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sábado, 31 de agosto de 2013

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El vigilante del hipermercado asaltado por el SAT dice que Cañamero lo amenazó

El vigilante del hipermercado ha declarado a la Policía que Diego Cañamero lo amenazó. El sindicalista lo desmiente; «lo traté con amabilidad»
Cañamero ha negado haber proferido amenaza alguna contra este vigilante

 
El vigilante de seguridad del hipermercado de Sevilla asaltado por miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha declarado a la Policía que recibió amenazas por parte del secretario general de dicho sindicato, Diego Cañamero.
Según han relatado a fuentes del Ministerio del Interior, el vigilante ha explicado a la Policía que intentó impedir que los sindicalistas se llevaran lo sustraído del hipermercado cuando éstos abandonaban el centro comercial.
En ese momento, sostiene que Diego Cañamero se dirigió a él y le dijo: "Estate quieto, chaval, que te vas a buscar un problema".
Cañamero ha negado haber proferido amenaza alguna contra este vigilante. "Le tranquilicé y en todo momento le dije que no se preocupara, porque lo que se estaba llevando a cabo era un acto simbólico del SAT".

Identificar y detener a los participantes

Además de tomar declaración al vigilante de seguridad y a otros testigos presenciales de los hechos, la Policía está visionando todas las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad para identificar y detener a quienes hayan participado en el asalto, así como determinar el grado de violencia empleado.
Según el SAT, los 200 sindicalistas han protagonizado una "protesta" para llamar la atención sobre la situación de los dos millones de andaluces en situación de pobreza y las 400.000 familias que "no reciben ningún tipo de ayuda ni prestación" y que tienen todos sus miembros en paro.
Ya el pasado verano este sindicato protagonizó varios incidentes de este tipo, entrando en hipermercados para cargar carros con alimentos y artículos de primera necesidad con la idea de entregarlos a ONG.
El propio Cañamero ha criticado que el Gobierno intente tapar su "ineficacia" centrándose en identificar a los miembros del SAT que han participado en esta acción y "no ofreciendo soluciones" ante la crisis.
"Esto no es nuevo, nuestra actuación ha sido pacífica y no tenemos nada que ocultar", ha subrayado Cañamero, quien ha señalado que el SAT ha tomado unos ocho o diez carros con material escolar básico para repartirlo a las familias necesitadas tras prepararlo para su distribución.
 
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El SAT arranca otra ola de protestas "expropiando" material escolar

Un centenar de personas, con Diego Cañamero a la cabeza, se llevan diez carros del Carrefour de Montequinto sin pagar La Policía está identificando a los participantes, pero no hay denuncia.
 
Tras la repercusión a nivel nacional que, el verano pasado, tuvo la llamada Marcha Jornalera del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y, por donde iba pasando, las ocupaciones de fincas, bancos y la sustracción de carros con comida de grandes superficies, el SAT retomó ayer sus acciones sorpresa: un grupo de unas cien personas -entre las que estaba el secretario nacional, Diego Cañamero, y el representante de IU en la Diputación de Sevilla, Manuel Rodríguez- "expropió", según su terminología, diez carros cargados con material escolar del Carrefour ubicado en la carretera de Utrera, junto a la barriada de Montequinto.
 
El acto tendrá continuidad una vez iniciado el curso: los lápices, las libretas, los estuches se repartirán entre alumnos de familias necesitadas para las que el desembolso en la vuelta cole, estimado en entre 100 y 150 euros por niño, es un problema. Según la responsable de acción sindical del SAT, María García, será el arranque además de un calendario de movilizaciones que se concretará en la asamblea que la organización celebra mañana en Osuna.  El objetivo será exigir además que no se pague la deuda del rescate bancario, el final de los recortes sociales y la eliminación de las 35 peonadas para acceder al subsidio agrario.
 
"El SAT quiere llamar la atención sobre los dos millones de andaluces en situación de pobreza y las 400.000 familias que no reciben ningún tipo de ayuda ni prestación y que tienen todos sus miembros en paro", informaba el sindicato poco después del asalto  de ayer, que se prepara desde hace días. Arrancó a las diez  de la mañana, cuando una decena de personas entraron sin llamar la atención en el centro comercial y comenzaron a coger, como cualquier cliente, lo que llevaban apuntado en una lista: "Cinco libretas de cuadritos, diez de rayas, diez lápices, quince bolígrafos de distintos colores, cinco gomas, sacapuntas, compás, juego de reglas, tijera de punta redondeada, un diccionario, estuche de tela, lápices de colores, ceras y rotuladores...", se podía leer. En los carros se vieron también paquetes de folios.
 
A las 10:30, el SAT había convocado a algunos periodistas junto a la Universidad Pablo de Olavide. Pidieron que les siguieran y llegaron al Carrefour, donde casi de forma inmediata otros salieron con los carros, sin pasar por la línea de cajas, ante el estupor de vigilantes y responsables del establecimiento, a los que Cañamero tranquilizó: el acto no iba contra ellos ni contra esa multinacional. Los encargados apenas si reaccionaron para recordar que ya hacen donaciones con el mismo fin. No hubo violencia. Al cierre de esta edición, ningún responsable del establecimiento había presentado denuncia. Fuentes de la compañía precisaron que, de momento, no van a hacer ninguna valoración oficial.
 
Los que portaban los carros salieron a la calle al grito de "para los niños necesitados", "para los niños que no tienen nada", alentados por un centenar de simpatizantes, llegados desde diversos puntos de la provincia, como El Coronil, Pedrera, Gilena, Morón, Los Molares, Alcalá del Río, La Rinconada, Dos Hermanas y Sevilla, y las localidades gaditanas de Puerto Serrano, Espera, con el alcalde incluido, y Alcalá del Valle, que aplaudieron y esgrimieron banderas andaluzas con el emblema del SAT. El objetivo de que las cámaras multiplicaran la repercusión de la acción del antiguo Sindicato de Obreros del Campo y que, con ello, volviera a  marcar la controversia y el debate nacional, estaba logrado
 
Cañamero tomó la palabra para incidir en que era un acto simbólico, "no un robo", que no se puede permitir que haya niños que no puedan estudiar por falta de dinero y que la brecha social está aumentando. Pero instó a que el grupo  se disolviera y se llevara el material rápido. Él se quedó a esperar a la Policía Nacional, que llegó después: "Ha sido todo simbólico, yo os lo explico...", les recibió. Los agentes registraron algunas furgonetas en la zona -de albañiles, trabajadores- pero el material "expropiado" estaba ya a buen recaudo. Fuentes del cuerpo precisaron que, desde ese momento, se procedió a recopilar toda la información sobre los hechos y que se trabaja en la identificación de las personas que habían participado, con las imágenes de las cámaras de seguridad y los testigos, pero que, al cierre de esta edición, no había denuncia interpuesta, necesaria para que haya detenciones. 
 
Las imágenes de la protesta del SAT en el centro comercial
 
 

viernes, 30 de agosto de 2013

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Vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Jerez protestan por los «recortes» de AENA

Quince de los 18 vigilantes de seguridad que prestan servicio en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera han secundado este viernes, a las puertas del aeródromo jerezano, la concentración convocada por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) para protestar por los «recortes» que están sufriendo por parte de AENA.
Según ha explicado a Europa Press José Luis Cadenas, responsable de FTSP-USO Cádiz, la protesta se ha desarrollado «sin incidentes» de 10,00 a 14,00 horas y ha contado con el respaldo de «toda la plantilla» exceptuando los tres trabajadores que estaban prestando el servicio en ese turno.
Cadenas ha asegurado que ante la «caída» de la actividad en el aeropuerto jerezano en los últimos meses, AENA ha empezado a «recortar en la seguridad privada», lo que provocó que en el mes de enero la empresa prescindiera de dos compañeros, sin que se descarten nuevos despidos «a medio plazo» o bien que los trabajadores «asuman» estos despidos «recortándose la jornada y el salario».
En este sentido, el representante de FTSP-USO ha lamentado que a los trabajadores «les esté tocando" sufrir la "merma económica» que sufre la empresa al haber recortado su facturación con AENA «para congraciarse con los clientes».
La plantilla tiene previsto volver a concentrarse el viernes 13 de septiembre y no descarta barajar otro tipo de protestas como «trabajar a reglamento», una práctica que podría acarrear retrasos en los vuelos.
Estas concentraciones se enmarcan dentro de las movilizaciones que están realizando en todo el territorio nacional y en todos sus aeropuertos por los recortes sufridos en cuestiones de vigilancia y en las empresas de seguridad.
 
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Denuncian el «amaño» de ayudas de la Junta de Andalucía en favor de UGT y CCOO

Empleo cambia los criterios para repartir 50 millones de euros a centros para orientar a parados.

Los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero (izquierda) y de UGT, Francisco Fernández (derecha)
Una norma «apañada y pactada para favorecer a sindicatos como UGT y CCOO». La Asociación de Profesionales de Andalucía Orienta (APAO) denunció que la Junta de Andalucía ha cambiado la orden que regula las subvenciones de los programas de orientación profesional y políticas activas de empleo para que los criterios de adjudicación «favorezcan de manera desmedida a organizaciones sindicales como UGT y CCOO», al tiempo que discrimina «a ayuntamientos, gobernados en su mayoría por el PP, tras las últimas elecciones municipales», según la APAO.
La Junta publicó en una orden el pasado 9 de abril las nuevas bases reguladoras para repartir 50 millones de euros en ayudas provenientes de fondos europeos y estatales. Un jugoso montante, que quedará ahora en manos de «entidades afines al Gobierno andaluz», denunciaron los profesionales andaluces de orientación laboral.
El colectivo abundó que un proceso de concurrencia competitiva legalmente conlleva que «todos los proyectos serán evaluados bajo los mismos criterios, teniendo todos los proyectos presentados las mismas oportunidades», una cuestión que ponen en duda con la aplicación de esta norma.

Criterios discriminatorios

Así, entre los criterios más valorados está la expansión territorial de la entidad objeto de la subvención en la comunidad autónoma, una condición «claramente discriminatoria, ya que no es posible que un ayuntamiento o una mancomunidad la cumpla —a pesar de que son los que mejor conocen el mercado laboral de un territorio y las problemáticas de los ciudadanos— y sí otras entidades como los sindicatos», criticaron desde la asociación.
Otro de los aspectos que puntúa la orden es la experiencia en la gestión de políticas activas de empleo en los últimos cuatro años. En este sentido «es conocida la forma de repartir cursos de formación y otras políticas por parte de la Junta de Andalucía», apuntaron fuentes del colectivo. «Muchas entidades especializadas en la orientación laboral que no han podido desarrollar estos programas —aunque los habían solicitado en diversas convocatorias— por falta de afinidad con el Gobierno, ahora vuelven a ser perjudicadas», denunciaron los técnicos de la asociación, mientras que «se beneficia a importantes organizaciones que firman acuerdos de concertación social y a otras entidades afines a la administración».
La norma valora también las horas de atención directa, en detrimento del número de personas atendidas, «un aspecto que debería ser imprescindible para ver la actividad que tiene una entidad y por tanto la necesidad o no de que siga prestando el servicio», explicaron desde la APAO.
Así, según los cálculos de esta organización, un ayuntamiento o una mancomunidad obtendría menos puntos para ser elegida como beneficiaria de los fondos que un sindicato, que una confederación empresarial, o que una entidad social cuyos objetivos iniciales han sido los jóvenes en riesgo de exclusión social, un ámbito que nada tiene que ver con la orientación laboral. De igual modo, una organización agraria «obtendría mayor puntuación que una entidad especializada en la orientación profesional», denuncian.
Por último, desde la asociación de profesionales de Andalucía Orienta consideraron «muy llamativo» que organizaciones como UGT, que inicialmente habían renunciado a solicitar la subvención con la normativa anterior, «sí lo han hecho al producirse un cambio en los criterios», aunque «este año ha presentado un ERE sobre 130 trabajadores de estos programas argumentando que la Junta de Andalucía dejaría de subvencionarlos».
 

miércoles, 28 de agosto de 2013

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Una pelea en CETI de Melilla acaba con un vigilante y dos inmigrantes heridos

27-08-2013 / 23:20 h EFE

Una pelea en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla se ha saldado esta noche con un vigilante de seguridad y dos subsaharianos heridos.

Según han informado a Efe fuentes sanitarias, el vigilante ha recibido una pedrada en el rostro, mientras que uno de los inmigrantes trasladados al hospital presenta una herida en la cabeza de cierta consideración.

La pelea se ha iniciado en el comedor del CETI, por razones que están siendo investigadas, entre un grupo de argelinos y otro de inmigrantes de origen subsahariano, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.

El incidente se ha producido en torno a las 21:40 horas, y ha quedado controlado minutos más tarde, tras la identificación de los supuestos participantes en el enfrentamiento.

Hasta el CETI se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil, así como ambulancias, que han trasladado a los heridos al Hospital Comarcal de Melilla.

martes, 27 de agosto de 2013

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La vigilancia del nuevo hogar suizo de la infanta Cristina costará al Estado español 300.000 euros anuales


Doña Cristina ha decidido trasladar su hogar a Ginebra para evitar la presión mediática.
La infanta Cristina trasladará próximamente su residencia a Ginebra, en Suiza, una de las ciudades más caras de Europa, y Europa Press Chance ha publicado lo que costará su nueva vida. Uno de los gastos más elevados es el que corresponde a la vigilancia de su nueva casa, que supondrá un total de 300.000 euros anuales, que correrán a cargo de la Casa Real.
La decisión de mudarse vino motivada por la presión mediática que sufren los hijos de doña Cristina e Iñaki Urdangarin tras la imputación del duque de Palma en el 'caso Nóos'. Las leyes suizas no permiten a los 'parazzi' acercarse a sus habitantes, un aspecto que les proporcionará más intimidad.
Los pequeños acudirán en Suiza a un colegio de élite, cuyo coste asciende a 120.000 euros, de los que se encargará La Caixa, entidad para la que trabaja la hija del Rey.
La caja catalana también financiará el alquiler de la casa familiar, que la citada fuente tasa en unos 5.000 euros mensuales, lo que supondría un total de 60.000 al año. Aparte pagará a la infanta un sueldo 320.000 al año, más el suplemento que conlleva el traslado al extranjero de un empleado.
La seguridad de la infanta se hará en coordinación con el personal de la embajada española y la policía suiza. Durante los cinco años que vivieron en Washington contó con un servicio permanente de seis policías que se turnaban cada ocho horas en el cuidado de la familia. Cada uno suele recibir 50.000 euros anuales y el relevo se produce cada tres meses.
Por su parte, Iñaki Urdangarin estaría buscando un trabajo en Ginebra en el sector de los seguros, algo que no cuenta con la aprobación de Zarzuela. Según el abogado Gonzalo Boye, si el marido de doña Cristina viviera fuera de España más de 180 días al año, dejaría de tener su dirección fiscal en el país, con lo que su situación tributaria quedaría en un limbo.

Fuente:  http://www.elcomercio.es/20130826/gente/vigilancia-nuevo-hogar-suizo-201308261408.html
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Vigilantes denuncian a Moriyón y Barbillo por presunto incumplimiento de ley

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el concejal Pedro Barbillo han sido denunciados ante la Delegación del Gobierno de Asturias por presunto "incumplimiento" de la Ley de Seguridad Privada.
El presidente de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada, Jorge Severino Fernández Cuesta, ha presentado la denuncia que pide la apertura de un expediente sancionador.
Según el responsable de la asociación, el control de los sistemas de videovigilancia del Centro Municipal de El Coto se realiza por personal sin cualificación profesional ni habilitación como agentes de seguridad privada.
El denunciante ha responsabilizado a la alcaldesa y al edil de Relaciones Ciudadanas, Servicios de Proximidad y Deportes, del "incumplimiento" del artículo 11 de la Ley 23/1992; y del artículo 71 del Real Decreto 2364/1994 del Reglamento de Seguridad Privada.
 

lunes, 26 de agosto de 2013

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La Fiscalía de Sevilla ha pedido 28 años de cárcel, acusados de asesinar al vigilante de una planta fotovoltaica

Sevilla, 21 ago (EFE).- La Fiscalía de Sevilla ha pedido 28 años de cárcel para dos hombres, de nacionalidad rumana, acusados de asesinar al vigilante de una planta fotovoltaica de la localidad sevillana de Marchena (Sevilla) para robar cables de cobre.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, dice que los acusados intentaron un primer robo a las 19.15 horas del día 24 de noviembre de 2009, pero la intervención del vigilante José Antonio Jiménez Ceferino, de 32 años, impidió la consumación del delito.
Unas horas después, hacia las 3 horas de la madrugada del 25 de noviembre, los acusados volvieron a entrar en la planta fotovoltaica, situada en el Polígono 29 de Marchena (Sevilla), y en esta ocasión sorprendieron al vigilante sentado en el interior de su vehículo.
El asesinato, según el fiscal, fue perpetrado por los rumanos Adi D., de 24 años, y Marius L.C., de 25 años, que permanecen encarcelados en España tras ser extraditados por Rumanía, y sus compatriotas Valentin H. y Viorel D., que están fugados de la justicia.
Afirma el fiscal que los acusados maniataron al vigilante usando sus propios grilletes y le propinaron una paliza con ánimo de acabar con su vida, además de clavarle un objeto punzante en el ojo para "aumentar de forma innecesaria e inhumana el dolor de José Antonio".
Luego se apoderaron de cobre valorado en 21.448 euros, de los dos móviles que portaba el vigilante, uno de su propiedad y otro de su empresa, y del coche propiedad de la víctima, que utilizaron para huir y luego quemaron en el paraje conocido como Finca los Arroboneros de Carmona (Sevilla).
El fiscal imputa a los acusados un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, por el que solicita 21 años y medio de cárcel a cada uno, otro de robo con violencia, por el que pide tres años y medio, y un último delito de daños mediante incendio, con una pena de tres años de cárcel.
En el juicio que celebrará la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla en los próximos meses, la Fiscalía reclamará además una indemnización de 96.101 euros de indemnización para los padres del fallecido, incrementado en un 10 por ciento al tratarse de un delito doloso, y otros 10.200 euros por la destrucción de su coche.
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Los trapos sucios de UGT acaparan los titulares en agosto

  • Ha sido una semana horribilis para el sindicato que salta de corruptela a corrupela.
  • La respuesta del sindicato deja mucho que desear porque los acerca.


Esta semana nos hemos desayunado todos los días con un nuevo escándalo del sindicato UGT servido puntualmente por el diario El Mundo. El sindicato ha declinado comentar nada a Teinteresa.es sobre este cúmulo de noticias y se ha remitido a su comunicado. Estas revelaciones hablan de sobresueldos camufaldos en dietas (siempre el mismo número de kilómetros y siempre el mismo precio de comidas, como indica el diario dirigido por Pedro J.), de usos poco claros del dinero que tenía que destinado a cursos para la formación de parados, de comidas pagadas por la Junta de Andalucía, de implicación en los ERE, negadas siempre por el sindicato....
Muchos apuntes que dejan a UGT ante el ojo del huracán. La Junta, que al principio negó todo ha reconocido ya. El sábado día 24 el diario El mundo daba en su portada que la Junta se consideraba engañada al ver que el sindicato le había 'endosado' los costes de una asamblea regional de delegados sindicales cuando el dinero tenía que haber sido destinado a asistencia jurídica de trabajadoras discriminadas. La Junta en un comunicado remitido a El Mundo se reservaba la posibilidad de llevar a cabo acciones administrativas. Aún no ha habido expediente.
La semana ha sido de órdago para UGT que ha visto como todos los días asuntos de cuentas del sindicato salían a la luz. Más que cantidades desorbitadas, lo que trasciende de estas informaciones es una gran capacidad del sindicato para usar el dinero público en su beneficio amparándose en su labor social. Que las comidas o cenas se carguen al erario público, y que las partidas no estén claras (los sindicatos no quieren que les toque de lleno la ley de transparencia, ellos sabrán por qué) muestra una moralidad cuanto menos difusa. Y eso es algo que un sindicato no se puede permitir. Manifestarse en contra de los abusos, o de leyes que pueden ser contrarias a los derechos de los trabajadores necesita que nadie pueda echar en cada a nadie el "Y tu más", tan común entre los políticos. Por eso es tan grave que un sindicato, que tiene una importante labor social, no aclara de forma rápida cada una de las informaciones.
El sindicato, si embargo, ha actuado como si de un partido político se tratara. Un comunicado negando la mayor, y pocas explicaciones cara a cara, a pecho descubierto. Para colmo el recurso a la caverna mediática ya no convence.
En la semana horribilis de UGT no hemos visto una defensa a ultranja de las cuentas del sindicato. Tampoco la indignacion de un ente social que se siente maltratado.
 
El día 19 de agosto UGT fue acusada de costear su revista con dinero de Europa. ¿Es razonable que la revista de un sindicato tenga más tirada que Interviú y QUO? ¿Es factible que se financie con dinero público? ¿Lo es pagar cantidades fuera de mercado por una labor de red social que además hace una persona vinculada a la OCU, que tiene que velar por los derechos de los consum¡dores? Poco tacto. Y demasiados lujos para unos sindicatos que no pueden vivir del dinero de los afiliados.
 
El día 20 de agosto era fácil atragantarse con el desayuno al ver cómo la fiscaía investigaba las facturas pagadas con dinero para parados.
El día 22 la indignación aumentó cuando se acusó a UGTA de camuflar sobresueldos con dietas.
Tal y como se ha comentado ya el día 24 la Junta reconocía que UGT le había endosado facturas que luego no habían sido destinadas al objetivo inicial.
 
El día 25 llegaron las comidas privadas pagadas por al Junta, aunque días antes ya se habó de otra comida con Cándido Méndez de invitado.
¿ y mientras? El sindicato emitía un comunicado negando la mayor y señalando que todo era un montaje de la caverna mediática que pretende su destrucción. Una defensa pobre que recuerda mucho a la que realizan los políticos cuando se ven con las manos en la masa. Y los sindicatos, y más en la situación actual, son lo primeros que deberían dar ejemplo. O vivir con el dinero de sus afiliados.
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MADRID: Alternativa Sindical denuncia un aumento de agresiones a vigilantes de metro tras los "recortes"

La Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha denunciado hoy un aumento de las agresiones efectuadas a vigilantes en el metro de Madrid desde que el pasado 1 de agosto comenzó el nuevo contrato de seguridad de la red del suburbano "impuesto por severos recortes por parte de la gerencia". En una nota de prensa, el sindicato ha señalado que en lo que va de mes ha habido siete "agresiones brutales" contra los vigilantes de seguridad. De ellas, tres han tenido lugar en los depósitos de Fuencarral, Cuatro Vientos y Aluche, y cuatro en estaciones (dos en Metrosur, una en Alvarado y otra en Usera).

En el depósito de Aluche, un grupo de personas golpeó con una barra de hierro en la cabeza al vigilante de seguridad mientras grababan con un móvil el ataque. En otra de las agresiones más graves tuvieron que dar puntos de sutura a un vigilante de la estación de Usera después de que lo agrediera un viajero ebrio. El sindicato ha mostrado su preocupación por este tipo de actuaciones, realizadas en ocasiones por bandas de grafiteros que actúan "prácticamente a diario".

Según han señalado desde Alternativa Sindical, estaciones "con gran afluencia de usuarios y viajeros" han pasado de tener hasta tres vigilantes de seguridad a tener uno o ninguno, lo que creen que ha provocado también la "proliferación" de carteristas. Han achacado esta situación a los "recortes agresivos" de la gerencia de Metro de Madrid, que a su juicio "dejan indefensos a usuarios, viajeros, trabajadores del suburbano y vigilantes de seguridad".
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SEVILLA: procedimiento sancionador incoado a ESABE por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

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Cuando pegar a un vigilante de seguridad en los centros comerciales Carrefour sale barato

Hoy no quiero empezar este artículo como en otras ocasiones, empleando humor ácido para poner en evidencia una situación concreta. El hecho ocurrido el pasado 11 de mayo en un centro comercial fue lo suficientemente importante como para tomarse el asunto a broma y desde este medio nos queremos hacer eco del mismo. Eran las 13:50 del citado día, un sábado, cuando en un Carrefour de Getafe, una localidad al Sur de Madrid, un vigilante de seguridad, al ver como un cliente salía con un televisor, abonado previamente en las cajas internas del estableciendo, se dispuso a llevar a cabo el protocolo de actuación marcado por esta empresa donde prestaba servicio, al solicitar a esta persona el correspondiente ticket para verificar que el número de referencia que aparecía en éste coincidía con el producto comprado.
De pronto el cliente y su acompañante, se desconocen los motivos, comenzaron a insultar al vigilante, a faltarle el respeto y, finalmente, a agredirle, todo ello en presencia de dos menores (buen ejemplo de comportamiento). El afectado después de recibir varios golpes, puñetazos y patadas, se defendió para garantizar su integridad. Minutos después se personaron en el lugar efectivos de la Policía Nacional, que recogieron varias declaraciones a testigos presenciales del incidente, (cajeras y clientes principalmente como ha podido corroborar este medio, ajenos a los implicados), coincidiendo todos ellos en la cronología de los hechos, donde quedaba de manifiesto el comportamiento violento de la pareja en relación al trabajador de seguridad; incluso éste tuvo que ausentarse de su trabajo para ir a un centro sanitario donde le hicieron un parte de lesiones, para presentarlo en la posterior denuncia.
Hasta aquí, dentro de la anormalidad del suceso, la historia trascurrió dentro de unos cauces lógicos, sin embargo la nota incoherente la marcó el propio Carrefour. La gerente de dicho centro comercial, una vez al corriente de los hechos, adoptó la decisión, comunicando la misma al Jefe de Equipo, de prescindir de los servicios del vigilante apaleado, al considerar que la respuesta dada por éste ante la agresión no fue la correcta, ya que en su opinión no debía de haberse defendido, pues esa gran superficie no era un bar. La postura fue comunicada a la empresa de seguridad, CASSESA, y el agredido era sacado del centro.

Pero la cosa no queda ahí, ya que días después el Jefe de Equipo comunicó a la dirección del centro, su disconformidad por las decisiones adoptadas y por lo injusto de las mismas; la respuesta de Carrefour fue… la de sacar también ha este trabajador del establecimiento. La perplejidad e indignación me invadió cuando supe lo ocurrido, pero ya en frío y pensándolo mejor, este suceso era una muestra más de los males que afectan al sector de la seguridad privada en este país, donde sus trabajadores son meras figuras decorativas, muñecos, títeres, no sólo de las empresas, sino también de los gerentes de los servicios a cubrir. Ceros a la izquierda, el eslabón más bajo de la cadena laboral, el sparring en el que clientes, ejecutivos y todo bicho viviente puede sacudir porque no hay nadie que les defienda.

Por eso la respuesta de Carrefour me pareció normal, cobarde… pero normal. Me explico…cuando miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores asaltaron un centro comercial de esta cadena en Arcos, los gerentes del mismo negociaron con los que incumplían la Ley y permitieron que se salieran con la suya. Señalaron que era una donación a los servicios sociales de diferentes localidades limítrofes (curiosamente algunas asociaciones rechazaron esa ayuda cuando supieron de que forma se consiguió… eso sí es coherencia).

Con estos antecedentes, la respuesta lógica de Carrefour ante la agresión a un trabajador era previsible: ponerse de lado del agresor, del fuerte, del que maneja la violencia. No se, pero me pregunto si este tipo de actitudes son las habituales en la forma de entender esta multinacional la sociedad, si fuera así, la verdad, sería inquietante por lo que significa para la estabilidad de una comunidad, o simplemente es el reflejo del respeto que tienen hacia unas personas, como los vigilantes, que en ocasiones ponen en peligro su integridad para evitar cualquier daño, hurto o perjuicio que pueda ocurrir en los centros que vigilan.
Un último dato, la cadena española Mercadonna, ante una situación similar, esa sí defendió a sus trabajadores, interpuso una denuncia a los asaltantes. Carrefour, no sólo no hace eso, sino que se desentiende y sanciona encima al perjudicado, insinuándole que tendría que haber puesto la otra mejilla, y si alguien rechista también que siga el mismo camino. Hombre…también cabe la posibilidad de que ese comportamiento responda a una técnica de promoción comercial: Con la compra en la sección de imagen y sonido, golpe de regalo en la cabeza del vigilante de seguridad…o con una caja de dos kilos de cualquier tipo de fruta o verdura, escupitajo, insulto y peineta al sufrido “segurata”. Esperemos que no lleguemos a esos niveles surrealistas, aunque a este paso todo se andará.

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Roban artículos policiales y militares de una tienda del centro de Madrid

La Policía Nacional investiga el robo prendas de ropa, complementos y placas de vigilantes de seguridad de una tienda especializada en material policial y militar ubicada en el centro de Madrid.
 
Según han confirmado a Efe fuentes de la Jefatura Superior de Policía, el robo fue perpetrado a última hora de la tarde del pasado viernes en un comercio ubicado en la céntrica calle Mayor, al que los ladrones accedieron desde un local anexo que no tiene actividad actualmente, forzando la puerta.
 
Un testigo llamó a la Policía y cuando los agentes llegaron comprobaron junto al dueño que faltaban varias placas de vigilante de seguridad, polos de Policía Municipal y también divisas o galones del Cuerpo Nacional de Policía.
 
Fuentes policiales han explicado que en estos comercios se venden artículos policiales y militares que en algunos casos solo pueden ser adquiridos por profesionales de estos cuerpos que se identifiquen como tales.
 
Los ladrones podrían quererlos para simular que son agentes y perpetrar así delitos, según las mismas fuentes, aunque el suceso se investiga y por el momento no se ha localizado a los presuntos autores.
 
El pasado 25 de noviembre varios individuos robaron chalecos antibalas, gafas de visión nocturna y linternas en otra tienda de Madrid especializada en material de seguridad que suministra tanto a particulares como a la Policía y a la Guardia Civil.
 
Este comercio está situado cerca del complejo policial de Canillas, en el que se concentran servicios centrales de la Policía como la Comisaría General de Policía Judicial.
 

viernes, 23 de agosto de 2013

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Más vigilantes privados que policías

Sant Antoni ya tiene ocho ´serenos´ en su núcleo urbano, pagados por 70 empresarios, mientras la Policía Local no patrulla a pie-
Sant Antoni. Mientras el número de policías locales de Sant Antoni se mantiene estancado y los comerciantes denuncian que ni siquiera hay patrullas a pie por la calle, la cantidad de vigilantes privados no para de crecer. El verano pasado fueron contratados los cuatro primeros por 40 hoteleros, pero ahora ya son 70 los empresarios que forman parte de la iniciativa y pronto llegarán a 100. Ya hay ocho serenos en la calle.
Los hoteleros y otros empresarios turísticos de Sant Antoni se han visto obligados a tomar la iniciativa ante la incapacidad del Ayuntamiento por garantizar la seguridad pública en el casco urbano. El número de vigilantes privados contratados por estos empresarios ha pasado de los cuatro de la temporada pasada –cuando se puso en marcha esta iniciativa– a los ocho que hay actualmente. Mientras tanto, los comerciantes denuncian que la Policía Local no patrulla a pie por las calles, pese a ser el enclave turístico más conflictivo de la isla. De este modo, Sant Antoni está asistiendo a una progresiva sustitución de su servicio público de seguridad por un sistema estrictamente privado, lo que supone que solo podrá disfrutar de esa seguridad «quien pueda pagarla», como denunció la oposición municipal hace dos semanas.
De los 40 empresarios que el año pasado empezaron a contratar a los vigilantes se ha pasado a los 70 que ya existen actualmente, pero sus impulsores confían en llegar pronto a los 100, lo que, a su vez, permitiría contratar aún a más personal.
Los impulsores de esta iniciativa afirman que las fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Civil, «están desbordadas» y solo hay «la mitad de policías de los que debería haber», afirmaron Javier Anadón y Juanjo Planells, dos de los empresarios que tienen contratados vigilantes.
Planells afirma: «En Sant Antoni tenemos un problema y somos sensibles a él». Es por ello que han puesto en marcha esta iniciativa que, en todo caso, cuenta con «la total colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil, con la que se coordinan y actúan conjuntamente», añade.
 
A través de la Estación Naútica
La contratación de los vigilantes –que funcionan distribuidos en cuatro parejas, de 12 de la noche a 7 de la mañana– se realiza a través de la Estación Náutica de Sant Antoni, un organismo del que forma parte el propio Ayuntamiento y cuya gerente, Judith Gargallo, confirmó que es la que hace la factura a cada establecimiento.
«La Estación Náutica es la que canaliza toda la iniciativa. Para poder disfrutar del servicio es condición necesaria hacerse primero socio de la Estación, lo cual es también una oportunidad para aumentar nuestro número de asociados», señaló Gargallo.
Tanto ella como otros impulsores de la campaña, como el hotelero Toni Ramón o el presidente de la Asociación de Comerciantes, Joan Ribas, consideran que es necesaria la declaración de Sant Antoni como municipio turístico, porque ello supondría elevar el número de policías locales que la ley permite tener a los ayuntamientos. Los municipios así declarados pueden contabilizar su población flotante (los turistas) como si fueran parte de la población fija, de modo que tienen derecho a más agentes. No sucede así con Sant Antoni, que debe conformarse con el tope que le otorga la ley por su población fija, que apenas supera las 20.000 personas.
 

jueves, 22 de agosto de 2013

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UGT denuncia en la Inspección que Serramar paga tarde y sin nóminas

alt El sindicato asegura que los trabajadores no tienen los recibos del pago de salarios.
Los trabajadores de Serramar, adjudicataria del servicio de vigilancia del Centro Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI), siguen luchando para recibir sus salarios. La semana pasada los empleados presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que se quejan por no percibir sus sueldos a tiempo y porque la empresa no les entrega las nóminas. Además, según apuntó uno de los afectados y representante sindical de los trabajadores, Dámaso García, en declaraciones a El Faro las movilizaciones de protesta se reanudarán la próxima semana.
García indicó que tras presentar la denuncia el pasado 14 de este mes la empresa pagó a los trabajadores el sueldo de junio, pero aún no les han dado el de julio. Además, precisó que les entregaron el dinero en dos plazos, en lugar de hacerlo en único pago como debería de cobrar según se establece en sus contratos. El empleado indicó que no entienden que Serramar continúe sin pagarles al día y señaló que aunque les hayan dado el dinero de junio seguirán protestando. “Julio sigue sin pagarse y ¿quién nos garantiza cuándo nos pagarán agosto?, apuntó.
El trabajador explicó que se ha convertido en una tónica habitual que la empresa les pague con retraso y en varios plazos y que eso les está suponiendo problemas para sus economías domésticas. Con salarios mensuales que en muchos casos no superan los 1.200 euros resulta complicado pagar las facturas tras dos meses sin cobrar.
Ante esta realidad los trabajadores decidieron la semana pasada, a través del sindicato UGT, presentar una denuncia en la Inspección, para que sea este organismo el que se encargue de exigir al empresario que cumpla con sus obligaciones.
La secretaria de organización de UGT, Concha López, explicó en declaraciones a El Faro, que Serramar está incumpliendo la ley con estos retrasos en el pago de los salarios y apuntó que tampoco es legal que no les entreguen los recibos de este cobro de forma puntual. Ante esta realidad el sindicato ha tomado cartas en el asunto para pedir que la empresa cumpla con sus obligaciones.
López apuntó que el hecho de que no se entreguen las nóminas a los empleados crea una situación de inseguridad, más aún teniendo en cuenta que los pagos no se hacen ni en fecha ni en forma adecuada. Es decir, que los empleados no deberían recibir en agosto la mitad del salario de junio y que además no se les dé ningún comprobante para justificarlo.
Por su parte, García apuntó que la próxima semana volverán a concentrarse frente a la Delegación del Gobierno a las 11:00 horas para protestar por su situación y pedir a la Administración que haga algo para tratar de presionar a la empresa. El trabajador aseguró que no cesarán en sus protestas hasta que la empresa se comprometa, y cumpla, a pagarles en fecha.
Asimismo, indicó que no entiende que si la justificación que dieron para no pagar era que la Administración les debía varios recibos, ahora que ya los han cobrado continúen sin recibir su dinero a tiempo.
Por su parte, López recordó que a principios de este mes los empleados ya utilizaron otra medida de presión , a la que ahora se une la denuncia. En concreto, los trabajadores le anunciaron a la empresa su negativa a hacer horas extras mientras que no les abonaran los salarios que les adeudaban.
Hay que recordar que la misma empresa ha tenido problemas similares en otros puntos del país, en concreto en Ourense y en Albacete. Los problemas en Melilla se remontan al mes de abril. Desde entonces, los retrasos en el pago de las nóminas han sido una constante y los trabajadores no han cesado en mostrar su descontento y protestar para intentar que la empresa cambie su postura.
 
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Renovado convenio para que Guardias Civiles se ocupen de seguridad juzgados

Sevilla, 22 ago (EFE).-
La Consejería de Justicia e Interior y el Ministerio del Interior han renovado el convenio para que agentes de la Guardia Civil presten este año del servicio de custodia y seguridad en las sedes judiciales de toda Andalucía.
De esta forma, cerca de 900 guardias civiles van a custodiar este año las sedes judiciales de Andalucía, un servicio que los agentes de este cuerpo prestan desde hace doce años con unos resultados positivos, ha informado la Consejería de Justicia en un comunicado.
Los agentes de la Benemérita aportan su experiencia y profesionalidad en la seguridad de los edificios judiciales andaluces, aprovechando para estas labores la larga trayectoria de estos agentes que se encuentran en la reserva activa, con más 56 años y muchos años de servicio.
La Consejería de Justicia e Interior va a destinar este año 9,7 al pago de este servicio de custodia de las sedes judiciales, en concepto de retribuciones, indemnizaciones y uniformidad de los agentes que realizan esta labor.
Los agentes realizan tareas de control de acceso de personas y material a las sedes judiciales, supervisan los arcos metálicos y escáner, y se encargan de labores de identificación cuando es necesario.
 
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ARGENTINA: Vigilante de Prosegur muere por el Virus Hanta, la empresa niega responsabilidad en su muerte

No tenemos palabras para describir lo que hemos sentido al conocer la triste noticia de la muerte del compañero Raúl Alejandro Lopez, un joven Vigilante de Seguridad Argentino, que trabajaba para la multinacional española de seguridad Prosegur y que falleció a la edad de tan sólo 22 años dejando huérfanos a cuatro hijos a causa del Hanta Virus.
 
Antes de dar a conocer la desgraciada noticia, desde Prosefull.com nos gustaría mostrar nuestra solidaridad y cariño a la familia y compañeros del joven Raúl. Pero no queremos quedarnos sólo ahí. Queremos mostrar nuestra indignación por el comportamiento inhumano que tiene Prosegur hacia sus empleados. En Prosefull.com también tenemos preguntas para Prosegur. Queremos saber si el modelo de gestión empresarial que sigue Prosegur en Hispanoamérica, es el que quiere implantar en España, porque sabemos que muchas de esas malas prácticas se están extendiendo por estos pagos. Y no se molesten en negarlo. Lo sabemos por que lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Las condiciones que se describen en el siguiente artículo ya se dan aquí en España. Y lo saben. Deberían tomar buena nota los Vigilantes españoles. Prosegur dispensa un trato vejatorio y casi criminal a sus empleados siempre que puede, como mostramos a continuación.

Las imágenes son donde desarrollan la tarea diaria los Vigiladores de Prosegur, seres humanos que al parecer para la Empresa no lo son, los 365 días del año en estas chozas aguantando las inclemencias del tiempo sin agua, ni luz, ni elementos de higiene, sin baños, son los trabajadores quienes tienen que proveerse de todo sin que a la empresa Prosegur le importe nada como tampoco haga nada, al parecer Prosegur trata a las personas como si estuviera en la época del colonialismo, los pedidos y solicitudes realizadas por UPSRA quien no solo escuchó a los trabajadores, sus asociados, sino que permanentemente está pidiendo se resuelva esto que sin duda alguna es muy irregular. Hoy tenemos que lamentar la pérdida de una vida humana, la de Raúl Alejandro Lopez (OSO) de 22 años y con 4 hijos, quien murió de Hanta Virus, de esto nos encargaremos más adelante, contándoles quien era ‘Oso’, una persona muy querida y muy conocida, como trabajadora.
Esperamos que por lo menos se comporten bien con los dolientes, tenemos más de medio centenar de fotos para mostrarles como desempeñan sus tareas los trabajadores de Prosegur, poniendo en riesgo sus vidas de manera permanente como dijimos sin que nada inmute en lo más mínimo a la empresa, de hecho la historia del contratante de Prosegur tiene mucho de sentido en esta sintonía, no solo de no importarles casi nada sus trabajadores sino que explotarlos es el objetivo y pagarles sueldos de miseria, recurrir a la represión cuantas veces sea necesario para ‘aleccionarlos’ no respetando ni siquiera al Sindicalismo, como dije tenemos más de medio centenar de imágenes que irán ilustrando las próximas entregas de Radio URBANA, donde cotaremos con lujo de detalles, los padeceres de los trabajadores, Las solicitudes de respuestas por parte de UPSRA quien nuclea a los Vigiladores, Prosegur y su historia y la Seaboard Corporation (Tabacal Agroindustria) sin duda será Imperdible.

Lo tremendo de esto es que la gente de Prosegur como la del Tabacal Agro-industria (Seaboard Corporation) no se dieron por enterados como el Ministerio de Trabajo de Salta, de hecho este último para ir a realizar las inspecciones les quería cobrar el traslado a los que lo solicitaban. Una vergüenza total, lo que pasa es que el maltrato y el desprecio por el trabajador es tal que ni siquiera les importa si este muere, total hay muchos para reemplazarlos, este es al parecer el concepto que tienen Prosegur y Tabacal Agro-industria por quienes les cuidan sus bienes e intereses.

Los reclamos se hicieron, como las solicitudes de inspección casi transformándose en súplicas para que quienes tienen que hacer lo que corresponde lo hagan, lamentablemente no fue así, hoy la familia del Vigilador Raúl Alejandro Lopez tiene que lamentar su pérdida, un joven de 22 años que vio truncada su vida por la insensibilidad de quienes tienen la responsabilidad que el Vigilador cumpla con su tarea en un ambiente óptimo. A continuación verán las solicitudes de respuestas positivas que solicitaba UPSRA advirtiendo que si no se hacía aunque sea lo mínimo podría lamentarse la pérdida de una vida, como ya saben esto ocurrió, cuatro niños quedaron sin su padre, crecerán sin quien los quería y protegía, visto está que a Prosegur y Tabacal Agro-industria (Seaboard Corporation) no les importó.

Las fotos que ilustra el reportaje muestran las condiciones en las que trabajan los Vigiladores de Prosegur y la Seaboard Corporation en Oran-Salta conviviendo con ratas (Hanta Virus), víboras (Cascabel Yarará entre otras), mosquito (Dengue Paludismo), la Mosca de la Leishmaniasis y mucho más.¿Increíble? Es la triste Realidad. Aquí está el requerimiento que se hizo a la empresa Prosegur antes de que muriera el compañero.

Agencia Prosegur S.A
S / D
Estimados Señores, Buenos días a través de este email es para pedirle que tratemos de dar alguna solución al Objetivo 5255-9.
Como podrán ver en las fotos que les estoy enviando es un puesto que no posee las condiciones anoche llovía y gotea más adentro que afuera, ese puesto no pose agua, baños químicos, luz de emergencia, botiquín de primeros auxilios, no cuenta con ningún medio de comunicación como para avisar si te llega a pasar algo, rodeados de todas las clases de insectos que hay en ese lugar víboras, ratas, sapos y mosquitos.
No se olviden que estamos en una zona tropical y que contamos con la enfermedades de hantavirus producida por el orina de la rata, leishmaniosis que se produce por la picadura de los bichos, el vigilador que está en ese puesto está expuesto a la picadura de las víboras que están en el lugar, así que se pide que tratemos de tratar de solucionar ese puesto, es muy insalubre ese puesto y trabajar sin esos elementos que son tan importantes.
Recuerdo la última reunión que tuve con el Sr Lobo Eduardo y López Hernán se habían comprometido en tratar de gestionar para hacerlo de material al mismo para resguardo del vigilador que trabaje en dicho puesto, como ustedes verán ese objetivo está rodeado de plástico cada vez que corre viento no cuenta la protección debida ya que el agua se filtra por todos lados...
Desde ya muchas gracias y a la espera de su respuesta y que haya una solución lo mas antes posible. Sin nada más que agregar me despido de ustedes.....

FUENTE: globedia.com AQUÍ

miércoles, 21 de agosto de 2013

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Entrevista a Juan Antonio Puigserver, Secretario General Técnico del Ministerio del Interior

“La nueva Ley de Seguridad Privada podría aprobarse a finales de este año o principios del próximo”
 La nueva Ley de Seguridad Privada está cada vez está más cerca. Después de muchos años de reivindicación por parte del sector, parece que la reforma de esta norma comienza a llegar a su fin. Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior, estima que el texto definitivo podría ver la luz a finales de este año. Pendiente de los cambios que se puedan producir en su tramitación parlamentaria, Puigserver, que ha liderado el proceso de reforma, explica a Seguritecnia los principales aspectos del cambio legal. - Desde que el ministro del Interior anunciara la reforma de la Ley de Seguridad Privada ha pasado más de un año de trabajo hasta que se ha dado luz verde al Proyecto. ¿Cómo valora todo el proceso que han atravesado hasta llegar al documento actual? El creciente desarrollo que en los últimos años ha tenido la Seguridad Privada, unido a los cambios operados en nuestra sociedad, ha provocado que la Ley de Seguridad Privada de 1992 se haya quedado obsoleta en muchos aspectos, pese a los esfuerzos del sector y de la Administración por adaptarse tanto a las nuevas tecnologías como a las nuevas amenazas y necesidades de seguridad, que exigen unas empresas y un personal más preparados para hacerles frente con eficacia. Reconociendo el avance que la ley vigente supuso hace más de veinte años, se ha considerado que es el momento de abordar la reforma de un sector de gran relevancia como el de la Seguridad Privada, dotándolo de una nueva ley que reconozca su papel como un verdadero socio de la Seguridad Pública en el conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad. El proceso de elaboración de esta norma ha requerido un importante esfuerzo. Se ha hecho un análisis en profundidad de la actividad de seguridad privada; se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida durante todos estos años; se han resuelto problemas planteados por el sector, al que se ha tenido muy presente en todo el proceso; y se ha ido analizando y valorando cómo cambiar aspectos de la regulación vigente para facilitar el desenvolvimiento del sector sin renunciar a las garantías necesarias.De todo ese año de trabajo, el resultado ha sido un texto actualizado y sistemático que regula de forma completa la realidad de los distintos aspectos de la Seguridad Privada, dotándola de un marco legal que permita obtener la máxima eficacia y eficiencia en beneficio de la seguridad común. - Ahora habrá que esperar al debate de los grupos políticos en el Parlamento. ¿Cuándo prevé que salga adelante de manera definitiva la nueva Ley de Seguridad Privada? Es difícil poder anticipar una fecha concreta, ya que la tramitación parlamentaria de la ley puede dilatarse en mayor o menor medida en función, por ejemplo, de la ampliación que puedan sufrir los plazos para presentar enmiendas por los grupos parlamentarios. Hacia finales de año o principios del próximo podría aprobarse. - ¿Qué medidas habilitará la nueva Ley de Seguridad Privada para facilitar la transición con la norma aún vigente? ¿Se establecerá un periodo concreto? Por supuesto que se ha tenido muy en cuenta la necesidad de fijar unos períodos transitorios que permitan al sector adaptarse a las nuevas obligaciones exigidas por la ley, máxime en el actual entorno de crisis. En este sentido, se han fijado unos plazos de adecuación lo suficientemente amplios: de un año para la obtención de la certificación por las empresas que presten sus servicios en sectores estratégicos; de dos años respecto a los requisitos nuevos de las empresas o de los despachos de detectives privados; y de diez años para las medidas de seguridad electrónicas de las empresas de seguridad, de los establecimientos obligados y de las instalaciones de los usuarios no obligados. En cuanto a las habilitaciones obtenidas por el personal de seguridad privada conforme a la vigente ley, mantendrán su validez sin tener que realizar ninguna convalidación o canje alguno. Y las medidas de seguridad física instaladas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma tendrán una validez indefinida, hasta el final de su vida útil, evitando así tener que hacer cambios que suponen desembolsos económicos cuando esas medidas siguen siendo operativas y válidas (únicamente deberán ser actualizadas en caso de resultar afectadas por reformas estructurales de los sistemas de seguridad de los que formen parte). - ¿Cuáles son los principales objetivos que trata de satisfacer el Proyecto? Durante el proceso de elaboración de la ley –teniendo en cuenta que habían pasado veinte años desde la promulgación de la norma vigente–, ante una realidad completamente diferente y un sector maduro y profesionalizado con presencia en todos los lugares y niveles de la vida de este país, lo que sin duda ha estado presente como una prioridad era lograr un texto legal que supusiera un avance en el reconocimiento del principio de complementariedad, a través de la cooperación de la Seguridad Privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), logrando la máxima colaboración entre la Seguridad Privada y la Seguridad Pública. Pero siempre sobre la base de la irrenunciable preeminencia de esta última. Con carácter particular, entre los objetivos de esta ley podría destacarse la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada y la previsión de instrumentos de lucha contra el intrusismo, tanto de las empresas como del personal. Todo ello en un contexto en el que el personal de seguridad privada cuente con la formación, motivación y respaldo jurídico necesarios para el ejercicio de sus funciones. - ¿De qué manera impulsa la nueva ley la colaboración entre el sector de la Seguridad Privada y la Seguridad Pública? La importancia que la ley reconoce a esa colaboración entre el sector de la Seguridad Privada y la Seguridad Pública se pone de manifiesto en su Título I, dedicado en su totalidad a la cooperación. El él se establece la especial obligación de colaboración de las empresas de seguridad, de los despachos de detectives y del personal de seguridad privada con las FCS, para asegurar el buen fin de las actuaciones tendentes a preservar la seguridad pública. Se impone a las empresas y a su personal la obligación de comunicar a las FCS aquella información que sea relevante para la prevención, el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana, con la debida reserva y confidencialidad. A su vez, las FCS podrán facilitar al personal de seguridad privada, en el ejercicio de sus funciones, determinada información que le permita evaluar riesgos e implementar medidas de seguridad. En definitiva, a través de esta ley se refuerza la colaboración profesional entre las empresas y su personal y las FCS. - ¿Qué puntos de la nueva norma registran mayores avances para el sector? Son muchas las cuestiones reguladas que suponen un avance para el sector, aunque sí hay algunos aspectos que se pueden destacar por su especial relevancia. En primer lugar, sin duda, hay que destacar la liberalización de diversas actividades que han quedado fuera del ámbito de aplicación de esta ley; pero que podrán, no obstante, ser desarrolladas por las empresas de seguridad privada. Esto va a permitir que, junto con funciones específicas de seguridad privada, puedan realizar otras actividades complementarias que tienen incidencia directa en el mundo de la seguridad, abriendo así vías a la libertad empresarial y a las relaciones laborales. Entre esas actividades compatibles se ha incluido la planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada que, hasta el momento, era una actividad exclusiva de seguridad privada.En cuanto al personal, además de eliminar el inadecuado y distorsionador periodo de inactividad, que tantas dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporación al sector del personal, ha sido un avance importante ampliar el modo de acceso, admitiendo, junto con el sistema actual basado exclusivamente en las pruebas establecidas por el Ministerio del Interior, una segunda vía de acceso, a través de la formación profesional reglada para las profesiones de vigilantes y guardas y sus respectivas especialidades, y una formación de grado universitario oficial para las profesiones de jefe, director de Seguridad y detective privado, así como una tercera vía con los certificados de profesionalidad. Accede a la entrevista completa publicada por Seguritecnia AQUÍ
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SENTENCIA FIRME CONTRA RUYTEL SEGURIDAD S.L.

Exponemos la sentencia , ya firme, del compañero José Pérez Terrada, (VIGILANTE DEL MERCADO DE ABASTOS DE PUERTO REAL). La indemnización por despido asciende a 82.661,76 euros, dado que esta empresa no tiene posibilidad de recolocación, ahora estamos intentando que el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real atienda la petición de embargo de facturación emitida por el juzgado y al menos pueda cobrar algo de la cantidad expuesta, ya que la empresa Ruytel se declara insolvente y finalmente será el fondo quien pague.  

lunes, 19 de agosto de 2013

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La nueva Ley de Seguridad Privada, un blindaje necesario para el futuro

Las compañías de seguridad privadas están satisfechas con la nueva ley, actualmente en trámite parlamentario, que reconoce al vigilante como agente de la autoridad y potencia su colaboración con las fuerzas públicas
Era necesaria porque los tiempos y, con ellos, las necesidades, han evolucionado. Es la sensación generalizada en torno a la nueva Ley de Seguridad Privada, cuyo proyecto de ley aprobó el Consejo de Ministros el pasado junio y que se encuentra en trámite parlamentario. El sector llevaba años demandando la reforma de la ley, vigente desde 1992, y está satisfecho con el nuevo marco. “Incorpora el reconocimiento del vigilante de seguridad como agente de la autoridad y potencia la colaboración entre éstos y las fuerzas de Seguridad del Estado”, subraya Ángel Córdoba, presidente de la patronal Aproser. “La norma es más abierta que la anterior.
También contempla la ampliación de las zonas de acción de los vigilantes a espacios como las calles aledañas a tiendas y centros comerciales que disponen de seguridad. Antes, su marco de vigilancia se limitaba al interior de los espacios”, explica. Uno de los casos más recientes de esta ampliación se dio en la pasada festividad de San Juan en las playas de Cádiz, donde el Ayuntamiento contrató seguridad privada para actuar junto a la Policía Local y Nacional. Con la nueva legislación a las puertas, el sector mira adelante en un momento delicado por la caída del negocio y por unas presiones sobre el precio cada vez mayores. Según Aproser, en 2011 la facturación fue de 3.215 millones de euros, lo que supuso una caída del 5% frente a 2010 y del 25% en relación al inicio de la crisis, en 2008. “Estimamos que la caída llegó al 10% en 2012 respecto al año anterior”, apunta Córdoba.
Las compañías se enfrentan al desplome de los contratos con la Administración y a una exigencia cada vez mayor del cliente por seguir contratando seguridad de calidad, pero a un coste muy ajustado. “Los precios han caído en torno a un 15% en los últimos años”, apunta Luis Posada, consejero delegado de la sueca Securitas, presente en España desde 1992. “Los servicios en la Administración, uno de los clientes tradicionales, se han reducido entre un 20% y un 25%”, añade. “Estamos haciendo un gran esfuerzo por adecuar la tarifa de los servicios a los clientes, sin que se resienta la eficacia. Además, nos estamos adaptando a la nueva mentalidad de las compañías sobre seguridad: la cobertura debe combinar vigilancia física con sistemas tecnológicos. Antes se basaba la seguridad sólo en la vigilancia física”, explica. Securitas tiene una facturación anual de 510 millones de euros en España y una plantilla de 17.000 empleados. El metro de Barcelona, el aeropuerto de Barajas y El Corte Inglés son algunos de sus clientes.
Las españolas Eulen Seguridad y Grupo Norte intentan igualmente reenfocar sus negocios para no perder clientes. Estas compañías juegan con la ventaja de pertenecer a grupos con otras divisiones de negocio como servicios de limpieza y catering, que pueden equilibrar áreas más afectadas por la caída de las ventas. Alberto García, director de Grupo Norte, explica que la estrategia actual de la firma vallisoletana es la expansión nacional, para pasar de ser una empresa focalizada en Castilla y León a tener presencia en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Barcelona. “Conseguimos crecer cuatro millones de euros el pasado año, hasta los 26 millones”, subraya. Entre otras, la compañía presta servicio a las plantas españolas de Leche Pascual y Campofrío.
Ya consolidada en el mercado español y con unas ventas de 312 millones en 2012, Eulen Seguridad está focalizando gran parte de sus esfuerzos en los otros 13 países donde tiene presencia, que aportan el 25% del negocio. “Nuestra intención es alcanzar el 50% en 2015. Chile y México son mercados que están funcionando muy bien, y estamos empezando a trabajar en los países árabes, prestando servicios en plataformas petroleras y barcos de defensa”, explica Emilio García, director de la compañía. Desde hace años, el negocio exterior es un pilar clave en la estrategia del líder nacional, Prosegur, con 943 millones de euros en España el pasado ejercicio.

La compañía ha comprado varias empresas en los últimos años en Alemania, Brasil, India, Singapur y China. “En 2012, Prosegur adquirió nueve firmas por un importe que ascendió a los 288 millones de euros”, señalan desde la empresa. Con una trayectoria de más de 35 años de historia, Prosegur tiene una plantilla de 150.000 empleados en 16 países. Una de sus señas de identidad es su esfuerzo por ofrecer continuamente los últimos sistemas tecnológicos.
La unión de fortalezas también es clave para el grupo Seguriber Umano, nacido de la unión de ambas firmas en 2012. La compañía ingresó 148 millones de euros el pasado año y cuenta con 5.240 empleados. Dada la fuerte atomización del sector en España, integrado por casi 1.500 compañías, las sinergias de este tipo permiten duplicar y fortalecer capacidades, aseguran desde la firma.
FUENTE: Actualidad Económica AQUÍ
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ANDALUCIA: El sector sanitario, de guardia ante las agesiones

Para mejorar la seguridad de los sanitarios se destinan entorno a 600 vigilantes de seguridad a los centros de atención sanitaria
La recepción de una mala noticia, la larga espera para ser atendidos, la pérdida de documentación por parte de la administración y la ausencia de respuesta ante la inquietud por la enfermedad son situaciones que pueden generar estrés en los pacientes de los centros sanitarios. En algunos casos, el descontento y la frustración por no recibir lo que se espera degenera en agresiones hacia el personal de ambulatorios y hospitales públicos andaluces. Desde enero a junio de este año se han registrado un total de 98 denuncias por agresiones en ambulatorios y hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), prácticamente la misma incidencia que en 2012, cuando se contabilizaron 214 a lo largo del año. Los profesionales más vulnerables siguen siendo los enfermeros y los celadores, los más expuestos en la atención al público.
Málaga, donde se registraron 35 casos, es la provincia con mayores incidencias, seguida de Sevilla (25) y Cádiz (15). Lejos quedan Granada, Almería y Córdoba con 6 denuncias, Jaén con s5 y Huelva con ninguna. En 2005 el Servicio Andaluz de Salud (SAS) instauró un plan de prevención de agresiones que, además de contabilizar estas, incluye asesoramiento al personal sobre qué hacer ante una situación de violencia e incluso ayuda jurídica y psicológica a los profesionales que las sufren.
El SAS ha invertido desde entonces más de 160 millones de euros en la implantación de dispositivos tecnológicos para dar confianza a los profesionales: 2.000 timbres y 3.50 botones antipánico;1.446 interfonos, 1.559 teléfonos directos con seguridad; 555 salidas alternativas y 1.191 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos. Los botones antipánicos son una clave de seguridad que se activa en el teclado del ordenador y que permite dar aviso inmediato frente a situaciones conflictivas. Hay 66 GPS en dispositivos móviles instalados en ambulancias. También hay en torno a 600 vigilantes de seguridad en los centros sanitarios.
El plan de prevención, elaborado en cooperación con organizaciones sindicales y facultativos en sintonía con las directrices establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, establece un protocolo para saber cómo actuar sobre todo para evitar que un familiar o paciente llegue a la violencia. Los profesionales reciben formación sobre cómo promover el respeto entre profesionales y los usuarios, cómo recibir una crítica, dar una mala noticia y manejar el estrés, entre otras. También cómo defenderse, llegado el caso extremo. Según datos del SAS, el plan ha permitido el registro de las agresiones desde 2005. Desde ese año se han contabilizado un total de 1.734: el 52% se han dado en Atención Primaria (donde se realiza el 65% de la actividad asistencial) y el 48% en hospitalaria. El 80% de los episodios se produce contra personal sanitario y el 20% contra personal no sanitario. Dentro del personal sanitario, el de enfermería es el que registra mayor número de agresiones; entre los no sanitarios son los celadores los más vulnerables.
Fiscalía En la política para paliar los efectos de las agresiones es significativa la colaboración de la Justicia. En 2007 la Junta inició conversaciones con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús Calderón, para ver la manera en la que los acusadores públicos pudieran encajar las agresiones a los facultativos y personal sanitario como un delito de atentado hacia un funcionario de la administración pública. Las conversaciones tuvieron efecto, según reconoció la consejera de Salud, María Jesús Montero, en el Parlamento el pasado abril.

En su comparecencia ante la comisión de Salud y Bienestar Social, Montero reconoció que los órganos judiciales «han demostrado una gran sensibilidad», aumentándose el número de condenas de este tipo durante los últimos años. Montero ofreció los siguientes datos que sirven de ilustración de esa «mayor sensibilidad». En 2009, dos años después de iniciadas las conversaciones, solo hubo tres condenas de delito por atentado. En 2012, se vieron 245 denuncias ante los tribunales, de ellas se registraron 201 sentencias condenatorias, de las cuales 21 lo fueron por delito de atentado. El incremento en este último extremo ha sido del 86%. En aquella comisión, Montero anunció que el plan de prevención de agresiones se adaptaría a cada centro de salud y hospital, según la casuística de cada uno.

viernes, 16 de agosto de 2013

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Prosegur reduce su beneficio semestral un 11,8%, hasta 62 millones, en España se produjo una bajada de un 5,5%


Prosegur obtuvo un beneficio neto consolidado de 62 millones de euros en el primer semestre del año, cifra inferior en un 11,8% a la del mismo periodo de 2012, cuando la compañía de seguridad privada ganó 70 millones de euros. La compañía ha destacado que el descenso de su beneficio hasta junio (-11,8%) es inferior al que registró al finalizar marzo (-18%), según ha informado este viernes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
 
El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Prosegur se situó entre enero y junio en 188 millones de euros, un 0,7% más. No obstante, a tipo de cambio constante, el Ebitda de la compañía mejora un 5,4%. Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) bajó un 8,3%, hasta los 126 millones de euros. Las ventas de Prosegur ascendieron a 1.840 millones de euros en el primer semestre, con un crecimiento del 5% sobre el mismo periodo del año pasado, en el que la facturación de la compañía fue de 1.753 millones de euros.

En España, la facturación de la empresa de seguridad privada registró un descenso del 5,5%, hasta los 447 millones de euros, dato que contrasta con el crecimiento logrado en Alemania, del 3,2%, hasta los 76 millones de euros. Los ingresos de Prosegur en China, India y Singapur aumentaron más de un 54%, mientras que la facturación lograda por el grupo en Latinoamérica se incrementó un 9,2%, hasta los 1.115 millones de euros, pese a la devaluación del real brasileño y del peso argentino y el repunte de los costes laborales en Brasil. La compañía ha destacado además que durante la primera mitad del año consiguió reducir su endeudamiento en 51 millones de euros, incrementar la generación de caja y mejorar márgenes.