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martes, 31 de marzo de 2015

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Adif saca a concurso el servicio de seguridad de las estaciones del centro y el Sur por 19 millones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Adif ha sacado a concurso el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad para las estaciones de tren del centro y el Sur del país durante un periodo de quince meses y por un importe de 19,7 millones de euros.
El contrato abarca a las instalaciones de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, según informó la compañía pública.
Además de la vigilancia y seguridad en las estaciones de tren, las empresas adjudicatarias deberán también prestar este servicio en los terminales de mercancías y los edificios técnicos y administrativos, además de en infraestructuras viarias.
Adif recuerda en un comunicado que en virtud de la Ley de Seguridad Privada, los servicios de vigilancia y seguridad deben ser obligatoriamente prestados por personal perteneciente a empresas privadas de seguridad.
 
Fuente: 
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Contratar a auxiliares de seguridad en urbanizaciones será sancionado con 600.000 €


La multa es triple: al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de este cuerpo. Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, aunque falta por desarrollar el reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de 2015.
El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.
Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, que en muchos casos es el fontanero o el jardinero de la urbanización. El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa.
“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad, determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el procedimiento. En muchas ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya la Policía.
La ley potencia la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante puede también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del Interior como los profesionales de la seguridad, que además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas y una formación específica dirigida al servicio de vigilancia.
Esta normativa permite que los vigilantes privados actúen en más espacios y aumenten sus oportunidades de empleo. Actualmente hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000 personas. En la provincia de Málaga, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley.
 

lunes, 30 de marzo de 2015

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Interior recluta a la seguridad privada contra el yihadismo


Policía y Guardia Civil se han reunido con los responsables de más de 200 empresas
 
Primero fue la Policía Nacional. Apenas 24 horas después, la Guardia Civil. Ambos cuerpos mantuvieron una intensa jornada de trabajo con las empresas de seguridad privada. Y cuál era el objetivo: lograr su implicación en la lucha contra el terrorismo islamista. Es la primera vez que se producen estos encuentros. Es la primera vez que la seguridad pública busca la colaboración activa de la seguridad privada en el ámbito del terrorismo internacional. Porque, como explicaron los mandos de estos cuerpos a los responsables de las empresas, aunque la preparación de España para hacer frente a este fenómeno es muy potente, todo es poco.

El nuevo enemigo es, «demasiadas veces invisible», alertan las Fuerzas de Seguridad. No en vano, tras los atentados en París, el nivel de preocupación en Europa en general y en España en particular ha aumentado. De hecho, las autoridades responsables de la seguridad del Estado decidieron entonces elevar el nivel de alarma, un nivel que se encuentra por encima del que sería el umbral de la tranquilidad. Por este motivo, el pasado miércoles, especialistas de la Policía Nacional se reunieron en el complejo de Canillas (Madrid) con más de dos centenares de representantes de empresas de seguridad privada. Al día siguiente, el encuentro se repitió en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno, para un auditorio parecido.
 
En ambos casos, el objetivo era doble. Muchas de las empresas de seguridad allí reunidas tienen importantes intereses fuera de España. ¿Prioridad de la Policía y la Guardia Civil?: recabar todo tipo de datos que estas empresas puedan obtener en territorios de máxima sensibilidad. Hablamos de empresas con asentamientos en países del Magreb o limítrofes. Los responsables policiales quieren tener cauces de comunicación directa con estas empresas, quieren conocer, casi en tiempo real, cualquier dato que obtengan en esas zonas «calientes» del planeta y que puedan ser interpretadas en clave de seguridad nacional.
 
Saben que esas zonas son las de influencia máxima del autodenominado Estado Islámico y de las tramas aún vivas de Al Qaeda. Y saben que esas empresas, con potentes inversiones en las zonas, disponen no sólo de sofisticados y completos despliegues de seguridad, sino que también mantienen buenas relaciones con los gobiernos de las zonas afectadas. Así que consideran que sus aportaciones pueden dar luz en determinados momentos sobre la incidencia terrorista en esa zona y su eco en Europa. Este tipo de encuentros no se habían puesto en marcha jamás. La cooperación entre el sector público y el sector privado se limitaba básicamente a la delincuencia común. La relación es claramente de subordinación, que la seguridad privada está obligada a participar a las autoridades de la seguridad del Estado. Pero en el plano del terrorismo, la colaboración no se contemplaba hasta ahora.
 
Este salto, calificado de «muy importante» por los empresarios del sector, supone un cambio de tendencia importante en cuanto a la colaboración policial en materia de seguridad entre ambas esferas. Lo que reclama Interior es básicamente información. Ampliar la plantilla de fuentes, de cauces por las que lleguen datos de las zonas calientes.

Prevención de atentados Pero estas jornadas tienen una segunda clave mucho más interna: la colaboración de todo el sector privado en actuaciones contra el terrorismo islamista en España. El «ejército» privado es más numerosos incluso que la suma de policías y guardias civiles, más de 300.000 miembros en seguridad privada.

Interior considera que su preparación, su ubicación (en sedes estratégicas en muchos casos) y sus «ojos» pueden y deben ser claves también en la prevención de acciones terroristas. La seguridad de edificios emblemáticos, de instalaciones públicas, de grandes centros comerciales o, incluso, de instalaciones estratégicos de telecomunicaciones o de transporte, están en manos de la seguridad privada. El control sobre ellas (sobre todo el tecnológico) está en poder de estas empresas. Y la cantidad de información que está en su poder es enorme. Los planes básicos de colaboración habitual están perfectamente establecidos y funcionan de forma casi automática desde hace años. Pero esa colaboración no se había extendido hasta ahora hacia el terrorismo. Y menos, hacia el terrorismo islamista.
 
El Estado quiere los «ojos» de los privados, tanto de sus agentes como de su tecnología. Entiende que existe un flujo importante de datos y que hay que tenerlos en cuenta. Durante las jornadas celebradas esta semana, se busca crear un ambiente de coordinación en el tema más sensible. Las Fuerzas de Seguridad, sus especialistas, aportaron algunos datos operativos a las empresas de seguridad, les explicaron algunos funcionamientos de unidades especiales ante posibles atentados terroristas.

domingo, 29 de marzo de 2015

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Seguridad Integral Canaria, denunciada: piden a Rivero que rescinda sus contratos

Los problemas con la seguridad privada en Espaaña.
Primero pidieron a Defensa que cancelara contratos con Seguridad Integral Canaria por fraude a Hacienda; ahora hacen lo propio a la Consejería de Justicia del gobierno canario.
 
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha pedido al director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Alejandro Parres, la nulidad del contrato del servicio de vigilancia que ejecuta en las islas la empresa Seguridad Integral Canaria y que proceda a su rescisión. Esta nueva denuncia sindical se acumula a otras sobre las supuestas infracciones en las que habría incurrido esta empresa perteneciente al Grupo Ralons, cuyo mayor accionista es Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente, además, del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas.
Como ya informó Vozpópuli en su momento, los sindicatos también han pedido a Pedro Morenés la revisión de los contratos que el Ministerio de Defensa mantiene con esta sociedad privada, a la que adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de las instalaciones militares. En una carta firmada por Duarte, se informaba ya entonces de los asuntos con la justicia que supuestamente tendría pendientes el presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez.
Ahora, según el nuevo documento al que ha tenido acceso este diario, Duarte, en su condición de secretario general de la FTSP-USO, pide a la Consejería de Justicia del Gobierno canario que ostenta el socialista Francisco Espínola la rescisión de los contratos con SIC que afectan a todos los servicios de seguridad de los juzgados en las islas.
En su denuncia, Duarte recuerda que USO ya mantuvo en 2013 una reunión con el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Joaquín Herrera, a quien se le trasladó la “gravedad del problema existente” con SIC. Entre otras cosas, según el documento, esos problemas eran fraudes a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social, así como impagos a los trabajadores. “Todo ello con dinero público de los canarios”, según el informe.
“La empresa paga parte de sus salarios en B”, según la denuncia
Concretamente, esas supuestas irregularidades se centrarían en el “retraso continuado” en el abono de salarios, disminución reiterada de los mismos, “sanciones por infracciones graves” en el orden social, “no cumplir con las disposiciones en materia tributaria y de seguridad social” y, en general, incumplimientos reiterados respecto a la ley de seguridad privada.
Según el máximo responsable de la FTSP-USO, Seguridad Integral es hábil en lograr el aplazamiento de las sanciones en cada materia incumplida una vez que le han sido impuestas, y se aprovecharía de que ninguna de las administraciones actuantes habría dado traslado de esas sanciones al organismo competente en materia de contratación.
A ese respecto, Duarte afirma en un escrito remitido a Vozpópuli que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias, “esto no supone que lo cumpla. Lo cierto es que es sobradamente conocido que Seguridad Integral Canaria paga parte de sus salarios en dinero ‘B’ o mediante otros conceptos, evitando el pago de esta cotización y también de los correspondientes impuestos”, dice Duarte.
Por esos hechos, Miguel Ángel Ramírez estaría imputado por un “presunto delito fiscal” en el Procedimiento Penal que se sigue en el Juzgado Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria. También en el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife, por falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos.
 
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Prosegur dará a conocer sus principales líneas de negocios en ASIS, la feria internacional de la seguridad privada

ASIS Europa se celebra en su décimocuarta edición en Fráncfort y reunirá a más de 600 expertos internacionales
 
La multinacional española enseñará sus tres líneas de negocio: Soluciones Integrales de Seguridad (SIS), que combina los servicios de vigilancia y tecnología, la Logística de Valores y la Gestión de Efectivo y Alarmas
Prosegur, una de las principales compañías del sector de la seguridad privada a nivel mundial y líder en España, participa en la decimocuarta edición de ASIS Europa que este año se celebra en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Prosegur la compañía española dará a conocer sus tres líneas de negocio: Soluciones Integrales de Seguridad (SIS), que combina los servicios de vigilancia y tecnología, la Logística de Valores y la Gestión de Efectivo y Alarmas.
 
El evento, que comienza este domingo, se extenderá hasta el próximo martes, día 31 de marzo. A esta feria acudirán más de 600 expertos en materia de seguridad procedentes de todo el mundo, junto a los principales agentes públicos y privados internacionales del ámbito de la seguridad privada, para compartir las últimas tendencias en la gestión del sector. Durante los tres días de encuentro, el centro de congresos de Frankfurt acogerá a las principales compañías de servicios de seguridad y ofrecerá seminarios que analizarán las diferentes especializaciones del sector.
 
Desde el área de Soluciones Integrales de Seguridad (SIS), la Compañía, gracias al conocimiento de las áreas de riesgo en la cadena de valor de cada segmento o negocio, desarrolla servicios específicos para cada sector, desde centros comerciales o aeropuertos, hasta entidades financieras o infraestructuras críticas. Algunos ejemplos son las soluciones compuestas por servicios de vigilancia y tecnología integrados, como la vigilancia dinámica, la consultoría y el análisis de riesgos, el monitoreo y la custodia de mercancías o los centros de control y sistemas de CCTV, entre otros. En total, el pasado año, Prosegur llevó a cabo más de 210 millones de horas de servicio.
 
Ciberseguridad Prosegur también ha comenzado a operar en el ámbito de la ciberseguridad. En concreto, la compañía ha puesto en marcha un centro global de operaciones, formado actualmente por 50 profesionales con un conocimiento técnico en el ámbito de la seguridad de la información, desde el que desarrolla soluciones de seguridad lógica, vigilancia digital y ciberinteligencia. En relación al área de Logística de Valores y Gestión del Efectivo, la multinacional española del sector de la seguridad privada trabaja para hacer más eficiente el ciclo de vida de este medio de pago, gestionando el mantenimiento de más de 80.000 cajeros automáticos en todo el mundo. Asimismo, ofrece soluciones para la externalización de actividades y procesos de negocio en el ámbito financiero. Con este objetivo, Prosegur cuenta con una flota de más de 5.200 blindados y en 2014 ha abierto nuevas bases logísticas en Brasil, Perú o Portugal.
 
Asimismo, la compañía española también ha hecho una fuerte apuesta en su negocio de Alarmas. Prosegur desarrolla sistemas de alarmas de intrusión, localización de vehículos y personas y sistemas de control de accesos, entre otras soluciones, para mejorar la seguridad y tranquilidad de familias y negocios.

sábado, 28 de marzo de 2015

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La contratación de Eulen por la Ciudad Autónoma es "ilegal" y "arbitraria"


El sumario de la Operación Tosca revela que la contratación de la empresa Eulen con la Ciudad Autónoma de Melilla es “ilegal” y “arbitraria” mediante el uso de contratos menores fraudulentos. Además, los informes de la Guardia Civil dejan ver cómo Eulen accedió a pliegos de varios concursos públicos antes de su publicación oficial y cobró por prestar servicios que realmente nunca se hicieron.  El análisis de los emails intervenidos en la mercantil pone de manifiesto el grado de control e influencia del gobierno de Imbroda en la contratación de personal en la mercantil
“Ilegal” y “arbitraria”. Así define la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la contratación entre la empresa Eulen y la Ciudad Autónoma entre los años 2004 y 2008. En ese periodo, la mercantil facturó 9,6 millones de euros. Según la investigación, más de 9,5 millones de dinero público se pagó mediante contratos menores fraudulentos y adjudicados a dedo sin que existiera un concurso público. El objetivo de esta práctica, según la Guardia Civil, fue “eludir los requisitos de publicidad, concurrencia y libertad de acceso a la contratación pública”. De hecho, los investigadores aseguran que ni siquiera en los contratos menores de servicios se cumplía la normativa, puesto que en algunos casos superaban el límite de los 18.000 euros.
Sin embargo, Eulen también ha ganado concursos públicos, pero en procesos con “graves irregularidades”, según los investigadores. Y es que, como ya pasó en Medio Ambiente con Hispanagua, Eulen accedió a los pliegos de licitaciones antes de que se publicaran oficialmente. Además, ganó concursos con pliegos hechos a la medida de la mercantil, según la Guardia Civil.
Las irregularidades no acaban en los procesos de contratación, también existen durante el desarrollo de los contratos. En uno de ellos, la Guardia Civil ha contabilizado casi 370.000 euros en horas de servicios que nunca se realizaron.
Por último, el tráfico de emails entre responsables de Eulen ponen de manifiesto, según la investigación, “conductas que prueban el grado de control e influencia que, determinados cargos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercerían sobre la empresa Eulen a la hora de conseguir contratos laborales para personas determinadas o de decidir sobre incrementos salariales para éstas”.
 

jueves, 26 de marzo de 2015

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Luis Soria también representa a Securitas, y viene concurso público

Este jueves se abrirán las plicas de una licitación de 5 millones de euros para la seguridad de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria.
Al hermanísimo se le ha visto mucho últimamente en compañía del gerente de la empresa pública, Enrique Caballero, impuesto en el cargo por el señor ministro.
Se derrumban las campañas mediáticas en favor del mamotreto, en Tenerife, y Stratvs, en Lanzarote.

Luis Soria.
Todavía no nos hemos recuperado del shock que nos provocó (parece que solo a nosotros, que no perdemos la capacidad de asombro) la alambicada adjudicación que el alcalde de Los Realejos hizo del alumbrado público de su municipio. Manolo Domínguez, como se llama este diligente regidor, es el presidente del Partido Popular en Tenerife, y unos meses antes de aquella adjudicación recibió en el Ayuntamiento la visita de un personaje de postín: Luis Soria López, hermano de su hermano José Manuel, que acudía acompañado de un directivo de la empresa Effico.
Como había hecho en otros ayuntamientos gobernados por el PP, Luis Soria se limitó a sugerir amistosamente que lo mejor que le podía pasar a Los Realejos era convocar y adjudicar un concurso que pudiera ganar la empresa que patrocinaba, y de allí salieron los visitadores con la certeza de que todo iría sobre ruedas.
Pero los del Canarias Ahora tuvieron la feliz ocurrencia de contar aquella trapisonda y los planes se truncaron momentáneamente.
Como buenos prestidigitadores que son, los personajes de la historia idearon una escapatoria aparentemente perfecta: que el concurso lo gane Endesa y que Endesa subcontrate todo el trabajo a Effico ante la imposibilidad de ejecutarlo.
Y así fue, tal y como recogen las crónicas, y producto de aquel impagable servicio a la familia, Manuel Domínguez fue premiado con el primer puesto al Cabildo de Tenerife desplazando al mítico cirujano Antonio Alarcó, que se ha tenido que conformar de momento con la candidatura a la alcaldía de La Laguna.
Creíamos que con esta escaramuza tan chiripitifláutica, Luis Soria iba a extremar sus precauciones. Pero no. Apenas han pasado cuatro meses de aquella adjudicación y ya anda el hermanísimo de nuevo entregado a las andadas, ahora patrocinando a la poderosa Securitas ante el Cabildo de Gran Canaria.
Un concurso de 5 millones para 4 años
Pues sí. Las influencias son las influencias, y ya hacía tiempo que Luis Soria había iniciado su acercamiento al Cabildo de Gran Canaria a través del portavoz del PP y consejero de Obras Públicas, Carlos Sánchez, ante el que también intercedió para que Effico se llevara el alumbrado de las carreteras insulares, otro pastizal que metía a la institución en una espiral de mayor gasto y cero eficiencia energética. Y tampoco quedaron saciadas sus ambiciones. Ahora, como decíamos, ha entrado también en el gremio de la seguridad privada para organismos públicos defendiendo los intereses de una de las más importantes compañías del sector. Este jueves se van a abrir las plicas (el sobre número 3, para ser más precisos) del concurso de seguridad para la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, organismo dependiente del Cabildo (5 millones de euros para los próximos 4 años), y en su consecución se ha lanzado el más chico de los Soria a ver lo que puede agenciarse. A tal fin se ha trabajado con mucha dedicación al director gerente, Enrique Caballero Madera, que fuera colocado en 2011, nada más regresar el PP al poder, por intermediación directa de José Manuel Soria, del que es muy amigo. Caballero no tenía ni pajolera idea de transporte público cuando llegó a ese puesto, salvo el conocimiento en la comercialización de vehículos industriales de la marca Iveco que representa su familia (F. Caballero Massieu, S.A.) en la provincia de Las Palmas, de cuya empresa fue consejero hasta 2010. Quizás a esa inexperiencia pueda deberse que el concurso para la seguridad de la Autoridad Única del Transporte se publicara hace ahora un año y todavía esté sin adjudicar lo que, evidentemente, beneficia a la actual adjudicataria, que no es otra que Securitas, mira tú qué cosas. Hemos preguntado cuál es el motivo de ese enorme retraso y todo parece girar en torno a una de las cláusulas de la licitación, aquella en la que se valora con 10 puntos (sobre 100) que la empresa concursante disponga de central de receptora de alarmas en la isla de Gran Canaria, exigencia que no cumpliría la compañía que patrocina Luis Soria. De ahí que tanto Securitas como Aproser, la asociación nacional que engloba a las grandes compañías de seguridad privada, con Prosegur a la cabeza, hayan interpuesto recurso, tanto ante la propia Autoridad Única como ante los tribunales de justicia. A Enrique Caballero y a Luis Soria se les ha visto frecuentemente en amor y compaña por los alrededores del edificio Insular II, en la calle de Venegas, de la capital grancanaria. Veremos hasta dónde llegará este jueves esa contaminación del más allá porque toda la polémica va a girar en torno a si basta con “comprometerse” a tener una central receptora de alarmas en un plazo no establecido en las bases o si, como se deduce claramente de las mismas, hay que tener ya operativa esa central para obtener esos 10 puntos, que podrían ser decisivos.
  Campañas fantásticas con final catastrófico
Todavía están lejos de figurar en los anales de las campañas fantásticas, pero se acercan, no lo duden. Maestros del género como Pedro J. Ramírez, que un día confesó en un programa de televisión que se le había ido la mano con lo del 11-M y al siguiente volvió a darle a la rueca, deberían sin embargo darse un garbeo por Canarias y estudiar algunos intentos menos exitosos pero singulares de corromper la verdad a partir de un hecho cierto del tamaño de un garbanzo. En Tenerife y en Lanzarote se viven de un tiempo a esta parte dos campañas mediáticas que podríamos incorporar a ese género del periodismo creativo puesto al servicio de la corrupción más obscena, dos campañas a las que no parecen afectar los sucesivos revolcones que se llevan de la justicia y de los ciudadanos que las contemplan con los ojos como chopas. El caso del mamotreto de la playa de Las Teresitas, con condenas de prisión e inhabilitación contundentes para tres concejales y tres funcionarios, va camino del guiñapo más grotesco. Cuando se produjo la condena de instancia, el Tenerife de los próceres, de Plasencia y de González, de ATI y de los poderes ocultos (que ni se mencionan, pero existen) desplegó con mucha sutileza sus tentáculos para tratar de convertir en absolutoria aquella sentencia en la Audiencia Provincial. Bueno, sutileza en la campaña, y absoluta tosquedad en el recurso que firmó Eligio Hernández, quien llegó a acusar a la juez de instancia directamente de ignorante y cuasi prevaricadora. Luego, ante un segundo y sonoro fracaso, hicieron acto de presencia unas misteriosas nuevas pruebas que nadie ha visto y según las cuáles los peritos que intervinieron en el juicio mintieron descaradamente con no se sabe muy bien qué aviesas intenciones. Esas pruebas consistirían, de existir, en un error en el deslinde de la Demarcación de Costas que el Tribunal Supremo acaba de calificar de auténtica memez porque, en resumen, no vienen a modificar en absoluto el descaro con el que los condenados delinquieron para levantar ese vergonzoso edificio en la playa de Las Teresitas. Ahora van a por el enésimo intento, un recurso de revisión prácticamente con la misma cantinela. Para la posteridad quedarán los profundos artículos en el Diario de Avisos del arquitecto urbanista José Ángel Domínguez Anadón, ya conocido en los ambientes jurídicos como el maestro. Que al menos Plasencia se lo premie, porque hasta ahora su esfuerzo ha resultado completamente inútil y ridículo.
Otra campaña fallida: Stratvs
En Lanzarote la cosa no está siendo más pacífica, casi podríamos asegurar que al contrario. La petición del fiscal Ignacio Stampa de quince años de prisión, quince, para el todopoderoso empresario Juan Francisco Rosa puso este martes patas arriba a media isla, la que se tropezaba con la cruda realidad de que alguien le estaba mintiendo acerca de la inocuidad de lo ocurrido en La Geria, concretamente en la bodega Stratvs. ¿Cómo es posible que una construcción así, tan mimetizada con el paisaje, albergando a una bodega ejemplar que produce unos caldos apreciadísimos, haya sido construida en suelo ajeno, vulnerando las leyes ambientales y urbanísticas y con sus promotores falsificando documentos para conseguirlo? Eso viene siendo, en resumen, lo que dice el escrito de calificaciones del Ministerio Fiscal, una sucesión de actuaciones delictivas que le llevan a declarar la bodega de Stratvs como el mayor atentado ecológico jamás perpretado en Lanzarote. En defensa de esa actuación, los medios afines al empresario Rosa, particularmente el grupo Lancelot, no se han detenido en minucias y valiéndose ora de su propio arsenal, ora del refuerzos procedentes de Las Palmas, ha vomitado todo tipo de sandeces contra la jueza instructora, el fiscal, la fundación César Manrique, el PSOE y algunos particulares que se han atrevido a afearles la posturita esa genuflexa y tal. Ha llegado a tal punto la manipulación que ni siquiera en su edición digital de este martes Lancelot publicó la noticia de la que se hicieron eco todos los medios canarios. A igual que en Tenerife al Mamotreto seguirá el caso de Las Teresitas, con imputados reincidentes en serio peligro de entrar en la cárcel, en Lanzarote al caso Stratvs seguirá algún día la fase magra del caso Unión. Veremos lo que nos toca leer para entonces.
 
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que VINSA, UGT y USO vulneraron la libertad sindical.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una sentencia en la que considera que la empresa de seguridad VINSA y los sindicatos UGT y USO vulneraron la libertad sindical de la CIG al excluir a esta organización de la comisión de seguimiento de la modificación sustancial de condiciones de trabajo firmados por los tres primeros.
La CIG informó en un comunicado de esta decisión judicial, ante la que el secretario nacional de CIG-Servizos, Paulo Rubido, señaló que "no es la primera vez que en el sector de la seguridad privada se emite una sentencia de este tipo, pero sí lo es en la que se acredita que se produce una situación de vulneración de libertad sindical por parte de dos sindicatos estatales".
El sindicato nacionalista recuerda que hace un año y medio VINSA, UGT y USO firmaron un acuerdo de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que, para la CIG, fue "injusto, ineficaz, sectario y discriminatorio" y que provocó "despidos, traslados forzosos, desplazamientos, conflictos con los horarios y con las vacaciones". Para el seguimiento de este acuerdo se creó una comisión formada por UGT, USO y la empresa, de la que se excluyó a la CIG, "con el objeto de marginarla en las relaciones laborales de la empresa", según denuncia en su escrito.
 
El delegado de personal de la CIG en VINSA José Antonio Antas considera que la comisión pasó a funcionar como un comité de empresa paralelo, en el que entre las tres partes tomaban decisiones relativas a todo tipo de temas, desde la reclamación de pluses hasta prevención de riesgos, pasando por traslados, horarios e incluso vacaciones. Por ello, la CIG interpuso una demanda de tutela de la libertad sindical que ahora resolvió el TSXG, que elimina la comisión de seguimiento y obliga a los tres a pagar una multa que cuantifica en 1.000 euros por su conducta antisindical y excluyente, recoge CIG-Servizos.
 
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La Guardia Civil protegerá también el interior de las centrales

Este cuerpo ya se ocupa de la seguridad en el perímetro de las centrales nucleares, mientras que la seguridad en el interior está hasta ahora en manos del sector privado.
La Guardia Civil protegerá el interior de las centrales nucleares españolas, dentro del Plan de Seguridad Estratégica estatal, y, tras el verano, se aplicará un plan piloto en las tres plantas catalanas, ha informado hoy el coronel José Aledo, jefe de la Comandancia de Tarragona.
El Ministerio del Interior despliega un Plan de Seguridad Estratégica, que pretende aumentar los niveles de seguridad y de respuesta ante cualquier tipo de emergencia, en un escenario en que hay que abordar la seguridad desde una óptica global, ha explicado hoy el coronel Aledo en una jornada de puertas abiertas en la Comandancia de Tarragona.
La Guardia Civil ya se ocupa de la seguridad en el perímetro de las centrales nucleares, mientras que la seguridad en el interior está hasta ahora en manos del sector privado.
Aledo ha especificado que la Guardia Civil no sustituirá a la vigilancia privada, sino que se trata de "aumentar los estándares de seguridad y elevar la capacidad de respuesta".
En este sentido, el Plan de Seguridad Estratégica también prevé reforzar las actuaciones de la Guardia Civil en los depósitos nucleares y en el futuro almacén temporal centralizado de residuos radiactivos.
Según el coronel jefe de la Comandancia de Tarragona, este Plan es anterior a los últimos atentados terroristas islamistas porque "es otro concepto de seguridad", aunque ayudará a "prevenir cualquier atentado".
Para ello, ya se han iniciado los trámites para convocar empleo público para cubrir estos nuevos puestos, que también precisarán formación especializada.
El Plan no prevé de momento reforzar la seguridad en otras infraestructuras sensibles, como el caso de las petroquímicas de Tarragona, que concentran los polígonos más importantes del sur de Europa.
Aún así, la Guardia Civil también planea cambiar la base marítima de Torredembarra, a escasas millas del puerto de Tarragona, a las instalaciones portuarias tarraconenses para mejorar la seguridad.
"Tarragona tiene un gran tráfico de buques de gas y petróleo y menos mal que vive de espaldas al mar y no es consciente de los riesgos", ha aseverado el coronel jefe.
Así, el cambio de base marítima del Instituto Armado permitirá aumentar los controles, con su consiguiente impacto positivo en la seguridad y también está previsto establecer un puesto permanente en la futura terminal de cruceros del puerto tarraconense.
Entre otras medidas para afrontar la seguridad desde un punto de vista más global, también se prevé la puesta en servicio de drones a medio plazo y profundizar en el uso de las nuevas tecnologías.
Precisamente, la jornada de puertas abiertas ha mostrado el centro de control, que dispone de cámaras en la costa de Sant Carles de la Ràpita, Vandellòs i Hospitalet de l'Infant y Tarragona, que cubren un amplio espectro marítimo con una gran capacidad de detalle.
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CÁDIZ: Un sindicato pide vigilantes de seguridad en las oficinas del paro por "agresiones" a funcionarios


El SAF denuncia que la falta de personal incrementa la crispación de los desempleados

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha solicitado por escrito a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Cádiz que "se garantice la seguridad en todas las oficinas SAE por medio de la contratación de vigilantes de seguridad".

En el mismo escrito el SAF pide que "se evalúen los riesgos laborales derivados de las condiciones de los centros de trabajo y los riesgos psicosociales originados por la excesiva carga de trabajo y estrés que sufren los funcionarios e interinos de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo". Tras las agresiones denunciadas en la oficina de Empleo ubicada en el barrio de la Macarena de Sevilla, el SAF recuerda que "estas graves situaciones también las sufren los funcionarios de la Junta de Andalucía destinados en los SAE de otras provincias andaluzas, como es el caso de Cádiz".

El SAF ya presentó un escrito dirigido al delegado de la Junta en Cádiz para denunciar "el grave problema de dotación que sufren las plantillas de personal funcionario en las oficinas del SAE y para solicitar que se cubrieran las vacantes". El Sindicato Andaluz de Funcionarios asegura en el mismo comunicado que en los últimos meses, estas agresiones a los empleados públicos "se han recrudecido debido a la crispación que sufren los cientos de desempleados atendidos diariamente en las oficinas SAE y que se ven afectados ante el desbordamiento de trabajo por la falta de personal funcionario". Además, asegura el SAF que los trabajadores públicos "sufren las paupérrimas condiciones de espacio, luz y temperaturas que se padecen en muchas de las oficinas".

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INFO UCSP: Impartición de formación específica por parte de centros de formación del personal de seguridad privada.

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RATIFICADO EL DESPIDO PROCEDENTE POR EL T.S.J.A: MIEMBRO DE COMITÉ DE EMPRESA POR CC.OO, DESPEDIDO POR DEFRAUDAR A LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENGAÑAR A SU EMPRESA

Los hechos se produjeron en el año 2013, donde un vigilante de seguridad con representación en el Comité de Empresa en Prosegur Cádiz por las siglas sindicales de CC.OO, Don. L.A.G. para la empresa entonces denominada Prosegur Cía. de Seguridad S.A. fue despedido por una supuesta falta muy grave contraria a la buena fe contractual y lealtad reciproca y al margen de ser una actuación  defraudadora a la Seguridad Social al estar de baja por Incapacidad Temporal  y ser sorprendido trabajando en un comercio. 
Se demostró así según la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 DE Cádiz, (VER AQUI) que dicho trabajador podría haber seguido prestando servicio con su empresa, y cometió fraude contra esta, la Seguridad Social y sus propios compañeros que sufrieron modificaciones  en sus cuadrantes para cubrir los turnos de trabajo.
La Sentencia fue  recurrida por este trabajador, y en este año 2015 el T.S.J.A. ha fallado y ha desestimado el recurso del trabajador a favor de la empresa, esta vez con su nombre actual Prosegur España S.L. determinando probado los hechos de fraude ante la Seguridad Social y la mala fe de actuación de este con la empresa y el perjuicio a sus compañeros.

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NACIÓ ISS SEGURIDAD Y PARIO LA ABUELA

De todos es sabido que el sector de la Seguridad Privada no atraviesa por su mejor momento, pero flaco favor nos hacemos o nos hacen permitiendo la creación de nuevas empresas de LOW COST, en este caso se trata de la conocida empresa RECOGE-MIERDAS ISS SEGURIDAD y digo bien RECOGE-MIERDAS porque fue creada como empresa de limpieza que es lo que se le da bien a su dueño o dueña, pues bien, viendo que su garganta y estomago esta para aguantar cualquier inmundicia y su cerebro segrega lo peor y lo contrario de lo que puede ser una gran empresa, ha entrado en el sector de la Vigilancia para intentar flagelar y maltratar a este colectivo e incumplir los pocos derechos laborales que nos quedan aun como es la subrogación en los centros de trabajo.
Se confunde bastante esta empresa si pretende que nos callemos o claudiquemos como hacen sus trabajadores  del sector de limpieza que no llegan ni a 5 euros la hora extra, explotando a ese personal  con  el  miedo  de  ser  despedidos  y  suplantados  por  discapacitados  para beneficiarse de las subvenciones o sufragarse los gastos en material los mismos empleados y luego se les abonen en el siguiente mes presentado el ticket de compra, forma habitual que realiza con el personal que tiene en servicios de Jardineríaun servidor lo tendría muy claro, les diría voy a comprar y sembrar NABOS” para vosotros.
He podido saber que esta empresucha de Seguridad se ha adjudicado el Centro HEINEKEN  en Sevilla  donde  actualmente  están  operando  12  vigilantes  de  seguridad  con  su  antigüedad correspondiente y con derecho a ser subrogados, pues aln lumbreras de ISS de los muchos que tendrán resurgidos de las cloacas apocilgadas que sanean esta clase de gente, no se le ocurre otra cosa que cambiar las leyes y decir que no subroga a la totalidad de los vigilantes, pues el servicio se ha reducido en horas.
Lo que nos faltaba por escuchar es que ISS SEGURIDAD no es solo la RECOGE-MIERDAS ahora se ha convertido en una empresa embustera y pirata, es falso que se haya reducido las horas de trabajo, lo que pretenden hacer, es suplantar a esos vigilantes de seguridad por auxiliares de servicio, actualmente el centro consta de Control de maras y rondas de vigilancia y esto, quieran o no quieran los Caraduras indeseables de ISS no lo pueden cambiar, la ley es clara en este sentido las funciones de vigilancia, CCTV y turno nocturno fuera de horarios de trabajo por el personal interno son exclusivas del personal de seguridad privado.
Los que llevamos en esto bastantes años sabemos cómo actúan esta clase de empresas, te hacen un lavado de cara, uniforme nuevecito, pagos puntualmente, los complementos que te corresponden  y  cuando  tienen  bien  apoltronados  sus  culos  blanqueados,  comienzan  la matanza y eliminación de nuestra profesión para contratar intrusos auxiliares con la reducción de coste salarial pero con el mismo beneficio anterior, se escudan en perdidas inexistentes y reducción de horas por parte de los clientes, SOMOS VIGILANTES DE SEGURIDAD NO TONTOSPues que se enteren bien alto estos ISS WORLD o ISS DISNEY como se quieran llamar, que nuestra voz no será silenciada y perpetrada por ningún empresario por muy perro Danés sin  escrúpulo  que  sea. PODEROSO  CABALLERO  ES  DON  DINERO PERO  PODEROSO TAMBIÉN ES LA VOZ DE LOS TRABAJADORES
Autor: 
Marco A. Romero Mateos (Vigilante de Seguridad… NO TONTO)