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domingo, 31 de agosto de 2014

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SEVILLA: Inspección de Trabajo requiere a Prosegur para que abone el uso del vehículo propio del trabajador y otros

SPV EN PROSEGUR SEVILLA INFORMA:
 
NUEVA RESOLUCION PARA EL PAGO DE USO POR COCHE PROPIO.
COMPAÑEROS AQUI OS DEJO LA NUEVA RESOLUCION CON FECHA 12 DE JUNIO DE ESTE AÑO PARA EL PAGO DE LOS 10 EUROS POR COCHE SIN IMPORTAR QUE SEA NOCHE O DIA O COMO DICEN LOS INSPECTORES INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS, Y ASI COMO EL PAGO DE DIETAS.

!! NO TE DEJES ENGAÑAR !!

 

jueves, 28 de agosto de 2014

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Ley Andaluza de Formación Profesional: La Junta endurece los controles en las ayudas para combatir el fraude


La Junta de Andalucía destinará 1.200 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Formación Profesional. El consejo de gobierno, primero tras las vacaciones ha aprobado este martes el anteproyecto de esta nueva norma. Contempla la creación de una red de centros autorizados para impartir la formación. Las entidades que quieran impartir cursos deberán estar inscritos en esta red.

No podrán depender de las subvenciones y éstas se otorgarán por concurso público. Según el consejero de Educación, Luiciano Alonso, esta Ley prohíbe la exoneración, busca la calidad en la formación y cualificación de los andaluces adelantándose a una futura normativa estatal.

La Junta de Andalucía ha aprobado este el anteproyecto de ley de Formación Profesional, con la que intenta evitar que las "empresas dependan de las subvenciones", para lo que creará una red de centros en la que deberán estar inscritas las entidades que quieran impartir formación y recibir subvenciones. Alonso ha explicado que las empresas, los sindicatos, las organizaciones empresariales y cooperativas que quieran impartir cursos de formación profesional sólo podrán hacerlo a través de centros de su titularidad y que estén autorizados. La creación de esta red de centros es el "plato fuerte" de este anteproyecto de ley, que incluye también como novedades la concurrencia competitiva para adjudicar los cursos de formación y la prohibición de exonerar a los beneficiarios de ayudas de justificar las subvenciones para poder recibir más.

El consejero ha subrayado que el objetivo de la ley es mejorar la cualificación profesional de la población activa andaluza y, aunque la ha desvinculado de los casos de fraude que investiga la policía y la Justicia en las ayudas a la formación para el empleo, ha reconocido que refuerza los mecanismos de control de las acciones formativas. Ha explicado que los centros privados que se incorporen a la red de centros de formación profesional tendrán que tener autonomía financiera suficiente, experiencia previa formativa y contar con un plan de calidad y, sobre todo, que "en ningún momento puedan depender y desarrollar su labor exclusivamente a través de subvenciones". Además, los centros que dejen de funcionar, al menos durante un año, quedarán fuera del sistema.
 
La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva y sólo las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación podrán financiarse en régimen de concesiones directas, tal como señala la normativa estatal. Asimismo, el pago de las ayudas quedará siempre condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no se podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las beneficiarias de subvenciones. También se potencia el Consejo Andaluz de Formación Profesional, donde están representados la Junta, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía, que será el encargado de planificar la oferta formativa. Se elaborará un plan plurianual de innovación, calidad y evaluación que medirá las objetivos a través de la inserción laboral del alumnado.
 
Con el fin de establecer una estrecha relación entre la formación profesional y el sistema productivo se elaborará un catálogo de cualificaciones profesionales para incluir las específicas del tejido productivo andaluz que no están en el listado nacional, como las de sector textil, minero y enseñanzas artísticas.
 
El consejero ha subrayado que el anteproyecto de ley es innovador y pionero en España y ha avanzado que la memoria económica contempla 1.200 millones para su puesta en marcha, aunque ahora iniciará los trámites hasta su aprobación definitiva en el Parlamento. Ha hecho un llamamiento a los agentes sociales y a toda la sociedad para que participen en la mejora de dicho anteproyecto y ha restado importancia al malestar de los sindicatos con este texto, al perder el privilegio de impartir la formación, como ha ocurrido en la última década en Andalucía.El titular de Educación ha alegado que "no se deja al margen a los agentes sociales, sino que tienen un papel importante en la planificación" de la oferta formativa.
 
El anteproyecto regula también la figura de los centros integrados de formación profesional para convertirlos en referencia, de forma que impartirán ofertas para obtener los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad. También se posibilitará a los alumnos de formación profesional básica la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria, que no está contemplado en la LOMCE a pesar de su elevada demanda, según la Junta. La ley introduce también modificaciones en la actividad docente y la principal novedad es que los profesores podrá impartir todas las ofertas formativas conforme a su especialidad y no sólo la FP inicial como hasta ahora.

miércoles, 27 de agosto de 2014

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Nuevo procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido

A la vista de que el procedimiento que regía la tramitación y resolución de las reclamaciones al Estado de los salarios de tramitación era demasiado complejo y poco eficaz, (intervenían en él diversos órganos de distinto ámbito territorial que dilataban innecesariamente la tramitación y el cobro de las cantidades reconocidas), se ha dictado el Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, que establece una nueva regulación del procedimiento, adaptada a la normativa actual, que permite la resolución de las reclamaciones y, en su caso, el abono de las cantidades en un tiempo razonable.

Para ello, se modifican tanto el Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre, como el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, para atribuir, por un lado, a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno la competencia para instruir y emitir la propuesta de resolución de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación, y, por el otro, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la competencia para resolver y, en su caso, efectuar el correspondiente pago derivado de tales reclamaciones.
 
Por lo que se refiere al procedimiento en sí, estarán legitimados para presentar la reclamación, tanto el empresario que, habiendo readmitido al trabajador despedido con carácter improcedente, haya pagado los salarios de tramitación, como el propio trabajador despedido, en caso de insolvencia provisional del empresario. La reclamación podrá presentarse en cualquier registro administrativo o mediante el registro electrónico en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia y deberá ir acompañada de:
 - Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determine la readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.
 - Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o Tribunal Superior de Justicia correspondiente, haciendo constar la cronología del procedimiento ante el mismo a efectos del cómputo del tiempo que exceda de los noventa días hábiles.
 - Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios que se reclamen, así como certificación original de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a las cuotas ingresadas respecto del trabajador despedido referida al periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia.
 - Informe de vida laboral del trabajador. En caso de haber prestado servicios para otra empresa en el período de responsabilidad estatal, deberá aportarse documentación acreditativa de los salarios percibidos durante ese período.
 - En caso de que quien reclame sea el trabajador de una empresa declarada insolvente, copia testimoniada del auto de insolvencia provisional del empresario, con expresión de la fecha de su firmeza.
 - Si el trabajador reclamante lo fuera de una empresa en concurso de acreedores, deberá presentar certificado del administrador concursal en el que éste manifieste tener conocimiento de la reclamación formulada por parte del trabajador, y que éste no ha cobrado cantidad alguna a cargo de la masa del concurso.
La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los quince días siguientes. La propuesta de resolución, junto con la documentación exigida será remitida a la mayor brevedad posible a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, notificará la resolución que proceda en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta, resolución que pone fin a la vía administrativa, si bien, podrá el interesado demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia del proceso de despido. Transcurrido el plazo previsto sin que se haya notificado la correspondiente resolución, ésta podrá entenderse desestimada.
Los expedientes que estén aún pendientes de resolución definitiva a la entrada en vigor del Real Decreto se regularán conforme a lo dispuesto en esta norma, si bien, en aquellos supuestos en que el despido se produjera antes del 12 de febrero de 2012, procederá el reconocimiento de salarios de tramitación tanto en los casos de readmisión como en los que se opte por abonar una indemnización en los supuestos de despido improcedente.


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Alaya dice: UGT y CCOO cobraron 7 millones sin prestar "ningún servicio"

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.
Dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos "con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva".
 
Los sindicatos, mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros. Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales" realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran.
 
Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A. La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, "porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora". Según un informe de la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo", dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo.
 
Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter. La Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la Federación de Industria de CCOO otros 115.074 euros, mientras que una entidad denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, declaro en 2001 pagos a una de las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición razonada. Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) "y la imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán" (2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación.

En esta época, según datos de la Agencia Tributaria, "resultan pagos declarados a dichas organizaciones sindicales, que habían emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de asesoramiento que no habrían tenido lugar", asegura Alaya. Así, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió entre 2006 y 2008 un total de 178.673 euros, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las cuentas bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría pagado a ITG un total de 1.041.970 euros".

A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004 y 2010 un total de 425.170 euros en ingresos, la Federación de Industria de CCOO declaró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.551 euros y a Atlantis Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros por parte de Uniter o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró unos ingresos de 518.006 euros de empresas del grupo Vitalia. En su exposición al Supremo, Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones "sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico".


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La seguridad de ADIF ante el juzgado


(José Luis Heras Celemín) ADIF es un nombre de origen hebreo que significa “el preferido”. También es el acrónimo que corresponde al Administrador De Infraestructuras Ferroviarias, una empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que tiene como objetivos la construcción de líneas de ferrocarril en España y la gestión de su explotación.

 
Adif, que en 2012 tenía 13.224 trabajadores y es propietaria de la mayoría de las líneas de ferrocarril españolas, administra 13.945 kilómetros de vías de ferrocarril y tiene a su cargo el control de 1.566 estaciones. Su misión fundamental es enlazar por ferrocarril las estaciones que pueblan nuestros territorios, “Y hacerlo de forma segura”, manteniendo en perfecto estado vías, catenarias, sistemas de señalización, centros de control de la circulación y, por supuesto, las estaciones. 
 
“Y hacerlo de forma segura”. El entrecomillado, que nace de la información que facilita ADIF, es lo que preocupa a usuarios, gestores y políticos. A todos interesa la seguridad en las vías y estaciones de ferrocarril por las que transitan ingentes cantidades de mercancías y, lo que es más importante, millones de viajeros. Esta seguridad es la que se cita en la querella criminal que la Asociación para la defensa del Patrimonio Común y lucha contra la Corrupción (ASPACOM) ha puesto contra cinco responsables de la empresa de seguridad privada SEGUR IBÉRICA S.A., que se ocupa de la vigilancia y seguridad en la Estación de Sants de Barcelona. 
 
A los querellados (Enric Cabezuelo Pey, José Luis Novales Cadierno, Eduardo Gutiérrez Bueno, Miguel Carlos Luengo Vidal y Juan Manuel González Herrero) la querellante les atribuye la comisión de presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, que dice conocer a través de los contratos de Seguridad y Vigilancia de la Biblioteca de Catalunya, por haber “tenido acceso circunstancial a información referida a los servicios de seguridad de Segur Ibérica SA a ADIF en Barcelona”.  ASPACOM cifra el fraude en 451.709,20 euros. Pero más importante que la cantidad defraudada es lo que se ha podido poner en peligro: La seguridad, que ha sufrido lo que en la querella se define como servicios no hechos según contrato y con una calidad dudosa.  La querella, que por turno de reparto llegó el 19 de diciembre pasado al juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, fue admitida a trámite por auto de la magistrada-juez doña María Pilar Rovira del Canto, de 28 de febrero de 2014, dando lugar al Procedimiento Diligencias Previas 533/2014 Sección A. 
 
Al comienzo del procedimiento, en el mismo auto de 28 de febrero, se advierten dos hechos: En el apartado Segundo de los “Fundamentos jurídicos”, recogiendo lo aportado en el escrito de querella que sirve de base para que sea admitida, la magistrada cita “…un principio de prueba documental que pone de manifiesto la inclusión de datos ficticios (horas, vigilantes…) en los cuadrantes de servicios presentados para la facturación de ADIF”. Mas adelante, en la Parte Dispositiva, ordena “Hágase ofrecimiento de acciones a la Entidad Pública de ADIF, como perjudicada, librando a tal efecto exhorto a Madrid”. Con ello, además de iniciar el proceso, se abre una vía para conocer la seguridad que existe en la Estación de Sants de Barcelona; y se da la oportunidad de que ADIF tome la iniciativa para recuperar posibles pérdidas, evitar fraudes y mejorar la seguridad que debe a los usuarios del ferrocarril. 
 
En la querella existe información que determina el fraude y pone de relieve las deficiencias que ha tenido la seguridad: Se cita una facturación de horas no realizadas según detalle de facturas y condiciones de contratos (contratos 2.7/2000.0619/0-00800 E01 y 2.7/2000.0619/0-00800 E02 LOTE NE2). Se aportan resúmenes mensuales en los que se han aumentando las horas trabajadas. E incluso se explican las tres formas usadas para cometer el fraude: Facturar más horas que las que había en el resumen mensual (enero, febrero y agosto de 2009) por importe de 506,60 €. Facturar horas no realizadas (enero de 2009 a octubre de 2010) por importe de 144.720,30 €. Y facturar horas hechas por personal no habilitado (enero a septiembre de 2009 y enero a octubre de 2010) por importe de 306.482,30 €. También se revela dónde se han prestado los servicios con los nombres usados en los partes de trabajo (SANT, FRANCIA, GRACIA), los servicios prestados en cada lugar (SANTS: V3, SCANER, SCANER LAV), e incluso existe una información que, en medio del embrollo, produce una cierta tranquilidad: Se especifica cuáles son los VS (Vigilante sin Arma) y los VA (Vigilante Armado); y se comprueba que no se han detectado irregularidades entre los vigilantes armados. 
 
Pero para tener una visión de lo que, según la querella, ocurría en los Servicios de Seguridad y Vigilancia que SEGUR IBÉRICA S.A. prestaba en la Estación de Sants, más que los datos económicos, es reveladora la declaración de una de las personas que trabajaron allí. Ésta es la que hace que cunda la alarma y pone en cuestión, además de la capacidad y formación de los encargados de procurar la seguridad de todos, el control que sobre ellos tienen la empresa de seguridad privada a la que pertenecen, ADIF que paga el trabajo, y las autoridades. La declaración corresponde a don David Pérez Rubio, que dice haber trabajado en la Estación de Sants como vigilante de Seguridad, que manifiesta haber sido agredido en el servicio, y que refiere que, tras la atención de los Mossos de Esquadra, se instruyeron Diligencias Previas en el Juzgado número 2 de Barcelona por la agresión. 

Lo preocupante, lo que hace saltar todas las alarmas y pone en cuestión la seguridad en la Estación de Sants en Barcelona, no es que un vigilante haya sido agredido, que una empresa privada no cumpla sus contratos como debe, que los Mossos de Esquadra no se enteren de quienes violan contratos a su alrededor, o que se oculte al juzgado la realidad laboral de un agredido. Lo realmente alarmante, y muy peligroso por lo que implica su testimonio, es que esa misma persona, a la que se ha tomado como vigilante de seguridad, declare que aunque estaba realizando misiones de seguridad, no estaba habilitado por el Ministerio del Interior para ejercer esa labor y que no había recibido formación para velar por la seguridad de viajeros y transeúntes. 

El caso confeso no ha sido un hecho aislado y existen otras declaraciones (del ex apoderado de la empresa de seguridad J. Albuixech Riera y del delegado sindical del sindicato ATES CATALUNYA J. M. Mayo Aragundez) que confirman lo que en la querella se presenta como práctica habitual. Eso, que es la Seguridad de ADIF y que atañe a la seguridad de todos, es lo que está en un proceso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona. De momento, son datos que sirven para considerar delitos objeto de querella, pero parece lógico que sirvan para algo más: Para que la seguridad en la Estación de Sants sea óptima. Para que ADIF y el Ministerio de Fomento vigilen que los Servicios de Seguridad y Vigilancia en las estaciones de ferrocarril sean conforme a lo contratado y legislado. Para que las autoridades se esmeren en el control. Y para que se logre que los caudales públicos destinados a seguridad sean respetados por los empresarios y políticos que los manejan.


lunes, 25 de agosto de 2014

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JEREZ: Vigilante de seguridad da protección a un joven perseguido por otro chico para robarle sus pertenencias

Detenido un joven tras asaltar a un menor con una navaja y un perro de presa

La victima emprendió la carrera perseguido por el imputado hasta refugiarse en un supermercado donde el vigilante de seguridad le ofreció protección y alerto al 091
 
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía integrantes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Jerez procedieron a primera hora de la tarde del pasado miércoles 20 de agosto en el distrito oeste de la ciudad a la detención de un joven menor de edad que portaba un perro de presa y que presuntamente amenazó y persiguió con un arma blanca tipo navaja a otro chico igualmente menor de edad con la intención de robarle sus pertenencias así como de apropiarse de las zapatillas de deporte que calzaba la víctima.
 
Según el relato de los hechos, el joven agredido consiguió huir a la carrera mientras era perseguido por el agresor hasta conseguir refugiarse en un supermercado del barrio donde pidió ayuda al vigilante de seguridad de la superficie comercial quién le ofreció protección y llamó inmediatamente al 091 para poner los hechos en conocimiento de la policía. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente dos radio-patrullas cuyos integrantes se entrevistaron con el vigilante de seguridad y con el joven asegurándose de que se encontraba bien físicamente aunque todavía en un estado agitado de nerviosismo, pero que pudo relatar a los agentes cómo habían ocurrido los hechos así como la descripción del presunto agresor. El vigilante de seguridad por su parte pudo indicar a los policías la dirección de huida que había tomado el presunto autor. Los agentes comenzaron en esos momentos una búsqueda del sospechoso por el distrito oeste de la ciudad a la que se unieron con un coche camuflado los integrantes del Grupo de Reclamados que en esos momentos se encontraban por las inmediaciones.
 
Minutos después los policías localizaban al arrestado en las inmediaciones de la barriada de La Plata portando un perro de raza pitbull, mientras varios agentes se ocupaban del can otro policía procedió a realizar un cacheo al joven encontrando entre sus ropas una navajaque coincidía plenamente con la descrita por la víctima. Por este hecho, junto con otros indicios recabados en el lugar, los agentes procedieron a la detención del menor como presunto responsable de un delito de robo con violencia siendo trasladado inmediatamente hasta las dependencias de la Comisaría de Policía de Jerez donde los hechos fueron puestos en conocimiento del Fiscal de Menores de la ciudad. El perro que portaba el detenido fue requisado mediante acta de intervención y entregado a su propietario quién se trataba de una tercera persona ajena a lo ocurrido.
 

domingo, 24 de agosto de 2014

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Vigilantes y el módulo de formación en espectáculos deportivos

Imagen de Sergio G. Ueda
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A tenor del artículo publicado en esta página web hace algunos días sobre los cursos de formación específica para los vigilantes de seguridad que presten servicios en eventos deportivos y espectáculos públicos, me permito aportar algunas precisiones sobre el mismo. Si bien es cierto en la gran mayoría de espectáculos deportivos aun, todavía no se está cumpliendo con el requisito de solicitar a los VVSS este módulo específico (cuando ya debería estar cumpliéndose la Ley 5/2014), esta no es culpa del todo de los agentes de seguridad privada. ¿A quién corresponde el supervisar a estos profesionales si reúnen o no los requisitos necesarios para trabajar en este tipo de servicios?. Directamente a la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. Y obviamente a la empresa que los pone a trabajar en dicho lugar.
Siempre he sido muy crítico sobre el actuar de los VVSS, sobretodo en materias que ya deberían de estar bien formados ; detención , registros, cacheos superficiales, etc. Pero en el caso que se cita en el artículo aparecido, debo salir en defensa de los pocos Vigilantes que allí había, que dentro de lo malo hicieron mucho. Analicemos los principales errores:
1) En todas las imágenes aparecen VVSS en número inferior frente al riesgo que representaba un partido donde uno de los equipos en este caso el local se estaba jugando el ascenso a Primera División.
2) Se puede deducir también que ante las primeras invasiones del campo de juego ningún vigilante actúa como es debido. Aquí es donde se nota que no han recibido el curso de formación específica, puesto que dentro de su temario se toca el tema de las invasiones del terreno de juego y como atajar el asunto.
3) Una vez que se produce la invasión por un grupo de desadaptados, se nota claramente la falta de coordinación y de un liderazgo frente a esta “situación de crisis”. Desconozco que si estaba presente el jefe de seguridad o el coordinador de seguridad (que debe ser Director de Seguridad habilitado por el MIR).
4) Y lo más grave; es el enfrentamiento verbal en que cayeron algunos Vigilantes frente a los actos provocadores de estos desadaptados, poniéndose alguno de ellos de “diana” en la pista deportiva. Cuando en este tipo de casos se recomienda jamás caer en este tipo de provocaciones, ya que lo único que ocasiona es encender mas los ánimos, de por sí ya caldeados.
Estos cuatro puntos resume a “grosso modo” lo errores en que incurrieron los Vigilantes allí apostados. ¿Se hubiera podido evitar todo esto si estos agentes hubieran recibido el mentado curso?. De repente, hubiera habido desmanes, pero no en la proporción que se vio en la tv, ya que, lo primero que se recomienda a los VVSS es impedir la invasión del campo, ¿y cómo se logra esto?, apostando Vigilantes dentro y fuera de las tribunas, a modo de cordón de seguridad. (Sea en los laterales o en la las partes bajas y altas de la tribuna).
Pero estas acciones ¿supuestamente se hubieran evitado con un curso?. Nunca lo sabremos a ciencia cierta, Lo que si está demostrado es que con ganas y experiencia no se pueden enfrentar situaciones como las que se vieron ese día, donde una vez más los profesionales de seguridad privada pusieron en riesgo su integridad física para salvaguardar a los espectadores que nada tenían que ver con el tema y por supuesto tratar de controlar el orden en el recinto. Me viene a la mente las palabras de un funcionario CNP de Seguridad Privada, quien me comentó hace meses en tono despectivo que “los cursos de formación específicos son un sacaperras”. A lo que conteste “depende quien sea quien los de, y depende del trabajo de supervisión que hagáis vosotros como responsables de controlar los cursos de formación, porque luego cuando un compañero Vigilante comete un error por desconocimiento lo primero que se hace es echarle la culpa o decir que no están debidamente formados”. Personalmente, y como docente en seguridad privada, siempre enseño lo que pide el temario y más, y siempre desde la óptica de un Vigilante de Seguridad, y jamás como funcionario de las FFCCSS.
También se hace alusión a la OM 318/2011 donde señala en una parte que aquellos VVSS que tengan un periodo de dos años en un servicio, ya no les será necesario el respectivo modulo específico. ERROR. Así con mayúsculas; en dos años pueden cambiar muchas cosas, no solo a nivel jurídico u operativo, sino también las formas más elementales de delincuencia común u organizada. Por poner un ejemplo; en el caso de los centro de menores, conozco muchos vigilantes que necesitan a gritos hacer un curso de este tipo, ya que desconocen la Ley de Protección de Datos (más cuando se trata de menores), operativa de servicio, etc. Entonces veo una aberración el exceptuar a vigilantes que por el hecho de estar dos años en un servicio, no realicen ningún curso especializados de estos. También es cierto que muchas veces depende del profesor que dicte el mismo y de la academia que permita que el docente solo les ponga videos y entregue fotocopias. Pero es aquí donde los buenos docentes se distinguen unos de otros. En este mundo tan pequeño como la seguridad privada, el boca a boca es muy importante.
Finalmente no quiero dejar pasar por alto, una vieja reivindicación que vengo haciendo cada vez que puedo en distintos seminarios o foros donde se me invita. Y es la siguiente, (sobretodo en este tipo de eventos); ¿Por qué el Vigilante no puede estar dotado de un casco de protección tipo antidisturbios?. ¿Acaso la cabeza de los cientos de compañeros que van a conciertos o eventos multitudinarios es más dura que la de los policías?. Muchas veces cuando lanzo esta proclama en charlas donde se me invita, el personal asistente se me queda mirado extrañado, como si estuviera pidiendo una pistola de rayos laser para los compañeros Vigilantes. Ya que los sindicatos no van a mover ficha (porque hace rato lo hubieran hecho), seria bueno que la UCSP se preocupara un poco más de la integridad física de los VVSS y dejar de lado mezquindades y celos profesionales que a nada bueno llevan. Y digo esto último porque un alto oficial del CNP me dijo hace poco que eso era imposible porque se podían confundir con las FFCCSS. Creo que eso sería subestimar el nivel de entendimiento y comprensión de los ciudadanos, quienes sabrían que los VVSS solo buscamos protegernos frente a agresiones en la cabeza como pueden botellazos, piedras, incluso navajazos. La solución que le plantee a este alto cargo, fue sencilla; grabar en los respectivos cascos el logo “seguridad privada” con un numero serial y de color azul o blanco da igual, porque los ciudadanos nos van a ver con el uniforme y la placa identificativa. Querer es poder, y si no hacen las cosas es porque simplemente hay celos de los sindicatos policiales. ¿O es que acaso tiene que ocurrir una desgracia para que se sienten a considerar este reclamo?.

Sergio G. Ueda Tsuboyana
Director de Seguridad Privada, instructor canino, docente y perito judicial en seguridad ciudadana, seguridad privada y derecho penal
 
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Una seguridad de Bankia muerde a dos activistas de Stop Desahucios

Una guardia de seguridad 'se extralimitó en sus funciones', según denuncia el colectivo.

Se congregaron para pedir la dimisión del interlocutor con los desahuciados, Abel Gómez.

Lograron su objetivo porque Gómez anunció que en dos semanas nombraría un sustituto.

Una trabajadora de seguridad de la oficina de Bankia, en Santa Pola, mordió ayer a dos activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca Stop Desahucios cuando se disponían a entrar en esta identidad, según denunció el colectivo.
Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer cuando integrantes de la plataforma procedentes desde Valencia, Marina Alta y Vega Baja irrumpieron en las instalaciones de Bankia para pedir la dimisión del interlocutor -además de ser el director provincial de la entidad en Levante y Murcia-, Abel Gómez, «porque no está dando soluciones a los problemas de los afectados por la hipoteca», explicó a EL MUNDO Celeste, miembro del colectivo en Alicante. «No entramos todos a la oficina, sólo unos pocos, y una señora de seguridad se extralimitó en sus funciones y mordió a dos compañeros», afirmó.
En total se reunieron 250 personas, según Celeste, y estuvieron a las puertas de la oficina durante toda la mañana con el objetivo de «presionar» a Bankia para que cambiarán a su mediador. Finalmente consiguieron que Gómez, quien se encontraba en el local de Bankia del municipio, dimitiera, y anunciara que en dos semanas nombrarían a alguien en su lugar para negociar con Stop Desahucios y dar soluciones a los afectados.
La acción estaba prevista y consesuada con la Guardia Civil, quienes se «mostraron ejemplares en el intento de mediar con los allí presentes», aclaró Celeste. «Los compañeros también estuvieron geniales e hicieron un gran esfuerzo viniendo hasta Santa Pola desde numerosos puntos de la provincia e incluso de Valencia», añadió.
En las próximas semanas llevarán a cabo nuevas acciones en la ciudad de Alicante en entidades como el BBVA, la cual «no da daciones en pago sino reestructuraciones, un parche para los afectados» y en Nova Galicia «otra de las entidades que no negocia». «Seguiremos manifestándonos frente a las oficinas el tiempo que sea necesario, no podemos permitir que familias enteras se queden en la calle por no poder pagar la hipoteca».
 
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ALICANTE: La llamada de una empresa de seguridad a la policía frustra el asalto a la cámara acorazada de un banco

Cavan un túnel de 150 metros para asaltar una sucursal del Banco Popular de la localidad de Elx

La policía nacional frustra el asalto a la cámara acorazada, mientras que los ladrones logran escapar

La Policía Nacional de Elx frustró ayer por la mañana el robo de una céntrica sucursal bancaria del Banco Popular. Una llamada de la empresa de seguridad privada realizada desde Madrid a la Comisaría alertó a los agentes de que algo extraño estaba ocurriendo en la oficina de la calle Jorge Juan, una de las más importantes de la ciudad alicantina. Al parecer, un haz de luz detectado a través de las cámaras de seguridad y procedente de una linterna dio la voz de alarma. Cuando los agentes de la Policía Nacional entraron en la sucursal bancaria, cerrada ayer el público, descubrieron un enorme agujero en una pared situada en la segunda planta del sótano, por donde los ladrones pretendían acceder hasta la cámara acorazada ubicada en la planta superior.
 
Al inspeccionar el agujero comprobaron que se trataba del acceso a un túnel, de más de un metro de altura y cerca de 150 metros de longitud, que desembocaba en una vieja vivienda unifamiliar de dos plantas situada en la calle Calderón de la Barca, a dos manzanas de la sucursal bancaria. Además estaba realizado a dos plantas de profundidad. Supuestamente la amplitud del túnel se debía a la necesidad de introducir por el mismo la maquinaria necesaria para hacer volar la cámara acorazada.
 
Según fuentes cercanas a la investigación, todo hace pensar que el asalto iba a tener lugar este fin de semana, aprovechando que muchos vecinos están de vacaciones, ya que la infraestructura estaba finalizada. Los investigadores piensan que, dada la magnitud de la operación, los ladrones pertenecen probablemente a una banda organizada y especializada en este tipo de robos, y que llevaba alrededor de un mes preparando la operación. Entre otras cosas, además de cavar el túnel, estudiando la cartografía y comprobando las tuberías de alcantarillado y telefonía para evitar roturas. Dentro de la vivienda fueron acumulando los escombros.
 
Vía de escape Los agentes creen que los ladrones estaban en el interior del banco y que, alertados de la presencia policial por una tercera persona que se encontraba en la calle vigilando, emprendieron la huida por el túnel hasta escapar. Cuando los agentes encontraron el butrón accedieron al mismo, pero no lograron localizan a los delincuentes, a los que se buscó incluso por las alcantarillas de los alrededores, así como por comercios y viviendas cercanos.
 
El plan trazado por los ladrones no había dejado lugar a la improvisación. La casa que habían ocupado para iniciar la construcción del túnel estaba vacía y en venta. Los agentes de la Policía Nacional interrogaron a los vecinos de la zona que aseguraron no haber sospechado nada. Al parecer los ladrones habían estado cavando durante cerca de un mes sin levantar sospechas. Los agentes de la Policía Nacional estuvieron toda la jornada en la zona tomando muestras e intentando localizar las herramientas, que pensaban podrían haber sido dejadas en un coche en la zona.

viernes, 22 de agosto de 2014

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BARCELONA: vigilantes de Seguridad denuncian la escandalosa situación del Metro de Barcelona

Al límite. Salir a trabajar sin saber si van a poder volver a casa con su familia. Desarmados por los recortes. Solos ante el peligro. Censurados por una prensa cómplice y servil que vive de la teta de las subvenciones públicas.

Los responsables de las secciones sindicales de tres de las principales empresas de seguridad de nuestro país (Prosegur, Securitas y Eulen) se han puesto en contacto directo con MEDITERRÁNEO DIGITAL para hacer denunciar públicamente la situación diaria a la que deben de hacer frente sus agentes en los Transportes Metropolitanos de Barcelona. Una desgarradora misiva que atestigua, en primera persona, cual es el testimonio, real, de todos aquellos que deben mirar, a diario, cara a cara a los ojos del peligro. Absolutamente escandaloso para una ciudad que tiene el precio del transporte público a la altura de las grandes capitales de Europa. Viajes a precio de lujo para un servicio del Tercer Mundo. ¿Ésta es la Cataluña del siglo XXI?
 
Estimados Sres de la Prensa: Me dirijo a Vds. con la intención de informarles de la situación que a diario padecen los Vigilantes de Seguridad del Metro de Barcelona, situación esta que no solo les afecta a ellos, también afecta a la seguridad del pasaje en general y la conservación de las INSTALACIONES públicas del mismo.
 
Desde hace unos años la política de TMB, supongo que la de los recortes, ha supuesto una reducción paulatina de los componentes de las distintas Empresas de Seguridad que custodian y vigilan las distintas INSTALACIONES del Metro, estaciones y líneas en general. Además de la reducción del número de patrullas también se les ocurrió la "brillante" idea de crear la figura del "Agente Único", que como se imaginan solo consiste en dejar solo a un Vigilante de Seguridad con las mismas obligaciones y responsabilidades pero a todas luces con un mayor riesgo. Como se suele decir por los responsables de Metro, la Seguridad es una "sensación", por lo que laSeguridad queda más de cara a la galería que a la realidad de las situaciones que se viven en el subsuelo de nuestra ciudad.
 
Es cuando menos de risa, ver como los Responsables de TMB y políticos locales se jactan de haber reducido considerablemente los delitos o incidentes en el Metro. A nuestro entender, estos incidentes se producen con la misma frecuencia, sino con más, pero queda menos constancia de ellos por cuanto hay menos PERSONAL de seguridad que informe de dichas situaciones, desde robo con fuerzas, carteristas, agresiones, peleas de bandas, destrozos del mobiliario públicos, etc. Recientemente desde nuestras Secciones Sindicales en las diferentes Empresas de Seguridad contratadas por Metro, Eulen, Securitas y Prosegur, hemos constatado un incremento de las intervenciones que deben realizar los trabajadores de las mismas, con un aumento de las agresiones a estos trabajadores, algunas graves, generadas entre otra situaciones por la visible indefensión y minoría en que se encuentran dichos trabajadores en situaciones algunas de ellas muy complicadas.

Sirvan a modo de ejemplo la brutal agresión sufrida por dos Vigilantes de Seguridad de la Empresa EULEN. Los hechos ocurrieron el pasado día 3 de agosto, alrededor de las 03:40 h aproximadamente, en la estación de Paseo de Gracia de la línea amarilla (L- 4). E n esa estación en el andén se encontraban dos vigilantes de seguridad de la empresa EULEN SEGURIDAD cuando a la llegada del tren se baja un individuo del vagón y empieza a realizar gestos pugilísticos a un componente con clara intención de agredirlo, a lo que el vigilante tuvo que responder ante la misma, en ese momento bajan del vagón entre seis u ocho individuos más, que empiezan a agredir a los vigilantes rompiendo el cristal de un extintor y rociándolo contra los vigilantes, posteriormente agrediéndolos con el extintor y la defensa que le arrebataron a uno de los vigilantes.
 
Fue tal la paliza que recibió uno de los componentes que quedó momentáneamente inconsciente en el andén, y seguían propinándole golpes, según declaraciones de uno de los agredidos, que fue el que puso a salvo al compañero, bajando a vías para protegerse de los agresores. Finalmente los agresores se marcharon en el metro. Uno de los dos vigilantes, se estima que estará de baja un mesaproximadamente el otro presenta daño en una de sus manos, contusiones y hematomas en gran parte del cuerpo. Se da la circunstancia que uno de los componentes de la pareja era el segundo día que PRESTABA servicio en metro. Y suponemos que estaba siendo formado con EULEN SEGURIDAD, que tendrá que aclarar la información y formación recibida hasta ese momento, y si portaba los EPI's para el desarrollo de sus funciones, según manifiesta la Sección Sindical del SIPVS-C, ( Sindicat Independent Professional de Vigilancia i Serveis de Catalunya).

También como ejemplo el producido el día 7 de Agosto del 2014 del que nos informan desde la Sección Sindical de SIPVS-C enSECURITAS. Se produce el incidente en la parada de Marina de la linea 1 de Metro, dos individuos realizan alteración del orden al molestar el resto del los usuarios mientras bajaban escaleras de acceso al anden, subidos en los pasamanos de las escaleras automáticas y haciendo caso omiso a las indicaciones del personal de TMB y EQUIPOS DE SEGURIDAD privada, diciendo improperios hacia los vigilantes de seguridad privada que presta servicio en metro. En cuanto se acerca el EQUIPO DE SEGURIDAD a la altura donde se encuentran los usuarios estos sin mediar palabra proceden a realizar agresión directa a unos de los vigilantes propinándole un puñetazo directo a la cara, se produce en ese momento la movilización de todo el personal presente para reducir los agresores, por producirse actuación violenta por parte de los dos usuarios.

Una vez reducidos se les encuentra en posesión los usuarios de dos navajas tipo mariposa de grandes dimensiones y de una camuflada en tarjeta de crédito. Se activa el protocolo de actuación por parte de TMB, dando aviso a Mossos d´Escuadra, equipos móviles de Seguridad Privada, Ambulancia,etc. Los usuarios son trasladados a la Comisaria de Les Corts, acusados de atentado contra la autoridad, por agresiones, mordiscos, agresión con botella de whisky,etc. Este incidente se podría dar por aislado si en los últimos cinco días no se hubieran producido más atentados contra los equipos de seguridad privada de metro, apreciándose un incremento de las mismas.
 
También como ejemplo sirvan estas que indico: Día 2 de Agosto, en la Estación de Sagrada Familia de la Línea 5 agresión a una trabajadora, Vigilante de Seguridad, por grupo usuarios en la hora de cierre de la estación, resultando dicha trabajadora de baja médica a consecuencia de dicha agresión. O la agresión producida también ese día por un grupo de personas de origen sudamericano utilizando cinturones con hebillas a modo de arma. También la producida en la Estación de Av Carrilet, donde resultaron varias personas atendidas por el 061 y donde dos Vigilante de Seguridad fueron dados de baja médica por las lesiones. A pesar de que TMB, siempre alega que estos son hechos aislados, la realidad y los hechos demuestran lo contrario y por más protocolo que exista para estas situaciones, lo único que se produce es la evidencia de que estos no funcionan.
 
Rogamos por todo lo informado que trasladen estas informaciones a la opinión pública, que la ciudadanía sea consciente de que la seguridad en el metro es solamente testimonial, únicamente imagen, que para TMB es una "sensación" Hemos solicitado una reunión urgente con TMB sobre los hechos.
 
Atentamente, Francisco Javier Céspedes. Sección Sindical Prosegur

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La Vigilancia Discontinua hace accesible la seguridad a todo el mundo

La sensación de sentirse protegido y seguro es algo a lo que toda la sociedad debe poder optar. Las empresas de seguridad trabajan para adaptarse a las necesidades que puedan surgir en el mercado, así en Grupo Control, empresa especializada en seguridad y vigilancia, ha puesto en marcha un nuevo servicio denominado Vigilancia Discontinua
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La seguridad se ha convertido en un bien fundamental para que las personas puedan desarrollar su día a día con total tranquilidad. La seguridad en el hogar es básica, pero no lo es menos en las empresas, ya que son los motores económicos de la sociedad, y cada día son múltiples los riesgos a los que se someten y a los que deben hacer frente. Es por ello, que la sensación de sentirse protegido y seguro, es algo a lo que toda la sociedad debe poder optar.
En este sentido, las empresas de seguridad trabajan para adaptarse a las necesidades que en cada momento puedan surgir en el mercado, y que en las empresas varían continuamente tanto en materia de productos, como servicios y procedimientos. Fruto de esos estudios que en Grupo Control, empresa especializada en seguridad y vigilancia, se llevan a cabo de manera constante por parte de sus especialistas para garantizar la confianza de sus clientes, se ha puesto en marcha un nuevo servicio denominado vigilancia discontinua, mediante el que garantizar eficacia y calidad, pero con un coste más reducido para el cliente.
De esta manera, tras un estudio pormenorizado de las instalaciones, técnicos especialistas de esta empresa referente nacional en su sector, diseñan un plan de vigilancia a medida, prestando especial atención a los lugares estratégicos y vulnerables de las instalaciones y estableciendo las zonas de atención inmediata, que se dotan de un punto de control. Estos puntos de control son los que el vigilante debe activar en cada una de las rondas intermitentes y programadas que realiza a los distintos lugares objeto de protección y que previamente se establecen en función de las necesidades de cada instalación.
Asimismo, para garantizar la seguridad del proceso de vigilancia, los puntos de control se encuentran conectados con el centro de control vía GSM, además de que el vigilante realiza diariamente un parte donde queda recogido cualquier comentario o posible incidencia surgida durante el servicio.
Protección y eficacia En esta línea, mediante la vigilancia discontinua se obtiene una presencia física y disuasoria, con control de las zonas críticas de las instalaciones, hecho que permite ofrecer, en tiempos complicados desde el punto de vista económico, un servicio específico para cubrir las necesidades en materia de seguridad de todas aquellas empresas o personas que, independientemente de su sector de actividad, desean tener protegidas sus instalaciones sin disponer de un servicio permanente de vigilancia física, beneficiándose de una reducción de costes, pero con el mismo grado de eficacia.
Así, la vigilancia discontinua se convierte en un servicio ideal para empresas que disponen de centros o edificios con distintas ubicaciones, comunidades de propietarios, obras, centros de negocios, naves industriales o centros comerciales, entre otros.

 
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Sanción a la empresa Eulen Seguridad

Se abre expediente sancionador, con Nº 2676/2014, por falta grave.
 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzaW5kaWNhdG9wcm9mZXNpb25hbHNwdnxneDo0NjZhN2Y1NDJlMjg3NGNj




 

jueves, 21 de agosto de 2014

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LA OTRA SEGURIDAD - "Despedido de la empresa"

Programa 349 – Despedido de la empresa.
LA OTRA SEGURIDAD
El sector de la seguridad privada no ha podido protegerse de las desavenencias de la crisis. Las grandes empresas de esta industria, entre las que se encuentran Prosegur, Securitas, Segurisa, Eulen, Ombuds, Segur Ibérica o Sabico, se enfrentan actualmente a recortes salariales o posibles despidos, que pueden llevar a algunas empresas a la inaplicación del Convenio Colectivo Estatal del sector.
 
 
 
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CÁDIZ: La seguridad, asignatura pendiente en los autobuses

Conductores de las líneas interurbanas insisten en la necesidad de tener un vigilante en los recorridos de la Bahía y de la Janda para evitar conflictos

«La pelea puede saltar en cualquier punto de la carretera y ahí el conductor está solo»
 
«Cualquier día va a saltar la chispa y va a ocurrir un accidente grave», afirma Francisco Ríos del Sindicato Andaluz de Conductores. Llevan años advirtiendo de la necesidad de incrementar la vigilancia en las líneas interurbanas en el primer turno de los sábados y los domingos, sobre todo las que circulan por la Bahía y por la Janda. Es una reivindicación por la que llevan varios años luchando. «Después de mucho insistir conseguimos que pusieran un vigilante de seguridad en la primera parada del autobús que controlara a las personas que accedían al mismo, luego que se subieran aunque de momento sólo lo hacen hasta la última parada de Cádiz, después el conductor se encuentra sólo ante el peligro». Por eso siguen exigiendo al Consorcio de Transportes que accedan a su petición y el vigilante se mantenga durante todo el recorrido. «Pedimos que acompañe al conductor desde las 6.00 horas que sale el primer autobús hasta las 8.30 horas, que es cuando ya se tranquiliza la situación, son poco más de dos horas que pueden ayudar a resolver algún episodio violento, porque la pelea puede saltar en cualquier punto de la carretera».
 
De momento, el verano ha transcurrido sin grandes incidentes, «existe una especie de calma chicha que puede cambiar en cualquier viaje», explica Pedro Vázquez, presidente del comité de empresa de Comes. «A principios de julio tuvimos un altercado que pudo acabar en algo serio. Cuando el autobús se encontraba por la carretera camino de San Fernando, dos jóvenes comenzaron a pelearse y uno de ellos cayó sobre la máquina expendedora de tickets. Si lo hubiera hecho sobre el conductor no sabemos que podría haber ocurrido». Y no son sólo los altercados. «El fin de semana pasado, con la celebración de las Barbacoas hubo varios asientos rotos y hasta nos encontramos con que habían defecado en uno de los autobuses, de haber tenido a un vigilante dentro no hubiera ocurrido», añade Vázquez.

Dos son las zonas especialmente conflictivas. Por un lado, en la Bahía de Cádiz la línea que se mira con más recelo es la que va de Cádiz a San Fernando «tanto a San Fernando Sur como Norte», señala Francisco Ríos, pero también el camino a Chiclana o a Puerto Real. «A mi me ha pasado que, cruzando el puente Carranza, rompieron una de las lunas del autobús y un hombre intentó tirar a otro por la ventana. También en una feria de Puerto Real hubo una madrugada que varios jóvenes se subieron al techo del autocar porque no cabían dentro. El conductor no se percató y arrancó. Viajó así durante unos metros hasta que le avisaron. Hemos visto verdaderas barbaridades». También es complicada la zona de la Janda, sobre todo los autobuses desde Conil o Barbate. «Son zonas de mayor aglomeración de jóvenes durante el verano y es muy frecuente que cuando se suban al autobús lo hagan ebrios o incluso bajo los efectos de estupefacientes».

Denuncia archivada
Situaciones como éstas ya la pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Salud Laboral. Fue CC OO quien informó de todos los hechos para que tomara cartas en el asunto «pero al no haber ocurrido una agresión contra el conductor la archivaron», explica Pedro Vázquez. «Parece que tenemos que esperar a que pase algo grave para que la Fiscalía actúe». Desde el Sindicato Andaluz de Conductores también se está estudiando la posibilidad de volver a poner en conocimiento de este tipo de situaciones a la Fiscalía con el objetivo de que tome medidas «antes de que pase algo realmente serio».
 
Mientras tanto seguirán exigiendo al Consorcio de Transporte que amplíen las medidas de seguridad. «Ya no sólo con el vigilante durante todo el recorrido, también con la colocación de mamparas que protejan al conductor como ya se hacen en otras ciudades». Así lo volverán a exponer en una reunión que mantendrán en septiembre con la empresa y con el Consorcio.

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MÁLAGA: Un centro penitenciario con vigilantes de seguridad... Y sin reclusos.


La apertura de la segunda cárcel de Málaga se pospone 'sine die'
 
El centro penitenciario Málaga II, nombre oficial de la nueva prisión levantada en el término municipal de Archidona, seguirá un año más sin abrir sus puertas y con la única presencia en su interior de los vigilantes de seguridad que guardan una de las instalaciones carcelarias más modernas del país y que sigue sin fecha para su apertura.
Las últimas noticias conocidas las difundía ayer el PSOE, que daba ayer a conocer una respuesta del Gobierno central a una pregunta parlamentaria del diputado, Miguel Ángel Heredia, en la que se asegura que "el motivo por el que no se ha puesto aún en funcionamiento obedece a la insuficiencia de la oferta de empleo público".
 
La respuesta remitida al diputado malagueño deja en el aire el futuro del centro y apunta a que "no es posible precisar las necesidades concretas en cuanto al número de funcionarios para su puesta en marcha", al tiempo que se arremete contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, al que responsabiliza de la situación que tiene el proyecto en estos momentos, afirmando que "en su momento tendrían que haberse planificado con responsabilidad las infraestructuras penitenciarias". Una afirmación en la que se evita hacer referencia a la saturación que sufre el actual centro penitenciario malagueño de Alhaurín de la Torre.

La respuesta del Ejecutivo sugiere que la construcción del centro penitenciario no se encuentra justificada por las necesidades de la población reclusa, al tiempo que señala que "suponen una elevada carga para el erario público", por lo que su construcción debería responder a "las necesidades que demanda una población reclusa menguante". Una afirmación que poco parece tener que ver con el exceso de internos que tiene la cárcel provincial, aunque la preguntaba estaba dirigida a conocer el futuro que le espera una nueva cárcel para la provincia de Málaga que ha sido demandada en el pasado desde todos los sectores.
 
El argumento utilizado ahora sobre la imposibilidad de determinar el personal necesario contrasta con la exactitud de las cifras dadas cuando se inició el proyecto. Entonces se afirmaba con rotundidad que para poner en marcha el centro sería necesario emplear a 500 funcionarios y a 100 trabajadores laborales, algo que ahora se asegura que no es posible determinar.
 
El complejo penitenciario con un millar de celdas tiene capacidad para acoger a una población reclusa de unas 2.000 personas, aunque en la actualidad es el mayor edificio fantasma construido con dinero procedente del erario público en la provincia de Málaga. Además, en su interior también se encuentran concluidas unas modernas zonas comunes para los presos, que llegaron a incluir una piscina cubierta descartada posteriormente por su elevado coste de mantenimiento, y salas con televisiones de plasma. La construcción de la segunda cárcel de la provincia contó con un presupuesto de 100 millones de euros, al tiempo que fue necesaria la realización de actuaciones paralelas para garantizar, por ejemplo, el abastecimiento de agua de las dependencias, situadas en un paraje próximo a la A-92M.
 
De momento, la prisión llamada a ser un importante motor para la economía local es un mero objeto para las miradas de los viajeros que circulan por la carretera de Salinas y tratan de averiguar qué es esa inmensa mole de hormigón con aspecto de centro fortificado al más estilo cárcel de alta seguridad. Y así parece que seguirá durante un tiempo indeterminado, aunque se había anunciado la inauguración de la cárcel para este año 2014, una fecha que ya se preveía que no se cumpliría cuando se anunció la renovación del servicio de vigilancia y que ahora se confirma a no haber previsión de contratación de personal.

martes, 19 de agosto de 2014

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Prosegur: a la vanguardia de la nueva seguridad portuaria

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Prosegur es una de las principales compañías del sector de seguridad privada a nivel mundial. Desde su constitución en 1976, la Compañía se ha mantenido firme en sus líneas de actuación. Así, la estrategia de Prosegur combina el crecimiento orgánico e inorgánico, un liderazgo diversificado –por geografías y productos-, una apuesta firme por la innovación, un equipo humano de primer nivel y una organización orientada al cliente.
La Compañía cotiza en la Bolsa de Madrid desde el año 1987 y, hoy en día, es una empresa global, que cuenta con un equipo de más de 150.000 empleados en el mundo repartidos entre Europa -Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Portugal-, Latinoamérica -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay- y Asia- China, India y Singapur. En Oceanía, Prosegur está presente en Australia.
Este crecimiento confirma el éxito del modelo integrado de seguridad que Prosegur desarrolla y que le permite seguir posicionada como referente en los mercados en los que está presente, con una estrategia de negocio claramente diferenciada: cercanía con el cliente, excelencia y calidad en el servicio, unidos a una sólida posición financiera.
Actualmente, la Compañía ofrece servicios que abarcan distintos ámbitos de la seguridad: Vigilancia, Logística de Valores y Gestión de Efectivo, Tecnología y Alarmas.
Para Prosegur, las principales exigencias que se marca a la hora de atender a sus clientes, son; la calidad en el servicio, unida a la especialización en la oferta de soluciones que ofrece a las empresas, unida a una continua formación de sus profesionales y la inversión continua en innovación para incorporar los avances tecnológicos.
En cuanto a la importancia de la seguridad en el sector náutico, siempre ha sido de vital importancia en este sector, como se refleja en el tratamiento legislativo que se ha dado a este asunto, tanto en el ámbito nacional como europeo.
La modernización y el desarrollo tecnológico que ha experimentado el sistema portuario español, ha contribuido a disminuir el catálogo de riesgos asociados a la actividad portuaria. De cualquier forma, al hablar de seguridad, no podemos olvidar la aprobación en los últimos años de diferentes normativas por la que se establecen las medidas de protección de las infraestructuras críticas, donde los puertos se encuentran dentro de uno de los doce sectores estratégicos.
Prosegur empezó a interesarse en las cuestiones de la seguridad portuaria, por un lado, por la amplitud del concepto de infraestructuras críticas, el gran abanico de sectores afectados y distintos riesgos a los que están sometidos, exige la necesidad de afrontar su protección desde un punto de vista multidisciplinar, implicando a numerosos organismos públicos y privados.
Prosegur3
 

Por otro, no se puede obviar que en la actualidad se está asistiendo dentro del mercado de la demanda turística a una serie de importantes cambios dentro del modelo que introducen elementos enriquecedores de la denominada oferta turística. Dentro de esta tendencia, el turismo náutico, en el cual Baleares es líder, requiere de medidas urgentes en su política de seguridad para evitar la vulnerabilidad de sus infraestructuras. Por este motivo, ya existen puertos deportivos que están trabajando en ello y a los que se les está proponiendo un modelo de protección basado en la prevención, para dotar de un sistema integral de seguridad combinando la tecnología con el mejor equipo humano.
Un puerto deportivo necesita alcanzar un muy alto nivel de calidad y excelencia dentro de los diferentes servicios, logrando incluso la distinción entre los clientes y usuarios de las instalaciones. Todo puerto deportivo debe lograr que sus clientes se sientan personalmente seguros, y que la integridad de sus embarcaciones y o de sus bienes están garantizados.
En este sentido, un plan de seguridad debe contener una meditada evaluación, con una correcta proporcionalidad de uso de los Medios y Medidas de Protección, así como contar con la máxima fiabilidad y despliegue de los sistemas tecnológicos sin olvidarnos de lo más importante; la formación y el detalle de los procedimientos.
Por lo que respecta a los puertos comerciales, la seguridad en los puertos comerciales, al ser de dominio público en su gran extensión, compete a la Autoridad Portuaria y concretamente recae en el director del Puerto, que a su vez, se apoya en la Policía Portuaria cuya misión es la de realizar el control y vigilancia de la zona de servicio del Puerto y de las operaciones marítimas y terrestres relacionadas con el tráfico portuario.
Prosegur aporta tecnología que le permite realizar la detección de intrusión perimetrales, la detección de paso y movimiento en los viales del puerto, la detección de intrusión áreas críticas o de interés, la instalación de arcos y scanner RX en zonas de control de acceso y la instalación de barreras de detección de aproximación a embarcaciones amarradas en el exterior centro de control de seguridad remoto y físico, entre otros.
Además ofrece servicios de consultoría que ofrecen una evaluación de la seguridad conforme a reglamentos y recomendaciones OMI y OIT, determinando el nivel de vulnerabilidad e incluyendo acciones para cumplimiento y mejor.
Asimismo, la Compañía lleva a cabo planes de emergencia, manuales de autoprotección, análisis de riesgos, proyectos de Seguridad integral, auditorías, adecuación a los procedimientos del puerto y formación en seguridad a Guarda muelles, Técnicos y Dirección.
Prosegur apuesta por la innovación para desarrollar una gama de servicios adaptados a las particularidades concretas de cada cliente y sector de actividad. En este sentido, la principal ventaja competitiva reside en una oferta de soluciones integrales, que cubren todos los ámbitos de la seguridad, desde el servicio de recogida y transporte del efectivo, hasta vigilancia, combinadas con la más avanzada tecnología. Esto permite al cliente resolver todas sus necesidades de seguridad a través de un único proveedor y, de este modo, le ayuda a ser más eficiente en sus procesos.
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El cliente de Prosegur demanda soluciones de seguridad que les permita maximizar sus resultados de negocio, por tanto nuestro objetivo es aprovechar las nuevas tecnologías para ofrecer un modelo de seguridad eficiente y sostenible. Con este fin, la Compañía ha lanzado Prosegur Integra, que combina e integra todos los servicios que abarcan el ciclo de seguridad, según las necesidades de cada cliente, con el fin de optimizar su solución.
Este enfoque es la base del éxito de Prosegur y permite a la Compañía ser un referente en los mercados donde está presente, con una implantación geográfica sólida. Al mismo tiempo, Prosegur cuenta con un modelo de negocio sólido que le ha permitido seguir ampliando nuestra actividad hacia nuevos mercados. Actualmente, con un equipo de más de 150.000 profesionales prest servicios en 17 países de Asia, Europa, Latinoamérica y Oceanía.
 
Fuente:  mallorcadiariodenautica.com

lunes, 18 de agosto de 2014

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En septiembre serán suprimidos los últimos servicios de escolta a amenazados por ETA

El Departamento de Seguridad limitará la protección a los principales cargos institucionales de la política y la judicatura.
 
Bilbao - Los servicios de escolta que la Ertzaintza ha venido realizando como parte fundamental de su actividad a personas amenazadas por ETA serán historia a partir del próximo mes. De este modo culminará la progresiva reducción de esta labor llevada a cabo por el Departamento de Seguridad desde 2013, y que de hecho empezó a producirse en la anterior legislatura, con el PSE en el Gobierno vasco. Según ha podido saber DEIA, en la primera quincena del mes pasado los jefes de la Unidad de Protección y Seguridad comunicaron personalmente a una decena de políticos y excargos públicos que iban a dejar de tener escolta, un proceso que se está acometiendo de forma paulatina y que concluirá en septiembre.
Fuentes conocedoras de la situación afirmaron que entre los afectados hay presidentes territoriales o autonómicos de partidos, parlamentarios y exconsejeros, todos ellos del PSE, PP y el PNV. Como consecuencia, a partir de ahora el Gobierno vasco se limitará a garantizar la seguridad de los principales cargos institucionales de la política y la judicatura, equiparándose así al resto de comunidades autónomas del Estado español. Ello incluye al lehendakari y sus consejeros, la presidenta del Parlamento Vasco, los portavoces de los distintos grupos políticos, el presidente del TSJPV y el fiscal superior de la CAV. También mantienen la protección el exlehendakari Patxi López, el exconsejero de Interior Rodolfo Ares y testigos protegidos en procesos judiciales.
El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, adelantó en declaraciones a la Ser que en cuestión de pocas semanas se procederá a una nueva reorganización del servicio de escolta de la Ertzaintza que “podría ser la última”. Dejó claro que en ningún caso se reducirán los miembros de la Unidad de Protección y Seguridad, formada por 143 berrozis, sino que se adecuarán los servicios y el personal escoltado, hasta mantenerlos tan solo en los casos de representación institucional. Fuentes del Departamento de Seguridad afirmaron a este medio que este proceso persigue “ajustarse a la nueva realidad sin ETA, llegar a una situación de normalidad” después de que la violencia “motivara que tantas personas tuvieran que llevar escolta”.
Estas fuentes agregaron que la propia “readaptación a la vida normal” es complicada, por lo que la retirada de estas últimas escoltas está siendo progresiva desde finales de julio. Se trata, por tanto, de un escenario muy diferente al que, en los años de mayor actividad de la banda, llegó a traducirse en miles de guardaespaldas privados y cientos de ertzainas dedicados a la protección de vips, según el argot policial. Por ejemplo, en 2009, con 1.492 personas amenazadas en Euskadi, había 2.500 escoltas de empresas privadas en la CAV y 1.500 en Nafarroa, así como 400 ertzainas dedicados a labores de protección. La demanda de escoltas era tal que, en 1998, además de la Unidad de Protección, la entonces Consejería de Interior creó la Unidad de Acompañamientos, que llegó a estar formada por 200 agentes.
El año pasado ya fue prolijo en medidas derivadas del abandono definitivo de las armas anunciado por ETA en octubre de 2011. Así, el Departamento de Seguridad hizo desaparecer la Unidad de Acompañamientos para reforzar la Brigada Móvil y las comisarías, ciñó la presencia de guardaespaldas privados a la protección de mujeres víctimas de violencia de género y redujo la Unidad de Protección y Seguridad sacando de la misma a 93 agentes sin plaza en propiedad, quedando formada por 143 berrozis. Entonces había 36 amenazados.
Nuevo sistema El sindicato Euspel, mayoritario en la Unidad de Protección y Seguridad, criticó el actual sistema de escolta de a uno por los riesgos que conlleva, y pidió que los vips vuelvan a estar acompañados por dos agentes. “Ellos mismos nos trasladan que se duermen al volante y que más de una vez han dando bandazos, ¡y con un consejero sentado detrás!”, afirmaba a DEIA el presidente de la central, Txutxi Castelo. “Los transportistas tienen un número determinado de horas que deben dormir, y aquí eso se incumple totalmente”, señaló. Agregó que “el día que alguien sufra un accidente, el Gobierno vasco va a tener una querella gorda”.
Puso como ejemplo que, si se realiza un viaje a Madrid para volver al día siguiente, el ertzaina puede tener tan solo cuatro horas para dormir. También el hecho de que un protegido viva fuera de Euskadi y haya que ir a buscarle todos los días, o el elevado número de kilómetros que realizan algunos consejeros. Castelo citó además otros problemas de esta unidad como la pretensión de que sean los propios ertzainas los que paguen las multas -de hasta 600 euros, aseveró- y el nuevo calendario de trabajo: “Los agentes están trabajando a piñón, la mayoría ha superado ya las horas de trabajo estipuladas y esta es la única unidad en la que se está cobrando por horas de exceso”.
 
Fuente:  http://www.deia.com
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Revista Cuadernos de Seguridad Nº 291 Julio/Agosto

EL FUTUROS DE LAS CRAs
http://files.epeldano.com/publications/pdf/8/cuadernos-de-seguridad_8_291.pdf

domingo, 17 de agosto de 2014

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LOS MOSSOS INCOAN NUEVA SANCIÓN GRAVE A SEGUR IBÉRICA POR UTILIZAR FALSOS VIGILANTES

LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PONEN A SEGUR IBÉRICA AL BORDE DE LA PÉRDIDA DE SU AUTORIZACIÓN COMO EMPRESA DE SEGURIDAD.

SEGUR IBÉRICA ASFIXIADA POR LAS SANCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, LA SEGURIDAD SOCIAL, HACIENDA Y LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES ABIERTAS POR PRESUNTA ESTAFA A SUS CLIENTES

Fatídico año 2.014 para la tercera empresa de seguridad de España, SEGUR IBÉRICA, no levanta cabeza, a pesar del cambio de casi toda su Directiva, sigue recibiendo sanciones e incoación de nuevos Procedimientos Judiciales.
La Administración es lenta, pero al final funciona, dos años después de realizarse la denuncia (2.012) viene la incoación de una nueva Falta Grave por Incumplimiento de la Ley y reglamento de Seguridad Privada.
Este caso ya lo hizo público el Sindicato Ates Catalunya. Un Falso Vigilante que estuvo trabajando en Segur Ibérica desde el año 2.002, más de 12 años después es sancionada SEGUR IBÉRICA por Falta Grave y ya se acumulan al nivel que se han convertido en Faltas Muy Graves. Las Faltas Muy Graves puede producir la perdida de la Autorización del Ministerio del Interior.
VER DENUNCIA PÚBLICA REALIZADA EN FEBRERO 2.014 POR ATES EN ESTE LINK

En febrero de 2.014, SEGUR IBÉRICA recibió la incoación de una otra Falta Grave, que se acumula a la de este mes de julio.
 
Fuente:  AFILIADOS DE ATES CATALUNYA