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lunes, 29 de diciembre de 2014

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Como todos los años, la gran inocentada a los trabajadores de la seguridad privada se la hicieron ¡ANTES DE TIEMPO!



No es la primera vez. Es más, en los últimos años se ha convertido casi en una costumbre adelantarle a los trabajadores de la seguridad privada la inocentada propia de los 28 de diciembre. En esta ocasión, aunque el timo se fraguó mucho antes, fue el pasado 23 de octubre cuando las patronales y los sindicatos de siempre le quisieron gastar una pesada broma a todo un colectivo de trabajadores, que se quedaron boquiabiertos buscando un supuesto "cambio de tendencia" en la firma del convenio 2015.
Efectivamente, en los distintos comunicados lanzados tras el acuerdo entre las patronales del sector y los sindicatos UGT, CC.OO y USO para el convenio 2015, no se cansaron de vendernos como un auténtico hito la subida del 0,5 % en las tablas salariales pactadas. Además anunciaron a bombo y platillo que el convenio 2015 era solo el comienzo de algo que en el futuro podría ser maravilloso, que iba a servir como marco transitorio para abordar la próxima negociación y que situaba las pautas del grueso del convenio en el intento, por parte de las organizaciones sindicales, de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores perdido en los últimos años.

Auténtica tomadura de pelo digna de una broma pesada de las que se gastan en el día de los santos inocentes, porque la miserable subida de 0,5 % no alcanza ni siquiera para ser considerada como cambio de tendencia. Solo desde el punto de vista de una persona interesada en justificar por todos los medios un acuerdo desastroso, cabe la posibilidad de que se tenga en consideración un incremento salarial de poco más de un cero por ciento. Para la mayoría de los currantes de la seguridad privada, el convenio 2015 es un nuevo retroceso y un engaño más. Y lo decimos porque aunque en su fecha el recorte en las pagas extras se vendió como algo transitorio, en el próximo convenio siguen igual de recortadas y porque la Disposición Adicional Segunda referente al día de asuntos propios del convenio 2012-2014 tenía previsto que a partir del 1 de enero de 2015 adquiriría por fin consideración de jornada efectiva de trabajo y, como ya todos saben, en el convenio pactado finalmente lo han dejado tal y como estaba hasta ahora.

Una negociación cerrada en apenas un mes, del que salieron unos acuerdos que, estudiados a conciencia en su conjunto, esconden una realidad totalmente distinta a la que nos han querido vender desde la mesa de negociación colectiva: otro año más de bajada de salario. Las cuentas están ahí y ya las hemos subrayado varias veces, pero no está de más volver a repasarlas: la subida del 0.50 % en el anexo de la tabla salarial es de 5.34 € mensual, lo que sumaría aproximadamente 80 € al año, pero si a esos raquíticos 80 € le restamos los pluses de transporte y vestuario que nos dejan de abonar en las pagas extras (83.11 + 82.30 = 165.41 X 3 Pagas, 496.23 €) y una media de 60 € por la pérdida del día de asuntos propios como tiempo efectivo de trabajo, tenemos la cruda realidad para nuestros bolsillos, una nueva pérdida de poder adquisitivo que ronda los 500 euros al año.

Lo dicho, la gran inocentada para el colectivo de trabajadores de la seguridad privada la volvieron a hacer antes de tiempo. Una pesada broma que le saldrá, nuevamente, muy cara al bolsillo de los asalariados del sector.

domingo, 28 de diciembre de 2014

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Los jueces eximen a los vigilantes privados de identificarse con su dni

La Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional ha anulado, en una sentencia hecha pública hoy, la obligación de que los vigilantes de seguridad privada deban identificarse con su número de DNI, al entender que esta medida “pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han anulado en consecuencia la orden emitida en febrero de 2011 por el Ministerio del Interior sobre personal de seguridad privada, que estableció que el número de tarjeta de identificación profesional debía coincidir con el número de DNI o con el Número de Identificación de Extranjero.
Esta medida fue recurrida por Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y por la Unión Nacional de Trabajadores al entender que vulneraba la legislación en materia de protección de datos y ponía en riesgo la privacidad y la seguridad de los vigilantes privados. Los recurrentes alegaban que la medida “conlleva el riesgo añadido para los trabajadores de seguridad privada al tener que exhibir su número de Documento Nacional de Identidad a delincuentes y personas de todo tipo”.
"SECRETO AMPARADO"
Los magistrados de la Audiencia Nacional, presididos por José Luis Gil Ibáñez, han dado ahora la razón a los recurrentes al concluir que la inclusión en la tarjeta de identificación de los vigilantes de seguridad privada del número del DNI y la obligación de mostrársela a terceros “supone una infracción del deber de secreto amparado por la legislación de protección de datos”.
“La manifestación de estos datos conjuntos, en cuanto permiten identificar al vigilante de seguridad, pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”, indica la sentencia hecha pública hoy.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional concluyen que no “indispensable para dicha identificación que el número de su tarjeta sea el mismo número de su DNI, pudiendo ser otro distinto”. Anulan en consecuencia la orden dictada por el Ministerio del Interior.

 
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El Gobierno quiere cambiar policías por escoltas para controlar a hinchas del fútbol

 
Las propuestas iniciales de la ley de Seguridad Privada y de la de Seguridad Ciudadana provocaron un conjunto de críticas sociales y de distintos organismos consultivos, que consideraron cuando menos controvertidos algunos de los puntos planteados por el Gobierno. De hecho, algunos de ellos fueron matizados y otros directamente eliminados de los primeros borradores tras las críticas.
Fue el caso de una de las medidas más polémicas planteadas por el Gobierno en la redacción de la Ley de Seguridad Ciudadana. Basándose en el espíritu de la Ley de Seguridad Privada, que ampliaba las funciones de las empresas, el Ejecutivo propuso inicialmente que la primera norma permitiera a los vigilantes “colaborar” con la Policía en el control de manifestaciones y reuniones. La idea, sin embargo, provocó quejas tanto en la sociedad como en dos de los órganos consultivos a los que el Ministerio del Interior les pidió opinión, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Ambas entidades, aunque no dijeron que la iniciativa fuera inconstitucional, sí recordaron que el control de las protestas ciudadanas era competencia de las fuerzas de seguridad públicas: Policía Nacional, Guardia Civil o cuerpos autonómicos, según el caso. La advertencia fue tenida en cuenta por el Ministerio del Interior, que decidió echar marcha atrás en su propuesta y retirar la coletilla del artículo 23 del texto legal, que decía que “las empresas y el personal de seguridad privada están obligados a colaborar eficazmente” con la Policía en el control de masas.
La ampliación de las competencias posibilitaría otro tipo de aplicaciones, como la protección de hinchas, la repatriación de inmigrantes, el traslado de reclusos o el control de manifestaciones, siempre que estas últimas estuvieran compuestas por un grupo 'homogéneo' de individuosSin embargo, esa marcha atrás podría estar reconsiderándose de nuevo. Los técnicos del Ministerio del Interior elaboran actualmente el reglamento de la Ley de Seguridad Privada y, según ha sabido El Confidencial, pretenden introducir en él un concepto al que denominan “escolta grupal”. Con este término, el Gobierno tiene la intención de ampliar las competencias del profesional de la protección de personas, denominado comúnmente como guardaespaldas, con el fin de que no solo se le pueda asignar la seguridad de un ciudadano, sino de un grupo “homogéneo” de individuos.
En teoría, Interior pretende así dar cobertura legal a un escolta para que, por ejemplo, proteja a un grupo de música y no solo al cantante, como contempla la regulación actual, que hoy por hoy fuerza al conjunto a contratar un profesional por cada miembro de la banda. De este modo, un solo guardaespaldas estaría habilitado para mantener la seguridad de todo el grupo.
En la práctica, sin embargo, la ampliación de las competencias a esta figura posibilitaría otro tipo de aplicaciones, como la protección de un conjunto de hinchas de un equipo de fútbol, la repatriación de inmigrantes, el traslado de reclusos o el mencionado control de manifestaciones, siempre que estas últimas estuvieran compuestas por un grupo “homogéneo” de individuos. Así lo admiten las fuentes consultadas, que recuerdan que el Ministerio está trabajando estos días en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, que estará listo previsiblemente para el próximo mes de marzo o abril.
 
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Sancionan a dos bancos porque las cámaras de seguridad grababan parte de la vía pública

La Audiencia Nacional multa a La Caixa con 20.000 euros y al Banco Popular con 40.001 euros por recoger imágenes indebidas.
La Audiencia Nacional ha condenado a La Caixa con 20.000 euros y al Banco Popular con 40.001 euros por recoger imágenes indebidas con sus cámaras de seguridad.
En el caso de Caixabank, son cuatro de las siete cámaras instaladas en la oficina de la calle José Manuel Murguía de A Coruña. Las imágenes tomadas registraban, además de los accesos al establecimiento, parte del espacio público bajo los soportales.
La sentencia recoge que incluía "a clientes y a terceras personas que transitaban por el mismo, más allá de lo que resultaba imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretendía".
La firma precisa que la denuncia partió de un particular, lo que finalmente motivó que la Agencia Española de Protección de Datos impusiese a Caixabank una multa de 20.000 euros.
Asimismo, la Audiencia Nacional ha condenado también a pagar 40.001 euros de multa a Banco Popular Español S.A. por haber tomado imágenes en la vía pública sin la autorización de los transeúntes. Las cámaras de seguridad exteriores de sus oficinas situadas en la calle Velázquez de Madrid y en el Paseo de Gracia de Barcelona han vulnerado el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
La falta cometida por el Banco Popular es catalogada por el artículo 44.3 LOPD como "infracción grave" y podría haber supuesto para la entidad el pago de una multa de hasta 300.000 euros, aunque finalmente ha recibido la de menor cuantía posible dentro de este rango de sanciones.
 

viernes, 26 de diciembre de 2014

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Segur Ibérica paga las nóminas atrasadas a los vigilantes de Falcon en ADIF

SEGUN LA WEB DE SNT,
Le ha llegado una imágen por las redes sociales donde podemos leer que Segur Ibérica subroga a trabajadores de FALCON (entendemos que son del servicio ADIF) según el Convenio Colectivo, y que además adelanta la nómina de diciembre y la paga extraordinaria de Navidad, conceptos que no habían cobrado los vigilantes de seguridad de casi toda España.
Segur Ibérica les adelanta el pago, con la condición de que los trabajadores denuncien esas cantidades a FALCON, y una vez lo cobren de la empresa denunciada, éstos se la reintegren a Segur Ibérica.
Tenemos que decir, que nos parece justa esta propuesta, y no sabemos si ADIF habrá tenido algo que ver con esto, por el miedo a los paros convocados por los vigilantes de seguridad en plenas navidades, de esa u otra forma nos alegramos que los exvigilantes de FALCON puedan, en la medida de lo posible, pasar las navidades con algo más que la impotencia de acudir a tu puesto de trabajo sin recibir salario alguno.
 
 
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Contratar a guardas de seguridad ‘piratas’ tendrá multas de hasta 600.000 euros


La multa es triple. Destinada al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de este cuerpo consultadas por El Confidencial.
Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada. Aún falta por desarrollar el reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de 2015. En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y 17 son “muy graves”.
 
El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresao despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.
 
Alerta de los administradores de fincas Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica a este diario el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.

El intrusismo alcanza tal calibre que en una urbanización, relata Pastor, un hombre vestido con un mono azul y una lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente de la Policía que le preguntó cuál era su función. Argumentó que pertenecía al equipo de mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra, también vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes policiales.

“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad, determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el procedimiento. En muchas ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya la Policía.
 
La ley potencia la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante puede también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del Interior como los profesionales de la seguridad, que además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas. Esta normativa permite que los vigilantes privados actúen en más espacios y aumenten sus oportunidades de negocio. Actualmente hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por separado. En 2012 facturaron más de 3.200 millones de euros.

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El niño que dejó impactado a un Papa Noel... muy especial


© Antonio Cid para SPV Sevilla.- Hay muchos niños que este año se están animando y además de pedirles juguetes en su carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, escriben unas letras con sus deseos para su entorno familiar, siguiendo la moda del spot navideño promovido por una famosa marca de mobiliario sueca, que este año está rompiendo todos los registros en la red. Así no es extraño que junto a los cacharros y artilugios de moda de cada año, los niños escriban ahora en sus cartas los más insospechados deseos destinados a sus padres, o que soliciten peticiones para que algún problemilla de salud o de otra índole de sus seres más queridos sean solucionados a través de la magia de la Navidad.
Algo de esto ocurrió el otro día en un centro comercial cuando un niño, después de aguantar una larga fila, abordó decididamente al Papá Noel de turno, que estaba sentado en un trono dentro de un enorme decorado que simulada un lugar nevado.¿Y tú nene, que quieres para la noche de San Nicolás? El listo niño empezó a relatar de memoria su larga lista de juguetes seleccionados a conciencia para terminar con un deseo que dejó impactado al figurante: "pido trabajo para mi padre que es vigilante de seguridad y ya se le va a acabar el paro... y un saco de carbón para quienes han convertido la seguridad privada en un sector tercermundista".

Papá Noel levantó la mirada buscando a los progenitores del niño rebelde. Los localizó finalmente en una esquina del decorado, reconocidos porque estaban intentando inmortalizar la escena navideña con sus teléfonos móviles. Cuando el niño se decidió a dejarle sitio al siguiente de la cola, al Papá Noel se le quedó un pensamiento rondando en la cabeza, a la espera de recibir en sus brazos a un peque con solo unos meses de vida ¿Cuántas amarguras y cuántos lamentos habrá tenido que escuchar el niño rebelde en su casa para conocer de primera mano lo que se cuece en la seguridad privada?

Terminada su jornada de tarde, el impostor de Papá Noel se dirigió a los vestuarios del personal que trabajaba en el centro comercial para cambiar el traje rojo por su vestimenta de paisano. Apresuradamente, pasó por su casa por unos minutos y casi sin tiempo de demora se despidió nuevamente de su familia. De camino a su nuevo destino, recordó la espontaneidad del niño que le había sorprendido unas horas antes, sin dejar de reconocer la gran verdad que se escondía detrás de la rara petición navideña.

Llegó a su ocupación nocturna, el verdadero trabajo, aparte de las horillas extras que sacaba en el centro comercial vestido de rojo para completar su bajo salario. No dejó de sorprenderse de que el niño conociese tan a fondo la que era su verdadera profesión y la de miles de trabajadores que desarrollan su actividad en el mismo sector. Sí, la tremenda ironía del Papá Noel que trabajaba de vigilante de seguridad en una fábrica con horario nocturno, es que cualquiera de sus dos hijos bien podían haber ocupado el lugar del niño rebelde que le pidió carbón para aquellos que habían convertido su profesión en un auténtico lodazal. ¡Maldita Precariedad!
 
© Antonio Cid para SPV Sevilla
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Golpe de 200.000 euros en la terminal de carga de Barajas

Una banda se lleva seis palés de una furgoneta cargada de móviles y tabletas de última generación.
Ocurre en cualquier época del año pero en estas fechas suele haber un repunte. Los robos a camiones de mercancías son casi un clásico que vuelve cada año por Navidad. Los más cotizados son, sobre todo, los que van cargados de juguetes, jamones, o embutido ibérico y, especialmente, material electrónico. Este último fue el caso del último camión sustraído en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, concretamente en el centro de carga aérea del aeródromo. La perjudicada ha sido la empresa Transjunior, que denunció el robo de una furgoneta Mercedes modelo Sprinter con matrícula HYT, que se encontraba estacionada en el hangar de la empresa en el aeropuerto cargada de móviles y tabletas. Según declararon ante agentes policiales, el robo se produjo hace dos fines de semana, entre las 20:15 horas del viernes 12 y las 23:15 del domingo 14 de diciembre. Al parecer, la furgoneta tenía las llaves puestas y la puerta del hangar estaba abierta, por lo que los ladrones no lo tuvieron demasiado complicado. En el interior había seis palés de material de telefonía móvil marca Samsung y varias tabletas electrónicas de la misma marca. La empresa ha valorado el total de lo sustraído en 202.200 euros.
Las víctimas, según recoge la denuncia policial, son Viorel Danaila –propietario de la furgoneta– y Carlos Benavente, responsable de la mercancía al ser el director de Transjunior–. Dentro del trastorno que supone una pérdida de estas características, la furgoneta apareció. A través del GPS se pudo localizar en la calle Quintanavides. Eso sí, los móviles habían desaparecido. El clásico modus operandi, ya que los cacos saben que es muy fácil localizar el vehículo robado, por lo que se aseguran de estar ya lejos de la zona del robo para hacer el traspaso de la mercancía a un vehículo «seguro» y dejar la furgoneta robada abandonada en cualquier lugar.
En esta ocasión el «pase» fue en Valdebebas, muy cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, una información que también pudo conocerse gracias al navegador que lleva el vehículo instalado. Según el mismo, la furgoneta estuvo parada entre 8 y 10 minutos en Valdebebas y, porteriormente, uno de los miembros de la banda la condujo hasta la calle Quintanavides, donde la dejó abandonada para ser recogido en ese momento por otro compañero y abandonar cuanto antes lo único que les vinculaba con el robo.
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En todo el recorrido apenas tardarían 20 minutos. Desde el aeropuerto de Barajas hasta el primer punto, donde traspasaron la mercancía robada a otro vehículo, apenas hay 15 minutos en coche (son menos de 10 kilómetros y de madrugada no hay mucho tráfico) y desde Valdebebas hasta la zona donde abandonaron la Sprinter, en la calle Quintanavides, no hay ni cuatro kilómetros.
Los agentes de Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación del suceso y, aunque se cree que los delincuentes habrían intedado colocar los artículos en el mercado negro –en estas fechas, los móviles y tabletas «tiradas de precio» se venden en seguida–, los propietarios estarían analizando el código de esa partida ya que cada móvil tiene un número concreto, con el que sería posible localizarlos. Y es que cuando ocurre un robo de estas caraterísticas, se da aviso a compañías telefónicas para que no puedan dar de alta esas terminales robadas.
 
La ciudad del transporte aéreo
- Operativa las 24 horas de los siete días de la semana, la terminal de carga de Barajas (de 40 hectáreas de superficie) aloja a más de 125 empresas relacionadas con el transporte aéreo de mercancías.

Naves que almacenan suculentos botines

2008: El asalto de los Guardias Civiles «full»

No es la primera vez que los cacos eligen la terminal de carga del aeropuerto. En 2008 dos hombres disfrazados de guardias civiles se hicieron con otro camión cargado con teléfonos móviles. En aquella ocasión los asaltantes persiguieron al camionero en un vehículo que previamente habían robado, al que dieron el alto en las inmediaciones de Barajas, y posteriormente le obligaron a desviarse de su ruta para desvalijar el contenido de su caja.
2010: Robo de móviles por 3 millones de euros

Dos años después, mismo escenario, mismo suculento botín (13.000 móviles y material informático). Entonces la Policía logró detener a cinco integrantes de una banda que también operaba en el centro de mercancías del aeropuerto. Incautaron dos camiones y tres vehículos de alta gama. El importe de la mercancía sustraída en el mercado (en la imagen) podría haber superado los 3 millones de euros.
2014: Atraco a una nave con hachas y pistolas

El pasado verano cinco encapuchados entraron armados con hachas y pistolas en la nave de otra empresa del polígono aledaño a Barajas que igualmente se dedica al transporte de mercancías. En este caso la resistencia de los trabajadores, a los que sorprendieron durante su entrada y que se negaron a facilitar el robo llegando a ser agredidos por los delincuentes, logró frustar el asalto.
 

jueves, 25 de diciembre de 2014

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ADIF retiene el dinero adeudado a Falcon a la espera de que justicia decidiera si puede dedicarlo a nóminas de empleados

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha procedido a retener el dinero que le adeuda a Falcon Contratas y Seguridad, empresa adjudicataria del servicio de vigilancia en algunas estaciones en la zona sur, principalmente en Andalucía y Castilla-La Mancha, a la espera de que la justicia, si los trabajadores acuden a ésta, pueda decidir que ese montante económico pueda destinarse al pago de las nóminas que la empresa de seguridad le debe a la plantilla.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha procedido a retener el dinero que le adeuda a Falcon Contratas y Seguridad, empresa adjudicataria del servicio de vigilancia en algunas estaciones en la zona sur, principalmente en Andalucía y Castilla-La Mancha, a la espera de que la justicia, si los trabajadores acuden a ésta, pueda decidir que ese montante económico pueda destinarse al pago de las nóminas que la empresa de seguridad le debe a la plantilla. De esta manera responde ADIF a la petición de los trabajadores para que el ente público rescindiera el contrato con la empresa adjudicataria del servicio de seguridad y ADIF se hiciera cargo de las deudas que tiene con la plantilla, que suman ya unos 5.000 euros por persona.

Según los representantes sindicales Falcon adeuda a los trabajadores la mensualidad de noviembre y media paga extra de verano, además de horas extraordinarias, y todo indica que tampoco les va a abonar la paga extra de Navidad, ni la del mes de diciembre, por lo que la plantilla ha decidido iniciar movilizaciones de protesta con paros parciales y una concentración este martes. La empresa obtuvo la adjudicación del servicio de seguridad de ADIF en Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid el pasado julio e inició el trabajo en septiembre.

Para la plantilla, no se explica que en septiembre la empresa estuviera al día en los pagos a la Seguridad Social (SS), requisito indispensable para acceder al contrato, y solo dos meses después "admita tener una deuda de más de 12 millones de euros con la SS y Hacienda". Ante esta situación, la plantilla teme que Falcon pierda el contrato con ADIF y los más de 350 trabajadores afectados en Andalucía se queden sin cobrar. En este contexto y según han explicado fuentes de ADIF a Europa Press, Falcon ha renunciado a continuar con el contrato de servicio porque "no podía continuar prestando esos servicios en las condiciones fijadas en el contrato". Como consecuencia de esa renuncia de Falcon, ADIF "se ve obligada" a rescindir el contrato. Igualmente, las citadas fuentes del empresa pública ferroviaria han asegurado que han analizado la petición de los trabajadores de que ADIF "se hiciera cargo subsidiariamente de las nóminas que adeuda Falcon". No obstante, de momento ADIF ha decidido, "con el fin de evitar daños a los trabajadores", retener los pagos pendientes que le adeuda a la empresa de seguridad.
Las fuentes del ente ferroviario han precisado que retendrán los pagos adeudados a la espera de que la justicia "tome cartas" en el asunto y determine si se pudiera destinar ese dinero para hacer frente a las nóminas de los trabajadores. Todo ello, dependiendo de que la plantilla acuda a la jurisdicción social. ADIF ha reconocido que la decisión de Falcon "de dejar de prestar los servicios" "perjudica a la propia ADIF y a los trabajadores". En este sentido, han vuelto a resaltar que esperan a que un juez competente decida sobre el asunto y poder usar ese dinero retenido para el pago de las nóminas retrasadas. "Lo que hace falta es que los trabajadores vayan a la jurisdicción social y denuncien y que la justicia determine el pago de la nómina con el dinero retenido", ha reiterado. ADIF, por último, ha indicado que ahora el ente ferroviario tendrá que proceder a adjudicar de nuevo el servicio acudiendo a las empresas que participaron en el concurso y quedaron por detrás de Falcon en la selección. "ADIF también es perjudicada y muchísimo en este asunto", ha concluido.

miércoles, 24 de diciembre de 2014

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El reglamento de seguridad privada entra en su última fase


En la reunión mantenida recientemente entre los sindicatos profesionales de Sevilla con la Subdelegada del Gobierno se nos anunció que las estimaciones que se barajaban eran que el Reglamento de Seguridad Privada pudiese estar preparado para ver la luz en marzo de 2015, justamente un año después de la aparición de la 5/2014 ley de Seguridad Privada, cuya aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados se produjo el 28 de Marzo de 2014 y finalmente quedó publicada en BOE días después, el 4 de abril de 2014.
La patronal del sector elogió desde su aprobación la nueva ley que regula el sector, a la que no dudaron en calificar como una normativa que generaba nuevas oportunidades para el negocio de la seguridad privada. Igualmente de satisfechos se quedaron con el acuerdo que suscribieron con los sindicatos UGT, CC.OO y USO para el convenio del 2015, que supondrá para los trabajadores una pírrica subida del 0,5 %, además de la consolidación de los recortes de pluses en las pagas extras y la eliminación definitiva de la retribución del día de asuntos propios.
Con la elaboración del reglamento que desarrolla la nueva ley tampoco se han quedado parados los empresarios del ramo, que organizaron en noviembre un congreso por todo lo alto para debatir el futuro de la profesión. El mismísimo Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que asistió a este evento, no tuvo reparos en posar en el fotocall de entrada con lo más granado de la patronal. Ni de escuchar "in situ" las propuestas elaboradas por los responsables de las principales empresas de seguridad para incorporarlas al reglamento. Ahora, coincidiendo con las estimaciones gubernamentales para la publicación definitiva del nuevo reglamento de seguridad privada, se organiza en marzo del próximo año el I Congreso de Jefes de Seguridad Privada, un marco incomparable para recibir esta nueva regulación del sector. Parece que todo está medido al centímetro y que nada se deja a la improvisación.
La patronal del sector está que se sale. Una buena ley, un mejor convenio y ahora a por la guinda, una regulación que se adapte como un traje a medida a las necesidades de las empresas del sector. Mientras tanto, a los trabajadores nos toca seguir lidiando con la precariedad laboral, la inseguridad y el reguero de despidos colectivos que no cesan de producirse. Ver para Creer.
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MÁLAGA: Falcon Contratas y Seguridad en jaque ante el impago de 5.000 euros a 200 de sus empleados


El pasado mes de julio el Gobierno concedió a la empresa de vigilantes de seguridad 25 millones de euros

Los trabajadores, hartos de la situación que atraviesan, han decidido manifestarse los días 23, 24, 26, 30 y 31 de diciembre en la estación María Zambrano, pues como dice el miembro de Comisiones Obreras, Alfonso Galisteo "muchas familias necesitan ese dinero pues no pasan por un buen momento".

La empresa de seguridad privada y auxiliares de seguridad, Falcon arrastra serios problemas de solvencia económica debido a que los trabajadores no han recibido el salario correspondiente al mes de noviembre, así como la paga extra de Navidad, según Miguel Ángel Heredia. El secretario provincial del PSOE se mostró contundente: "Se deben 5.000 euros a 200 trabajadores," asunto grave teniendo en cuenta que el Gobierno abonó la friolera de 25 millones de euros a Falcon en julio de este mismo año.
 
El futuro de los afectados se plantea incierto. El PSOE de Andalucía ha pedido que la concesión de la empresa pase a otras manos que aseguren el sustento de las familias, no como Falcon que ya debía dinero a Hacienda y a la Seguridad Social.

lunes, 22 de diciembre de 2014

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Entrega de los Premios "Mujer Vigilante" edición 2014

El pasado 16 de diciembre tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Premios "mujer Vigilante" edición de 2014, en sus distintas modalidades.
 
El premio "Mujer Vigilante" se le otorgó a la vigilante de seguridad Antonia Verjillos. El Jurado destacó su amplia trayectoria profesional dentro de la seguridad privada. Empezó a trabajar a mitad de los años 80 en la desaparecida Grupo 4, desempeñando sus funciones para el cliente Corte Inglés.En su dilatada trayectoria ha pasado por distintas empresas y por variados servicios, destacando siempre por una actitud profesional. En su etapa como representante de los trabajadores destacó por la lucha de la igualdad de trato entre hombre y mujeres que desempeñan sus funciones en la seguridad privada. Toní agradeció sinceramente el reconocimiento resaltando la sorpresa que supuso para ella ser presentada a estos premios y recordando la lucha de tantas y tantas mujeres que se fueron incorporado con el paso del tiempo al sector de la seguridad privada.
 
En el Premio "Por la Igualdad" concedido al vigilante de seguridad prejubilado Avelino Robledo, el jurado puso en acento en su trayectoria profesional en el cliente “CruzCampo” dentro de la empresa Securitas y por una apuesta en su quehacer diario por una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Avelino desempeñó durante décadas funciones de Jefe de Equipo gestionando un grupo de vigilantes de seguridad y auxiliares con un talante conciliador y fomentando en todo momento un espíritu de trabajo justo, sin discriminaciones y equilibrado entre todos los componentes de la plantilla. Facilitó dentro de sus competencias un trato igual entre compañeros y compañeras, favoreciendo en la medida de sus posibilidades la conciliación laboral y familiar de las personas a su cargo, mediando en ocasiones en la resolución de conflictos entre la dirección de la empresa y los trabajadores. El premiado contó emocionado mil anécdotas, donde se comprobó de nuevo las dotes de buen trabajador y mejor compañero que le acompañaron durante su vida laboral.

Por último, el Premio "Institucional" fue entregado a los técnicos del Instituto Andaluz de la Mujer IAM Mercedes Ríos y Juan Luis Marrero. Esta modalidad se creó para destacar la labor de fomento, formación y protección de la igualdad de género en el ámbito laboral. Mercedes y Juan Luis ha colaborado estrechamente con la coordinadora “Mujer Vigilante” desde los inicios de su andadura, asesorando y dando su apoyo en todo aquello que se le ha demandado. En las I Jornadas “Mujer Vigilante” celebrada hace unos, participaron activamente conduciendo la ponencia central e interviniendo a lo largo de toda la jornada. Igualmente se destaca la labor del IAM en pos de una igualdad efectiva de hombre y mujeres en el ámbito laboral, especialmente a través de la formación permanente y del fomento y la implantación de planes de igualdad en las empresas del sector. Los premiados agradecieron de corazón el galardón recibido y destacaron la importancia que tiene la labor que desarrollan plataformas con Mujer Vigilante en la apuesta hacia una igualdad efectiva entre hombre y mujeres en el mundo del trabajo.
 
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El Supremo mantiene los derechos del convenio aunque esté caducado

Aunque los pactos decaigan al año de expirar su vigencia por no haber acuerdo, los derechos colectivos laborales pactados pasan a ser individuales.
El Tribunal Supremo ha dado un duro golpe a uno de los pilares de la reforma laboral: el fin de la prórroga indefinida de los convenios y su limitación a un año. El pleno de la Sala de lo Social del alto tribunal, por ocho votos frente a seis, falló el 17 de diciembre que los derechos recogidos en los convenios para los trabajadores que están en plantilla siguen vigentes a pesar de que estos pactos hayan caducado y se haya agotado el año de prórroga sin acuerdo.
La reforma laboral de 2012 acabó con la ultraactividad, un concepto jurídico que dictaba que los convenios colectivos se prorrogaban automáticamente de forma indefinida hasta que empresarios y trabajadores no pactaban uno nuevo. La limitó a un solo año y señalaba que si finalizaba este plazo sin acuerdo el nuevo marco sería el convenio sectorial si lo había y si no, el Estatuto de los Trabajadores.
Ahora, el Supremo, apoyándose en el caso de ATESE, una empresa balear, enmienda este punto. Sentencia que aunque los convenios decaigan al año de expirar su vigencia por no haber acuerdo, los derechos colectivos se mantienen porque, en realidad, forman parte de los contratos individuales de los trabajadores desde el momento que se inició la relación laboral. Es decir, la sentencia afecta a los trabajadores que ya están en plantilla en el momento de la muerte del convenio. Nada dice de los contratados después.
“Las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador por el contrato de trabajo que les vincula”, explica la nota emitida por el alto tribunal sobre la sentencia, de la que es ponente la magistrada Rosa María Virolés Piñol, y que, probablemente, contará al menos con un voto particular.
El fallo viene a confirmar el que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares hace un año. En él se echó abajo la decisión de ATESE de reducir el sueldo de sus trabajadores desde el 7 de julio de 2013. La empresa adujo que el convenio y su prórroga correspondiente habían caducado el 8 de junio anterior. Así que el salario de julio de los trabajadores afectados se calculó de dos formas: hasta el 7 de julio de acuerdo con lo pactado (unos 800 euros mensuales, más suplementos por nocturnidad y festivos, si correspondía, según fuentes del comité de empresa) y desde el 8 de julio sobre la base del Estatuto de los Trabajadores (el Salario Mínimo Interprofesional). ¿Por qué el 7 de julio y no antes? Ese día, según la reforma, vencían los convenios no renovados que habían caducado el mismo día del año anterior, justo cuando entró en vigor definitivamente la reforma laboral, o antes.
La decisión de la empresa provocó la demanda de la Unión Sindical Obrera, USO, a la que se adhirieron luego el resto de sindicatos con representación en la compañía: UGT, CC OO, CSI-F. La empresa ha declinado comentar la noticia adelantada en la edición digital de EL PAÍS.
La sentencia —“probablemente la más importante de esta sala en los últimos 10 años”, afirmaban ayer fuentes del alto tribunal— cambia el juego de equilibrios nacido con la reforma de 2012. Hasta entonces, la prórroga indefinida de los convenios situaba a la parte sindical en posición de fuerza. La reforma invirtió la situación. Ahora no se vuelve al punto de partida, pero se reequilibra.
No se vuelve a la posición de salida por que en los nuevos contratados, lo más probable, es que no se apliquen los derechos de los convenios caducados. Además, a las empresas les cabe la posibilidad de esperar a que un convenio caduque y aplicar después la modificación unilateral de condiciones de trabajo que contempla la propia reforma laboral, como recuerda en su nota el propio Tribunal Supremo.
Preguntada la ministra de Empleo, Fátima Báñez, afirmó que los “no conoce todavía” aunque dijo “respetar las decisiones judiciales”. Por su parte, Mari Luz Rodríguez, responsable de Empleo del PSOE, declaró que “estamos ante un auténtico triunfo de los derechos de los trabajadores, ya que el alto Tribunal echa por tierra una de las piezas esenciales de la reforma del PP en materia de negociación colectiva”.
Al conocer el fallo, tanto UGT como CC OO recordaron que les da la razón en algo que ellos venían argumentando desde que se aprobó la reforma. “Confirma la validez e importancia que tiene la negociación colectiva en la regulación de las condiciones de trabajo, que prevalece sobre la reforma”, aplaudió UGT. El otro sindicato mayoritario, CC OO, afirmó: “Bienvenida sea la sentencia”. Aunque agregó que el final de la ultraactividad “no está siendo ningún problema en la negociación colectiva”. Para USO, la central que puso la primera demanda, el fallo “tiene un tremendo valor sindical, puesto que se garantizan los derechos de los trabajadores”.
 
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Vigilantes de Seguridad ganan el pulso a la empresa y el juez anula la modificación de sus condiciones laborales

Los vigilantes de seguridad que pertenecen a la empresa Alerta y Control, responsables de la seguridad de los juzgados de la región, han ganado el pulso a la empresa al determinar la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que no ha lugar a la modificación de sus condiciones laborables.
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Desde hace meses, este colectivo viene manteniendo diversos paros y concentraciones para protestar por el presunto incumplimiento del Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad, un extremo que siempre ha negado la empresa.
Alerta y Control siempre ha defendido que cumple con todas las obligaciones en materia laboral con todos los trabajadores, asegurando que siempre ha tenido buena fe negociadora, tal y como indica el laudo arbitral.
Los vigilantes criticaban la rebaja salarial; ampliación de la jornada laboral a 166 horas; la supresión del día de asuntos propios y de un día de vacaciones; la supresión de las compensaciones económicas en supuestos de incapacidad laboral, entre otras medidas.
El Comité de Empresa sostenía que estos cambios han sido modificados de forma sustancial, tras la resolución de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, resolviendo el 3 de julio de 2014 en laudo arbitral.
Ahora, la Audiencia Nacional ha dado en una sentencia la razón a los vigilantes, un fallo que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.
El secretario general del Sindicato Libre de Seguridad, Rafael Saldaña, ha reseñado a Europa Press la importancia de esta sentencia, dado que supone "un antes y un después dentro de las negociaciones colectivas del sector", como en lo relativo a los descuelgues salariales.
"La empresa tendrá que abonar la rebaja salarial que se producía desde este junio. Tendrá que pagarlo todo. La Justicia nos ha dado la razón", ha celebrado Saldaña, aplaudiendo que con esta sentencia se impedirá los descuelgues salariales que permite la reforma laboral.

Fuente:  http://eleconomista.es

viernes, 19 de diciembre de 2014

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CC.OO. y UGT se gastaron en nóminas subvenciones de la Junta de Andalucía al autoempleo


La Junta financió con más de 2 millones a los sindicatos entre 2010 y 2012 para montar sucursales dedicadas a asesorar a autónomos

Las subvenciones repartidas por la Junta de Andalucía para impulsar el trabajo autónomo acabaron fomentando el autoempleo... dentro de los propios sindicatos. Comisiones Obreras de Andalucía y laUnión de Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA), una federación integrada en UGT de Andalucía, se gastaron en pagar nóminas y otros costes del personal el 93 y 90,7 por ciento, respectivamente, del importe total de las ayudas excepcionales concedidas por la antigua Consejería de Empleo (1,17 millones de euros a cada organización) para asesorar a emprendedores, según especifica un informe demoledor de la Cámara de Cuentas de Andalucía publicado el pasado viernes que realizó un extenso inventario de irregularidades en la gestión del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo. La auditoría detectó un «agujero» de 138,5 millones de euros pendientes de justificar y con el plazo vencido. Representan el 42 por ciento de los incentivos distribuidos (356,7 millones de euros) entre 2007 y 2012.
Uno de los pilares sobre los que se asentaba el cuestionado plan consistía en financiar a entidades colaboradoras la creación de sucursales, que funcionaron durante dos años, destinadas a «sensibilizar e informar sobre el autoempleo» y a «asistir técnicamente» a los autónomos andaluces. Para montar esta estructura, el denominadoSistema de Atención al Autónomo, la Junta recurrió a un mecanismo que ya puso en práctica en los ERE irregulares y los cursos de formación. Concedió ayudas excepcionales (sin convocatoria pública ni concurrencia competitiva) a las centrales sindicales por un montante total de 2,35 millones de euros entre 2010 y 2012. En el programa también participaron la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) —que recibió 780.000 euros— y laFundación Forja XXI, heredera de la Expo 92 de Sevilla e inmersa en un concurso de acreedores, que obtuvo 656.000 euros.
 
Las contrataciones de personal vinculado a CC.OO. y UPTAconsumieron en torno al 91% de los fondos públicos, según el desglose de los gastos facilitados a los auditores por la Consejería de Economía. El programa autonómico daba cobertura a estos gastos, siempre que no superaran el 90% del coste total del proyecto. Incluso especificaba los sueldos por categoría: un coordinador cobraba 35.384 euros anuales; 29.321, un técnico, y 20.525, un administrativo. La Administración se vio desbordada al conceder más fondos de los que podía controlar. El órgano fiscalizador censuró la «ausencia de mecanismos adecuados de evaluación» para medir el impacto de estas acciones. Sobrepasada, la Junta firmó exoneraciones masivas del trámite de justificar fondos para seguir subvencionando a las entidades, el mismo método que generó el caos en las ayudas de formación.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

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En Sevilla los trabajadores de Grupo Control dijeron NO a los convenios basura... Ahora hablarán los compañeros de Cádiz

Un preaviso de elecciones firmado por grupo de trabajadores y bien asesorados por algún sindicato que trabaja para la empresa a hurtadillas ha sido el pistoletazo de salida del proceso electoral.

Los fines, pensamos que no pueden ser otros que quieren repetir las jugadas ya realizadas en Almería y Sevilla, la firma de un convenio de empresa provincial muy por debajo del precio del nacional, y que para ello, necesitan representantes dóciles o contratados. Eso puede empeorar gravemente la situación laboral de estos Vigilantes que prestan servicios en Correos, Supermercados Dia%, Jefatura de Tráfico en Cádiz, etc. el tiempo lo dirá y nosotros estaremos aquí para denunciarlo llegado el caso, advertidos quedan.
 
Ahora de momento, los trabajadores tienen la posibilidad de cambiar la historia, el voto es secreto, os pedimos cordura, todo saben bajo que siglas se esconde la empresa, ustedes hablan compañeros, si se equivocan en su elección, después será tarde.
 
Horario de votaciones el próximo jueves 18 de Diciembre de 2014 desde las 10:00 a las 18:00 horas en la sede de la empresa.

¡¡¡Allí nos vemos!!!
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Adif rescinde el contrato de seguridad con Falcon al no poder realizar la empresa el servicio

Adif ha rescindido el contrato de prestación de servicios de seguridad que tenía con Falcon para las instalaciones de la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias correspondientes la zona centro y Sur del país, según informaron a Europa Press en fuentes de la compañía pública. El contrato se ha rescindido tras el desistimiento de la adjudicataria, que ha argumentado no poder mantener el mismo nivel de prestación de servicio y que asegura que presenta impagos la Administración.
Adif procederá ahora a contratar "por el procedimiento de urgencia" a una empresa que preste los servicios que deja de realizar Falcon, "con arreglo a lo estipulado por la normativa vigente en materia de contratación pública".

La compañía dependiente del Ministerio de Fomento ofrecerá la adjudicación del contrato a las empresas que obtuvieron la segunda mejor calificación, tanto técnica como económica, en el proceso concursal en el que se impuso Falcon, y por el mismo importe ofertado por las mismas en dicho proceso.
En paralelo, ha iniciado dicho nuevo proceso de licitación para la adjudicación de los referidos servicios por un plazo de dos años.
 

martes, 16 de diciembre de 2014

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Manuel Alonso Hevia, Jefe Nacional de Vigilancia, deja Prosegur España a consecuencia de la reestructuracion de la compañia de seguridad


Como recoge el encabezamiento de esta noticia, el Jefe de Vigilancia de todo el territorio Español de Prosegur, Manuel Alonso hevia, deja la compañia tras 30 años de antiguedad y pasar por diversos departamentos. No es objetivo de esta publicacion examinar los exitos o fracasos de la carrera profesional de este directivo, no seria objetivo, tan solo le deseamos que le vaya tan bien en el futuro como bien haya hecho, a los trabajadores, tras su largo paso por Prosgur.
 
En esta ocasion se cumple el dicho de que los arboles no te dejan ver el bosque. La salida de la compañia del Sr. Alonso Hevia, desconocemos si es despedido, baja voluntaria o una mezcla de ambas, se debe a una restructuracion de la empresa, que como siempre, el principal activo, los vigilantes y trabajadores en general, desconocemos.
Y lo desconocemos porque, a los trabajadores llanos, no nos hacen participes de decisiones de este calado, los motivos de estas decisiones solo las conoceremos cuando suframos el resultado de tales decisiones.
Por el momento, lo que si es seguro, es que los accionistas de la compañia, no tuvieron bastante con los 76 millones de euros que se han repartido este año, en concepto de dividendos, que ahora dejamos y que van a querer mas el proximo año, si no lo consiguen mediante el aumento de las ventas, lo cogeran, por asalto, del salario de los trabajadores, y si no, al tiempo.
 
Felices fiestas a tod@s.
 
 
Fuente: el pregon
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FALCON Seguridad: Los vigilantes de ADIF, otro colectivo sin cobrar

El PSOE urge a ADIF a exigir a la empresa encargada de la vigilancia ferroviaria que pague la nómina que adeuda a los trabajadores. El coordinador del grupo parlamentario socialista, Manuel Pezzi, que ha presentado una pregunta en el Congreso, reclama al gestor ferroviario que ejerza los derechos recogidos en el contrato para evitar la huelga convocada en todas las provincias andaluzas para Navidades.
El grupo parlamentario socialista ha urgido esta mañana a ADIF a exigir a la empresa FALCON Seguridad, encargada de la vigilancia en las dependencias ferroviarias, el pago de la nómina que adeuda a los trabajadores. El coordinador del grupo parlamentario, el diputado Manuel Pezzi, ha presentado una iniciativa en el Congreso, en la que pregunta al gestor ferroviario ADIF por las acciones que ha propuesto para que la empresa que presta el servicio de vigilancia abone a su plantilla la última nómina.
Pezzi ha destacado que el impago de los salarios ha provocado la convocatoria de jornadas de huelga los días 23, 24, 26, 30 y 31 de diciembre en todas las provincias andaluzas, “una huelga que puede tener una repercusión de extraordinaria gravedad para los usuarios de estos servicios ferroviarios en estas fechas”.
El diputado socialista pregunta en su iniciativa si ADIF tiene previsto de manera inmediata ejercer los derechos que tiene autorizados en el contrato que suscribió con las empresas de seguridad de sus dependencias y líneas ferroviarias y de qué forma va a ejercer esos derechos. Según Pezzi, el contrato faculta al gestor ferroviario a exigir el pago inmediato de las nóminas adeudadas a los trabajadores por FALCON Seguridad, para evitar deterioro de los servicios de seguridad prestados por esta empresa.
Además, el coordinador del grupo parlamentario socialista pregunta por las razones que llevaron a ADIF a contratar los servicios de vigilancia durante 2014 a la empresa FALCON Seguridad, a pesar de tener constancia documental, aportada por sindicatos del sector, del incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a derechos de los trabajadores.
El diputado socialista ha mostrado su preocupación por la situación de los trabajadores y ha exigido a ADIF que cumpla sus obligaciones y reclame a la empresa encargada de la vigilancia el pago inmediato de la nómina que adeuda. “No es de recibo que ADIF pague a la empresa contratista por los servicios de vigilancia y que ésta incumpla su obligación de pagar el sueldo a los empleados”, ha dicho Pezzi.
Según el diputado del PSOE, el gestor ferroviario ADIF debe tomar medidas para forzar a la contratista a cumplir lo establecido en el contrato. “ADIF no puede desentenderse de un conflicto que le atañe directamente ni consentir que la empresa contratista incumpla sus obligaciones”, ha agregado.
 
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Las claves de la ayuda a los parados de larga duración

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los líderes de los agentes sociales (CCOO, Cepyme, UGT y CCOO) han firmado este lunes un programa de ayuda a parados de larga duración con cargas familiares tras meses de intensas negociaciones. A continuación, les ofrecemos los detalles de este plan.

¿En qué consiste el Programa extraordinario de activación para el empleo? Consta de dos partes. Por un lado, una ayuda económica de 426 euros mensuales durante seis meses y, por otro lado, un programa de inserción laboral.
¿Quiénes se podrán beneficiar de esta ayuda de 426 euros mensuales? Podrán acceder a esta nueva ayuda los parados de larga duración (que lleven más de un año en el desempleo) que hayan agotado todas las prestaciones (incluyendo el Prodi, el Prepara y la Renta Activa de Inserción) al menos seis meses antes de solicitar esta ayuda, que carezcan de ingresos y que tengan cargas familiares. Además, deberán haber trabajado por cuenta ajena en algún momento y estar inscritos como demandantes de empleo a fecha 1 de diciembre de este año.
 
¿Podrá acceder cualquier parado de larga duración independientemente de su nivel de renta?No. Para poder disponer de la ayuda, cada miembro de la familia afectada no podrá tener rentas que superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional de 645,30 euros, es decir, 483,97 euros mensuales.
 
¿Qué coste supondrá para las arcas públicas? La ayuda tendrá un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros y elevará la tasa de cobertura de protección por desempleo entre siete y ocho puntos, hasta situarse en el 65% a mediados de 2015.

¿Cuántos desempleados se beneficiarán de esta ayuda? Entre 400.000 y 450.000 parados de larga duración.

¿En qué consiste el programa de inserción laboral? Además de cobrar esta ayuda mensual, los beneficiarios del programa recibirán acciones de orientación y de formación. El objetivo final es conseguir su vuelta al mercado laboral. Así, los desempleados inscritos en el programa suscribirán un compromiso de actividad, y el servicio público de empleo tendrá un mes para diseñarles un itinerario laboral personalizado en base a sus cualificaciones. Tendrán un tutor/orientador y el servicio público de empleo será el encargado de hacerles llegar posibles ofertas de empleo.
 
¿Podrán compatibilizar la ayuda con un puesto de trabajo por cuenta ajena? Sí, la ayuda será compatible con un puesto de trabajo por cuenta ajena. Del salario que se perciba por ese empleo se descontará la ayuda, de manera que el coste laboral estará cofinanciado entre la empresa y el servicio público de empleo.
 
¿Hasta cuándo estará en vigor el programa? Está previsto que el programa dure 15 meses (del 15 de enero de 2015 al 15 de abril de 2016), aunque tres meses antes de que finalice se evaluarán los efectos que ha tenido y su posible prórroga.

FUENTE: elmundo.es AQUÍ

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El Gobierno autoriza el gasto para la contratación centralizada de servicios de seguridad


El Gobierno ha autorizado la adquisición de compromisos de gasto, con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar la segunda fase de la contratación centralizada de los servicios de seguridad y auxiliares de control en diversos ministerios, organismos y entidades gestoras, así como servicios comunes de la Seguridad Social.

El contrato no afecta al Ministerio de Defensa, sino que incluye 128 sedes correspondientes a los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Empleo y Seguridad Social, así como a diversos organismos y agencias.
 
Con este contrato, al igual que con el correspondiente a la primera fase, en vigor desde el pasado 1 de diciembre, se pretende mejorar la eficiencia en la contratación de los servicios de seguridad privada, homogeneizando las prestaciones y aplicando un planteamiento integral de la seguridad que tenga en cuenta tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad.
 
En esta segunda fase, los servicios que actualmente están incluidos en 18 contratos con diferentes fechas de finalización se incorporarán en el contrato centralizado a partir del 1 de abril de 2015, conforme terminen los contratos en vigor. La fecha de finalización del contrato centralizado será el 31 de marzo de 2017, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial. El importe estimado para el período de duración máximo indicado es de 67 millones de euros.
 
El ahorro que se derivará del contrato centralizado, en relación con el coste de los contratos que en él se integran, se estima en unos dos millones de euros, considerando el período máximo de duración de éste.

Este contrato sigue el esquema del tramitado para la primera fase. En consecuencia, al estar actualmente en ejecución, se han tenido en cuenta los informes, sugerencias y observaciones formulados con ocasión de la tramitación de ese expediente (del Ministerio del Interior como departamento que tiene encomendada la supervisión del sector de seguridad privada y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), así como la experiencia del procedimiento de licitación seguido para su adjudicación en la primera.


Una sentencia dictada por el TSJA ha condenado a la Junta a admitir los cursos de formación que el sindicato CSIF dio a un aspirante a puesto de trabajo en la Administración, dado que en principio sólo se permitían los impartidos por UGT y CCOO.
 
Su cliente tomó parte en un concurso para un trabajo como promotor de empleo en la Junta, teniendo como referencia unas bases en las que se admiten como méritos los cursos de formaciónimpartidos por sindicatos. Dado que son los aspirantes los que pueden autobaremarse, el joven se adjudica los puntos correspondientes a los cursos recibidos, algunos de ellos impartidos por CSIF, y llega a la mínima puntuación requerida.
A continuación recurre por vía administrativa sin resultado; presenta entonces un contencioso ante el Juzgado con un desenlace negativo, y seguidamente apela a la Sala de lo Contencioso, que en este caso le da la razón. La sentencia señala que «Sí lleva razón el recurrente sobre los cursos de formación, porque las consideraciones generales aludidas que limitaban la valoración a los organizados por los sindicatos UGT y CCOO, van en contra de los criterios de selección de la convocatoria al restringirlo caprichosamente a dichos sindicatos, cuando el apartado correspondiente se refiere a los cursos de formación organizados, impartidos u homologados por centrales sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua y estén relacionados con el puesto a ocupar».

lunes, 15 de diciembre de 2014

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Cándido Méndez conocía la corrupción de UGT en Andalucía desde el año1998


El ex líder del sindicato en Málaga, Juan Antonio Triviño, le envió un informe con datos y grabaciones.

"¿En qué se parece la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT a un estanco? En que hay quienes entran por Ideales y salen con Fortuna". Así comentaban la corrupción existente en el congreso de UGT de Jaén en 1998 con la presencia de Cándido Méndez. El congreso fue pospuesto dos meses debido a las denuncias de corrupción internas. Este jueves, El Mundo recuerda que Méndez conocía ya la corrupción en UGT Andalucía desde 1998, año en que el que fuera secretario general del sindicato en Málaga, Juan Antonio Triviño, le remitió un dossier con 96 documentos y grabaciones sobre irregularidades, como el desvío de fondos para cursos por parte del entonces responsable de la Federación de Servicios Públicos (FSP) en Málaga, Francisco Povedano.
 
Povedano fue imputado en 2001 por malversación, falsedad documental y apropiación indebida por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de formación del FORCEM. Se trataba entonces de unos cursos que afectaron a 600 alumnos, 300 de los cuales declararon no haberlo recibido y otros que sus firmas no eran las que constaban en los documentos de UGT, noticia publicada por El País en 1998. Se sabía que el "cerebro" de la trama andaluza de UGT actualmente investigada, Enrique Emilio Goicoechea Salazar, vivía en Bilbao y según los testimonios incorporados al sumario, venía una vez cada dos semanas a Sevilla a mantener diversas reuniones. Era considerado por los trabajadores de UGT como "el hombre del Confederal".
 
Además participa o ha participado en empresas donde son administradores altos cargos de UGT Castilla la Mancha y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT nacional. También fue apoderado de la Fundación Esculapio, fundada por Cándido Méndez en 1987 y tiene una empresa propia Bat Gestión, SA que llegó a hacer un estudio del funcionamiento de UGT Andalucía. La pregunta es quién ha conferido la autoridad necesaria a Goicoechea para desempeñar unpapel tal relevante en los manejos de UGT Andalucía. Se sabía asimismo que la empresa Soralpe I más P Asociados, cuya sede sevillana fue registrada por la Guardia Civil y que es parte esencial de la trama, es una empresa de servicios propiedad de la UGT confederal que dirige Cándido Méndez y que cobra por la gestión de los cursos otorgados a UGT, cobra alquileres de locales y equipos al Instituto de Formación y Estudios Sociales, fundación de UGT Confederal e incluso recibe préstamos de la UGT andaluza.
 
Ahora se recuerda que Méndez, que conoció de primera mano el caso Povedano, sancionado con seis meses de suspensión de militancia por las irregularidades en el manejo de los fondos de la poderosa Federación de Servicios Públicos de UGT de Málaga, archivó el caso en un cajón y el denunciante, Triviño, dimitía.
 
El caso Povedano en los juzgados El sindicato Manos Limpias denunció el fraude ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y la Policía Nacional comenzaba unas investigaciones que darían lugar a la imputación penal de Francisco Povedano por malversación de fondos públicos. Para Povedano, la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa no era más que "un montaje y un ajuste de cuentas interno en el sindicato" producto de las dos facciones en que estuvo dividida la UGT de Málaga ante el congreso provincial de 1998. Y deslizó, dijo El País, que "podría haber sacado trapos sucios de mucha gente, pero no he tenido suficiente maldad". Povedano también sostuvo que la subvención era la misma al margen del número de alumnos que asistiera al curso.
 
El procedimiento dio origen a la imputación de tres personas más, además de Povedano: Fernando Caro, responsable de Formación del sindicato; Rosa Sánchez, que le sucedió en la misma responsabilidad y el director de la academia Sustrebla, Rafael Rodríguez. La academia tenía su sede donde el PSOE tuvo anteriormente su sede y siguió funcionando hasta 2013, cuando se dictó judicialmente suinsolvencia.
 
El proceso continuó hasta la Audiencia Nacional, donde fue remitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Luis Miguel Moreno, tras inhibirse en su favor. Y allí murió a pesar de que el magistrado adujo en su auto que las investigaciones realizadas en Málaga debían unirse a las practicadas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía que también debía conocer Cándido Méndez.
 
Coincidentemente, en la academia Sustrabia impartía clases Isabel Almendro Flores, que era cuñada de Povedano y que fue hasta el pasado mes de septiembre jefa del servicio de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga. La Fiscalía Anticorrupción pidió en julio que se la imputara junto a otros funcionarios y cargos públicos en las diligencias judiciales abiertas por el caso Edu, en relación con el manejo de las subvenciones para la formación desde los organismos de la propia Junta de Andalucía.

jueves, 11 de diciembre de 2014

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SeviSecuritas condenada por intrusismo laboral al tener a sus empleados realizando labores propias de seguridad privada


Sentencia de la Audiencia Nacional de hace un par de meses, contra ServiSecuritas, por tener a sus empleados realizando funciones de seguridad privada en un centro comercial.
Esta resolución puede servir para todos aquellas delegaciones donde Securitas y su filial ServiSecuritas "colaboran" en labores de vigilancia y seguridad en centros comerciales, la típica imagen digamos del conserje con pinganillo y parando a la gente cuando salta una alarma.

A continuación os exponemos un extracto clarificador "Así las cosas, la Sala valora que D. Heraclio, trabajador por cuenta ajena, el día 14 de octubre de 2010, hacia las 11,30 horas, durante unos cuarenta y cinco minutos en que es observado por funcionarios de la Unidad policial deambula por las dos últimas plantas del Centro comercial observando las instalaciones y las personas, con un uniforme compuesto por pantalón negro, camisa blanca de manga corta en cuyo bolsillo izquierdo portaba la leyenda “Servisecuritas”, corbata roja y zapatos negros, y portando un equipo de transmisión, que utilizó tras ser identificado para comunicar la incidencia al vigilante de seguridad que hacía las funciones de jefe de equipo, y reconociendo en su declaración que realiza labores de vigilancia."