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viernes, 29 de junio de 2018

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Las 'jefes' de la seguridad privada aumentan su deuda con Hacienda a más de 140 millones

La entrada de Ombuds con deudas próximas a los 20 millones de euros hace crecer el monto total que debe un sector muy moroso con el fisco

El sector de la seguridad privada sigue siendo uno de los más morosos con Hacienda según los datos que ha publicado este jueves el Ministerio. Algunas de las grandes empresas que en los años anteriores han sido actores protagonistas del sector mantienen ahora deudas superiores a 140 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, unas deudas que han aumentado en los últimos 12 meses. A 31 de diciembre de 2016 las deudas suponían aproximadamente unos 120 millones según cálculos realizados por Vozpópuli.
Los compromisos impagados con la Agencia Tributaria son parte del legado que han dejado en las cuentas públicas algunos conocidos 'capos' que han funcionado durante años en el sector, como Miguel Ángel Ramírez, de Seguridad Integral Canaria; Lorenzo González Díaz, de LPM Seguridad o Antonio Pérez Soria, de Halcón Seguridad, además de Segur Ibérica, compañía quebrada en 2016 que estaba controlada por los fondos Corpfin Capital (cuyo consejero delegado es Felipe de Oriol y Díaz de Bustamante (familiar de Mónica de Oriol, expropietaria de Seguriber) y MCH Private Equity.
Cada uno de estos casos son diferentes pero entre todos acumulan deudas millonarias. En multitud de ocasiones las deudas con Hacienda han venido acompañadas de problemas con la Seguridad Social. Por ejemplo, Segur Ibérica ha disparado su deuda en un año desde 12 millones hasta 21,7millones. Con esta subida, provocada por la acumulación de deudas de filiales, la compañía quebrada durante el año pasado alcanza la cima dentro de las empresas del sector que más deben al fisco. Desde 2010 sufrió una importante descapitalización hasta acabar teniendo fondos negativos. La caja obtenida en los años de bonanza salió de la empresa, una liquidez que ahora le vendría bien para afrontar sus obligaciones fiscales.
En similar situación se encuentra LPM Seguridad, compañía que ha aumentado ligeramente su deuda, posiblemente por los intereses, de 20,02 millones a 20,308. Entró en concurso de acreedores en 2015 con una deuda que entonces se reportaba tan sólo de 12 millones de euros. Esta empresa era propiedad de Lorenzo González Díaz, un polémico empresario que fue relacionado con un caso de extorsiones para amañar la situación judicial de Cristina de Borbón y que también se asegura que pagó la famosa cacería por la que tuvo que dimitir el ministro de Justicia socialista Mariano Fernández Bermejo. En este caso la situación de insolvencia de la compañía no hace fácil que se pueda recuperar el dinero.
En tercer lugar encontramos a Ombuds Compañía de Seguridad SA,empresa dirigida por el empresario Rodrigo Cortina y controlada por el fondo de inversión JZI, que sale en la lista de Hacienda con una deuda de 16,21 millones de euros a los que se podría sumar la deuda de Castellana de Seguridad, SA, una compañía adquirida en 2015, que acumula una deuda de 2,2 millones de euros. Su entrada en la lista de morosos es la más importante este 2017 y se da la circunstancia de que es la primera de las empresas de seguridad deudoras que sigue a flote y mantiene su actividad ordinaria. Fuentes de Ombuds han contactado con este diario para asegurar que "la deuda a la que se refiere el listado publicado por Hacienda corresponde a deudas entonces suspendidas y/o con solicitud de aplazamiento. En cualquier caso están todas íntegramente pagadas desde hace meses".
Otros nombres conocidos A mucha distancia en cuanto a cuantía de la deuda se encuentran Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia, empresa que suspendió pagos en 2014 y que también ha aumentado ligeramente su deuda. Al igual que Falcón, que la ha subido de 6 a 7 millones de euros. Buscando más allá en la lista podemos encontrar otros nombres conocidos del sector de la seguridad privada, clásicos en sus problemas con Hacienda y la Seguridad Social como es Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Pese a que Ramírez aseguraba el año pasado a este periódico, tras salir en la anterior lista, que ya había pagado su deuda con Hacienda, este año vuelve a salir en la lista lo que indicaría lo contrario. El empresario fue detenido el pasado mes de abril por acusación de impago a la Seguridad Social. Debe poco más de 3 millones a Hacienda según la lista a 31 de diciembre. Otros nombres no tan conocidos pero también polémicos y que protagonizan la lista de Hacienda son el de Juan José Prados del Pino, que desapareció junto con su mujer en octubre de 2012 dejando una deuda de casi 10 millones de euros con Esabe. De él se aseguraba que decía en ocasiones al presentarse, "tienes a Dios aquí delante".
Pequeñas compañías
En la lista preparada por el departamento de Cristóbal Montoro (PP) y publicada definitivamente por el de María Jesús Montero (PSOE) se incluyen otro par de decenas de empresas que tienen deudas de menor cuantía con la Agencia Tributaria. La mayoría de ellas ya aparecían en la lista del año anterior, y la cantidad que deben en muy pocas ocasiones ha conseguido recuperarse o reducirse, por ser en su mayoría empresas en liquidación que carecen de activos embargables. La lista de la AEAT sólo incluye deudas superiores a 1 millón de euros. Muchas empresas del sector de seguridad privada suelen padecer de problemas de liquidez causados en ocasiones por la poca diligencia en los pagos de sus clientes, en ocasiones administraciones públicas. Estos problemas de tesorería son transversales en casi todo el sector y casi estructurales, aunque se volvieron dramáticos durante los años de crisis de pago a proveedores del Estado, las autonomías y los ayuntamientos.
Lista de grandes deudores de seguridad privada
SEGUR IBERICA SA 21.711.448,87
SEGURIDAD LPM SL 20.308.406,05
OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 16.216.550,45
CASTELLANA DE SEGURIDAD 2.218.974,79
HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL 10.591.467,84
FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA 7.392.174,85
ESABE EXPRESS SA 6.339.183,59
PROVINEN SEGURIDAD, SA 6.100.466,22
GEBISA SEGURIDAD SA 5.454.203,57
FOMENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD SAL 5.244.066,09
J S DE SEGURIDAD SA 4.315.398,88
C7 SEGURIDAD SL 3.954.244,95
VIGILANCIA Y CONTROL PUNTO CINCO SA 2.979.101,62
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA 3.091.698
WERSER SEGURIDAD Y CUSTODIA SL 2.687.911,32
SEGURIDAD INTEGRAL MADRILEÑA SA 2.540.790,62
DEFENDER SEGURIDAD SAN 2.499.742,26
PREVENCION Y CONTROL PUNTO CINCO SL 2.461.023,97
ARAMIS SEGURIDAD SL 2.181.966,36
SEQUOR SEGURIDAD SAU 2.162.684,28
SEGURIDAD PERSONAL Y VIGILANCIA, S.C.L. 2.017.405,73
SEGURIDAD CERES SA 1.943.379,12
SEGURIDAD ALHAMBRA Y PROTECCION 1.885.483,57
ESABE VIGILANCIA SA 1.875.621,03
JARC SEGURIDAD S.L.U. 1.703.532,17
VIGILANCIA I SEGURETAT 94, SL 1.764.595,20
SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PEDRO RICO SL 1.469.795,08
SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD SL 1.469.320,47
INTEGRAL DE TRATAMIENTOS DE SEGURIDAD SA 1.435.441,50
IBER SEGURIDAD SL 1.377.073,49
PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONTROL SL 1.306.209,67
SEGURIDAD THRON SL 1.166.156,21
PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA 1.122.276,58
 
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miércoles, 27 de junio de 2018

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SENTENCIA QUE CONDENA A MUTUA UNIVERSAL POR ACCIDENTE DE UN VIGILANTE DE SEGURIDAD

Aunque el trabajador ya venía padeciendo una osteoporosis desde un tiempo atrás, al no haberse manifestado esta dolencia con anterioridad al accidente, la rotura de una vértebra al saltar tres escalones,  mientras realizaba su trabajo como Vigilante de Seguridad para la empresa Securitas Seguridad España S.A., es considerada Accidente de trabajo. Enhorabuena una vez más a nuestra asesoría por esta sentencia. !! Ver sentencia
 
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martes, 26 de junio de 2018

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Publicado el acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/pdfs/BOE-A-2018-8781.pdf
 
 
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viernes, 22 de junio de 2018

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ESCRITO DE PROPUESTA Y ENMIENDAS AL BORRADOR DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

El borrador del Reglamento de Seguridad Privada fue publicado por el anterior ejecutivo, no sabemos si el actual gobierno lo modificará o continuará su tramitación en los mismos términos, no obstante, al ver que no contempla las reivindicaciones que los profesionales del sector demandan, hemos procedido a registrar nuestras ENMIENDAS ante la U.C.S.P. y MIEMBROS DEL CONGRESO DE LA COMISIÓN DE INTERIOR. 


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miércoles, 13 de junio de 2018

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Un Vigilante de Seguridad recibe un balonazo en un partido de futbol y es ingresado en el hospital

El esférico lanzado por Javi Flores impactó sobre el vigilante durante el partido Elche - Sporting B
 
 
La única nota negativa del encuentro disputado ayer entre el Elche y el Sporting B, fue el pelotazo que recibió un guardia jurado, en un lanzamiento de una falta de Javi Flores, cuando estaba de espaldas a la grada vigilando, que precisó de asistencia médica y el posterior traslado al hospital.
Tras ser reanimado por el SAMU y el cuerpo médico del club ilicitano, con César Quesada a la cabeza, se decidió realizarle un escáner para evitar cualquier riegos. Se espera que recibiese el alta a última hora de la noche. El propio Javi Flores, a la finalización del encuentro se interesó por el guarda jurado y utilizó las redes sociales para darle su apoyo.
 
 
 
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RED AZUL INFORMA: Condena por delito de atentado al agresor de un vigilante de seguridad

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Una empresa de seguridad de Jerez fue contratada por Ecuador para espiar a Julian Assange

Una empresa de seguridad de Jerez fue contratada por el Gobierno de Ecuador para espiar cada movimiento de Julian Assange en su embajada en Londres.

Según publica eldiario.es, los informes de la compañía UC Global Security Consulting que debían protegerlo alertaron de que el fundador de Wikileaks grababa todas sus reuniones. Uno de los vigilantes de esta empresa jerezana presenciaba algunos de los movimientos de Assange en directo y toda la actividad dentro de la embajada londinense era recogida por cámaras de seguridad. Esas imágenes llegaban a unas pantallas ubicadas a 100 metros de la embajada en uno de los barrios más caros deLondres.
 
Los partes de vigilancia destacaron sus vínculos con el “independentismo radical” catalán y llevaron al Gobierno de Ecuador a suspender sus comunicaciones.
 
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martes, 12 de junio de 2018

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INTERNACIONAL: Prosegur Cash entra en Centroamérica con la compra de activos a Grupo Almo

Prosegur Cash ha cerrado un acuerdo para la compra a la empresa de origen guatemalteco Grupo Almo de activos de logística de valores en Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, con los que entrará en Centroamérica, una región "estratégica" para la compañía española.
 
El grupo controlado por Prosegur se estrenará en la actividad de transporte de valores en Centroamérica a través de las empresas Proval y Transval, que facturan cerca de 40 millones de dólares (32 millones de euros) al año y tienen más de 35 años de experiencia en la región. Prosegur Cash no informa del importe de la transacción, pero explica que el movimiento le servirá para avanzar en su estrategia de crecimiento y consolidación internacional dentro del sector del transporte de valores y la gestión de efectivo.
 
La consolidación es uno de los tres ejes prioritarios para Prosegur Cash, que aspira a jugar un papel destacado dentro de este proceso a nivel internacional. De hecho, esta adquisición se suma a las más de veinte operaciones completadas en diversos mercados desde 2011, cinco de ellas en el último ejercicio. En Centroamérica, señala la compañía española, el efectivo se mantiene como uno de los métodos de pago más extendidos, hasta el punto de que la región es de las de mayor intensidad en uso de efectivo respecto a su producto interior bruto.
Prosegur Cash explica que, junto con la experiencia y el conocimiento del mercado que tienen Proval y Transval, trasladará a sus nuevos mercados las prácticas que le han llevado a ocupar una posición de liderazgo mundial en el sector. Promoverá además el lanzamiento de los nuevos servicios que la compañía ya está ofreciendo en el resto de regiones, con el fin de completar la actividad tradicional de logística y gestión de efectivo y aportar mayor valor al servicio.
Proval y Transval disponen de una flota de más de 250 vehículos blindados y una plantilla que supera las 2.000 personas en más de 20 bases y centros logísticos. Ambas son marcas que cuentan con fuerte reconocimiento y una alta reputación por lo que su uso se mantendrá y así capitalizar los valores que el grupo ha construido a lo largo de sus años de actividad. Con esta operación Prosegur Cash amplía su presencia a 20 países e incrementa su plantilla hasta cerca de las 60.000 personas.

 
 
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Prosegur se saca de la manga un convenio de empresa para directivos, mandos intermedios y personal de oficina

 
 
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lunes, 11 de junio de 2018

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El alquiler de un piso y 13.000 € en gastos de tarjeta ponen en la picota a un jefe de CCOO

El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios alquiló una vivienda de su propiedad a su sindicato hasta que hubo quejas y se rescindió el contrato. Disfruta además de una tarjeta
Los gastos de tarjeta de tres dirigentes de la poderosa Federación de Construcción y Servicios de CCOO y el alquiler de un piso del secretario general al propio sindicato han puesto en solfa a la cúpula de la federación. En solo dos años, se han gastado más de 43.000 euros en restaurantes, gasolina y aparcamientos a costa de la tesorería del sindicato. Son de los pocos dirigentes de la federación que pueden disponer de tarjeta. Se trata del secretario general, Vicente Sánchez Jiménez; de Jesús Fernández Béjar, coordinador del área internacional, y de José Valenzuela Lianez, coordinador de órganos de dirección. Vicente Sánchez también alquiló durante varios meses una vivienda de su propiedad a la federación, obteniendo así unos ingresos extra, lo que motivó un escrito de queja de la comisión de control administrativo y financiero que acusó al secretario general de vulnerar el código de conducta. La denuncia interna fue escuchada y el contrato de alquiler tuvo que ser rescindido.
Vicente Sánchez, el secretario general, dirige los designios de esta federación desde mayo de 2014. Una federación que tiene en toda España más de 116.000 afiliados y que en 2016 (últimos datos) manejó unos ingresos de 7,6 millones de euros. A pesar de tener un salario bruto anual de 54.475 euros, el máximo responsable disfruta de una tarjeta para sus gastos de representación. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, Sánchez Jiménez tira con asiduidad de ella. Entre enero de 2015 y diciembre de 2016, gastó 9.566 euros en restaurantes: 132 euros en El Gaitero, 229 euros en la cafetería Juka, 120 euros en Don Víctor, 104 euros en la marisquería Sur, 170 euros en el Acisclo, 186 euros en el Rincón de Esteban, 179 euros en la Fontana, 397 euros en Lakuntza, 200 euros en la sidrería Donosti, 115 euros en el Samarkanda… incluso 218 euros en una pizzería de París. La lista es larga.
La relación de gastos también incluye numerosos abonos en aparcamientos y gasolina, más de 3.700 euros. Desde la secretaría de Organización de CCOO destacan que es normal que algunos dirigentes tengan su tarjeta del sindicato exclusivamente para gastos de representación. "En la confederación nacional, por ejemplo, que cuenta con 16 miembros, tres de ellos disponen de una". En el caso de las federaciones, tienen autonomía para decidir quién tiene tarjeta y para controlar que los gastos sean correctos. "Aunque luego desde la confederación hacemos auditorías de las federaciones. En este caso, nunca se ha detectado nada incorrecto. Algunas cantidades pueden parecer altas porque seguramente hay muchos comensales".
 
Lo que no es normal es que Vicente Sánchez alquilara un piso de su propiedad al sindicato, obteniendo así unos ingresos extra gracias a la generosidad de la federación que él dirige. Se trata de un inmueble situado en la calle Manuel Carmona que el sindicato pagó para que allí se alojara otro de los responsables de la federación que venía del País Vasco. El presidente de la comisión de control administrativo y financiero de CCOO envió en junio de 2016 un escrito a la comisión ejecutiva (entonces presidida por Ignacio Fernández Toxo) alertando de este hecho, ya que podría suponer una vulneración "flagrante" del código de conducta aprobado por el consejo confederal en marzo de 2015, que conllevaba un "enriquecimiento personal de Vicente Sánchez Jiménez".
 
El escrito aseguraba que el código de conducta regula para sus órganos de dirección las siguientes pautas: "Deberán abstenerse de hacer uso particular de los bienes y derechos del sindicato. No podrán beneficiarse de las oportunidades de negocio que hayan conocido por razón de su cargo". La queja señalaba que "no estamos hablando de un mero afiliado que haya podido cometer un hecho presuntamente sancionable, sino del mismísimo secretario general de una organización federal, cuya ética de comportamiento y cumplimiento de normativas estatuarias ha de ser intachable". El presidente de la comisión de control concluía que "se estaría produciendo una violación moral de los principios éticos de nuestra organización, ya que ningún afiliado o afiliada entendería que quien tiene la máxima representación arrendase o permitiese arrendar una vivienda de su propiedad a la organización que él mismo dirige, lucrándose con dicho arrendamiento".
La queja fue escuchada por la dirección nacional, que pidió a la federación que dejara de alquilar el piso a su secretario general. "No era ilegal, pero tampoco adecuado. Se decidió rescindir el contrato", señala Fernando Lezcano, secretario de Organización de CCOO, que no puede precisar cuánto tiempo pagó el sindicato por el piso y la cantidad. "Fueron casi dos años", señalan otras fuentes sindicales. La verdad es que la gestión de Sánchez Jiménez está siendo muy contestada dentro de la propia federación, que aglutina varios sectores: edificación, canteras, cemento, cerámica, jardinería, madera, limpieza de edificios, saneamiento urbano, seguridad privada...
Vicente Sánchez tiene además otros ingresos al margen del sindicato. Desde el curso 2011-2012, es profesor asociado de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, una compatibilidad que le está permitida, explican desde CCOO. También es vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción, creada por empresarios y los sindicatos para dar cursos de formación. La fundación le ha puesto un coche para sus desplazamientos. "Esto también es normal. Es más económico que pasar dietas, es una fórmula para favorecer la movilidad. Pero el vehículo no es suyo, es de la fundación. Cuando deje de ser vicepresidente, no tendrá derecho a utilizarlo", afirman desde el sindicato. Ser vicepresidente le da derecho a ser consejero de la empresa Tornapunta Ediciones SL. También es presidente de la Fundación Hábitat.
A pesar de ser el secretario general de la federación, Vicente Jiménez no es el que más gasta con su tarjeta. Los abonos relacionados con Jesús Fernández Béjar superan los 19.600 euros. Los abonos revelan que casi siempre reposta combustible en una gasolinera de Brunete. Fernández Béjar viaja mucho como coordinador del área internacional. El sindicato le ha pagado hoteles y viajes a varios países europeos, como Bélgica, Suiza e Italia. También aparecen gastos en restaurantes, alquiler de coches e incluso ferreterías. Los gastos asociados a José Valenzuela alcanzan los 10.000 euros, en su gran mayoría restaurantes: 532 euros en el restaurante Botín, 520 en el Marixa, 300 en el Gaitero, 301 en 19 Sushi Bar, 170 en el asador De Celso, 166 en la sidrería Donosti, 255 en el Cisne Azul... El sindicato no ha querido informar sobre el salario que reciben estos tres dirigentes de la federación.

 
 
 
 
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jueves, 7 de junio de 2018

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SPV amplia su presencia en el nuevo Comité de Empresa de PROSEGUR SIS Sevilla

SPV ha ampliado su presencia en el nuevo Comité de Empresa de Prosegur SIS Sevilla tras las elecciones sindicales celebradas en el día de ayer, pasando de dos delegados a tres.
Damos nuestra enhorabuena a los compañeros Miguel Angel Cruz, Antonio Jesús Acevedo y Adrián Rodríguez, que han salido electos por SPV en las elecciones sindicales de Prosegur SIS Sevilla en el día de ayer. A partir de ahora, la configuración de la representación de los trabajadores queda así:
-Alternativa Sindical 4 miembros de comité
-CSIF 4 miembros de comité
-ISP 3 miembros de comité
-SPV 3 miembros de comité
-USO 2 miembros de comité
-ATES 1 miembro de comité

Como veis, el nuevo Comité de Empresa con una estructura de 17 miembros, ha quedado muy repartido entre los 6 sindicatos presentados, entre los cuales no se encontraban ni la UGT ni CC.OO, que finalmente no han conseguido montar candidaturas para concurrir a los comicios. Aunque el futuro a medio plazo de este comité puede estar condicionado a distintas impugnaciones, procesos judiciales y laudos arbitrales, desde SPV creemos que ha llegado el momento de darle cierta normalidad a la acción de este órgano de representación, procediendo por tanto a dar comienzo a una nueva etapa, con una estructura totalmente diferente a la que tenía el anterior Comité de Empresa.
 
Como siempre, queremos agradecer el apoyo a todos aquellos los compañeros que se han decidido por votar a nuestra lista electoral. Esperemos saber responder, con nuestro trabajo, a la confianza que nos han demostrado nuestros votantes.
 
 
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miércoles, 6 de junio de 2018

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La reducción voluntaria de jornada solo en verano

El derecho a la reducción voluntaria de jornada es el más utilizado de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, sobre todo cuando la causa de la reducción es el cuidado de un hijo menor de 12 años. Pero no pone en ningún sitio que el disfrute de este derecho tenga que ser algo así como "fijo" o permanente o con una duración mínima.
Dicho de otra forma: es posible reducirse voluntariamente la jornada solo en verano. Quien dice verano dice vacaciones de Navidad, de Semana Santa y cualesquiera otros periodos de vacaciones escolares que tuviera el menor según el caso particular. Precisamente el hecho causante del derecho a la reducción voluntaria de jornada es tener el "cuidado directo" del menor. Por tanto, durante las vacaciones escolares digamos que el trabajador tiene aún más derecho, si cabe, a la citada reducción voluntaria porque tiene más horas de cuidado directo del menor.
Sin olvidar que el hecho en sí de la reducción voluntaria no hay por qué justificarlo. El trabajador no tiene por qué dar explicaciones de su voluntad de reducirse la jornada. Menos aún tiene obligación de pagar guarderías, cuidadores, canguros, actividades, academias, campamentos, etc. con el único objetivo de "aparcar" al niño. Sencillamente el trabajador es quien decide si prefiere o no prefiere una reducción voluntaria de jornada antes que estas otras posibilidades.
Otra cosa podría ser el horario reducido que quisiera, según el caso, pero ese sería otro problema. Lo mismo que también sería o podría ser otro problema lo que tuvieran que pagarle al trabajador durante la reducción; sobre todo durante sus vacaciones, al haber trabajado parte del año con la jornada sin reducir. Pero que el trabajador tuviera derecho a la reducción entre el 12,5% y el 50% de su jornada no sería un hecho discutible siempre que tuviera a su cuidado directo al menor de 12a del que también tuviera su guarda legal. Siempre que tuviera un hijo de menor de 12a, por resumirlo en el caso más habitual aunque podría haber otros.
Tampoco dice en ningún sitio que el porcentaje de reducción tenga que ser el mismo durante toda ella. Por ejemplo, un trabajador podría tener la reducción mínima del 12,5% "en invierno" y la máxima "en verano". Entendiendo por invierno y verano los periodos fuera y dentro de las vacaciones escolares.
Tampoco dice en ningún sitio que las fechas de inicio o de cambio del porcentaje de reducción tengan que ser las mismas todos los años, teniendo en cuenta que las fechas exactas de las vacaciones escolares cambian cada curso y que además se conocen con antelación.
Tampoco dice en ningún sitio que haya que estar presentando documentos a la empresa por escrito cada pocos meses o semanas, en cada inicio o fin de una reducción o en cada cambio de porcentaje de reducción. Por ejemplo al inicio de un curso escolar el trabajador podría solicitar en el mismo documento una reducción del 50% del 20/12 al 1/8, otra del 1/4 al 7/4 y otra del 20/6 al 10/9. O una reducción del 15% todo el curso pero del 50% en esas fechas. Si la empresa se la denegara, nada podría impedir al trabajador presentar la correspondiente demanda en la que se resolvería todo a la vez e incluso podría hacerlo gratis si lo estimara conveniente.
Es decir que lo que importan en estos casos son los intereses o necesidades de cuidado del menor, no los de la empresa pero tampoco los de los padres. Lógicamente, estos intereses o necesidades aumentan en los períodos de vacaciones escolares.

Fuente: Laboro-spain
 
 
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