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viernes, 30 de octubre de 2020

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Grabación oculta: declarado nulo el despido del vigilante que veía películas y se dormía en la garita

Aunque es cierto que para un vigilante de seguridad dormirse en el trabajo es causa suficiente para justificar un despido disciplinario, como también lo son las demás conductas relatadas en la carta de despido: no prestar atención al servicio, descalzarse, no cumplir con las normas básicas de uniformidad, o dedicarse a ver películas en su móvil... El Tribunal Supreior de Justicia de Andalucía ha confirmado en este caso la nulidad de la decisión empresarial, en sentencia del 1 de junio de 2020 (1146/2020), porque la utilización de cámaras con fines de supervisión laboral, sin haber informado al trabajador, vulnera su derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal.

La legitimidad de la instalación de dispositivos de grabación para el control de los trabajadores requiere de información previa y expresa, precisa, clara e inequívoca de los fines a los que se dirige la captación de las imágenes.

Grabar es legal; hacerlo sin avisar no lo es

Los empresarios pueden instalar cámaras, pero están obligados a avisar sobre las características y el alcance del tratamiento de datos que con las imágenes pretender realizar, debiendo explicitar que pueden utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo.

Así se ha mantenido por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 3 de marzo de 2016 (rec. 7222/2013).

Por este motivo el despido es nulo. No cabe la indemnización sino solo la readmisión a su puesto porque la prueba obtenida es ilícita y no puede ser tenida en cuenta a la hora de valorar los hechos. Se instaló una cámara de grabación en el centro de control donde prestaba su actividad profesional el vigilante, ocultando su ubicación y su existencia, y se grabaron imágenes no solo durante la prestación de su servicio, sino también en momentos en los que se quitaba la camisa correspondiente al uniforme para ponerse la ropa de calle. El Tribunal concluye que se han vulnerado un derecho fundamental. 


Fuente:  https://noticias.juridicas.com




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domingo, 25 de octubre de 2020

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Sánchez aprueba un nuevo estado de alarma para toda España con intención de que se prolongue hasta el 9 de mayo

El nuevo decreto establece el confinamiento nocturno de las once de la noche a seis de la mañana en todo el país, con un margen para las autonomías para adelantarlo o atrasarlo una hora.


El Consejo de Ministros extraordinario de este domingo ha aprobado un nuevo estado de alarma para toda España con una duración de 15 días, aunque la intención es que pueda prolongarse durante los próximos seis meses, hasta el 9 de mayo, si el Congreso lo apoya. El texto marca un toque de queda obligatorio para todo el país desde las once de la noche hasta las seis de la mañana. Además del confinamiento nocturno, se establece la restricción de reuniones sociales para toda España a 6 personas. También se da la posibilidad a las comunidades de restringir las entradas y salidas de su territorio, salvo causas justificadas, pero es una decisión que queda en manos de sus presidentes. Esto permite por ejemplo que las comunidades puedan cerrarse si tienen una autonomía fronteriza muy afectada, algo que se ha planteado en alguna ocasión en las que están cerca de Madrid, pero que hasta ahora no se podía hacer. El Gobierno prevé prorrogar todas las medidas seis meses, incluido el toque de queda, aunque todo está abierto. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista político, la principal responsabilidad de las decisiones recae en los presidentes autonómicos.

La autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma recae sobre los presidentes autonómicos, que podrán adelantar o atrasar el toque de queda una hora, pero no eliminarlo. Madrid, por ejemplo, quería ir a las 00.00, algo que se le permitirá. El órgano de cogobernanza que dirigirá la crisis será el consejo interterritorial de salud, que se suele reunir los miércoles. España no cierra las fronteras y marca excepciones para el toque de queda para Canarias, una de las comunidades con mejores datos, para salvar en lo posible el turismo. “Toda Europa está tomando ya medidas para limitar la movilidad. La situación que vivimos es extrema”, ha señalado el presidente, Pedro Sánchez, para justificar esta decisión.

El presidente ha pedido “un abrumador respaldo parlamentario” para esta medida, metiendo así presión al PP. Sánchez ha anunciado que ha llamado a Pablo Casado, líder del PP, para comunicarle estas medidas y pedirle apoyo y con otros grupos para garantizar el apoyo al estado de alarma en el Congreso.

El objetivo es llegar a 25 contagiados por cada 100.000 habitantes, ha explicado el presidente. Ahora España está por encima de 400. “Tenemos un largo recorrido por delante, vamos a tener que desplegar un gran ejercicio de resistencia”, después de aclarar que el plazo de 6 meses no es inamovible si los datos mejoran. El presidente además ha garantizado que habrá una rendición de cuentas cada dos semanas aunque no se votará la prórroga cada 15 días como en abril y mayo. El Gobierno ha admitido ya indirectamente que fue un error no prorrogar la alarma en junio, pero lo justifica en que la presión de los demás grupos políticos, en especial el PP pero también de aliados como ERC, lo hizo inviable parlamentariamente.

España vuelve así al estado de alarma siete meses después del Consejo de Ministros del 14 de marzo que lo decretó para frenar la primera ola de la pandemia. Y lo hará esta vez por mucho tiempo si se cumplen los planes del Gobierno. Entonces fue la segunda vez en democracia que se empleaba este instrumento extraordinario, previsto en el artículo 116 de la Constitución. Ahora es la cuarta, ya que también se ha utilizado de forma puntual para poder cerrar Madrid. Sin embargo, este estado de alarma no será como el de marzo, sino más suave, y con la intención de que el Congreso lo prorrogue durante seis meses, hasta el próximo mes de abril.

Otra diferencia con el de marzo es que el Gobierno plantea directamente en su decreto la voluntad de que el estado de alarma dure seis meses. El Gobierno solo puede aprobarlo de momento por 15 días, pero en el texto del decreto ya se incluye la necesidad de prorrogarlo en el Congreso por seis meses. El Ejecutivo no quiere repetir el infierno parlamentario de mayo, con agónicas votaciones cada dos semanas, así que esta vez plantea una prórroga larga de una vez y confía en tener apoyo parlamentario suficiente para que España sea como Italia o Francia, dos países donde nadie discute sobre el instrumento jurídico porque está aprobado para varios meses. En Italia está en vigor desde el inicio de la pandemia y se ha renovado dos veces sin problemas.

El Gobierno ha pensado en un estado de alarma diferente también en lo jurídico. El Gobierno ha trabajado para que la autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma y poner en marcha el confinamiento nocturno recaiga esta vez en los presidentes autonómicos, que así lo han reclamado en varios casos. Así se dará margen a las autonomías para tomar sus propias decisiones y se respetará el principio político, acordado en junio, de que son ellas las que gestionan el grueso de la crisis a partir de la desescalada de la primera ola.

El Gobierno no debería tener problemas en la votación para la prórroga en el Congreso, dentro de dos semanas; Ciudadanos ya le ha ofrecido sus votos; el PNV estará de acuerdo porque fue el País Vasco la primera comunidad que pidió el viernes el estado de alarma –con la autoridad delegada para el lehendakari, eso sí–; y Cataluña también lo ha solicitado, por lo que debería tener los votos de ERC y JxCAT. Sin embargo, el Gobierno insiste mucho en lograr el apoyo del PP, que gobierna en cinco autonomías, entre ellas Madrid: la que más reticente se ha mostrado a aplicar de nuevo un estado de alarma.

El problema de fondo es político. En las conversaciones informales entre consejeros, según varios de ellos, hay un consenso claro sobre el confinamiento nocturno –aunque hay discusión sobre la hora para fijarlo, 22.00, 23.00 o 24.00– y sobre el instrumento del estado de alarma limitado, pero el PP se mostró tan radicalmente en contra del estado de alarma anterior en mayo que ahora tiene problemas para admitir este nuevo. Aún así, el Gobierno ha decidido tirar adelante mientras los populares deciden. De momento, según fuentes tanto del Ejecutivo como del PP, no se han producido conversaciones de nivel entre ambos para llegar a un acuerdo sobre el estado de alarma.

El Gobierno no tiene ninguna intención de volver al confinamiento total de marzo y la paralización económica casi absoluta. Pero sí cree, como la gran mayoría de las autonomías, que un confinamiento nocturno -que implica impedir la movilidad a partir de una cierta hora de la noche salvo casos justificados y con control policial de las calles- puede reducir los contagios. Más del 30% de ellos se están produciendo en reuniones sociales en casas. Todos los gobiernos autonómicos están detectando que el cierre de los bares a una hora no es suficiente, porque muchas personas, en especial los más jóvenes pero no solo, siguen las reuniones en las casas hasta altas horas.

Un contacto prolongado en espacios cerrados y sin ventilación aumenta exponencialmente el riesgo de contagio. Por eso casi la mayoría de los gobiernos están de acuerdo en tener un instrumento que permita a la policía vigilar las calles de noche y complicar así mucho esas reuniones. El control casa por casa es mucho más complicado, así que la fórmula de controlar el movimiento en las calles está asumida como más eficaz. El confinamiento total no está encima de la mesa de momento, y de hecho este estado de alarma se plantea para evitar llegar a esa situación extrema con el destrozo evidente que provoca.

Las cinco comunidades gobernadas por el Partido Popular se han resistido hasta ahora a dar un apoyo explícito al estado de alarma. Dos socialistas (Aragón y Canarias) no lo han solicitado, pero lo respaldan. Las 10 restantes (País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares) lo han solicitado por escrito entre el viernes y este sábado. Las hay con Gobiernos socialistas, regionalistas, nacionalistas y de Ciudadanos, en el caso de Melilla, que también han pedido oficialmente esta norma constitucional para limitar derechos y contener el virus.

El Gobierno tenía pensado aprobar este estado de alarma en el Consejo de Ministros ordinario del martes, después de madurarlo políticamente con las autonomías, que el jueves discutieron ampliamente sobre este asunto en la reunión de la interterritorial de sanidad, con todos los consejeros presentes. Pero la decisión se ha precipitado a este domingo, antes incluso de la conferencia de presidentes de mañana, por la petición en cascada de varias comunidades autónomas el viernes.

La primera fue el País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dio un paso adelante después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbara restricciones a reuniones sociales que quería imponer en la comunidad. Detrás de Euskadi fueron todas las demás. El único problema político real es Madrid, porque según varios consejeros las demás autonomías, incluso las del PP, se mostraron en el interterritorial favorables al confinamiento nocturno y tampoco rechazaron abiertamente el estado de alarma. Si se aplica el baremo aprobado en el interterritorial a los datos promedios de las comunidades autónomas, siete comunidades habrían superado ya el umbral de alerta máxima: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Navarra y La Rioja, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Fuente:  https://elpais.com/


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sábado, 24 de octubre de 2020

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Sureste Seguridad S.L., Adjudicataria del servicio de Seguridad por el Ministerio de Defensa por 65 Millones

La empresa Sureste Seguridad S.L., será la encargada de velar por la seguridad de todas las instalaciones dependiente del Ministerio de defensa, en los próximos 3 años.


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miércoles, 14 de octubre de 2020

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Entra en vigor el decreto de teletrabajo y las empresas deberán asumir ya los costes

Las empresas no tendrán que modificar contratos durante el Covid-19, pero sí cubrir costes de medios y herramientas desde hoy. El gasto en Internet y teléfono en la pandemia se ha incrementado más de un 190%.
Hoy entra en vigor el realdecreto ley que regula el teletrabajo. Las empresas no tendrán que modificar contratos ni acuerdos hasta que la crisis del Covid-19 haya pasado, pero sí cubrir costes desde la entrada en vigor de la norma, es decir, desde hoy. Así lo establece el real decreto ley de teletrabajo que aprobó el Consejo de Ministros el 22 de septiembre y que se publicó en el BOE al día siguiente, que estipuló que la norma alcanzaría vigencia a los 20 días de su publicación.
La validación de esta norma se produjo precisamente al día siguiente de que finalizara la prórroga de la disposición que ordenaba a las empresas priorizar el teletrabajo por dos meses desde que acabó el estado de alarma, con lo que las empresas que pueden teletrabajar no están obligadas desde entonces a fomentar esta práctica.
El decreto mantiene una importante mejora para las empresas arrancada por la patronal en la negociación. La empresa ya no tendrá que pagar al empleado "todos los gastos directos e indirectos" del teletrabajo como se llegó a prever, sino los de "dotación y mantenimiento de medios, equipos, y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad, con el inventario incorporado". Desde el 13 de octubre, la empresa deberá costear gastos de ordenador, portátil, tableta, móvil, silla ergonómica, mesa, reposapiés, línea de teléfono, rúter, datos, luz, etc. La start up Pleo ha calculado que en la pandemia el gasto de las empresas en software y dispositivos informáticos se ha incrementado un 42%; en material de oficina, un 74%, y en Internet y teléfono, un 193%. Queda por determinar si la Inspección sostendrá que el ordenador y el móvil son salario en especie y como tal deberán cotizar y tributar, lo que ha entendido en casos en los que ha levantado actas (ver EXPANSIÓN del 16 de septiembre).
Trabajo ha estimado que el gasto administrativo de renovar contratos supondrá cerca de 800 millones al año.
El acuerdo al que llegaron el Gobierno y los agentes sociales a última hora del mismo lunes 21 de septiembre introdujo una importante matización sobre los costes que la empresas asumirán: "En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos si existieren y no hubieran sido ya compensados". Es decir, cabe fiar el proceso a la negociación colectiva y la empresa no deberá pagar si no existen gastos o ya los ha sufragado.
Como ejemplo, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) se compromete a sufragar ordenador, móvil y silla ergonómica, entre otras herramientas y equipos, y 55 euros al mes en gastos a todos sus empleados que teletrabajen, según establece su Convenio Colectivo que se firmó el 1 de octubre y que es el primero en adaptarse al Decreto de teletrabajo.
El teletrabajo será voluntario y reversible y "se entenderá que el trabajo a distancia es regular cuando en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestado en esta modalidad", dice la norma. Es decir, día y medio a la semana.
Tras establecer en la aplicación del decreto que las empresas deberían revisar contratos y asumir los costes asociados desde la entrada en vigor de la ley, la patronal también obtuvo en la negociación que no habrá que cambiar contratos durante la pandemia, sino que habrá que hacerlo a los tres meses de que ésta acabe. Sin embargo, Raúl García, socio responsable de Laboral de EY Abogados, señala que "a corto plazo, si la empresa tiene un especial interés en implementar el teletrabajo en breve, no le va a quedar más remedio que cerrar acuerdos individuales". Las empresas que tengan acuerdos de teletrabajo tendrán un año para adaptarse, hasta tres si tienen plazo.
El horario estará contenido en el acuerdo y el trabajador podrá flexibilizarlo. El registro horario deberá reflejar el tiempo que el trabajador dedica a la actividad laboral, y deberá incluir el inicio y finalización de la jornada.
Otra de las novedades favorables a la empresa que mantiene el acuerdo es la que le da más control y libertad para vigilar el cumplimiento. Podrá adoptar "las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales".
El decreto establece que el teletrabajador tiene derecho a la desconexión digital, que conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada (ver información adjunta).
La evaluación de riesgos deberá poner especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos.
El acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito. Podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia. Será contenido mínimo obligatorio: inventario de medios, equipos y herramientas, incluidos consumibles y elementos muebles; los gastos que pudiera tener el trabajador; horario; distribución entre trabajo de presencia y a distancia; centro de trabajo de la empresa adscrito; lugar de trabajo a distancia; plazos para el ejercicio de reversibilidad; medios de control empresarial, y plazo o duración del acuerdo, entre otros.
El trabajador dispondrá de 20 días, a partir de que la empresa le comunique su negativa a la propuesta de teletrabajo, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social. El procedimiento será urgente. La vista habrá de señalarse en los cinco días siguientes a la admisión de la demanda. La sentencia se dictará en el plazo de tres días. No formalizar por escrito el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos será considerado una infracción grave de acuerdo con la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La Inspección multará por enviar 'mails' fuera de la jornada
El decreto establece que el teletrabajador tiene derecho a la desconexión digital, que conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada, lo que insta a las empresas a regular. El recientemente acordado convenio de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha fijado que este derecho
a la desconexión digital rige cuando acabe la jornada y en periodo de permisos y vacaciones salvo urgencias médicas o para el negocio. Las reuniones no podrán finalizar más tarde de las 19 horas y deberán convocarse con 48 horas de antelación.
Antes de que entre hoy en vigor la norma, la Inspección de Trabajo ha empezado a levantar actas por este asunto, en aplicación de lo que regula la Ley Orgánica de Protección de Datos, a empresas cuyos empleados reciben correos electrónicos y llamadas fuera del horario de trabajo.En el caso de que la Inspección estime que hay agravantes, como el temor a represalias por parte de los empleados, está estableciendo que concurre una infracción grave, sancionada con entre 6.251 y 187.000 euros. El artículo 7.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, estipula como infracción grave "la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo".

miércoles, 7 de octubre de 2020

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La Inspección de Trabajo insta a Prosegur a que deje de llamar y mandar correos a sus empleados fuera del horario laboral


No respetar la desconexión digital de los empleados puede ser motivo de sanción por parte de la autoridad laboral. Incluso por acoso al personal. La Inspección de Trabajo ha instado a la empresa de seguridad Prosegur a que deje de hacer llamadas y enviar correos electrónicos a sus trabajadores fuera de su jornada laboral, tras una denuncia presentada por ADN Sindical en Catalunya, como adelantó Crónica Global. El sindicato ha difundido la comunicación de la Inspección en la que les informa de la "extensión de acta de infracción" a la compañía, con una propuesta de sanción por acoso al personal, pero fuentes de Prosegur insisten a elDiario.es en que se trata de un "error" y que solo se les ha emitido una advertencia para que cumplan este punto, "pero no hay acta de infracción ninguna".

La sección de ADN sindical denunció a finales de diciembre de 2019 que Prosegur mandaba correos electrónicos y hacía llamadas telefónicas a los trabajadores fuera de su jornada laboral, lo que en su opinión infringía el derecho a la desconexión digital, plasmado en la Ley de Protección de Datos de 2018 en su artículo 88, y el derecho a la conciliación de su vida familiar y laboral e intimidad.

El sindicato incluyó en su escrito que la representación legal de los trabajadores había solicitado a Prosegur elaborar un protocolo interno de desconexión digital, con el uso que deben tener las nuevas tecnologías, pero que la empresa no había respondido. Además, denunció que los trabajadores atendían las llamadas y respondían a los correos "por temor a las represalias" y a "un impacto negativo en sus sistemas de incentivos".

El informe del inspector a los denunciantes, que ha consultado elDiario.es, recoge que Prosegur aportó documentos firmados en al inicio de la relación laboral de cada trabajador en los que consta que "el teléfono que pone a disposición de los trabajadores, el uso del mismo, deberá realizarse 'exclusivamente' en horas de trabajo por ambas partes".

Se expone a multa por acoso.
La Inspección de Trabajo indica que "se ha procedido a extender acta de advertencia a la empresa a los efectos del cumplimiento de dicho uso exclusivo a lo largo de toda la relación laboral de los teléfonos en horas de trabajo". El incumplimiento de esta desconexión digital infringe los "derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión" (artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores) y el artículo 87 y 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos.

A continuación, la comunicación de la Inspección recoge que estos incumplimientos dan lugar "a la extensión de ACTA DE INFRACCIÓN con la consiguiente propuesta de sanción, tipificada y calificada como muy grave en el artículo 8,13 y 8,13-bis del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden (B.O.E. del 8)". Este artículo se refiere al acoso en el ámbito laboral.

Fuentes de Prosegur aseguran a elDiario.es que "hay un error en el documento y la empresa está en contacto con la Inspección para que se solucione", porque insisten en que la Inspección solo ha advertido a la compañía de seguridad de su obligación de respetar la desconexión laboral, "pero no hay acta de infracción". En cualquier caso, la Inspección exige a la empresa que solo haga uso de los teléfonos en hora de trabajo. "La intención de la empresa siempre es la de cumplir la ley, por supuesto", afirman en Prosegur.

Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS), recuerda que cuando la Inspección de Trabajo detecta una infracción de la legislación laboral hay ocasiones en las que abre un requerimiento para que la compañía cumpla la ley en lugar de imponer directamente una sanción. Otras veces, se opta por el procedimiento sancionador, en función de las circunstancias del caso.

Ercoreca apunta que la sanción que correspondería a la infracción de acoso a la que se refiere el informe del inspector en este caso en su escrito asciende a multas de entre "6.251 euros y 187.515 euros en su grado máximo". La inspectora recuerda que las infracciones relacionadas con la desconexión digital también pueden suponer "incumplimiento en materia de descanso" del trabajador o vulnerar la "prevención de riesgos laborales", ya que los abusos sobre la disponilidad de los empleados pueden generar "estrés o el síndrome del trabajador quemado, que no está considerado como una enfermedad profesional, pero algunas sentencias ya lo han considerado un accidente de trabajo".

Fuente:  https://www.eldiario.es/



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martes, 6 de octubre de 2020

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TEXTO DEL CONVENIO Y TABLA SALARIAL 2021, 1% de subida pactado por UGT y USO

El acta 5 cierra económicamente una negociación que ya venía pactada desde su inicio con UGT y USO, con el silencio cómplice de CC.OO. que aunque dice no estar de acuerdo con lo pactado, con su pasividad y falta de respuesta movilizadora dan por buena una negociación que justifican a causa de la Covid-19, que hará más ricos a sus accionistas y más pobres a los sufridores de siempre, A LOS TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PRIVADA.

VER AQUÍ EL.
TEXTO COMPLETO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA 2021


VER AQUÍ LA   TABLA SALARIAL 2021


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