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lunes, 23 de marzo de 2020
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APROSER se ha hecho llegar una propuesta a sus amigos sindicatos de UGT -CCOO y USO, que les firmen que la recuperación de los débitos de horas generados por esta situación del COVID-19, no sea en los dos meses siguientes como marca el actual convenio, sino que sea en los 12 meses, con la firma del beneplácito de los sindicatos de UGT - CCOO y USO.
No obstante, para exprimir aún más, La Patronal le pide permiso a estos sindicatos vendidos, que la empresa pueda imponer una quincena de vacaciones a su criterio de elección.
Lo que si está clarísimo, que estos sindicatos son unos traidores, pero que aún habrá gente que les voten y paguen su afiliaciones mensual y no se den cuenta que los están traicionando y quitándole dinero de su casa, firmen lo que firmen.
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La patronal propone a UGT - CCOO y USO, medidas de flexibilidad extraordinarias.
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jueves, 15 de agosto de 2019
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La Plataforma Sindical Plural (PSP), constituida
recientemente por siete sindicatos del sector público y privado, entre
ellos Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), Sindicato de
Técnicos del Ministerio de Hacienda (Geshta), Unión Sindical Obrera (USO) y
Sindicato de Enfermería (SATSE), cree que ya es hora de que en España se
impulse un modelo sindical plural, en contraposición con el ‘bisindicalismo’
que representan CCOO y UGT.
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Nace un sindicato que carga contra CCOO y UGT: "No defienden a los trabajadores, hacen política"
Uno de los portavoces de esta Plataforma, Juan
Antonio González, secretario general de CCP, ha denunciado, en
declaraciones a Europa Press, que no se tiene en cuenta la voz de
millones de trabajadores, no representados por CCOO y UGT, a la hora de
negociar cambios en la legislación laboral, al tiempo que ha reprochado a estas
dos organizaciones que "hagan política" cuando los sindicatos no
están para eso, sino para defender a los trabajadores.
González hace esta reflexión a propósito de las declaraciones
que vienen haciendo en las últimas semanas CCOO y UGT defendiendo
un pacto entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos para la
constitución de un Gobierno progresista. La última vez que lo dijeron fue la
semana pasada, cuando Sánchez recibió a los líderes de ambos sindicatos en el
Palacio de la Moncloa dentro de su ronda de contactos con organizaciones y
colectivos sociales.
"Los sindicatos no estamos para hacer política ni para
decir con quién o con quién no deben formarse gobiernos. Si quieren hacer
política que funden un partido o se integren en uno. Los sindicatos estamos
para defender los derechos de los trabajadores", ha insistido González.
Y en esa defensa de los trabajadores es donde la Plataforma
Sindical Pluralquiere ocupar un espacio que, a su juicio, no cubren CCOO y
UGT, pues, según González, aunque estos dos sindicatos sean considerados los
más representativos, hay muchos trabajadores que no están bajo su
paraguas pero sí bajo el de otros sindicatos a los que se ignora a
nivel institucional y en el marco del diálogo social. Prueba de ello, asegura,
es que Sánchez no les convocó en su reciente ronda de contactos tras su fallida
sesión de investidura.
González entiende que ello puede deberse a la ‘juventud’ de
la Plataforma -se constituyó el pasado mes de julio-, pero confía en que poco a
poco ésta vaya ganando espacio y relevancia para que se escuche la voz de los
trabajadores a los que representan los siete sindicatos que, por el momento,
forman parte de esta Plataforma.
Además de CCP, USO, Gestha y SATSE, son miembros
de la Plataforma la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio
(Fetico), la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) y la
Confederación de Seguridad Local (CSL), aunque no se descartan nuevas
incorporaciones, pues se trata de un espacio abierto a todos los sindicatos que
se sienten "marginados" por la actual legislación sindical.
Contactos
Los sindicatos constituyentes de esta plataforma suman entre
todos casi 20.000 delegados y son líderes en sus respectivos sectores, según
resalta González. Su objetivo, explica, no es otro que conseguir el modelo
sindical plural por el que apuesta la Constitución y que después se vio
desvirtuado por el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, la Ley
Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto Básico del
Empleado Público.
La Ley Orgánica de Libertad Sindical establece
que la condición de sindicato más representativo se otorgará a aquellos que
ostenten una representatividad del 10% a nivel estatal y del 15% a nivel
autonómico.
Para esta Plataforma, esta legislación es
"excluyente" porque permite tener en mesas de negociación de ámbito
nacional a sindicatos que están muy lejos de una representatividad del 10% a
nivel estatal pero que tienen un 15% de representatividad en la comunidad autónoma
en la que están implantados.
En España hay más de 500 sindicatos y sólo 14 cuentan con más
de 1.000 delegados. Para la Plataforma, esta realidad no se corresponde con que
solo dos sindicatos tomen todas las decisiones que atañen al conjunto de la
clase trabajadora, los empleados públicos, los parados y los pensionistas.
Con el objetivo de avanzar en sus reivindicaciones y
modificar la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Plataforma ha solicitado
reuniones con los Grupos Parlamentarios. Al respecto, González ha señalado a
Europa Press que ha habido algunos contactos, buena sintonía y receptividad en
algunas formaciones, pero entiende que el momento político actual llevará a que
estas reuniones se produzcan más adelante, a partir del mes de septiembre, o
cuando se haya conseguido formar gobierno.
Fuente: https://okdiario.com
SPV CADIZ
domingo, 17 de marzo de 2019
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
investiga un nuevo escándalo de los cursos de formación que salpica a
los dos grandes sindicatos del país: CCOO y UGT. En concreto, los
investigadores creen que en el caso de Comisiones Obreras el fraude
podría ser a escala nacional y por importes muy superiores a los 30
millones de euros.
Sindicato Profesional Vigilantes
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La Guardia Civil descubre otra estafa de 30 millones en CCOO y UGT en cursos de formación
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
investiga un nuevo escándalo de los cursos de formación que salpica a
los dos grandes sindicatos del país: CCOO y UGT. En concreto, los
investigadores creen que en el caso de Comisiones Obreras el fraude
podría ser a escala nacional y por importes muy superiores a los 30
millones de euros.
Esta trama tiene su origen en Extremadura. Pero las conexiones con
empresas ligadas a los sindicatos a escala nacional hacen pensar a la
UCO que el escándalo no se limita a esta comunidad autónoma ni mucho
menos. La corrupción, según consta en la denuncia interpuesta ante la
Fiscalía Anticorrupción y que ya se investiga con la personación del PP,
se centra en un fraude cometido en la facturación por fondos de
formación de la patronal extremeña CREEX, UGT-Extremadura,
CCOO-Extremadura y CEPES-Extremadura.
El inicio de la denuncia se apoya en plena etapa socialista, y en
concreto, de los datos recabados en 2011 por el Ejecutivo regional de
José Antonio Monago. Pero, a partir de ahí, la investigación se ha
ampliado a los 30 millones adjudicados en los cursos de formación de
2008 a 2010. Y en estos momentos, los testimonios practicados ya han
abierto el abanico a varias décadas. Y es que las primeras declaraciones
han asegurado que la práctica era “la misma que se había realizado
siempre”. Y, a la vista de la normativa imperante, todo parece apuntar a
que esos testimonios dicen la verdad. Porque las convocatorias entre
2008 y 2011 estaban reguladas por el mismo decreto de 2008 del Ejecutivo
socialista. Un decreto que estuvo en vigor hasta que en 2012 el
Gobierno de Monago decidió suprimirlo.
Ahora, los investigadores temen que ese decreto simplemente plasmase el
modelo deseado por los propios sindicatos, con lo que el dinero
defraudado se puede extender prácticamente sin limitación en el pasado
más reciente. El Gobierno del Partido Popular, con José Antonio Monago a
la cabeza, fue el que llevó este caso a la Fiscalía Anticorrupción. Y
lo hizo señalando, además, que podría haber delito contra la Hacienda
Pública por falsear las condiciones para cobrar subvenciones públicas.
Formación a ocupados, no a parados El primer dato que se pudo
contrastar atendía sólo a la convocatoria de 2011 de pagos públicos
destinados a los cursos de formación: con más de 3 millones de euros
para formación de los ocupados, de los no parados. El Gobierno ‘popular’
aseguró ya en su momento que había indicios suficientes que podrían
determinar que en Extremadura se creó y alimentó un sistema irregular en
la gestión de la formación a ocupados, afectando exclusivamente a la
patronal extremeña, los sindicatos UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y
CEPES como entidades beneficiadas y sus administradores, es decir, los
secretarios generales de estas organizaciones, así como todos aquellos
que la Justicia considerase oportunos en el ámbito político o
empresarial.
De inmediato se observó que esas cuantías, por importes muy similares se
habían pagado con esquemas similares en los cursos para parados. Y que,
además, la práctica se había extendido por décadas en el pasado. Se
trataría, así, de un posible delito contra la Hacienda Pública por
fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino
de subvenciones públicas. Y, además, como señalan desde el PP, cometido
con continuidad y a lo largo de entre dos y tres décadas. El resultado,
como se puede observar, puede ser un fraque multimillonario. Que, una
vez más, apunta a los sindicatos como ya ocurriera en Andalucía.
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miércoles, 16 de enero de 2019
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Seis
años y medio después de la implantación de la reforma laboral del PP
los trabajadores españoles se encuentran en una situación más precaria
que al principio de la crisis. Una situación que ha empeorado gracias a
la inacción de los sindicatos mayoritarios, que durante los años más
duros de la crisis han sido incapaces de convertir sus palabras en
defensa de los trabajadores en hechos.
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La reforma laboral no se deroga, CCOO y UGT traicionan de nuevo a la clase trabajadora
Seis
años y medio después de la implantación de la reforma laboral del PP
los trabajadores españoles se encuentran en una situación más precaria
que al principio de la crisis. Una situación que ha empeorado gracias a
la inacción de los sindicatos mayoritarios, que durante los años más
duros de la crisis han sido incapaces de convertir sus palabras en
defensa de los trabajadores en hechos.
La
derogación de la reforma laboral ya no es innegociable. Así lo afirman
los líderes sindicales de CCOO y UGT, que un mes después de alcanzar un
acuerdo salarial ridículo con la patronal y el Gobierno – un 2% anual
hasta el 2020 más un posible 1% adicional ligado a criterios como
“productividad, resultados, absentismo injustificado y otros”-, han
claudicado ante el nuevo ejecutivo, que ha pasado de ser un firme
defensor de la derogación de la reforma laboral a afirmar que “no se dan
las condiciones necesarias”
Unai
Sordo, Secretario General de CCOO, quien hace solo unos meses afirmaba
que la máxima prioridad de su sindicato era la derogación total de la
reforma laboral, ha cambiado su discurso hacia posturas más
conservadoras, llegando a asegurar que ahora la prioridad es “modificar
los aspectos esenciales de la reforma laboral de 2012 y de la reforma de
las pensiones de 2013”. De derogación a modificación. Y con matices.
Por
su parte, José María Álvarez, Secretario General de UGT, otro de los
cómplices del Gobierno que aprobó la perversa reforma laboral, afirmaba
hace unas semanas que de no haber acuerdo por su derogación habría
movilizaciones. Ya en octubre, con decenas de nuevas protestas laborales
en marcha, dicen que esperemos, que aún no es el momento. Esperen
sentados, eso sí.
En
definitiva, seis años y medio después de la implantación de la reforma
laboral nos encontramos en una situación aún más precaria que al
principio de la crisis. Una situación que se ha enconado debido a la
inacción de los sindicatos mayoritarios, que durante los años más duros
de la crisis han sido incapaces de convertir sus palabras en defensa de
los trabajadores en hechos. ¿Cómo se explican si no que la última huelga
general en nuestro país fuese en 2012?
La
realidad es que CCOO y UGT han traicionado a la clase trabajadora. A
día de hoy, echar a la calle a un trabajador cuesta cada vez menos
dinero en España. La reforma laboral que el anterior Gobierno impulsó
con su mayoría absoluta en 2012 y la intensificación de la precariedad
han provocado un desplome del coste de las indemnizaciones por despido,
que en solo seis años se han reducido a apenas una tercera parte de lo
que suponían antes de esa medida. Un ejemplo: mientras que en 2011 el
coste de las indemnizaciones por despido ascendía a 530, 37 euros por
trabajador, en 2017 se redujo hasta los 197,87, un 63,1% menos.
Por
si esto fuera poco, esa misma reforma laboral que ahora CCOO y UGT no
quieren derogar redujo de 45 a 33 días las indemnizaciones por año
trabajado, rebajando además de 42 a 24 el máximo de mensualidades que
podría recibir el despedido. La destrucción de empleo y la
multiplicación de los puestos eventuales gracias a los contratos basura
hicieron el resto. La traición había sido consumada.
Ahora,
cuando por fin se ha conseguido provocar un cambio en el Gobierno y su
ejecutiva y ante la primera oportunidad en años de acabar con la infame
reforma laboral, los sindicatos mayoritarios callan, pero su silencio
les delata. A lo largo de estos años, CCOO y UGT han tenido la indecente
habilidad de desmarcarse de todas las luchas obreras que han tenido
lugar en el territorio español, limitándose a acudir a reuniones con el
Gobierno y la patronal que no han servido para nada.
Mientras
la clase trabajadora española sigue precarizada y explotada por las
grandes multinacionales, CCOO y UGT, firmes defensores durante años de
derogar la reforma laboral, guardan silencio y ponen sobre la mesa el
maquillaje barato con el que camuflar la monstruosa herencia dejada por
el gobierno anterior. No habrá derogación de la reforma laboral por
ahora: los sindicatos han vuelto a traicionar a la clase trabajadora.
Fuente: http://www.eldiariohoy.es
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lunes, 15 de octubre de 2018
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Las cúpulas de CCOO y UGT vuelven a traicionar a la clase trabajadora
No habrá derogación de la reforma laboral:
las cúpulas de CCOO y UGT vuelven a traicionar a la clase trabajadora.
La derogación de la reforma laboral ya no es innegociable. Así lo afirman los líderes sindicales de CCOO y UGT,
Seis años y medio después de la implantación de la reforma laboral
nos encontramos en una situación aún más precaria que al principio de la
crisis. Una situación que se ha enconado debido a la inacción de los
sindicatos mayoritarios, que durante los años más duros de la crisis han
sido incapaces de convertir sus palabras en defensa de los trabajadores
en hechos.
La derogación de la reforma laboral ya no es innegociable.
Así lo afirman los líderes sindicales de CCOO y UGT, que un mes después
de alcanzar un acuerdo salarial ridículo con la patronal y el Gobierno –
un 2% anual hasta el 2020 más un posible 1% adicional ligado a
criterios como “productividad, resultados, absentismo injustificado y
otros”-, han claudicado ante el nuevo ejecutivo, que ha pasado de ser un
firme defensor de la derogación de la reforma laboral a afirmar que “no se dan las condiciones necesarias”.
Unai Sordo, Secretario General de CCOO, quien hace solo unos meses afirmaba que la máxima prioridad de su sindicato era la derogación total de la reforma laboral, ha cambiado su discurso hacia posturas más conservadoras, llegando a asegurar que ahora la prioridad es “modificar los aspectos esenciales de la reforma laboral de 2012 y de la reforma de las pensiones de 2013”. De derogación a modificación. Y con matices.
Por su parte, José María Álvarez, Secretario General de UGT, otro de los cómplices del Gobierno que aprobó la perversa reforma laboral, afirmaba hace unas semanas que de no haber acuerdo por su derogación habría movilizaciones. Ya en octubre, con decenas de nuevas protestas laborales en marcha, dicen que esperemos, que aún no es el momento. Esperen sentados, eso sí.
En definitiva, seis años y medio después de la implantación de la reforma laboral nos encontramos en una situación aún más precaria que al principio de la crisis. Una situación que se ha enconado debido a la inacción de los sindicatos mayoritarios, que durante los años más duros de la crisis han sido incapaces de convertir sus palabras en defensa de los trabajadores en hechos. ¿Cómo se explican si no que la última huelga general en nuestro país fuese en 2012?
La realidad es que CCOO y UGT han traicionado a la clase trabajadora. A día de hoy, echar a la calle a un trabajador cuesta cada vez menos dinero en España. La reforma laboral que el anterior Gobierno impulsó con su mayoría absoluta en 2012 y la intensificación de la precariedad han provocado un desplome del coste de las indemnizaciones por despido, que en solo seis años se han reducido a apenas una tercera parte de lo que suponían antes de esa medida. Un ejemplo: mientras que en 2011 el coste de las indemnizaciones por despido ascendía a 530, 37 euros por trabajador, en 2017 se redujo hasta los 197,87, un 63,1% menos.
Por si esto fuera poco, esa misma reforma laboral que ahora CCOO y UGT no quieren derogar redujo de 45 a 33 días las indemnizaciones por año trabajado, rebajando además de 42 a 24 el máximo de mensualidades que podría recibir el despedido. La destrucción de empleo y la multiplicación de los puestos eventuales gracias a los contratos basura hicieron el resto. La traición había sido consumada.
Ahora, cuando por fin se ha conseguido provocar un cambio en el Gobierno y su ejecutiva y ante la primera oportunidad en años de acabar con la infame reforma laboral, los sindicatos mayoritarios callan, pero su silencio les delata. A lo largo de estos años, CCOO y UGT han tenido la indecente habilidad de desmarcarse de todas las luchas obreras que han tenido lugar en el territorio español, limitándose a acudir a reuniones con el Gobierno y la patronal que no han servido para nada.
Mientras la clase trabajadora española sigue precarizada y explotada por las grandes multinacionales, CCOO y UGT, firmes defensores durante años de derogar la reforma laboral, guardan silencio y ponen sobre la mesa el maquillaje barato con el que camuflar la monstruosa herencia dejada por el gobierno anterior. No habrá derogación de la reforma laboral por ahora: los sindicatos han vuelto a traicionar a la clase trabajadora.
Fuente: http://kaosenlared.net
Unai Sordo, Secretario General de CCOO, quien hace solo unos meses afirmaba que la máxima prioridad de su sindicato era la derogación total de la reforma laboral, ha cambiado su discurso hacia posturas más conservadoras, llegando a asegurar que ahora la prioridad es “modificar los aspectos esenciales de la reforma laboral de 2012 y de la reforma de las pensiones de 2013”. De derogación a modificación. Y con matices.
Por su parte, José María Álvarez, Secretario General de UGT, otro de los cómplices del Gobierno que aprobó la perversa reforma laboral, afirmaba hace unas semanas que de no haber acuerdo por su derogación habría movilizaciones. Ya en octubre, con decenas de nuevas protestas laborales en marcha, dicen que esperemos, que aún no es el momento. Esperen sentados, eso sí.
En definitiva, seis años y medio después de la implantación de la reforma laboral nos encontramos en una situación aún más precaria que al principio de la crisis. Una situación que se ha enconado debido a la inacción de los sindicatos mayoritarios, que durante los años más duros de la crisis han sido incapaces de convertir sus palabras en defensa de los trabajadores en hechos. ¿Cómo se explican si no que la última huelga general en nuestro país fuese en 2012?
La realidad es que CCOO y UGT han traicionado a la clase trabajadora. A día de hoy, echar a la calle a un trabajador cuesta cada vez menos dinero en España. La reforma laboral que el anterior Gobierno impulsó con su mayoría absoluta en 2012 y la intensificación de la precariedad han provocado un desplome del coste de las indemnizaciones por despido, que en solo seis años se han reducido a apenas una tercera parte de lo que suponían antes de esa medida. Un ejemplo: mientras que en 2011 el coste de las indemnizaciones por despido ascendía a 530, 37 euros por trabajador, en 2017 se redujo hasta los 197,87, un 63,1% menos.
Por si esto fuera poco, esa misma reforma laboral que ahora CCOO y UGT no quieren derogar redujo de 45 a 33 días las indemnizaciones por año trabajado, rebajando además de 42 a 24 el máximo de mensualidades que podría recibir el despedido. La destrucción de empleo y la multiplicación de los puestos eventuales gracias a los contratos basura hicieron el resto. La traición había sido consumada.
Ahora, cuando por fin se ha conseguido provocar un cambio en el Gobierno y su ejecutiva y ante la primera oportunidad en años de acabar con la infame reforma laboral, los sindicatos mayoritarios callan, pero su silencio les delata. A lo largo de estos años, CCOO y UGT han tenido la indecente habilidad de desmarcarse de todas las luchas obreras que han tenido lugar en el territorio español, limitándose a acudir a reuniones con el Gobierno y la patronal que no han servido para nada.
Mientras la clase trabajadora española sigue precarizada y explotada por las grandes multinacionales, CCOO y UGT, firmes defensores durante años de derogar la reforma laboral, guardan silencio y ponen sobre la mesa el maquillaje barato con el que camuflar la monstruosa herencia dejada por el gobierno anterior. No habrá derogación de la reforma laboral por ahora: los sindicatos han vuelto a traicionar a la clase trabajadora.
Fuente: http://kaosenlared.net
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lunes, 11 de junio de 2018
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El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios alquiló una vivienda de su propiedad a su sindicato hasta que hubo quejas y se rescindió el contrato. Disfruta además de una tarjeta
Sindicato Profesional Vigilantes
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El alquiler de un piso y 13.000 € en gastos de tarjeta ponen en la picota a un jefe de CCOO
El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios alquiló una vivienda de su propiedad a su sindicato hasta que hubo quejas y se rescindió el contrato. Disfruta además de una tarjeta
Los gastos de tarjeta de tres dirigentes de la poderosa Federación de Construcción y Servicios de CCOO y el alquiler de un piso del secretario general al propio sindicato han puesto en solfa a la cúpula de la federación. En solo dos años, se han gastado más de 43.000 euros en restaurantes, gasolina y aparcamientos a costa de la tesorería del sindicato. Son de los pocos dirigentes de la federación que pueden disponer de tarjeta. Se trata del secretario general, Vicente Sánchez Jiménez; de Jesús Fernández Béjar, coordinador del área internacional, y de José Valenzuela Lianez, coordinador de órganos de dirección. Vicente Sánchez también alquiló durante varios meses una vivienda de su propiedad a la federación, obteniendo así unos ingresos extra, lo que motivó un escrito de queja de la comisión de control administrativo y financiero que acusó al secretario general de vulnerar el código de conducta. La denuncia interna fue escuchada y el contrato de alquiler tuvo que ser rescindido.
Vicente Sánchez, el secretario general, dirige los designios de esta federación desde mayo de 2014. Una federación que tiene en toda España más de 116.000 afiliados y que en 2016 (últimos datos) manejó unos ingresos de 7,6 millones de euros. A pesar de tener un salario bruto anual de 54.475 euros, el máximo responsable disfruta de una tarjeta para sus gastos de representación. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, Sánchez Jiménez tira con asiduidad de ella. Entre enero de 2015 y diciembre de 2016, gastó 9.566 euros en restaurantes: 132 euros en El Gaitero, 229 euros en la cafetería Juka, 120 euros en Don Víctor, 104 euros en la marisquería Sur, 170 euros en el Acisclo, 186 euros en el Rincón de Esteban, 179 euros en la Fontana, 397 euros en Lakuntza, 200 euros en la sidrería Donosti, 115 euros en el Samarkanda… incluso 218 euros en una pizzería de París. La lista es larga.
La relación de gastos también incluye numerosos abonos en aparcamientos y gasolina, más de 3.700 euros. Desde la secretaría de Organización de CCOO destacan que es normal que algunos dirigentes tengan su tarjeta del sindicato exclusivamente para gastos de representación. "En la confederación nacional, por ejemplo, que cuenta con 16 miembros, tres de ellos disponen de una". En el caso de las federaciones, tienen autonomía para decidir quién tiene tarjeta y para controlar que los gastos sean correctos. "Aunque luego desde la confederación hacemos auditorías de las federaciones. En este caso, nunca se ha detectado nada incorrecto. Algunas cantidades pueden parecer altas porque seguramente hay muchos comensales".
Lo que no es normal es que Vicente Sánchez alquilara un piso de su propiedad al sindicato, obteniendo así unos ingresos extra gracias a la generosidad de la federación que él dirige. Se trata de un inmueble situado en la calle Manuel Carmona que el sindicato pagó para que allí se alojara otro de los responsables de la federación que venía del País Vasco. El presidente de la comisión de control administrativo y financiero de CCOO envió en junio de 2016 un escrito a la comisión ejecutiva (entonces presidida por Ignacio Fernández Toxo) alertando de este hecho, ya que podría suponer una vulneración "flagrante" del código de conducta aprobado por el consejo confederal en marzo de 2015, que conllevaba un "enriquecimiento personal de Vicente Sánchez Jiménez".
El escrito aseguraba que el código de conducta regula para sus órganos de dirección las siguientes pautas: "Deberán abstenerse de hacer uso particular de los bienes y derechos del sindicato. No podrán beneficiarse de las oportunidades de negocio que hayan conocido por razón de su cargo". La queja señalaba que "no estamos hablando de un mero afiliado que haya podido cometer un hecho presuntamente sancionable, sino del mismísimo secretario general de una organización federal, cuya ética de comportamiento y cumplimiento de normativas estatuarias ha de ser intachable". El presidente de la comisión de control concluía que "se estaría produciendo una violación moral de los principios éticos de nuestra organización, ya que ningún afiliado o afiliada entendería que quien tiene la máxima representación arrendase o permitiese arrendar una vivienda de su propiedad a la organización que él mismo dirige, lucrándose con dicho arrendamiento".
La queja fue escuchada por la dirección nacional, que pidió a la federación que dejara de alquilar el piso a su secretario general. "No era ilegal, pero tampoco adecuado. Se decidió rescindir el contrato", señala Fernando Lezcano, secretario de Organización de CCOO, que no puede precisar cuánto tiempo pagó el sindicato por el piso y la cantidad. "Fueron casi dos años", señalan otras fuentes sindicales. La verdad es que la gestión de Sánchez Jiménez está siendo muy contestada dentro de la propia federación, que aglutina varios sectores: edificación, canteras, cemento, cerámica, jardinería, madera, limpieza de edificios, saneamiento urbano, seguridad privada...
Vicente Sánchez tiene además otros ingresos al margen del sindicato. Desde el curso 2011-2012, es profesor asociado de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, una compatibilidad que le está permitida, explican desde CCOO. También es vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción, creada por empresarios y los sindicatos para dar cursos de formación. La fundación le ha puesto un coche para sus desplazamientos. "Esto también es normal. Es más económico que pasar dietas, es una fórmula para favorecer la movilidad. Pero el vehículo no es suyo, es de la fundación. Cuando deje de ser vicepresidente, no tendrá derecho a utilizarlo", afirman desde el sindicato. Ser vicepresidente le da derecho a ser consejero de la empresa Tornapunta Ediciones SL. También es presidente de la Fundación Hábitat.
A pesar de ser el secretario general de la federación, Vicente Jiménez no es el que más gasta con su tarjeta. Los abonos relacionados con Jesús Fernández Béjar superan los 19.600 euros. Los abonos revelan que casi siempre reposta combustible en una gasolinera de Brunete. Fernández Béjar viaja mucho como coordinador del área internacional. El sindicato le ha pagado hoteles y viajes a varios países europeos, como Bélgica, Suiza e Italia. También aparecen gastos en restaurantes, alquiler de coches e incluso ferreterías. Los gastos asociados a José Valenzuela alcanzan los 10.000 euros, en su gran mayoría restaurantes: 532 euros en el restaurante Botín, 520 en el Marixa, 300 en el Gaitero, 301 en 19 Sushi Bar, 170 en el asador De Celso, 166 en la sidrería Donosti, 255 en el Cisne Azul... El sindicato no ha querido informar sobre el salario que reciben estos tres dirigentes de la federación.
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miércoles, 22 de febrero de 2017
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Os acordáis cuando CC.OO temía la militarización del sector y apoyó la retirada del carácter de agente de la autoridad
CC OO teme la militarización de los vigilantes privados con la 'ley Corcuera'
8 de Noviembre de 1991 El sindicato Comisiones Obreras considera que puede resultar "muy negativo" el vínculo de colaboración de vigilantes privados y fuerzas de seguridad que establece el proyecto de ley de seguridad ciudadana (artículo 17.3)."La colaboración puede convertir a este colectivo en fuerzas de seguridad encubiertas y favorecer una cierta militarización que no aceptaremos" afirmó ayer en rueda de prensa Ángel Campos, del sector de seguridad de CC OO.
Este sindicato está de acuerdo en que exista colaboración en ciertos supuestos, pero regulada de forma clara. Tanto el proyecto de ley de seguridad ciudadana como el de seguridad privada establecen esta cooperación. CC OO, que se opone radicalmente al primer texto, da un apoyo matizado al segundo. El sindicato considera necesaria una ley reguladora de la seguridad privada y ve positivo que se restrinja el uso de pistola. Teme, sin embargo, que los cambios hagan disminuir el empleo en el sector. CC OO mantiene una postura separada del resto de los sindicatos, a los que acusa de ponerse al lado de la patronal y de estar a favor de que los vigilantes sean agentes de la autoridad. La central quiere negociar el reglamento que desarrolle la futura ley.
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martes, 23 de agosto de 2016
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CCOO en contra de la seguridad privada
CCOO denuncia la privatización de la seguridad en la sede municipal de los sindicatos.
CCOO denuncia la privatización por parte del Ayuntamiento de Madrid de la seguridad en la sede municipal de los sindicatos situada en el paseo de los Olmos. La seguridad del edificio la realizaba Policía Municipal desde que los sindicatos se trasladaron a estas dependencias.
Fuentes del sindicato han asegurado a Madridiario que el martes 16 de agosto al llegar a trabajar se encontraron que un vigilante de la empresa SEGUR IBERICA S.A. se encontraba en el edificio para realizar las funciones de seguridad sin previo aviso por parte del Consistorio y añaden que hasta el momento nadie les ha explicado este cambio.
Además, CCOO ha señalado que el Cuerpo de Policía tampoco estaba informado de este cambio ya que el martes coincidieron a la apertura del edificio el policía y el vigilante. Ambos venían a ocupar su puesto de trabajo.
CCOO ha expuesto que el Ayuntamiento "alardea" mucho de remunicipalizar los servicios y de repente "nos encontramos" con la privatización de la seguridad. "Es un sin sentido", añaden las mismas fuentes. El sindicato pide que vuelva la Policía Municipal a desempeñar esta función.
Fuentes municipales han informado a este medio digital que la línea del Ayuntamiento es la desprivatización de la seguridad para ello tienen un proyecto de reestructuración de la seguridad de edificios. Éste establece la prioridad de tratar de reducir al máximo el número de edificios municipales vigilados con seguridad privada y para ello se utiliza a policías adaptados (segunda actividad).
Además de la prioridad ya mencionada, hay otra que es la de optimizar a los policías operativos para que estén en las sedes de las áreas de gobierno y de las juntas municipales. En el caso de este edificio, al no ser una prioridad, se han retirado agentes en activo, necesarios para otros servicios y se ha sustituido por una contrata de seguridad, han concluido dichas fuentes.
Fuente: http://www.madridiario.es
Además, CCOO ha señalado que el Cuerpo de Policía tampoco estaba informado de este cambio ya que el martes coincidieron a la apertura del edificio el policía y el vigilante. Ambos venían a ocupar su puesto de trabajo.
CCOO ha expuesto que el Ayuntamiento "alardea" mucho de remunicipalizar los servicios y de repente "nos encontramos" con la privatización de la seguridad. "Es un sin sentido", añaden las mismas fuentes. El sindicato pide que vuelva la Policía Municipal a desempeñar esta función.
Fuentes municipales han informado a este medio digital que la línea del Ayuntamiento es la desprivatización de la seguridad para ello tienen un proyecto de reestructuración de la seguridad de edificios. Éste establece la prioridad de tratar de reducir al máximo el número de edificios municipales vigilados con seguridad privada y para ello se utiliza a policías adaptados (segunda actividad).
Además de la prioridad ya mencionada, hay otra que es la de optimizar a los policías operativos para que estén en las sedes de las áreas de gobierno y de las juntas municipales. En el caso de este edificio, al no ser una prioridad, se han retirado agentes en activo, necesarios para otros servicios y se ha sustituido por una contrata de seguridad, han concluido dichas fuentes.
Fuente: http://www.madridiario.es
SPV CADIZ
jueves, 7 de julio de 2016
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Sindicato Profesional Vigilantes
SPV CADIZ
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CCOO despide a una administrativa en Cádiz que se encontraba de baja
El sindicato CCOO prosigue con su ajuste de plantilla.
La trabajadora, con más de una década de antigüedad, se enteró al ver en su cuenta bancaria que le habían ingresado la indemnización.
La unión provincial de CCOO de Cádiz ha despedido a una trabajadora que se encontraba de baja por enfermedad y que se enteró al ingresarle el sindicato la indemnización en su cuenta bancaria antes de la preceptiva comunicación a la delegada de personal.
La organización que dirige Francisco Carbonero en Andalucía prosigue así con su ajuste de plantilla, tras aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que afectó a 85 trabajadores en 2013 y haber tramitado otra decena de bajas como despidos objetivos individuales por razones económicas en distintas provincias desde el pasado verano. CCOO los indemnizó a razón de 20 días por año trabajado, el mínimo que estipula la reforma laboral del PP y que han tratado de combatir enérgicamente con movilizaciones en la calle.
A la lista se suman ahora dos administrativas en Cádiz con más de una década de antigüedad, a las que ya se les ha comunicado que quedarán desvinculadas el próximo 7 de mayo. Las afectadas tuvieron conocimiento de sus despidos la pasada semana «al mirar por casualidad» sus cuentas bancarias y constatar la existencia de un ingreso con la anotación 'indemnización por despido'.
Además, se da la circunstancia de que una de las dos trabajadoras se encontraba de baja por enfermedad tras haberse sometido a una intervención quirúrgica.
En un comunicado difundido a nivel interno, al que ha tenido acceso este periódico, la plantilla de la unión provincial de CCOO de Cádiz muestra su «más enérgica repulsa e indignación» contra la forma de proceder de la dirección regional del sindicato con sus propios empleados y la llega a calificar de 'inhumana'.
«Es inadmisible que en este sindicato se hagan las cosas de esta manera. Y lo más grave es que no es la primera vez. Ya el verano pasado se despidió a otra compañera de la asesoría [jurídica] de Cádiz en idénticas circunstancias; estando de vacaciones se encontró el ingreso de su indemnización en su cuenta bancaria y con posterioridad le comunicaron el despido», denuncian los trabajadores.
Llamamiento a la dirección del sindicato
La plantilla ha solicitado a la dirección del sindicato que «exija responsabilidades a quien o quienes actúan sin tener en cuenta a las personas, llegando hasta las consecuencias que sean», para que no vuelvan a producirse despidos bajo estas formas.
No es la primera vez que los trabajadores de Comisiones Obreras denuncian haber sufrido despidos «inhumanos». Como informó este periódico el pasado 11 de enero, el sindicato echó a una graduada social de Jaén justo el mismo día que había sido readmitida en cumplimiento de una sentencia judicial.
El sindicato puso en marcha en 2013 un plan de viabilidad debido a la crítica situación económica que atravesaba, derivada del desplome de los ingresos por cuotas de afiliados y de los impagos de las subvenciones ya otorgadas por la Junta de Andalucía. La organización llegó a reconocer en sus memorias de cuentas que, de tratarse de una entidad mercantil, «estaríamos en situación de concurso» de acreedores.
Este periódico ha intentado sin éxito conocer la versión del sindicato, pero no ha obtenido respuesta.
Fuente: http://www.elmundo.es
SPV CADIZ
viernes, 1 de abril de 2016
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El ERE que quiere llevar a cabo el sindicato en su Fundación de Formación y Empleo afectaría a 58 trabajadores de los 70 que tienen actualmente FOREM Confederal, MAFOREM (Madrid) y sus sedes en Ceuta y Melilla.
Sindicato Profesional Vigilantes
SPV CADIZ
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Comisiones Obreras desmantela su servicio de formación aplicando la reforma laboral
El ERE que quiere llevar a cabo el sindicato en su Fundación de Formación y Empleo afectaría a 58 trabajadores de los 70 que tienen actualmente FOREM Confederal, MAFOREM (Madrid) y sus sedes en Ceuta y Melilla.
Comisiones Obreras quiere desmantelar su servicio de formación con unExpediente de Regulación de Empleo que afecte a más del 80% de la plantilla. Según el documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, la intención del sindicato es que el ERE suponga el despido de 58 trabajadores de los 70 que tienen actualmente FOREM Confederal, MAFOREM (Madrid) y sus sedes en Ceuta y Melilla. La dirección del sindicato se reunió ayer por primera vez con la comisión negociadora y les trasladó sus intenciones: indemnizaciones por despido de 22 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades. Es decir, un ERE aplicando la reforma laboral que el sindicato tanto ha criticado.
Comisiones Obreras tiene previsto poner en marcha el Expediente de Regulación de Empleo desde que finalice el periodo de consultas hasta el 31 de diciembre de 2016. Su objetivo es despedir a 43 trabajadores en FOREM Confederal, 12 en MAFOREM, 2 en Melilla y 1 en Ceuta. Una oferta que los trabajadores creen que es toda una "declaración de intenciones" de CCOO y dicen no entender cómo el sindicato, que tanto ha criticado la reforma laboral, la esté utilizando ahora para echar a sus propios trabajadores. Y creen que es el primer paso para abandonar su apuesta por la formación.
El sindicato alega que se ha visto obligado a tomar esta decisión después de que el Ministerio de Empleo les haya cortado el grifo de la financiación de este tipo de cursos. El secretario de Formación de CCOO, Javier López, afirma que la situación es "insostenible", no solo para los sindicatos sino también para las organizaciones empresariales y las empresas privadas del sector. López niega que la oferta sea de 22 días y asegura que se le pagará a los trabajadores una "indemnización digna". "Ni mucho menos se trataría de dejar a los trabajadores en la calle", asegura López, que insiste en que el sindicato quiere "garantizar compromisos de recolocación, si hubiera actividad de formación" en el futuro.
SPV CADIZ
sábado, 17 de octubre de 2015
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CCOO y UGT se llevan 1,8 millones de euros en comisiones de las pensiones de los funcionarios
CCOO y UGT han ingresado 1.854.130 euros en los dos últimos años por la gestión del fondo de pensiones de los funcionarios españoles, un activo financiero que invierte en Bolsa y que destina una parte del dinero a productos de alto riesgo.
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) participan en la gestión del Fondo de Pensiones de la Administración General del Estado, creado para garantizar la jubilación de los empleados públicos y que les ha generado unos ingresos de 1.854.130 euros en los dos últimos años en comisiones.
Ambos sindicatos se han llevado estos ingresos por su gestión, a pesar de que las aportaciones fueron congeladas en 2012 dentro del plan de contención del coste laboral de los empleados públicos. El fondo invierte en Bolsa y destina una parte del dinero a productos de alto riesgo. Las comisiones salen del patrimonio del fondo, es decir, de las pensiones futuras de los funcionarios.
El plan de pensiones está participado en un 70% por BBVA y en un 30% por CCOO y UGT. Según confirman fuentes sindicales “en realidad todo el trabajo de gestión lo hace la entidad financiera, por lo que las centrales se limitan a recibir el dinero de las comisiones, además, al no haber aportaciones nuevas no hay trabajo que realizar que deba ser premiado con comisiones. CCOO y UGT garantizan el negocio a la entidad financiera, que los incluye en la gestión como una cuota política necesaria”.
Un negocio redondo y legal, pero de dudosa legitimidad teniendo en cuenta que las organizaciones que dirigen Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo llevan años clamando contra el mercado y atacando al negocio financiero. No es la primera vez que se pone de manifiesto esta paradoja, ya que CCOO y UGT han estado en los consejos de administración de las cajas de ahorros y sus directivos han cobrado jugosos sueldos, que aún se mantienen tras convertirse en bancos, tal como avanzó Okdiario.
Respecto a la estructura patrimonial, el fondo de pensiones de los funcionarios no invierte exclusivamente en activos financieros seguros o conservadores. A 31 de agosto de 2015 la estructura de la cartera estaba compuesta por un 62% de renta fija (deuda pública y corporativa), un 25,6% de renta variable (fondos de inversión y acciones de empresas), un 10,6% en activos monetarios (que aportan liquidez) y un 1,8% en inversiones alternativas (de alto riesgo).
En la oficina del partícipe de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se publican los “principios de la política de inversión” del fondo, en un documento en el que se advierten de los riesgos que conllevan las inversiones alternativas. En concreto, se destina el dinero a la compra de opciones y futuros, derivados y complejos swaps.
El patrimonio total del fondo de pensiones es de 648,30 millones de euros y la rentabilidad acumulada desde el inicio (noviembre de 2004) es del 4,13%. En los años en los que CCOO y UGT ingresaron los 1,8 millones de euros en comisiones de gestión, el plan obtuvo una rentabilidad del 8,49% en 2013 y del 6,61% en 2014, debido al mayor interés que se obtuvo por las inversiones en deuda pública por el aumento de la desconfianza de los inversores que se trasladó a la prima de riesgo. El 60% de la renta fija del fondo está invertido en bonos del Estado.
No es el único negocio financiero de CCOO y UGT. Ambas organizaciones obtienen jugosos dividendos de su participación en los planes de pensiones privados de Telefónica y Argentaria (hoy BBVA) que fueron heredados tras la privatización de ambas compañías. Así, poseen parte de Gestión de Previsión y Pensiones (BBVA) y de Fonditel (Telefónica), gestoras que están entre las diez mayores del mercado español. Además, UGT participa en el negocio asegurador a través de Atlantis.
Fuente: http://okdiario.com
lunes, 13 de abril de 2015
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CCOO despide trabajadores con una Ley contra la que convoca huelga general
Una delegada sindical que negoció los despidos: “Nuestro sindicato nos ha tratado peor que la patronal más rastrera”
Redacción. El sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) presidido por Ignacio Fernández Toxo aplica un expediente de regulación de empleo o ERE a su propio personal en una de sus empresas de Galicia (FOREM), haciendo uso de una normativa que sin embargo considera tan inmoral como para constituir otra huelga general en plena crisis. ¿Falta de coherencia?
Comisiones Obreras ha ofrecido el mínimo a los trabajadores que ha despedido de 20 días por año trabajado, mientras ha mantenido en su puesto a todos los cuadros directivos.
Según denuncia el diario La Razón, María Díaz, uno de los cinco delegados sindicales que «negoció» las condiciones de despido y que finalmente quedó incluida en el ERE, denuncia que los dirigentes de CC OO y de FOREM «se comportaron como verdaderos cerdos». «Nuestro propio sindicato nos ha tratado peor que la patronal más rastrera», «Nos negaban que estuvieran aplicando la reforma laboral porque nos daban un mes para negociar, pero es algo que contempla la nueva ley. Pero, además, esgrimieron pérdidas futuras, cosa que hace un año (sin la reforma) no hubieran podido hacer».
La negociación iniciada el pasado 3 de septiembre, prosigue la delegada sindical, “fue un paripé. No hubo posibilidad de negociar nada. Nos anunciaron el cierre de dos centros de trabajo gratuitos, que no le costaban nada al sindicato. Presentaron dos informes de auditoras, pagados, para justificar los despidos, de los que, para comprarnos, los cinco delegados sindicales quedábamos excluidos”.
«Cuando comunicamos esto, la asamblea decidió que 20 días por año trabajado era miserable». Es incalificable. Realmente tenemos unos sindicatos a juego con nuestros peores políticos.
En Cruz de San Andrés se puede firmar una Carta dirigida al sindicato del Sr. Toxo, que dice así:
Sres. de CCOO:
El sindicalista de verdad, era una persona, un trabajador, que deseaba defender a sus compañeros, que normalmente no tenían la capacidad o suficientes conocimientos como para defenderse de las múltiples presiones laborales. Juntos hacían fuerza, amparados en su “sentimiento de clase”.
Esos sindicatos ya no existen. Han muerto.
Sin embargo y aunque no hay verdaderos sindicatos, ustedes han conservado su nombre. En realidad es lo mismo que estamos viviendo en muchos ámbitos: cerveza sin alcohol, turrón sin azúcar, café descafeinado y, por último, sindicatos sin sindicalismo y "democracia" sin democracia.
El “sindicato” de ahora que ustedes representan y salvo pequeñas y muy honrosas excepciones, es diferente, especialmente cuando hablamos de sus “peces gordos”. Su nivel de estudios es universitario. Sus ingresos son razonablemente altos y ven a la estructura sindical como una especie de “empresa de servicios”. Esa “empresa” (pedimos perdón a todos los empresarios por utilizar su nombre) es una estructura que gestiona seguros, planes de pensiones, el uso del ocio, la búsqueda y la consecución de un empleo (lo cual llevará al agradecimiento eterno), planes de formación y un largo etc.
Dicho de otra forma, el sindicalista de antes veía en la organización el lugar para conseguir reivindicaciones colectivas. Existía realmente un sindicalismo sano que, buscaba el “bien común”. El sindicalista de ahora (al menos el que ustedes y la UGT representan), en general ve en la organización laboral la manera de satisfacer sus necesidades individuales: ascender en la empresa, ganar más dinero, tener un mejor coche, una mejor consideración social…
Sin embargo ustedes, que son sindicatos políticos o como mucho, "de casta", tienen en realidad muy pocos afiliados. Parece que las cifras oscilan entre el 15 y el 17% de los trabajadores, en el mejor de los casos. El dinero de sus afiliados supone, aproximadamente, el 25% de sus ingresos. Por contra, la mayoría de los ingresos de UGT y de CCOO, provienen de un largo capítulo en el que se incluyen Unión Europea, Administración Estatal, Administraciones Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos…..Esas ayudas tan diversas se otorgan por muy diferentes motivos como son la representatividad, la acción social de las organizaciones, la formación y hasta la cooperación internacional.
Estas estructuras (los grandes sindicatos) son, en realidad, opacas a procesos electorales y su poder de representación viene de una visión muy particular de la ley. Una ley que los transforma en interlocutores válidos y, al mismo tiempo, en un apéndice de la administración, pues de allí obtienen la mayoría de sus ingresos. Realmente han logrado el objetivo final de cualquier tiranía: ser al mismo tiempo gobierno y oposición. Realmente, cobran del Estado porque son realmente, una parte del mismo.
Siendo así ¿No les parece inmoral convocar huelgas generales contra quien les de de comer (el Estado), mientras aun conservan el nombre de sindicatos?
Seguramente me dirán que es que son sindicatos y se preocupan de los trabajadores ¿Verdad?
¿Es esa su forma de entender el sindicalismo?
Fuente: http://www.diarioya.es
viernes, 19 de diciembre de 2014
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La Junta financió con más de 2 millones a los sindicatos entre 2010 y 2012 para montar sucursales dedicadas a asesorar a autónomos
Las subvenciones repartidas por la Junta de Andalucía para impulsar el trabajo autónomo acabaron fomentando el autoempleo... dentro de los propios sindicatos. Comisiones Obreras de Andalucía y laUnión de Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA), una federación integrada en UGT de Andalucía, se gastaron en pagar nóminas y otros costes del personal el 93 y 90,7 por ciento, respectivamente, del importe total de las ayudas excepcionales concedidas por la antigua Consejería de Empleo (1,17 millones de euros a cada organización) para asesorar a emprendedores, según especifica un informe demoledor de la Cámara de Cuentas de Andalucía publicado el pasado viernes que realizó un extenso inventario de irregularidades en la gestión del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo. La auditoría detectó un «agujero» de 138,5 millones de euros pendientes de justificar y con el plazo vencido. Representan el 42 por ciento de los incentivos distribuidos (356,7 millones de euros) entre 2007 y 2012.
CC.OO. y UGT se gastaron en nóminas subvenciones de la Junta de Andalucía al autoempleo
La Junta financió con más de 2 millones a los sindicatos entre 2010 y 2012 para montar sucursales dedicadas a asesorar a autónomosLas subvenciones repartidas por la Junta de Andalucía para impulsar el trabajo autónomo acabaron fomentando el autoempleo... dentro de los propios sindicatos. Comisiones Obreras de Andalucía y laUnión de Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA), una federación integrada en UGT de Andalucía, se gastaron en pagar nóminas y otros costes del personal el 93 y 90,7 por ciento, respectivamente, del importe total de las ayudas excepcionales concedidas por la antigua Consejería de Empleo (1,17 millones de euros a cada organización) para asesorar a emprendedores, según especifica un informe demoledor de la Cámara de Cuentas de Andalucía publicado el pasado viernes que realizó un extenso inventario de irregularidades en la gestión del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo. La auditoría detectó un «agujero» de 138,5 millones de euros pendientes de justificar y con el plazo vencido. Representan el 42 por ciento de los incentivos distribuidos (356,7 millones de euros) entre 2007 y 2012.
Uno de los pilares sobre los que se asentaba el cuestionado plan consistía en financiar a entidades colaboradoras la creación de sucursales, que funcionaron durante dos años, destinadas a «sensibilizar e informar sobre el autoempleo» y a «asistir técnicamente» a los autónomos andaluces. Para montar esta estructura, el denominadoSistema de Atención al Autónomo, la Junta recurrió a un mecanismo que ya puso en práctica en los ERE irregulares y los cursos de formación. Concedió ayudas excepcionales (sin convocatoria pública ni concurrencia competitiva) a las centrales sindicales por un montante total de 2,35 millones de euros entre 2010 y 2012. En el programa también participaron la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) —que recibió 780.000 euros— y laFundación Forja XXI, heredera de la Expo 92 de Sevilla e inmersa en un concurso de acreedores, que obtuvo 656.000 euros.
Las contrataciones de personal vinculado a CC.OO. y UPTAconsumieron en torno al 91% de los fondos públicos, según el desglose de los gastos facilitados a los auditores por la Consejería de Economía. El programa autonómico daba cobertura a estos gastos, siempre que no superaran el 90% del coste total del proyecto. Incluso especificaba los sueldos por categoría: un coordinador cobraba 35.384 euros anuales; 29.321, un técnico, y 20.525, un administrativo. La Administración se vio desbordada al conceder más fondos de los que podía controlar. El órgano fiscalizador censuró la «ausencia de mecanismos adecuados de evaluación» para medir el impacto de estas acciones. Sobrepasada, la Junta firmó exoneraciones masivas del trámite de justificar fondos para seguir subvencionando a las entidades, el mismo método que generó el caos en las ayudas de formación.
martes, 16 de diciembre de 2014
Una sentencia dictada por el TSJA ha condenado a la Junta a admitir los cursos de formación que el sindicato CSIF dio a un aspirante a puesto de trabajo en la Administración, dado que en principio sólo se permitían los impartidos por UGT y CCOO.
Su cliente tomó parte en un concurso para un trabajo como promotor de empleo en la Junta, teniendo como referencia unas bases en las que se admiten como méritos los cursos de formaciónimpartidos por sindicatos. Dado que son los aspirantes los que pueden autobaremarse, el joven se adjudica los puntos correspondientes a los cursos recibidos, algunos de ellos impartidos por CSIF, y llega a la mínima puntuación requerida.
A continuación recurre por vía administrativa sin resultado; presenta entonces un contencioso ante el Juzgado con un desenlace negativo, y seguidamente apela a la Sala de lo Contencioso, que en este caso le da la razón. La sentencia señala que «Sí lleva razón el recurrente sobre los cursos de formación, porque las consideraciones generales aludidas que limitaban la valoración a los organizados por los sindicatos UGT y CCOO, van en contra de los criterios de selección de la convocatoria al restringirlo caprichosamente a dichos sindicatos, cuando el apartado correspondiente se refiere a los cursos de formación organizados, impartidos u homologados por centrales sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua y estén relacionados con el puesto a ocupar».
lunes, 11 de agosto de 2014
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A los sindicatos les corresponde el 30% del dividendo de Fonditel, ya que cada uno de ellos posee un 15% de la gestora, lo que supone que por las ganancias de 2013 ingresaron entre los dos 1,6 millones de euros. Más allá del beneficio que obtienen los sindicatos con el creciente negocio de las pensiones privadas -en el caso de BBVA, en 2013, el incremento de dividendo ha sido del 30%-, está la pregunta de por qué son accionistas de dos de las gestoras de pensiones privadas más importantes del país, unos accionariados donde sólo han tenido cabida ellos, ya que el capital que no está en sus manos corresponde en exclusiva al banco y a la operadora.
Fuente: http://www.elconfidencial.com
CCOO y UGT se llevan 4 millones de las gestoras de pensiones de BBVA-Telefónica
Paradojas de la vida, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT figuran entre los grandes beneficiados de la reforma de las pensiones públicas y del creciente negocio que se abre para las privadas. Todo ello porque los dos sindicatos son accionistas de referencia de las gestoras de pensiones de BBVA y de Telefónica, líderes del mercado en España.
Como todo accionista de una compañía, los sindicatos son regados cada año con un jugoso dividendo, pago que, además, es más elevado cuanto mejor vaya el negocio de las pensiones privadas; y éste irá mejor, se prevé, conforme vayan mermando las públicas, por la creciente necesidad que van a tener los ciudadanos de compensar los menguantes ingresos procedentes de la Seguridad Social con ahorro privado. Justo lo que tanta veces ellos mismos han criticado.
Sólo en 2013, las pensiones privadas gestionadas por BBVA y Telefónica les han reportado a los sindicatos un agradable pellizco de 4 millones de euros a repartir entre los dos. Esta cifra procede, por una parte, de los 5,89 millones de euros en dividendos que repartió la gestora de BBVA, de los cuales un 40% corresponde a los sindicatos, es decir, 2,34 millones de euros. Por el lado de Fonditel, la gestora de Telefónica, la remuneración ascendió a 5,11 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 46% frente a los 3,5 millones de un año antes, según datos del Registro Mercantil.
A los sindicatos les corresponde el 30% del dividendo de Fonditel, ya que cada uno de ellos posee un 15% de la gestora, lo que supone que por las ganancias de 2013 ingresaron entre los dos 1,6 millones de euros. Más allá del beneficio que obtienen los sindicatos con el creciente negocio de las pensiones privadas -en el caso de BBVA, en 2013, el incremento de dividendo ha sido del 30%-, está la pregunta de por qué son accionistas de dos de las gestoras de pensiones privadas más importantes del país, unos accionariados donde sólo han tenido cabida ellos, ya que el capital que no está en sus manos corresponde en exclusiva al banco y a la operadora.
En ambos casos, esta posición se remonta a cuando Telefónica y Argentaria (la A al final de BBV) eran entes públicos que, al privatizarse, dieron entrada a los sindicatos en su capital. Desde entonces, hace la friolera de dos décadas, los sindicatos han mantenido su posición accionarial, a pesar de que las gestoras de pensiones, por normativa, tienen que ir realizando ampliaciones conforme aumenta su patrimonio, lo que, en principio, debería obligar a los accionistas a acudir a las ampliaciones para no diluirse.
Este medio ha intentado contrastar tanto con los sindicatos como con las compañías si CCOO y UGT han tenido que realizar algún tipo de desembolso para mantener sus porcentajes de participación, pero ninguna de las partes ha dado una respuesta.
Líderes del sector
Ser socios de BBVA y Telefónica en planes de pensiones convierte a UGT y CCOO en actores protagonista del sector, ya que según datos de la patronal Inverco, las dos entidades figuran en el top ten nacional. El banco lidera el ránking con 19.400 millones de patrimonio, no obstante, esta cifra procede de sus tres gestoras: BBVA Pensiones, Unnim Vida y Gestión de Previsión y Pensiones, la entidad especializada en planes para colectivos, donde están presentes los sindicatos.
CC.OO también lleva años como accionista de la asegura Atlantis, a cuyo accionariado se sumó UGT en diciembre de 2012, en plena reforma de pensiones, al hacerse con un 20% del capital por 120.000 euros
Pero, aunque se cojan sólo las cifras deglosadas, y no las consolidadas por grupo, Gestión de Previsión y Pensiones lidera el ránking nacional por número de planes y logra la medalla de bronce por patrimonio (6.900 millones), sólo por detrás de las cifras que mueven BBVA Pensiones y VidaCaixa.
Las cifras de Fonditel, 46 planes y 3.613 millones de patrimonio, convierten a la gestora de Telefónica en la novena más importante del país y en el único outsider de todo el top ten, claramente dominado por entidades financieras, ya sean bancos, sociedades ligadas a las antiguas cajas o aseguradoras.
El negocio de los sindicatos con fondos y seguros
Tanto en el consejo de Fonditel como en el de Gestión de Previsión, los representantes de los sindicatos son Antonio Retamino, por parte de UGT, y Carlos Bravo Fernández, en representación de CCOO. Los dos administradores están también presentes en las sociedades Protección Social Complementaria de los Trabajadores, SL; y en Consultora de Pensiones y Previsión Social, empresa actuarial que, como tal, ciñe su actividad a asesorar a planes de pensiones para que los números salgan.
Los lazos de UGT con el sector de fondos y seguros privados ha ido siempre un paso más allá con su participación en Atlantis Vida, entidad de la que el sindicatos es accionista directo, además de tener también una participación del 20% en su filial Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría Actuarial.
Hace algo más de dos años, en diciembre de 2012, justo en medio de las reformas de pensiones que llevaron a cabo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, cuando España estaba al borde del rescate, UGT decidió sumarse a este negocio y adquirió también una participación del 20% en Atlantis Correduría de Seguros, previo desembolso de 120.000 euros.
En el sector denuncian que este entramado de empresas sirve a los sindicatos para hacerse con trabajos de consultoría y asesoría en muchos casos innecesarios, porque todas las grandes gestoras cuentan ya con este tipo de áreas dentro de sus casas. Este medio ha intentado en reiteradas ocasiones una explicación por parte de los representantes de los trabajadores, pero no ha habido respuesta.
Quien controla en última instancia a Atlantis, y que es su accionista mayoritario, es la firma francesa Mutuelle Assurance, que vio como su filial cerró el ejercicio 2012, último con cuentas depositadas en el registro, con unas pérdidas de 161.270 euros. Fue esta entidad gala la que vendió a UGT un 20% de Atlantis en diciembre de aquel año.
Fuente: http://www.elconfidencial.com