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jueves, 28 de marzo de 2013

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Aclaración sobre el abono de los pluses en las pagas extras

ACUERDO DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA ESTABLECER CÓMO SE DEBEN DE ABONAR LAS GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE JULIO, DICIEMBRE Y DE BENEFICIOS DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014
 a) LA PAGA DE BENEFICIOS DEL AÑO 2012 pagada en el año
2013 se abonará de acuerdo con la tabla de anexo salarial de 2012,
Incluyendo, por tanto, los pluses de transporte y vestuario (para las
Categorías a las que se les aplique).

b) LA PAGA DE BENEFICIOS DEL AÑO 2013 que se pagara en el
año 2014 se abonara de acuerdo con el anexo salarial de 2013, sin
incluir, por tanto, los pluses de transporte y vestuario (para las
categorías a las que se les aplique).
c) LA PAGA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 se abonara de acuerdo
con el anexo salarial de 2013, sin incluir, por tanto, los pluses de
trasporte y vestuario (para las categorías a las que se les aplique).

d) LA PAGA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 se abonará de acuerdo
con el anexo salarial de 2014, incluyendo por tanto, los pluses de
transporte y vestuario (para las categorías a las que se les aplique).

e) LA PAGA DE JULIO DE 2013 se abonará en función de los
conceptos e importe devengados durante los últimos seis meses de
año 2012 (tabla del anexo salarial de 2012 con inclusión de los
pluses de transporte y vestuario (para las categorías a las que se les
aplique) y durante los primeros seis meses del año 2013 (tabla del
anexo salarial del 2013 sin inclusión de los pluses de transporte y
vestuario (para las categorías a las que se les aplique).

f) LA PAGA DE JULIO DE 2014 se abonará en función de los
conceptos e importe devengados durante los últimos seis meses del
año 2013 (tabla del anexo salarial de 2013 sin inclusión de los pluses
de transporte y vestuario (para las categorías a las que se les
aplique) y durante los primeros seis meses del año 2014 (tabla del
anexo salarial de 2014 con inclusión de los pluses de transporte y
vestuario (para las categorías a las que se les aplique).
En consecuencia las pagas extraordinarias deben de
pagarse de acuerdo con lo devengado en su periodo de realización. 
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¿Te pueden imponer las fechas de vacaciones?

Las fechas de vacaciones hay que asignarlas según diga el convenio, porque así lo dice el artículo 38 del ET. Si en tu convenio no dice nada de la forma de asignación, entonces el propio 38 dice que serán en fechas "de común acuerdo" y que tienes derecho a conocerlas con dos meses de antelación. Por tanto nunca podrá la empresa imponerte una fecha de vacaciones que contradiga lo dispuesto en el convenio y menos aún con menos de dos meses de antelación. En aplicación de todo ello:
  • Será nula cualquier imposición de vacaciones con menos de 2 meses de antelación incluso aunque cumpliera el convenio.
  • La empresa nunca puede decidir la fecha de las vacaciones de forma arbitraria. Siempre será según convenio y, en su ausencia, de mutuo acuerdo.
  • No es cierta la "leyenda urbana" de que el trabajador puede escoger la fecha de la mitad de las vacaciones y la empresa puede imponerle la de la otra mitad; a no ser que ese sea el "mutuo acuerdo" al que se llegara con la empresa y siempre que el convenio no diga otra cosa mejor para el trabajador.
  • Tampoco te pueden obligar a disfrutar las vacaciones cuando te den un preaviso de despido o fin de contrato y te quede el tiempo justo para disfrutarlas. En ese caso tendrían que pagarlas y cotizarlas aparte porque no cumplirían con el requisito de los 2 meses ni con el de fechas de mutuo acuerdo.

  • ¿Se puede demandar por temas de vacaciones?  
    Si tu empresa incumple cualquiera de estas normas de vacaciones, puedes demandar en contra y para ello hay un procedimiento especial en los juzgados de lo social. Es un juicio preferente y ante la sentencia no cabe recurso. Puedes poner esta demanda, como cualquier otra de lo social, sin necesidad de abogado ni procurador y sin que haya costas, ganes o pierdas.
    • Si es una demanda en contra de las vacaciones que te han asignado contra tu voluntad, tienes que ponerla en el plazo de 20 días hábiles desde que te comuniquen dichas vacaciones.
    • Si es una demanda en la que tú pides unas vacaciones que no te han dado, tienes que poner la demanda al menos dos meses antes de la fecha de vacaciones que quieres.
    • Si la demanda es por preferencia de unos trabajadores sobre otros, en la misma demanda tienes que demandar tanto a la empresa como a esos otros trabajadores
    • El juicio será en 5 días tras la admisión de la demanda y la sentencia en 3 días. Jijijojojuajua. Huy, perdón.
    Lo que sucederá en la mayoría de ocasiones es que el juicio se celebre después de que hayas tenido las vacaciones que te impusieron. Pero si lo ganaras, las vacaciones incorrectas serían anuladas, lo cual quiere decir que tendrías las vacaciones otra vez, sin necesidad de recuperar en absoluto las incorrectas y sin que quepa descuento económico alguno. En resumen, que por demandar nada pierdes y hay que tener en cuenta que demandar a la empresa es una de las formas legales que impiden el despido improcedente.
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    El padre tendrá permiso de lactancia igualmente aunque la madre no trabaje.

    No todo iban a ser malas noticias para los trabajadores. La sentencia de 30/9/2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone que el padre podrá disfrutar el permiso de lactancia si la madre no trabaja. Hasta ahora el permiso de lactancia lo podía disfrutar el padre sólo si la madre también trabajaba y voluntariamente se lo cedía. Concretamente el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores dice: "Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen."

    Que nadie dude de que esta sentencia ya es directamente aplicable tanto a empleados de empresas privadas como a empleados públicos, diga lo que diga la empresa, la asesoría, el convenio, el contrato o el testamento de Chanquete. Si tu empresa lo duda, ya se lo explicará el juez. Por supuesto, el padre será quien elija disfrutar el permiso "normal" (una hora al día) o acumulado en días libres si lo permite el convenio.

    Extracto textual de esta sentencia "histórica":
    "La evolución normativa nacional y su interpretación jurisprudencial ha desvinculado del hecho biológico la lactancia natural, configurándose actualmente como un mero tiempo de cuidado a favor del hijo que tanto el padre como la madre pueden asumir y como una medida conciliadora de la vida familiar y laboral tras el disfrute del permiso de maternidad. El permiso se concede por tanto a los trabajadores y trabajadoras por su condición de progenitores, por lo que considerar que solo la madre que tenga la condición de trabajadora por cuenta ajena es titular del derecho a disfrutar del permiso controvertido, en tanto que el padre que tenga la misma condición únicamente podría disfrutar de ese derecho, sin ser titular, puede contribuir a perpetuar un reparto tradicional de funciones entre el hombre y la mujer al mantener a los hombres en una función subsidiaria de las mujeres respecto al ejercicio de su función parental."
    No queremos dejar pasar la ocasión de recordar que las dos únicas mejoras claras en los dos últimos años de los derechos palpables de los trabajadores en España han venido de la mano de sentencias del Tribunal Europeo, no del Gobierno ni del Parlamento. Una es ésta y la otra la de no perder nunca las vacaciones que coincidan con una baja. Esperamos con ansía los comentarios de DíazFerranes y fanboys variados de Intereconomía que nos recuerden que las empresas levantan España, que hay mucho gandul, que menos derechos y más deberes, que vamos a la ruina y que 10.000 naves vendrán de Raticulín.
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    REGLAS BÁSICAS PARA FIRMAR CARTAS DE DESPIDO Y OTROS DOCUMENTOS QUE TE PRESENTE LA EMPRESA

    ¿Tengo que firmar la carta de despido? ¿Si no la firmo qué pasa? ¿Puedo demandar si he firmado? Este artículo pretende responder a estas preguntas indicando unas reglas generales que todo empleado podría seguir cuando un empresario pretenda que firme algo. Por supuesto, no son exactas porque cada caso particular habría que analizarlo, pero por lo menos te pueden hacer un apaño:



    1. Cuanto más empresario sea, más importante será que grabes la "reunión". No importa que no lo sepa. Menos aún importa que lo sepa y que no quiera que la grabes. Las pruebas obtenidas mediante grabaciones ocultas son admisibles como prueba en juicios laborales. Si el empresario hispánico mostrara algunas de los comportamientos típicos de su especie, la grabación no sólo te podría permitir que fuera declarada nula la medida adoptada (despido, reducción salarial, modificación de horario, traslado, cambio de funciones...) sino que podría constituir la prueba de uno o varios de los delitos típicos de los empresarios, con lo que no sólo podrías tener la sartén por el mango sino la batería de cocina completa.
    2. Jamás firmes ningún documento si no te dan antes una copia idéntica ya firmada por un responsable y con el sello de la empresa en todas las hojas. No vale sólo con el sello. ¿Exagerado? Cualquier profesional con experiencia conoce casos en los que el trabajador firma la carta pero no le dan una copia. No sólo eso sino que en Laboro se han conocido casos de empresas que, al negarse el trabajador a firmar conforme un finiquito, le comunicaron que entonces no le despedían e iban a dejar de pagarle. Tú mismo.
    3. Si decidieras firmar la carta, añade siempre el texto "no conforme" y la fecha del día a tu firma en todas las hojas de la carta. ¿Exagerado? En Laboro se han conocido casos de cartas de despido disciplinario fechadas un mes antes y firmadas por el trabajador, que ya había sido dado de baja en la SS, con lo que se le habría pasado el plazo de 20 días hábiles para demandar. Por supuesto, son infinitas las cartas de despido que no son una comunicación sino que son redactadas como una extinción de contrato por mutuo acuerdo, aunque sea con indemnización y el resto del finiquito. Tú mismo.
    4. Si en el documento dijera que ya has cobrado la cantidad de x€ pero no la hubieras cobrado aún realmente, añade también el texto "pendiente de cobro" a tu firma. Jamás dejes de añadirlo si no fuera cierto que ya te hubieran pagado la cantidad completa en metálico o mediante transferencia que ya estuviera disponible en tu cuenta por fecha de valor, que no es lo mismo que por fecha de operación. Añade siempre el pendiente si te dan un cheque, pagaré, o una promesa de Joven Castor de que te pagarán mañana, en la próxima nómina, cuando cobren los pedidos, etc. etc. Si en el momento te dan un sobre, ábrelo, cuéntalo y guárdatelo antes de firmar. ¿Exagerado? En Laboro se han conocido casos en los que el trabajador ha firmado una carta de despido que dice que le han pagado x€ y un sobre que realmente contenía x/4€. Son infinitos los casos en los que el trabajador firma una carta que dice que ha cobrado y luego no cobra nada ni demandando, porque hay una carta firmada por él que dice que ya cobró. Tú mismo. El juez, los sindicatos y el gobierno no tienen la culpa de que haya trabajadores que se creen que no son ellos los responsables de sus propios actos.
    Así que las reglas no son nada complicadas ¿verdad? De hecho, si la empresa donde trabajas fuera todo lo buena que dicen en la tele que son, no pondría problema alguno. Una empresa "legal" te dará su copia firmada, la carta será una comunicación con la fecha real y no un acuerdo disimulado redactado por un listillo y te pagarán lo que te corresponde. Tampoco les importará que firmes no conforme, pendiente y con la fecha real, ya que eso no les impide despedirte, cambiarte el horario, trasladarte, etc. etc. Luego tú demandas si quieres contra la acción de la que se trate y el juez dará la razón a quien se la tenga que dar. Incluso no les importaría que no firmaras la carta en absoluto, ya que te la pueden enviar por burofax te guste o no, con lo que será efectiva la comunicación aunque no lo recojas. La indemnización y resto del finiquito te los pueden ingresar en tu cuenta, te guste o no, o en último extremo incluso depositarla en la cuenta del juzgado.
    Pero la realidad nos dice que es muy probable que la empresa sí que ponga problemas si no quisieras firmar la carta sin poner no conforme, la fecha real y el pendiente, en su caso. El sentido común te puede decir también que si ponen problemas es simplemente porque la cosa no está nada clara. Es decir que poniendo el no conforme, fecha y pendiente tendrías posibilidades de que el despido fuera declarado improcedente o nulo o la medida (traslado, reducción salarial, etc.) fuera declarada injustificada o nula. Dicho de otra forma: si no lo pones es muy posible que pierdas oportunidades de demanda que sí tendrías si lo pusieras y exactamente por eso no quieren que lo pongas. Al no querer firmar sin ponerlo, los comportamientos habituales del empresario hispánico en su hábitat natural son los siguientes:
    • Decirte que si no firmas sin poner no conforme van a dejar de pagarte, trasladarte a la Guayana, bajarte el sueldo, ponerte horarios peores, dejarte sin ocupación, etc. etc. Por eso es muy importante que grabes este tipo de encerronas en el despacho, porque al día siguiente podrías poner una demanda de extinción voluntaria por violación de derechos fundamentales, mediante la cual tendrías un juicio prioritario que podría permitirte marcharte de la empresa cobrando la indemnización máxima (despido improcedente) y otra indemnización por daños y perjuicios.
    Aparte, podrías añadir una querella criminal y una denuncia a Inspección de Trabajo, para conseguir adicionalmente una multa o prisión para el empresario y una sanción para su empresa. ¿Exagerado? En Laboro se han conocido casos en los que el empresario ha dicho al trabajador que o firma o le da de hostias y otros casos en los que el empresario esperó en la puerta del banco al trabajador para quitarle a hostias la indemnización de despido que acababa de cobrar. Tú mismo.
    • Otra actitud típica empresarial consiste en decirte que si no firmas tú firmarán no sé cuántos testigos. Pues muy bien, que firmen, porque eso no es un procedimiento de notificación válido. El despido debe ser notificado siempre directamente “al trabajador” despedido porque así lo dice textualmente en los art.55.1 y 53.1.a del ET. Es tan claro este requisito que las palabras “al trabajador” fueron introducidas en 1994, ya que antes no existían. Eso no quiere decir que si un trabajador no firma sea imposible despedirlo, porque la empresa se lo puede notificar mediante un telegrama o burofax. Cuando no es un despido sino una notificación o preaviso de fin de contrato, también es obligatorio comunicárselo "a la otra parte" directamente (art.49.1.c ET). Si lo que hubiera que firmar no fuera una notificación de despido o cualquier otra notificación, entonces sería algún tipo de supuesto "acuerdo" que por definición no tienes que firmar si no quieres y por tanto que lo firme otra persona no le da validez a dicho acuerdo, como es lógico.
    La firma de testigos de la carta de despido le sirve a la empresa sólo para probar (y aún sería discutible) que te notificaron el despido, pero por supuesto de nada les sirve de cara al cobro y a la posible improcedencia. Sobre todo si no te hubieran dado copia de la carta por no quererla firmar y hubieras grabado dicha negativa, ya que en ese caso hablaríamos de posible despido nulo por haber sido comunicado el despido pero no su causa e incluso por vulneración de derechos fundamentales. Las empresas serias y bien asesoradas saben todo esto y despiden por burofax cuando el empleado no quiere firmar.
    Es mentira todo lo que te digan para asustarte, como que te van a quitar el paro, que tendrás una mancha en tu "expediente laboral", que vas a perder dinero o que vas a tener que pagar a sus abogados si les demandas. Las nuevas tasas judiciales en casos laborales no existen en la primera demanda y en caso de interponer recurso contra la sentencia, si se pierde, están reducidas al 60% en caso de que quien demande sea el trabajador.
    Por supuesto existen los casos de despido "mejorado"; por ejemplo un despido objetivo en el que te pagan 30d/año en vez de 20d/año. Estos tipos de casos también se han conocido en Laboro. Existen, como el lince ibérico, aunque menos abundante que el empresario hispánico y desde luego más difíciles de ver. En estos casos sí que podría perjudicarte el no querer firmar sin poner no conforme, ya que entonces el lince ibérico lo tiene tan fácil como no despedirte con esa mejora y despedirte al día siguiente sin mejora.
    Claro que esto tampoco quiere decir que haya que firmar cualquier despido mejorado en conformidad como un idiota, porque puede haber mil circunstancias que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, si la empresa es insolvente lo mismo les da darte una carta de despido de 20d/año que de 200d/año, ya que no te la van a pagar igual y el FOGASA sólo te pagará 20d/año y con el tope del doble del SMI. O podría suceder, como es habitual, que hayas estado cobrando menos de lo que te corresponde, porque hayan aplicado un convenio incorrecto, una categoría incorrecta, etc. En estos casos, la demanda de diferencias salariales que podrías ganar podría ser superior a la mejora en el despido y además éste sería improcedente si fuera objetivo, con lo que no te convendría firmarlo en conformidad.
    Firmar no conforme no impide demandar. De hecho, el no poner no conforme es lo que puede impedir ganar la demanda, aunque tampoco es 100% automático, ya quisieran. También se puede pedir el paro aunque pongas no conforme y empezar a cobrarlo incluso aunque se haya demandado. Puedes pedir el paro incluso aunque no te den el certificado de cotizaciones por firmar no conforme, porque entonces el SEPE (antiguo INEM) se lo requeriría por escrito a la empresa y a tu empresario listillo se le pondría el culito mu pequeño, mu pequeño.

    miércoles, 27 de marzo de 2013

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    OFERTA ESPECIAL EN CURSOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA AFILIADOS AL S.P.V.

    EL CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN SIGLO XXI, OFRECE A TODOS LOS QUE ESTEIS AFILIADO AL S.P.V. (SINDICATO PROFESIONAL DE VIGILANTES), LOS SIGUIENTES CURSOS DE ESPECIALIDADES:

    martes, 26 de marzo de 2013

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    El exescolta que reclama un trabajo en la prisión de Botafuegos (Algeciras) comienza su protesta


    Miguel Ángel Guerrero se instala en la rotonda de acceso a la cárcel y enfatiza que estará día y noche y en huelga de hambre.

    El algecireño Miguel Ángel Guerrero, el exescolta que reclama un puesto de trabajo en la prisión de Botafuegos, inició ayer la protesta que anunció la semana para para reivindicarlo. Guerrero se apostó en la rotonda de acceso a la cárcel algecireña y, según enfatizó, allí estará día y noche, y además en huelga de hambre.

    El algecireño basa su protesta en las informaciones publicadas que señalaron que el ministerio del Interior iba a promover la contratación para determinadas funciones en las prisiones de los escoltas que desarrollaron su labor en País Vasco y Navarra y que, tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, fueron relevados de estos desempeños. Tales informaciones detallaron que vigilantes privados sustituirían a la Guardia Civil en diversos trabajos auxiliares de seguridad.

    Guerrero, que estuvo tres años de escolta en Navarra junto a cargos públicos amenazados por ETA y que lleva ya tiempo en el paro, se queja porque, según remarca, no ha sido tenido en cuenta en el proceso de selección de los guardias que entrarán a trabajar en Botafuegos. "Va a ser muy duro", reconoció ayer, poco después de mediodía, cuando desplegó pancartas y se instaló en la rotonda, acompañado de amigos. Además añadió: "En los últimos días no he tenido apetito, por las molestias y la tensión. No he estado comiendo mucho, por lo que será peor con el sobreesfuerzo". El algecireño asegura que Interior ha cumplido con las empresas que trabajaron en País Vasco y Navarra, tras haber adjudicado estos servicios sin concurso, pero que no lo ha hecho con los escoltas.

    FUENTE: europasur.es AQUÍ

    lunes, 25 de marzo de 2013

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    La juez de los ERE señala que CC OO y UGT cobraron 4,2 millones en comisiones

    La juez Mercedes Alaya ve ilegales estos abonos por su intermediación en los ERE fraudulentos.
     
     
    Los sindicatos obtuvieron también su tajada de los ERE fraudulentos. Ya era sabido que como parte necesaria para presentar un expediente a la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y CC OO, cobraban su comisión. Pero la juez Mercedes Alaya ha puesto ceros y ha cifrado en 4,2 millones las “sobrecomisiones” que considera ilegales, procedentes solo de la consultora Vitalia, que gestionó los ERE junto a la firma Uniter. Las centrales cobraban entre el 0,5 y el 1% de cada ERE mediante sus agencias de corretaje de seguros Atlantis Asesores y Temiqui. "CC OO no ha cobrado ni un duro", ha rechazado Francisco Carbonero, secretario general del sindicato en Andalucía. El ejemplo más sonado fue el millón de euros que cada sindicato cobró en el ERE de Delphi, a través de la consultora Uniter.
    Dos personajes clave en esta connivencia a seis bandas entre la Junta, las consultoras, las aseguradoras, los bufetes, los empresarios y los sindicatos son el intermediario Juan Lanzas y el ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín. La juez ha enviado a ambos a prisión como piezas fundamentales de la trama de la Operación Heracles, después de que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero regresara a la cárcel el día antes. Albarracín declaró durante siete intensas horas y Lanzas mantuvo silencio, con igual resultado.
    Lanzas, exsindicalista de UGT reconvertido en un conseguidor millonario gracias a su habilidad para engatusar a empresarios y comités de empresa de las bondades de un ERE subvencionado por la Junta, cobró sus servicios de múltiples formas. Su exjefe Albarracín le incluyó junto a su mujer, también detenida, como intruso (prejubilado ajeno a la empresa) en el ERE de la firma Hitemasa para cobrar 455.014 euros de los fondos públicos. “La Junta consentiría este hecho en claro perjuicio del erario público, como también consentiría en esta póliza la inclusión de esposas de sindicalistas, amigos de Juan Lanzas”, censura Alaya.
    Este expediente incluyó asimismo como intruso al ex gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz, César Braña, y otros dos miembros de UGT con pólizas de 96.000 euros cada uno.
    Sobre la tajada de los sindicatos, Albarracín ha apuntado: “En todos los sitios, Barcelona, Madrid, llegaban los sindicatos manifestando que necesitaban que su técnico hiciera un estudio de contraste y que esto tenía un coste. Esto suponía que si no pagaban este informe a los sindicatos, no se quedaban con la operación”. Sobre Andalucía, ha puntualizado: “Los sindicatos y la Junta eran los que mandaban”. A veces, las centrales “convencían a la Junta para que realizara determinados complementos, porque detectaban que el trabajador iba a tener alguna pérdida de prestación”.
    Durante su testimonio, el exdirectivo ha disparado contra el exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández, en prisión preventiva hasta el pasado agosto. “Fernández me manifestó que él hacía las pólizas con quien le decían los sindicatos”, ha acusado Albarracín al histórico cargo socialista.
    La juez imputa al exdirectivo cinco delitos, entre ellos cohecho y falsedad. El auto de prisión bajo secreto de sumario describe una sucesión de prácticas ilícitas basadas en las comisiones repartidas a diestro y siniestro. Además de ingresar 249.000 euros a Guerrero en transferencias y una póliza para su suegra de 198.876 euros, Albarracín dirigió un sistema de entrega de sobres con cantidades entre 6.000 y 60.000 euros, según ha declarado esta semana a la Guardia Civil el testaferro detenido Eduardo del Leal.
    Albarracín se enriqueció al mismo ritmo que Lanzas, su comercial privilegiado. El exdirectivo del grupo Eurobank pasó de poseer cuatro inmuebles en 2001 a tener 16 en 2011. ¿La razón? El exdirectivo convirtió en 1999 a la Junta de Andalucía en su mejor cliente. Esta Administración obvió la celebración de un concurso público para adjudicar la gestión de los ERE, y permitió a Vitalia cobrar “unas sobrecomisiones elevadísimas en relación al precio del mercado”, según Alaya. De este modo, Albarracín generaba beneficios para Vitalia y pagaba comisiones, sobre todo a Lanzas, enlace vital con los sindicatos. El intermediario tenía tres testaferros a sus órdenes cuyas empresas de mensajería emitían facturas falsas con servicios “inexistentes” a Vitalia. El Holding Vitalia transfirió a Lanzas 1,9 millones y 4,5 millones a las firmas Atrado y Servicios Inmediatos de Andalucía. A medida que los beneficios crecían, Albarracín sintió que su sueldo de 180.000 euros se quedaba corto y creó la entidad Permar 21 para facturar 3,1 millones a Vitalia y así aumentar sus ingresos.
    Las explicaciones de Albarracín al intenso interrogatorio fueron vagas. Disparó la responsabilidad hacia sus exjefes, también detenidos, Eduardo Pascual y María Vaqué. El exdirectivo ha achacado a responsables de la Administración la inclusión de intrusos del PSOE, y ha defendido la legalidad de sus pagos: “No había límite de comisión”. Tanto la juez como la Fiscalía Anticorrupción le han interrogado por la mención en numerosos correos electrónicos a “los señores del sur”. Pero tras explicar que se refería a Lanzas y otros comerciales y la juez rechazar la respuesta por incongruente, Albarracín ha dejado la incógnita en el aire.
     
    Un georadar para hallar el dinero
    La Guardia Civil registró ayer de nuevo la casa del intermediario encarcelado Juan Lanzas en Albanchez de Mágina (Jaen). Tras el hallazgo de 80.000 euros en metálico en casa de sus padres, ayer los agentes regresaron a su casa con un georadar para buscar un posible zulo donde hubiese más dinero o documentación. Los agentes emplean el georadar para saber “si los estratos de la tierra presentan distorsiones en la zona, que se piensa que podría estar enterrado el dinero o la documentación que se haya podido ocultar”, dijeron fuentes del caso a Europa Press.
    </CW>La juez Alaya tomó ayer declaración a ocho de los 22 detenidos en la operación policial. De este modo, menos de la mitad de los arrestados el miércoles por la Guardia Civil han pasado a disposición judicial: Roser Massa, administrador de una aseguradora del grupo Eurobank; el empresario detenido en Las Palmas y supuesto camello de Guerrero, Gregorio Martínez; José González, hijo del dueño de la consultora Uniter José González Mata y María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, salieron del juzgado en libertad con cargos. Mientras el núcleo duro de la trama ha sido encarcelado, los personajes satélites han quedado en libertad. Está por ver el destino del propietario de Uniter, que prevé declarar hoy.
    La Fiscalía Anticorrupción decidirá asimismo si solicita la drástica medida de prisión para los testaferros que supuestamente participaron en el reparto de comisiones ilegales en sobres: Juan Francisco Algarín, Eduardo Leal y Beatriz Núñez.
     
    LA CARA MAS DURA QUE EL CEMENTO ARMADO
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    Los sindicatos cobraban solamente por aportar «información privilegiada»

    «Las piezas del puzle comienzan a encajar», asegura Alaya, que se refiere a las ayudas como «el verdadero negocio»
    Convocatoria urgente en Domingo de Ramos. Francisco Carbonero (junto a Lezcano, enviado desde Madrid en lugar de Toxo) y Manuel Pastrana (acompañado por Toni Ferrer en ausencia de Méndez) se desmarcaron ayer de la trama de los ERE

    La juez considera que «las piezas del puzle comienzan a encajar» al referirse al «enorme perjuicio» de las sobrecomisiones para las arcas públicas, el «negocio» de las ayudas y el «presunto empecinamiento de la Junta en tener fondos sin control», explica en el auto de prisión de los ex directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué.
    Alaya insiste en el auto en que UGT y CC OO cobraron comisiones, «aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno», ya que su aportación era «la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza», recogió Efe. «Estaríamos ante un sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas», continúa. Alaya explica que investigaba la presunta ilegalidad del mecanismo de ayudas, pero que los últimos datos dotan «a la trama investigada de una visión mucho más amplia».
    Los sindicatos CC OO y UGT, precisamente, trataron ayer de salir al paso de la comprometida situación en que quedan en los autos, que hablan de sobrecomisiones pactadas entre las aseguradoras y la Junta y el pago también «a los sindicatos, a los entornos de UGT y CC OO», de «4.291.384,10 euros, según los datos bancarios y fiscales analizados». «A los sindicatos –según el auto del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín– se les abonaba un 0,5% de la prima por cada expediente en que intervenían, si había dos sindicatos se les abonaba el 1% para los dos, y si la prima era elevada desde Barcelona recortaban». Esto ocurrió en «entre un 15 y un 20% de las pólizas de la Junta» y «este dinero lo recibían los sindicatos a través de las empresas Temiqui (UGT) y FQT (CC OO)».
    Toxo envió a Sevilla a su secretario de Organización y Comunicación de CC OO, Fernando Lezcano, quien, junto al líder del sindicato en Andalucía, Francisco Carbonero, habló de reabrir la investigación interna iniciada en 2011, cuando no se detectaron «irregularidades con los datos disponibles» entonces «en Andalucía o cualquier región». El señor «Conde» que es citado en los autos «parece que ya no está en activo en el organigrama sindical». CC OO pone sus cuentas «a disposición» de quien las requiera. Carbonero defendió que el sindicato «no tiene nada que ver con la trama», «ni con ningún conseguidor de ERE». Méndez mandó a la capital hispalense a Toni Ferrer, quien junto a Pastrana, habló de mostrar las cuentas y «un ataque más a la labor sindical».


    Zoido: «Griñán era el cajero de los ERE»

    El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, exigió a José Antonio Griñán que explique por qué no modificó el procedimiento de los ERE en la Administración andaluza como hizo en su día en el Ministerio de Trabajo. Zoido exigió la comparecencia de Griñán y Chaves en el Congreso para «saber la verdad sobre por qué durante tanto tiempo no se han tomado las medidas necesarias para evitar este despilfarro –cifrándolo en 1.400 millones– de fondos públicos». El PSOE calificó esta petición como «ridícula» y «absurda». «Durante mucho tiempo Griñán ha sido el cajero de los ERE, pues el dinero no lo tenía el consejero de Empleo, sino él como consejero de Economía, según sostiene el interventor de la Junta», dijo Zoido
    Fuente:  http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1629501/espana/los-sindicatos-cobraban-solamente-por-aportar#.UVBLPjfzl3o
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    Vigilantes de metro para las cárceles españolas

    SIN POTESTAD PARA IDENTIFICAR O DETENER HASTA QUE SE MODIFIQUE LA LEY

    La privatización llega a las puertas de las cárceles españolas. A partir del 1 de abril se incorporarán a 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y otros dos por el Cuerpo de Policía Nacional) vigilantes de seguridad privada que serán en principio un “refuerzo” a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según recoge el documento que la Dirección General de la Guardia Civil ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria.
    Comisiones Obreras y UGT coinciden en subrayar la “menor cualificación de los vigilantes privados en comparación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, un asunto que admiten en Interior y por el que aseguran que la labor del nuevo cuerpo se desarrollará “en las zonas perimetrales de los centros penitenciarios y no en el interior de los mismos”.

    Sin embargo, para la AUGC esto no es consuelo. “La vigilancia del recinto es competencia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Y no por casualidad sino porque legalmente somos los únicos autorizados a realizar identificaciones o detenciones, ya sea en el exterior de las cárceles, en el metro o los aeropuertos”.
    Con respecto a la legislación, a finales de 2012, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz anunció la necesidad de una nueva ley de Seguridad Privada que presumiblemente aumentará las competencias de los vigilantes y cuya elaboración esta ya "muy avanzada", porque la actual normativa está "superada por el tiempo".
    Privatización de la seguridad pública
    La medida ha caído como un jarro de agua fría en la Benemérita, que ya ha mostrado su oposición a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el sindicato mayoritario en el Cuerpo: “Es un intento claro de privatizar la seguridad pública, igual que está sucediendo con la sanidad y la educación”, denuncia uno de sus portavoces.


    En Interior aseguran que el desembarco de personal de seguridad privada en los centros penitenciarios españoles “no sería en ningún caso sustitutiva, sino complementaria”. Es decir, que el actual personal de prisiones seguirá en su puesto y los vigilantes privados serán una “extra” en el actual modelo.
    Por su parte, la Guardia Civil denuncia el “abandono” que está sufriendo el Cuerpo, donde se producen anualmente una media de 5.000 jubilaciones y únicamente entre 200 y 300 ingresos. “Si lo que quieren (el Ministerio) es reforzar nuestra labor, que permitan la promoción de más agentes”, demandan en la AUGC ante estas cifras. A su juicio, la opción de la seguridad privada es perjudicial para la eficacia del servicio ya que empeorará la coordinación. “Llevamos 30 años luchando por unificar la base de datos de la Policía y la Guardia Civil sin éxito. ¿Y ahora pretenden que nos pongamos de acuerdo tres instituciones diferentes?”, preguntan irónicos.
    Una medida sin ahorro
    “Las colaboraciones público-privadas, por lo general, nunca son sinónimo de ahorro”, analiza Ángel Moreno, secretario general de CCOO Instituciones Penitenciarias. Por eso las sospechas de los sindicatos recaen sobre posibles intereses privados y particulares. “Las únicas beneficiadas serán las empresas de seguridad privada que hayan conseguido las concesiones y que no conocemos, ya que alegando que es una cuestión de seguridad no se han hecho públicas”, señala Jesús Otin, miembro del Sindicato de Prisiones de UGT.
    “Interior vende la medida como un plan piloto, pero mucho nos tememos que este es el primer paso de una sustitución progresiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por miembros de seguridad privada”, lamenta el portavoz de la AUGC, que recuerda haber vivido la misma experiencia en los aeropuertos. “Ojalá nos equivoquemos, pero la sombra de la privatización en este país es cada vez más alargada”.
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    Comunicado Federación AADD de Baleares A LA FIRMA DEL CONVENIO


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    La nueva ley de Seguridad Privada buscará potenciar el sector sin “privatizar el servicio”


    El diputado popular Francisco Márquez, será el encargado de exponer en el Congreso el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que está preparando el Gobierno y que verá la luz en pocas semanas. Pero antes, el diputado ha adelantado parte de su contenido. Esta ley nace con el objetivo de potenciar la creación de empleo en el sector, favorecer la colaboración entre la seguridad privada y la pública, y dotar la actividad de mayor seguridad jurídica. Eso sí, Márquez asegura que no se busca una privatización.
    El Gobierno está ultimando los detalles del anteproyecto de Ley sobre Seguridad Privada que verá la luz en las próximas semanas y que el diputado ceutí, Francisco Márquez, se encargará de exponer en el Congreso cuando entre a trámite parlamantario. Algunos de los objetivos de la nueva ley serán contribuir a dar seguridad jurídica a esta actividad y también potenciar las posibilidades de creación de empleo que este sector tiene en nuestro país, según señala Márquez. No en balde, la seguridad privada es un sector de "gran actividad económica" con más de 23.000 puestos de trabajo en España, según señala el diputado.

    Márquez explica que esta ley nace de una necesidad impuesta por el paso del tiempo. La actual normativa que regula la actividad de la seguridad privada es de 1992 y "tanto los avances tecnológicos, como la evolución de la sociedad y de sus necesidades, parece hacer necesaria una actualización, sino integral, sí muy profunda". Por ello, nada más comenzar la actual legislatura el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se comprometió a sacar adelante esta nueva ley en su primera comparecencia en la Comisión de Interior y así lo recuerda el diputado ceutí.

    Colaboración pública "En el anteproyecto de la nueva ley se parte de algunas directrices que parecen evidentes como que la seguridad de la ciudadanía en este momento no es exclusivamente una cuestión a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía autonómica o local", destaca Márquez. Para el Gobierno está claro que la seguridad privada debe colaborar con la Administración pública "para conseguir reforzar la seguridad de la ciudadanía, manteniendo en todo momento autoridad pública", según explica el diputado ceutí. "Desde lo público es de donde se deben coordinar todas las fuerzas y potencialidades que tanto desde el ámbito público como privado pueden contribuir al objetivo de lograr una mayor seguridad y el cumplimiento de la legislación vigente que garantiza la libertad de una sociedad", puntualiza Márquez.

    Lo que se pretende con la nueva norma es legislar los nuevos ámbitos en los cuáles la seguridad privada está actuando y otros en los que podría actuar, según adelanta el diputado. Esta ley también busca reforzar la regulación de algunos ámbitos como la seguridad privada en acontecimientos con afluencia masiva de los ciudadanos o las actividades de los detectives privados. "Estos ámbitos deben regularse de una forma más concreta y más actual", advierte Márquez, que explica como el trabajo está casi "culminado" y que en ningún momento se pretende privatizar la seguridad pública como así han señalado algunas voces críticas.

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    Un vigilante de seguridad se lesiona los tobillos al intentar auxiliar a un guardia civil en una rellerta



    De la cama al sofá, y del sofá a la cama, con los dos tobillos y cinco tornillos en uno de ellos. Así debe permanecer durante al menos dos meses el vigilante de seguridad de la empresa Machín Seguridad J.J.O.Z, que persiguió a los agresores del teniente de la Guardia Civil apedreado en la cabeza en el trascurso de una reyerta, que se saldo finalmente con dos detenidos, hechos sucedidos en el municipio majorero de Antigua (Fuerteventura).

    domingo, 24 de marzo de 2013

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    Interior ultima el anteproyecto de ley de seguridad privada

    Los vigilantes se quejan de que la normativa los deslegitima frente a los infractores

    El escándalo de Método 3 ha dado el empujón definitivo a la modificación del reglamento

    Los trabajadores del sector se quejan de precariedad e intrusismo laboral

    Son las 00.00 en el andén de la madrileña estación de metro de Pacífico. Ya no quedan revisores. Un vigilante de seguridad comprueba en la sala de cámaras que un joven se ha saltado los tornos para evitar pagar el billete. Un compañero recibe el aviso y se acerca al muchacho para indicarle que debe abandonar la estación. "¿Qué dices? Si tú eres un segurata de mierda. No me voy de aquí a menos que venga un madero", le espeta de manera despectiva y finaliza su órdago con un escupitajo. El vigilante no toca a la persona que le está desafiando. Está atado de pies y manos. La normativa estipula que las actuaciones coercitivas de este colectivo deben de regirse por el principio de proporcionalidad. Esto supone que sólo pueden emplear la fuerza en el caso de que sean agredidos. Si el resultado de ese enfrentamiento resulta desigual y el trabajador causa mayores daños al infractor podría ser acusado de abuso de poder.

    "Estamos desprotegidos", asegura Ignacio Sanchís [nombre ficticio], un vigilante de 40 años que desarrolla su labor en un supermercado madrileño de la cadena Mercadona. "Los rateros se saben la ley al dedillo. Mejor que tú y que yo. Es habitual que te recuerden cuál es tu sitio a pesar de no tener motivos y estar, encima, cometiendo un falta", manifiesta con hartazgo. Sanchís cuenta un rosario de ocasiones en la que grupos de mujeres que acuden habitualmente al establecimiento para esconder bajo sus faldas latas de salmón, envases de jamón ibérico y otros productos de elevado precio le han indicado que no podía cachearlas. "La ley nos sitúa al mismo nivel que un ciudadano más. Así es imposible hacer nuestro trabajo", protesta. La situación de este gremio contrasta con la de profesores, conductores de autobús o revisores de metro, que en algunas comunidades son autoridad pública.
     
    La ley de seguridad privada no ha sido modificada desde hace más de dos décadas

    Hace apenas unos días se ha celebrado la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada. El presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), Javier Tabernero, ha aprovechado este marco para solicitar un cambio en la ley de seguridad privada que no se ha modificado desde 1992. "Nuestra normativa ha servido de inspiración a muchos países, tanto europeos como latinoamericanos. Ha permitido avanzar significativamente en la profesionalización del sector con estrictos procesos de autorización de empresas y vigilantes de seguridad. Eso no quita que la ley surgiera desde una profunda desconfianza al sector", desliza. Tabernero recuerda la lucha que tuvo lugar en el Congreso en los días previos a la aprobación de la norma. El sector no logró que su eterna reivindicación fuese incluida en el texto. "Es cierto que entonces desapareció la figura del vigilante jurado y se nos escapó la figura de autoridad, pero las cosas han cambiado. Ahora la seguridad privada está presente de forma palpable en la vida de los ciudadanos. Estamos en los hospitales donde nacen sus hijos, en los colegios donde estudian, en los medios de transporte que utilizamos para desplazarnos y en edificios públicos", argumenta. El secretario general de la asociación, Eduardo Cobas, concreta que un 75% de la población mira con buenos ojos a este sector, según recogen sus sondeos.

    El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recogido el guante. Asegura que la elaboración de la nueva ley de Seguridad Privada esta ya "muy avanzada" y ha reconocido que el reglamento actual está "superado por el tiempo". Eso sí, a principios de noviembre del pasado año ya había hecho unas declaraciones muy similares. Desde APROSER confían en que el momento esté cerca. "El anteproyecto podría estar listo en un par de semanas", aventura uno de sus portavoces.
    El reciente escándalo de Método 3 les ha dado el empujón definitivo, puesto que vigilantes y detectives comparten ley. Fernández Díaz adelanta que el documento en el que están trabajando ofrecerá más garantías jurídicas al sector y a los ciudadanos, ya que regulará, controlará y clarificará los servicios que prestan los despachos de detectives. "Es necesaria una estrecha colaboración entre los cuerpos de seguridad del Estado y el sector de seguridad privada", ha admitido el ministro ante la prensa. Los datos respaldan su afirmación. Según los datos de Interior, España cuenta con 207.212 vigilantes de seguridad habilitados que, sólo en 2011, realizaron 1.135.789 servicios. La cifra es prácticamente pareja al número de agentes Públicos. Guardia Civil, Policía Nacional y Local, Mossos D'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral contabilizan una plantilla total de 243.580 funcionarios. "Esto no implica una privatización de la seguridad, sino un esfuerzo por aprovechar los servicios del sector privado", ha puntualizado Fernández Díaz. Sin embargo, el contenido del Libro Blanco de la Seguridad en Europa, incluye objetivos futuros que ponen en tela de juicio esta afirmación.

    El ministro de Interior reconoce que los cuerpos de seguridad del Estado requieren la colaboración del sector privado


    Este documento elaborado por Marc Cools, profesor de Criminología de la Universidad de Bruselas, dibuja un mercado ferozmente competitivo, que lleva cayendo en picado desde 2009. La estrategia que ha diseñado para evitar que esta deriva continúe, pasa por ocupar nuevos segmentos de mercado que copan puestos de funcionarios públicos. Se menciona la vigilancia de presos en libertad condicional, refuerzo de la seguridad de médicos y farmacéuticos o control de alumnos en centros educativos. Tabernero justifica el avance de su colectivo en este nicho. "España está atravesando una profunda crisis que afecta a la seguridad privada por la situación económica de nuestros clientes. Esto ha contribuido a reducir en poco más de cuatro años nuestra facturación en más de 20 puntos porcentuales. Nos ha obligado a disminuir los márgenes comerciales y a sufrir fuertes retrasos en los pagos", lamenta.

    Los trabajadores son los primeros en lamerse las heridas. La media de edad de los vigilantes ronda los 41 años y su nivel medio de formación está fijado en la Enseñanza Obligatoria, según la información facilitada por APROSER. La veteranía no les libra de la precariedad laboral. La mayoría cobra salarios bajos que se sitúan en torno a los 1.275 euros de media al mes en el caso de España; aunque el base ronda los 870. Otra de las características del sector es su elevada tasa de rotación, que conlleva consecuencias nefastas para el personal.
    Miguel Arroyo [nombre ficticio], tiene 27 años y lleva adscrito ocho años a una de las cuatro mayores empresas de seguridad que operan en España. Desempeña su labor desde 2010 en las oficinas centrales de una compañía que ha empezado a tener problemas de liquidez. Las subcontratas fueron las primeras en recibir impagos y la empresa de seguridad decidió asumir los costes de las nóminas de sus trabajadores hasta que la situación se hizo insostenible. Después de varios meses, advirtieron a los vigilantes que rompían su relación laboral con su deudor y una pyme pasaba a hacerse cargo de las rondas. Arroyo se teme lo peor: una subrogación.
     
    La adjudicación de la gestión penitenciaria a empresas privadas en casos de arrestos domiciliarios se plantea como un segmento de crecimiento

    La normativa contempla que la empresa entrante, está obligada a asumir los contratos adscritos al servicio que se les adjudica, siempre que se acredite una antigüedad mínima en el puesto de siete meses. Esto que podría parecer una garantía para los vigilantes, puede proporcionarles un pase más que probable a la cola del paro. "Nuestra compañía no pudo hacer frente al pufo que le dejó su cliente a pesar de ser fuerte en el sector. Una más pequeña, se irá a la quiebra en poco tiempo y , como consecuencia, todos los subrogados se quedarán en la calle. Es injusto que uno tenga que interrumpir una relación laboral de años porque la normativa lo recoja así. Nos vemos abocados a un futuro negro", censura.
    La relación con el cliente no sólo genera dolores de cabeza a la empresa de seguridad. Los propios vigilantes denuncian presiones con asiduidad. "Los supermercados donde trabajo nos exigen un mínimo de intervenciones mensuales. Los jefes de tienda están obsesionados con que justifiquemos nuestro puesto y, algunas veces, me he visto obligado a apuntar cosas que rozan el absurdo para salvar el pellejo", reconoce. Cita situaciones rocambolescas como calificar de mendicidad que un comprador pida dos céntimos en caja a otro cliente para completar el pago de un perfume o considerar comportamiento delictivo que una anciana porte una barra labial gastada sin tique aunque la lleve como muestra para comprar el mismo modelo. Mercadona niega que exista una directriz en la cadena que exija cupos a los vigilantes. "Tenemos contratadas a varias empresas de seguridad en las tiendas, a las que les pedimos que trabajen en la seguridad de jefes y trabajadores”, responde escuetamente una portavoz.
     
    Algunos trabajadores denuncian la imposición de cuotas mínimas de intervención que deben justificarse mensualmente y por escrito

    El delegado valenciano del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES) puntualiza que el vigilante se encuentra permanentemente en un delicado equilibrio entre el cliente y la empresa. "Las compañías ajenas al mundo de la seguridad no acaban de entender que no somos un gasto, sino una inversión. Una buena vigilancia impide visitas indeseadas, robos, deterioro de las infraestructuras y transmite tranquilidad", defiende. Algunos clientes se resisten a delegar la dirección de este servicio en la empresa de seguridad e imponen a sus propios criterios a los vigilantes. "Es lógico que se preocupen por su negocio, pero la medida es antiproducente", advierte.
    Este delegado sindical de ATES lleva más de 20 años trabajando en el traslado de capital en furgones blindados. Es uno de los pocos que lleva arma reglamentaria y no duda en expresar su preocupación por la situación que atraviesan. "Las compañías de seguridad se dan leches por hacer el servicio más barato que su competidor y muchas veces ajustan tanto el lazo que nos vemos desamparados", apunta este sexagenario que prefiere omitir su nombre. "Los walkie-talkies que usamos son antiquísimos y fallan mucho. No nos podemos permitir estar incomunicados. Llevamos mucha responsabilidad sobre los hombros", denuncia. Su sueldo mileurista no da para muchos lujos, pero al cliente sigue pareciéndole excesivo. "Cada vez hay más compañías que están sustituyendo a los vigilantes por auxiliares de seguridad que no cuentan con nuestra formación. Estos chicos no pueden intervenir, deberían limitarse a hacer la ronda y ser supervisados por un vigilante pero, en la práctica, los suplantan", crítica. El delegado sindical pide a Interior algo más que ser reconocido como figura de autoridad. "Necesitamos que se acabe con el intrusismo y la precariedad, por nosotros y por la seguridad de la gente", reivindica.
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    Seis empresas de seguridad conforman la UTE que trabajarán en distintas cárceles de España


    La UTE está formada por seis empresas, todas ellas que antes trabajabaron para el Gobierno vasco suministrando escoltas. Son Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica
    La privatización de la seguridad de las prisiones ya es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250 escoltas que antes trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en el País Vasco, empezarán a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de vigilancia exterior. Así lo revelan documentos internos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso 20Minutos. En ellos se especifica que el 22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de seguridad privada, en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en los centros penitenciarios.

    Interior habla de "refuerzo" y no de sustitución. En un principio, "dos vigilantes de seguridad" por turno, lo que supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. "En ningún caso supondrá una reducción de efectivos" de las unidades policiales, "tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en su fase inicial", por lo que Interior deja claro el objetivo de este plan: la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado, para que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad ciudadana.

    Poca información y transparencia Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de prisiones siempre han criticado el oscurantismo que Instituciones Penitenciarias ha generado sobre este tema. La respuesta más clara la dio el ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria a UPyD. En ella, el Gobierno explica que lo que se "pretende es que determinadas funciones auxiliares puedan ser asumidas por vigilantes privados, siempre bajo la supervisión y dirección de los Cuerpos de Seguridad del Estado".

    En esta primera fase, los vigilantes nunca actuarán en solitario Los vigilantes actuarán como medio auxiliar de la Policía y Guardia Civil, tal como determina la ley 32/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. ¿Qué harán los escoltas en las prisiones?. Según la documentación de la Guardia Civil, "vigilancia de garitas, control de los accesos y de las cámaras de control. En esta primera fase nunca actuarían en solitario". No obstante, el Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", por lo que habría que cambiar este ley, algo que aún no se ha hecho. Quizás por ello, explican fuentes penitenciarias, aún no se ha adjudicado ningún contrato, sino que se ha invitado a empresas de seguridad que han formado una UTE a esta "experiencia piloto".

    2.000 guardias civiles en seguridad ciudadana El sindicato CSIF asegura que este proyecto también vulnera el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que "establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas". La mayor asociación de la Guardia Civil, AUGC, no tiene ninguna duda sobre la intención final del Gobierno: "privatizar la seguridad en las prisiones", sobre todo teniendo en cuenta que las "Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo". "Cuando este plan de privatización avance y entre en fase de sustitución progresiva afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país". AUGC recuerda que el PP no llevaba este proyecto en su programa electoral. Para el principal sindicato de prisiones, Acaip, esta medida supone "un encarecimiento inexplicable del funcionamiento de las cárceles que no aporta ningún beneficio".

    Como ya adelantó 20Minutos en enero de este año, Interior barajaba llevar la privatizacióna entre 15 y 21 prisiones. Finalmente los centros elegidos han sido: Alicante II, Algeciras, Puerto I y II (Cádiz), Castellón I y II, Córdoba, Pamplona I, Huelva, Teixeiro (A Coruña), León, Logroño, Mallorca, Murcia II, Dueñas (Palencia), A Lama (Pontevedra), Topas (Salamanca), Sevilla II, Valladolid, Zaragoza y Daroca (Zaragoza).

    Seis empresas en la UTE De momento la UTE está formada por seis empresas, todas ellas que antes trabajaban para el Gobierno vasco el ministerio del Interior suministrando escoltas. Son Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica. Una fuente de Ombuds ha explicado que ellos aportarán más de 60 vigilantes en seis prisiones: Palencia: Castellón II, Salamanca, Huelva, Pamplona y Logroño. "El personal que va a ir a prisiones está recibiendo una formación especifica, que se suma a la que ya tiene como vigilante privado o escolta", señalan desde UGT. Lo que está claro es que los escoltas reconvertidos en las prisiones ganarán menos que lo percibían cuando daban protección en el País Vasco, según las mismas fuentes, con sueldos que rondarán los 1.200-1.300 euros.

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    Interior recolocará a 250 escoltas del País Vasco en 21 prisiones a partir del 1 de abril

  • Es el primer paso de la privatización de la vigilancia exterior, en la que se ha invitado a seis empresas de seguridad sin concurso público.
  • De momento los vigilantes privados estarán supervisados por la Guardia Civil. Son un refuerzo, no una sustitución.
  • Sus funciones en la seguridad exterior de las prisiones: vigilancia en garitas, control de acceso y de las cámaras.

  • La privatización de la seguridad de las prisiones ya es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250 escoltas que antes trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en el País Vasco, empezarán a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de vigilancia exterior.
    Así lo revelan documentos internos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso 20Minutos. En ellos se especifica que el 22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de seguridad privada, en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en los centros penitenciarios.
    Interior habla de "refuerzo" y no de sustitución. En un principio, "dos vigilantes de seguridad" por turno, lo que supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. "En ningún caso supondrá una reducción de efectivos" de las unidades policiales, "tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en su fase inicial", por lo que Interior deja claro el objetivo de este plan: la sustitución a medio plazo de guardias civiles por personal privado, para que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad ciudadana.

    Poca información y transparencia

    Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de prisiones siempre han criticado el oscurantismo que Instituciones Penitenciarias ha generado sobre este tema. La respuesta más clara la dio el ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria a UPyD. En ella, el Gobierno explica que lo que se "pretende es que determinadas funciones auxiliares puedan ser asumidas por vigilantes privados, siempre bajo la supervisión y dirección de los Cuerpos de Seguridad del Estado".

    Los vigilantes actuarán como medio auxiliar de la Policía y Guardia Civil, tal como determina la ley 32/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. ¿Qué harán los escoltas en las prisiones?. Según la documentación de la Guardia Civil, "vigilancia de garitas, control de los accesos y de las cámaras de control. En esta primera fase nunca actuarían en solitario".
    No obstante, el Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", por lo que habría que cambiar este ley, algo que aún no se ha hecho. Quizás por ello, explican fuentes penitenciarias, aún no se ha adjudicado ningún contrato, sino que se ha invitado a empresas de seguridad que han formado una UTE a esta "experiencia piloto".

    2.000 guardias civiles en seguridad ciudadana

    El sindicato CSIF asegura que este proyecto también vulnera el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que "establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas".

    La mayor asociación de la Guardia Civil, AUGC, no tiene ninguna duda sobre la intención final del Gobierno: "privatizar la seguridad en las prisiones", sobre todo teniendo en cuenta que las "Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo". "Cuando este plan de privatización avance y entre en fase de sustitución progresiva afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país". AUGC recuerda que el PP no llevaba este proyecto en su programa electoral. Para el principal sindicato de prisiones, Acaip, esta medida supone "un encarecimiento inexplicable del funcionamiento de las cárceles que no aporta ningún beneficio".
    Como ya adelantó 20Minutos en enero de este año, Interior barajaba llevar la privatizacióna entre 15 y 21 prisiones. Finalmente los centros elegidos han sido: Alicante II, Algeciras, Puerto I y II (Cádiz), Castellón I y II, Córdoba, Pamplona I, Huelva, Teixeiro (A Coruña), León, Logroño, Mallorca, Murcia II, Dueñas (Palencia), A Lama (Pontevedra), Topas (Salamanca), Sevilla II, Valladolid, Zaragoza y Daroca (Zaragoza).

    Seis empresas en la UTE

    De momento la UTE está formada por seis empresas, todas ellas que antes trabajaban para el Gobierno vasco el ministerio del Interior suministrando escoltas. Son Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica. Una fuente de Ombuds ha explicado que ellos aportarán más de 60 vigilantes en seis prisiones: Palencia: Castellón II, Salamanca, Huelva, Pamplona y Logroño.
    "El personal que va a ir a prisiones está recibiendo una formación especifica, que se suma a la que ya tiene como vigilante privado o escolta", señalan desde UGT. Lo que está claro es que los escoltas reconvertidos en las prisiones ganarán menos que lo percibían cuando daban protección en el País Vasco, según las mismas fuentes, con sueldos que rondarán los 1.200-1.300 euros.
    Fuente:  http://www.20minutos.es/noticia/1766615/0/escoltas-vigilantes/prisiones/seguridad/
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    Reunión Comisión Paritaria: sobe el Abono Pagas Extras

    Reunión Comisión Paritaria del Convenio Sectorial de 22 de Marzo de 2013, sobre el Correcto Abono de las Pagas extraordinarias de Julio, Diciembre y Beneficios durante los años 2013 y 2014
     

    jueves, 21 de marzo de 2013

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    Un exescolta anuncia una huelga de hambre para pedir un trabajo en la prisión

    Miguel Guerrero se queja por no haber sido tenido en cuenta para puestos para guardias como él.

    El algecireño Miguel Ángel Guerrero, exescolta en Navarra de cargos públicos amenazados por ETA, anunció ayer que este lunes tiene previsto iniciar una huelga de hambre para reclamar un puesto de trabajo. Guerrero no pide uno en general, sino que protestará por no haber sido tenido en cuenta, según indicó, en el proceso de selección de los guardias privados que empezarán a trabajar en la prisión de Botafuegos.

    El algecireño basa su denuncia y sus quejas en las informaciones publicadas que señalaron que el ministerio del Interior iba a promover la contratación para determinadas funciones en las cárceles de los escoltas que desarrollaron su labor en País Vasco y Navarra y que, tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, fueron relevados de estos desempeños. Tales informaciones detallaron que vigilantes privados sustituirían a la Guardia Civil en diversos trabajos auxiliares de seguridad, como la vigilancia del perímetro exterior o el control de las cámaras de seguridad, por ejemplo.

    Guerrero expuso ayer a este diario que el pasado 7 de marzo conoció que la empresa de seguridad privada Sabico sería la que trabajaría en la prisión algecireña y se quejó de que ésta no le ha dado la posibilidad de participar en la selección del personal tras comunicarle que ya estaba cerrada.

    El algecireño destacó a este diario que, tras tres años como escolta en Navarra, ahora se ve sin trabajo, sin ayudas y a cargo de una familia. Por ello, detalló, el lunes comenzará una huelga de hambre a partir de las 12.00 horas situado en la rotonda de acceso a la cárcel de Botafuegos.

    Francisco Márquez, director de la prisión, explicó ayer a este diario que hace unos días le fue comunicado que a partir del 1 de abril estaba prevista la incorporación de dos guardias de seguridad al centro penitenciario. Márquez añadió que oficialmente no se le ha trasladado ningún detalle sobre el tema al depender competencialmente de otras instancias. Este diario preguntó sobre estas incorporaciones a la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, aunque al cierre de esta edición no había logrado una respuesta. También le pidió una valoración sobre los hechos expuestos por Guerrero a la empresa Sabico y no obtuvo contestación.

    miércoles, 20 de marzo de 2013

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    Prosegur pagará cuatro dividendos de 0,0267 euros entre julio de este año y abril de 2014

    ProsegurMADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
    Prosegur propondrá a la junta de accionistas que celebrará el próximo 29 de abril repartir cuatro dividendos de 0,0267 euros brutos por acción cada uno, a cuenta del ejercicio 2012, que se harán efectivos entre julio de este año y abril de 2014.
    Los cuatro pagos de la retribución al accionista de la empresa de servicios de seguridad y vigilancia tendrán lugar en julio y octubre de este año, y en enero y abril de 2014, respectivamente.
    La compañía que preside Helena Revoredo destinará 65,9 millones de euros, con cargo a reservar de libre disposición, a abonar esta remuneración a los socios, según consta en el orden del día de la asamblea.
    Entre el resto de puntos de la junta figura la reelección como consejeros de la presidenta y de otros cuatro vocales, entre ellos el externo Isidro Fernández Barreiro.
    Asimismo, Prosegur recabará la aprobación de los socios a la operación de segregación de la rama de actividad de seguridad privada de Prosegur Compañía de Seguridad en España a favor de su filial 100% Prosegur España. La operación tendrá efectos contables desde el 1 de enero de este año.
    Prosegur celebrará su junta anual después de que la pasada semana se estrenara en el mercado de deuda con la colocación de una emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros, con vencimiento en abril de 2018 y un tipo de interés anual del 2,75%