Un empresario declara que Lanzas le pidió una comisión de 1,2 millones para "repartirlo entre gente de la Junta".La Fiscalía Anticorrupción, la Junta y Manos Limpias reclaman 3,1 millones de fianza civil.
El empresario Jorge Andrés Morell Villette, presidente honorífico de la empresa Aglomerados Morell, ha asegurado este jueves a la juez Mercedes Alaya que el ex sindicalista de UGT y conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández le pidió una comisión de 1,2 millones de euros para conseguirle un ERE y una subvención para trasladar a su empresa y ha precisado que le reclamó esa cantidad porque tenía que “repartirlo entre gente de la Junta”.
El empresario, que está imputado por tres delitos –prevaricación, malversación y tráfico de influencias-, ha ratificado su declaración ante la Guardia Civil, a la que relató que la comisión que Lanzas le pidió a cambio de conseguir las subvenciones públicas era para “pagar favores a aquellos que tenían que concederlas” y apuntó que Lanzas tenía que hacer pagos a “cargos intermedios”. Morell contó a los agentes del instituto armado que Lanzas le dijo textualmente: “A ver si tú te crees que trabajo solo; tú no sabes lo que tengo que pagar y engrasar para conseguir estas subvenciones”.
El empresario ha reconocido a la juez Alaya que entró en contacto con el conseguidor a través de la familia Ruiz Mateos y que Juan Lanzas le pidió 1,2 millones de euros para empezar a trabajar, el 15% de las subvenciones que necesitaba, y que esa cantidad tenía que “repartirla con gente de la Junta”, aunque en realidad sólo llegó a pagarle unos 11.000 euros, de los cuales 7.000 fueron a través de empresas vinculadas al testaferro Juan Francisco Algarín, y 4.000 a través de la consultora Siemur, del cuñado de Lanzas Ismael Sierra. Morell ha insistido en que Lanzas le decía que él era quien sabía como se conseguían las subvenciones.
El ex sindicalista, según ha indicado el imputado, también le dijo que tenía que para trasladar su empresa desde Santiponce hasta Villanueva del Río y Minas Lanzas le indicó que tenía hacer un ERE y despedir a una veintena de trabajadores y contratar a empleados de esta localidad, algo que el empresario no consideraba necesario porque sus trabajadores ya estaban formados y a los nuevos había que darles cursos de formación.
Morell pagó siete millones por la fábrica Mateos en la localidad, por lo que, contando con sus recursos propios, necesitaba una subvención de 2,5 millones de Empleo y otros dos millones de Innovación. El empresario señaló que el entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, le propuso que le iba a conseguir una subvención de dos millones de euros, pero le advirtió que tendría que fraccionar el pago en ayudas de 440.000 euros para que la autorización no tuviera que pasar por el Consejo de Gobierno, han asegurado fuentes del caso.
Al final, Morell percibió unos tres millones en ayudas públicas: 1,2 millones por las pólizas del ERE, dos subvenciones por importe cada una de 440.000 euros, un aval de 920.000 euros –aunque el banco sólo le concedió 600.000 euros-, otros 10.000 euros en incentivos para el plan de viabilidad y 60.000 euros en cursos de formación.
Según Jorge Andrés Morell la entonces candidata del PSOE a la Alcaldía de Villanueva del Río y Minas María José Cervantes, que ya ha declarado ante la Guardia Civil, le “impuso” a las personas que tenía que contratar para la nueva fábrica, llegando incluso a ser recriminaciones cuando se saltó estas indicaciones en un par de ocasiones. El empresario ha añadido que gracias a que colocó a estas personas, María José Cervantes –que actualmente es directora del área de Igualdad en la Diputación de Sevilla- ganó las elecciones municipales y se convirtió en alcaldesa. Por último, Morell ha afirmado que Empleo le ha impuesto una sanción de 600.000 euros y ha añadido que tiene su pensión embargada por un juzgado.
Tras la declaración de este empresario, compareció ante la juez su hijo, Luis Morell Muñoz, quien ha ratificado la declaración del padre aunque ha puntualizado que la comisión que les exigió Juan Lanzas representaba en realidad el 30% de las ayudas públicas que reclamaban.
Al término de estas declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias han reclamado una fianza de responsabilidad civil de 3,1 millones de euros, mientras que para Luis Morell ha exigido una fianza algo menor dado que éste no fue incluida en ninguna de las pólizas como sí ocurrió con Jorge Andrés Morell.
El empresario, que está imputado por tres delitos –prevaricación, malversación y tráfico de influencias-, ha ratificado su declaración ante la Guardia Civil, a la que relató que la comisión que Lanzas le pidió a cambio de conseguir las subvenciones públicas era para “pagar favores a aquellos que tenían que concederlas” y apuntó que Lanzas tenía que hacer pagos a “cargos intermedios”. Morell contó a los agentes del instituto armado que Lanzas le dijo textualmente: “A ver si tú te crees que trabajo solo; tú no sabes lo que tengo que pagar y engrasar para conseguir estas subvenciones”.
El empresario ha reconocido a la juez Alaya que entró en contacto con el conseguidor a través de la familia Ruiz Mateos y que Juan Lanzas le pidió 1,2 millones de euros para empezar a trabajar, el 15% de las subvenciones que necesitaba, y que esa cantidad tenía que “repartirla con gente de la Junta”, aunque en realidad sólo llegó a pagarle unos 11.000 euros, de los cuales 7.000 fueron a través de empresas vinculadas al testaferro Juan Francisco Algarín, y 4.000 a través de la consultora Siemur, del cuñado de Lanzas Ismael Sierra. Morell ha insistido en que Lanzas le decía que él era quien sabía como se conseguían las subvenciones.
El ex sindicalista, según ha indicado el imputado, también le dijo que tenía que para trasladar su empresa desde Santiponce hasta Villanueva del Río y Minas Lanzas le indicó que tenía hacer un ERE y despedir a una veintena de trabajadores y contratar a empleados de esta localidad, algo que el empresario no consideraba necesario porque sus trabajadores ya estaban formados y a los nuevos había que darles cursos de formación.
Morell pagó siete millones por la fábrica Mateos en la localidad, por lo que, contando con sus recursos propios, necesitaba una subvención de 2,5 millones de Empleo y otros dos millones de Innovación. El empresario señaló que el entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, le propuso que le iba a conseguir una subvención de dos millones de euros, pero le advirtió que tendría que fraccionar el pago en ayudas de 440.000 euros para que la autorización no tuviera que pasar por el Consejo de Gobierno, han asegurado fuentes del caso.
Al final, Morell percibió unos tres millones en ayudas públicas: 1,2 millones por las pólizas del ERE, dos subvenciones por importe cada una de 440.000 euros, un aval de 920.000 euros –aunque el banco sólo le concedió 600.000 euros-, otros 10.000 euros en incentivos para el plan de viabilidad y 60.000 euros en cursos de formación.
Según Jorge Andrés Morell la entonces candidata del PSOE a la Alcaldía de Villanueva del Río y Minas María José Cervantes, que ya ha declarado ante la Guardia Civil, le “impuso” a las personas que tenía que contratar para la nueva fábrica, llegando incluso a ser recriminaciones cuando se saltó estas indicaciones en un par de ocasiones. El empresario ha añadido que gracias a que colocó a estas personas, María José Cervantes –que actualmente es directora del área de Igualdad en la Diputación de Sevilla- ganó las elecciones municipales y se convirtió en alcaldesa. Por último, Morell ha afirmado que Empleo le ha impuesto una sanción de 600.000 euros y ha añadido que tiene su pensión embargada por un juzgado.
Tras la declaración de este empresario, compareció ante la juez su hijo, Luis Morell Muñoz, quien ha ratificado la declaración del padre aunque ha puntualizado que la comisión que les exigió Juan Lanzas representaba en realidad el 30% de las ayudas públicas que reclamaban.
Al término de estas declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares que ejercen la Junta de Andalucía y el sindicato Manos Limpias han reclamado una fianza de responsabilidad civil de 3,1 millones de euros, mientras que para Luis Morell ha exigido una fianza algo menor dado que éste no fue incluida en ninguna de las pólizas como sí ocurrió con Jorge Andrés Morell.
Fuente: http://www.diariodejerez.es
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