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sábado, 28 de febrero de 2015

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Piden a Defensa que cancele sus contratos con Seguridad Integral Canaria por fraude a Hacienda

La Agencia Tributaria investiga al grupo por fraude fiscal.
Su presidente fue condenado por delito urbanístico y la empresa tiene problemas con la justicia por supuesto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.
 
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha remitido a los principales clientes de Seguridad Integral Canaria, empresa a la que, entre otras cosas, adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, una carta en la que denuncia los asuntos con la justicia que tendría pendientes el presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, y pide la revisión de los contratos.
Ramírez, un canario al que se le conoce amistad con el ministro de Industria, José Manuel Soria, fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras ser condenado por delito urbanístico. Además, según la carta remitida por USO, Seguridad Integral Canaria está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar supuestamente en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial.
Esa carta de tres folios, fechada el pasado 5 de febrero y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, está dirigida al ministro Pedro Morenés y a otros siete altos cargos del Ministerio de Defensa; al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buj; al director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, Ignacio Azqueta; al presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, y al director de Seguridad del Ente, Alfonso Perellón, así como al Consejero Delegado de BBVA, Ángel Fernández Cano, y a otros cuatro altos cargos de este banco, como a su director de Seguridad, Julio Corrochano, quien ha sido Jefe Superior de Policía de Madrid.
Los problemas judiciales de la empresa canaria de seguridad
Como ya informó Vozpópuli en su momento en un extenso reportaje, son muchos los problemas por los que atraviesan los trabajadores de la seguridad privada, pero parece ser que la palma se la llevaría, entre otras empresas de las casi 1.500 que componen el sector, Seguridad Integral Canaria; eso, al menos, es lo que afirma el secretario general de FTSP-USO, Antonio Duarte, en la carta-informe a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que pide a las empresas e instituciones a las que ha sido remitida que rescindan el contrato con esta sociedad canaria.
En su carta, Duarte dice a los destinatarios que “la contratación [de los servicios de seguridad a esta empresa canaria] la realizaron meramente en base a criterios de ahorro de costes”, pero que no deben ser los únicos criterios, sobre todo porque –afirma la carta- el dueño de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, fue condenado por delito urbanístico, aunque el Gobierno de Rajoy le concedió un indulto.
Pero, además, USO afirma que Ramírez “está actualmente imputado por varios delitos, entre ellos por los hechos acaecidos en el servicio que prestaba su empresa en el Aeropuerto Tenerife Sur (AENA), por supuestos delitos de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos”, un expediente que, sin embargo, estaría parado en el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 3 de los de Granadilla.
En la carta se añade también que Ramírez está imputado por el Juzgado de Instrucción Nº 8 de las Palmas de Gran Canaria por un supuesto delito fiscal, al no retener en IRPF ni supuestamente cotizar debidamente a la Tesorería General de la Seguridad Social por las horas extras que realizan sus trabajadores.
En ese punto, la carta remitida por Antonio Duarte al ministro de Defensa y a los otros 17 destinatarios afirma lo siguiente: “Las cantidades que debieron de haberse retenido e ingresado son 1.251.650,22€ en el año 2008 y de 1.1143.057,42 € para el año 2009, según datos de la Agencia Tributaria. No obstante, se prevén defraudaciones superiores al estar pendientes los pertinentes informes en relación al periodo que comprende del 2010 al 2013, y con respecto a las retenciones de IRPF e ingresos correspondientes derivados para la TGSS de dichos ejercicios”.
No obstante, según recoge la propia carta, la empresa habría reconocido parte de los anteriores hechos y habría pactado con la Unidad Central de la Inspección de Trabajo abonar las cantidades supuestamente defraudadas en 10 mensualidades.
La situación interna de los trabajadores: competitividad ventajista
Más allá de los expedientes judiciales, la queja de USO explicitada en su carta a los citados destinatarios se refiere de forma muy explícita a como la empresa Seguridad Integral Canaria habría intentado modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo a sus trabajadores, bien a través de un descuelgue salarial o de la formalización de un convenio de empresa propio, “con la finalidad de adquirir ventaja competitiva en las licitaciones (en este sector los gastos de personal suponen más del 90% de los gastos generados por los operadores), pero siempre se ha encontrado con la oposición final, aunque tardía, de las autoridades laborales”.
USO afirma en este punto que la empresa continúa con su política de abono de menores retribuciones de las establecidas por Convenio Colectivo a sus empleados, “siendo una de las empresas más demandadas y conflictivas del sector”, dice la carta, “como fácilmente puede cotejar del ambiente de crispación con respecto a ella de este sindicato, tanto en medios informativos como en foros del sector”.
Otras propuestas de sanción
USO relaciona seguidamente las otras propuestas de sanción que tendría Seguridad Integral Canaria por parte de la Inspección de trabajo, destacando una de 25.000€ por supuestamente no abonar a sus trabajadores en tiempo y forma la nómina mensual. Además, la carta que firma Antonio Duarte en nombre de USO destaca su política laboral, acusándola de cosas más intangibles, como de supuestos abusos de autoridad o de intimidación.
En ese punto, destaca Duarte los despidos de los 5 miembros del Comité de Empresa y del Delegado Sindical de la FTSP-USO en Tenerife. Pero añade: “Afortunadamente, estos representantes de los trabajadores represaliados han ganado sus demandas por despido nulo y pudieron volver a sus puestos de trabajo en la empresa”.
Finalmente, USO lanza una advertencia a las empresas contratistas: “Nuestra asesoría jurídica está analizando seriamente la viabilidad de demandar judicialmente a todas las empresas o instituciones donde preste servicios” la empresa canaria, pero “como responsables civiles subsidiarios o solidarios en todas las reclamaciones de cantidades que se dirijan a esta empresa por parte de la Administración y de los trabajadores”. Y también les comunican que USO está estudiando incluir como parte denunciada o querellada “a las instituciones o empresas contratantes en las posibles denuncias o querellas criminales por delitos ante la Hacienda pública y la Tesorería General de la Seguridad Social”.
Según los datos facilitados por la propia empresa, Seguridad Integral Canaria surgió en 1995 para la vigilancia y la protección de bienes e instalaciones, además de posicionarse como la “apuesta más segura” en el transporte de fondos y valores en Canarias y la Península Ibérica. En pocos años se convirtió en la empresa líder de seguridad en el archipiélago canario, y en 2005 amplió su actividad en el resto del territorio nacional, instalándose en Madrid.
Actualmente cuenta con grandes contratos en Metro de Madrid (unos 500 vigilantes), los edificios de Nuevos Ministerios, edificios del Patrimonio Nacional, cuarteles y edificios relacionados con el Ministerio de Defensa, INTA, RTVE y BBVA (transporte de fondos, al menos en Canarias).
 

viernes, 27 de febrero de 2015

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La otra amenaza de los escoltas

La gran mayoría de los escoltas que protegieron a los amenazados por ETA se ha convertido en parados de larga duración que rondan los servicios de beneficencia.
 
Ante las escasas posibilidades de reciclarse, reclaman al Ejecutivo que cumpla su promesa y les emplee como vigilantes de seguridad privada del perímetro exterior de los centros penitenciarios.
 
El Gobierno de Rajoy dice ahora que ese "compromiso específico" del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era "una declaración de intenciones".
Los escoltas han protegido a los amenzados durante las épocas más duras del terrorismo de ETA.
Las empresas de seguridad engendraron en tiempos de máxima amenaza de ETA un ejército de escoltas que desembarcó, principalmente, en Euskadi y Navarra. Su misión, proteger día y noche a los amenazados, era prioritaria e imprescindible. Ahora, tras más de tres años del cese definitivo de la violencia de la organización terrorista, los servicios de estos guardaespaldas ya no son necesarios. Y, como consecuencia del fin de la violencia, el sector está sobredimensionado con 37.215 personas en España con licencia para desempeñar tareas de vigilancia. La recolocación de estos trabajadores en paro en los perímetros de vigilancia de las prisiones anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy es lenta y según los afectados, y en esto coinciden diversos movimientos y asociaciones consultadas, prácticamente inexistente.
La gran mayoría de los escoltas que protegieron la vida de cargos públicos, periodistas, jueces, empresarios, etc., engrosa la lista de parados de larga duración. Muchos están a punto de perder sus prestaciones y son usuarios habituales de los servicios de Cáritas. Ahora son ellos los que se sienten desprotegidos. Lo peor, no saben con qué armas combatir esta situación. Sus credenciales habituales, un intenso adiestramiento en desactivación de explosivos, en defensa personal o conducción evasiva, ahora ya no sirven.
En los años más duros de la violencia llegaron a ser 3.800 los que operaban en Euskadi y Navarra. Desde que ETA anunció el fin de la violencia, se ha ido retirando la protección de forma progresiva a los amenazados. Todos han emprendido una nueva vida. Los protegidos continúan sus carreras políticas y profesionales, esas que no se vieron forzadas a dejar gracias al apoyo, entre otros, de escoltas y estos por su parte, deben emprender una nueva etapa profesional ahora que ya no custodian Euskadi y Navarra. En ese camino son ellos los que ahora se encuentran desamparados y desorientados.

"He tirado muchos años por la borda"

Rondan una edad difícil, entre los 40 y 50 años, y sus trayectorias suscitan rechazo, según sus relatos, una reacción que se torna incluso, en ocasiones, en desprecio. “No voy a esconder que he trabajado de escolta, he dedicado mi vida a ello, aunque ocultarlo sería lo conveniente para darme alguna oportunidad en puestos ajenos a esta profesión. De carretillero, de camionero de materias peligrosas, de chófer… Me he ofrecido para cualquier actividad, pero ha sido inútil. Todos torcían el morro cuando conocían mi historial. Por eso volví a mi tierra. Y ahora, aquí, lo que doy, es pena”.
 
Este escolta de 49 años y que prefiere no desvelar su identidad, rehace su vida en Cádiz después de proteger a parlamentarios socialistas y populares durante casi una década y sin contar con las bendiciones de su familia. “No compartían mi decisión, pero yo en aquel momento sentí que era la adecuada. Sentí que aquí se me necesitaba. Ahora me arrepiento. Me siento utilizado y engañado. He tirado por la borda muchos años. Otros compañeros que rechazaron venir a Euskadi de escolta y apostaron por hacer carrera como instructores, ahora conservan su puesto y tienen el futuro garantizado. Yo no sé qué voy a hacer cuando se me acabe la prestación”, confiesa este hombre que cobra 420 euros para hacer frente a una hipoteca de 500 y con cuatro hijos. Él, como el resto del colectivo, reclama que el Gobierno, como prometió, les recoloque en las cárceles, pero esta promesa no acaba de cumplirse.

"Nosotros sí hemos cumplido. Los políticos, no"

Bajo esa reivindicación común se constituyó un colectivo que se hace llamar Las sombras olvidadas de Euskadi. Son 160 afiliados a este asociación. Su vicepresidente, Mario Zas, asegura que no pararán hasta que el Gobierno cumpla lo pactado. No descartan iniciar movilizaciones para dejarse oír. “Los que sí hemos cumplido somos los escoltas. Nuestro pacto de confidencialidad sigue intacto. Todos conocemos mucho sobre la vida de nuestros protegidos pero nuestros labios están y estarán sellados para siempre porque somos hombres de palabra. No se puede decir lo mismo de los políticos. No han hecho nada por nosotros. Sí han movido ficha por las empresas de seguridad en compensación por los contratos perdidos con la protección de los amenazados. Pero no por nosotros. Nos han abandonado a nuestra suerte”, lamenta Zas. El Gobierno ha adjudicado a varias empresas contratos para extender la vigilancia privada al perímetro exterior de las cárceles, pero las empresas no han reclutado a los escoltas para cubrir esos puestos. “No les han obligado a hacerlo y tiene fórmulas a su alcance. Podían haber incluido cláusulas en los pliegos de condiciones”, sugiere el vicepresidente del colectivo.

Demasiada formación

Otro escolta que responde al nombre de Juan Luis manifiesta abiertamente que malviven. “En mi entorno conozco casos de compañeros que están a meses de que le expropien por no poder hacer frente a los gastos de la vivienda y de la manutención de los hijos”. Juan Luis alterna un trabajo de 12 horas al mes en un estadio de fútbol, junto a otro de otras tantas como vigilante en una discoteca. “De vez en cuando, como tengo el título de instructor, me sale alguna clase. Pero poco más”, reconoce resignado. Este profesional no entiende como estando España en un nivel de alerta por amenazas yihadistas se reduce la plantilla destinada a la seguridad en ciertos servicios públicos o en los transportes. “El Gobierno debería reactivar esta actividad. Los escoltas estamos sobradamente preparados para abordar este cometido porque la gran mayoría tenemos una formación específica”.
Es precisamente esa cualificación la que a veces les perjudica. “Los mandos intermedios de las empresas de seguridad están menos preparados que nosotros y son reacios a contratar personal que les supera en formación. Por otra parte nos rechazan porque estamos demasiado preparados para estar 24 horas quietos en una garita de seguridad de las cárceles”, dicen desde Sombras Olvidadas de Euskadi. Denuncian que las condiciones de esos servicios son en muchos casos “lamentables e incluso infrahumanas”. Hablan de turnos de guardia sin relevo para poder ir al baño y otras irregularidades. No obstante, nadie les ha dado opción a negociarlas porque insisten que nadie les ha ofrecido esos puestos.
Según los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Interior el pasado mes de enero en respuesta a una pregunta del PSOE, 81 escoltas han sido compensados con esta salida, una cifra insignificante cuando han llegado a ser 3.800. El Gobierno utiliza ese escrito para matizar que ese “compromiso específico” del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era “una declaración de intenciones”.
 

jueves, 26 de febrero de 2015

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UPyD cuestiona la legalidad de la contratación de vigilancia privada en el pasacalle de los carnavales

Los Barrios .
Unión Progreso y Democracia pedirá por registro general de entrada las explicaciones oportunas al concejal de Seguridad Ciudadana, Jose Carlos Lara (PP), y al Alcalde, Jorge Romero, por la contratación de una empresa privada para realizar funciones que “son de competencia exclusiva de la Policía Local y Guardia Civil”, y por el coste ocasionado a las arcas municipales, “a todas luces innecesario en tiempos en los que hay que gobernar con austeridad y congruencia”.
 
Redacción | Los Barrios:
Desde la formación magenta están estudiando la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía y de la Subdelegación del Gobierno, por entender que el Equipo de Gobierno (PA-PP) “ha permitido con su forma de actuar, que se cometan hechos que pudieren ser constitutivos ilícitos penales”.
 
“Desde UPyD nos preguntamos por qué el Gobierno Local (PA-PP) prefiere contratar a una empresa privada para desarrollar funciones que deben ejercer los Agentes de la Autoridad, no dando la posibilidad al colectivo de la Policía para que realicen servicios extraordinarios y por tanto se garantice la seguridad de los ciudadanos de forma efectiva”, dicen.
 
UPyD lamenta que el PA-PP “no haya llegado a un acuerdo con los trabajadores en esta legislatura, perjudicando con ello el servicio que se presta y se debe garantizar a los ciudadanos de Los Barrios en eventos anuales, en los que se congregan gran afluencia de personas y en los que es prioritario velar por su seguridad ante eventuales emergencias”.
 
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Las discotecas no pueden tener cámaras en los accesos

Una sentencia del TSJC modifica el reglamento de la ley de Espectáculos catalana, cuyo cambio está ahora en estudio.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) determina que las cámaras de vigilancia en los accesos a los locales de noche son inconstitucionales, porque afectan a la intimidad de los clientes.

Esta obligación estaba comprendida en el reglamento que desarrolla la ley de Espectáculos catalana del año 2010, actualmente en vigor, y que fue recurrido por la Federación de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) ante la sala de lo contencioso del TSJC. Dicho artículo reza que los locales con aforo a partir de 151 personas (discotecas, bares musicales, sitios donde se desarrollan conciertos...) deben instalar un sistema de grabación "que registre de forma continuada, desde la apertura del local hasta su cierre, cada una de las entradas y salidas del mismo, con los datos del día y la hora. Las imágenes se deben guardar un periodo de tres meses, con pleno respeto a la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal".

Pues bien, el TSJC ha dado la razón en este apartado a los letrados de Fecalon, Fernando Martínez y Jordi Montero, al estimar que las cámaras de vigilancia en los accesos suponen "una clara intromisión en los derechos fundamentales a la imagen y la intimidad" de los usuarios y clientes de los establecimientos, y que esta norma contraviene la Constitución. Es decir, que no hay por qué grabar a quien accede a un determinado local ni conservar a qué hora entró y cuándo salió, ni registrar con quién va.

Asimismo, el TSJC también modifica el reglamento en el sentido de que la forma de aplicar sanciones graves y muy graves debe modificarse y explicitarse desde un inicio cuál ha sido el motivo del expediente.

En cambio, el tribunal mantiene otras disposiciones impugnadas, como que los locales nocturnos deben tener sistemas de control del aforo, limitadores de sonido con registradores y que las discotecas y bares musicales con aforo superior a 150 personas "deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir la aglomeración de personas en la vía pública", para lo cual siempre pueden reclamar la ayuda de la policía.

En este momento, el Govern está tratando con el sector del ocio nocturno el anteproyecto de la ley de Espectáculos, cuyo texto anterior fue aprobado por el tripartito.

Fuente:  http://www.lavanguardia.com

martes, 24 de febrero de 2015

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La Fiscalía, Casesa e Iberdrola recurren el fallo sobre el asalto a Cofrentes

La Fiscalía, Casesa e Iberdrola recurren el fallo sobre el asalto a Cofrentes
El Ministerio Público, Iberdrola y la empresa de seguridad Casesa han interpuesto sendos recursos de apelación contra a la sentencia que condenó a 16 activistas de Greenpeace por el asalto a la Central Nuclear de Cofrentes realizado en el año 2011, han informado a EFE fuentes judiciales.
La Fiscalía ha justificado su recurso en que, dado los hechos que la titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia declara probados en su sentencia, "también concurren los delitos de desórdenes públicos y de lesiones". Iberdrola, propietaria de la central nuclear, ha recurrido la resolución judicial, hecha pública el pasado mes de diciembre, al considerar que "se ha producido desorden público evidente", según las mismas fuentes.
Por su parte, la empresa de seguridad Casesa ha presentado recurso ante esta sentencia, en la que se absolvía a un fotoperiodista que cubría la protesta, "por las lesiones causadas" a su personal, y pide que sean estimadas como constitutivas de delito.
El juzgado de lo Penal número 11 de Valencia condenó en diciembre a seis meses de multa por un delito de daños a 16 activistas de Greenpeace por el asalto a la Central Nuclear de Cofrentes realizado en el año 2011.
En la misma sentencia se absuelve de todos los cargos al fotoperiodista que cubrió la protesta, y que también se sentó en el banquillo en el juicio.
Del mismo modo, la resolución judicial absuelve a los procesados de los delitos de desórdenes públicos y lesiones.
En el fallo judicial, se establece una multa de seis meses con cuota diaria de seis euros, lo que hace un total de 1.080 euros por cada uno de los procesados y 17.280 euros en total. Además, les condena a pagar 2.232 euros por la rotura de una valla de la central, y declara como responsable civil subsidiaria a Greenpeace España.
Durante el juicio, la acusación ejercida por Iberdrola solicitaba una indemnización de 357.371 euros en concepto de responsabilidad civil. Respecto de los delitos de desórdenes públicos y lesiones que el Ministerio Público imputaba a los acusados, la magistrada concluyó que no hay elementos para sostenerlos, por lo que ha dictaminó su absolución.
En el juicio, la Fiscalía solicitó dos años y ocho meses de cárcel para cada uno de los dieciséis activistas de Greenpeace y un fotoperiodista procesados, mientras que la defensa reclamó su libre absolución.
Ni Greenpeace ni ninguno de sus activistas han recurrido la sentencia, por lo que, según las fuentes, "asumen la comisión de un delito de daños".
 
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Así requisan los vigilantes una pancarta crítica en El Molinón



La Asociación de Vigilantes Privados de Asturias (Avispa) ha denunciado la actuación de personal auxiliar no habilitado de la empresa Prosegur en los accesos al El Molinón, en el inicio del partido contra el Mirandés del pasado domingo. Los vigilantes requisaron a la fuerza a un grupo de aficionados que intentaban acceder al recinto una pancarta crítica contra la actual directiva. El colectivo ha denunciado la ilegalidad a la Policía Nacional, y quejas ante el Sporting y la Delegación de Gobierno.
La asociación entiende que en las imágenes se aprecia claramente una actuación, “no ya excesiva, sino contraria a la legislación y que bien pudiera constituir una infracción muy grave”. La Ley de Seguridad Privada establece que únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza "las empresas de seguridad y el personal de seguridad privado integrado en las mismas". Además tipifican como infracción grave “la contratación o utilización de los servicios de empresas carentes de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, a sabiendas de que no reúnen los requisitos legales al efecto”.
Avispa asegura que los registros, comprobaciones y prevenciones necesarios para cumplir su misión en un control de accesos, deberán ser realizados por vigilantes de seguridad debidamente habilitados, e integrados en empresas de seguridad autorizadas por Interior, conforme a la normativa vigente en materia de seguridad privada. La utilización en tales servicios de controladores de accesos, auxiliares de servicios u cualquier otra denominación análoga, podría suponer la comisión de una infracción muy grave, para la empresa prestataria del servicio, grave para el contratante del servicio y muy grave para las personas que realicen tal actividad.

Fuente:  http://www.asturias24.es

domingo, 22 de febrero de 2015

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Declaran improcedente el despido de un trabajador se negó a hacer horas extra

La empresa ofreció a los trabajadores compensarlas con horas de descanso, a lo que estos se negaron.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por una empresa contra la sentencia de un Juzgado de Cartagena que declaró improcedente del despido de un trabajador que fue cesado al negarse a realizar horas extraordinarias.
La sentencia del TSJ señala que el Juzgado declaró probado que hasta junio de 2012 la empresa abonaba a sus empleados un complemento de productividad, pero a partir de esa fecha les comunicó que el mismo se abonaría de forma variable, según los resultados.
Igualmentes les indicó que las horas extraordinarias serían abonadas hasta un máximo de 80 al año y que el resto se compensaría con periodos de descanso, a lo que los trabajadores respondieron que no las realizarían si no percibían la correspondiente retribución económica.
En esta situación, el demandante fue despedido al considerar sus jefes que había producido daños a la empresa al no incorporarse al equipo en el que estaba incluido para prestar un servicio.
El Juzgado, en la sentencia ahora confirmada por el TSJ, declaró improcedente el despido y condenó a la demandada a su readmisión o al pago de un indemnización cercana a los 39.000 euros.
Afirma la Sala que los hechos atribuidos al demandante y sobre los que se basó el despido no tienen la gravedad exigida para acordar una medida así.
Y en cuanto a las horas extraordinarias, comenta que con excepción de los supuestos incluidos en el convenio colectivo, "su realización debe reputarse voluntaria, en los términos del Estatuto de los Trabajadores".
 
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Un vigilante de seguridad persiguió al atracador de una gasolinera

El testigo vio al atracador, armado con una escopeta, cogiendo el dinero de la caja y saliendo de la gasolinera y lo estuvo siguiendo hasta que, finalmente, fue acorralado por la Guardia Civil.
Un vigilante de seguridad persiguió este viernes al presunto atracador de una gasolinera del polígono industrial de Blanca. Tras una larga huida, la Guardia Civil logró finalmente arrestar al supuesto autor del robo frustrado. Según ha podido saber 'La Verdad', éste niega los hechos y asegura que estaba haciendo 'running' por la zona. El instituto armado investiga ahora si el sospechoso está implicado en otros asaltos a gasolineras de la zona ocurridos en las últimas semanas.
Según explicó el vigilante -que no trabaja en la gasolinera asaltada- , se encontraba en un bar cercano cuando se percató de lo ocurrido y acudió con su coche de empresa a interesarse por la situación. El testigo pudo ver al atracador, armado con una escopeta, cogiendo el dinero de la caja y saliendo luego de la gasolinera «con la escopeta debajo del brazo». El vigilante de seguridad asegura que, al verlo, el ladrón «se quedó sorprendido» y comenzó una huida a toda carrera. Con ayuda de su vehículo, el trabajador lo persiguió y trató de cortarle el paso durante varios minutos, hasta que llegaron los agentes de la Guardia Civil y lograron detenerlo. El valor de este vigilante era ayer reconocido por sus conocidos. «Me han dicho que estoy loco», comenta.
 

viernes, 20 de febrero de 2015

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Reunión Comité de Empresa Segurisa Sevilla (Enero 2015)



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Cuatro encapuchados armados desvalijan una joyería en el Carrefour de San Fernando de Henares y se fugan con el botín

Con una pistola obligaron a la dependienta a a tumbarse el suelo, reventaron con mazas el escaparate y arramplaron con todo lo que pudieron.
De película. Así fue el espectacular atraco que sufrió ayer una joyería situada en en centro comercial Carrefour de San Fernando de Henares que dejaron, prácticamente, sin género. Y todo ello en escasos minutos.
Los hechos se produjeron a las ocho y media de la tarde. Cuatro encapuchados que llegaron a bordo de un BMW, probablemente robado, se dirigieron a una joyería enclavada en la planta baja. Lo tenían todo perfectamente estudiado. Al establecimiento le quedaba poco para echar el cierre.
Sin importarles la presencia del público que se encontraba realizando sus compras pasaron a la acción. Asi, provistos de un arma de fuego y de mazas amenazaron a la dependienta -que se encontraba sola- con una pistola y la obligaron a tumbarse en el suelo. Mientras, con los palos reventaron los cristales y arramplaron con todas las joyas, cadenas, relojes, anillos, pendientes y demás objetos de valor que guardaron en las bolsas que portaban, según confirmaron fuentes policiales. No había
Acto seguido, abandonaron el centro comercial con el botín, se subieron al vehículo que habían dejado en las inmediaciones, posiblemente en marcha, y huyeron con el botín a toda velocidad.
Tanto la empleada del local atracado, que se llevó un susto de muerte, como las personas que se percataron de lo sucedido vivieron momentos de gran tensión y temor por el violento proceder de los ladrones.
La Policía Nacional investiga lo sucedido y revisará las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los autores.
 
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Una vigilante de seguridad de Prosegur mandó callar a un jugador del F.C. Barcelona en el estadio de San Mamés


jueves, 19 de febrero de 2015

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SPV consigue introducirse con 1 candidato en el comité de centros grupo cepsa

En el día de hoy 19 de febrero, se ha celebrados las elecciones sindicales de prosegur en el centros de Cepsa los barrios, después de todas las trabas y zancadillas interpuesta por los que lideraban hasta hoy dicho comité el sindicato “ccoo”,(Por algo seria ó algo querrán ocultar) para que SPV no se integrara en ese comité. Al final hemos conseguido 1 candidato como miembro de comité “Miguel A. Castañeda”.

Enhorabuena y gracias a todos aquellos los cuales aun confían en nosotros, esperemos que algunos no se arrepientan de NO habernos dado el voto.


miércoles, 18 de febrero de 2015

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Actualiza a la Versión 2.1 NUESTRA APP DEL SINDICATO SPV

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El juez saca tres piezas separadas del Caso Ópera: EULEN, Festejos y Himosa

Por la envergadura de las mismas, tendrán su propio procedimiento judicial
El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha decidido sacar tres piezas separadas del llamado "Caso Ópera", porque el que se investigan una supuesta irregularidad en la concesión de contratos menores por la Ciudad Autónoma, según han informado a MELILLA HOY fuentes judiciales. Estas tres piezas se refieren en un caso a la Viceconsejería de Festejos, en un segundo a la empresa Himosa y en un tercero a la también empresa Eulen, porque dada la envergadura de las mismas, tendrán su propio procedimiento judicial.
 
14 detenidos en Melilla y otras tres ciudades por corrupción.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desarrollado este martes una nueva redada anticorrupción centrada en Melilla y otras tres ciudades que concluyó con la detención de 14 personas, entre funcionarios públicos y empresarios que supuestamente amañaron contratas públicas para quedarse con dinero.
Algunos de los detenidos son funcionarios del Gobierno de esa ciudad autónoma. La operación, que sigue abierta, prevé otra detención (15 en total), y el juzgado de Melilla que investiga este asunto citará a declarar como imputadas a varias personas más, entre ellas varios altos cargos del Gobierno de Melilla. Los agentes también realizaron cuatro registros en domicilios y empresas. Los arrestos se practicaron, además de en Melilla, en las ciudades de Málaga (1), Gran Canaria (1) y Madrid (3). Y están relacionadas con presuntos delitos en la adjudicación de obras públicas por parte de varias consejerías del Gobierno de Melilla, entre ellas, la de Medio Ambiente. El director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, Gregorio Castillo, es uno de los arrestados, según fuentes de las pesquisas. Castillo gestiona los servicios de protección civil, bomberos y policía local de Melilla.
 
Las detenciones se enmarcan dentro de las denominadas operaciones Ópera y Tosca, que motivaron registros en Melilla en septiembre de 2013 y febrero de 2014 y que, hasta el momento, han derivado en detenciones e imputaciones de varios consejeros y altos cargos de la ciudad autónoma, entre ellos, el consejero de Medio Ambiente José Ángel Pérez Calabuig. La redada e investigación la desarrolla la UCO de la Guardia Civil a las órdenes del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, que investiga delitos contra la Administración pública, falsedad y blanqueo de capitales.
En un auto relacionado con aquellas primeras detenciones, la juez observó diversos contratos menores adjudicados por la Consejería de Medio Ambiente en los que se detectaron “posibles fraudes de ley en materia de contratación pública mediante fraccionamientos” con la finalidad de no llegar al tope legal”. Las investigaciones se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil de Melilla, durante una operación relacionada con delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, intervino diversa documentación que evidenciaba el desvío de fondos públicos en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de la ciudad autónoma de Melilla (Operación Ópera).
Las detenciones, que también afectan a particulares, son fruto del análisis de la abundante documentación que decomisó en febrero de 2014 la UCO en las consejerías melillenses de Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura, Medio Ambiente, Fomento, en la viceconsejería de Festejos, en servicios informáticos y en las empresas privadas y adjudicatarias de contratas Eulen, Himosa, Promosa e Hispanagua (del Canal de Isabel II de Madrid).
 
La Operación Ópera la inició la comandancia de Melilla en el año 2009 y posteriormente se hizo cargo de ella la UCO, que es una unidad de élite del instituto armado.
Estas 14 detenciones se producen, además, después de que el Tribunal Supremo decidiera, hace sólo unos días, abrir una investigación contra el presidente de Melilla y senador del PP Juan José Imbroda por un presunto delito de prevaricación por la contratación irregular de un abogado.
Los agentes de la UCO que detuvieron este martes a estas personas pertenecen al Grupo de Delitos contra la Administración y también forman parte de la unidad que en octubre pasado desmanteló la trama Púnica (con 35 detenidos), en la que figura como uno de los principales implicados el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados y otrora hombre de confianza de la expresidenta Esperaza Aguire.
También es la unidad que destapó el presunto fraude en los cursos de formación de Andalucía y, en concreto, la llamada Operación Enredadera, que afecta a cargos políticos del PSOE, PP e IU y a exdirigentes del sindicato UGT de Andalucía.
 

martes, 17 de febrero de 2015

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ELECCIONES SINDICALES EN PROSEGUR ESPAÑA SL- REFINERIA GRUPO CEPSA


El próximo día 19 de Febrero de llevaran a cabo las elecciones sindicales para el Centro de Trabajo de Prosegur en Refinería Grupo Cepsa, que afecta a un total de 58 trabajadores. El horario de votaciones será de 12:00 a 16:00 horas. Seguiremos informando del proceso electoral puntualmente.
¡¡PARTICIPA EN EL PROCESO ELECTORAL, NO FALTES!!
 
 

domingo, 15 de febrero de 2015

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La Justicia multa a una empresa de seguridad por intrusismo

La Audiencia Nacional ha confirmado una sanción de 30.051 euros a una empresa de seguridad, ubicada en Linares, por intrusismo. En concreto, utilizó vigilantes que no contaban con la homologación adecuada para custodiar recintos en los que se estaban realizando peligrosos trabajos de demolición.
Los hechos se remontan al 2 de diciembre de 2010, cuando la Policía hizo una “visita” a la obras, ubicadas en la Estación Linares-Baeza. Los agentes accedieron de noche el lugar, compuesto por dos recintos perfectamente vallados y delimitados. En el primero, se guardaban materiales y máquinas de gran tonelaje. Los policías se toparon con un vehículo junto a la verja y, pocos metros después, una caseta iluminada y varios focos que alumbraban toda la zona. El vigilante estaba en el interior.
En el segundo recinto, el “guarda” de seguridad estaba haciendo una ronda. Vestido con un chaleco reflectante, se limitaba a dar paseos. “No portaba herramienta alguna ni realizó otra actividad”, señala la sentencia. Tras un periodo de vigilancia, los policías se le acercaron y se identificaron. Le pidieron que les dejara entrar en la obra, a lo que el hombre se negó, alegando que sus superiores se lo tenían prohibido. Lo que sí hizo fue llamar al responsable de su empresa para informarle de que habían recibido la inspección de la Policía.
Poco después, los agentes se desplazaron al otro recinto. Para entonces, todas las luces habían sido ya apagadas. Pese a que hicieron todo tipo de señales acústicas y luminosas, nadie contestó. Diez días más tarde, llamaron a declarar a los dos trabajadores. El que no contestó dijo que no oyó los requerimientos que le hicieron porque estaba escuchando música con los cascos puestos mientras almacenaba chapas.
Para la Justicia está claro que ambos hombres estaban realizando labores de vigilancia privada sin estar habilitados para ello. Por esa razón, su empresa, con sede social en Linares, fue sancionada con 30.051 euros por una infracción considerada muy grave. A pesar de que se trata la cuantía mínima para este tipo de faltas, la firma la recurrió ante la Audiencia Nacional, que ahora acaba de confirmarla íntegramente.
El intrusismo es uno de los grandes problemas del sector de la seguridad privada. Para ser guardia es necesario superar una formación en un centro reglado. Y, después, hacer un examen que hace el Ministerio del Interior, que incluye conocimientos y pruebas físicas. Solo quien cumple estos requisitos puede llevar el uniforme, la porra y los grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo.
 
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Publicado convenio de VINSA para el 2015

https://drive.google.com/file/d/0BxzFNv4VR958Sk5NZ1hRZWlFenM/view?usp=sharing

miércoles, 11 de febrero de 2015

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SECURITAS: SUS PALABRAS Y COMPROMISOS NO VALEN NADA.

Cádiz, a 11 de febrero de 2.015
No acabamos de digerir aun los dos EREs realizados por la Empresa, (el nacional con el Vº Bº de los Sindicatos de clase en Madrid, y el provincial, sacado adelante en solitario por la empresa y con la oposición del Comité de Cádiz) que acabaron ganando en el T.S.J.A. y mientras sucedía esto, muchas de las demandas individuales interpuestas por los afectados por este ultimo ERE fueron retiradas con el compromiso por parte de Securitas que serian re-colocados con preferencia en las primeras plazas que se fuesen creando, pero con el transcurrir de los días vemos como se incumple lo acordado y sus palabras solo eran cuentos y engaños.

Y decimos esto públicamente, por que lejos de cumplir los compromisos asumidos, a día de hoy siguen reiterándose en su nefasta política contrataciones y traslados por parte de la empresa Securitas Seguridad España S.A. , pues se dan las circunstancias que mientras que sacan a tres trabajadores fijos del  centro de Dragados en Puerto Real donde llevaban 20 años de servicio y sin que medie falta o sanción alguna a consignar en sus expedientes laborales, tampoco existen comunicación alguna a sus representantes en el comité de empresa, simultáneamente contratan a 4 trabajadores directamente desde el desempleo para este centro, obviando los compromisos adquiridos, todo ello sin explicar ni argumentar estas decisiones, pues solo nos cabe pensar que la empresa quiere deshacerse de los trabajadores antiguos y renovar de forma encubierta a la plantilla de vigilantes, aprovechando el abandono al que estamos sometidos los trabajadores de este país tras las distintas reformas laborales.

Mientras esto sucede, vuelven a sacar también a otros tres compañeros del campo de Gibraltar de sus centros y son trasladados de buenas a primeras, a la Delegación de Securitas en Almería a 440 kilómetros de casa, alegando falta de trabajo en la zona. Se da las circunstancias que uno de ellos es residente en Cádiz capital y lleva ocho años trasladándose a Sotogrande, pero en vez de darles traslado a Dragados, donde estaría a escasa distancia de su domicilio, ¿le envían a Almería?, a falta de las oportunas explicaciones, saquen ustedes sus propias conclusiones ante tanto despropósito.

No olvidemos que trasladaron recientemente a compañeros de Airbus Puerto Real, Centros Hospitalarios también en el Campo de Gibraltar y sobre otros tantos centros penden al día de hoy la amenaza de continuos traslados, sin justificación alguna.

Estos hechos han sido denunciados por la Sección Sindical de S.P.V., que acusa a la empresa de estar ocasionando un daño irreparable entre sus empleados y sus familias, con catastróficas políticas de conciliación familiar y de organización del trabajo, que persiguen desmotivar y provocar renuncias a los empleos, ante los obstáculos a que someten a sus trabajadores, sustituyendo a gente antigua por nuevas contrataciones, así como incumplir sistemáticamente los acuerdos de re-colocaciones.                                 


SECCIÓN SINDICAL S.P.V.
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UGT alteró sus cuentas para borrar el rastro de sus comilonas en la feria


El ex tesorero Federico Fresneda ordenó modificar un asiento contable
Donde antes figuraba el concepto 'gastos feria' apareció luego 'gastos de representación'

UGT Andalucía manipuló su contabilidad interna para que no quedara rastro alguno de sus fiestas nocturnas de la Feria de Sevilla desveladas por EL MUNDO y costeadas con cargo al contribuyente andaluz. Lo ha testificado ante la Guardia Civil A. J. M., el ingeniero informático que instaló el programa de contabilidad Spyro y que asegura haber recibido órdenes del ex tesorero ugetista Federico Fresneda para maquillar los asientos contables que confirmaban el colmo del abuso del sindicato que actualmente dirige Carmen Castilla.

En su declaración del pasado 30 de julio y que figura en el último atestado remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, A. J. M. confirmó que estuvo colaborando como técnico externo en la instalación del programa informático contable de UGT-A desde mediados de 2010 a mayo de 2014, manteniendo reuniones cada 15 días con los contables del sindicato que le pedían que hiciese «una serie de modificaciones en relación a determinados proyectos».

Su interlocutora habitual era María Charpín, la militante socialista a la que el PSOE de Sevilla se negó a expulsar tras su imputación en junio por su gestión contable en UGT. No obstante, «en contadas ocasiones» el ingeniero informático también hablaba directamente con Fresneda, al que señala con el dedo a la hora de explicar las manipulaciones más flagrantes de la contabilidad del sindicato.

El ex tesorero -él directamente o a través de José Miguel Galdeano y Francisco Mateos- fue el que le pidió a A. J. M. que «se hiciesen una serie de cambios relativos a la modificación de asientos contables relativos a años anteriores». A modo de ejemplo, el informático revela que se «le solicitó desde UGT de Sevilla que se cambiase el concepto 'gastos Feria' por el de 'gastos de representación'», con lo que se perdía el rastro de la cena con orquesta y barra libre en la caseta ugetista en vísperas de la feria.

Otra orden que recibió el ingeniero fue la de «imputar a determinados proyectos facturas que se desimputaban masivamente de otros proyectos, aduciendo desde el sindicato que éstos no estaban en el proyecto correcto», aunque a A. J. M. resalta que «esto se hacía con ejercicios ya cerrados».

Igualmente, Fresneda le pidió «cambiar facturas de gastos de estructura para pasarlas finalmente a gastos de proyecto. Esto es, pasar por ejemplo gastos de suministro como pudiera ser agua, electricidad, etc., a gastos que se pudieran justificar en determinada subvención», aclara el informático, dejando claro la intención del sindicato de endosar sus gastos corrientes a las ayudas de la Junta.

El programa Spyro da para más. Para empezar, también ha declarado como testigo ante la Guardia Civil el dueño de la empresa que se lo vendió a UGT-A, A. A. P., que ofrece un detalle curioso sobre los famosos 'botes' de la contabilidad informática ugetista: fue una petición directa del cliente. «Desde el sindicato» se le solicitó «una gestión específica que contemplase 'facturas anticipadas de proveedores pendientes de recibir albaranes'», lo que permitía a la organización sindical generar el saldo con determinados proveedores que resulta de las facturas anticipadas y los albaranes pendientes de recibir.


A. A. P. precisa también que su empresa ingresó 542.718,34 euros de UGT por la instalación del Spyro. La Guardia Civil alerta de que esa cantidad «dista mucho» de la declarada por María Charpín, quien en aseguró que el programa de contabilidad informático le costó al sindicato más del doble, 1,2 millones de euros, con la que justificaron dos subvenciones de 600.000 euros otorgadas por la Junta. Los agentes dan más credibilidad a A. A. P. porque da detalles de que tuvo que devolver 51.579,31 euros al sindicato por errores del software. «Llegados a este punto, cabría preguntarse si estos reembolsos que suman 51.579,31 fueron declarados por UGT-A a la entidad concedente de la subvención, esto es, a la Junta de Andalucía», lanza la UCO.

Fuente:  http://www.elmundo.es
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La Junta compró jamones con ayudas para cursos de formación

La Escuela de Artesanos de Gelves gastó 6.347 euros en una factura no subvencionable
La juez Alaya ha decretado secreta la investigación sobre estos entes
La Junta de Andalucía compró jamones con una subvención destinada a impartir cursos en la Escuela de Formación de Artesanos del municipio sevillano de Gelves.

Esta escuela forma parte de la red de catorce consorcios creados por el Gobierno andaluz, en colaboración con ayuntamientos, que ahora está investigando la juez de Sevilla Mercedes Alaya, en el marco de las pesquisas sobre el fraude de la formación.

Un informe de control financiero de operaciones de la Intervención General de la Junta, en poder de EL MUNDO, detectó que la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves había presentado dos facturas con conceptos «no subvencionables», al amparo de la ayuda concedida para los cursos.

Se trata del recibo 43/08 del proveedor Jamones Badía, S.L., con el concepto «jamones», por importe de 6.347,99 euros; y la factura 247 de la empresa Catering Sayca, con el concepto «catering» por valor de 1.498 euros. El importe de la «incidencia», según la denominación que emplea la Intervención, asciende a 7.845,99 euros.

La entidad beneficiaria está obligada al reintegro de los 7.845,99 euros, detalla el informe del 14 de julio de 2011, mucho antes de que estallara el escándalo del fraude de la formación en abril de 2014.

Alegaciones llamativas

Son llamativas las alegaciones formuladas por la Escuela de Formación de Artesanos. Además, todas fueron rechazadas.

Sobre los jamones, el consorcio de Gelves indicó que «dichas facturas se corresponden al 20% financiado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y son gastos de atenciones protocolarias contemplados en el desglose de gastos subvencionables en la resolución de la subvención». O sea, que la escuela pretendía endosar el coste de los jamones al SAE, y no al Fondo Social Europeo (FSE), aprovechándose de que la subvención procedía en un 20% de fondos de la Junta y el 80% restante de la UE.

Sin embargo, el equipo de comprobación verificó que «dichos gastos no son subvencionables de acuerdo con la resolución de la subvención», dice la Intervención.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ya alertó en enero de 2013 sobre los gastos irregulares en atenciones protocolarias de los consorcios. «En muchos casos, no se produce la necesaria coherencia entre los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas, ya sea porque no responde a gastos necesarios para el desarrollo de la actividad o porque su naturaleza no sea subvencionable», dice el informe de fiscalización de las subvenciones concedidas a los consorcios escuela de la Junta en 2008 y 2009.

Sospechas sobre los gastos

Subraya que la naturaleza de los «gastos de atención protocolaria» ni se considera «elegible ni se entiende que sean gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionada». En el periodo fiscalizado por la Cámara de Cuentas, los catorce consorcios aportaron facturas con gastos de «atenciones protocolarias» por valor de 48.392 euros en 2008 y 17.442,60 euros al año siguiente para justificar las ayudas recibidas para impartir los cursos.

Curiosamente, el consorcio de Gelves no contestó a la Cámara de Cuentas de Andalucía si en 2009 había incurrido en algún gasto protocolario, detallan los auditores.

La subvención recibida por la escuela de Gelves fiscalizada por la Intervención en la que colaron las facturas de los jamones fue certificada el 17 de diciembre de 2009. Precisamente ese año los catorce consorcios recibieron 20.646.023 euros en subvenciones. Un año antes, la Junta y de la Unión Europea (UE) inyectaron 23.922.733 euros en estas entidades.

La compra de jamones no fue la única irregularidad que encontró la Intervención de la Junta. «No hemos podido ver los originales de las siguientes facturas», la A/13 del 9 de julio de 2007 por valor de 28.884,90 euros y la A/19 del 6 de junio de 2007, que asciende a 17.216,17 euros. En las alegaciones, el consorcio de Gelves tampoco aportó «los originales o copias compulsadas» de esos recibos.

Una escuela ampliamente subvencionada

La Escuela de Artesanos se creó en 1991. La Junta era la propietaria del 90% y el Ayuntamiento de Gelves del 10% restante. En 2008, recibió 1.580.000 euros en subvenciones para impartir cursos de formación y, en 2009, 1.227.000 euros, según los datos recogidos en el informe de la Cámara de Cuentas.

La red de consorcios de la que forma parte el de Gelves se encuentra ahora en el punto de mira de Alaya. La juez decretó el pasado 28 de enero el secreto parcial sobre el sumario del presunto fraude de la formación en la parte referida a los consorcios y a los entramados empresariales que se beneficiaron de estas subvenciones, como el del ex consejero de la Junta y empresario de la formación Ángel Ojeda.

Alaya declara el secreto parcial para evitar «interferencias que puedan poner en riesgo» las investigaciones y que «terceras personas» manipulen o destruyan las pruebas del caso.


La red de consorcios de la Junta se disolvieron recientemente para integrarse en la nueva Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, que el PP cree que servirá para «tapar la corrupción».

Fuente:  http://www.elmundo.e
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Detenido por amenazar a un vigilante con un tornillo de 25 centímetros

La Policía Nacional ha detenido a un delincuente habitual en la estación de autobuses de Santander después de que se encarara con el vigilante de seguridad, que le conminó a abandonar la instalación varias veces, y tras amenazarle con un tornillo de 25 centímetros de longitud.

Agentes de la Policía Nacional recibieron el aviso ayer de que el vigilante de Seguridad estaba reteniendo al hombre, E.B.B. de 42 años, después de que hubiera causado problemas en la estación de autobuses y hubiera intentado, en varias ocasiones, echarle porque estaba molestando a los viajeros.

El vigilante aseguró que el hombre, que cuenta con 14 detenciones anteriores, volvía cada vez más furioso, le insultaba y le amenazaba de muerte, incluso, con un objeto metálico similar a un cuchillo.

Los agentes tuvieron que reducir al hombre en el momento que fue detenido, y en una funda de guitarra que llevaba localizaron un tornillo de unos 25 centímetros de longitud.

El individuo fue trasladado a dependencias judiciales y posteriormente pasó a disposición judicial.
  
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Fuente:  http://www.abc.es
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Calendario de la renta 2015: novedades y fechas de presentación


La campaña de la declaración de IRPF viene este año cargada de novedades, después de la aprobación de la reforma fiscal que entró en vigor en enero. Aquí se adelantan algunas fechas clave y novedades para la presentación de la declaración de la renta este año.

Calendario
- Del 7 abril al 30 de junio
Presentación por internet del borrador de renta y de las declaraciones de renta 2014 y Patrimonio 2014

- Del 11 de mayo al 30 de junio
Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y oficinas de la AEAT del borrador y de la declaración anual 2014: D-100

- Hasta el 25 de junio: Si el borrador de declaración implica una cantidad a ingresar y su pago se domicilia en cuenta, la confirmación del borrador deberá realizarse hasta el 25 de junio de 2014.

- Hasta el 30 de junio: Borrador y declaración anual 2014 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación
Novedades

- Sistema Cl@ve
Es la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal. Se puso en marcha para que elciudadano pueda identificarse, autentificarse y tener firma electrónica mediante el uso de claves concertadas, abierta a su utilización por parte de todas las Administraciones Públicas.

Una vez realizado el registro, se puede acceder por Internet a los servicios de la Agencia Tributaria con Cl@ve PIN.

- Las personas físicas disponen del DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia, para presentar en su caso, declaraciones informativas o autoliquidaciones.

- Se prorroga la presentación del Impuesto sobre el Patrimonio 2014, modelo 714, que se restableció con carácter temporal para los ejercicios 2011 a 2013.

- Modelo 143: “IRPF. Deducción por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo. Abono anticipado de la deducción”. La reforma fiscal incluyó nuevas ayudas en el IRPF para personas que tengan familias numerosas o dependientes a su cargo.

Las nuevas deducciones, conocidas como 'impuestos negativos', darán derecho a 1.200 euros anualesque se podrán recibir en 100 euros mensuales.

- Comunidades de propietarios: se amplía al modelo 190 (comunidades de prpietarios con hasta 15 registros) la posibilidad de utilizar el envío de un mensaje SMS como forma de presentación.


- Se hace efectiva la desaparición total del papel impreso rellenado a mano.

Fuente:  http://cincodias.com

domingo, 8 de febrero de 2015

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Detenido por golpear a un vigilante, robar bicicletas y usar una pistola en el atraco

El acusado desarrolló un método para cometer al menos una docena de robos con el que llegaba a aparcamientos cercanos a centros comerciales con su propia bicicleta.

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un hombre como presunto autor del robo de al menos una docena de bicicletas que, al ser descubierto en uno de los hurtos golpeó a un vigilante de seguridad con un candado, y que apuntó con una pistola a una de sus víctimas durante un atraco frustrado.
El cuerpo armado ha detallado en un comunicado que el detenido, un hombre de 43 años y vecino de Granada, desarrolló un método para cometer al menos una docena de robos con el que llegaba a aparcamientos cercanos a centros comerciales con su propia bicicleta, forzaba los candados de las que ya estaban estacionadas y se marchaba con una de ellas para regresar después a por la suya.
Las continuas denuncias por estos hechos provocaron un dispositivo especial de agentes de los distritos Sur y Norte de Granada, hasta que el detenido fue descubierto por un vigilante de seguridad de un centro comercial, que alertó a la Policía.
Al ser descubierto, el hombre utilizó el candado de una de las bicicletas que estaba robando para golpear al vigilante antes de ser detenido por agentes policiales.
En el transcurso de las investigaciones, la Policía Nacional relacionó al detenido con un atraco frustrado ocurrido hace dos meses en la zona Norte de la capital, cuando el presunto ladrón asaltó con su bicicleta a un hombre que acababa de sacar dinero de un cajero y se estaba subiendo a su vehículo.
La víctima denunció que el detenido le amenazó con una pistola, aunque el atraco se frustró porque pudo arrancar el vehículo y huir sin darle el dinero.
Además, la Policía Nacional ha detallado que el detenido utilizaba la identidad de otra persona aprovechando los datos del DNI que le había sustraído.
El detenido ha pasado a disposición judicial por la sustracción de bicicletas, usurpación de identidad y un atraco cometido con el uso de armas.
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Vigilantes de seguridad de Santa Justa se concentran contra la actitud "antisindical" de Segur-Ibérica

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los vigilantes de seguridad de Santa Justa se han concentrado este viernes ante la puerta principal de la estación de trenes de Santa Justa en contra de la actitud "antisindical" de Segur-Ibérica.
 
Según el Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Sevilla, la manifestación y concentración intenta protestar por la actitud "antisindical, discriminatoria e injusta de la empresa Segur-Ibérica hacia el colectivo de trabajadores de vigilancia" que, a juicio del sindicato, cuenta "con la complicidad de la empresa principal y cliente, Adif-Renfe".
 
Además, asegura en una nota que no entiende "el empecinamiento y la cerrazón que la dirección de Segur-Ibérica mantiene para la readmisión de compañeros que además ostentan la condición de representantes de los trabajadores".
 
Por ello, advierte de que irán a los tribunales contra Segur-Ibérica y contra Adif-Renfe por "su actitud contraria a los derechos de los trabajadores y de sus representantes".
 
Además, asegura que llevarán a cabo las actuaciones y movilizaciones necesarias --concentraciones, encierros o huelgas-- para que se cumpla el convenio. Por último, quiere pedir disculpas por las molestias que, debido a estas movilizaciones, pudieran causar a los usuarios del servicio de transporte ferroviario.
 

jueves, 5 de febrero de 2015

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El robo con violencia de camino a casa es accidente de trabajo

El robo con violencia de camino a casa es accidente de trabajo
Los tribunales estudian con frecuencia casos de accidentes laborales 'in itinere', pero su interpretación no es unánime. Las diversas sentencias dictadas al respecto van marcando las líneas a seguir.
Un accidente de coche al ir a la oficina, una caída de vuelta a casa, o un robo con violencia en el trayecto hacia el domicilio particular. La casuística de los accidentes de trabajo in itinere, aquellos que se producen en el trayecto de ida o vuelta entre el domicilio y el lugar de trabajo, es tan amplia que los tribunales han tenido que pronunciarse en numerosas ocasiones en función de cada caso concreto para determinar si se trata o no de contingencias laborales.
El artículo 115.2 de la Ley General de la Seguridad Social contempla los accidentes que sufren los empleados al ir o volver de la oficina dentro del ámbito del accidente de trabajo, pero ha sido a base de sentencias de los tribunales como se han ido delimitando los casos que entran dentro de un concepto que aparece regulado de forma muy amplia.
Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha considerado accidente in itinere el robo con violencia sufrido por una trabajadora en el trayecto del trabajo a su casa. Concretamente, se trataba de la empleada de un estanco que, tras cerrar el local a las ocho de la tarde, fue víctima de un robo. El suceso le causó una incapacidad temporal por trastorno adaptativo.

Gran variedad de casos

Entre las numerosas sentencias que han dictado los tribunales a favor de reconocer la circunstancia de accidente de trabajo in itinere aparecen casos como el de un hombre que fue asesinado cuando accedía a su domicilio procedente del trabajo, otro que sufre un infarto de miocardio cuando esperaba el autobús de la empresa, o el accidente ocurrido durante el regreso al domicilio familiar de un empleado desde el lugar de trabajo al que había sido desplazado por la empresa. También se ha reconocido como accidente de trabajo la caída por las escaleras de una mujer en el edificio donde se ubica su domicilio, cuando se dirigía al trabajo. Sin embargo, no hay unanimidad al decidir sobre estos supuestos y los tribunales tienen que interpretar en cada caso si se cumplen o no los requisitos.
 
Sin embargo, tanto el juzgado de lo social como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia negaron la posibilidad de considerarlo accidente de trabajo al entender que el robo no se produjo con intención de sustraerle la recaudación de la caja del estanco. No opina lo mismo el Tribunal Supremo, que ha rechazado esta interpretación afirmando en esta sentencia que el ataque sufrido por un trabajador por parte de terceros debe ser considerado accidente de trabajo siempre que no obedezca a razones personales entre el agresor y el agredido.
El Alto Tribunal argumenta su postura comparando el caso de la víctima del robo con otros sucesos ya estudiados por la Justicia. Señala, por ejemplo, el caso de un trabajador que murió en una trifulca con un compañero a causa de problemas personales en torno a la esposa de uno de los afectados. En ese caso se descartó la consideración de accidente de trabajo.
En muchos casos, el accidente tiene que ver con el tipo de transporte que se utiliza. Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaba una sentencia en la que calificaba de accidente in itinere la caída de un trabajador que se desplazaba de la oficina a su casa en patinete y que le causó diversas fracturas.
En este caso, el tribunal tomó la decisión de considerarlo accidente de trabajo in itinere por "haberse producido el desplazamiento entre el centro de trabajo y el domicilio habitual, en el trayecto habitual y con un medio idóneo de transporte". En este sentido, la sentencia apuntaba que "el uso del patinete tiene como finalidad principal un rápido desplazamiento desde el centro de trabajo al domicilio habitual" y ello hace que sea considerado un medio de transporte "idóneo".
Además, el tribunal explicaba que otros medios de transporte de ese tipo, como la bicicleta, han sido admitidos en estos casos. Eso sí, advertía de que si se incluye en el trayecto una marcha de entretenimiento deportivo antes de llegar al domicilio aumentando el tiempo, el recorrido y desviándose del camino habitual, no puede ser considerado accidente de trabajo.
La clave para que se declare la contingencia laboral en este tipo de desplazamientos es que se cumplan una serie de requisitos: que suceda en el trayecto de ida al trabajo o regreso al domicilio, que se use el camino habitual y que no haya interrupciones temporales o desviaciones (que podrían romper el nexo causal entre la lesión y el trabajo).
Además, los tribunales también han valorado el hecho de que el accidente pueda estar relacionado con una imprudencia grave y consciente por parte del trabajador, aunque aquí también hay lugar para interpretaciones: por ejemplo, la infracción de alguna norma de tráfico no tiene por qué implicar, de por sí, una imprudencia.
Aunque las bases parecen estar claras, la amplia casuística que sigue llegando a los tribunales pone de manifiesto que sigue habiendo recorrido en este ámbito tan amplio del Derecho laboral.
Las reglas básicas - El hecho de que se considere o no accidente de trabajo in itinere tiene una incidencia directa en la cuantía de la prestación o el subsidio a que tenga derecho el empleado.
- Los accidentes de este tipo han dado lugar a una enorme casuística jurisprudencial, pero hay unas bases claras al respecto.
- El domicilio del trabajador ha de ser el habitual, incluyendo no sólo el legal, sino también el real o incluso el familiar o el de vacaciones. Lo importante es que el lugar de trabajo sea el punto de destino o de partida.
- El medio de transporte utilizado para desplazarse ha de ser normal o idóneo, entendido como aquél que no aumente innecesariamente el riesgo durante el desplazamiento.
- El trayecto seguido debe ser el adecuado, que no tiene por qué ser siempre el mismo ni tampoco el más corto.
- El tiempo invertido en el desplazamiento debe ser el normal, sin interrupciones injustificadas que interrumpan el nexo de causalidad, lo que en ocasiones genera valoraciones contradictorias en relación con la duración y el motivo de la interrupción.

Fuente:  http://www.expansion.com