mantenido su solidaridad con los trabajadores de Eulen en El Prat. Ambos colectivos son los responsables de los filtros de pasajeros en los dos aeropuertos, ya que Eulen en Barajas se encarga de la vigilancia en el resto de las terminales y en las mesas de facturación.

"Mostramos nuestro apoyo a los compañeros del Prat", han recordado, y al tiempo han negado "ningún tipo de desvinculación al conflicto que se tiene en todos los aeropuertos de España".

Este viernes se ha conocido que el comité de empresa de Eulen en Barajas ha comenzado sus reuniones con la dirección de la empresa. La primera fue este jueves y en ella han acordado aplazar las negociaciones sobre aspectos económicos a después de que se resuelva el conflicto laboral de El Prat, "con el objetivo de evitar que todo lo tratado no sirva de nada en un futuro".
 
Fuente:  https://www.madridiario.es
 
 
 
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Sindicato en Barajas fija octubre como tope para la figura de vigilante aeroportuario y evitar así la huelga

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El comité de huelga de los vigilantes de Prosegur en los arcos de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha fijado el 15 de octubre como "fecha tope" para que la patronal de empresas de seguridad, APROSER, incorpore "la funcionalidad de vigilante aeroportuario" en la categoría profesional, pues en caso contrario se verán "obligados" a convocar huelga "esta vez a nivel nacional".
Así lo ha relatado en un comunicado este comité, donde el sindicato ATES es mayoritario, que ha mantenido una reunión este mismo viernes y ha acordado mantener su compromiso con los trabajadores de Eulen del aeropuerto de El Prat en Barcelona. "No estamos desvinculados con todo lo que está sucediendo en El Prat", han dicho.
Fuentes de ATES han asegurado a Europa Press que el 15 de octubre es esa fecha tope, aunque desde septiembre seguirán con atención todos los progresos que puedan darse en esta materia.
El conflicto laboral de El Prat se da en los vigilantes de seguridad en los "filtros de pasajeros", coloquialmente conocidos como arcos de seguridad. Estos vigilantes son gestionados en Barajas por la empresa Prosegur, cuya plantilla ya convocó paros parciales en julio que finalmente se evitaron por un principio de acuerdo con la compañía.
Este comité de huelga de Prosegur en Barajas sigue activo y mantiene reuniones porque aunque estos paros se desconvocaron, los representantes de los trabajadores siguen los pasos que está dando Prosegur a la hora de aceptar las reivindicaciones de la plantilla.
"El diálogo y la incorporación de la funcionalidad de vigilante aeroportuario, así como el cobro del plus de radioscopia íntegra para todos los vigilantes de aeropuerto", es algo que "Prosegur llevó a APROSER, tal y como firmó en nuestra acta para retirar la huelga en Madrid", ha recordado en un comunicado.
Según el comité, la iniciativa tiene que llevarla a cabo ahora "entre Gobierno, mesa negociadora del convenio y AENA, o quien corresponda", para que la creación de esta figura "sea una realidad". "Si no, nos veremos obligados a realizar asamblea de trabajadores para convocar la huelga desconvocada, y esta vez será a nivel nacional", ha apuntado.
"Estamos en una infraestructura crítica, con una alerta de seguridad de nivel 4", han recordado los representantes de la plantilla. "De nosotros depende la seguridad de pasajeros y aeronaves", han insistido.
SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE EULEN EN EL PRAT
El comité de huelga de Prosegur en Barajas ha mantenido su solidaridad con los trabajadores de Eulen en El Prat. Ambos colectivos son los responsables de los filtros de pasajeros en ambos aeropuertos, ya que Eulen en Barajas se encarga de la vigilancia en el resto de las terminales y en las mesas de facturación.
"Mostramos nuestro apoyo a los compañeros del Prat", han recordado, y al tiempo han negado "ningún tipo de desvinculación al conflicto que se tiene en todos los aeropuertos de España".
Este viernes se ha conocido que el comité de empresa de Eulen en Barajas ha comenzado sus reuniones con la dirección de la empresa. La primera fue este jueves y en ella han acordado aplazar las negociaciones sobre aspectos económicos a después de que se resuelva el conflicto laboral de El Prat, "con el objetivo de evitar que todo lo tratado no sirva de nada en un futuro".

Fuente:  http://www.bolsamania.com
 
 
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viernes, 25 de agosto de 2017

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Multa millonaria a las empresas de seguridad privada de la Comunidad de Madrid

En los últimos siete años, el gobierno madrileño ha sancionado con dos millones de euros a las compañías que se encargan de vigilar las sedes de los organismo oficiales y el metro.
En los últimas semanas se ha hablado mucho de la seguridad privada que hay en los aeropuertos españoles. Ese servicio no solo está privatizado en Barajas, por ejemplo. De hecho, prácticamente todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid están protegidas por empresas privadas. Y el servicio, no es precisamente, el mejor, que digamos. Lo acreditan los datos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser. En lo últimos siete años, el Gobierno madrileño ha multado a estas compañías con cerca de dos millones de euros por incumplimientos del contrato.
La mayoría de las sanciones, según hemos sabido, se han impuesto a las empresas de la seguridad privada de Metro. Desde 2011, la Comunidad de Madrid ha multado a las empresas de seguridad privada que vigilan el suburbano con más de un millón y medio, entre ellas, por ejemplo, Prosegur, Eulen o Securitas, aunque por encima de todas, la compañía que más multas ha recibido ha sido Seguridad Integral Canaria, más de un millón de euros de sanción por no haber cumplido las horas de contrato, por no haber respetado los servicios minimos durante las huelgas y también por no haber evitado incidentes en zonas del metro que tendrían que haber reforzado. Esta compañía canaria, precisamente, acaba de anunciar que cierra. En cuanto lo hagan, cederá o venderá todos sus servicios a otras empresas, dejando en vilo a sus trabajadores.

La Comunidad de Madrid también ha multado a las compañías de la seguridad privada, por ejemplo, de la Consejería de Presidencia, o de la Agencia del Menor Infractor. En este último caso porque entre su plantilla no se incluyó a un 2% de personas con discapacidad. Hay sanciones similares también en la Consejería de Educación y en la de Transportes.
Sin embargo, misteriosamente, en ese listado de multas al que hemos tenido acceso, no hay ni una sola sanción para la empresa que se encarga de la seguridad privada de los juzgados madrileños. Como ya les adelantamos en el mes de junio, los vigilantes han estado trabajando desarmados en contra de los que fijaba el contrato, de hecho, durante 10 meses, el Gobierno madrileño pagó indebidamente más de 120.000 euros a esta empresa. El diputado del PSOE Diego Cruz, cree que es un escándalo que la Comunidad haya pasado por alto esta situación y no haya sancionado a esta empresa.

Fuente:  http://cadenaser.com
 
 
 
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jueves, 24 de agosto de 2017

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Eulen Seguridad en Cádiz "PIRATA"

Es por todos conocidos en la provincia las maneras en cómo actúan las empresas de seguridad, pero en el caso concreto de Eulen Seguridad en la provincia de Cádiz, raya el nepotismo crónico más absoluto, con una falta de sensibilidad con los trabajadores que dista mucho de la compañía seria y dialogante que en su día fue.
Recordamos casos de compañeros del Comité de Empresa que se vieron obligados a negociar y marcharse, por no aguantar tanto castigo, otros desplazados de su centro de trabajo por defender unos derechos colectivos que o bien chocaban con la propia empresa o con sus clientes, y todo ello, haciendo oídos sordos a la R.L.T.  que intenta mediar ante tanta imposición empresarial, mientras tanto el departamento de Recursos Humanos brilla por su ausencia. 
Hoy exponemos otro nuevo caso de un compañero, (VER CARTA) que viniendo subrogado de su anterior empresa ve reducido su contrato de tiempo parcial, mientras el resto de trabajadores a jornada completa vienen realizando horas extraordinarias. Pero lo más sangrante del asunto es que se contrata un servicio de rondas de 1.50 horas cuatro veces al día, con lo que les obligan a desplazarse hasta tres veces en un mismo día, (incumpliendo el articulo 12.4 b. del E.T., ) desde Jerez al Puerto de Santa María, y todo ello con un contrato a tiempo parcial y además reducido, mientras tanto la plantilla de Vigilantes de su centro de trabajo, trabaja a jornada completa y además realizan por horas extraordinarias las jornadas que a este compañero le falta para poder vivir con cierta dignidad.
Estos hechos descritos han sido puestos en conocimiento de la dirección de la compañía, quien elude el problema aduciendo que es petición del cliente ...
Así las cosas se han presentado varias  denuncias individuales y colectivas y de no solucionarse el conflicto de un modo razonable, responsable junto a Eulen Seguridad de esta última tiranía contra este trabajador y todo ello, mientras el resto de la plantilla de compañeros, está dispuesto a realizar una colecta para ayudarle económicamente, pero desde luego mira hacia otro lado y siguen realizando unas horas extraordinarias que nos veremos obligados a denunciar ante la autoridad laboral de no encontrarse respuesta positiva al problema expuesto.
 

Para contactar con los representantes de SPV escribe a :

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Seguridad Integral deja la vigilancia para centrarse en los servicios especializados

La empresa de Miguel Ángel Ramírez apuesta por los transportes blindados y las centrales de alarmas. Más de 3.000 empleados integran la plantilla en las Islas.
Seguridad Integral Canaria (SIC) se halla inmersa en un "proceso de reflexión", tal y como lo definieron ayer fuentes de la empresa propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo es deshacerse del negocio primigenio, el de la vigilancia presencial, que ha dejado de ser rentable para la mercantil en el actual contexto de licitaciones públicas con bajo presupuesto y de cumplimiento de la sentencia judicial que anuló el descuelgue del convenio que redujo los salarios del personal en plena crisis económica.
El administrador único y vicepresidente de la compañía, Héctor de Armas, comunicó ayer al comité de empresa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife sus intenciones y hoy hará lo mismo con el de Las Palmas. "Nos tememos que se trate de una maniobra para eludir la actuación de la Justicia", aseguró el secretario de Comunicación del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Fernando Torres. SIC busca compradores para la línea de negocio que pretende abandonar y espera "contar con la colaboración de los sindicatos", explicaron las fuentes de la empresa, que desmintieron con rotundidad que tengan entre sus planes cesar la actividad por completo.
En los servicios que la mercantil presta en el ámbito privado no hay mayor problema que comunicar al cliente la finalización de la relación de manera unilateral. Sin embargo, en los concursos públicos la cuestión se complica, ya que es necesario que la compañía entrante se ciña a los parámetros establecidos en la licitación.
Es este punto el que mayor recelo genera en los sindicatos, que temen la aparición de compañías de bajo coste del sector de la seguridad del ámbito de propio Ramírez para retomar la actividad. Entre ellas citaron a Marsegur, compañía con la que el presidente de la UD Las Palmas niega cualquier vinculación. Eso, además del impacto que pueda tener la maniobra para los más de 3.000 empleados existentes solo en las Islas.
La sentencia firme de diciembre de 2015 supone a SIC un fuerte desembolso -seis millones de euros, según fuentes sindicales- para abonar todo lo ahorrado con el recorte salarial aplicado entre 2012 y 2014. A ello se une que en los últimos meses la empresa se ha encontrado, en declaraciones del propio Ramírez a UD Radio, "con problemas para poder cobrar" de las administraciones a las que prestan servicio. Esos retrasos han redundado en dificultades para el abono de las nóminas de los trabajadores de SIC reconocidos en la misma intervención radiofónica por el presidente de la empresa.
Los directivos de la compañía canaria de seguridad estiman que el futuro no encierra buenas noticias. Es más consideran que las licitaciones son a estas alturas "subastas" en las que las mesas de contratación atienden solo a "cuestiones cuantificables" relegando las "cualificables". En otras palabras, conceden el servicio a quien presenta la oferta más barata. "Se ha llegado a un límite en el que ya no se pueden cubrir los costes", señalaron desde la empresa.
Tras deshacer posiciones en la vigilancia presencial -se mantendrán servicios que sí aportan réditos como el Metro de Madrid- el objetivo es reforzar la presencia en servicios como el transporte de fondos en vehículos blindados. Solo cuatro empresas lo prestan en toda España y la intención de Ramírez y De Armas es saltar a la Península en ese segmento. Además, reforzarán también la división de sistemas, en el que las centrales receptoras de alarmas son uno de los productos principales.

Fuente:  http://www.laopinion.es
 
 
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miércoles, 23 de agosto de 2017

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Ombuds remueve la seguridad privada con sus planes para comprar empresas

Fuentes del mercado atribuyen negociaciones para comprar Prosetecnisa que la empresa afectada niega, aunque sí que hubo acercamientos el año pasado. También negocia para comprar una empresa portuguesa mientras ha solicitado entrar en la patronal de las grandes empresas de seguridad Aproser
Ombuds es la compañía de la que todos hablan en el sector de la seguridad privada. Caída en desgracia Segur Ibérica y con el liderazgo de Prosegur muy asentado, esta compañía presidida por Rodrigo Cortina y con participación del fondo de inversión JZI ha comunicado este mes de agosto en el registro mercantil una ampliación de capital de 3 millones de euros hasta los 15.
Este aumento de capital se produce en un momento en el que la compañía está tanteando diversas opciones para seguir ampliando cuota de mercado e importancia dentro del sector, una estrategia para la que tienen liquidez tras firmar un crédito factoring sindicado de 60 millones de euros. Fuentes del mercado confirman los rumores de que la compañía podría encontrarse en conversaciones para comprar Prosetecnisa, una compañía con 37 millones de euros de facturación y contratos de importancia.
Puestos en contacto con Prosetecnisa, su dirección niega categóricamente que haya ningún tipo de negociación con Ombuds ni que la vaya a haber. El año pasado hubo algunos acercamientos entre ambas compañías que no fueron a más.
Según aseguran fuentes del sector, el presidente de Ombuds, Rodrigo Cortina, tiene en estos momentos la idea de crecer vía adquisiciones. Con la adquisición de Casesa, que adelantó 'Vozpópuli' hace ahora casi dos años y que está todavía pendiente de cerrarse al completo, la compañía dio un salto de gigante para hacerse más relevante en el sector. En el sector se asegura que las propias condiciones de Cortina, que tendría un contrato en el que cobraría más cuanto más facturara Ombuds, influyen en esta intención de crecer. Este periódico ha tratado de contactar con la Ombuds por vía telefónica y por e-mail para contrastar este punto sin obtener respuesta.
Por su parte, fuentes sindicales del sector seguridad aseguran que "si se siguen cogiendo contratas a bajo coste llegará un momento en que podríamos encontrarnos con una situación como Segur Ibérica".

Entrando en la patronal

Por otra parte, la compañía se encuentra en negociaciones para entrar en Aproser, la patronal de grandes empresas de seguridad privada que en la actualidad. Esta asociación, donde están las grandes como Prosegur, Eulen,Ilunion, Securitas o Loomis, exige a sus asociados un punto ante todo: el cumplimiento del convenio colectivo sectorial en lugar de redactar convenios de empresa que estén por debajo, tal y como han hecho otras compañías llamadas 'low cost', como Marsegur o Sinergias de Seguridad, a las que los sindicatos vinculan con Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria.
El motivo de esta exigencia es sobre todo evitar que la bajada suicida de precios en los contratos acabara lastrando a la rentabilidad de los grupos de seguridad, como efectivamente ha estado ocurriendo. Ombuds se encuentra en disposición de cumplir esta exigencia desde su nuevo posicionamiento como empresa 'grande'.
Por su parte, desde Aproser se ha rechazado confirmar a este diario si Ombuds ha hecho su petición para entrar en la patronal, pero sí han aclarado que esta petición puede tardar un tiempo en tener luz verde: "Tenemos unas exigencias alidad y para entrar en la asociación hay que cumplir una serie de requisitos que pueden tardar un tiempo en comprobarse y hay que pasar las auditorías que necesitan las empresas para cumplir con los parámetros", ha asegurado un portavoz oficial de la patronal liderada por Prosegur.
 
 
 
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Seguridad Integral Canaria se hunde por deudas e impagos a trabajadores

La empresa de seguridad ha anunciado “el cese de la actividad por su mala situación económica”.
Seguridad Integral Canaria (SIC), cierra por defunción económica a consecuencia de la gestión que ha colocado a la empresa de Miguel Ángel Ramírez, -uno de los magnates de la seguridad privada en España, y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas-, en una deuda de 7.200.000 millones de euros, según ha declarado el Director General y Apoderado de SIC en una reunión en Tenerife, a solicitud del propio comité de empresa, por el adedudamiento de los salarios a los trabajadores, en la que se ha expuesto “la mala situación económica y el cese de la actividad”.
Diario 16 avanzó el impago que sufrían muchos trabajadores de SIC, de los cuales algunos de ellos continúan sin cobrar, y otros recibieron su salario “tras la publicación de su situación”, según explican algunos vigilantes a este medio.
En un comunicado de FTSP-USO al que ha accedido Diario 16, este sindicato que se encontraba presente en la reunión del comité de empresa de SIC, confirma que “entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre, la empresa tiene la intención de traspasar los servicios que tienen en la actualidad, tanto pública como privada, a otras empresas y garantizan, según sus palabras, el cobro de todas las cantidades adeudadas a sus trabajadores”.
El sindicato USO ha advertido que “vamos a estar vigilantes, para que este proceso en caso de llevarse a cabo, se realice de forma transparente y conforme a la legalidad vigente, sin que esto suponga una pérdida de condiciones laborales o económicas para el conjunto de sus trabajadores”.
“Los trabajadores afectados por este cese y traspaso de servicios a otras empresas que se va a producir según comunica el Director General de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, tendrán sus puestos de trabajo garantizados, por la consiguiente y obligada subrogación a la que tienen derecho”, señalan desde USO.
El secretario general a nivel nacional de FTSP-USO, Basilio Febles, ha indicado a Diario 16 que “confían en que esta vez Seguridad Integral Canaria cumpla con los trabajadores tal como se ha comprometido, lo que implica el traspaso de algunos vigilantes a otras empresas, mientras que en otros casos habrá que convocar nuevos concursos al estar prohibida la subrogación en algunas adjudicaciones”. Febles ha apuntado a la preocupación de algunos trabajadores respecto a que “este traspaso de vigilantes a otras empresas, se convierta en redireccionar empleados de SIC a otras empresas del propio Ramírez”.
Las quejas de empleados de seguridad contratados por la empresa Marsegur, por la precariedad en los sueldos y condiciones laborales, según explican a Diario 16, también supone “una sospecha para los empleados de SIC” que indican “la degradación laboral que sufrirían si fueran absorbidos por Marsegur al tener peores condiciones”, empresa que relacionan con Miguel Ángel Ramírez.
Algunos vigilantes de Seguridad Integral Canaria consultados por Diario 16, relatan “la tensión vivida durante los últimos 36 meses, que incluso les ha obligado a pedir ayudas a ONGs al no poder alimentar a sus familias, por los impagos continuados en tiempo y forma”. “Desconfiamos del proceso del cese de actividad que desarrolle SIC por el continuo incumplimiento que ha demostrado hasta ahora”, alegan algunos vigilantes que dicen sentir miedo por esta situación, y describen “aunque hayan pagado con retraso estos meses, el daño moral y económico ya está hecho para muchas familias”.
En declaraciones de Miguel Ángel Ramírez, en la radio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, con motivo del 68 aniversario de de este club de fútbol, ha destacado que “Seguridad Integral Canaria inicia un nuevo plan, una nueva estrategia dirigida al transporte de fondos, en la que esta empresa es una de las cuatro de España que se dedica a esta actividad”. La intención de Ramírez es dejar de invertir en seguridad “al haber en España más de 1500 empresas de vigilantes de seguridad”, “porque los concursos no dan para cubrir estos costos, pagamos tarde y mal, aunque a los trabajadores hay que pagarlos bien”.
El empresario ha reconocido que “llevamos unos meses con problemas para pagar a los trabajadores, porque tenemos problemas para cobrar”, y subraya “nos quitamos esta historia de arriba”, para “ceder los contratos de vigilancia a otras empresas”.
Igualmente, UGT solicita al Gobierno de Canarias que vele por los derechos laborales del personal de seguridad, al sufrir los trabajadores casos de precariedad por los convenios avalados por la Administración. Este sindicato según ha sabido Diario 16 ha mantenido un encuentro con los viceconsejeros de Empleo y Emprendeduría, Emilio Atienzar, y el del Políticas Sociales y Vivienda, Francisco Candil, debido a la “preocupación existente en el sector por las condiciones laborales que deben soportar los vigilantes de seguridad”. Además, estuvieron presentes representantes de los sindicatos CSIF y USO.
Los representantes de las consejerías han confirmado que estudiarán la posibilidad de establecer claúsulas sociales en los Pliegos de Contratación, según confirma UGT, que “eviten precisamente, que se den casos de deterioro de las condiciones laborales. Una práctica habitual para poder realizar ofertas más agresivas para optar a la concesión de un Servicio público”.

Conflicto laboral en SIC por impago a los vigilantes
La empresa de Ramírez, había llegado a un momento de máxima tensión durante el mes de agosto, por el reiterado incumplimiento en el pago a los empleados, según informó Diario 16. Los trabajadores de seguridad afectados por este conflicto laboral al no cobrar su sueldo este mes, se concentraron en la sede de SIC en Tenerife en señal de protesta días atrás. Los empleados de Ramírez soportan esta situación de retraso en los pagos desde hace 36 meses, tal como expuso Basilio Febles, Secretario General del sindicato FTSP-USO, en el último pleno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Febles denunció la precariedad laboral que sufren los trabajadores de SIC, así como la falta de resolución del consistorio.
Febles aseguró en declaraciones a Diario 16, que “los trabajadores de seguridad no habían cobrado aún este mes de agosto, cuando el convenio laboral estipula que los pagos se efectuarán del 1 al 5 de cada mes. Este nuevo incumplimiento de la empresa no solo afecta a los empleados de SIC en el ayuntamiento, sino a otros trabajadores de seguridad destinados en otros servicios”.
La presidenta del Comité de empresa en Tenerife, Dolores Espinosa, -del sindicato USO-, acudió a la delegación de Seguridad Integral Canaria en Santa Cruz de Tenerife, para formalizar las protestas por escrito en un documento que firmaron numerosos trabajadores exigiendo el abono inmediato de las nóminas.
Los trabajadores de SIC le han recordado a la empresa de Ramírez en su demanda, el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad Privada en vigor en su artículo 64, que “establece los pagos entre los tres primeros días hábiles y cinco días naturales”.
“Es una situación muy complicada para los trabajadores sin cobrar, porque de ellos dependen sus familias, hipotecas, alimentación, y esta precariedad provoca situaciones de estrés que se prolongan en el tiempo”, aseguró Basilio Febles (FTSP-USO), y expone que “no se comunica a los trabajadores de seguridad cuándo van a cobrar, mientras los intereses bancarios siguen en aumento para los empleados que se ven obligados a usar créditos todo los meses”
“El responsable del ayuntamiento de Santa Cruz en cuanto a las comunicaciones en este conflicto laboral con la empresa SIC es el Jefe de contratación, Javier Galarza, que “debería solucionar cuanto antes esta problemática con la empresa de Ramírez y encontrar las vías para paliar el sufrimiento de los trabajadores”, subrayó Febles, que indica volverá a contactar con el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, y con el alcalde del consistorio, José Manuel Bermúdez, “al continuar la polémica de los pagos irregulares, que a pesar de haber llevado al pleno de este ayuntamiento cuatro veces el mismo conflicto, lamentablemente se ha seguido repitiendo”.

Fuente:  http://diario16.com
 
 
 
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miércoles, 16 de agosto de 2017

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El arbitraje puede tardar hasta un año en resolver el conflicto de El Prat

El impulso del Gobierno a un laudo de arbitraje obligatorio no significa que el conflicto entre los trabajadores de Eulen y la empresa de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat se resuelva en breve. De hecho, los antecedentes demuestran que el proceso se puede alargar un año o más. Es el caso del enfrentamiento entre Iberia y sus pilotos en 2011, que se inició con huelgas en diciembre de aquel año y al que le siguieron dos laudos, uno en abril de 2012 y otro de diciembre, que para más inri fueron anulados posteriormente por la Justicia.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó el lunes que "no hay un plazo concreto" de arbitraje y propuesta de laudo, pero que se hará con la mayor celeridad posible. Por contra, desde el comité de huelga de los trabajadores de Eulen tildaron de "ilegal" el laudo arbitral porque la seguridad del aeropuerto "no está en peligro" y se están cumpliendo los servicios mínimos de la huelga indefinida iniciada el lunes, fijados en el 90% del servicio de los controles de acceso a las instalaciones aeroportuarias de la capital catalana.
En declaraciones a RNE, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, expuso que los trabajadores siempre están dispuestos a sentarse a negociar, pero reprochó al Gobierno que "ordene" en vez de "sentarse a hablar; que es lo que hay que hacer y no imponer". "El Gobierno utiliza las leyes como quiere cuando quiere. En este caso se demostrará que el laudo es ilegal y se lo tumbarán judicialmente", advirtió.

Normalidad en los accesos

El segundo día de huelga de 24 horas en El Prat se desarrolló con normalidad, igual que el primero, de forma que el tiempo máximo de espera para pasar el control de seguridad fue de 20 minutos. El cambio respecto a los paros parciales anteriores es una mayor presencia de la Guardia Civil, lo que no ha sentado bien a los huelguistas.
Giménez reprochó : "La Guardia Civil está encima de cualquier movimiento que los trabajadores hagan y tienen una presión añadida a la que ya tenían porque la Guardia Civil están encima de su trabajo constantemente". Habló de un nivel de tensión "increíble" y reivindicó que "la única manera de solucionar un problema es sentándose porque no van a tener a la Guardia Civil toda la vida detrás de los vigilantes". El ministro de Fomento defendió al cuerpo policial y aseguró que "no ha habido ningún problema con los trabajadores ni lo habrá".

Cumplimiento obligatorio

Al margen de las posibles demandas judiciales contra el laudo de arbitraje obligatorio que quiere impulsar el Gobierno hoy en Consejo de Ministros extraordinario, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para la resolución de conflictos incide en que, como su nombre indica, es "absolutamente obligatorio" cumplir con el laudo arbitral que derive del arbitraje interpuesto por el Gobierno.
En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora del SIMA, Beatriz Losada, explicó que, en el caso del laudo obligatorio que derive de una autoridad externa -un árbitro independiente designado por el Gobierno en el caso de que no haya acuerdo por las partes-, es "igualmente obligatorio, absolutamente obligatorio, y las partes deben someterse a él".
Desde el SIMA añadieron que tanto la representación legal de los trabajadores como la de las empresas "deben respetar el contenido del laudo" y que si éste se incumple, por ejemplo, sin dar por finalizada la huelga, "será ilegal y tendrá otras consecuencias".
El decreto de 1977 y revisado por el Tribunal Constitucional en 1981 que regula este tipo de arbitraje obligatorio dice que el Gobierno podrá imponer un arbitraje obligatorio por la duración o consecuencias de una huelga debido a la posición de las partes o la transcendencia para la economía nacional.
 
 
 
 
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martes, 15 de agosto de 2017

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El Gobierno ‘militariza’ los controles del Prat y puentea el derecho de huelga


El Gobierno ha recurrido a la Guardia Civil para hacer frente a la huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona de la empresa privada Eulen. Los agentes, que son militares, se han hecho con el control de la seguridad en los arcos, tanto de los pasajeros como de los equipajes mientras los trabajadores deben cumplir unos servicios mínimos del 90%.
La medida es polémica, no en vano los 350 trabajadores de Eulen encargados de los arcos de seguridad ejercen un derecho fundamental en su primera jornada de huelga indefinida tras sucesivas protestas parciales ejercidas en semanas anteriores.
La huelga se ha convocado en pleno puente de agosto, cuando se prevé que 91.800 pasajeros salgan del aeropuerto de El Prat sólo este lunes en los 500 vuelos programados de salida desde el citado aeropuerto.
Los agentes del instituto armado están presentes en los filtros de control de pasajeros y comparten con los empleados de Eulen tareas ejecutivas y no sólo de vigilancia, como solían hacer antes de los paros, según se aprecia esta mañana en la Terminal 1 del aeropuerto, informa Efe.
En los controles se aprecia la presencia de un par de agentes de la Guardia Civil en cada filtro, donde llevan a cabo tareas como revisión de equipajes de mano -para asegurar que no se transporta ningún objeto prohibido-, petición de la documentación de embarque y control del pase por el arco de seguridad.
Fuentes del aeropuerto de El Prat aseguran que, a partir de las 9.00 horas, se puede hablar incluso de "normalidad", ya que los tiempos de espera son de unos 10 minutos, mientras que en las horas previas oscilaban en los 20 minutos.
Los pasajeros realizan colas sin aglomeraciones, mientras que en los días de más afectación del conflicto atravesaban el vestíbulo y llegaban casi a las puertas de salida de la terminal.
La Delegación del Gobierno fijó en un 90% el servicio mínimo que deben cumplir los huelguistas, para garantizar los servicios esenciales, de tal manera que los guardias civiles se han colocado en cada arco de seguridad para asegurar su cumplimiento.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil criticó que el Ejecutivo "haga uso de unos funcionarios carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva" para "solventar" un problema que ha creado con la "privatización de la seguridad pública" en los aeropuertos y en otros sectores, como los centros penitenciarios.
"Ya habíamos advertido sobre las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública", subrayó la AUGC cuando estalló este conflicto al tiempo que recordó que "la plantilla de la Guardia Civil se encuentra bajo mínimos".

El Gobierno planea un órdago

Los aviones despegan sin incidencias desde primera hora de la mañana, mientras el Gobierno prevé lanzar un órdago a los huelguistas con la imposición de un laudo arbitral obligatorio.
El abogado de los trabajadores, Leopoldo García Quinteiro, considera "abusivos" los servicios mínimos fijados ante esta huelga indefinida.
Además, criticó el laudo arbitral obligatorio que pretende el Gobierno para doblegar a los huelguistas: "Mientras no se quiebren los servicios mínimos no se puede ir al arbitraje obligatorio", ha destacado el letrado quien apunta que esta fórmula surgió de "una ley franquista" cuyo "vigor ha quedado claramente desautorizado por las sentencias del Tribunal Constitucional".
"La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga", denunció: los servicios mínimos "se van a cumplir", como "se han cumplido escrupulosamente" hasta ahora.

Privatización de AENA y de su seguridad

Se da la circunstancia de que los guardias civiles se encargaban de los controles de seguridad de los aeropuertos hasta que el Gobierno decidió privatizar la seguridad pública.
La empresa propietaria del aeropuerto y responsable de sus servicios es AENA, propiedad del Estado en un 51% de su capital. El otro 49% de la sociedad fue privatizado en febrero de 2015.
Los trabajadores de Eulen rechazaron este domingo por votación la propuesta de mediación presentada por la Generalitat y que incluía un aumento salarial de 200 euros por doce pagas, lo que evitó que se pudiera cerrar el conflicto que se arrastra desde hace ya más de tres semanas y con paros parciales.
AENA ganó en el año 2016 1.164 millones de euros, lo que supuso un 40% más de incremento respecto al año anterior.Mientras, el Grupo Eulen ganó 14 millones de euros en 2016, un 65% más.
Ambas empresas han rechazado que fuera temeraria la oferta con la que Eulen ganó el concurso para el control de seguridad del aeropuerto.
Eulen se hizo con la subcontratación de la seguridad de las puertas de embarque en El Prat al realizar una oferta de un 2% inferior a Prosegur, que se encargaba de estas tareas hasta entonces después de que la Guardia Civil fuera apartada de estas funciones
Las colas más importantes se han vivido esta madrugada, antes de las 6.00 horas, y se deben, en gran parte, a que a esa hora sólo hay un filtro de seguridad abierto, y además los pasajeros tienden estos días a adelantar mucho su llegada al aeropuerto de El Prat para evitar perder sus vuelos por las demoras en los puntos de control de seguridad.

Fuente:  http://www.publico.es
 
 
 
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domingo, 13 de agosto de 2017

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Los vigilantes de El Prat rechazan el acuerdo y mantienen la huelga indefinida a partir del lunes

El 'no' se ha impuesto de forma masiva, con 150 votos frente a 36 del 'sí' y un voto nulo.
 
Recuento de votos en la asamblea de los vigilantes de El Prat.
 
Los vigilantes de seguridad de El Prat han rechazado esta tarde el acuerdo ofrecido por la Generalitat y han decidido mantener la convocatoria de huelga indefinida en el aeropuerto de Barcelona, que comienza este mismo lunes, en pleno puente de agosto. Pese al ultimátum lanzado por el Gobierno central, los trabajadores han votado no al aumento salarial aceptado por Eulen _un complemento de hasta 200 euros al mes en 12 pagas_ y mantienen el pulso, que amenaza con provocar una situación de colapso en El Prat. En la asamblea han participado 187 de los 350 empleados de los controles de seguridad. El no se impuso de forma masiva, con 150 votos frente a 36 del sí y un voto nulo.
Con la votación, se abre ahora un panorama incierto. En primer lugar, para los pasajeros de El Prat, que desde el pasado 24 de julio sufren las consecuencias del conflicto laboral y han tenido que soportar largas colas en los controles de seguridad del aeropuerto. Ahora, esos pasajeros afrontan no ya paros parciales, sino una huelga indefinida en una de las épocas del año con mayor tráfico aéreo. En segundo lugar, para el Gobierno, que deberá gestionar a partir de ahora no ya unos paros parciales, sino una huelga indefinida.
 
Las consecuencias también las afrontarán los propios trabajadores, que seguirán buscando mejoras a sus condiciones pero con una espada de Damocles sobre la cabeza: la advertencia del ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, de que si triunfaba el no el Ejecutivo impulsaría un laudo arbitral para obligar a los trabajadores a ocupar sus puestos de trabajo. De la Serna también ha advertido de que, si se mantiene la huelga, la Guardia Civil se hará cargo de los filtros de seguridad en las dos terminales del segundo aeropuerto español.
Las amenazas de De la Serna no han servido para calmar el ánimo de los vigilantes de seguridad, sino más bien lo contrario. “La actitud del ministro ha sido arrogante, sus amenazas están fuera de lugar”, ha valorad Leopoldo García Quinteiro, abogado del comité de huelga de Eulen, al término de la votación, que se ha producido en un centro cívico de El Prat de Llobregat cercano al aeropuerto. Por la mañana, en plena incertidumbre por los resultados, Puri Infante, miembro del comité de huelga, había advertido ya sobre las “coacciones” del ministro: “Esto se podría haber solucionado mucho antes. Ahora [De la Serna] se preocupa por tumbar una huelga, que es un derecho constitucional”.
 
El pasado jueves, los trabajadores rechazaron ya la propuesta ofrecida por la Generalitat -que ejerce de mediadora en el conflicto- en su aspecto económico. La propuesta supone un incremento salarial de 200 euros al mes en 12 pagas. Fuentes del comité, sin embargo, señalan que esa es solo una parte de la verdad. En especial, para los vigilantes veteranos, que según ese acuerdo ven suprimidos dos pluses que cobraban cuando fueron contratados por Prosegur. En junio del año pasado, Aena adjudicó a otra empresa, la multinacional Eulen, el control de seguridad en el aeropuerto.
Los trabajadores subrogados de Prosegur -que tenían mejores condiciones laborales con esa compañía- son los que han decantado el sentido de la votación. Muchos de ellos ocupan su puesto en el aeropuerto desde 2009, cuando se inauguró la nueva terminal, la T1. Es el caso de Francesca, que por la tarde se acercó al centro cívico para anunciar su voto negativo. “Lo de los 200 euros se ha explicado mal. Al quitarnos los pluses de Aena, el aumento en realidad es de 100 euros brutos. Así que no vale la pena”, explicó la vigilante, que aseguró no tener “ningún miedo” al ultimátum lanzado por el Gobierno.
La votación clave de hoy ha coincidido con una nueva jornada de paros parciales (la quinta). Las colas en los controles de seguridad esta mañana, sin embargo, han sido menores que en días precedentes. Los pasajeros tuvieron que esperar un máximo de 30 minutos para atravesar el arco de seguridad en las dos terminales (T1 y T2) del segundo aeropuerto español. Una de las causas de esa relativa tranquilidad pese a la huelga fue la presencia -cada vez más ostentosa- de agentes de la Guardia Civil, que desarrollaron tareas de control de equipajes y supervisaron las tarjetas de embarque junto al personal privado de Eulen.
Como ha sido habitual desde que estalló el conflicto laboral -el 24 de julio-, la mayor concentración de pasajeros se ha producido a primerísima hora de la mañana. Conscientes de que podrían producirse retenciones, los viajeros se presentaron en las terminales con más de las dos horas de antelación aconsejadas. Esa precaución extrema, unida al elevado tráfico aéreo propio de un fin de semana de agosto, provocó colas voluminosas a las cinco de la mañana. El tráfico, además, no para de crecer en El Prat: 22,1 millones de pasajeros (un 8,5% más) en el primer semestre del año, según dio a conocer ayer el Consejo Internacional de Aeropuertos.
 
 
 
 
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Eulen hará huelga total en El Prat

Los empleados rechazan la oferta de la Generalitat.
 
Habrá huelga total en el aeropuerto de El Prat. Los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona han decidido esta tarde rechazar la oferta de mediación (36 votos a favor y 150 en contra) que la Generalitat puso sobre la mesa y que rechazaron inicialmente el pasado jueves. Los empleados de Eulen han dedicado la jornada a analizar los pros y contras de la decisión que tomaron el viernes, a la vista de que el Ministerio de Fomento ha amenazado con poner fin a este conflicto laboral con la imposición de un laudo de obligado cumplimiento, que podría comportar un incremento de sueldo y de plantilla incluso menor que el que propuso la Generalitat con su mediación. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se pronunciará a partir de las 19.30 sobre la decisión de la plantilla de Eulen.
De la Serna, ya había advertido que la asamblea era "la última oportunidad" que tenían los trabajadores de Eulen, responsables de los controles de seguridad de El Prat, para aceptar la oferta de mediación. Es decir, todo indica que no habrá más negociaciones.
La jornada decisiva de hoy ha coincidido con un nuevo día de paros parciales en el aeropuerto, que se han traducido en colas de alrededor de media hora en la T1 hacia las cinco de la mañana, aunque luego han disminuido y a media mañana la situación era de normalidad, según fuentes del aeropuerto. Una de las explicaciones de la normalidad relativa en buena parte de la jornada es la puesta en marcha por parte del Gobierno del dispositivo especial de la Guardia Civil para reforzar las líneas de control en el aeropuerto. Los agentes se han incrustado en los puestos de control y han evitado que los vigilantes hagan huelga de celo en las franjas horarias en que no había convocados paros parciales.

La oferta

La oferta que planteaba la mediación de la Generalitat prevé un complemento de 200 euros al mes por 12 pagas y otras medidas organizativas.
En la primera asamblea, para sorpresa de las administraciones, fueron incluidas, además de la propuesta de la Generalitat, la del comité de empresa y otras dos opciones intermedias, y finalmente se impuso una de estas últimas que reclamaba un aumento salarial de 250 euros en 15 pagas.
El asesor del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, se había mostrado escéptico respecto a un cambio de opinión de la asamblea de trabajadores y había asegurado que ve más factible que vuelva a ganar el no.

Fuente:  http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170813/huelga-eulen-aeropuerto-prat-votacion-asamblea-guardia-civil-6221720
 
 
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