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jueves, 31 de julio de 2014

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SPV denuncia agresión a Vigilante de Seguridad de la empresa PROSEGUR en el centro Brico Depot de Jeréz

VIGILANTE DE PROSEGUR AGREDIDO EN BRICO DEPOT JEREZ
En el día de hoy  y como muchos otros, el comercio Brico Depot se llena de cliente que realizan sus compras como mejor le parece, pero también hay clientes que les va la marcha sobre todo la prepotencia y las chulerías. En la mañana de hoy el vigilante de seguridad que prestaba servicio en dicho comercio, alertado por los trabajadores y tras llamarle la atención y recriminarle una acción que no debió de hacer  uno de los clientes, que no tiene ni nombre por donde se les pueda llamar, coge el chulo de turno y agrede a nuestro compañero Antonio.
No hay que olvidar que estas circunstancias, se vienen produciendo muy a menudo en este tipo de comercios como Bricodepot. Los clientes le pierde el respeto a nuestros compañeros Vigilantes de Seguridad, que ni la empresa Prosegur para la cual trabajan, ni para cliente Bricodepot, hagan nada para evitarlo, demostrando así que los vigilantes les importamos un pimiento, siendo simples números XXXX por los cuales obtienen beneficios. Un servicio en el cual exigen intervenciones, pero que a la hora de la verdad las medidas de seguridad para evitar los actos delictivos, dejan mucho que desear ó carecen de ellas.
 
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Prosegur gana 66 millones hasta junio, un 6,6% más

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
Prosegur registró un beneficio neto de 66 millones de euros durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al mismo periodo de 2013, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Entre enero y junio, la compañía logró unas ventas de 1.810 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,6% respecto al primer semestre de 2013. No obstante, excluyendo el efecto del tipo de cambio, las ventas de Prosegur aumentaron un 14% en el semestre.
El resultado neto de explotación (Ebit) alcanzó los 130 millones de euros en los seis primeros meses, con un avance del 3,2% en relación al primer semestre de 2013. A tasa constante, el Ebit de Prosegur aumentó un 37% en el semestre, mejorando el margen operativo hasta el 7,2%.
Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 188 millones de euros, sin variación respecto al primer semestre de 2013. No obstante, excluyendo el efecto del tipo de cambio, el Ebitda de Prosegur se incrementó un 27% entre enero y junio.
Por áreas geográficas, la facturación en las regiones de Europa y Asia-Pacífico aumentó un 7,2% con respecto a los seis primeros meses de 2013, alcanzando los 778 millones de euros. Este crecimiento se debe a la mejora de las ventas en Alemania (+33%) y Francia (+3%).
En España, los ingresos de Prosegur se redujeron un 5%, hasta los 425 millones de euros, aunque este recorte de las ventas se suavizó con respecto a trimestres anteriores, cuando caían a un ritmo superior al 10%. En relación al mercado de Asia-Pacífico, la compañía multiplicó por más de tres su facturación, hasta los 65 millones de euros.
En Iberoamérica, las ventas de Prosegur cayeron un 7,5%, hasta los 1.032 millones de euros, por la devaluación de las principales monedas de la región. No obstante, a tasa constante, la facturación de la compañía en Latinoamérica aumentó casi un 18%.
 
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Seis detenidos por robos con violencia vestidos con uniformes policiales

Efe. Madrid.
La Guardia Civil ha detenidos a seis personas de nacionalidad española que pertenecían a una peligrosa organización criminal dedicada a cometer robos con violencia en viviendas, oficinas y naves industriales, asaltos que realizaban vestidos con uniformes policiales.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, las detenciones se han practicado en distintos puntos de España, pero fundamentalmente en Andalucía y Madrid.
La banda -cuyo cabecilla ha sido detenido en Ojén (Málaga)- planeaba los robos en la aldea de El Rocío (Huelva), en una vivienda en cuya chimenea escondían las armas y los uniformes policiales que utilizaban en los asaltos.
Además del jefe de la banda detenido en Ojén se ha detenido a otro de sus miembros en Madrid capital, a dos más en Fuenlabrada (Madrid), otro en Yeles (Toledo) y otro en Aldea de El Rocío.
Y se han realizado registros en viviendas de Fuenlabrada, Ojén, San Pedro de Alcántara y Estepona (Málaga) y Aldea de El Rocío, en los que se han intervenido una pistola, un revólver, tres escopetas, un rifle y una pistola simulada, además de uniformes policiales, luces prioritarias, bridas y grilletes, que utilizaban para cometer los asaltos.
A los seis detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a banda organizada, robos con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, robos con fuerza, usurpación de funciones, atentado y falsificación de documentación.
La operación, denominada "Calada", comenzó en febrero después de que cometieran dos robos, por el procedimiento del butrón, en una empresa de la localidad almeriense de Viator dedicada al almacenaje y distribución de tabaco.
Durante la investigación los agentes constataron la existencia de una organización que podría estar implicada en la comisión de 25 robos con violencia e intimidación en diversas empresas y domicilios de Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga, Almería, Huelva y Guipúzcoa.
Por ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de seguimiento, que se ha saldado con la detención de sus integrantes.
Cuando iban a cometer sus robos, normalmente de noche, sustraían vehículos para sus desplazamientos y el transporte de la mercancía robada, llegando a apropiarse en una ocasión de una retroexcavadora que emplearon para empotrarla contra las paredes de una de las naves asaltadas.
En uno de los robos cometidos en un caserío de la localidad de Segura (Guipúzcoa), los detenidos se personaron en la vivienda provistos de chalecos identificativos de Guardia Civil y, simulando un registro por blanqueo de dinero (uno de ellos incluso portaba una carpeta), maniataron a los propietarios de la vivienda y les robaron 20.000 euros.
En otro de los asaltos, cometido en el mes de febrero en la localidad de Atarfe (Granada), dos de ellos -vestidos con uniformes de la policía local y provistos de armas de fuego- se presentaron en las oficinas de una empresa y maniataron a los empleados, aunque tuvieron que huir del lugar al percatarse de que la policía se aproximaba a la nave.
La Guardia Civil ha destacado que la banda era muy peligrosa, ya que no dudaba en utilizar la violencia en los asaltos e incluso usaba las armas de fuego cuando era necesario, como ocurrió en marzo en un robo en Huelva, donde en la huida se enfrentaron a tiros con agentes del Cuerpo Nacional de Policía que habían iniciado su persecución.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y agentes de las Comandancias del mismo Cuerpo de Almería, Málaga, y Huelva.
Debido a la peligrosidad de los detenidos, en la fase de explotación de la operación se contó con la colaboración de la Unidad Especial de Intervención de Guardia Civil (EUI), especialistas en neutralizar delincuentes altamente peligrosos.
 

miércoles, 30 de julio de 2014

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Una clienta denuncia vejaciones en El Corte Inglés al obligarla ilegalmente a desnudarse tras una falsa acusación de robo

Carmen Herrera muestra la denuncia que ha interpuesto por el trato recibido en El Corte Inglés
Carmen H.M. acudió el martes por la tarde a comprar al centro comercial ubicado en la calle María Auxiliadora cuando al salir fue requerida por la seguridad privada al sospechar que había sustraído ropa. Mostró sus bolsillos sin prenda alguna, pero la llevaron a un cuarto donde la obligaron a desnudarse sin presencia policial, como establece la normativa vigente. "Me sentí totalmente humillada y vejada, como en una cárcel de Colombia", asegura


Una salmantina ha denunciado ante la Policía Nacional las presuntas vejaciones sufridas en El Corte Inglés tras ser acusada falsamente de robo. Así, fue obligada a desnudarse por la seguridad del centro comercial, hechos que se produjeron sin la presencia policial, como así establece la normativa vigente y así le han comunicado a la víctima en la Comisaría de Salamanca mientras interponía la denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva SALAMANCA24HORAS.

Carmen H.M. acudió el martes por la tarde a comprar al centro comercial ubicado en la calle María Auxiliadora. Cerca de la hora de cierre, a las diez de la noche, se encontraba en la primera planta, en la zona de lencería, donde decidió dejar dos sujetadores que se había estado probando, con la intención de regresar al día siguiente por la mañana, ya con más tiempo, para realizar la compra. En ese momento al salir por la puerta de El Corte Inglés, un vigilante de seguridad la retuvo, afirmando que había visto algo sospechoso.

Según relata la víctima, y así lo recoge la denuncia presentada ante la Policía Nacional, la mujer aseguró que no había cogido nada, mostrando sus bolsillos para que quedara constancia de que no llevaba prenda ni objeto alguno perteneciente al centro comercial. Pero el vigilante no la dejaba salir y avisó a sus compañeros. Entonces llegó un segundo vigilante con un taco de etiquetas y alarmas, dando por hecho que habían sido robadas por ella. Carmen insistió en que no había cogido nada, solicitando que miraran las cámaras de seguridad, pero le afirmaron que se veía cómo cogía prendas.

Entonces fue llevada hasta una habitación, donde se encontraban tres hombres y una mujer de seguridad de El Corte Inglés. Uno de ellos le insistió en las acusaciones de robo a partir de las etiquetas y alarmas de ropa quitadas que habían encontrado, negando Carmen una vez más los hechos. Aún así, la obligaron a desnudarse, ya sólo en presencia de la mujer, constatando que no tenía nada. La persona de seguridad comunicó a sus compañeros que no había encontrado prenda alguna que hubiera sido sustraída, por lo que, todavía entre acusaciones de robo, la dejaron marchar.

"Al salir me eché a llorar"
Veinte minutos después de iniciarse los hechos, Carmen Herrera salía de El Corte Inglés. "Al principio me lo tomé un poco a risa por la incredulidad de ver que me acusaban de algo que no había hecho, pero al ver que insistían y después pensar que me habían obligado a quitarme la ropa, me vine abajo y al salir me eché a llorar", relata. "Me sentí totalmente humillada y vejada, como en una cárcel de Colombia", añade.

Al llegar a casa llamó a la Policía para consultarle si era legal la situación que había sufrido, explicándole que "era ilegal y tenían que haber avisado a los agentes para que fueran ellos quienes me registraran". Por eso, este miércoles por la mañana ha interpuesto una denuncia en la Comisaría de Salamanca. Además, presentó una hoja de reclamaciones. "Lo que quiero es que esto no vuelva a pasar y que me pidan disculpas públicamente, que vean el vídeo bien, porque verán que no cogí nada. Sólo lo hizo la chica y el vigilante que me paró al principio porque al verme dejar los sujetadores se equivocó, el otro insistía en que había robado yo la ropa de esas etiquetas y alarmas que encontraron", concluye.

Versión de la empresa
Por su parte, desde el departamento de prensa de El Corte Inglés se asegura que en ningún momento se obligó a la clienta a desnudarse, que fue inspeccionada en una sala de la planta baja y apenas se la retuvo un minuto.
 
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MELILLA: Eulen opta a suceder a Serramar en la seguridad del Imserso

La empresa Vinsa que iba a hacerse cargo del servicio al final no podrá por no tener sede en Melilla.

La cesión de la vigilancia en el Centro Base del Imserso y en el Centro Social para Mayores continúa en el aire. La empresa que actualmente presta el servicio, Serramar, aún no ha encontrado otra que le sustituya, aunque a día de ayer el nombre de Eulen es el que suena con más fuerza. La empresa Vinsa, que se barajó hace algunas semanas, finalmente se ha echado atrás al no tener sede física en la ciudad autónoma, según explicaron a El Faro la directora territorial del Imserso, Isabel Quesada, y el responsable de seguridad privada en UGT, José Luis Faus.
Quesada explicó que Serramar decidió ceder el contrato tras el ultimátum del Imserso de rescindirselo. Aún resta un año para que la vigencia del servicio finalice, pero dada la situación que atraviesan los trabajadores, pues llevan tres meses sin cobrar, el Imserso decidió tomar cartas en el asunto. Serramar tendrá que proponer a la Dirección General del Imserso, en Madrid una empresa que pueda hacerse cargo del contrato hasta su finalización. Posteriormente, volverá a salir a concurso el contrato de la vigilancia de las dependencias del Imserso en Melilla, es decir, el Centro Base y el Centro Social de Mayores, pues la Residencia la lleva otra empresa diferente.
Por su parte, el dirigente ugetista afirmó que la cesión del contrato a Eulen parece ser definitiva y es la opción, en su opinión, menos mala. Faus destacó que si Serramar se va de la ciudad será “un logro” para los trabajadores y para el sindicato. “Nos quitaremos el lastre de una empresa que no cumple”, aseveró el representante sindical. Eulen es la opción menos mala, pues no termina de convencer a los ugetistas por el hecho de que esta empresa es una de las que se niegan a repartir las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social con los trabajadores.
Viajes a Cádiz
Sin embargo, no tiene ni punto de comparación con el comportamiento que tiene Serramar con sus trabajadores en Melilla. Los problemas económicos que atraviesa la empresa lo pagan los trabajadores. Según explicó Faus, algunos de éstos se han desplazado hasta Cádiz, sede de la empresa, para reclamar sus salarios, pero lo único que han obtenido a cambio son cheques de 1.000 ó 1.500 euros. El responsable sindical no confía en que esos cheques puedan ser cobrados por los trabajadores, pero destaca la implicación de éstos con estos viajes hasta Cádiz.
Y es que, según señaló Faus, los responsables de Serramar no contestan a las múltiples llamadas telefónicas de los trabajadores, del sindicato e incluso del propio Imserso. Faus aseguró que ni siquiera los responsables del Imserso han conseguido hablar con Serramar.
Lo único que se sabe hasta el momento es que la decisión de esta empresa es marcharse de la ciudad y ceder el servicio de vigilancia a Eulen. Sin embargo, el Imserso no ha establecido una fecha tope para ejecutar esa cesión.
Serramar abandonó el CETI, pero no saldó sus deudas
La directora territorial, Isabel Quesada, recordó que la intención es que Serramar ceda el contrato del servicio de vigilancia de las dependencias del Imserso a otra empresa. Exactamente la misma fórmula que se hizo en la vigilancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Quesada expresó su preocupación por la situación que están sufriendo los seis vigilantes de Serramar en el Imserso, pues se le deben tres meses de salario, y aseguró que no se quedará tranquila hasta que vea a estos empleados con su nuevo uniforme. Un nuevo atuendo que aún tendrá que esperar, puesto que en un principio parecía que iba a ser Vinsa la que se haría cargo del servicio y ahora puja Eulen, pero “aún no es definitivo”.
Por su parte y en relación a la experiencia vivida en el CETI, el responsable de seguridad privada en UGT, José Luis Faus, explicó a El Faro que Serramar aún debe dos mensualidades a sus trabajadores. Dado que la empresa ya cedió el contrato, los empleados optan ahora por presentar en los juzgados demandas de reclamación de cantidad contra Serramar y están a la espera del juicio.
Faus se mostró también preocupado por otros trabajadores de Serramar en la ciudad, como en el Hospital Comarcal y en “una obra en Batería Jota” que también están teniendo dificultades para cobrar su salario y con los que UGT ya ha hablado.
 

martes, 29 de julio de 2014

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Ruedan cabezas en la directiva de PROSEGUR SEVILLA

El pasado Miércoles, en la delegación de Prosegur Sevilla se vivió una situación bastante tensa, desde Madrid bajaron para realizar varios despidos, entre ellos la de un directivo A. D. R. L. reconocido en la empresa y en la Zona 6 de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.
No descartamos que Madrid continúe tomando medidas.
 
Seguiremos Informando, ¡¡ No lo dudes !!
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Plántale cara al intrusismo y colabora. Si detectas un caso escribe a intrusismo.spv@gmail.com

 
Nuestras funciones vienen perfectamente delimitadas en la Ley de Seguridad Privada y el Reglamento que la desarrolla, por lo que debemos DEFENDER NUESTROS DERECHOS Y PUESTOS DE TRABAJO, por ello, pedimos tu implicación y que colabores con nosotros en la denuncia contra el intrusismo.
 
DENUNCIA EL INTRUSISMO AQUI

lunes, 28 de julio de 2014

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IDENTIFICACIÓN DEL VIGILANTE ANTE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. ¿TIP o DNI?


Documentos: Primera lección


Centro comercial de Bilbao, hora punta. Un vigilante acaba de detener a un joven por un robo con intimidación cometido sobre otros jóvenes. El vigilante, conforme a lo que le manda la Ley de Seguridad Privada, tras impedir el delito y asegurar al delincuente, avisa a la Policía Local. Personada una patrulla, se hace cargo del detenido y solicita la identificación del vigilante para la confección de las oportunas diligencias que serán remitidas al juzgado. El vigilante le facilita su número profesional exhibiendo la Tarjeta de Identificación Profesional con el membrete del Ministerio de Interior. “Eso a mi no me vale para nada”, le suelta el policía, “muéstrame el DNI”. El vigilante le hace ver que esa es su identificación oficial y que en ella figuran todos los datos que se precisan para su correcta identificación. “O me enseñas el DNI o vienes detenido”. El vigilante cede y muestra el documento requerido por el policía que, imagino, se marchará ufano y orgulloso de haber puesto al ignorante segurata a la raya.
Acaso no sepa el policía que acaba de delinquir, o casi. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debería conocer, dice que un ciudadano puede identificarse por cualquier medio que al agente le ofrezca fiabilidad sobre los datos de su personalidad. Además, debería saber que hace años que nadie está obligado a portar el documento nacional, solo a identificarse, siendo los agentes los que deben realizar las oportunas indagaciones de comprobación de datos. Por cierto, seguramente ese mismo policía habrá dado por bueno el número que, de palabra, le haya facilitado un bombero que acude a un incendio o un sanitario que interviene en un accidente de tráfico. Además, quizá, y de esto ha habido mucho, ha dado por válida alguna identificación con el EHNA, ese “carnet de identidad vasco” que hace algunos años sacaron los radicales para ratificar su abertzalismo. Y realmente todos ellos eran documentos suficientes, junto con el carnet del polideportivo o la identificación verbal, siempre, repito, que el agente lo estime oportuno.
Sin embargo no le sirve una identificación oficial del Ministerio de Interior de España, documento, si cabe, de mayor rango que su placa municipal de policía, expedida por el Ayuntamiento y, desde hace poco, uniformizada por el Gobierno Vasco. Repito, el policía está en la frontera de la infracción penal, que automáticamente se convertirá en un delito de detención ilegal si se lleva detenido al vigilante.
Pero hay más, ¿cabe mayor vejación, mayor falta de respeto que amenazar a un compañero, aunque tenga la desgracia de trabajar en el sector privado por la mitad de su sueldo, que amenazar con detenerle cuando ha sido él quien les ha avisado de la comisión de un delito? La indignidad es tal que, siendo yo policía, me pongo rojo de ira solo de comprobar el grado de incompetencia al que nuestro gremio puede, tristemente, llegar. Luego oigo hablar estos días de la falta de formación de la seguridad privada. Hablando de esto podríamos decir que, por ejemplo, la Ley de Seguridad Privada no está presente en los programas de estudios de la academia de la policía vasca. Curioso, ¿no? Sobre todo cuando hay miles de profesionales privados con los que tarde o temprano los policías vamos a coincidir porque trabajamos en lo mismo. Una muestra más de incompetencia de alguien al que pagan por pensar en algún departamento de interior.
El pasado 20 de noviembre la Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, dictó una sentencia avalando la validez de la identificación mediante el número profesional por parte del vigilante. Es más, habla de cosas tan justas como del derecho de este a la protección de sus datos personales y dice que no es legal que el número de la TIP coincida con el del DNI porque conlleva un riesgo añadido para los trabajadores de la Seguridad Privada y que se ha de proteger la identidad de estos en sus comparecencias judiciales. Además, alude al artículo 68 del Reglamento donde bien clarito se dice la documentación que ha de portar el vigilante, entre la que no se cuenta el DNI, y, en su párrafo segundo, impone al vigilante la obligación de identificarse con su tarjeta de identidad la cual, como figura en su propio cuerpo, es válida a tales efectos y sirve para acreditar su condición siempre que la naturaleza de sus funciones lo requiera.
Más claro no puede estar. Solo hace falta que se den las instrucciones pertinentes a los cuerpos policiales que aún siguen con esta práctica arbitraria y denigrante con quienes debieran ser considerados compañeros y, si cabe, tratárseles con más cariño por las circunstancias laborales en que desempeñan su oficio. Ah, otra cosa, desde el 2011 una orden del Ministerio de Interior también obliga a la policía a dispensar un trato “preferente y deferente” al personal de seguridad, apuesto a que tampoco se conoce.
A partir de aquí, recomiendo varias cosas: primero, la lectura del texto íntegro de la sentencia; segundo, dar un tirón de orejas a sindicatos de seguridad privada y pública así como a organizaciones profesionales por pasar del tema y tercero, que si es usted, amado lector, ministro, delegado o subdelegado del gobierno, consejero de interior, alcalde, concejal de seguridad ciudadana o mando policial, espabile, coño, y ponga orden en el asunto, que para eso cobra. Además, pongo deberes a los vigilantes: que compartan este post hasta la saciedad a ver si llega a donde tiene que llegar y entre todos ponemos un poco de cordura en la situación. Si les parece bien, claro.
Click para ver el texto íntegro de la sentencia: sentencia-DNI-en-TIP

FUENTE: seguridad privada euskadi AQUÍ

domingo, 27 de julio de 2014

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El Gobierno niega que vaya a privatizar el control del perímetro de las cárceles y sólo contratará vigilantes de apoyo

El pasado mes de mayo autorizó destinar 33 millones de euros para emplear a agentes de seguridad privada

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno niega que tenga previsto "privatizar actividad alguna de seguridad pública" y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas "auxiliares" o "de apoyo", en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.
Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por cuando iba el Gobierno "extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar "a contratar seguridad privada" y, en concreto, "qué actividades de seguridad pública piensa privatizar".
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos "en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto".
Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán "tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que, según recalca, "son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios".

800 CONTRATOS

En concreto, a finales de mayo, el Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015 e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 cárceles. Tras ese proyecto, el Gobierno decidió adecuar "ese modelo de seguridad a las necesidades existentes" que pasan, según admite, por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo.
También se busca, según explica el Gobierno, optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles".

CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Asimismo, el plan de Interior es "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".
Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.
El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
 
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Rosell pide "menos derechos" para los contratos indefinidos y compensar a los temporales


Lamenta que "padres y abuelos" sean "incapaces" de transferir parte de sus "montones" de derechos "por muchos hijos y nietos que tengan"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha indicado este martes que lo que "se tiene que hacer" en España es contratos indefinidos distintos de los que hay actualmente, con "menos derechos", y compensar a su vez los contratos temporales para contar con "las mismas reglas de juego". "Aquí tenemos una ciudadela del empleo, ya que hay muchos contratos indefinidos que vienen de lejos, que son unos 11 millones, y otros que vienen de cerca que son temporales y son cuatro millones", ha explicado el directivo en su intervención tras la asamblea general ordinaria de la Ametic.
 
Para compensar estas diferencias, Rosell ha planteado la posibilidad de transferir buena parte de los "montones" de derechos de los que disfrutan los contratos indefinidos que corresponden a "padres y abuelos" a los contratos temporales de sus "hijos y nietos". "¿Serían capaces estos 11 millones de transferir parte de sus derechos a estos cuatro, de forma que unos perdieran y otros ganasen y así tendríamos más o menos las mismas reglas de juego y las consideraciones?", se ha preguntado. Rosell ha afirmado que los que tienen estos derechos son "incapaces" de trasladarlos "por muchos hijos y nietos que tengan", mientras que a estos últimos "les encantaría" que sus padres y abuelos les pudiesen transferir estas ventajas.
 
"APRETAR EL ACELERADOR DE LAS REFORMAS" Por otro lado, el jefe de la patronal de las patronales ha pedido al Gobierno que siga "apretando el acelerador" de las reformas porque aún "queda mucho por hacer" en España. "Si hacen reformas, nos tendrán a su lado", ha reiterado Rosell, quien ha señalado que, si bien España está en una situación que no se esperaba hace seis meses, con crecimientos estimados del 1,2% para 2014 frente a una caída del 1,2% del año anterior, tiene "mucho camino que recorrer".

El máximo responsable de la CEOE ha recordado que en España se está logrando, con un crecimiento previsto para este año del 1,2%, crear empleo, mientras que antes generar empleo costaba crecimientos de entre el 2 y el 3% del PIB. "Es verdad que no es empleo a tiempo completo, es verdad que no es indefinido, pero las cosas son como son y no se hacen de un día para otro", ha añadido Rosell, quien ha recordado sin embargo que España, con un 15% del empleo a tiempo parcial, está mejor posicionada en este sentido que Alemania, con el 26%, y Holanda, con un 50%.

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SEVILLA SECTOR SEGURIDAD: Nota Informativa conjunta de los sindicatos CSI-F, STS-A y SPV

 
Estimad@s Compañer@s: En nuestro sector nos encontramos en una situación precaria respecto al futuro profesional, estamos expuestos a agresiones, no solo de la patronal, sino de algunos sindicatos que han perdido la perspectiva de la realidad en que nos movemos.
 
A principios de 2014 iniciamos en Sevilla una coordinadora de sindicatos que nació con el objetivo de luchar por el Sector de la Seguridad Privada y para combatir eficazmente el intrusismo laboral. Hemos estado funcionando desde entonces intentando reforzar la unidad de acción contra los abusos que se están cometiendo en nuestro gremio, pero poco a poco ha quedado patente que no todos remamos en la misma dirección, ni tenemos los mismos intereses…
 
A partir de ahora, los sindicatos de seguridad privada de corte profesional CSI-F, STS-A y SPV continuaremos coordinándonos con las mismas ganas y subrayando las cosas que nos unen, que son muchas. Estamos manteniendo contactos con la Subdelegación de Gobierno, Unidad Provincial de Seguridad Privada y Responsables de adjudicaciones de grandes contratos con empresas de Seguridad. Nuestra intención es la de seguir trabajando por unas condiciones optimas para nuestro sector y por supuesto, por erradicar la lacra del intrusismo que tanto daño nos está haciendo daño. Son miles los profesionales que se encuentran en situación de desempleo mientras sus puestos son ocupados por personal no habilitado para desempeñar las funciones propias de la seguridad privada.

Somos Sindicatos Independientes y Profesionales. En los próximos meses promoveremos acciones de la que os mantendremos puntualmente informad@s. El motivo principal de esta nota informativa es la de comunicaros la situación real en que nos encontramos a nivel de coordinación y daros la oportunidad de aclarar cualquier cuestión que os parezca oportuna.

Nuestros medios de contacto son los siguientes:
 
- CSI-F seguridadprivada41@gmail.com, teléfono 657658541
- STS-A sts.andalucia@gmail.com, teléfono 615811759
- SPV spvsevilla@gmail.com, teléfono 609097766


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Empleados de UGT-A confirman que el sindicato usaba procedimientos presuntamente delictivos


Revelan que las empresas a las que se subcontrataban los cursos de formación pagaban un talón en concepto de comisión.
 
Los propios empleados y ex empleados de UGT-A han sido los que han confirmado que este sindicato usaba procedimientos presuntamente delictivos, uno de ellos, incluso se negó a seguir en el departamento de Compras "ya que dicha práctica (la de alterar facturas) podría ser delictiva". Estos empleados reflejaron en su declaración judicial los procedimientos irregulares utilizados por la organización sindical. Sus afirmaciones más contundentes son las que siguen:

Las subvenciones y otras finalistas El presupuesto anual de UGT-A se cifraba en 50 millones, de los que sólo un millón procedía de las cuotas sindicales de afiliados. La mayoría, más de 45 millones, procedía de las subvenciones finalistas de la Junta: "Sobre un presupuesto estimativo de unos cincuenta millones, las cuotas supondrían alrededor de un millón de euros, a nivel Comisión Ejecutiva Regional, alrededor de un millón y medio lo correspondiente a las subvenciones no justificables y, el resto, correspondería a subvenciones finalistas. El porcentaje correspondiente a programas de formación podrían ser alrededor de la mitad, unos 23 o 24 millones de euros."
 
Los gastos del funcionamiento del sindicato ascendían a 2,5 millones de euros anuales que eran soportados íntegramente por las cantidades procedentes de subvenciones finalistas (todas las de formación y algunas otras). "Que el Presupuesto tiene tres grandes apartados, el ordinario, el de Programas y el de inversiones y deudas. En cuanto a las fuentes de financiación en cada uno de estos apartados, están las cuotas de afiliados que se imputa al ordinario. Subvenciones no justificables recibidas de la Administración por el hecho de ser un sindicato, las cuales también van al presupuesto ordinario. En cuanto al Presupuesto de Programas, van las subvenciones finalistas que son las que soportan los gastos de estructura. Estos gastos, de manera estimada, ascenderían a una cantidad aproximada de dos millones y medio en los años con más personal contratado. En estos gastos se incluye los gastos que tiene SORALPE que constituirían unos seiscientos mil anuales."
 
UGT-A creó un Departamento de "Justificación" Había un Departamento de Contabilidad pero otro de Justificación. Como era difícil encajar las realidades contables con los gastos que UGT-A amparaba bajo las subvenciones de la Junta, encargó la confección del programa informático Spiro que ajustaba contabilidad, compras y justificaciones de la Junta. En el Departamento de Justificación se preparaban los documentos que contenían los gastos que se imputaban a la Junta, una vez convenientemente alterados los conceptos de muchas facturas según instrucciones de la propia UGT-A.
 
Talón en concepto de comisión UGT deducía del importe de la subvención los porcentajes que se correspondían con gastos directos, indirectos y publicidad, gestionados por la propia UGT. Además, deducía otra cantidad de dinero destinado a material fungible y seguros que siempre contrataba con la misma empresa, ASP, Atlantis Seguros, participada por la propia UGT. Además, la empresa tenía que depositar un aval por si la Junta no pagaba parte de la subvención y, por si fuera poco, entregaban un talón en concepto de comisión. Textualmente: "Las empresas entregaban a las Federaciones, a través de Soralpe" , un talón sin que se conozca el concepto por el que se entregaban estos talones, pero sí que se trataba de una comisión por adjudicación".

El "bote" Que determinados proveedores de confianza, los cuales son señalados en todo caso por Federico Fresneda, mantenían una relación con el sindicato de manera que para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, estos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente. Para poder establecer la diferencia real de lo facturado y lo servido, el departamento de Compras estableció que dieron en llamar "bote". De esta manera se intentaba mantener un cierto control sobre dicha diferencia. Sin embargo llegó un determinado momento en el que el bote creció de manera espectacular. "Que las facturas emitidas por estos proveedores llegaron a alcanzar cantidades muy importantes, de 150.000 o 180.000 euros".

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El falsificador de títulos de Málaga ganó más de un millón de euros

Uno de los títulos intervenidos durante la operación Eladio. Uno de los títulos intervenidos durante la operación Eladio.
 
Los funcionarios que usaron documentos falsos para opositar han sido expulsados
­El presunto falsificador de títulos académicos detenido en Málaga hace seis años se forró a costa de sus obras, que eran demandadas por personas desde varios puntos del país. Al menos así lo creen los agentes del Grupo de Fraudes de la Policía Nacional que han culminado ahora las pesquisas con un balance total de 634 detenidos y otros 175 imputados que suman casi 800 implicados. Y es que según los investigadores, el hombre vendía los títulos a 1.200 euros cada uno, por lo que calculan que podría haber ganado durante el tiempo que ejerció su actividad una cifra que ronda el millón de euros. Más de una decena de personas que colaboraban con el falsificador a la hora de captar a compradores también han sido detenidas.
Durante la última fase de la operación, la policía ha procedido a la detención de 159 personas como presuntas responsables de delitos de falsedad en documento oficial por el uso de títulos académicos falsificados en unas actuaciones que se han llevado a cabo en varias provincias españolas. Entre las detenciones, realizadas entre los meses de marzo a junio por la Dirección general de la Policía (DGP), se encuentran una auxiliar de clínica, un vigilante de seguridad, un monitor de actividades acuáticas, una limpiadora, un charcutero y un entrenador de un equipo de fútbol, según informaron en un comunicado desde el Cuerpo Nacional de Policía.
Tal y como informó ayer La Opinión de Málaga, la operación policial comenzó en febrero de 2008 cuando agentes de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron un incremento de falsificaciones oficiales de titulaciones de graduado escolar, bachiller, diplomaturas y licenciaturas universitarias. Como fruto de las investigaciones, la Policía Nacional logró la identificación y detención del presunto falsificador, M.C.F., nacido en 1945 y propietario de un centro de estudios localizado en la calle Héroe de Sostoa de Málaga que era usado como cobertura para distribuir los supuestos títulos. En el registro domiciliario realizado entonces, los agentes intervinieron placas falsas de vigilante de seguridad, sellos falsificados y material informático de última generación para las falsificaciones.
Policías y guardias civiles Una parte muy importante de la investigación se ha centrado en profesiones relacionadas con la seguridad. Concretamente, la DGP informó ayer de que 134 de los detenidos eran miembros de empresas de vigilancia de seguridad privada, 14 policías nacionales, 25 policías locales y 6 guardias civiles. A todos ellos se les imputa el delito de falsedad documental, mientras que a aquellos detenidos a los que se les ha comprobado el uso del título falso para acceder a la profesión se les imputa además el delito de intrusismo profesional. Algunos de estos detenidos utilizaron un título falso para poder opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a policías locales, por lo que han sido expulsados de los cuerpos.
En total, la investigación ha supuesto la apertura de 200 expedientes de expulsión, según las fuentes, aunque entre los arrestados también hay personas que ejercían en otras áreas profesionales careciendo de la titulación correspondiente, como una mujer que trabajaba en una clínica dental de Málaga con un título de Técnico Superior de Formación Profesional en Higiene Bucodental falsificado.
 
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La Policía tarda seis años en aclarar la venta de 800 títulos


La Policía Nacional ha detenido a 159 personas en la última fase de una operación contra la falsificación de títulos académicos desarrollada en varias provincias españolas, que ha culminado con 634 arrestados y otros 175 imputados en seis años de investigaciones.

Entre los arrestados en la última fase -llevada a cabo entre marzo y junio- por los delitos de falsedad en documento oficial figuran una auxiliar de clínica, un vigilante de seguridad, un monitor de actividades acuáticas, una limpiadora, un charcutero y un entrenador de un equipo de fútbol, según informó ayer la Policía en un comunicado de prensa. La operación policial comenzó en febrero de 2008 cuando agentes de la Comisaría Provincial de Málaga detectaron un aumento de falsificaciones oficiales de titulaciones de graduado escolar, bachiller, diplomaturas y licenciaturas universitarias.

La Policía logró identificar al supuesto falsificador, que poseía una academia de formación en Málaga que utilizaba como tapadera para vender los títulos por 1.200 euros cada uno, un precio con el que los investigadores calculan que podría haber ganado un millón de euros durante el tiempo que ejerció su actividad delictiva. Durante un registro domiciliario se intervinieron placas falsas de vigilante de seguridad, sellos falsificados y material informático para las falsificaciones. En el transcurso de esta operación han sido arrestados 134 miembros de empresas de vigilantes de seguridad, catorce policías nacionales, veinticinco policías locales y seis guardias civiles, a los que se les imputa el delito de falsedad documental.

Algunos de estos arrestados utilizaron un título falso para poder opositar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o policías locales, por lo que, tras comprobar la falsedad de la titulación, fueron expulsados de los cuerpos policiales correspondientes. También hay arrestados que ejercían otras profesiones, como una mujer que trabajaba en una clínica dental de Málaga capital con un título de técnico superior de formación profesional en higiene bucodental falsificado. La actuación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría de Policía de Málaga con la colaboración de diversas instituciones públicas y privadas.
 
Parte de los imputados en esta investigación han sido ya juzgados. De hecho, desde 2010 se vienen celebrando juicios en Málaga contra personas involucradas en la compra de títulos académicos. La Fiscalía ha acusado de intrusismo profesional a los compradores en aquellos casos en los que han utilizado estos documentos para acceder a profesiones que solo se pueden ejercer previa acreditación de títulos académicos. En estos casos se han enfrentado a peticiones de multa y a la pérdida de la acreditación profesional. En estas causas el principal implicado, Manuel C. F., ha sido citado como testigo. Contra él hay abierta otro procedimiento por falsificación de documentos públicos.

jueves, 24 de julio de 2014

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Siete novedades que debe tener en cuenta si coge una baja laboral

Siete novedades que debe tener en cuenta si coge una baja laboral

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal en el primer año de duración y el proyecto de ley de mutuas. Esta medida supone novedades en la práctica si usted coge una baja médica por enfermedad común. A continuación, todas las claves de la reforma.
1-El médico de la Seguridad Social sigue teniendo la última palabra en el alta
La nueva ley respeta que sean siempre los facultativos de los Servicios Públicos de Salud (SPS) o de la Seguridad Social (INSS) quienes tengan la última palabra para dar el alta médica a los trabajadores y que estos se incorporen a su puesto de trabajo, una vez restablecidos. En un principio, el Ejecutivo barajó la posibilidad de que las mutuas pudieran dar el alta, pero lo han descartado finalmente.
2- Los trabajadores no tendrán que ir cada 7 días a por el parte
Los empleados de baja médica ya no tendrán que desplazarse a su centro de salud cada siete días para recoger sus partes como se hacía hasta ahora.
Con la nueva ley los partes de baja se justarán a la previsión del seguimiento clínico. Es decir, con la nueva ley los médicos dispondrán de tablas orientativas de duración estándar de las bajas según las patologías del trabajador, su edad y su actividad laboral. Así la baja mínima será de cinco días y en este caso se podrá expedir el parte de baja y alta en la misma visita.
Si la duración de la incapacidad temporal (IT) se estima en entre cinco y 30 días, el parte de confirmación de la baja deberá expedirse cada dos semanas; si el proceso está previsto que dure entre 31 y 60 días, el parte de confirmación se dará cada 28 días, y en enfermedades de larga duración, de más de 61 días, la confirmación de la baja se expedirá cada 35 días.
3- Las mutuas pueden sugerir a la Seguridad Social el alta de un trabajador
Las mutuas a partir de este momento cuando consideren que el beneficiario de la baja puede no estar impedido para el trabajo podrá hacer propuestas motivadas de alta médica dirigidas a la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud.
La inspección médica de los SPS deberá comunicar a la mutua y al INSS en un plazo de 5 días hábiles la emisión del alta de un trabajador o su denegación. Si el SPS desestima la propuesta de alta de la mutua o no contesta en forma y plazo, la mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en 4 días.
Se establece un régimen transitorio en cuanto a los plazos de contestación durante los 6 meses posteriores a la entrada en vigor, a la espera de que la ley de mutuas termine su tramitación parlamentaria y entre en vigor. En este periodo, en el caso de los SPS será de 11 días, y en el del INSS serán 8.
4- Las mutuas podrán controlar a las personas de baja desde el primer día
Las mutuas podrán actuar desde el primer día de la baja laboral, hasta ahora sólo podían intervenir a partir del decimosexto día. Esta nueva norma amplía el papel de control e inspección de las mutuas y, según el Ejecutivo, su objetivo es reducir el fraude y el absentismo.
5- ¿Qué pasa si un trabajador no acude a un reconocimiento médico?
Además, de acuerdo con lo aprobado en los presupuestos generales del Estado de 2014, se regula la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento médico.
Si en el plazo de 4 días el trabajador no ha justificado debidamente su ausencia se extinguirá la situación de incapacidad temporal.
De esta forma, si la ausencia ha sido por causa justificada no se extingue automáticamente la prestación como ocurría antes de la modificación.
6- Se simplifican las bajas para los autónomos
La ley de mutuas simplifica los trámites para el acceso a la prestación por cese en la actividad por la que cotizan los trabajadores autónomos.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, destaco ayer que el 80% de las peticiones se rechazaba por ser un sistema muy rígido y ser difícil de justificar las pérdidas. El Ejecutivo espera que el nuevo marco regulatorio facilite las bajas de los autónomos.
7- Las empresas podrán aplicarse antes las deducciones por incapacidad temporal
La norma establece la obligatoriedad de hacer constar en los partes de baja la duración probable de la incapacidad temporal y la fecha del nuevo reconocimiento médico. Además, diariamente los partes de baja y alta se transmitirán telemáticamente desde los servicios públicos de salud al INSS y de éste a las mutuas cuando éstas sean responsables de la protección del trabajador. Este proceso permitirá que las empresas, desde el primer momento, puedan controlar las deducciones que se hacen de las prestaciones por incapacidad temporal al ingresar las cuotas de la Seguridad Social.
 
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Los vigilantes de seguridad sustituirán a funcionarios en las prisiones extremeñas

Los vigilantes de seguridad privada sustituirán, en breve, a los Guardias Civiles y funcionarios en los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz. Concretamente asumirán la vigilancia exterior, el control de la sala de monitores y los accesos a los recintos, una labor que hasta el momento era función exclusiva de la Guardia Civil y de los funcionarios de carrera.
 
El Ministerio del Interior ha valorado de forma positiva la fase experimental que inició hace algo más de un año y que afectó a un total de 21 centros penitenciarios en los que los vigilantes privados asumieron las competencias de los empleados públicos. Así, a lo largo de este mes de julio el Gobierno central pondrá en marcha la segunda fase de este plan en el que se incluirá al resto de las cárceles españolas , entre las que se encuentran las extremeñas.
 
En total serán los 67 centros distribuidos por todo el Estado los que contarán a partir de ahora con vigilantes de seguridad privada que se irán incorporando a las plantillas de las prisiones una vez que superen un curso básico sobre el trabajo que deben realizar.
 
La previsión es que en esta segunda fase se incorporen algo más de 600 vigilantes que se sumarán a los 210 que están trabajando en los 21 primeros centros.
 
Con esta medida, Interior podría vulnerar el Reglamento Penitenciario, que en su artículo 63 señala que “la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, y el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que “establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas.
 
Mientras, desde el Ministerio del Interior se asegura que esas plazas de guardias civiles, policías o funcionarios no se amortizarán aunque tampoco explican con claridad dónde serán destinados. De momento, anuncian que los agentes que actualmente llevan a cabo estas tareas pasarán a engrosar los departamentos de Conducción y Traslado de presos, labor que únicamente pueden realizar funcionarios del instituto armado.
 
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sin embargo, explica que no todos los agentes que actualmente controlan las prisiones caben en las unidades de Conducción y Traslado.
 
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El alcalde de Conil plantea poner un vigilante ante los robos

El alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, ha planteado a los empresarios y propietario de establecimientos que tienen naves en el polígono industrial La Zorrera que implantar un sistema de vigilancia común, con un guarda durante la noche, puede ser una posible solución a los robos que están sufriendo.

Bermúdez se puso en contacto con los afectados por robos e intentos de asalto perpetrados en La Zorrera las últimas semanas para comentar lo que está ocurriendo y tratar de buscar soluciones. El robo más importante ocurrió la semana pasada en Pescados y Mariscos Aragón, de donde los ladrones se llevaron 105.000 euros en metálico tras forzar una caja fuerte y también mercancía por valor de unos 16.000.

La Guardia Civil no quiso facilitar ayer ninguna información acerca de los asaltos. Un portavoz explicó que continúa la investigación en busca de los autores de los robos en el polígono industrial y en el bar Ancar Pollo, ubicado en el casco urbano de Conil. En el pueblo, la información sobre los robos ha provocado diversas reacciones. Hay quien se muestra molesto porque cree que hay poca vigilancia y quien teme que hablar de los robos perjudique al turismo.
 
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SEVILLA: Imputados un cargo de la firma trablisa y una exjefa de seguridad del aeropuerto por estafa

La juez acusa a la anterior responsable de AENA y un cargo de la firma Trablisa



La titular del Juzgado 19 de Instrucción de Sevilla, Ana Escribano, ha imputado a la exjefa de seguridad del aeropuerto San Pablo de Sevilla Flor de Lina y un responsable de la empresa Trablisa por los delitos de estafa y falsedad. Ambos cargos ya han declarado como acusados ante la magistrada y tras la investigación policial, que identificó la presunta comisión de delitos, la instrucción está ahora pendiente de datos contables que corroboren o desmientan las acusaciones iniciales que originaron el caso, según fuentes judiciales.
 
Hace más de un año una empleada de seguridad en el aeropuerto interpuso una denuncia por supuestas falsificaciones de las horas de trabajo de los trabajadores y por conceptos cargados de manera irregular a la empresa pública AENA Aeropuertos por parte de la firma concesionaria de los trabajos de seguridad, Trablisa. En paralelo, el sindicato CSIF había presentado con anterioridad una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla.
 
Durante el verano de 2013 la unidad de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla inició una investigación para determinar la veracidad de la denuncia interna de una empleada, y tras la presentación del atestado por parte de los agentes, el juzgado avanzó con la instrucción para determinar el descuadre de cifras que atesoraron los investigadores durante sus pesquisas. La denuncia de CSIF rezaba: “Los trabajadores de Trablisa han podido comprobar presuntas irregularidades en los cuadrantes de trabajo consistentes en consignaciones de horas que realmente no se realizan, asignadas a trabajadores inexistentes o que realmente no desempeñaron la labor de vigilancia que se refleja en el cuadrante”. A continuación, la denuncia mencionaba puestos de trabajo “ficticios” con “la sola finalidad de retribuir los servicios que efectivamente desempeñan los trabajadores pero de carácter administrativo”.
 
A pesar de los indicios recabados por la policía, AENA Aeropuertos discrepa y sostiene que el resultado de su investigación interna que ordenó para comprobar si existió fraude ha resultado negativo. “Los indicios de la auditoría descartan la posibilidad de fraude”, aseguran fuentes de la empresa pública.
 
Ante la investigación judicial, la sociedad que gestiona el aeropuerto sevillano encargó una auditoría para cuadrar las cifras de horas certificadas de los trabajadores de Trablisa y verificarlas con las pagadas posteriormente. Los auditores determinaron que ambas sumas coincidían, por lo que a diferencia de los investigadores policiales, sus datos descartaban los indicios de fraude. “No manejamos dinero. Certificamos las horas trabajadas y posteriormente la central desde Madrid ejecuta las transferencias pertinentes”, alegan fuentes de AENA antes de matizar que dicha compañía es “la primera interesada en investigar la posibilidad de un fraude”. AENA Aeropuertos es responsable de 46 aeródromos y dos helipuertos en el país y entró en beneficios con 597 millones en 2013 tras un duro proceso de ajustes.
 
El director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, accedió al cargo en junio de 2013 y poco después el Grupo de Delincuencia Económica inició su investigación. Tras el verano, Caballero destituyó a la exjefa de seguridad De Lina por la actual, Tesa Van Londen. Ante la posibilidad de que la investigación policial revelara indicios de delitos como finalmente sucedió, Caballero optó por sustituir a De Lina y así reducir los riesgos. Por su parte, Caballero había sucedido al frente del aeródromo sevillano a Eugenio Pérez Luengo, que tras ocho años fue nombrado gerente de proyectos internacionales de AENA Aeropuertos.

Fuentes de la empresa Trablisa rechazaron ofrecer su versión del caso judicial que salpica a uno de sus responsables para la seguridad del aeropuerto San Pablo. Un portavoz de la compañía declinó identificar a dicho responsable implicado como imputado. Esta firma, con 30 años de experiencia, mantiene delegaciones abiertas en las Islas Baleares, Cataluña, Madrid y Andalucía, y gestiona la seguridad en varios aeropuertos.

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11/09/14 Nueva reunión de la Coordinadora "Mujer Vigilante"

En el mes de septiembre se retomarán las reuniones de la coordinadora "Mujer Vigilante". A tal efecto se convoca reunión para el 11 de septiembre de 2014 a las 18.00 horas en la sede social de SPV Sevilla (calle Tomás Pérez Nº6 bajos 41006), con el siguiente orden del día:
-Nombramiento directiva de la coordinadora.
-Premios "Mujer Vigilante 2014"
-Circular informativa Septiembre 2014.
-Otra informaciones.
L@s compañer@s interesad@s en asistir a la reunión o aclarar cualquier duda pueden ponerse en contacto con la coordinadora a través del correo mujervigilante@gmail.com. También pueden seguir las novedades de la coordinadora a través del blog mujervigilante.blogspot.com

miércoles, 23 de julio de 2014

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El Gobierno centraliza la seguridad privada pero no incluye ni Defensa ni Interior


(Infodefensa.com) Madrid – El Gobierno ha aprobado un acuerdo para centralizar la contratación de los servicios de seguridad privada y auxiliares de control en laAdministración General del Estado para ahorrar un estimado de cinco millones de euros que, sin embargo, no afectará ni a Defensa ni Interior.
 
El Consejo de Ministros acordó que esta contratación se realizara a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, e incluirá 116 sedes, correspondientes a cuatro ministerios, la Delegación del Gobierno en Madrid y catorce organismos. Los ministerios cuyos servicios se integran en el contrato son: Justicia; Educación, Cultura y Deporte; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Hacienda y Administraciones Públicas.
 
Según la reseña del Consejo, con este contrato se mejorará la eficiencia en la contratación de los servicios de seguridad privada, al homogeneizar las prestaciones y aplicar un planteamiento integral de la seguridad, teniendo en cuenta, tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios, como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad. El ahorro estimado que se derivará de este contrato centralizado, en relación con el coste de los contratos que en él se integran, asciende a cuatro millones de euros.
 
Dichos servicios, que actualmente están incluidos en 22 contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán en el contrato centralizado a partir del 1 de diciembre de 2014, conforme terminen los contratos en vigor. La fecha de finalización será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial. El valor estimado, para el período de duración máximo indicado, incluida la prórroga, es de 55 millones de euros.
 
Consultas con Interior Para la elaboración del pliego de condiciones que regula la contratación se han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior, como Departamento que tiene encomendada la supervisión del sector de seguridad privada, y se ha solicitado informe a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
 
Con el fin de conseguir una mayor transparencia, el planteamiento del contrato se ha presentado a las asociaciones y empresas del sector, en una sesión pública celebrada el 26 de marzo, tras la cual se remitió un cuestionario en que expusieron sus observaciones y sugerencias sobre el procedimiento.

lunes, 21 de julio de 2014

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La Ertzaintza apercibe a Eroski por emplear a personal no titulado para tareas de videovigilancia

Un trabajador supervisa lo que sucede en los monitores de una central de control de videovigilancia.
El Gobierno vasco urge a la cooperativa a modificar su sistema de control en Max Center por incumplir varios artículos de la Ley de Seguridad.

Fuente:  Elcorreo.com
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Prosegur presenta su campaña de seguridad para el verano en diversas ciudades españolas

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Prosegur en Valladolid Ofrece algunos consejos para proteger nuestros hogares estas vacaciones.
Madrid, 4 de julio de 2014.- Prosegur, una de las empresas de referencia del sector de la seguridad privada y líder en España, ha preparado una serie de recomendaciones básicas con las que proteger nuestras casas este verano y, así, disfrutar al máximo de nuestros planes estivales. La iniciativa, que comenzó en junio y ha recorrido ya diversas ciudades españolas como A Coruña, Gijón, Girona y Valladolid, ofrece a los ciudadanos varios consejos orientados a garantizar la seguridad de sus hogares durante las vacaciones.
Así, durante estas jornadas, Prosegur está dando a conocer algunas soluciones de protección específicas para el ámbito residencial. En este sentido, Prosegur recomienda contar con instalaciones de seguridad adecuadas a nuestra vivienda, como puertas blindadas, rejas en terrazas y ventanas, cajas fuertes o alarmas, entre otros. Éstas últimas son especialmente relevantes en verano, ya que, ante los hábitos propios de esta época –como las actividades en el exterior o las salidas-, es recomendable tener activado un sistema de alarma con aviso a la Policía y cámara de video incorporada. En este sentido, la Compañía cuenta con soluciones que permiten, a través del móvil o de la tablet, saber en todo momento qué está ocurriendo en el hogar.
También, es conveniente mantener alguna persiana subida u optar por soluciones de domótica que nos sirvan para simular presencia en casa. Además, para aquellos que este verano pasen parte de sus vacaciones en su vivienda o segunda residencia, es aconsejable contar con sistemas de seguridad perimetrales, o que permitan el armado parcial, para garantizar su tranquilidad estando dentro del hogar, especialmente en el horario nocturno, que es cuando existe una mayor vulnerabilidad.
Los expertos de Prosegur destacan además la importancia de no comentar nuestra ausencia en las redes sociales y, si es posible, dejar las llaves a una persona de confianza para que haga visitas periódicas a la vivienda y recoja la correspondencia del buzón Es igualmente importante asegurarnos de que las puertas y ventanas están cerradas antes de marcharnos de viaje. Por último, al desplazarse en coche, se recomienda contratar un servicio de alarma conectado 24 horas a la central receptora de Prosegur, mediante el que, en caso de cualquier incidente, los profesionales de la Compañía, pueden ponerse en contacto con los servicios de emergencia.
A lo largo de las próximas semanas, los expertos de la Compañía se desplazarán también a algunas localidades de la costa española para concienciar a los ciudadanos de la importancia de reforzar la seguridad de su hogar durante estos meses.
 
Fuente: Prosegur.com
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Detenido por agredir a su pareja y a un vigilante que intentó mediar

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre acusado de agredir a su pareja y a un vigilante jurado que trató de mediar entre ellos en la riña.

Según informa la Policía de Santander, los hechos ocurrieron de madrugada en la Plaza Juan Carlos I, donde los agentes fueron requeridos por la mujer.

Esta persona manifestó que momentos antes había sido agredida por su pareja, S.B., que fue detenido en ese lugar, donde un vigilante jurado se había visto obligado a reducirlo al verse también agredido cuando intentó mediar entre la pareja.

Se instruyeron las preceptivas diligencias para el Juzgado.

Además, la pasada madrugada la Policía Local identificó y detuvo a un hombre acusado de agredir a los agentes, en la calle Real Racing Club.

El detenido tuvo que ser reducido y dos de los policías necesitaron asistencia médica en un centro hospitalario

Se instruyeron las preceptivas diligencias judiciales.

Y unas horas más tarde, en La Albericia, se identificó a otro individuo que tenía una orden de búsqueda y detención emitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Torrelavega.

También fue detenido y se instruyeron las preceptivas diligencias judiciales.

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MALAGA: Condenado a pagar 870 euros por pegar y amenazar a un vigilante en el Clínico


La sentencia establece que se produjo un forcejeo porque el acusado intentó acceder a las zonas comunes del centro por la parte de Urgencias

El área de Urgencias es una de las zonas en las que se viven más momentos de tensión en los centros hospitalarios. Uno de estos capítulos tuvo lugar al final del año pasado en el Hospital Clínico de la capital. Unos hechos por los que un hombre ha sido condenado a pagar 870 euros por pegar y amenazar a un vigilante de seguridad que estaba trabajando en este área. En concreto, los hechos sucedieron sobre las 17.20 horas del pasado 30 de diciembre. Entonces uno de los guardias de seguridad que se encontraba de servicio en esos momentos en el centro se percató de que un hombre quería acceder a las instalaciones comunes del Clínico pasando por el servicio de Urgencias.
 
Por ello, el trabajador le informó de que se trataba de una zona que no estaba habilitada como entrada al hospital. Siempre según se recoge en la sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga, el hombre no hizo caso al vigilante y volvió a intentar pasar por Urgencias, algo que le fue nuevamente impedido. Entonces fue cuando la situación se puso más violenta. En la resolución judicial se asegura que el acusado reaccionó gritando: «Paso por aquí por cojones, me voy a abrir una ficha de urgencias y paso por cojones». Pero sus palabras no lograron amedrentar al vigilante de seguridad, que le acompañó hasta el exterior del área donde se estaban produciendo los hechos. Al parecer, allí se produjo un forcejeo entre los dos y el condenado amenazó al trabajador con apuñalarle, mientras buscaba en un bolso personal algún tipo de objeto.
 
Ante esta situación y temiendo que este individuo pudiese portar algún tipo de arma blanca y llegar a cumplir su amenaza, el vigilante de seguridad redujo al acusado. En la sentencia se expone que, como consecuencia del forcejeo, fue golpeado con una patada en la rodilla. El Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga condenó a este hombre como autor de una falta de lesiones y otra de amenazas. Por ello, le impuso el pago de dos multas que ascienden a una cantidad de 600 euros y a indemnizar a la víctima con 270 euros. Pese a que se interpuso un recurso contra esta resolución judicial, ahora la Audiencia Provincial de Málaga lo ha desestimado y ha corroborado la decisión del citado juzgado de instrucción. Esta última sentencia ya no se puede recurrir.

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Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) sobre los vigilantes municipales y otras figuras similares


sábado, 19 de julio de 2014

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MODIFICACIÓN DE JORNADA Y SALARIO EN VIRTUD DE ACUERDO CON LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES

INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 41 ET.
 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7102507&links=&optimize=20140621&publicinterface=true
 
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CONCURSOS ADJUDICADOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ( 2014 )

Servicio de vigilancia y protección , Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de San Fernando ( Cádiz ) , 23-7-2014 a la empresa Grupo RMD Seguridad S.L. por 469.000,00 euros .

Servicio de seguridad y protección del Area de Salud de Cáceres , 17-7-2014 a la empresa Seguridad Integral SECOEX S.A. por 1,147.162,18 euros .
 
Servicio de apoyo técnico al Servicio de apoyo técnico al Servicio de Gestión de la Seguridad en edificios del Ayuntamiento de Madrid , 17-7-2014 a la empresa Sabico Seguridad S.A. por 372.621,12 euros .
 
Servicio de vigilancia y protección , Dirección Territorial de Castellón ( C. de Educación ) 15-7-2014 a la empresa Clece Seguridad S.A.U. por 31.552,00 euros .
 
Servicio de vigilancia y protección , Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa ( Madrid ) 12-7-2014 a la empresa Seguridad Integral Canaria S.A. por 465.649,00 euros .
 
Servicio de Seguridad establecimientos dependientes del Organo Central del Ministerio de Defensa ( Madrid ) 12-7-2014 a la empresa Vigilancia Integrada S.A. por 472.880,00 euros .
 
Servicio de vigilancia y protección , Agencia Española de Protección de Datos ( Madrid ) 11-7-2014 a la empresa Castellana de Seguridad S.A. por 330.578,52 euros .
 
Servicio de vigilancia y protección , Edificios de la Gerencia Informática de la Seguridad Social ( Madrid ) 7-7-2014 a la empresa Castellena de Seguridad S.A. por 3,082.640,00 euros .
 
Servicio de vigilancia y protección , Centros Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Asturias , 4-7-2014 a la empresa Protección y Seguridad Técnica S.A. por 545.585,72 euros .
 
Servicio de vigilancia y protección , Nuevos Ministerios y zonas comunes ( Madrid ) 3-7-2014 a la empresa Seguridad Integral Canaria S.A. por 5,975.206,50 euros .
 
Servicio de vigilancia y protección, Edificios y bienes del Parque Móvil del Estado ( Madrid ) 3-7-2014 a la empresa Sureste Seguridad S.L. por 496.362,00 euros .
 
Servicio de vigilancia y protección , Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Gran Discapacidad , San Andrés de Rabaneda ( León ) 1-7-2014 a la empresa Grupo Control Empresa de Seguridad S.L. por 469.000,00 euros .
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INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DEL CONVENIO DE SEGURIDAD PRIVADA (PRESTACION POR HIJO MINUSVALIDO)

Debido a las consultas planteadas por los trabajadores de este sector, respecto a la aplicación del artículo 61 del Convenio de Seguridad, pasamos a explicarlo para que no quede ninguna duda. Según el Artículo 61 del Convenio de Seguridad (Ayudas a hijos y cónyuge discapacitados) "Las Empresas abonarán a los trabajadores con hijos discapacitados la cantidad de 118,54 euros mensuales los años 2012 y 2013, y 121,65 euros para 2.014 por hijo de esta condición como complemento y con independencia de la prestación que la Seguridad Social le tenga reconocida, en su caso, en concepto de ayuda para discapacitados, entendiéndose como tales los así definidos en la legislación aplicable……."
Por ello, no da lugar a ninguna interpretación unilateral, por parte de las empresas, a la hora de abonar a los trabajadores las cantidades incluidas en el Convenio por discapacidad de hijos o cónyuge, ya que entendemos que una vez cumplida la obligación legal de acreditar dicha incapacidad, la empresa tendrá que abonar, a los trabajadores que reúnan dichos requisitos, esta ayuda.
El artículo antes mencionado simplemente nos dice que una vez que se ha reconocido dicha discapacidad (según la legislación aplicable) las empresas de Seguridad se comprometen a abonar una ayuda al cada trabajador que cumpla estos requisitos y entendemos que todo aquello que no sea así, será un incumplimiento del Convenio.
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Lo que nadie cuenda de la FORMACION en la seguridad privada. Podcast 248 de LaOtraSeguridad

La formación subvencionada, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo, es decir, los cursos de formación deben estar, incluidos en los cuadrantes de trabajo y pagarse como jornada ordinaria. ¿Algún trabajadora ha visto esto? ¿Alguien conoce a algún Vigilante que haya cobrado un curso de formación continua? ¿Usarían las empresas las subvenciones a la formación continua, para la adquisición de habilitaciones a los nuevos Vigilantes, cursos que además muchas empresas descontaban de las nominas a los nuevos Vigilantes después de su contratación?.
Texto extraido de la web:http://www.susp.es