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lunes, 30 de septiembre de 2013

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LOS PILARES DE PROSEGUR. SEVILLA

Buenas, en esta nueva sección que hemos abierto en nuestro blog, es dedicarle al menos una semana a los que de verdad mantienen y realizan un buen servicio de calidad ,ya que la revista de nuestra empresa no presta mucha atención a los trabajos que necesitan mucha profesionalidad y calidad humana, ya que se trata de un centro de trabajo de una barriada marginal de Sevilla como es las 3.000 v.v., con un reparto de metadona gigantesco en comparación con otro centros de Sevilla, dado al alto nivel de personas drogadictas, y en riesgo de exclusión social.
Desde esta sección sindical le damos la enhorabuena a estos dos profesionales por realizar este trabajo con dignidad y calidad frente al cliente.


Fuente. SPV SEVILLA
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Ministerio del Interior destina a 275 guardias civiles solo a combatir la oleada de robos en el campo


Sevilla es la segunda provincia española en robos en el campo.
 
Robó una tonelada de peras, pero en la maniobra perdió un tiquet con su número de teléfono y una factura a su nombre. Cuando fue detenido ayer, dos semanas después, el hombre, de 29 años, ya se había librado de toda la mercancía, que había vendido en varios mercadillos callejeros de Granada. Fue localizado en Pinos Puente (Granada) y está acusado de sustraer una cantidad de frutas superior a los 1.000 euros, uno de los últimos episodios de un mal que castiga cada vez más a la huerta. Para intentar frenarlo, los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunciaron ayer la creación de los llamados equipos Roca (por robos en el campo), en los que estarán encuadrados 275 agentes que solo se dedicarán a combatir los robos en el medio rural. Díaz llegó a calificarlos de “los ángeles de la guarda” de agricultores y ganaderos.


En 2012, la Guardia Civil registró 15.234 robos en este ámbito, que han aumentado un 5% en lo que va de año. Solo 15 provincias de la mitad sur del país sufrieron el 75%. Cosechas y ganado, pero sobre todo cobre, herramientas e incluso tractores son más fáciles de robar en zonas extensas de la Península vigiladas ya por los propios agricultores que forman equipos para intentar espantar a los ladrones. “Estamos en plena vendimia y luego viene la recogida de la aceituna. Veremos si el plan funciona. Por nuestra experiencia, está claro que lo único que tiene efecto es la presencia policial”, declara Montserrat Cortiñas, vicepresidenta de la Unión de Pequeños Agricultores. “Lo que hemos notado es que los robos van a grandes explotaciones. No son por hambre. Y por lo que nos cuentan [los ministros], los organizan mafias a las que tienen controladas”.

Los robos en el campo representan, según los datos de Interior, apenas el 2,5% de las infracciones que conoce anualmente la Guardia Civil, pero los agricultores están desesperados porque los ladrones les destrozan las instalaciones para llevarse chatarra (especialmente, estropean los sistemas de riego al arrancar los cables de cobre).

Desde 2010, cuando se puso en marcha el plan reforzado ahora, han sido detenidas 3.848 personas por robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, pero con el cierre de casas cuartel de la Guardia Civil en las zonas menos pobladas, la situación ha empeorado, coinciden los agricultores. A Teodora Mercedes Aneas, de La Plana (Castellón) le robaron el lunes 3.500 euros en efectivo a punta de cuchillo. Eran las nueve de la mañana. “Yo abro a todo el mundo y les dejé entrar también a ellos. Me empujaron hacia el porche y me ataron las manos. Me decían: '¡El dinero, el dinero!', mientras me apretaban el cuello con un cuchillo de pan. Saquearon toda la casa y encontraron 3.500 euros que teníamos preparados porque iban a venir a cobrar los obreros”, cuenta aún aterrada. Junto a su mardio, Aneas engorda ovejas y estaba sola en casa. “No paran de robar. Se aprovechan de que en el campo lo hemos dejado todo siempre fuera”, lamenta.

Uno de los aspectos que más lamentan los agricultores es que en la mayoría de casos los atracadores sustraen mercancías valoradas en menos de 400 euros para que no se les pueda imputar un hurto. Piden que se castigue a los reincidentes, a los “que hacen del robo su vida”, como define Vicent Goterris, delegado en Castellón de la Unió de Llauradors, un sindicato mayoriatario en la Comunidad Valenciana, una de las más afectadas. El ministerio de Justicia ya se comprometió en abril a endurecer estas penas. “Muchos se han tenido que pasar el verano en el melonar para vigilar su campo. Este es el trabajo de la policía”, añade Goterris.
 
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UGT engañó al gobierno con la trama de las facturas falsas

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La empresa Eulen se valora en casi 253 millones de euros

Eulen se valora en casi 253 millones de euros. Así se desprende de una operación interna de compra de acciones realizada en septiembre de 2012.
Entonces, la sociedad dominante del grupo (Eulen SA) adquirió 10.844 acciones, el equivalente al 2,14% del capital social de la compañía, a uno de sus propios accionistas por importe de 500 euros cada acción, a pesar de que en la compañía no existen restricciones para la libre transmisibilidad de éstas. Según reflejan las cuentas de la compañía depositadas en el Registro Mercantil, el precio de compra de las acciones ha sido determinado en base a la valoración que un tercero independiente ha llevado a cabo mediante el método de descuento de flujos de caja. Una fórmula que se basa en la capacidad de una compañía para generar excedente de caja y que tiene en cuenta el plan de negocio futuro.

De esta forma y teniendo en cuenta que, a 31 de diciembre de 2012, el capital social de Eulen estaba representado por 505.908 acciones, el conjunto de la sociedad valdría 252,95 millones de euros. En la valoración se ha tenido en cuenta la capacidad de generar caja y el plan de negocio futuro En 2012, además de la citada adquisición de acciones, la junta extraordinaria de accionistas aprobó el 28 de diciembre una reducción del capital de la sociedad dominante por importe de 1,917 millones, mediante la amortización de 63.825 acciones, el equivalente al total de la autocartera de la empresa. Así, el capital social de Eulen ha quedado establecido en 15,2 millones de euros. Accionista de control Durante el pasado ejercicio, se produjo un cambio accionarial que llevó a la sociedad Daval Control a hacerse con la mayoría del capital social de Grupo Eulen, con 291.237 acciones, el equivalente al 57,57%. Daval Control es una sociedad de responsabilidad limitada constituida por el patriarca de Eulen, David Álvarez, junto con su hija María José Álvarez Mezquíriz, para blindar la compañía frente a los cinco hijos con los que mantiene un enfrentamiento por la gestión del grupo de servicios.

Tal y como explicaron entonces fuentes próximas a Daval Control, la creación de ésta “permite garantizar a David Álvarez que el futuro de la compañía dependerá de lo que él disponga. Podrían así quedar trastocados los planes de los hijos rebeldes de hacerse, algún día, con el control del grupo”. El resto de las acciones se distribuye principalmente entre seis de los siete hijos de David Álvarez. Tras la constitución de Daval Control, Grupo Eulen cambió la administración de la sociedad a dos administradores solidarios, que son el patriarca y su hija María José, como presidente y vicepresidenta de la compañía, respectivamente. Grupo Eulen cerró 2012 con una facturación de 1.338,4 millones de euros. El beneficio neto cayó un 25%, hasta 16 millones.

FUENTE: expansion.com AQUÍ
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Eulen Seguridad suspende hasta el 3 de noviembre su ERE temporal

El expediente de regulación, iniciado a principios de verano, afectaba a 150 trabajadores de un total de 180.
La empresa de servicios Eulen Seguridad de Valladolid ha anunciado que el ERE temporal que afecta a la mayor parte de la plantilla queda suspendido temporalmente. «La mejora de la situación, con un incremento significativo de la carga de trabajo, ha propiciado que la dirección de la compañía suspenda esta situación entre el 30 de septiembre y el 3 de noviembre», según informó Comisiones Obreras.
El responsable del área de seguridad privada del Sindicato Provincial de Servicios Privados de CC OO de Valladolid, trabajador y representante sindical en el comité de Eulen, Juan García Hernández, aseguró que «de cara al futuro inmediato todo apunta a que de mantenerse la actual carga de trabajo no será necesario prorrogar el ERE en el mes de noviembre»
 

domingo, 29 de septiembre de 2013

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CADIZ: Estallan dos bombonas de butano en un restaurante de la calle Plocia

No se produjeron daños personales pero la deflagración pudo haber causado una tragedia.
Los bomberos trabajando anoche para
apagar el fuego que se declaró en
'El Anticuario' tras las dos explosiones de gas.
El estallido de dos bombonas de butano en el bar El Anticuario de la calle Plocia de Cádiz pudo provocar ayer una auténtica tragedia, aunque se quedó solo en un susto. Cerca de las nueve y media de la noche los propietarios de este asador, donde antes se ubicaba la pulpería Las Meigas, empezaban a prepararse para acoger a los clientes de la noche del sábado cuando se produjo la primera deflagración, que, según los vecinos del número 13 de la calle Plocia, no fue demasiado fuerte. Los trabajadores del local se pusieron a salvo pero poco después hubo otra explosión, esta mucho más potente, que provocó un incendio en el interior del asador y reventó los grandes portones, que fueron arrancados de sus goznes y acabaron tirados en la calle a merced de la fina llovizna que caía a esa hora. 
Las puertas de local arrancadas acabaron
el suelo en medio de la calle.
La rápida actuación de los bomberos, que llegaron con tres camiones bomba y varios efectivos, hizo que el fuego que se había declarado en el exterior se sofocara sin demasiados problemas. Lo que no consiguieron apagar con la misma rapidez ni los bomberos ni los miembros de la Policía Local desplazados en la zona era la indignación de los vecinos, sobre todo de los inquilinos del número 13, que también se quejaban de que los dueños del local ni siquiera les habían avisado tras la primera explosión. "Han salido corriendo y han pasado de nosotros, ni nos han dicho que saliéramos porque había peligro", decía visiblemente nerviosa A.G.S., una vecina del inmueble.
Otro vecino, Antonio Setién, aseguraba que "esto se veía venir" y que llevan varios años de lucha, con denuncias incluidas, "primero con la pulpería, y ahora con el asador, porque yo vivo en el primero y no hay forma de descansar con los ruidos y los olores que se cuelan del local. A mí me parece muy bien que se invierta en hostelería, todo el mundo tiene derecho a comer, pero Urbanismo debe ser meticuloso a la hora de dar los permisos de apertura y velar por la seguridad de los ciudadanos, porque aquí ha podido ocurrir una desgracia. Una desgracia", repetía airadamente mientras agitaba las manos.

Los bomberos examinaron las viviendas de Plocia,13 y no encontron daños, más allá de algo de humo, sobre todo en el primero, y de un fuerte olor a gas, por lo que se preveía que los vecinos pudieran pasar las noches en su casa. Eso sí, con el susto en el cuerpo.
 

jueves, 26 de septiembre de 2013

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"No me di cuenta de que el hombre iba armado, aunque volvería a intervenir"

El vigilante de un comercio evita una agresión con arma blanca en Zabalburu.
 
Bilbao. Un vigilante de seguridad de 22 años se convirtió el pasado viernes en el héroe del día en la zona de las torres de Zabalburu de la capital vizcaina. El joven evitó que una mujer fuera apuñalada por un hombre que esgrimía un cuchillo y mantenía una "actitud muy agresiva hacia ella". Tras la agresión, la víctima explicó que el hombre llevaba varios días acosándola y amenazándola para que mantuviera una relación con él. "Volvería a intervenir y a actuar igual. Es algo que te sale de dentro y ni siquiera te cuestionas lo que te puede pasar. Eso lo piensas después", asegura R. M. P., empleado de seguridad desde hace una año y medio en uno de los comercios de Zabalburu, que prefiere mantenerse en el anonimato.
Según el vigilante, en torno a las 16.45 horas del pasado viernes, el hombre que cada día pide limosna en la puerta del centro comercial le avisó de la agresión. En la puerta del establecimiento, dos personas "de color", un hombre de 28 años y una mujer de origen nigeriano y de la misma edad, estaban protagonizando un enfrentamiento cada vez más violento. "Al salir me di cuenta de que el chico mantenía una actitud muy agresiva hacia la chica, pero no me di ni cuenta de que tenía un cuchillo", afirma el vigilante de seguridad.
R. M. P. se interpuso entre ambos y separó al presunto agresor. Fue entonces cuando se percató de que iba armado con un cuchillo. "Le dije que dejara el cuchillo en el suelo, pero él no me hizo caso", narra el joven. Antes de que pudiera hacer nada, un ertzaina de la oficina de Atención Ciudadana que la Policía vasca pose en la plaza Zabalburu se personó en el lugar. "Entre los dos conseguimos reducir al agresor y quitarle el cuchillo. Después le llevamos a la comisaría, donde le detuvieron", explica el empleado.
Una vez a salvo, la víctima agradeció a R. M. P. su intervención. "Cuando estábamos en comisaría interponiendo la denuncia y declarando, ella me dio las gracias por ayudarla, pero nada más", explica el joven, que asegura conocer "de vista" a la víctima, ya que "suele estar en la plaza". Por contra, el joven cree recordar que el agresor no es habitual en la zona, "aunque tampoco puedo garantizarlo porque con lo rápido que pasaron las cosas apenas me acuerdo de su cara".
Acoso y amenazas
La víctima se personó acompañada por otra mujer en la oficina de Atención Ciudadana de la Ertzaintza en Zabalburu. Entonces, según relatan a DEIA fuentes solventes, ya presentaba un corte superficial en la parte izquierda del cuello, por lo que fue atendida por una ambulancia de Osakidetza, de Iscan, en las propias dependencias policiales. Posteriormente, fue trasladada por la Ertzaintza al hospital, donde le curaron la herida. Una vez de vuelta a la comisaría, la joven interpuso la denuncia y un ertzaina de paisano le acompañó por los alrededores para ver si localizaban al sospechoso, pero no lograron hallarle.
Posteriormente, la joven se marchó para dirigirse a las galerías de Zabalburu, donde el acosador la abordó y trató de agredirla de nuevo con un cuchillo. La destreza y rapidez del vigilante evitó que el agresor llevase a cabo su propósito.
La mujer declaró que desde hacía varios días estaba sufriendo el acoso del joven de 28 años al que conoció por haberle enseñado una habitación de su vivienda para ser alquilada. Según el relato de la joven, no llegaron un acuerdo con el precio de la habitación y desde entonces la llamaba continuamente con la intención de mantener relaciones con ella, incluso, llegó a amenazarla en varias ocasiones y a seguirla.
El pasado viernes, el presunto agresor se presentó en la vivienda de la víctima, en Irala, y trató de apuñalarla en el cuello, causándole un corte superficial en la parte izquierda del mismo. A partir de ahí se dirigió a la comisaría de Zabalburu con la firme intención de denunciarle.
Fuente:  http://www.deia.com

miércoles, 25 de septiembre de 2013

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Joyas y millones de euros se transportan a diario en furgones blindados

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UGT propone carrera profesional en la seguridad privada, con derecho a huelga

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha propuesto a los partidos políticos que la futura Ley de Seguridad Privada, en trámite parlamentario, contemple una carrera profesional reglada y que se asegure el derecho a huelga de estos profesionales, así como una delimitación exhaustiva de los servicios.
El sindicato se ha referido así, en un comunicado, a la tramitación parlamentaria de la futura norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 14 de junio y que impondrá mayores controles a los detectives privados, prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad y potenciará la capacidad de un sector que complementará y será subordinado a las fuerzas de seguridad.
UGT ha trasladado a los grupos parlamentarios de PP, PSOE e IU varias propuestas para mejorar el texto del Ejecutivo.
La primera es la creación de una carrera profesional reglada "que afiance uno de los más formados y profesionalizados sectores de la seguridad privada en Europa", así como la modificación de la Ley "para la adecuación del derecho de huelga en el sector a las últimas sentencias del Tribunal Supremo".
También propone una delimitación "exhaustiva" de la prestación de servicios para las empresas de seguridad privada y que se acoten las funciones del vigilante para evitar el intrusismo.
El sindicato ha incidido en que "queden nítidamente delimitadas las funciones a prestar por los servicios de seguridad privada en los espacios públicos, insistiendo en el carácter complementario y subordinado en relación con la seguridad pública".
Aboga asimismo por un mayor control a la hora de otorgar o revocar la autorización de las empresas incumplidoras en los aspectos administrativos, mercantiles y laborales.
La Federación de Servicios de UGT ha confiado en que la ley que afectará a unos 80.000 trabajadores "aporte confianza y expectativas de futuro a este sector, que está terriblemente acosado por la reforma laboral, el recorte de personal de seguridad, el intrusismo laboral y las empresas pirata que ofertan sus servicios por debajo de los costos".
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El PP aborda la Ley de Seguridad Privada con los agentes del sector

Conrado Escobar, Leopoldo Barreda y Francisco Márquez de la Rubia mantendrán hasta unas 15 reuniones con patronal, sindicatos y usuarios con la idea de enriquecer el texto que se tramita en el Congreso.

El portavoz de Interior del GPP señala que la nueva norma “estrechará la colaboración del sector privado y público desde el principio de la complementariedad”.
Los ponentes del Grupo Popular del Proyecto de Ley de la Seguridad Privada vienen manteniendo reuniones desde la semana pasada con los miembros de este sector para conocer las aportaciones que puedan realizar sobre la norma que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que se encuentra en fase de enmiendas.
El portavoz de Interior del Grupo Popular, 1, el portavoz adjunto del GPP, 2, y el portavoz adjunto de Interior, Francisco Márquez de la Rubia, mantendrán hasta la próxima semana unas 15 reuniones con los diferentes actores del sector a fin de enriquecer el texto, en la medida de lo posible, con la presentación de enmiendas que puedan derivarse de dichos encuentros.
La nueva Ley reforma una antigua norma que data del año 90 y, según explica el portavoz de Interior del GPP, Conrado Escobar, su principal aportación es que “permitirá estrechar los lazos y la colaboración del sector privado y público desde el principio de la complementariedad”. “Con esas pretensiones se busca, siempre respetando y salvaguardando la naturaleza pública de la Seguridad, afianzar las muchas vías de colaboración con la Seguridad Privada”, apostilla el diputado popular.
Como afirma Escobar, se trata de “un sector muy pujante en 3 tanto por el número de trabajadores como por la información que maneja”.
Entre los asistentes a esta serie de reuniones programadas se encuentran, entre otros, la patronal -desde las grandes a las pequeñas y medianas empresas-, el sindicato UGT -que es el mayoritario del sector y cuyo encuentro ha tenido lugar este miércoles 25-, el sindicato USO, la Asociación de Empresarios de Aparcamientos así como organizaciones usuarias de seguridad como la Asociación de Empresas y Seguridad o la Asociación de Centros Médicos-Psicotécnicos.
Fuente:  http://www.lacerca.com/
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SER VIGILANTES: ¿Qué hacer si tu empresa te sanciona?

DE COMO Y CUANDO REACCIONES DEPENDERA QUE LA SANCION PROSPERE O QUEDE EN NADA
No te precipites,busca testigos y asesoramiento legal, exige acuses de recibo en caso de suspension de empleo y "cuidado" con los plazos.

1.- Exigir copia de la carta de sanción. En la copia que se queda la empresa, junto a tu firma añade “no conforme” y la fecha en que se firma y hora.

2.- Si la sanción se notifica verbalmente exigir la presencia de un delegado de personal o de un testigo. La ley permite que las sanciones leves sean notificadas verbalmente por el empresario.

3.- Si la sanción se notifica a través de buro-fax o carta certificada, anota la fecha en que la has recibido. Esta será la fecha en que empezarán a contar los plazos para recurrir judicialmente la sanción.

4.- Si antes de imponer la sanción la empresa otorga un plazo al trabajador para hacer alegaciones, no formularlas sin el asesoramiento de un abogado. Lo que se manifieste por el trabajador en fase de alegaciones antes de poner la sanción, se dará como hecho probado en el juicio.

5.- Asesórate legalmente de forma urgente.
Los plazos para impugnar una sanción son de veinte días hábiles (no se cuentan ni festivos, ni sábados, ni domingos) desde que ha sido notificada la misma, por lo que es muy importante que el trabajador busque rápidamente asesoramiento jurídico sobre la legalidad o no de la sanción.

6.- Si como consecuencia de la sanción el empresario te dice que te vayas a casa determinados días, exige documento firmado por la empresa donde conste desde qué fecha a qué fecha estas suspendido de empleo y sueldo. En caso contrario denuncia inmediatamente ante la inspección de trabajo, tu ausencia al puesto de trabajo podría ser utilizado por el empresario para alegar que se ha producido una ausencia injustificada a tu puesto de trabajo.


FUENTE: servigilantedeseguridad.blogspot.com. AQUÍ
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Prosegur presentará su oferta integral de soluciones de seguridad en la conferencia 'ASIS 2013'

La compañía de seguridad privada Prosegur participará en la conferencia anual 'ASIS 2013', que comenzará este martes en Chicago, y dará a conocer sus líneas de negocio y su oferta de soluciones integrales a las más de 750 empresas y 20.000 profesionales que asistirán a este foro, según ha informado la propia entidad en un comunicado.
La compañía de seguridad privada Prosegur participará en la conferencia anual 'ASIS 2013', que comenzará este martes en Chicago, y dará a conocer sus líneas de negocio y su oferta de soluciones integrales a las más de 750 empresas y 20.000 profesionales que asistirán a este foro, según ha informado la propia entidad en un comunicado.

Asimismo, Prosegur ha reafirmado su apuesta por la especialización a través de nuevos productos que se adaptan a las necesidades concretas de cada cliente en distintos sectores como aeroportuario, distribución o financiero, entre otros. Durante cuatro días, el encuentro organizado por ASIS International presentará las últimas innovaciones tecnológicas, productos y servicios que están transformando la industria de este sector.

martes, 24 de septiembre de 2013

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El delito de desobediencia a la Seguridad Privada en el Código Gallardón

En la versión que conocimos del Código Penal a finales del año pasado, y que comenté en otro artículo, contenía muchas medidas destinadas parece que en exclusiva a reprimir acciones de descontento social que se han producido recientemente, se incluía una modificación del delito de resistencia a la autoridad.

El texto propuesto en aquel momento era:
“Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.”
[El artículo 550 trata de la resistencia activa grave, por lo que este nuevo artículo incluye la resistencia pasiva].

En la versión aprobada por el Gobierno este pasado viernes y que será remitida a las Cortes para su aprobación definitiva, se ha producido un pequeño cambio pero de importantes consecuencias.

El texto aprobado queda así:
"Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Es decir, que se abre la vía para que en el control o represión de determinadas acciones en la calle participen fuerzas de seguridad privada a las que deberá obedecerse con la misma consecuencia que a los funcionarios públicos.

Y atención que no es sólo para el caso de resistencia activa, sino que incluso la resistencia pasiva a un empleado de una empresa de seguridad se considerará atentado.


De aprobarse así el texto, y pocas cosas indican que no lo vaya a ser, se incrementa las posibilidades de actuar de la Seguridad Privada en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que supone una equiparación en su consideración a efectos de autoridad.

Seguramente veremos empresas de seguridad privada encargadas del control de manifestaciones, lo que también puede suponer de alguna manera una privatización de las funciones de Policía.
 
Publicado por David Maeztu
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Los grandes almacenes ‘infiltran’ a detectives entre sus empleados para acabar con la oleada creciente de robos de productos: las pérdidas se cifran en 60.000 euros al mes

Los grandes grupos de la distribución en España están recurriendo a detectives privados 'infiltrados' entre los propios trabajadores para cortar de raíz el aumento de robos y hurtos en sus compañías. Se trata de sustracciones registradas incluso en los propios almacenes.

Según ha sabido El Confidencial Digital en fuentes del sector, el aumento de los casos de hurtos dentro de las empresas ha llevado, sobre todo a los grandes de la distribución en España, a contratar a especialistas en investigación privada para acabar con el elevado nivel de pérdidas económicas que les genera la desaparición de productos.
El recurso a los detectives se ha producido tras indagaciones internas que se demostraron infructuosas. Mientras tanto, la sangría de las empresas iba en aumento. Los números rojos han llegado a alcanzar los 60.000 euros al mes en el caso concreto de una de las más conocidas grandes superficies del país.
Aumento de un 23% de los robos y hurtos
El descontento a nivel laboral y personal, así como la situación económica existente y la posibilidad de obtener ingresos extras de manera fácil y continuada, son algunos de los móviles apuntados por los investigadores sobre los empleados que cometen hurtos en sus propias empresas.
Así lo confirma a ECD la compañía Zenit Detectives, especializada en este tipo de investigaciones en el ámbito empresarial. Los datos en posesión de esta empresa indican que el 23% de los casos investigados en el último año han tenido que ver con infiltraciones de los detectives en las compañías: se ha tratado de robos internos.
Utilización de cámaras ocultas y seguimientos
Según las fuentes consultadas, son los directores de seguridad, en acuerdo con la dirección de la compañía, los que proponen la contratación de detectives privados para que se infiltren dentro de la empresa. La llegada del equipo se aborda con el máximo secretismo y discreción, incluso entre los directivos.
Su misión principal es investigar un posible hecho ilícito que determine la existencia de robos en la compañía, ya sea de forma esporádica o por asociación ilícita de parte del personal empleado con ‘cómplices’ externos.
Para realizar este trabajo, que suele alargarse durante más de seis meses, el detective se apoya en la utilización de cámaras ocultas y la realización de seguimientos.
Las pruebas recopiladas por el detective privado para que la investigación sea considerada como un éxito son aquellas que involucran directamente a los empleados que han cometido el robo.
ECD se ha puesto en contacto con empresas que pudieran haber recurrido a estos servicios de investigación, como Mercadona o El Corte Inglés.
Admiten que sí se han producido episodios de robos por parte de sus empleados en los últimos meses, pero matizan que, en ningún momento, han infiltrado detectives en sus dependencias para descubrir y acabar con los hurtos de sus trabajadores.
Hurtos de piezas en empresas tecnológicas
Aunque estos robos suelen llevarlos a cabo empleados de los grandes grupos de distribución, estas prácticas no son exclusivas de este sector.
Según explica a ECD el director de Operaciones de Zenit Detectives, José María Alonso, también se detectan en “grandes empresas del sector tecnológico como la telefonía móvil o el sector industrial, capaz de producir piezas muy pequeñas, fáciles de sustraer y con un gran valor en el mercado ilegal”.

lunes, 23 de septiembre de 2013

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La amenaza de movilizaciones se cierne sobre el aeropuerto por un conflicto con los vigilantes de Trablisa

La empresa de seguridad no les paga un plus reconocido por una sentencia judicial de junio de 2012.
Los vigilantes de seguridad de Trablisa que cumplen sus funciones en el aeropuerto de Menorca se reunirán esta semana en asamblea para decidir las medidas de presión a adoptar en los próximos días. Los trabajadores quieren protestar por la decisión de la empresa de abonarles el plus por los controles de escáner sólo a quienes estén sentados frente al monitor y no a todos los que realicen el servicio. En la práctica esto supone una merma de unos 100 euros mensuales en los emolumentos de cada integrante de la plantilla de 41 personas.
La decisión de la empresa se notificó al comité de empresa el pasado día 18 de septiembre y la justifican por las pérdidas que tuvo la agencia de seguridad privada el año pasado y que ascienden a 166.040,56€.
Los representantes de los trabajadores no aceptan la decisión por varios motivos. El primero es que la anterior empresa adjudicataria de este servicio en el aeropuerto ya intentó aplicar esta misma medida y los vigilantes llevaron el caso ante los tribunales quienes les dieron la razón en junio de 2012. Por otro lado el comité de empresa no acepta que las pérdidas económicas de 2012 reviertan en los vigilantes del aeropuerto ya que Trablisa no se hizo con esta adjudicación hasta junio de este año por lo que la plantilla nada tiene que ver con dicho balance negativo.
Esta nueva polémica se suma a un ya largo historial de problemas entre Trablisa y su plantilla desde que esta compañía asumió la vigilancia del aeropuerto en junio. De entrada no se asumió a un colectivo de once vigilantes procedentes de la anterior adjudicataria de seguridad, Eulenn. Estos empleados se quedaron en la calle pero sin que nadie les despidiera formalmente por lo que no han podido cobrar el subsidio del paro y están pendientes de juicio para poder hacerlo.
Después se han sumado muchos otros pequeños conflictos como el hecho de carecer de un aparcamiento en donde dejar el vehículo en el aeropuerto por lo que cada vigilante debe pagarse su estacionamiento. Sin embargo, en el aeropuerto de Palma Trablisa sí compensa a sus trabajadores por este gasto. Todo ello ha llevado a la plantilla a plantearse movilizaciones para forzar un cambio en el trato que les ofrece la empresa.
Pero desde el comité de empresa se asume que no toda la culpa es de la firma de seguridad. Entienden que la política de recortes que está aplicando AENA presiona a las empresas adjudicatarias de servicios a reducir costes como sea. “Lo que no entendemos es por qué Trablisa pugnó por la adjudicación de la vigilancia aeroportuaria si no le iba a ser rentable con las condiciones que sabía que se iba a encontrar” esgrime un portavoz del comité.
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Informe de la Guardia Civil sobre los ejercicios de tiro de los vigilantes que tienen depositada su licencia de armas


jueves, 19 de septiembre de 2013

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Un cliente denuncia a Decathlon por acusarle en falso de haber robado productos deportivos y un supuesto trato denigrante y vejatorio por parte de los vigilantes de la tienda

El afectado interpuso una denuncia ante la Policía Nacional por un supuesto trato denigrante y vejatorio.
Un vecino de la provincia interpuso el pasado lunes una denuncia contra el establecimiento de venta al público de productos deportivos Decathlon, situado junto al Coto de La Isleta, por una serie de hechos acaecidos cuando éste se dirigía a la salida de la tienda.

Según el denunciante, y tal y como se puede comprobar tanto en la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional como en una hoja de reclamaciones presentada en el mismo establecimiento, el pasado lunes sufrió un supuesto trato denigrante y vejatorio por parte de los vigilantes de la tienda, al pensar éstos que había robado una serie de artículos en uno de los probadores de Decathlon.

En la denuncia interpuesta viene reflejado que "una vez que el dicente se dispuso a salir del establecimiento sin realizar ninguna compra, sobrepasando la línea de cajas, uno de los vigilantes de seguridad se dirigió hacia él gritando desde la distancia las siguientes palabras en tono amenazante: Tú, ya puedes estar viniendo para acá, te vas a enterar". El denunciante, cuando escucho esa frase le comentó al empleado que no tenía nada que ocultar y el agente le seguridad le dijo que "ya puedes ir entrando en este cuarto y sacas todo lo que has robado, que te hemos visto robando". El afectado asegura que se vio en la obligación de entrar en el cuarto debido al trato que estaba recibiendo, encontrándose "retenido" en el mismo durante unos 35 minutos, hasta que llegó la Policía Nacional.

Una vez que llegaron los agentes al establecimiento procedieron a registrar al denunciante, que, sin estar obligado a ello, incluso se desnudó por completo para que la Policía Nacional comprobara que éste no había robado nada, comprobándose que, efectivamente, el cliente no había sustraído nada de la tienda.

Diario de Cádiz se ha puesto en contacto en varias ocasiones con Decathlon para conocer su versión de lo ocurrido, aunque no ha sido posible hablar con ninguno de sus responsables.
 
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El fin de los contratos a Serygur desató la guerra de los espías en Madrid

La negativa de la Comunidad de Madrid a renovar a Serygur -la empresa ligada a Bárcenas y Lapuerta- el contrato de vigilancia de la Presidencia en la Puerta del Sol desató en 2009 la guerra del espionaje en Madrid entre altos cargos del Partido Popular. Los agentes de Serygur, sociedad que había establecido una relación comercial con la Comunidad de Madrid desde mucho antes de la llegada del equipo de Esperanza Aguirre, incurrieron en una conducta irregular e impropia en los cometidos de una empresa de seguridad.
La Comunidad pudo demostrar que uno de los vigilantes de la compañía era el responsable del robo de objetos de valor del mismísimo despacho de la Presidencia. Aquello provocó que Esperanza Aguirre se opusiera taxativamente a la renovación de la adjudicación de la seguridad para la empresa ligada a los intereses de prohombres del partido como Álvaro de la Cruz, Ignacio del Río, Luis Bárcenas o Álvaro Lapuerta.
Para los beneficiarios de Serygur todo iba miel sobre hojuelas, con una cartera de negocio que, en 2008, sobrepasaba los 17 millones de euros, hasta que el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió no renovar el contrato de la seguridad del edificio de la Presidencia. Además, expuso la situación ante los consejeros y colocó a la compañía de seguridad en cuarentena.
La reacción de Bárcenas y Lapuerta no tardó en llegar. No sólo se quejaron ante la dirección de Génova, sino que, además, emprendieron una guerra soterrada contra el 'número dos' de Esperanza Aguirre. El lobby de los extesoreros lanzó una campaña denigratoria contra el vicepresidente. A finales de 2008 filtró a los medios de comunicación que González había viajado a Suráfrica "gratis total", invitado por una agencia de seguridad de la competencia. Luego todo resultó ser falso.
Álvaro Lapuerta, asimismo, denunció a Rajoy que estaba siendo espiado por elementos parapoliciales al servicio de la Comunidad de Madrid. El tesorero del PP, que tenía hilo directo con el presidente del partido, se quejaba ante Rajoy de que estaba siendo sometido a una dura vigilancia como respuesta a sus denuncias sobre unas supuestas adjudicaciones, según él "sospechosas", del Gobierno de Madrid. El caso Serygur, sin duda alguna, planeaba sobre aquella queja.
La amiga de Lapuerta, la exconcejal madrileña Carmen Rodríguez Flores, a quien el tesorero popular logró colocar en un escaño del Congreso tras recomendarla insistentemente ante Rajoy, también denunció públicamente ser objeto de seguimientos. La protegida del tesorero está pendiente de una investigación interna en su partido sobre su patrimonio inmobiliario.
Manuel Cobo (Efe)
Manuel Cobo (Efe)
 
En enero de 2009, un mes antes de la redada de la Gürtel, estalló el conocido como caso del espionaje en Madrid. Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo denunciaron que habían sido espiados por miembros de la seguridad de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, Ignacio González fue seguido y grabado con cámaras ocultas en un viaje oficial a Colombia como presidente del Canal Isabel II. Ambos casos están siendo investigados en instancias judiciales.
Pero las filtraciones no terminaron ahí. Ese mismo mes de enero se publicó un infirme secreto sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El dosier, elaborado por la agencia catalana Método 3, ocupaba 69 folios y había sido encargado por uno de los enemigos de González en el Partido Popular. El informe estaba plagado de errores e inexactitudes.
La Comunidad abrió la caja de Pandora
Todo se había desatado a raíz de que Aguirre, por sugerencia de Ignacio González, diera orden de no renovar los contratos a Segyrur. Como ya informó El Confidencial, los extesoreros del PP y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio del Río, no figuraban en el registro como socios o administradores de la sociedad, pero sí hicieron infinidad de gestiones para obtener las adjudicaciones de la seguridad y vigilancia de varios edificios de la Comunidad, como han asegurado varias fuentes del organismo autonómico.
Las mismas fuentes mantienen que Bárcenas y Lapuerta llamaban directamente a los consejeros de la Comunidad para que se les adjudicaran los contratos que se licitaban en materia de seguridad. Siguiendo ese procedimiento, Serygur, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obtuvo del Gobierno regional, durante años, una decena de contratos por un importe próximo a los tres millones de euros, principalmente en las consejerías de Interior y Sanidad. Entre ellos, la seguridad de las sedes de la Academia de Policía Local de la Comunidad, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Agencia Antidroga de la CAM y de varios hospitales.
 
Alfredo Prada (Efe)Alfredo Prada (Efe)Para obtener la adjudicación de esos concursos, los extesoreros del PP contactaban personalmente con los consejeros Manuel Lamela (Sanidad) y Alfredo Prada (Interior), quienes más tarde salieron del Gobierno madrileño tras ser elegidos por Mariano Rajoy para formar parte de la dirección del partido en el congreso de Valencia, en junio de 2008.
Tras el escándalo de las adjudicaciones a Serygur, Álvaro de la Cruz, socio y administrador de la compañía de seguridad, reconoció públicamente que el entonces gerente del PP, Luis Bárcenas, intermedió ante la Comunidad de Madrid para obtener los contratos de seguridad y vigilancia de sus edificios. El exjefe de Gabinete de Álvarez Cascos justificó las llamadas de Bárcenas a diferentes consejeros de la Comunidad por "su relación de amistad".
Según De la Cruz, Bárcenas llamó a Alfredo Prada, consejero de Justicia, "por pura amistad" y "por un acto de buena voluntad" para pedirle el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un macroproyecto que nunca fraguó.
Para estudiar otras adjudicaciones, los altos cargos del PP también se pusieron en contacto con María Dolores de Cospedal, que estuvo al frente de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid entre diciembre de 2004 y junio de 2006, pero no lograron obtener ningún contrato. Fuentes de Génova mantienen que el odio que Bárcenas profesa a Cospedal procede de esa etapa política. Después, se vio agravado tras su salida de la sede de los 'populares'.
A partir de 2009, a raíz de todos estos escándalos y la operación Gürtel, Serygur entró en crisis y perdió la mayoría de los contratos con la Administración. En 2010 y 2011, sólo el Ayuntamiento de Madrid mantenía con la empresa de seguridad, ahora bajo el nombre de Alium Seguridad, cuatro adjudicaciones por un importe de 2.638.627,41 euros, según una información de Daniele Grasso.
NOTA DE REDACCIÓN:
Doña Josefa Magdalena Montoya Sáenz, esposa de Álvaro Lapuerta, ha enviado un comunicado a El Confidencial en el que asegura que su marido "no ha estado vinculado ni ha tenido relación directa o indirecta con la mercantil Sedigur, hoy Alium" y que "tampoco ha tenido relación societaria o mercantil directa o indirecta con D. Álvaro de la cruz y D. Ignacio del Río".
Añade la nota que Lapuerta "no ha tenido relación directa o indirecta con la adjudicación de contratos públicos en favor de las aludidas mercantiles por ningún órgano de la Administración, ni ha mediado o intervenido de ningún modo en ese marco, sin que conociera la condición de adjudicataria de esas mercantiles cuya existencia ni le constaban".

miércoles, 18 de septiembre de 2013

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El Gobierno destinará 33.000 millones menos a pensiones hasta 2022 con su reforma

La reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno permitirá ahorrar a la Seguridad Social cerca de 33.000 millones de euros en los próximos nueve años como consecuencia de la aplicación del nuevo índice de revalorización que desligará la subida de las pensiones de la evolución del IPC. Según consta en la memoria del impacto económico del anteproyecto de Ley para la regulación del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Socia lremitido al Consejo Económico y Social (CES), la aplicación del nuevo índice de revalorización de pensiones permitirá un ahorro estimado de 809 millones en 2014, primer año de su aplicación.

Esa cifra irá aumentando progresivamente hasta estabilizarse en el entorno de los 5.000 millones anuales en el periodo 2019-2022. Según el anteproyecto de Ley está previsto que, de aprobarse en los próximos meses el texto sin cambios de calado, en 2014 sea de aplicación ya este nuevo indicador de revalorización, que sustituirá al IPC y que tendrá en cuenta no sólo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema para garantizar en todo momento que el sistema paga a los pensionistas el importe que puede soportar.

Concretamente, para revalorizar las pensiones de un determinado año se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones corrientes de los seis años anteriores y la estimación de ese año y los cuatro siguientes -un total de 11 años-, a excepción de los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Además, se deducirán de estos capítulos los ingresos y gastos referidos a las prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a las pensiones no contributivas, salvo los complementos a mínimos. Así, en los años en que el saldo resultante de estos cálculo gastos e ingresos sea menos favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza éstas podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación.

El Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico prevé que la Seguridad Social cierre todos los ejercicios hasta 2016 en déficit, asegura que con este nuevo indicador el sistema podría reducir sus desequilibrios en 809,6 millones de euros en 2014, en 1.640 millones en 2015, en 2.490 millones en 2016, en 3.359 millones en 2017 y en 4.242 millones en 2018. Más ahorro desde 2019 Más adelante, el Gobierno espera aplicar el Factor de Sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento. Este factor de "equidad intergeneracional" se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas, de manera que la prestación que recibirán -previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida- será equivalente a la obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.

En este punto, el Ejecutivo justifica que era preferible vincular la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida antes que a otros parámetros como los años necesarios para recibir el 100% de la prestación o el cálculo de la base reguladora para evitar que esta reforma se solapara con la puesta en marcha en 2011 y que aún está afectando a estos elementos. Una vez entre en marcha este mecanismo en 2019, el Gobierno espera que la reducción de los desequilibrios de las cuentas de laSeguridad Social ronde ya los 5.000 millones anuales hasta 2022. Mientras el informe de impacto del anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones deja claro que la Seguridad Social ahorrará miles de millones actuando sobre la cuantía de las pensiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes en declaraciones a Onda Cero que "las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad".

El Gobierno niega el recorte El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha negado que la reforma de las pensiones presentada la pasada semana por el Gobierno suponga un recorte del gasto en pensiones, y ha asegurado que esta propuesta diseña un sistema "sostenible en el tiempo, que aspire al equilibrio presupuestario". "La propuesta no recorta el gasto. Ahorrar no es recortar, es canalizar el gasto y asegurar que ese gasto creciente se acompase a las necesidades reales que va a tener la sociedad española y el sistema económico", ha asegurado Burgos. En este sentido, ha remarcado que este ahorro que pretende introducir la reforma es "compatible" con la mejora de las prestaciones y con que las pensiones sigan incrementándose "año a año". El secretario de Estado de la Seguridad Social ha asegurado que el sistema va a seguir aportando "más recursos" a las pensiones y va a seguir generando prestaciones "más altas, que van a cobrar más ciudadanos y durante más tiempo".

"Esto exige un mecanismo que también sea capaz de ordenar este gasto creciente, de equilibrar las aportaciones de los ciudadanos y de garantizar el equilibrio de nuestras cuentas públicas", ha añadido. Asimismo, ha defendido que el factor de sostenibilidad es un elemento "fundamental" para asegurar que el sistema se refuerza frente a las tensiones demográficas y las condiciones económicas, porque garantiza con su reequilibrio el objetivo de asegurar unas pensiones "estables, equitativas, adecuadas y sostenibles". Burgos ha incidido en que el sistema tiene que ayudar a contener un gasto "muy importante", ya que las prensiones contributivas suponen más 100.000 millones de euros anuales, cifra que va a seguir creciendo en los próximos años. En este sentido, ha subrayado que sólo tiendo en cuenta las previsiones de 2012, 2013 y 2014 el déficit del sistema superaría los 35.000 millones de euros. "El sistema de Seguridad Social no puede sostenerse en el tiempo con estas cifras", ha advertido. 

FUENTE: elmundo.es/ AQUÍ 

martes, 17 de septiembre de 2013

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Gallardón adjudicó 10 millones a una sociedad ligada a Bárcenas y Lapuerta " SERYGUR"

Alberto Ruiz-Gallardón, siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, concedió más de veinte contratos a una empresa de seguridad vinculada al extesorero del PP Álvaro Lapuerta y al exgerente Luis Bárcenas. La sociedad Serygur, una desconocida en el sector y sin ninguna trayectoria profesional, obtuvo, entre 2006 y 2009, adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.
Sólo en 2006 -el ejercicio más productivo- Serygur logró contratos por más de cuatro millones de euros, casi la mitad de los ingresos de la sociedad en ese año. La cifra superaba con creces los ingresos de ejercicios anteriores y llegó a provocar suspicacias y protestas por parte de empresas mucho más consolidadas del sector de la seguridad.
El acceso a contratos millonarios de Serygur en la corporación local, presidida por Ruiz-Gallardón, se debía no sólo a la influencia de la dupla Lapuerta-Bárcenas, sino también a la participación en la sociedad de otros dos pesos pesados del Partido Popular: Álvaro de la Cruz e Ignacio del Río. El primero, con un amplio historial en el PP como jefe de Gabinete del secretario general Francisco Álvarez Cascos (1989/1992), director de Innovación Tecnológica y secretario de Comunicación. El segundo, tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid como teniente alcalde de Urbanismo, entre 1995 y 2003, durante el mandato de Álvarez del Manzano, el predecesor de Gallardón. Ambos conocían de sobra las interioridades del Partido Popular y del consistorio madrileño para acceder a las ofertas públicas de los contratos de vigilancia.
Álvaro de la Cruz con Rita Barberá (EFE)Álvaro de la Cruz con Rita Barberá (EFE)El onubense Álvaro de la Cruz, que en 1982, a los 24 años, inició su carrera política en la sede de Génova, sumaba a sus cargos en el PP el de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el sumario de la Gürtel figura como el responsable de la adjudicación a la empresa de Francisco Correa, Special Events, de la organización de las asambleas de este organismo en 1999 y 2003 por 800.000 euros. En esos años, Correa mantenía unas excelentes relaciones con Bárcenas y, con la ayuda de este, facturaba centenas de miles de euros a la contabilidad de Génova. El extesorero, a cambio, era recompensado, como demuestran los documentos del sumario de la Gürtel.
Gracias a esas intermediaciones, Serygur pudo obtener también contratos tan sustanciosos en el Ayuntamiento -ver gráfico- como la Agencia de Empleo de Madrid por 2,5 millones de euros; el distrito de La Latina por 1,1 millones; el edificio del área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales por 0,6 millones; la Dirección General de Patrimonio Verde por 0,5 millones o el Organismo Autónomo de Madrid Salud por 0,8 millones. En 2006, obtuvo adjudicaciones por un importe de 4.046.166,15 euros; en 2007, por 1.310.684,04; en 2008, por 3.313.877,24 y en 2009, por 1.149.420,37, según un pormenorizado estudio realizado por El Confidencial a partir de los concursos municipales publicados en el Boletín Oficial del Estado y adjudicados en esos años.
En el Ayuntamiento de Madrid señalan que todas las adjudicaciones se concedieron dentro de la legalidad, a partir de concursos públicos y con criterios técnicos y económicos. Según un portavoz municipal, "cada contrato obtenido por Serygur pertenecía a un área de Gobierno o un distrito diferente y tanto los órganos de contratación como las mesas de adjudicaciones eran autónomas".
En aquellos años, la hoy alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros miembros del actual consistorio ya formaban parte del Ayuntamiento, tras las elecciones de 2003. Botella, desde 2007, se encargó del Área de Medio Ambiente.
De la Cruz, Bárcenas y la Gürtel
Álvaro de la Cruz mantenía, asimismo, una excelente relación con Jesús Sepúlveda, el exalcalde Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, imputado en el sumario de la Gürtel. Sus vínculos quedaban sellados a través de la fundación municipal Pozuelo Siglo XXI, de la que De la Cruz era director general.
En un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en mayo de 2009, tres meses después de estallar el caso Gürtel, los agentes policiales le atribuyen a De la Cruz el cobro de 30.000 euros de la caja B de Correa, según la documentación intervenida en sus oficinas de la calle Serrano de Madrid. El informe policial mantiene que De la Cruz es apoderado de varias sociedades de seguridad, entre ellas Serygur (Alium) y otras afines y concluye que “está vinculado a Luis Bárcenas”. Según las investigaciones de la Policía, el extesorero del PP, en la actualidad en la cárcel de Soto del Real, presionó en 2007 a la Comunidad de Madrid para obtener contratos a favor de De la Cruz y Serygur. Fuentes del Partido Popular en Madrid afirman que Bárcenas y Lapuerta buscaban las adjudicaciones "por su propio interés".
Ademas de apoderado de Serygur (Alium) desde 2007, Álvaro de la Cruz compartía el mismo cargo en otras sociedades del grupo como Serycur, Protecny Segurity o Facilita Servicios Auxiliares. Todas ellas estaban centralizadas en un mismo domicilio social y vinculadas a la sociedad que conseguía los contratos millonarios en el consistorio madrileño.
Se da la circunstancia de que el ex alto cargo popular aparece en el registro mercantil como administrador de todas esas sociedades con el nombre de "Álvaro Cruz". Sin embargo, cuando inscribe su nombre en otras dos empresas, exclusivamente de su propiedad -InternetXXI Soluciones Tecnológicas Avanzadas y Ciudad21 Foro de Innovación Local-, sí lo hace con la preposición y el artículo "de la".
Álvaro Lapuerta (EFE)
Álvaro Lapuerta (EFE)Ni Álvaro Lapuerta ni Bárcenas figuran en el registro mercantil como socios, apoderados o administradores de Serygur (Alium). Tampoco Ignacio del Río. En todas las sociedades del grupo, desde su constitución en 1989, aparece como administrador único un empresario de perfil bajo: José Luis Cuadros Arias. Sin embargo, Cuadros es todo un desconocido en el sector de las empresas de seguridad. Si se pregunta por él, todos coinciden en su condición de hombre pantalla.
El Confidencial ha podido verificar, empero, en fuentes de la propia compañía y del sector de la seguridad que el extesorero y el exgerente del PP participaban en el negocio de la sociedad. No se ocultaban a la hora de negociar contratos -gestiones que las realizaban en persona- y se valían de su posición dentro de partido para obtener adjudicaciones de las Administraciones regional y local de Madrid. Y, aunque en esas fechas los populares habían sido desalojados de la Moncloa, Serygur también obtuvo importantes adjudicaciones de la Administración central.
El nombre de Mariano como reclamo
Para convencer a los compañeros más reticentes, Bárcenas y Lapuerta utilizaban como reclamo el nombre de Mariano Rajoy, como sucedió con algunos de los contratos exigidos a la Comunidad de Madrid. Una de las frases más recurrentes de Bárcenas, según un alto cargo de la Administración madrileña, era: “Si no nos arropamos entre nosotros y favorecemos a los nuestros, quién nos va a ayudar”. Ese discurso provocó roces con miembros del equipo de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico madrileño, en el que algunos consejeros negociaron directamente las adjudicaciones con la empresa de seguridad, tras las presiones de Bárcenas y Génova.
Serygur fue constituida en mayo de 1989 y fue una desconocida en el sector hasta que, a mediados del 2000, desembarcaron en ella los altos cargos del PP. En el registro figura como una sociedad anónima cuyo objeto social es “la vigilancia y protección de toda clase de bienes muebles o inmuebles, certámenes, ferias o cualquier acto público”, entre otros.
El último depósito de cuentas de la sociedad, declarado por sus propietarios, está fechado en octubre de 2010 y corresponde al ejercicio de 2009. En ese año Serygur comienza a comprobar cómo se le pincha el globo del tráfico de influencias. La sociedad se ve penalizada por el escándalo que arrastra el estallido de la operación Gürtel y la posterior caída de los contratos y el volumen de negocio. Se podría afirmar que existe una causa-efecto entre las investigaciones a Correa y Bárcenas y el declive de Serygur.
Baltasar Garzón (EFE)Baltasar Garzón (EFE)Para afrontar la tormenta, sus políticos-accionistas decidieron modificar, en abril de 2009, la denominación social de Serygur por la de Alium. Un mes después, Álvaro de la Cruz también dimitía como apoderado. Esas decisiones coincidían con las filtraciones sobre las investigaciones secretas del juez Baltasar Garzón acerca de las relaciones inconfesables entre Bárcenas y Correa. El escándalo provocó la dimisión de este como senador y su salida de la Tesorería de Génova, tras ser imputado en el caso Gürtel por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ni que decir tiene que las caídas de Bárcenas y De la Cruz provocaron una importante merma en el negocio de Serygur. En el ejercicio de 2009, según los propios datos de la empresa de seguridad, los ingresos cayeron en picado. De recaudar 13 millones de euros en 2006; 16, en 2007 y 11, en 2008, la recaudación descendió a 8,7 millones en 2009, con unas pérdidas declaradas de 1,6 millones.
De la opulencia a la nada
Los cuatro años de crecimiento meteórico, con la adjudicación de la vigilancia de edificios públicos, permitieron incluso a Serygur situarse en el puesto 17 del ranking nacional por facturación, entre más de 500 empresas de seguridad. Esa evolución también se manifestó en sus signos externos: de unas modestas instalaciones en la calle Alcocer, en el barrio obrero de Villaverde, pasaron a un moderno y lujoso edificio en la carretera de La Coruña. Sin embargo, tras la quiebra, las instalaciones de la zona residencial de Las Rozas fueron abandonadas y la empresa regresó a su domicilio original de Villaverde.
Con la deserción de los pesos pesados del PP, Serygur/Alium regresaba a la realidad de su potencial, a los años en los que ingresaba 1,6 millones, en 1999, o 5,2 en 2000. Las palabras de un exdirectivo de la compañía, que prefiere permanecer en el anonimato, son concluyentes: “Aquello era un chiringuito iluminado por las influencias de Bárcenas y De la Cruz. Pero la luz se apagó cuando el caso Gürtel se llevó todo por delante y los contratos con la Administración dejaron de llegar. Los otrora conseguidores influyentes del PP pasaron a convertirse en unos apestados”.
En la actualidad, las acciones de Serygur/Alium están en poder de la sociedad Lovermats SL en un 81,08% del capital; de Gloria Cabañas Aranda, en un 15,71%, de José Luis Cuadros Arias, en un 2,9 y de Protecny Segurity, en un 0,31%. En la práctica, la propiedad pertenece a su administrador y fundador, José Luis Cuadros, ya que su esposa, Gloria Cabañas, que tiene estudios de enfermería, figura en el registro como la única accionista de Lovermats. La pareja reúne, por tanto, el 99,69 de la compañía.
El matrimonio Cuadros/Cabañas ha estado arropado en el negocio por el equipo directivo de sus comienzos: Juan Antonio Martínez Peinado, director financiero de Serygur; Carmen Pernía, la directora general, colocada por Álvaro de la Cruz; el padre de la anterior, Ángel María Pernía Pernía; y los hermanos del exdirigente del PP, María de los Ángeles de la Cruz y Emilio de la Cruz.
Este diario ha intentado por todos los medios contactar con José Luis Cuadro y Gloria Cabañas, pero las gestiones han resultado infructuosas. Los teléfonos de Serygur, que figuran en las guías de empresas de seguridad y en la propia web de la compañía, no están operativos y los números particulares del matrimonio asimismo están inactivos. Como su domicilio familiar, un lujoso chalé de Las Rozas, valorado en tres millones de euros, que ha salido a pública subasta este verano.

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UGT Andalucía cargó una mariscada de 2.047 euros a una subvención de la Junta

 
UGT Andalucía cargó una mariscada de 2.047 euros a una subvención de la Junta

   Nueve días antes de la comida navideña, el 12 de diciembre de 2009, los sindicatos UGT y CC.OO. se habían echado a las calles de la capital madrileña para protestar contra los empresarios por entorpecer la negociación colectiva

El festín navideño de sus dirigentes en 2009 se justificó como una actividad sindical

Treinta raciones de langostinos, 1.080 euros; seis pargos al horno, 126 euros; seis cilindros de foie, 90 euros; ocho botellas de Rioja de reserva Marqués de Arienzo, 152 euros. Son algunas de las exquisiteces gastronómicas que recoge la cuenta de la comida navideña que celebró la Unión General de Trabajadores (UGT) en Andalucía el 21 de diciembre de 2009 en un exclusivo restaurante de la capital sevillana.

El importe de la mariscada, que ascendió a 2.047,90 euros (la mitad solo en bandejas de langostinos), se endosó a una subvención de la Junta de Andalucía. La factura emitida por el restaurante donde comieron a la carta veinte dirigentes del sindicato, Puerto Delicia, a la que ha tenido acceso este periódico, indica que el «homemenaje» culinario se cargó a una ayuda anual que le concedió la Consejería de Empleo para sufragar costes de los representantes del sindicato en procesos de negociación colectiva.

Para justificar el gasto del pantagruélico convite ante la Consejería, UGT hizo constar en el documento realizado por el restaurante el siguiente concepto: «Comida acciones difusión VII acuerdo». El sindicato presentóó la factura ante la Administración autoutonómica como una actividad vinculada al VII Acuerdo de Concertación Social, firmado en un acto solemne un mes antes, el 24 de noviembre de 2009, por el entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán, y los máximos dirigentes de la patronal y de UGT y CC.OO. El pacto garantizaba al Gobierno andaluz la paz social durante sus cuatro años de vigencia y a los agentes empresariales y laborales, un auténtico maná de fondos públicos para financiarse y desarrollar cursos de formación, tareas sociales y talleres de empleo en tiempos de crisis.

En este ambiente de optimismo por el importante balón de oxígeno financiero obtenido, UGT-A organizó su comida navideña sin escatimar gastos. Eligió para esta estelar ocasión uno de los fogones más refinados de la capital hispalense, especializado en pescados y mariscos. Puerto Delicia es un establecimiento vanguardista con fachada de cristal y una amplia terraza con vistas al Guadalquivir, rodeada de palmeras y parterres de buganvillas.

El extracto de la cuenta, en poder de este periódico, no deja lugar a dudas sobre el carácter festivo del ágape. La elección de los veinte comensales, que comieron a la carta, está muy alejada de lo que se entiende por una comida de trabajo. El cubierto subvencionado salió a 100 euros. El plato estrella fueron los langostinos. Pidieron 30 raciones, a 36 euros cada una. Pero la cuenta recoge otras delicias gastronómicas: seis pargos al horno, a 21 euros cada uno; otros tantos platos de arroz caldoso con boletus y trufa, a 20 euros cada uno; dos merluzas que costaron 40 euros; tres cochinillos ibéricos, 54 euros en total, una lubina, 22 euros. Sólo en bebidas, vinos de reserva, copas de manzanilla y cervezas Cruzcampo gastaron 360 euros.
Nueve días antes de la comida navideña, el 12 de diciembre de 2009, los sindicatos UGT y CC.OO. se habían echado a las calles de la capital madrileña para protestar contra los empresarios por entorpecer la negociación colectiva. Cabe recordar que el festín se habría cargado a una ayuda anual destinada a la negociación colectiva. Manuel Pastrana, entonces secretario regional de UGT, animó a movilizarse a los andaluces porque « no vamos a permitir que el derecho de los trabajadores desaparezca, algo que está intentando hacer la patronal».

lunes, 16 de septiembre de 2013

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Información sobre la tramitación del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada

El Ministro del Interior ha presentado al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, el cual ha sido aprobado y ahora va a ser enviado a varios Órganos Consultivos para que se pronuncien sobre su contenido, siendo después remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación como Proyecto de Ley.

Un Proyecto de Ley lleva la siguiente tramitación:
1. APROBACIÓN. Los proyectos de ley se aprueban por el Consejo de Ministros y se remiten al Congreso de los Diputados acompañados de una Exposición de Motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos (art. 88 CE).
Por tales antecedentes se entienden tanto los estudios de la Administración para la preparación del texto, como los informes de Instituciones públicas (Consejo de Estado, etc.) y organizaciones privadas representativas de intereses afectados por la norma.
En este caso habrá que esperar a que los órganos consultivos a los que se va a remitir previamente se pronuncien sobre su contenido antes de remitirlo al Congreso de los Diputados.
2. ENMIENDAS. La Mesa del Congreso recibe el texto y ordena su publicación en el BOCG y el envío a la Comisión correspondiente. A partir de la fecha de publicación, los Grupos Parlamentarios disponen de 15 DÍAS para presentar ENMIENDAS al texto, salvo que la Mesa, a petición de algún Grupo, acuerde un aplazamiento (art.110 RC).
TIPOS DE ENMIENDA
- De Totalidad: Se refieren al espíritu, los principios o la oportunidad del proyecto de ley y pueden pretender, bien su devolución al Gobierno, bien su sustitución por un texto alternativo.
- Al Articulado o parciales: Se refieren a la supresión, modificación o adición de algún aspecto concreto del proyecto.
3. DEBATE DE TOTALIDAD. En caso de presentarse enmiendas de totalidad, su debate en el Pleno es el primer trámite que tiene que salvar el proyecto de ley (art. 112 RC).
Ordenación del debate:
- Defensa del proyecto por un miembro del Gobierno.
- Turno a favor, por 15 min., de los Grupos que hayan presentado enmienda de totalidad.
- Turno en contra, por 15 min., de los Grupos que se opongan a la/s enmiendas.
- Fijación de posiciones, por 10 min., de los Grupos que lo soliciten.
- Votación, primero, de las enmiendas de devolución. De prosperar alguna, el texto se reenvía al Gobierno.
A continuación se votan las de texto alternativo. Si el Pleno aprueba alguna, el texto pasa a la Comisión correspondiente y se abrirá un nuevo plazo de enmiendas al articulado.
4. PONENCIA. Concluido el plazo de enmiendas -y el debate de totalidad, si lo hubiera- la Comisión correspondiente designa, de entre sus miembros, una PONENCIA, grupo reducido de diputados representantes de todos los Grupos Parlamentarios que, a puerta cerrada, redactan un INFORME a la vista del texto remitido por el Gobierno y de las enmiendas presentadas (art. 113 RC). Dispone para ello de un plazo de 15 días (la Mesa de la Comisión puede ampliar ese plazo).
5. DELIBERACIÓN EN COMISIÓN. Concluido el Informe de la Ponencia, la Comisión se reúne de nuevo para debatirlo, así como las enmiendas artículo por artículo. Tras votarlos, emite un DICTAMEN que someterá al Pleno de la Cámara. Los Grupos Parlamentarios disponen de 48 horas, desde la aprobación del Dictamen, para comunicar cuáles de los votos particulares y enmiendas que resultaron rechazados en la Comisión tienen intención de defender en el Pleno (art. 114-116 RC).
6. DELIBERACIÓN EN PLENO. El debate en el Pleno, que puede comenzar con un nuevo turno de defensa por parte del Gobierno y de presentación del Dictamen por un miembro de la Comisión, supone el final de esta primera fase de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que pasa entonces al Senado (art. 118 RC).
7. TRAMITACIÓN EN EL SENADO. Recibido el texto, el Senado dispone de DOS MESES para tramitar el proyecto, plazo en el que sus posibilidades de actuación son tres:
  • Aprobar el texto en los mismos términos en que le fue remitido por el Congreso. En tal caso, quedará definitivamente aprobado.
  • Introducir enmiendas. El proyecto volverá al Pleno del Congreso, que puede aceptarlas o rechazarlas por mayoría simple.
  • Interponer un veto, que ha de ser aprobado por mayoría absoluta (art. 90.2 CE). Para superarlo, el Congreso debe ratificar, por idéntica mayoría, el texto inicial por él aprobado. De no conseguirla, se someterá de nuevo a votación transcurridos dos meses a contar desde la interposición del veto que, en este caso, será superado por mayoría simple.

Por término medio, un proyecto de ley tarda unos cinco meses desde que el Consejo de Ministros lo envía al Parlamento hasta que, aprobado definitivamente por el Congreso, sancionado y promulgado por el Rey y publicado en el BOE, se convierte en Ley. En este caso concreto del proyecto de Ley de Seguridad Privada habrá que sumar el tiempo que tarden los órganos consultivos en emitir sus informes al respecto.
No nos olvidemos que tradicionalmente los meses de julio, agosto y enero prácticamente son inhábiles a efectos de actividad parlamentaria, así que todavía nos queda esperar bastante para ver promulgada la nueva LSP.
Una vez aprobada y publicada la LSP en el BOE, el Gobierno deberá dictar las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la Ley, y no nos olvidemos que entre la publicación de la anterior LSP y la publicación del RD que contiene el reglamento que la desarrolla transcurrieron 28 meses.
Resumiendo y haciendo un ejercicio de prospectiva basado en los antecedentes existentes y la situación actual:
Posiblemente hasta principios del 2014 no verá la luz la nueva LSP y hasta mediados del 2016 no estará el reglamento que la desarrolle.
Fuente.  www.sisonline.com