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martes, 28 de enero de 2020

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Prohibido acceder a Hipercor por intentar robar cuatro jamones en dos semanas

La magistrada le imputa un delito de hurto por el intento de sustracción de dos jamones 5J valorados ambos en 1.382 euros.

La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Aoiz ha impuesto a un investigado la prohibición de entrar en cualquier establecimiento de la cadena Hipercor de Navarra tras haber sido detenido en poder de dos jamones 5J valorados en 1.382,40 euros.
En el auto, que puede ser recurrido, la magistrada explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de que puedan acordarse medidas cautelares de protección para el perjudicado.


A este respecto, señala que, en los delitos contra el patrimonio, el juez o tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario para la protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición, entre otras, de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas.


En el caso concreto, indica la juez, procede imponer al investigado la prohibición de entrar en cualquier establecimiento Hipercor de Navarra "atendiendo a que tan solo hace dos semanas fue detenido por el mismo motivo (intento de hurto de dos jamones del mismo importe en igual establecimiento), así como a sus antecedentes penales por hurto, por los que incluso tiene una pena de prisión suspendida".


La juez estima que, debido al delito imputado y las penas previstas, procede decretar la libertad provisional del encausado, al que no obstante impone la obligación de comparecer en el juzgado cuantas veces fuera llamado.




Fuente: https://www.expansion.com




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El Supremo reconoce la baja a una trabajadora operada de los ojos en la sanidad privada

El alto tribunal avala el derecho a la prestación de una trabajadora que se sometió a una cirugía para tratar la presbicia y la hipermetropía en una clínica privada, dos dolencias no cubiertas por la salud pública.

El Tribunal Supremo (TS) reconoce el derecho a la prestación por incapacidad temporal a cargo de la Seguridad Social a una trabajadora que se sometió a una operación en los ojos en una clínica privada, intervención no incluida en la cartera de servicios de salud pública. El Supremo dicta que, en estos casos, existe el derecho a la prestación, siempre que la baja y su seguimiento se realicen dentro de los servicios públicos.

El caso que han aclarado los jueces es el de una mujer de 46 años, empleada en la sección de hogar de un establecimiento Hipercor del centro comercial Méndez Álvaro de Madrid, que fue dada de baja por incapacidad temporal el 23 de septiembre del año 2015, con diagnóstico de cataratas. Semanas después, se emitió el parte médico de alta, permitiendo su vuelta al trabajo el 11 de noviembre.

La trabajadora se intervino, de forma privada, de una operación en los dos ojos que consistió en la extracción del cristalino y en un implante de una lente intraocular con el objetivo de eliminar la presbicia y la hipermetropía con astigmatismo que padecía. Por tanto, era una operación necesaria para ella, si se tiene en cuenta que estas enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se caracterizan por problemas de visión.

Asepeyo, mutua a la que está asociada la empresa, denegó el derecho al subsidio por incapacidad temporal. Igualmente, la Seguridad Social negó la reclamación que presentó la trabajadora. Esto le llevó a acudir, primero, al juzgado de lo social y, posteriormente, al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y al Supremo, para reclamar un derecho que consideraba suyo. Los tres tribunales han dado la razón a la trabajadora reconociendo su subsidio por incapacidad temporal devengado durante el periodo correspondiente a su baja.

El Supremo interpreta que "si estamos en presencia de una enfermedad, aunque su específico tratamiento en la modalidad elegida no esté cubierto, ello no implica que no estemos ante una situación incapacitante". Para los jueces se dan dos requisitos fundamentales para acceder a la prestación: existe una situación incapacitante y el tratamiento médico.

Garantizar la incapacidad

Para clarificar este litigio, los jueces se han fijado en la asistencia sanitaria recogida en la legislación, que "no debe ser entendida en sentido estricto como que la misma ha de ser prestada necesariamente por la propia Seguridad Social de manera directa". El Supremo entiende que la asistencia debe garantizar la incapacidad y el tratamiento de recuperación por parte de los servicios públicos de salud.


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lunes, 27 de enero de 2020

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El Supremo valida como pruebas las grabaciones de videovigilancia en un intento de asesinato

El alto tribunal entiende que si estas filmaciones se realizan de forma regular pueden tener el mismo valor probatorio o incluso más que el del testigo humano.


El Tribunal Supremo ha validado como prueba las grabaciones de cámaras de videovigilancia instaladas en el exterior de una joyería de San Bartolomé de Tirajana (Canarias) para confirmar la condena de 12 años de prisión a un hombre por un atraco en el que dejó malherido al joyero tras darle una paliza.

En una sentencia el Supremo confirma también la pena de tres años y medio de cárcel impuesta a su pareja, que además de ser grabada por las cámaras realizando labores de vigilancia vendió algunas de las joyas robadas -por valor de 600.000 euros- en dos establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria.

El alto tribunal desestima los recursos de ambos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que confirmó dichas penas, impuestas por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso con otro de robo con violencia en el caso del primero y de robo con violencia en el de la mujer.

Una de las pruebas utilizadas en la investigación policial fueron las grabaciones de las cámaras de la joyería y de otras adyacentes, que tomaron imágenes de los condenados en las inmediaciones del comercio para preparar el atraco.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, señala que la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas en el entono de comercios y otros establecimientos que den a la vía pública y capten imágenes de un hecho que es delito no suponen una vulneración del derecho a la intimidad y la propia imagen en contra de lo que alega la defensa.

La Sala explica que en este caso se trata de cámaras de videovigilancia instaladas en la puerta del establecimiento comercial por el dueño del mismo "que en ningún caso invade espacios o entornos privados por lo que no se vulnera ni el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni el derecho a la intimidad".

Insiste en que "dichos derechos no pueden considerarse afectados cuando la grabación de la cámara colocada en la puerta comprende el espacio circundante imprescindible para los fines de vigilancia".
Entiende que si estas filmaciones se realizan de forma regular pueden tener el mismo valor probatorio o incluso más que el del testigo humano.

Además el tribunal señala que el derecho de acceso a estas imágenes se referirá con respecto al que precisen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces y tribunales.

Por ello afirma que no se puede alegar una desproporción en el uso del contenido de las imágenes obtenidas en las cámaras con arreglo a la protección de datos por razones de prevención del delito.
La sentencia recuerda que "la videovigilancia en las zonas comunes de los llamados espacios intermedios, como cafeterías, comercios o zonas de tránsito público de las urbanizaciones, puede considerarse constitucionalmente legítima".

"No se trata de una invasión privada sino de zonas abiertas al público con radio de acción de la cámara en el núcleo de acceso al comercio con objetivo de seguridad y preventivo", concluye.



Sindicato Profesional Vigilantes

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miércoles, 22 de enero de 2020

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Gobierno, patronal y sindicatos pactan subir el salario mínimo hasta los 950 euros

El alza del 5,5% supone un paso más para cumplir el compromiso de Sánchez de llegar al 60% del salario medio al final de la legislatura.

Incógnita despejada: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 5,5% este año. Llegará así a 950 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 13.300 euros anuales. Tras gestarse a lo largo de esta semana, el acuerdo se cerró este miércoles. Desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumió la cartera, este ha sido su objetivo prioritario. Para ello, ha mantenido varias reuniones por separado con los líderes de sindicatos y patronales y, al menos, una con todos, la de este miércoles. "Es un día muy feliz para los trabajadores y trabajadoras de este país",  ha dicho Díaz. La subida entra en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Esa cantidad se sitúa en un punto intermedio entre los 1.000 euros de los que llegó a hablarse durante las negociaciones por el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y los 900 actuales. El incremento del 5,5% está lejos del 22,3% del año pasado, pero es importante. No hay muchos incrementos superiores a ese porcentaje desde mitad de los años noventa. En 2017 se subió un 8%, aunque entonces se hacía desde un suelo muy bajo: 655,2 euros mensuales.
La mejora de este año será un peldaño en la escalera que se pretende subir hasta final de legislatura, cuando pretende llegarse al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea y que baraja la Comisión Europea para los socios de la Unión.


La ministra de Trabajo estuvo exultante en la presentación del acuerdo. "Estamos muy contentas", dijo. Más contenido estuvo el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El jefe de la patronal dijo que aceptó el pacto porque le han dado garantías de que se prestará atención a la ley de contratos públicos. "Cuando llegas a un acuerdo, todo el mundo se deja pelos en la gatera", admitió. "Nos hubiera gustado que fuera algo menos. La cantidad de 1.000 euros nos preocupaba mucho más", concluyó. Los empresarios aceptan el acuerdo final como un mal menor, para evitar una subida mayor.


Los 950 euros se aproximan a lo pactado por sindicatos y patronales en 2018 en el acuerdo de negociación colectiva, que contemplaba un sueldo mínimo en convenios de 1.000 euros mensuales (14.000 al año). Elevar esa cantidad al mínimo legal habría supuesto un grave problema para la negociación colectiva, ya que todavía hay convenios que no alcanzan esa cifra.


Después de varios años estancado, el SMI -que, en palabras de la ministra Díaz, es "una pequeña herramienta para mejorar la vida de los trabajadores"- comenzó a subir con fuerza en 2017, cuando aumentó un 8%. Un año después creció el 4% y en 2019 llegó el gran salto, pasó de 735,9 euros al mes a 900 euros, un incremento del 22,3% de una sola vez sin parangón en los últimos 40 años. El Gobierno ha evitado una subida muy significativa para este año después de que durante las negociaciones para su formación se especulara con la posibilidad de que llegara a 1.000 euros ya este ejercicio. Desde 2016, cuando empezó la escalada de subidas, el salario mínimo ha ascendido un 44,9%


Durante todo 2019, el importante aumento del suelo legal de los salarios ha suscitado polémica acerca de si era perjudicial para el empleo o no. El último en sumarse al debate ha sido el BBVA Research, que calcula que el alza del SMI impidió el año pasado la creación de 45.000 puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo anterior, dirigido por Magdalena Valerio, había descartado en un informe remitido a la Airef que hubiera tenido consecuencias negativas para la creación de empleo, pero sí que hubiera podido llevar a la economía sumergida a trabajadores del sector agrícola o del hogar. CC OO, en cambio, realizó otro estudio en junio en el que señalaba que no había tenido consecuencias negativas.


Fuente:  https://elpais.com
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El Corte Inglés podría cerrar su centro en Cádiz

Según documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial, la cúpula del grupo se plantea la puesta en marcha del mayor plan de reestructuración de su historia para cerrar, vender o transformar.
El consejo de administración del grupo El Corte Inglés se está planteando la puesta en marcha del mayor plan de reestructuración de su historia para cerrar, vender o transformar uno de cada cuatro centros distribuidos por todo el país, según documentos a los que ha tenido acceso el periódico digital El Confidencial.
Esta medida podría afectar hasta a 25 centros comerciales de su red, compuesta por un centenar, aunque fuentes de El Corte Inglés de Cádiz han confirmado que no se pronunciarán al respecto.
En los documentos hechos públicos por El Confidencial se cita a los centros de Jerez y Algeciras, indicando como observación la posibilidad de reducir ambas tiendas; y el de Bahía de Cádiz, donde se apunta que está pendiente de la evolución del centro por recepción de clientes de El Corte Inglés que estaba ubicado en Bahía Sur (San Fernando) y que cerró sus puertas el mes de agosto del pasado año 2019.

La medida, según indica el periódico digital, responde al objetivo de este grupo empresarial de ajustar su oferta a la demanda real de clientes.
Entre las pretensiones de El Corte Inglés también esta la modificación del uso actual de los puntos de venta que dan pérdidas recurrentes.

De los 25 centros que se encuentran en la denominada lista negra, 15 de ellos están ya abocados al cierre, como es el caso de los de Arroyomolinos (en la Comunidad de Madrid), Arapiles (en el centro de Madrid), Guadalajara, Albacete, Ademuz (Valencia), Constitución (Valladolid), El Capricho (Marbella), Marineda (A Coruña) o El Tiro (Murcia).
Otros, como es el caso de Cádiz, dependerán de la evolución del centro tras el cierre del que estaba situado en Bahía Sur ya que se espera que muchos de los clientes del citado centro isleño se desplazarán al situado en la capital o al de Jerez.
Asimismo, de todos los centros puestos en revisión, El Corte Inglés ha determinado que al menos una decena de ellos no tiene solución alternativa a su uso original siendo la mejor solución la reducción de los metros cuadrados de las tiendas.

Con esta medida se conseguiría ajustar costes y limitar las pérdidas para que la compañía mantenga sus actuales ventas y no se ensombrezcan las cuentas. En este grupo están los de Jerez y Algeciras, además de los situados en Éibar, Cartagena, Elche, Linares, El Ejido, talavera y Parquesur (Leganés). uno de cada cuatro centros.


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jueves, 16 de enero de 2020

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La firma Inditex, rompe con Prosegur después de más de una década juntos

La firma Inditex y Prosegur separan sus caminos después de más de una década juntos. La empresa de Seguridad Privada Prosegur, pierde la mitad de las tiendas de Inditex. Según fuentes oficiales cercanas a dicha empresa cuenta que desde el Sur, hasta Madrid, dejarán de prestar servicio a la marca de Amancio Ortega.
La empresa adjudicataria a sido Securitas, con casi un 25% de los servicios de seguridad que dejará de prestar Prosegur a partir del próximo día 3 de febrero 2020.
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