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miércoles, 30 de octubre de 2013

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Monográfico UCSP nº 24 SEGURPRI. Enmiendas al Proyecto de Ley de Seguridad Privada

SUMARIO
Sumario..........................................................................1
Referencias normativas......................................................2
Texto del debate a la totalidad del Proyecto de Ley de Seguridad Privada ...3


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Un dirigente de UGT-A confiesa que no sabe «qué hacer con tanto dinero»

Un secretario de Administración del sindicato en Jaén preguntó en una reunión en qué gasta el saldo generado con las facturas infladas

Un dirigente de UGT-A confiesa que no sabe «qué hacer con tanto dinero»

El sindicato llegó a acumular tanto dinero en el «bote» o saldo que le proporcionaban las facturas infladas con determinados proveedores que decidir en que gastarlo se convirtió —paradojas de la ingeniería contable ugetista— en un quebradero de cabeza. Así quedó reflejado en una reunión de la Comisión de la Administración Sindical Única celebrada el 29 de mayo de 2008 en la que participaron el secretario de Administración de UGT-A, Federico Fresneda (el hombre que manejaba los entresijos financieros), y los responsables sindicales de las finanzas en Jaén, Málaga y Sevilla.

Según recoge la transcripción de la reunión, a la que ha tenido acceso ABC, el secretario de Administración de UGT-Jaén, Pedro Fuentes, confesó que no sabía en qué gastar el saldo generado con Chavsa, una empresa que le suministraba mobiliario. Durante una conversación en la que pasan revista al cobro de rápeles o comisiones pactadas con las distintas empresas, el dirigente jiennense manifiesta que «tiene un problema» con este proveedor y «además sólo pueden comprar muebles y cortinas», que es lo único aque vende. El borrador del acta, cuya existencia niega el actual secretario regional del sindicato, Francisco Fernández, incluye frases tan sorprendentes como ésta: «Llegará un momento en que no sabráque hacer con tanto dinero». La insólita solución que le ofrece su superior jerárquico, Federico Fresneda, tesorero regional de UGT, es que hable con Chavsa «para gastar el dinero en otras cosas como, por ejemplo, obras».

En esta misma reunión, Fresneda pidió discreción a los dirigentes provinciales para que no levantar sospechas sobre la manipulación de facturas. «Modificamos facturas y con esto hay que tener cuidado», avisó.

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Despiden al delegado de personal en Vinsa

El pasado 4 de octubre, el sindicato CSIF advertía públicamente de que en la empresa de seguridad Vinsa los afiliados de esta organización estaban sufriendo persecución sindical según apuntaban todos los indicios tras meses de seguimiento. Todo parecía indicar entonces que se estaban abriendo expedientes disciplinarios injustificados a los trabajadores afiliados a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios y, como consecuencia, se temían posibles despidos a algunos de estos empleados.
Así ha sido finalmente y, el pasado viernes, el delegado de personal de CSIF en Vinsa fue despedido por motivos disciplinarios según ha argumentado la empresa. Algo que la organización pone en duda después de que este trabajador haya sufrido desde julio varias sanciones de suspensión de empleo y sueldo por “razones dudosas” que llevaron a la Central Sindical a sospechar de persecución y vulneración de la libertad sindical. De hecho, subraya el sindicato, este tipo de actuaciones trascienden del ámbito provincial y se están repitiendo a nivel nacional.
Los afectados son empleados que han mantenido una vida laboral “intachable” (algunos de ellos con más de 12 años de antigüedad en la empresa) y todo apunta a que, en un momento determinado, empiezan a ser perseguidos sindicalmente abriéndoles continuos expedientes disciplinarios. CSIF explica que “considerando la trayectoria profesional de los afectados, el motivo de estas actuaciones hay que buscarlo en la intención de esta organización de concurrir en las próximas elecciones sindicales que se celebrarán en Vinsa a finales de este año”.
Debido a la gravedad de los hechos, el caso ya está en manos de la asesoría jurídica de CSIF y, con independencia de las medidas legales, el sindicato va a emprender además “todas las acciones a su alcance para restituir los derechos de los trabajadores, especialmente de los afiliados de la Central Sindical, que han sido injustamente tratados por la empresa”.
Finalmente, la organización exige responsabilidades “a quienes por acción u omisión hayan iniciado o cooperado en una serie de actuaciones que -según CSIF- están injustificadas y son contrarias a Derecho”. Se teme, de igual forma, que este primer despido pueda ser sólo el principio y sean más los miembros de la plantilla afiliados a este sindicato que terminen perdiendo su puesto de trabajo.
 
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UGT cargó a la Junta 107 comidas de una manifestación

Pasó los 1.079 euros para «manutención» del «programa de acción sindical» 
A. Muriel. Sevilla.

UGT Almería cargó a la Junta 107 almuerzos de los delegados sindicales que se trasladaron a Sevilla el 22 de abril de 2009 para participar en una manifestación contra las medidas del Gobierno central en la que participaron los máximos responsables de los sindicatos UGT y CC OO a nivel nacional, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. UGT pasó a la Junta una factura a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que se detalla el desembolso de 1.079,2 euros, adscrita a la subvención pública del «programa de organización sindical 2009». En la factura aparece un número de cuenta para el ingreso y un mensaje final: «Le agradecemos su confianza». El resto de delegados de UGT-A que se desplazaron hasta Sevilla también cobraron por participar en la protesta, pero lo cargaron a su «hoja de gastos» personal.
La citada concentración, bajo el lema «En defensa del trabajo y la protección social», fue uno de los actos previos a la concentración del Primero de Mayo de 2009. El ambiente estaba caldeado por las propuestas de reforma laboral y las medidas de recorte que tuvo que tomar el Gobierno. La huelga general planeaba como telón de fondo, pero los sindicatos aún estaban calibrando los apoyos y no se atrevían a dar el paso. La huelga llegó un año y medio más tarde, el 29 de septiembre de 2010.
En la manifestación participaron 7.000 delegados de CC OO y UGT que acudieron de todas las provincias, según datos de los sindicatos, y 3.000 según la Policía. En la cabecera de la pancarta estuvo también el secretario general de CC OO-A, Francisco Carbonero, y el entonces secretario de Organización de UGT-A, Francisco Fernández. Manuel Pastrana no pudo asistir porque estaba enfermo.
Francisco Fernández, actual secretario general de UGT-A, conoce bien cómo se organizó la manifestación. Fue él quien dirigió un escrito a los secretarios generales y a los de organización del sindicato en cada provincia dándole instrucciones detalladas. La carta, firmada por Fernández y consultada por este periódico, está fechada una semana antes de la manifestación. Pidió información sobre el número de autobuses que iban a acudir desde cada provincia y dio las directrices del operativo de protesta. «Recordamos que los autobuses deberán dejar a los/as compañeros y compañeras en la Glorieta Carlos Cano (de Sevilla) sobre las 11:00 horas, donde a continuación tomarán la avenida de Blas Infante en dirección a la Plaza República Argentina y finalizará en la Glorieta de San Diego, concluyendo ésta con un acto sobre las 14:00 horas». El actual secretario general de UGT-A no dejó suelto ningún cabo. Adjuntó planos con el recorrido de la manifestación e incluso se preocupó de las pegatina y banderas que iban a repartir las uniones provinciales.
La concentración discurrió según lo previsto, aunque con un apoyo social más que modesto. Toxo y Méndez evitaron las críticas directas al Gobierno, que aún veían como aliado, y centraron las invectivas en la patronal, el Banco de España, la especulación y el ladrillo. «Algunos mensajes los lanza gente que parece pluriempleada de las entidades financieras», dijo a pie de manifestación el máximo dirigente de la UGT, Cándido Méndez.
La manifestación se produjo unos meses antes de la celebración del Congreso regional de UGT Andalucía, del que salió reelegido por cuarta vez Manuel Pastrana. En ese congreso de septiembre de 2009, UGT-A cargó a la Junta 3.600 libros con los estatutos, enmiendas e incluso el programa que iba a presentar el sindicato en el cónclave. Los 17.641 euros de coste los acabó pagando la Junta, ya que UGT-A amañó presuntamente una factura para cargar el importe a una subvención finalista de la Junta, según informó este periódico.
El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular Mercedes Alaya, se encarga de la investigación del presunto desvío de fondos de UGT-A. La Junta avanzó que el sindicato ha devuelto 25.000 euros, pero Francisco Fernández reconoció que la cifra ya es muy superior. Ronda el millón de euros.
Fuente:  http://www.larazon.es
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La Junta mejorará la seguridad del puerto de Barbate con un sistema de control de acceso de vehículos

En la zona pesquera se ha incrementado la dotación de personal.
 
La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha iniciado los trámites para implantar un nuevo sistema de control de accesos a vehículos al puerto de Barbate, "mejorando con ello la seguridad del recinto y con lo que se da respuesta a la demanda del sector pesquero local, que próximamente verá incrementada su actividad tras el acuerdo de pesca entre la UE y el reino de Marruecos".
Según informa la Junta en un comunicado, este nuevo sistema de control de accesos permitirá que solamente puedan acceder al interior de las instalaciones aquellos vehículos directamente relacionados con la actividad portuaria, excluyendo al resto. Esta medida se añade a las actualmente en marcha en el puerto barbateño, que ya cuenta con un circuito cerrado de televisión para cubrir la vigilancia de viales, accesos, varadero, explanadas y zona deportiva.
Además, en la zona pesquera se ha incrementado la dotación de personal propio de la Agencia de Puertos por traslado interno, incorporándose un nuevo policía portuario, con lo que actualmente prestan servicio seis policías portuarios, en turnos de mañana, tarde y noche, completándose con vigilancia privada las horas de la semana que no quedan cubiertas con el triple turno del personal propio, lo que permite la vigilancia del puerto las 24 horas los 365 días del año.
En cuanto a la dársena deportiva, los accesos a los pantalanes están controlados mediante puertas con terminal electrónico, de forma que solamente los usuarios acreditados pueden entrar en los mismos. Junto a ello, en esta zona náutico-recreativa se ha intensificado la dotación de personal que asiste a las embarcaciones a su llegada a puerto, colaboración en el amarraje y realización de cobros de estancias.
Según destaca la Consejería, "actualmente el de Barbate es el puerto autonómico con mayor dotación de personal propio, con 13 trabajadores, más 12 de contratación externa".
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Informaciónes del último Pleno del Comité de Empresa de Securitas Seguridad España, Delegación de Sevilla

El Pleno del Comité de Empresa de Securitas Sevilla acuerda formalizar Conflicto Colectivo por desacuerdo con el calendario vacacional implantado por la Dirección de la Empresa

A espera de recibir el Acta del Pleno mensual del Comité de Empresa de Securitas Seguridad España S.A en su delegación de Sevilla, celebrado con fecha 16 de Octubre de 2013, os hacemos un adelanto de lo tratado en el mismo, para que sea pública la información.

Un año más hay discrepancian entre empresa y representantes de los trabajadores en la elaboración del cuadro vacacional para el año 2014. Sin agotar el plazo para la negociación, la dirección decidió enviar una nota interna a todos los trabajadores de la delegación imponiendo su modelo de cuadro vacacional, que rebajaba notablemente las condiciones pactadas el pasado año y en las que ya la parte social hizo un esfuerzo acorde a las circunstancias sociales y económicas derivadas de la crisis que vivimos. La propuesta empresarial para las vacaciones del 2014 contempla entre otras cosas, considerar "periodo vacacional de verano" desde el 15 de Mayo al 16 de Septiembre y recortar a la mitad (del 16 al 8) el porcentaje de trabajadores que pueden coincidir por quincena y servicio.

En el citado pleno del Comité de Empresa celebrado el 16 de Octubre, se terminó de consensuar la propuesta vacacional de la parte social, que fué pasada a registro al termino de la reunión. Igualmente se acordó formalizar Conflicto Colectivo ante la autoridad competente en la materia por desacuerdo con el calendario vacacional implantado por la dirección de la Empresa para el 2014, documento que cuenta con el más enégico rechazo de la parte social, al considerarlo totalmente injusto y perjudicial para el conjunto de los trabajadores. La votación contó el apoyo de todos los sindicatos con representación en el comité (CSIF, CC.OO, SPV, USO, UGT y STS-A).

Con fecha 28 de Octubre la Dirección de la Empresa convocó al Pleno del comité de Empresa con carácter urgente para el 30 de Octubre a las 17,00 horas, con el objeto de tratar una propuesta alternativa de vacaciones para 2014. SPV asistirá con la clara idea de que no se pueden rebajar más las condiciones vacacionales pactadas para 2013, acuerdo de mínimos que hay que intentar mejorar, y en el peor de los casos dejarlo como está en pos de mejores tiempos.

                          SEGUIREMOS INFORMANDO
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Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para empresas de Seguridad Privada de fecha 28/10/2013


martes, 29 de octubre de 2013

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El Comité de Empresa de Securitas Madrid interpone Conflicto Colectivo por incumplimiento de acuerdos


El día 9 de diciembre de 2013, se celebrará el juicio por Conflicto Colectivo en el juzgado 31 de Madrid interpuesto por el Comité de Empresa de Securitas Madrid, por el incumplimiento reiterativo de todos los acuerdos pactados con la empresa.

El pasado mes de diciembre se produjo en Securitas Madrid un despido colectivo, en el cual se pactó que, para paliar las consecuencias que había producido el despido y para evitar que en un futuro nos ocurriese lo mismo, se llevaría a cabo unas medidas sociales de acompañamiento, que..... Según los representantes de la empresa en la mesa de negociaciones (y según lo articula el propio acuerdo), es de obligado cumplimiento por toda la compañía a nivel nacional.

Para ello y como había que desarrollar este acuerdo según las necesidades de cada región, en Madrid, el Comité de Empresa comenzó a realizar su trabajo, como no podía ser de otra forma. Para ello, y a petición de la empresa se volvió a firmar un acuerdo de vacaciones, para que esta pudiese trabajar en la confección de los cuadrantes anuales.

A día de hoy, después de varias reuniones de la Comisión de Cuadrantes (creada con el fin de realizar un seguimiento del cumplimiento del acuerdo) de muchas comunicaciones en pro de solucionar este asunto. Tenemos un INCUMPLIMIENTO reiterativo de los acuerdos, generándonos esto, que no solo han incumplido lo que pactaron en la mesa, si no, que además nos están surgiendo problemas todos los días.

Problemas como por ejemplo, cuando puede decidir una persona que no quiere hacer horas extraordinarias, los que han elegido hacer horas, cuantas horas extraordinarias han hecho al mes, y sobre todo un PROBLEMON que se nos está generando..... LOS FINIQUITOS NEGATIVOS....... no sabemos de quien ha sido la magnífica idea de esta invención, pero ¡¡¡¡ sí!!!! Existen, ahora te das de baja en la empresa (bien por subrogación, por propia voluntad, por despido.... etc.) y te QUITAN dinero de tú salario.

Por todo ello, el Comité de Empresa de Madrid decide por unanimidad poner un Conflicto Colectivo, ya que no se puede dejar sin amparo a todos los trabajadores de la Compañía, que realizan sus funciones como Vigilantes de Seguridad, sujetos a cuadrantes.

lunes, 28 de octubre de 2013

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles AUGC pide que la empresa privada se encargue de la violencia de género

AUGC rechaza que las empresas de seguridad privada se ocupen de la seguridad en las cárceles y pide que no se cuestione el trabajo de los agentes
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que ha propuesto al Gobierno de España que los agentes de las empresas de seguridad privada que se pretenden derivar a los centros penitenciarios, en detrimento de personal de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, se encarguen de labores de protección a mujeres víctimas de violencia de género.


El presidente nacional del sindicato, Ramón Rodríguez, ha asegurado que la presencia de estos agentes de seguridad privada “no tiene justificación alguna en las cárceles”, por lo que ha pedido que no se “cuestione” el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los centros penitenciarios. La AUGC considera que estos trabajadores de empresas privadas no cuentan con la formación suficiente para realizar estas labores. “No es posible que con un cursillo de quince días puedan desempeñar labores de la Guardia Civil o de la Policía Nacional”. Además, no supone un ahorro tal y como se ha planteado desde el Gobierno para justificar la decisión, ya que se incrementa el número de empleados, ya que no existe sustitución de puestos.

Formación equiparable Por eso, afirma que la modificación de la ley conllevará la creación de un “cuerpo de seguridad más pequeño y más barato”, que restará competencias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “En la AUGC no hay ningún interés en ir en contra de la seguridad privada, pero para modificar esta ley hay que contemplar planes de formación que sean equiparables”.

Además, considera que este “afán privatizador” no justifica el argumento por el que se planteó esta ley, que no era otro que el de dar ocupación a los escoltas de seguridad privada que desarrollaban sus labores en el País Vasco, tras el anuncio de ETA de dejar las armas. Según Rodríguez, de los más de 200 trabajadores del sector que desde abril se han incorporado a 21 centros penitenciarios, sólo el 20% son antiguos escoltas. “Rechazamos la privatización de servicios que puede llevar a que tenga seguridad quien más paga y es algo tremendamente injusto. Además, la incorporación de la seguridad privada puede llevar a que los compañeros a traslados a otros destinos”, ha lamentado el presidente nacional del sindicato.

FUENTE: leonoticias.com AQUÍ

viernes, 25 de octubre de 2013

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¡OJO! El próximo domingo 27 de Octubre se cambia la hora para adaptarse al horario de invierno


A las 3:00 habrá que retrasar el reloj una hora El próximo domingo, último del mes de octubre, como viene siendo tradicional, se procederá al cambio de hora para la adaptación al horario de invierno. De esta forma, en la madrugada del día 27, cuando el reloj marque las 3:00 horas, habrá que retrasarlo una hora..


Este cambio, junto con el de verano, se lleva produciendo en España desde el año 1974 y sirve tanto para adaptarse al horario de la directiva europea, como para aprovechar más la luz del día y ahorrar energía. Además, varios estudios concluyen que este cambio de hora también tiene efectos positivos para el transporte, la comunicación, la seguridad vial, las condiciones de vida y los hábitos.

Durante los meses de invierno se vivirá acorde con el horario de Europa, que se está planeando implantar de forma fija en nuestro país. Así que, de confirmarse este hecho, puede que durante el próximo domingo, día 27, se viva el último cambio de hora de España.
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Caso de los ERE y UGT

Un empresario declara que Lanzas le pidió una comisión de 1,2 millones para "repartirlo entre gente de la Junta".
Asegura que le impusieron el despido de sus trabajadores y la contratación de personas de Villanueva del Río y Minas para favorecer los intereses políticos de la candidata del PSOE.
La Fiscalía Anticorrupción, la Junta y Manos Limpias reclaman 3,1 millones de fianza civil.

El empresario Jorge Andrés Morell Villette, presidente honorífico de la empresa Aglomerados Morell, ha asegurado este jueves a la juez Mercedes Alaya que el ex sindicalista de UGT y conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández le pidió una comisión de 1,2 millones de euros para conseguirle un ERE y una subvención para trasladar a su empresa y ha precisado que le reclamó esa cantidad porque tenía que “repartirlo entre gente de la Junta”.

El empresario, que está imputado por tres delitos –prevaricación, malversación y tráfico de influencias-, ha ratificado su declaración ante la Guardia Civil, a la que relató que la comisión que Lanzas le pidió a cambio de conseguir las subvenciones públicas era para “pagar favores a aquellos que tenían que concederlas” y apuntó que Lanzas tenía que hacer pagos a “cargos intermedios”. Morell contó a los agentes del instituto armado que Lanzas le dijo textualmente: “A ver si tú te crees que trabajo solo; tú no sabes lo que tengo que pagar y engrasar para conseguir estas subvenciones”.

El empresario ha reconocido a la juez Alaya que entró en contacto con el conseguidor a través de la familia Ruiz Mateos y que Juan Lanzas le pidió 1,2 millones de euros para empezar a trabajar, el 15% de las subvenciones que necesitaba, y que esa cantidad tenía que “repartirla con gente de la Junta”, aunque en realidad sólo llegó a pagarle unos 11.000 euros, de los cuales 7.000 fueron a través de empresas vinculadas al testaferro Juan Francisco Algarín, y 4.000 a través de la consultora Siemur, del cuñado de Lanzas Ismael Sierra. Morell ha insistido en que Lanzas le decía que él era quien sabía como se conseguían las subvenciones.

El ex sindicalista, según ha indicado el imputado, también le dijo que tenía que para trasladar su empresa desde Santiponce hasta Villanueva del Río y Minas Lanzas le indicó que tenía hacer un ERE y despedir a una veintena de trabajadores y contratar a empleados de esta localidad, algo que el empresario no consideraba necesario porque sus trabajadores ya estaban formados y a los nuevos había que darles cursos de formación.

Morell pagó siete millones por la fábrica Mateos en la localidad, por lo que, contando con sus recursos propios, necesitaba una subvención de 2,5 millones de Empleo y otros dos millones de Innovación. El empresario señaló que el entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, le propuso que le iba a conseguir una subvención de dos millones de euros, pero le advirtió que tendría que fraccionar el pago en ayudas de 440.000 euros para que la autorización no tuviera que pasar por el Consejo de Gobierno, han asegurado fuentes del caso.

Al final, Morell percibió unos tres millones en ayudas públicas: 1,2 millones por las pólizas del ERE, dos subvenciones por importe cada una de 440.000 euros, un aval de 920.000 euros –aunque el banco sólo le concedió 600.000 euros-, otros 10.000 euros en incentivos para el plan de viabilidad y 60.000 euros en cursos de formación.

Según Jorge Andrés Morell la entonces candidata del PSOE a la Alcaldía de Villanueva del Río y Minas María José Cervantes, que ya ha declarado ante la Guardia Civil, le “impuso” a las personas que tenía que contratar para la nueva fábrica, llegando incluso a ser recriminaciones cuando se saltó estas indicaciones en un par de ocasiones. El empresario ha añadido que gracias a que colocó a estas personas, María José Cervantes –que actualmente es directora del área de Igualdad en la Diputación de Sevilla- ganó las elecciones municipales y se convirtió en alcaldesa. Por último, Morell ha afirmado que Empleo le ha impuesto una sanción de 600.000 euros y ha añadido que tiene su pensión embargada por un juzgado.

Tras la declaración de este empresario, compareció ante la juez su hijo, Luis Morell Muñoz, quien ha ratificado la declaración del padre aunque ha puntualizado que la comisión que les exigió Juan Lanzas representaba en realidad el 30% de las ayudas públicas que reclamaban.

Al término de estas declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias han reclamado una fianza de responsabilidad civil de 3,1 millones de euros, mientras que para Luis Morell ha exigido una fianza algo menor dado que éste no fue incluida en ninguna de las pólizas como sí ocurrió con Jorge Andrés Morell.
 

jueves, 24 de octubre de 2013

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SPV en PROSEGUR SEVILLA: Seguimos trabajando para tí

Os facilitamos toda la información actualizada a fecha de hoy, para que los trabajadores sepan las últimas novedades de Prosegur Sevilla. Entre otros asuntos damos publicidad de los últimos cursos de formación para el personal operativo sacados por la dirección de la empresa a impartir en el centro de formación situado en nuestra delegación VER AQUÍ, esperemos que sean aceptadas todas las peticiones que se realicen por parte de los trabajadores.

Por otro lado, os dejamos colgada el Acta de la reunión mensual del Comité de Empresa correspondiente a Octubre, incluido información de la última reunión de la Comisión de Cuadrantes con el Plan de Vacaciones 2014 VER AQUÍ. Como siempre, nuestro trabajo está enfocado de forma positiva, con el objeto de mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla y, con especial interés, de defender los derechos y garantías de todos aquellos que confiais en nosotros. Por ello nos gustaria que dedicáseis unos minutos a leer la información que os ofrecemos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones.

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Detenido un Vigilante por el robo

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a dos personas, en Guadalajara y Torija, como presuntas autoras de un delito de robo de cable de cobre cometido en una nave industrial del término municipal de Torija. Uno de los detenidos es un vigilante de seguridad que tenía bajo su responsabilidad la vigilancia de la instalación. Las detenciones fueron realizadas, entre los días 17 y 21 de este mes, por agentes del Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Guadalajara y tuvieron su origen en las investigaciones llevadas a cabo tras haber tenido conocimiento de que se estaban almacenando grandes cantidades de cable de cobre pelado y cable de alta tensión, preparado para su posterior limpieza, en un domicilio de la localidad de Torija. Las investigaciones de la Guardia Civil establecieron que el titular del domicilio había sustraído el cable en la nave de una empresa situada en el término municipal de Torija, que actualmente no tiene actividad y que para cometer los robos había contado con la connivencia del vigilante de seguridad de la instalación, quien le franqueaba el paso y ayudaba a cortar el cable. El cable, una vez sustraído, era vendido en distintas empresas de recuperación de materiales de la provincia, habiendo obtenido un beneficio de 7.800 euros, según las facturas que les fueron incautadas en el momento de su detención, como producto de estas ventas, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa. La Guardia Civil detuvo a J.M.J.F., y N.A.A., de 36 y 28 años respectivamente, domiciliados en Guadalajara y en Torija, respectivamente e instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Guadalajara. A raíz de las detenciones se recuperaron 96 kilos de cable de cobre, que se encontraban en el domicilio de uno de los detenidos y que fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Yunquera de Henares para ser entregados a su legítimo propietario.

 Fuente:  http://www.20minutos.es
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COLOMBIA: ¿Prosegur estaría operando fuera de la norma del país?

El gremio que reúne a las empresas de seguridad privada, ANDEVIP, reconoció en www.wradio.com.co que Prosegur, una de las empresas de vigilancia más grandes del país, estaría operando fuera de la ley debido a la prohibición que desde el año 1994 evita el ingreso de capital extranjero a este tipo de compañías. "En el 2011 Prosegur se convirtió en una empresa de capital español y la ley 356 del 94 señala claramente que sólo personas naturales de nacionalidad colombiana pueden ser propietarias de las empresas de vigilancia," dijo Evaristo Rodríguez, vocero de la Asociación de Empresas de Vigilancia Privada.

Sin embargo, a través de una comunicación dirigida a La W, Prosegur señaló que cuentan "con todas las autorizaciones administrativas para operar en el país." La Superintendencia de Vigilancia está evaluando desde junio de 2013 la posibilidad de renovar la licencia de funcionamiento a esta compañía, sin embargo, desde ANDEVIP señalan que la demora en la toma de una decisión respecto a esta licencia es para conseguir la aprobación de una nueva normatividad en la que se autorice el capital extranjero en las empresas de seguridad privada.

Es de destacar que una sentencia de la Corte Constitucional establece que la vigilancia privada debe ser 100% de capital colombiano, pues la seguridad nacional no debe ser administrada por extranjeros.

domingo, 20 de octubre de 2013

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Los sindicatos responderán de 722.000 euros en los ERE

Las detenciones de varios sindicalistas la semana pasada en la Operación Heracles II dentro de la investigación por el fraude de los ERE en Andalucía ya tiene sus primeras consecuencias para las dos centrales mayoritarias. La juez Mercedes Alaya impuso ayer sendas fianzas de 251.000 euros al actual secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al exresponsable de la Federación Minerometalúrgica de CCOO Andalucía entre 1991 y 2009, Roberto Carmona. Los dos sindicatos como tales son además responsables civiles subsidiarios de ese montante, según los autos emitidos ayer por la magistrada. UGT-A devolverá a la Junta de Andalucía el importe de las facturas "no válidas"
Estas son las cantidades que ambos sindicatos cobraron de Uniter, la intermediaria en varios ERE en distintas minas de la Faja Pirítica de Huelva que se financiaron con dinero público a principios de siglo. En total, la Guardia Civil ha apuntado a que CCOO y UGT cobraron 7,6 millones por su participación en los ERE que se están investigando, dinero que procedió de las sobrecomisiones pagadas por la Junta a dos intermediarias -Uniter y Vitalia-.
Los conceptos por los que ambos sindicatos recibieron ese dinero no están claros. La juez preguntó a Mera durante su declaración si las reuniones, concentraciones y elaboraciones del censo actuarial de trabajadores que se prejubilaban -conceptos con los que los sindicalistas trataron de explicar la exigencia y recepción de ese dinero- no eran en sí mismos cometidos sindicales intrínsecos. Por los que no cabría pedir pago alguno. Mera, de UGT, reconoció que sí.

Acusados de malversación

Alaya dice en sus autos que ninguno de esos conceptos "respondieron a gastos necesarios soportados realmente" por los sindicatos. Y acusa por ello a esos dos sindicalistas de malversación. También impone fianza de 531.000 euros a Ángel Quesada, empresario de Málaga, por haber acordado con el sindicalista de UGT Juan Lanzas -principal conseguidor de los ERE- pagos de 400.000 euros a cambio de que la Junta financiara 55 despidos en uno de sus hoteles en 2004. Igualmente, imputa cohecho, tráfico de influencias y malversación al exnúmero 2 de CCOO en Córdoba, Francisco Casado, por su papel en otro ERE.
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Los sindicatos como responsables subsidiarios de las fianzas impuestas a sus dirigentes Mera y Carmona, que suman 722.000 euros

UGT y CC.OO. cobraban hasta

90.000 euros al mes en comisiones.

La Juez Alaya declara a los sindicatos como responsables subsidiarios de las fianzas impuestas a sus dirigentes Mera y Carmona, que suman 722.000 euros.
UGT y CC.OO. cobraban hasta 90.000 euros al mes en comisiones
 
Roberto Carmona, a la izquierda, a la salida de los juzgados tras su declaración
La destrucción de empleo en Andalucía y las ayudas paliativas de la Junta de Andalucía se convirtieron en una máquina de hacer dinero para los sindicatos. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras cobraron «habitualmente» unos ingresos mensuales que «podían oscilar entre los 90.000 euros y algo menos de 20.000 euros» a través de las abultadas comisiones que les pagaban los intermediarios en los ERE a cambio de su «asesoramiento». La astronómica cifra figura en los autos por los que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la trama de las prejubilaciones fraudulentas, fija las medidas cautelares al secretario general de UGT de Cádiz, Salvador Mera, y al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de Andalucía Manuel Roberto Carmona. Ambos fueron detenidos en la redada policial llevada a cabo la semana pasada para seguir los atajos del dinero procedente de la partida 31-L, bautizada como «fondo de reptiles» por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.
La juez impone a ambos sindicalistas, que negociaron los ERE de la Faja Pirítica de Huelva, unas fianzas civiles de 251.041 euros al dirigente ugetista y de 471.352 al de CC.OO. Son 722.393 euros en total. En sendos autos decreta la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos, que deberían afrontar el pago en el caso de que no lo hicieran los imputados. Se da la paradoja de que UGT, además, está personada en la causa como acusación. Esta responsabilidad subsidiaria supone un salto cualitativo en la implicación de estas organizaciones en el trama, cuyos dirigentes regionales insisten, desmintiendo a los investigadores, que no han cobrado «ni un céntimo» de los ERE.
En el auto por el que envió a prisión en junio pasado al dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, la magistrada ya apuntó que «los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma [en alusión a las sobrecomisiones que recibían por los ERE en los que participaban] de financiación irregular».
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El senador del PP detenido en Gibraltar asegura que toma cocaína por orden médica

  • Enrique Bolín llevaba en su yate droga y vídeos pornográficos.

El senador del Partido Popular (PP) por Málaga Enrique Bolín Pérez-Argemí, detenido en Gibraltar el lunes por supuesto tráfico de drogas, aseguró ayer al juez Félix Pizzarello que nueve médicos le han autorizado el consumo de cocaína para combatir la ansiedad. El senador, que ayer ingresó en la cárcel del Peñón, fue arrestado por policías ingleses en un barco de su propiedad en el que los agentes encontraron 28 gramos de cocaína, una pequeña cantidad no especificada de resina de cannabis y 12 vídeos pornográficos.
 
El senador, al que se acusa de posesión e importación de cocaína y cannabis para su posterior comercio y de tenencia de vídeos pornográficos -que es delito en el Peñón-, fue detenido el lunes después de que su barco, el Enrique III, hubiese chocado con el transbordador Gibline One. El inspector jefe de la Policía gibraltareña, Jim McKay, señaló ayer a este periódico que un agente investigó la causa de la colisión, lo que condujo al registro del barco durante el cual se localizó la droga y los vídeos. Parte de la cocaína estaba escondida en una caja fuerte en el dormitorio del senador.Bolín, que se había desplazado en su yate al Peñón desde Benalmádena, de donde partió en la tarde del domingo, viajaba acompañado por cuatro muchachos de edades comprendidas entre los 16 y los 21 años, quienes, tras prestar declaración a la Policía, fueron puestos en libertad sin cargos, según informó McKay.
El senador del Partido Popular, tras pasar la noche del lunes en comisaría, compareció en la mañana de ayer ante el juez Félix Pizzarello, del Tribunal Menor de Gibraltar. Bolín pidió al juez que se aplazase la vista hasta que llegase su asesor legal desde Málaga, a lo que Pizzarello accedió. No obstante, el juez especificó que las leyes inglesas obligan a que la defensa sea dirigida por un abogado colegiado en Gibraltar, para lo cual se designó al letrado Albert Isola.
La vista se reanudó a las 13 horas con la asistencia del citado letrado. Bolín se declaró culpable, aunque negó que su intención fuese comerciar con la droga, ya que, agregó, la cocaína era para su uso personal y le había sido recetada por prescripción facultativa con el fin de combatir un estado de ansiedad. Bolín aludió a su calidad de senador y recalcó que disfruta de inmunidad parlamentaria, por lo que no podía ser juzgado sin la autorización del Parlamento español.
Bajo fuerte presión
El abogado del senador manifestó que su cliente se encontraba bajo una fuerte presión dados sus negocios inmobiliarios y hoteleros. La cocaína, agregó, le daba al senador fuerza en su trabajo, por lo que su consumo le había sido autorizada por nueve médicos. Isola pidió un aplazamiento de la vista para que uno de los médicos pudiese desplazarse desde Málaga, lo que finalmente no pudo ocurrir ayer por encontrarse el doctor de vacaciones.
La vista se reanudará el próximo viernes, fecha para la que se espera que se haya podido desplazar al Peñón uno de los médicos citados por Bolín. Hasta entonces, el senador permanecerá en la cárcel de Gibraltar en prisión preventiva por orden del juez.
El yate del senador popular, un Gallart 1350 con matrícula 51 MA-4-1431, quedó bajo la custodia de la Policía de la colonia.
Por su parte, el presidente regional del Partido Popular en Andalucía, Gabino Puche, mostró ayer su sorpresa por la detención de Enrique Bolín y manifestó que si se demuestra su culpabilidad, se le pedirá que abandone todos sus puestos y la militancia en el partido. Puche recalcó que la detención había sido realizada en un país extranjero, y la investigación la estaba realizando ese país.
Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular citadas por la agencia Efe afirmaron ayer que Bolín "ha aparecido poco por el Senado; ha sido uno de los hombres del grupo con más inasistencia, tanto al Pleno como a las comisiones, especialmente en el último año". Estas fuentes agregaron que, por el momento, ni el Partido Popular ni el Grupo Parlamentario tomarán ninguna medida ya que Bolín "es inocente mientras no se demuestre lo contrario".
 
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La Agencia Española de Protección de Datos concede 10 días al Grupo Eulen para que cumpla con la LOPD


  
El 12 de diciembre de 2012 Juan Dopazo secretario del comité de Eulen seguridad y Responsable del área de seguridad privada en Navarra de CSI-F solicitó, a petición de varios trabajadores, la no inclusión del numero de DNI en los cuadrantes de los servicios, por representar un riesgo y ser un dato innecesario en dichos cuadrantes. Dichos cuadrantes están expuestos en los tablones de las empresas clientes, en los vehículos de la empresa, etc. Igualmente comunicó a la empresa que datos como la afiliación sindical, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) le otorga un nivel de protección alto.La dirección del Grupo Eulen en Navarra hizo caso omiso a la petición. Así que tras meses de conversaciones sin que se atendiera a lo solicitado, el 15 de marzo de 2013 el secretario del comité ejerce su derecho de oposición como establece la LOPD frente a la dirección de la empresa. Sin que nuevamente se tomara en consideración el asunto.Harto de la situación el secretario y representante de CSI-F ejerce su derecho de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) el 29 de abril de 2013, dando así mucho mas margen al Grupo Eulen que el que establece la ley para estos casos, que es de 10 días.Después de esto, la AGPD abre expediente sobre el asunto solicitando alegaciones a ambas partes. Mientras la empresa continua en sus trece y sigue utilizando los DNI de los trabajadores y marcando en algunos cuadrantes las horas sindicales utilizadas por algunos miembros del comité, que no de todos. El 18 de agosto en una reunión del comité, los miembros asistentes como máxima representación de los trabajadores, deciden que se denuncie la situación sobre la utilización de los datos mencionados anteriormente, ya que la empresa aunque ha comunicado a la AGPD que no los pone en los cuadrantes, continua haciéndolo.Denuncia que la AGPD acumula a la tutela del representante de CSI-F para que la empresa proceda a eliminar de los cuadrantes los datos que no sean necesarios para la realización de los mismos, dando un plazo de 10 días al Grupo Eulen para que remita certificación al reclamante, en la que haga constar que ha atendido completamente el derecho de oposición solicitado. De lo contrario el grupo Eulen se enfrenta a una sanción que puede ser de entre 900 y 600.000 euros dependiendo del grado de gravedad de la infracción, artículos 44 y 45 de la LOPD.Desde CSI-F no entendemos como el Grupo Eulen, teniendo una empresa dedicada a la seguridad en todas sus vertientes, se toma tan a la ligera una Ley que protege, regula y da seguridad a todos sus trabajadores, a los clientes y al grupo en si mismo. Más en la época en la que estamos, donde la privacidad, datos personales, datos de clientes, etc es información muy sensible y puede ser muy perjudicial según el trato o utilización que se le de.Nota de prensa La Agencia Española de Protección de Datos concede 10 días al Grupo Eulen para que cumpla con la LOPD en comunicae.es
 

sábado, 19 de octubre de 2013

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SEGUR IBÉRICA IMPLICADA EN UNA PRESUNTA ESTAFA DE MÁS DE 400.000 EUROS

Denuncian que una empresa que presidía Pedro Morenés estafó más de 400.000 euros a la Complutense

Una agencia de detectives descubrió que se facturaron miles de horas que no se cumplieron.

Otras tantas horas de servicio fueron prestadas por personal sin habilitación o con placas de identidad falsas.


El director de seguridad de la Universidad Complutense de Madrid ha sido acusado en los juzgados de Madrid de colaborar en el presunto saqueo llevado a cabo durante los años 2006 y 2007 por la empresa Segur Ibérica de una suma superior a 400.000 euros, mediante la facturación de miles de horas de vigilancia falsas o realizadas por vigilantes sin la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior, condición indispensable por la ley de Seguridad Privada para ejercer las funciones de agentes de la autoridad en el recinto encomendado.
La denuncia ha sido presentada por la Aspacom (Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción”, domiciliada en Barcelona y cuyos promotores son vigilantes de seguridad, abogados y expertos en seguridad e investigación privada, según se acredita notarialmente en el cuerpo de la denuncia.
Según el escrito de denuncia presentado por el abogado Ricardo Navarro Torres, ante el juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, de guardia el pasado 10 de octubre, se acusa a Justino Marcos Benito, jefe de seguridad de la Complutense de los delitos de “dejación de la obligación de perseguir delitos”, “estafa con abuso de cargo”, “usurpación de estado civil” y falsedad en documento oficial”.
La denuncia está basada -señala el escrito- en documentación recibida en la sede de Aspacom en Barcelona y a finales del pasado curso universitario su contenido fue contrastado -dicen- con la propia Universidad Complutense, en concreto con su Rector, José Carrillo, así como con diversos juzgados y organismos oficiales. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era el presidente de Segur Ibérica cuando acontecieron los hechos que ahora se denuncian.
“El fraude que denunciamos –informa el denunciante- se ha producido en la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la UCM entre enero de 2006 y octubre de 2007 [siendo el rector Carlos Berzosa], la documentación recibida indica que se ha realizado desde dentro, desde la propia Dirección de Seguridad de la UCM con la colaboración de la entonces empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad (Segur Ibérica, S.A.). Es más que probable su continuidad temporal a partir de 2008 con la nueva empresa adjudicataria Serygur, S.A., implicada en el caso Gürtel”.

En esos años, concretamente entre 2006 y 2009, Serygur, una sociedad hasta entonces desconocida en el sector, también consiguió adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.

Según Aspacom “el fraude cometido contra la UCM es casi tan antiguo como el mundo: cobrar servicios que no se prestan con la connivencia de quienes deben supervisar su cumplimiento, obteniendo un beneficio económico importantísimo a cambio de…nada, con total impunidad y pocas posibilidades de que pueda ser descubierto”.
Igualmente en la denuncia añade que “la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia desde enero de 2.006 hasta octubre de 2007 (Segur Ibérica, S.A.), no cubría el 14,70% - aproximadamente- de los servicios contratados conforme se detallará en el hecho siguiente. La operativa era bien sencilla y se veía favorecida por la dispersión de sedes de la UCM por la ciudad de Madrid que no tienen continuidad física entre ellas: Campus de Moncloa: 37 Facultades, Colegios Mayores e Instalaciones deportivas. Campus de Somosaguas: 7 Facultades, Escuelas Universitarias e Institutos. Seis edificios distribuidos por toda la ciudad: Bibliotecas, y Escuela de estudios Empresariales, Edificio Donoso Cortés: Escuela de Biblioteca de Economía, Escuela de Óptica, etc….”.
Para los denunciantes “la dispersión, los diferentes turnos horarios y la naturaleza de los servicios –en interior y exterior de edificios, en días festivos, en periodos no lectivos etc,..- hacen muy difícil que el personal de la Universidad no relacionado con la seguridad pueda percatarse a simple vista de si se están realizando o no".
En este sentido añade el escrito que “por razón de su cargo, el Director de Seguridad -empleado de la UCM y titulado por el Ministerio del Interior para esta función- planifica los servicios a realizar y las condiciones de su prestación conforme al concurso adjudicado; además es él quien debe dar el visto bueno para que se abonen las facturas a la adjudicataria, por lo que su colaboración es absolutamente necesaria para cometer el fraude: le basta con hacer la vista gorda”.

Falsificación de carnets y placas de vigilantes

Uno de los aspectos en los que pone más énfasis la asociación de denunciantes es en el hecho de las supuesta falsificaciones de hojas de servicio, carnets y placas identificativas de vigilante de seguridad expedidos por el Ministerio del Interior, usurpando la identidad de sus titulares.
“El número de TIP (placa) sería el equivalente a la de los agentes de policía, sirve para identificarse ante los ciudadanos y también para acreditar ante la UCM y el Ministerio del Interior la identidad de los vigilantes. Hemos comprobado en las hojas de servicio que a un gran número de vigilantes se les asignaban diferentes números de TIP (placa), por lo que solo cabe la posibilidad de que hayan sido falsificadas (puesto que los vigilantes deben llevarlas en lugar visible) o que correspondan a otro vigilante del que se usurpa la identidad”, afirma Aspacom.

“También -manifiesta el denunciante- hemos comprobado mediante consulta en el BOE que muchas

de las hojas de servicio incluyen a gran número de trabajadores que nunca han llegado a ser vigilantes de seguridad pero se les asigna un número de TIP (placa). A continuación se relacionan 49 trabajadores en esa situación, teniendo serias dudas de que incluso hayan llegado a trabajar en la empresa de seguridad adjudicataria y hayan prestado servicios en la UCM”.

Detectives privados acreditan el presunto delito

Investigación llevada a cabo por la agencia de detectives Gestaltia, de Alicante, analizando miles de documentos diversos y cuadrantes a lo largo de varios años han sido la base para verificar con datos de Seguridad Privada la presunta estafa. Según recoge la denuncia los detectives han acreditado que entre enero de 2006 y octubre de 2007 Segur Ibérica facturó 186.607 horas de vigilancia, por un importe de 16,14 €/hora –según pliego del Concurso Público-. “En este sentido concluimos que se han facturado 27.429/h. que no han sido realizadas por un importe de 442.704,06 €”
Según se recoge en la denuncia “si se comparan por meses las horas de vigilancia que debían haberse realizado conforme a los pliegos del concurso (columna “horas pliegos UCM”) y las que efectivamente se realizaron según las hojas de servicio de los empleados (columna “horas parte UCM”). El total de horas no realizadas suma 27.429, que a razón 16,14 €/h. suponen 442.704,06 €”.

Aspacom estima en el 14,70% la media de horas de vigilancia no realizadas y facturadas por Segur Ibérica y asegura que no es una cifra producto del azar, “sino que encaja dentro de los parámetros aproximados del 15% que se suele defraudar en los contratos públicos en los que se cometen este tipo de irregularidades, como desgraciadamente nos tiene acostumbrados el día a día de la corrupción que asola España”.
Asimismo añaden que “la cuantía de lo defraudado puede multiplicarse exponencialmente si extrapolamos los datos de estos 22 meses (enero de 2006 a octubre de 2007) al periodo noviembre de 2007 a octubre de 2013 (setenta y dos meses), en cuyo caso nos encontraríamos ante un fraude de 84.767,63 h. equivalentes a 1.368.149,54.-€ , todo ello sin tener en cuenta la revalorización anual del precio/hora. En total, desde el 01/01/2006 hasta el mes de octubre de 2.013, podemos encontrarnos ante un fraude de 1.810.853,60.-€ .
 
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Francisco Márquez PP "La Ley de seguridad privada focaliza el objetivo de conseguir una seguridad integral"



viernes, 18 de octubre de 2013

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Ignacio Fernández Toxo admite que ha habido "desorden" en CC.OO pero niega un "enriquecimiento ilícito"




El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha comparecido este jueves en la sede del sindicato para presentar el informe que han elaborado tras las imputaciones de la juez Alaya en su investigación en torno a los ERE fraudulentos. El documento concluye que "no ha habido enriquecimiento ilícito ni práctica de reparto de subvenciones" generalizada en el sindicato. También afirma que ningún responsable ha obtenido un beneficio personal ilegítimo, aunque sí aprecia un comportamiento reprobable en cinco de los diez imputados, pero apunta que se trataría de "actuaciones personales al margen de los órganos de dirección de su respectiva federación".

Dos de estos imputados, Damián Jiménez y José Manuel Casado, "no son afiliados actualmente"; por su parte, Cristóbal Martínez, "no lo ha sido nunca", y respecto a los dos restantes, Francisco González y Francisco Casado, CCOO cuenta que "están en tramitación sendos expedientes sancionadores por sus respectivas Federaciones de Industria y Comfia". Según Toxo, este quinteto no recibirá la protección jurídica del sindicato. En cambio, el líder sindical sí que confía en la inocencia del secretario general de la Federación de Industria de Andalucía, Enrique Manuel Jiménez García; del secretario general del sindicato provincial de Industria de Sevilla,Juan Antonio Caravaca; del exsecretario de Organización y Finanzas de la Federación Andaluza, Antonio Florido García; del exdelegado de SAMEC -empresa del corcho de Sevilla-, Diego Guerrero González, y del extrabajador de la empresa Litográficas del Sur S.L., Antonio Fernández Garzón
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Es necesario evitar el "desorden organizativo" En el informe también se indica que "ha habido casos de desorden organizativo o ausencia de documentación o especificación de las actividades efectivamente realizadas" del sindicato. Para evitar este tipo de "confusiones", CCOO apela a la "necesidad" de modificar las actuaciones internas, "tanto en lo referente al desglose, detalle y justificación de nuestras actuaciones futuras, como de las formas de facturación indirecta que, en ocasiones, se han practicado". ¿Cómo? "Mediante la fijación de un procedimiento de actuación a la hora de facturar los servicios del sindicato, un mecanismo de información y control transparentede todas las actuaciones en esta materia y, en caso de ser necesario, los mecanismos de ejecución efectiva de ese mandato".

En este sentido, el secretario general de CCOO ha admitido en rueda de prensa que "ha habido desorden, cierta confusión entre autonomía e independencia". "Tenemos que partir de un hecho constatado, que es que lo que sucede en cualquier esquina del país que afecte a las siglas del sindicato afecta al conjunto de la organización", ha añadido.

No emprenderán acciones contra Alaya
Además, tanto Fernández Toxo como el secretario general de CCOO-A,Francisco Carbonero, han confirmado a LD que "en ningún caso tomarán acciones judiciales contra la juez Alaya", conducta que contrasta con la de UGT-A, quien denunciará a la juez si sus servicios jurídicos lo estiman oportuno y que también choca con las durísimas críticas contra la juez vertidas por CCOO nada más conocerse las detenciones. Otra cosa, según el secretario general de CCOO, es que "individualmente, si lo creen oportuno, las personas imputadas tomen otras decisiones. Pero individualmente", ha recalcado.

"Una chapuza administrativa" Carbonero sí ha apuntado a la Junta de Andalucía para cargar contra el sistema de ayudas y se ha referido a la "gran chapuza administrativa de la autoridad laboral", que ha permitido "que aparezcan intrusos que no lo son pero el sindicato ni ha hecho un acuerdo con el Gobierno andaluz sobre cómo se participaba o las ayudas sociolaborales ni es cierto que las federaciones fueran todo el día corriendo detrás de las aseguradoras". Por su parte, Toxo se ha mostrado más comedido y ha mantenido que no ha "descargado" sobre la Junta la responsabilidad, aunque sí que "hay actuaciones de otras partes que son manifiestamente mejorables".

FUENTE: .libertaddigital.com AQUÍ
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Los vigilantes de la empresa Prosegur se hacen presente en el pleno del ayuntamiento de Cáceres

Los vigilantes de la empresa Prosegur que que venían ejerciendo labores de de seguridad en el edificio municipal "Valhondo" y que han sido sutituidos después de 11 años de servicio por un servicio automatizado de vigilancia (que no contempla la presencia física de personal de seguridad privada en las instalaciones) VER AQUÍ.

Estos trabajadores se hicieron presentes en el pleno municipal del consistorio cacereño celebrado el pasado 17 de Octubre, donde recibieron recibieron el apoyo y el calor de los vecinos de la localidad. En el acto corporativo tomó la palabra Vicente Mora, uno de los cuatro vigilantes afectado por estos recortes para exponer a los ediles la situación que va a suponer para sus familias esta desicisión, ya que la empresa de seguridad únicamente les ha ofrecido la posibilidad de un traslado a la delegación de Marbella o el despido con la mínima indemnización que contempla la actual legislación laboral. Ante ello la alcaldesa les ha comentado que se ha puesto en contacto con la empresa de seguridad donde le ha informado que cuando haya alguna vacante en Cáceres podrán regresar.

FUENTE: digitalextremadura.com AQUÍ
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El Gobierno accede a modificar el proyecto de ley de Seguridad Privada tras las quejas de CiU

El Gobierno y el PP han accedido a modificar en el trámite parlamentario varios artículos del proyecto de ley de Seguridad Privada después de que CiU presentase una enmienda a la totalidad al texto en la que denunciaban "invasiones competenciales" recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la Constitución. Así lo ha anunciado en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha asegurado que "aquellos aspectos que motivaron la enmienda (a la totalidad)" quedarán "subsanados". "Puedo asegurar que estamos absolutamente de acuerdo porque no queremos que haya dudas razonables de la constitucionalidad en ningún ámbito", ha añadido al tiempo que ha agradecido la disponibilidad al diálogo de CiU.

En consecuencia, los nacionalistas han retirado la enmienda a la totalidad por la que pedían devolver el texto al Gobierno. Su oposición se debía a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña". Se basan en el artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue declarado inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia". CiU exigía que estas "invasiones competenciales" fuesen corregidas.

Según ha explicado este jueves el ministro, el Gobierno va a modificar los artículos 12 y 13 del proyecto de ley para que tanto el País Vasco como Cataluña sean "competentes para recibir la llamada declaración responsable de seguridad privada y formación de aquellas empresas que tengan sede y actividad sólo en el territorio de esa comunidad autónoma". El País Vasco y Cataluña cuentan con un "nivel competencial más amplio" al tener transferidas las funciones de "protección y orden público".

Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Jané, ha recordado que el artículo 12 "recoge el control de comprobación de las empresas" por lo que valoran "el punto de acuerdo". También ha celebrado los "avances en en una nueva redacción del artículo 13" que afecta a la inspección y sanción. "Puede parecer que tiene una importancia menor, pero para CiU no lo tiene", ha dicho. "Hay un acuerdo que no es genérico, es concreto, con algunas redacciones acordadas y quiero agradecer a aquellos que han hecho posible el acuerdo. Hoy retiramos nuestra enmienda a la totalidad", ha zanjado Jané.

RECHAZO DE IZQUIERDA PLURAL El trámite parlamentario de este proyecto de ley ha comenzado este jueves con una segunda enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Plural, en su caso, porque el texto "viene a incrementar el peso de lo privado frente a lo público". "La seguridad no puede ser para quien se la pueda pagar", ha denunciado el diputado de IU Ricardo Sixto, quien ha cuestionado que existiese una demanda social para una nueva ley de Seguridad Privada. "Como todas, esta ley era mejorable, pero en el ámbito de la seguridad hay otros punto más urgentes", ha dicho el diputado de IU, quien ha manifestado un especial rechazo a uno de los puntos de la nueva ley que contempla la presencia de vigilantes privados en los perímetros de las cárceles, una función que ahora corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado.

Este punto concreto también ha generado el rechazo de UPyD, cuyo diputado Toni Cantó ya ha avanzado que presentarán una enmienda a este respecto. También el PSOE ha manifestado su oposición e incluso ha dicho compartir las preocupaciones de la Izquierda Plural en cuanto a la expansión de lo privado. No obstante, el diputado socialista Pedro Muñoz ha asegurado que prefieren la estrategia de discutirlo en el trámite parlamentario en lugar de una enmienda a la totalidad ante la que ha anunciado la abstención de su grupo.

Por su parte el diputado del PNV, Emilio Olabarría ha felicitado al Gobierno por la redacción de este proyecto de ley ya que, según ha dicho, esa es la sensación que le han transmitido los agentes del sector con los que la han estudiado. A la hora de justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a "facilitar el crecimiento económico de España" y ha destacado la importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año pasado facturó 3.215 millones de euros.

No obstante, el ministro ha garantizado que esta ley mantiene la "irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad". "No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha enfatizado. A su juicio este proyecto de ley tiene por objeto modernizar la anterior del año 1992, que ha quedado "sobrepasada" por los avances tecnológicos y las nuevas prácticas.

FUENTE: europapress.es AQUÍ

miércoles, 16 de octubre de 2013

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Carta para Helena Revoredo, Prosegur

Me gustaría que conocieras la realidad de la empresa, se está haciendo un terrible mal a mucha gente, a muchos compañeros los están despidiendo para que así TU empresa, de la cual tanto te enorgulleces (y no es para menos) y que te hace recoger premios, continúe contratando gente nueva para seguir recibiendo las cuantiosas subvenciones que da el Gobierno.
Gracias a la gestión despiadada de los que mandan, familias enteras conocerán el paro, la desesperación y la impotencia de saber que su despido fue injusto, si Helena en tu querida empresa despiden personas casi a diario, esa misma empresa que creó una fundación con el objetivo de ayudar a construir una sociedad más solidaria y con menos desigualdades.
Dime, si no es injusto para tus empleados ver como asciendes al puesto número dos en el ranking de mujeres más ricas de España mientras nosotros no paramos de trabajar en condiciones propias de otra época.
No quiero despedirme sin decirte la verdad, lo que todos sabemos y que algunos no quieren ver, tu empresa llegará a ser una más porque lo que la hacía diferente éramos nosotros, a los que ya no tratáis como antes.

Para nosotros lo importante son las personas, el capital humano.Contamos con los mejores profesionales, no sólo por su preparación sino por su espíritu de equipo“.

¿Dónde quedó eso?
Muy pronto Prosegur no podrá ofrecer nada diferente que otra empresa del mercado de la Seguridad Privada porque ahora el valor se lo dáis al mercado y no a lo que de verdad os importaba.
Me despido, solo quería que supieras que quizá aún estás a tiempo de rectificar y actuar y pensar como lo hacías en 1976.
Avelino Arroyo redactor de Seguridadsemanal.com
 

martes, 15 de octubre de 2013

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El negocio de UGT y CC OO: a más despidos, mayores comisiones

Un dirigente sindical admite que convencían a los trabajadores «de las ventajas» de los ERE.
F. Martí. Sevilla.
Era un negocio redondo para los sindicatos. En los ERE financiados por la Junta de Andalucía, había dinero para todos. Y cuantos más ERE se aprobaban y más trabajadores se incluían, mayores eran las comisiones que se llevaban UGT y CC OO provenientes de los fondos públicos autonómicos. Estos procesos de reestructuración empresarial suponían una presunta fuente de financiación irregular para los sindicatos, como mantiene la Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya. En el atestado número 163/2013 elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), los investigadores se detienen en el testimonio de Juan Manuel Moreno Valero, secretario de finanzas de la Federación de Industria de CC OO. Sus palabras se consideran de «gran trascendencia» para la investigación, ya que el sindicalista admite «pagos esporádicos» de la mediadora Vitalia –una de las dos principales implicadas en los ERE irregulares– a «algunas federaciones regionales». Moreno Valero detalla que «dichos pagos habrían sido como consecuencia de haber facilitado, estas federaciones, la participación de Vitalia en distintos expedientes, es decir, convencer a los trabajadores de las ventajas que supondría acogerse al plan de prejubilaciones, así como que estos pagos procederían de la comisión cobrada por la mediadora de la aseguradora».
Hasta ahora, la cifra constatada por los agentes percibidas por los sindicatos UGT y CC OO en conceptos de sobrecomisiones es de 7.648.815 euros. Un dinero que la instructora mantiene que no responde a ningún trabajo concreto, más allá de posibilitar la aprobación del ERE y que el negocio fluyera para todos los actores de la trama. La UCO señala que según la declaración de operaciones a terceros del «holding» Vitalia en el periodo 2001-2009 los pagos a sindicatos o empresas vinculadas a éstos ascienden a 4.291.384,10 euros.
En el caso de la otra mediadora, Uniter, existen lagunas. Hay desfases entre lo declarado como pagos y como percibido por los beneficiarios. La Guardia Civil recoge ingresos a ITG –empresa de UGT– por 394.127,26 euros, «suma que dista mucho de la obtenida tras el análisis de las cuentas bancarias tituladas por Uniter en el mismo periodo de tiempo, ascendiendo ésta a 594.398,48 euros, a lo que habría que sumarle otros 447.571,56 euros pagados por Uniter en 2011». Una diferencia de 647.842,78 euros.
También hay oscilaciones entre los datos de Uniter y Asp y Atlantis –sociedades vinculadas a los sindicatos–. En 2006, 2007, 2009 y 2010 recibieron pagos por 706.803,02 euros, pero en las «cuentas bancarias analizadas pertenecientes a Uniter, en este mismo periodo de tiempo, la suma asciende a 771.645,83 euros». La UCO ha fijado en 3.253.031,61 euros los fondos recibidos por las centrales desde Uniter. La cuestión que deben descifrar ahora es a qué responde esa variación.
En su amplio atestado, la Guardia Civil también ha hallado pagos duplicados al sindicato UGT. En una hoja de Excel con cuatro hojas de cálculo hallada durante el registro a la mediadora Uniter durante la primera parte de la «operación Heracles», los investigadores detectan los distintos pagos que esta empresa de José González Mata realizó a los sindicatos como comisión por su gestión en los ERE. En uno de ellos –el asiento correspondiente a la empresa Pickman-La Cartuja– «UGT cobra por partida doble, de la Federación del Metal, Construcciones y Afines y de la empresa Temiqui –propiedad de la central–».
El otro sindicato de clase no es ajeno a esta situación. En otra de las hojas de cálculo, se detectan comisiones «haciendo la diferencia entre CC OO de Madrid y CC OO de Andalucía, llegando a haber cuatro pólizas en la que se paga a ambos».
Este suculento «pastel» es el que está desmontando Alaya. De ahí que varios sindicalistas se concentraran en los juzgados el pasado jueves para insultarla. Pese a que existen vídeos del «escrache» sindical, ayer UGT-A aseguró que «respeta la acción judicial en los ERE» y apuntó que la concentración no era contra la instructora sino de «apoyo a los detenidos, que estaban incomunicados».
En esta misma línea, el secretario regional de CC OO en Andalucía, Francisco Carbonero, apuntó que la protesta era contra las detenciones porque «rozaban el secuestro». De hecho, aseguró que su sindicato «no descarta tomar medidas judiciales ante las formas en que se han producido» y ante unos registros que calificó de «abusivos».
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Correos suprime el servicio de seguridad en su sede de Pontevedra

Concentración a las puertas del edificio de Correos. // Rafa VázquezConcentración a las puertas del edificio de Correos. // Rafa Vázquez
Trabajadores de la empresa Sabico, personal de Correos y miembros del sindicato CIG se concentraron ayer ante la sede de Correos en Pontevedra para protestar por la decisión de la empresa pública de prescindir del servicio de seguridad privada en las oficinas centrales de Pontevedra, Lugo, Ourense, Vigo y A Coruña. Además, se ordenó reducir al mínimo el servicio en los pabellones en los que se recibe la paquetería.

La medida, que será efectiva el 1 de noviembre, no fue ni tan siquiera "comunicada a la representación sindical de los trabajadores de Correos" que, según la CIG, "a partir de ahora quedarán más expuestos a cualquier altercado que se pueda producir".
Desde este sindicato explican que la medida tiene consecuencias negativas en dos vertientes. En primer lugar en el ámbito laboral, ya que afecta a un total de 21 trabajadores, cinco de ellos en la sede de Pontevedra, a los que la empresa obliga ahora a trasladarse a realizar su trabajo a centros penitenciarios de Sevilla y Algeciras si no quieren perder sus puestos de trabajo. Todo ello, según explicaron los propios afectados, sin que se les ofrezca ninguna compensación por traslado o por el cambio de pasar a trabajar en un centro penitenciario, con la responsabilidad que ello supone.
Por otro lado, explican que la medida tendrá consecuencias negativas para los propios ciudadanos "que verán mermada su seguridad" en las oficinas de Correos. Destacan además que las oficinas perderán seguridad a pesar de que en ellas los trabajadores manejan cada día "grandes cantidades de dinero". Desde la CIG tampoco entienden la medida por ser "discriminatoria" ya que tan solo afecta a las sedes de la empresa pública en Galicia.
Para el sindicato CIG esto no es más "que un paso más que se da hacia la privatización de Correos".

Fuente: http://www.farodevigo.es