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martes, 31 de diciembre de 2013

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El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana sancionará a quienes practiquen deporte en espacios públicos no habilitados

El anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que pasó este viernes el filtro del Consejo de Ministros, contiene un buen número de infracciones vinculadas al deporte, con el añadido de que prevé unas sustanciosas multas para los afectados.

Para empezar, el nuevo texto sancionará con multa de 100 a 1.000 euros a quienes practiquen juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes, o se impida o dificulte la estancia y el paso de las personas o la circulación de los vehículos.
Por otro lado, los que planeen nuevas pitadas al himno nacional español, como ya ocurriera en varias ediciones de la Final de la Copa del Rey, deberán pensárselo dos veces a partir de ahora. Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito, serán consideradas como infracciònes graves.
 
El nuevo texto distingue entre infracciones leves, graves y muy graves con multas de 100 a 1.000 euros para las leves, de 1.001 a 30.000 euros las graves y de 30.001 a 600.000 euros. La Ley de 1992 sólo diferenciaba entre infracciones graves y leves, y establecía una cláusula general que, cuando se daba, permitía calificar como muy graves algunas infracciones definidas como graves.

Dice la nota oficial difundida por el Gobierno que, en sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y en el que desaparecen las faltas ¬ya que algunas se convierten en delitos leves y otras quedan fuera del ámbito de las infracciones penales¬, el nuevo anteproyecto de Ley recoge algunas de las antiguas faltas que reciben ahora la calificación de infracciones administrativas. De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo.

Responsables solidarios

Además, se regula el régimen de sujetos responsables con la novedad de concretar quiénes podrán ser considerados como responsables solidarios (titulares de establecimientos, promotores de espectáculos y actividades recreativas, organizadores de eventos deportivos, convocantes de manifestaciones, etc.) y con la incorporación de la responsabilidad solidaria de los padres, tutores o guardadores legales o de hecho por los daños ocasionados por las infracciones que cometan los menores de edad (responsabilidad civil), a petición del Defensor del Pueblo.

Se amplía el plazo de caducidad

Por otra parte, el nuevo texto amplía de seis meses a un año el plazo de caducidad de los expedientes sancionadores.

En otro orden, el proyecto tipifica como infracción “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.

Cuando una infracción de igual contenido esté tipificada en una normativa específica, será de aplicación preferente esta última”.

Se tipifican como infracciones graves, entre otras:

- La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación (Procede despenalización de faltas del Código Penal).

- Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito. (Nuevo).

- La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o controles reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta ley, en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves. (Procede de la Ley de 1992).

- Las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer, o cualquier forma de discriminación, siempre que no sean constitutivas de delito.

- El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares y la tolerancia de dicho consumo en locales o establecimientos públicos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos. (Procede de la Ley de 1992).

- El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya delito. (Nuevo).

- La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no constitutivos de delito. (Nuevo).

- Forzar o inducir a otros, especialmente a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, mediante el empleo de la violencia física, intimidación o engaño, al consumo o a la tenencia ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas cuando no sea constitutivo de delito.

Entre las infracciones leves se encuentran:

- La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave. (Procede de la Ley de 1992).

- El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos. (Nuevo).

- Las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones realizadas en vías públicas y espacios abiertos al público que produzcan alteraciones del orden público, siempre que no sean constitutivas de delito. (Procede despenalización de faltas del Código Penal).

- Las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos , cuando no constituyan delito, así como la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. (Nuevo + Procede despenalización de faltas del Código Penal).

- La proyección de dispositivos luminosos sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones. (Nuevo).

- La colocación no autorizada en la vía pública de elementos o estructuras no fijas, como tenderetes, pérgolas, tiendas de campaña, construcciones portátiles o desmontables u objetos análogos. (Nuevo).

- La práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes, o se impida o dificulte la estancia y el paso de las personas o la circulación de los vehículos. (Nuevo).

Sanciones

Las infracciones contempladas en esta ley podrán ser sancionadas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones siguientes, atendida la naturaleza de la conducta infractora:

• Multa de 100 a 1.000 € por infracciones leves.
• Multa de 1.001 a 30.000 € por infracciones graves.
• Multa de 30.001 a 600.000 € por infracciones muy graves.

Además, se establece la obligación de reparar el daño o su indemnización por los daños y perjuicios causados y se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

La denuncia notificada en el acto por los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituirá el acuerdo de incoación y podrán denunciar infracciones de la legislación autonómica y local y sus manifestaciones tendrán valor probatorio.
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La subrogación del personal de ‘Magasegur S.L.’, en peligro

La empresa de vigilancia privada que presta  sus servicios a la Seguridad Social no ha justificado a la nueva empresa, ‘Seguriber’, el pago de los seguros sociales y presuntamente podría adeudar más de 500.000 euros por este concepto.
 
El delegado de personal por parte de UGT de la empresa de Seguridad Privada ‘Magasegur, S.L’ en Ceuta, Julio Suau, denunciaba ayer a EL PUEBLO la situación en la que se encuentran los seis trabajadores de esta empresa que ofrecen sus servicios en el edificio de la Seguridad Social, los cuales no podrán ser subrogados por la nueva empresa adjudicataria de la vigilancia privada del edificio de la Seguridad Social, ‘Seguriber’, al no estar, la actual empresa, al corriente de pago de los seguros sociales.

El próximo día 1 de enero, la empresa de seguridad privada que presta servicios en el edificio de la Seguridad Social, ‘Magasegur, S.L.’ dejará de hacerlo ya que a partir del primer día de 2014 este servicio será ofrecido por ‘Seguriber’.

Antonio Borrego, delegado en Ceuta de la empresa Seguriber, acompañó ayer a Julio Suau hasta las dependencias del diario EL PUEBLO y mostró su preocupación por la situación de desamparo en la que se encuentran estos trabajadores.

Borrego manifestaba que al conocer en el mes de noviembre que su empresa se hacía con el servicio del edificio de la Seguridad Social se lo comunicó a la actual adjudicataria con el fin de que comenzaran a tramitar toda la documentación pertinente para la subrogación del actual personal, un total de seis trabajadores. Durante todo este tiempo y tras numerosos intentos fallidos, la empresa tan sólo ha facilitado parte de dicha documentación, parte de ella falseada ya que ha intentado incluir trabajadores que ya no tiene contratados, por lo que pone en peligro la subrogación de estos trabajadores, quienes, no hay que olvidarse, vienen sufriendo lo insufrible desde hace un año y todavía, a día de hoy, no han cobrado la nómina de noviembre, ni la extraordinaria de diciembre, ni tampoco la paga de beneficio, por lo que se habla de seis padres de familia que están viviendo una de sus navidades más amargas gracias a la empresa ‘Magasegur S.L.’, no en vano, sobre esta empresa pesan numerosas denuncias que se han ido tramitando tanto en inspección de trabajo como en los juzgados.

Entre la documentación que no ha sido presentada cabe resaltar la destinada a justificar que está al corriente de pago de la Seguridad Social, algo que podría parecer normal máxime cuando sus servicios están contratados por este organismo estatal, el cual vela por que las empresas cumplan con la ley y todos sus pagos estén al dia, pero en este caso parece que no es así, ya que hasta la fecha ‘Magasegur S.L.’ no ha justificado estos pagos y según ha podido saber este diario esta empresa de seguridad privada presuntamente podría adeudar a la Seguridad Social más de 500.000 euros en seguros sociales, lo que podría poner en cuestión los criterios de adjudicación de estos servicios por parte del Estado ya que pese a tener estos presuntos adeudos se siguen adjudicando servicios a empresas como ‘Magasegur S.L.’, de la cual hay referencias muy negativas, como la producida en noviembre de 2011 en Valencia sobre que dejó de abonar los finiquitos a 23 vigilantes que prestaban servicios en la red de museos de Valencia y tuvo que ser llevada a juicio por alternativasindical y otras muchas denuncias que se han producido contra esta empresa en diversos puntos del territorio español.

El delegado de la nueva empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada de la Seguridad Social manifestaba que el no estar al corriente de pago de los seguros sociales es uno de los requisitos para poder rechazar la subrogación del personal, por ese motivo adelantaba que mañana lunes se le enviará un burofax a la dirección de ‘Magasegur S.L.’ advirtiéndole de la situación y por la que saldrían perdiendo los trabajadores que iban a ser subrogados, quienes están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para preservar sus derechos.

Desde ‘Seguriber’ se ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a estos seis trabajadores asegurando que si ‘Magasegur S.L.’ no justifica los pagos a la Seguridad Social en vez de ser subrogados se les realizará un contrato nuevo para que pasen a formar parte de la plantilla de ‘Seguriber’ aunque esto provocaría la pérdida de la antigüedad.

Suau confesaba no entender “porqué, después de más de un año presentando denuncias y reclamaciones, las instituciones competentes todavía no se han pronunciado al respecto, máxime cuando les atañe concretamente a ellos, ya que esta empresa está cometiendo un presunto fraude tanto a la Agencia Tributaria como a la Seguridad Social, curiosamente organismo este último donde ofrece sus servicios”. Del mismo modo también denunciaba que los órganos directivos tanto de la Tesorería como de la Casa del Mar están debidamente informados de las numerosas denuncias que ya se han cursado con el fin de que finalmente se consiga “romper” el contrato de esta empresa con las Administraciones Públicas.

El delegado de personal comentaba que esta empresa tiene a más de 1.000 trabajadores repartidos por todo el territorio español y reflexionaba que “si a todos los trabajadores les abonan las pagas extraordinarias en negro, el montante económico que están defraudando es escandaloso”. Finalmente, además de denunciar todas estas irregularidades y que no ha pagado la subida salarial del 4,4% pactada en 2012, Suau también resaltaba que la empresa ‘Magasegur’ se ha desvinculado del convenio estatal y ha aplicado su propio convenio en el que se les ha aplicado un descuento de 75 euros en el salario base, algo que también ha afectado por consiguiente en el plus de residencia.
 
“La dirección de Magasegur ha mentido, a través de un escrito, en el último acto de conciliación celebrado”
El acto de conciliación del último conflicto colectivo presentado por el delegado de personal de la empresa Magasegur S.L, se celebró el pasado día 26 en las dependencias de la Delegación del Gobierno. En este acto la empresa no compareció y tan sólo presentó un escrito redactado desde la central, con sede en Murcia, en el que se alegaron una serie de cuestiones que según, Julio Suau, “son todo un puñado de mentiras”, como que “todos los trabajadores están de acuerdo en cobrar la extra de navidad cuando buenamente se pueda; o como que las administraciones públicas con las que mantienen los contratos no les habían pagado”. Además, la empresa se comprometió a abonar el pasado jueves tanto la nómina como la extra de Navidad, pero finalmente no ha sido así, por lo que el delegado de personal de la empresa aseguraba ayer a EL PUEBLO que se van a emprender todas las acciones legales pertinentes para que ‘Magasegur S.L.’ abone “hasta el último céntimo a todos los trabajadores afectados”.
 

lunes, 30 de diciembre de 2013

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Dos guardias disfrazados de empleados de una gasolinera detienen a un atracador

 
 
Los agentes montaron un operativo durante cuatro días en una estación de servicio de Llíria para apresar al autor de una oleada de robos
 
 
Que un buen disfraz cambia el aspecto natural de las personas es algo más que evidente, pero muy pocas veces un delincuente intimida con un cuchillo de cocina a dos guardias civiles vestidos con la ropa de faena de los empleados de una gasolinera. El atracador se quedó perplejo y retrocedió cuando los dos hombres sacaron sus pistolas y gritaron: «¡Guardia Civil!. Segundos después, el asaltante se arrodilló y fue detenido sin ofrecer resistencia.
El robo frustrado tuvo lugar sobre las 19.15 horas del jueves en una gasolinera de la carretera de Ademuz que ha sufrido una veintena de atracos en poco más de cuatro años. Después de tantos asaltos con cuchillos y armas de fuego, dos de ellos cometidos el 16 y 22 de diciembre de este año, un equipo de guardias civiles del cuartel de Llíria montó un operativo para detener a los delincuentes que osaran a perpetrar otro robo en la estación de servicio.
Cuatro agentes de paisano se turnaron durante cuatro días en diferentes horarios y se disfrazaron de empleados de la gasolinera, con el anorak y la camisa de Amado Gestión -la empresa propietaria de las dos gasolineras y el hotel del área de servicio de Llíria-, para esperar a los atracadores y detenerlos.
Armados con sus pistolas y con mucha paciencia, pues no sabían cuándo volverían a actuar los delincuentes, los guardias civiles hicieron más amena y segura la jornada laboral de los empleados de la estación de servicio, incluido el día de Nochebuena.
El robo frustrado, desde que el atracador irrumpe con un coche en la gasolinera hasta el preciso momento de la detención, fue grabado por una de las cinco cámaras de seguridad del recinto. El asaltante empieza mal su fechoría y casi se cae por un leve resbalón nada más bajar del vehículo, pero cuando entra con el cuchillo en la mano en el establecimiento se lleva una ingrata sorpresa. Descubre entonces que la empleada no está sola, como sucedió en los últimos robos. Los guardias civiles disfrazados sacan sus pistolas y reducen al atracador en pocos segundos. Antes de que fuera apresado, el individuo suelta el cuchillo y se arrodilla incluso en un gesto de sumisión. Tras esposarlo con las manos en la espalda, los agentes informan al delincuente de sus derechos, así como del motivo de la detención -un delito de robo de intimidación en grado de tentativa- y lo trasladan a un calabozo.
Según las investigaciones de la Guardia Civil, el hombre arrestado es el presunto autor de numerosos atracos a gasolineras cometidos en las últimas semanas en la provincia de Valencia. Dos de estos robos los perpetró con otro compinche en el mismo establecimiento de Llíria donde fue apresado el jueves.
El gerente de la estación de servicio, Amado Villar, se queja del aislamiento de la gasolinera por la valla de la autovía CV-35. «Lo único que queremos es tener el mismo acceso directo a la vía de servicio que tienen las tres gasolineras que están situadas en la misma autovía», asevera Villar. «Es la única forma de facilitar la labor de la Guardia Civil y Policía Local para que puedan protegernos de una manera más rápida y eficaz», añade el empresario. Una veintena de atracos en la misma estación de servicio en los últimos cuatro años justifican su petición.
 
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Los vigilantes no son policías

  • La ley de seguridad privada permite a los agentes patrullar en más espacios

  • Los expertos alertan de la falta de formación para sus nuevos cometidos

  • Los vigilantes privados conquistan la calle

“Los vigilantes no somos ni una cosa ni otra. Yo salgo corriendo detrás de alguien que ha robado en la tienda, pero no me quiero meter en los líos de la calle”, explica Pedro, un agente de seguridad privada de una tienda del centro de Madrid. Ha visto en las noticias que si se acaba aprobando el proyecto de ley de seguridad privada, pendiente de trámite parlamentario, su jefe puede mandarle a patrullar en la calle. Y le da bastante miedo.

El borrador que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este mes amplía aún más el terreno de acción de los vigilantes privados, que podrán hacer ronda en las calles comerciales y tendrán potestad para detener, identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área de protección delimitada. Los primeros escépticos son los propios vigilantes que, con una formación más básica que los policías, sienten que la ley no les protege como a ellos.

“El ministerio tiene que garantizar que el servicio que se delega lo pueda ejercer la seguridad privada y para eso tiene que formarnos mejor”, apunta José Rafael Centeno, director del sector de seguridad de la UGT. “Se ha atacado mucho a los vigilantes y no nos lo merecemos. Si hemos valido para escolta en el País Vasco y en Navarra durante 30 años, somos válidos para cualquier otra función, pero tenemos que recibir la formación necesaria”, añade.

La instrucción es, efectivamente, uno de los aspectos que perfila la nueva ley, aunque no deja claro cómo acabará cuajando esta intención de mejorar las competencias de los vigilantes. El borrador deja la puerta abierta a concretarla con programas de Formación Profesional o universitarios, pero los afectados temen que el Gobierno les dé responsabilidades de policía sin las herramientas para hacerlo.
“Aún tenemos mucho camino que recorrer en el trato con la ciudadanía. No es lo mismo cachear a alguien en un espacio privado que en plena calle”, advierte Nelo Maldonado, asesor de seguridad privada de CC OO y profesor en academias de vigilantes. “Incluso con la formación de algunos funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde se ha invertido un tiempo mucho más largo, se siguen dando casos de abuso en algunas ocasiones”, espeta el abogado penalista Jaime Sanz de Bremond. El viernes pasado, un juez de Girona imputó a seis mossos por las lesiones que sufrieron varios manifestantes antimonárquicos en dos protestas durante el mes de junio.
La profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona Roser Martínez alerta de que la reforma legislativa relaja la formación que se exige a los vigilantes armados —el 78% del total de un sector con 82.150 trabajadores—. “Ahora están obligados a hacer dos prácticas de tiro al año, mientras que el último borrador de la ley [del 10 de diciembre] solo dice que el mantenimiento de la actitud en el uso de armas se hará con la participación de instructores de tiro habilitados. No especifica ni qué actitud deben tener los preparadores, ni el número de prácticas ni el número de tiros”, explica la experta, autora de Armas: libertad americana o prevención europea (Ariel).
Martínez también destaca que la reforma permitirá que los vigilantes no depositen el arma en la empresa en algunas ocasiones. Los permisos de arma son otorgados a las empresas, no a sus trabajadores, por lo que los vigilantes están obligados a dejarla en manos de la compañía cada vez que acaban el servicio. Con la nueva ley, podrán dejarla en la caja fuerte de un hotel, por ejemplo, en el caso de que estén realizando una protección privada de varios días para evitar que tengan que desplazarse hasta la sede de su empresa.
El de Pedro, un nombre falso porque no quiere que la empresa para la que trabaja conozca su identidad, es uno de los dos perfiles más habituales en los cursos de habilitación para seguridad privada: parado de larga duración, mayor de 40 años y con una profesión de un sector en declive, como la construcción. De hecho, él es mecánico, pero después de varios años en el paro, acabó optando por esta alternativa. Después de pasar unos meses supervisando estaciones de Renfe, encontró un trabajo más estable, aunque, según cuenta, no pasa de mileurista.
 
El otro perfil habitual entre los candidatos lo constituyen jóvenes de entre 18 y 21 años que ven la vigilancia como una carrera y que aspiran a ascender a puestos más complejos como el control de sistemas operativos o la prevención de incendios. Juan Carlos Rodríguez, coordinador de estudios de Abalar, una academia que forma a unos 700 estudiantes al año, asegura que, por el contrario, los que aspiran a entrar en la Policía Nacional son, en general, mucho más vocacionales que los que intentan convertirse en vigilantes. La formación es también mucho más larga, estricta y exhaustiva. “La idea de que son policías frustrados es falsa”, asegura. “Sí pasa al revés, que estudiantes de Policía Nacional se sacan el título de vigilante para poder mantenerse mientras opositan. La mayoría de los que aprueban son mayores de 24 años, tienen una formación básica y un sentido de la función pública”, explica. “Los que llegan a los 18 creyéndose Harry el Sucio y que se han sacado el graduado escolar a trancas y barrancas, se suelen quedar fuera”, defiende.
Los requisitos para acceder a los dos exámenes para ambas profesiones son prácticamente los mismos: ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y haber superado la Educación Secundaria Obligatoria, entre otros. Para optar a la placa de vigilante de seguridad hay que tener nacionalidad europea, mientras que solo los españoles pueden acceder a las oposiciones de la Policía Nacional. La nueva ley de seguridad privada permite a ciudadanos de terceros países acceder a la seguridad privada, siempre que tengan un convenio bilateral con España en esta materia.
Después de pasar un filtro en el Ministerio del Interior —un examen de conocimientos básicos adquiridos en un curso de 180 horas—, los vigilantes están obligados a hacer un curso de reciclaje anual de 20 horas. Las pruebas son físicas, prácticas —tiro y defensa personal— y teóricas —conceptos de derecho, psicología o sociología—. La entrada al Cuerpo Nacional de Policía pasa por una oposición y una formación de casi dos años: uno en la Academia Nacional de Policía, en Ávila, y otro de prácticas en una comisaría.
Las diferencias en la formación se reflejan en las condiciones laborales. El salario de un vigilante sin arma es de 1.086 euros brutos al mes. Un agente de la Policía Nacional que acaba de salir de la academia cobra entre 1.400 y 1.500 euros mensuales (en función de los complementos, para los que se tiene en cuenta, entre otros, su destino), al que se irán sumando trienios con el paso de los años.
 
El SUP: “Es como poner a enfermeras a operar porque no hay médicos”
“Es como poner a enfermeras a operar porque no hay suficientes médicos y las listas de espera aprietan”, explica el portavoz del Sindicato Unificado de Policía José María Benito. Este considera que más allá de reducir gastos, la extensión de las responsabilidades de la seguridad privada duplica un servicio que ya está cubierto por la Policía Nacional. El sector ha perdido un 20% de su volumen de negocio desde 2008 y la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), la asociación que engloba a las 12 compañías más grandes que facturan el 70% de los ingresos del sector, no cree que la reforma de la ley reflote sus balances.
El número de vigilantes también ha caído, pese a que las escuelas coinciden en que la crisis ha disparado el número de aspirantes. El Ministerio del Interior ha admitido abiertamente que la ley beneficiará a aquellas empresas que han perdido terreno de negocio desde el final de ETA.
La colaboración entre la seguridad pública y la privada es habitual en aeropuertos y ministerios y echó a andar en los perímetros de 21 cárceles de toda España en mayo con un programa piloto del Ministerio del Interior. Las empresas de seguridad ya se responsabilizan también de algunas cabalgatas, playas o urbanizaciones, aunque siempre con un perímetro delimitado.
Esta cooperación ha provocado, por ejemplo, una reducción de un 90% de las falsas alarmas en la última década, según datos de la Dirección General de Policía. “La empresa de seguridad instala sus sistemas de alarmas y cobra por ello; pero si suena, somos nosotros los que tenemos que acudir al lugar”, lamenta Benito. Para ahondar en esta tarea de supervisión y prevención, la nueva ley permite que compartan información y la conexión de los servicios de policía y las empresas privadas de seguridad para comprobar los datos en tiempo real. “Se trata de una información de ayuda a la seguridad pública, pero no les convierte en agentes de la autoridad”, opina Eduardo Cobas, secretario general de la asociación de las 12 principales empresas del sector.
 
Para ser vigilante hay que carecer de antecedentes, tener 18 años y la ESO
Cobas cita el caso Asunta, la niña gallega cuyo cadáver fue encontrado el 22 de septiembre en Galicia, como un logro de esta cooperación. La cría, que murió tras una sobredosis de ansiolíticos, según la investigación, fue grabada por una cámara de seguridad en el coche de su madre, Rosario Porto, lo que desmontó la versión inicial de esta, poniéndola en el centro de la investigación.
El Ministerio del Interior insiste en que la actuación de los agentes privados se basará en la subordinación respecto a la policía y que la reforma solo da respaldo legal a una realidad que, de facto, ya se estaba produciendo. Para Sanz de Bremond, el salto es, sin embargo, cualitativo. “Se busca equiparar a los vigilantes con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con lo que en la calle se está dejando en sus manos la posibilidad de definir la situación”, explica.
Además, considera que la ley es “innecesaria” y redundante con el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1992 según el cual cualquier ciudadano que presencia un delito debe ponerlo en conocimiento de las autoridades, aunque la detención queda en manos del funcionario. “Un vigilante en unos grandes almacenes actúa con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la mano, no hace falta hacerlo patente en otra norma”, insiste. “No les puedes equiparar a un policía, pero tampoco a un ciudadano corriente”, replica Cobas, que insiste en que la regulación actual deja sin protección a los agentes en determinadas situaciones.
La reforma legislativa solo equipara a los vigilantes a agentes de la autoridad —una demanda histórica del sector— en el caso de que estén realizando una acción junto a la policía y reciban una agresión. “Este supuesto es conceptual”, zanja Sanz de Bremond, aunque puede convertirse en “una justificación de su agresión para justificar tu agresión”.
Requisitos para ser policía:
  • Ser mayor de edad.
  • Tener la nacionalidad española.
  • Haber superado la Educación Secundaria Obligatoria.
  • Tener una estatura mínima de 1,65 metros para hombres y 1,60 para mujeres.
  • No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración autónoma, local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
  • Estar en posesión del carné de conducir de la clase B y del A o A2.
  • Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a través de declaración del solicitante.
  • Superar la oposición a Policía Nacional constituida por las siguientes pruebas de carácter eliminatorio: de conocimientos, de aptitud física, psicotécnica y reconocimiento médico.
  • Una vez superadas las pruebas selectivas, los opositores deben incorporarse a la Escuela Nacional de Policía (con sede en Ávila) donde se integran al plan de carrera del Cuerpo Nacional de Policía. La formación básica consiste en un curso de un año en la academia y otro de prácticas.
Para ser vigilante:
  • Tener entre 18 y 54 años.
  • Ser ciudadano de la UE. Con la nueva ley, se incorporan los nacionales de terceros países con convenios con España en materia de seguridad privada.
  • Haber superado la Educación Secundaria Obligatoria.
  • Carecer de antecedentes penales.
  • No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
  • No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
  • No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
  • Superar las pruebas de aptitud del Ministerio del Interior. Antes, el candidato debe superar un curso de 180 horas y seis semanas lectivas en cualquiera de los centros autorizados. Hay que alcanzar una puntuación mínima de 5 sobre 10 en el examen de conocimientos y superar las pruebas de aptitud física. No son eliminatorias, porque no hay un número de plazas establecido.

Fuente:  http://elpais.com

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Despiden a un vigilante por estar viendo la televisión en la garita

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Burgos en la que se declaraba procedente el despido de un trabajador de la empresa de seguridad Prosintel Grupo Norte que estaba destinado en las instalaciones principales del Grupo Leche Pascual en la capital ribereña.
El demandante llevaba trabajando para la empresa de seguridad desde diciembre del año 2003, con un contrato indefinido a tiempo completo con la categoría de vigilante de seguridad en la factoría lechera arandina. Los hechos por los que fue despedido se remontan al 5 de marzo de 2012 cuando, según reza la sentencia, el trabajador tenía asignado el turno de 15 a 23 horas y «sobre las 18:15 horas el jefe de servicio realizó una visita a las instalaciones de Leche Pascual junto con el jefe de equipo y observó desde el exterior de la caseta de vigilancia que el actor estaba viendo un canal de televisión en un monitor particular situado en una mesa». Ante esta circunstancia, el trabajador fue advertido de que esa conducta estaba prohibida. Lejos de cejar en su postura, los dos jefes regresaron 20 minutos después «comprobando que la televisión estaba nuevamente encendida», visto lo cual, el jefe de servicio volvió a recriminar su actitud al empleado, quien contestó, literalmente, «me suda los cojones».
Estos fueron los hechos que se argumentaron para defender la procedencia del despido del trabajador, añadiendo además que ésta no era la primera vez que el empleado cometía alguna falta durante su horario laboral y en su puesto de trabajo. En concreto, unos meses antes del hecho por el que se le despidió, el 28 de noviembre de 2011, como refleja la sentencia, «fue sancionado por falta muy grave por haberse quedado dormido en la garita con varios aparatos de televisión y vídeo conectados entre sí» y «en agosto de 2010 fue despedido por hallarse en la garita con una televisión encima de la mesa y diversos enseres personales, acto que fue declarado improcedente por sentencia firme».
La jueza ponente de la sala expresa en la sentencia que los hechos imputados al trabajador aparecen claramente descritos: «El demandante, vigilante de seguridad, fue descubierto durante el desempeño de sus funciones en el turno de trabajo asignado viendo la televisión en un monitor particular que se había instalado en una mesa». Esta situación, que se volvió a repetir 20 minutos después, fue corroborada por el jefe de servicio.
Según la sentencia, «el desempeño de labores de vigilancia, en las que el trabajador debe extremar sus sentidos de atención, cuidado y cautela ante posibles imprevistos o acontecimientos inopinados que deban ser atajados o solventados, quedan neutralizados por el uso de aparatos electrónicos, y en concreto de un televisor, en el que la atención requerida en el ejercicio de las funciones encomendadas queda desviado en toda su extensión hacia la programación emitida». Los hechos probados son la prueba de que «el demandante quebró la confianza que la empresa depositó en su persona, al dejar a un lado la buena fe exigida en el desempeño de su trabajo». Es por ello que el Tribunal Superior de Justicia considera que «los hecho imputados son una transgresión de la buena fe contractual exigida al trabajador, así como la concurrencia de distracciones y abandono de las funciones encomendadas en un puesto de responsabilidad, como lo es el de vigilancia de unas instalaciones de una empresa de especial relevancia y envergadura como es Leche Pascual» y por ello desestima el recurso interpuesto y confirma el despido del trabajador.
 

domingo, 29 de diciembre de 2013

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JEREZ: Condenan a un guardia civil por poner multas falsas a un vecino con el que estaba enemistado

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y siete meses de cárcel que la Audiencia Provincial de Cádiz impuso en noviembre de 2012 a un guardia civil que puso cuatro multas falsas a un vecino de la urbanización Torrelobatón de Jerez de la Frontera con el que estaba enemistado.
La Sala Segunda de lo Penal, que rechaza el recurso de casación presentado por el condenado contra la sentencia de la Audiencia, considera a Marcos A.G. como autor de un delito de falsedad en grado de continuidad delictiva y confirma la pena de tres años de prisión que se impuso a su compañero Juan Miguel C.O. por imponer al vecino otra sanción.

El tribunal de instancia consideró probado que el agente, destinado en el puesto de Alcalá de los Gazules (Cádiz), tenía "frecuentes problemas" con su vecino, que era "dueño de un perro de gran tamaño y raza rottweiler" que solía llevar sin correa ni bozal, y que también se enfrentaron por discrepancias en relación con sus jardines y la gestión del agua.

Tras comparecer los dos vecinos en un juicio por amenazas e intento de agresión y "cansado de ese estado de cosas", según recoge la sentencia, el agente de la Benemérita "decidió usar las posibilidades de su cargo y señalarle a su vecino lo que le podía ocurrir", para lo cual llegó a falsificar la firma de otro compañero.

Entre octubre y noviembre de 2007 los dos agentes impusieron al hombre cuatro multas de tráfico por infracciones en carreteras por las que ni siquiera había transitado. En dos de ellas justificó que su vehículo no había superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en otra que viajaba sin cinturón de seguridad y en la última que había estacionado en un paso de peatones.

Tras estos hechos, el vecino multado llegó a poner en venta la vivienda que ocupaba en mayo de 2009 y abandonó la urbanización en la que vivía en octubre de 2010.

El Supremo rechaza las alegaciones realizadas por el recurrente y considera "meridianamente claro" que el guardia civil "falsificaba denuncias que se referían a su vecino, con el que estaba enemistado, haciendo constar en ellas hechos inciertos".

También considera probado que él mismo u otros compañeros suscribieron estas denuncias valiéndose de "argucias impropias del servicio" que fueron "puestas de manifiesto en las declaraciones de los demás agentes".

Fuente.  http://andaluciainformacion.es

sábado, 28 de diciembre de 2013

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Securitas Seguridad España reconoce que ejerció “acoso sindical” hacia dos delegados de CSIF

Según información de CSIF- Cordoba.

Ambos representantes de los trabajadores de la empresa fueron enviados fuera de la provincia de Córdoba, una decisión que la compañía ha rectificado ahora tras una denuncia presentada por los servicios jurídicos del sindicato.
 
Córdoba, 12 de diciembre de 2013
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba muestra su satisfacción por la decisión de Securitas Seguridad España de devolver a su puestos a dos delegados sindicales en representación de CSIF, una vez que esta empresa fue denunciada ante los tribunales por el sindicato.
El Área de Seguridad Privada de CSIF informa de que estos representantes en el comité de empresa de esta compañía sufrieron un "fuerte acoso sindical" por defender los derechos de los trabajadores de la firma. Con el objetivo de amedrentar a estos delegados sindicales, Securitas Seguridad España tomó la decisión de apartar a ambos de sus puestos de trabajo, dándoles otro destino fuera de la provincia de Córdoba.
Los servicios jurídicos de CSIF presentaron sendas demandas ante los tribunales para denunciar esta situación. Sin embargo, finalmente, no ha sido necesario celebrar juicio, puesto que la empresa se ha allanado, dándole así la razón a los argumentos legales esgrimidos por los abogados del sindicato.
El Área de Seguridad Privada manifiesta su agradecimiento a la asesoría jurídica de CSIF y a
su presidenta provincial por el esfuerzo y el interés que han puesto para defender la libertad sindical que la Ley tiene reconocida a los representantes de los trabajadores.
 
http://www.csi-f.es/sites/default/files/154574/acoso_sindical_securitas_11866.pdf
 

viernes, 27 de diciembre de 2013

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El plus de transporte cotizará, segun se recoge en el BOE del pasado sábado

Báñez aprueba una subida encubierta de cotizaciones a las empresas.
La Seguridad Social incluye nuevos conceptos en el cómputo de las cotizaciones que pueden encarecerlas hasta 1 ó 2 puntos, según los expertos consultados.

El Ministerio de Empleo encabezado por Fátima Báñez ha aprobado una nueva subida encubierta de cotizaciones para las empresas, recogida en el BOE del pasado sábado.
Tan sólo unos días antes de la Navidad y sin que mediase una explicación meridianamente clara, el Gobierno aprovechó para eliminar y endurecer otra vez algunas exenciones de las que se beneficiaban los empresarios a la hora de pagar la Seguridad Social de sus trabajadores.
Es decir, la enésima vuelta de tuerca para elevar todavía más las cuotas empresariales y añadir ingresos al anémico sistema de pensiones, tal y como reconoce en el preámbulo el propio legislador al afirmar que tal decisión “obedece a la necesidad de adoptar medidas urgentes con el objetivo de conseguir la sostenibilidad en el sistema de la Seguridad Social”.
Según los expertos consultados, dichos cambios legislativos pueden representar un alza de las cotizaciones sufragadas por los empresarios de hasta 1 ó 2 puntos, dependiendo de los casos.
En el Real Decreto-ley de ‘Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores’, se igualan los conceptos que computan o no en la base de cotización a los incluidos y excluidos en el IRPF, lo que en la práctica supone que el empresario tendrá que abonar cotización por casi todo lo que valga para retribuir a un trabajador, como por ejemplo las dietas, el plus de transporte o el cheque restaurante.
De hecho, en la nueva redacción de la norma se mantienen las exenciones a través de un “únicamente no se computarán”, lo cual significa que por todo lo demás se deberá cotizar. Y a continuación le sigue una escueta lista en la que se detallan ciertos gastos de locomoción del trabajador, que por ejemplo ahora precisarán de factura para estar exentos; la indemnización por fallecimiento, traslado o suspensión hasta la cuantía máxima prevista en convenio, y la indemnización por despido solamente hasta la cuantía obligatoria establecida en la Ley de Estatuto del Trabajador y no la marcada por convenio, pacto o contrato.
Es más, el nuevo articulado recoge la obligación del empresario de comunicar a la Seguridad Social cualquier concepto por el que se remunere a un trabajador. De lo que ‘ipso facto’ se infiere que el empresario tendrá que pagar por ello.
Quejas empresariales
Y la cosa no se queda ahí. El Gobierno también ha subido las bases mínimas de dos tipos de autónomos, los societarios y aquellos con más de de 10 empleados; aunque semejante iniciativa tiene bastante lógica si se tiene en cuenta que en algunos casos se daba a veces la paradoja de que el empleador cotizaba incluso menos que los empleados.
Fuentes empresariales manifestaron a este medio su indignación porque “en lugar de facilitar y abaratar la contratación, el Ministerio de Empleo la dificulta y la encarece”. “El Gobierno nos prometió una bajada de cotizaciones al comienzo de la legislatura y ya encadena tantas subidas que han encarecido los costes laborales un promedio del 2 por ciento”, comenta una fuente de la patronal.
Para los empresarios, la lista de agravios es larga: el Ejecutivo ha elevado el IVA, un repunte que supuso un duro golpe para muchos sectores, sobre todo de la distribución; ha suprimido bonificaciones a la contratación, medida que restó a las empresas unos 1.000 millones de euros según cálculos dela CEOE; ha subido dos años consecutivos las bases de cotización más altas un 5 por ciento, lo que de acuerdo con los cálculos del Gobierno reporta unos 1.300 millones más de recaudación a la Seguridad Social, y ha ampliado dos veces las bases de cotización al cobrar por conceptos antes exentos como por ejemplo el plus de transporte.

Fuente:  http://vozpopuli.com

jueves, 26 de diciembre de 2013

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IULV-CA pide a De Llera que aclare si prevé sustituir "por completo" la vigilancia privada en juzgados por Guardia Civil

Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, quiere conocer si la Consejería de Justicia e Interior tiene previsto "sustituir completamente" los vigilantes de seguridad privada en edificios judiciales por personal de la Guardia Civil en segunda actividad.
 
SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, quiere conocer si la Consejería de Justicia e Interior tiene previsto "sustituir completamente" los vigilantes de seguridad privada en edificios judiciales por personal de la Guardia Civil en segunda actividad.
Así lo solicita la diputada de IULV-CA por Málaga María Dolores Quintana en una pregunta con ruego de respuesta por escrito dirigida al titular de este departamento, Emilio de Llera, y que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara.
La Consejería de Justicia e Interior y el Ministerio del Interior renovaron el pasado mes de agosto el convenio para que cerca de 900 agentes de la Guardia Civil presten servicios de custodia y seguridad en sedes judiciales de toda Andalucía durante el año 2013, a cuyo pago destinará la Junta 9,7 millones de euros.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Quintana pide al consejero de Justicia que detalle "cuánto se va a reducir el número de horas en seguridad privada para el próximo contrato de 2014" y aclare si "tiene previsto sustituir completamente los vigilantes de seguridad privada por efectivos de la Guardia Civil a medio o largo plazo".
DOS SUELDOS PARA LOS AGENTES MIENTRAS LOS VIGILANTES "PIERDEN EL EMPLEO"
Según la parlamentaria de IULV-CA, la sustitución "progresiva" de vigilantes privados por agentes de la Guardia Civil en segunda actividad en las sedes judiciales está provocando circunstancias como que "trabajadores hayan perdido su empleo mientras dichos agentes cobran dos sueldos".
De acuerdo con el convenio suscrito por Junta y Ministerio, que se viene renovando desde 2001, los agentes de la Benemérita realizan tareas de control de acceso de personas y material a sedes judiciales, supervisan los arcos metálicos y escáner y se encargan de labores de identificación cuando es necesario. En algunas sedes llevan a cabo estas labores en colaboración con empresas de seguridad privada.
Según los datos difundidos el pasado mes de agosto por la Consejería de Justicia, los guardias civiles que se encargan de este servicio atienden a una media mensual de cerca de 775.000 personas que acuden a los edificios judiciales de las ocho provincias andaluzas.
 
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La sueca Securitas Direct se pelea con Montoro por una deducción de 18 millones

La disputa se originó tras la escisión de una filial en España en 2006, de cara a la salida a Bolsa de su negocio de Sistemas. El grupo de seguridad privada dice que ha cumplido la ley y anuncia que recurrirá ante el Tribunal Económico Administrativo Central.
La multinacional sueca de seguridad privada Securitas Direct anda a gorrazos con el Ministerio de Hacienda por una deducción que se aplicó en España entre los años 2006 y 2007 y que el departamento de Cristóbal Montoro le exige que devuelva. El importe en discusión alcanza cerca de 18 millones de euros, incluyendo los intereses acumulados hasta el pasado 30 de septiembre, según la propia empresa.
Securitas Direct ha explicado que, tras realizar una auditoría de su filial española, Hacienda reclamó a la empresa ese importe, que Securitas decidió desgravarse tras la escisión de su filial española de Sistemas, con motivo de la salida a bolsa de este negocio (alarmas, monitorización y sistemas de control de acceso) en la bolsa de Estocolmo en el año 2006.
Securitas ha recurrido la liquidación tributaria recibida en julio de 2013 ante el Tribunal Económico Administrativo Central. Si finalmente fuera confirmada por los tribunales españoles, la resolución de las autoridades fiscales españolas resultaría en un pago de 18 millones de euros”, ha explicado el grupo.
La empresa avisa de que el proceso puede dilatarse durante años y recalca que “cree que ha actuado en concordancia con la legislación aplicable y defenderá su posición”.
La compañía, uno de los principales grupos del sector y la segunda empresa de seguridad privada en el mercado nacional tras Prosegur, está muy ligada a España, que tradicionalmente ha sido uno de sus principales mercados, y que de hecho es el país de origen de tres de los once miembros de su alta dirección.
Sin embargo, la compañía, que en España cuenta en la actualidad con una cuota de mercado que alcanza el 24% y 17.000 empleados, según su web, lleva tiempo sufriendo al Sur de los Pirineos (como el resto de operadores del sector) un creciente deterioro de márgenes, consecuencia de la feroz competencia, que le llevó a poner en marcha un plan de reestructuración y ahorro de costes el año pasado, ejercicio en el que sus ventas cayeron en España un 15%.
El grupo, que en los nueve primeros meses del año redujo su facturación en España un 15%, registró un beneficio acumulado de unos 130,7 millones de euros (un 31% menos) hasta septiembre.
 

miércoles, 25 de diciembre de 2013

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Los vigilantes de seguridad, como auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los efectos penales tienen la consideración de funcionarios

No ha lugar al recurso deducido contra la sentencia que condenó a los acusados como autores responsables de un delito de torturas del art. 174.2 del CP de menor gravedad, cometido sobre un menor interno en un Centro de Menores. Son hechos declarados probados que uno de los acusados, vigilante de seguridad del centro, abusando de su cargo, y sin autorización de los educadores, se dirigió a la celda del menor con la finalidad de vengarse por su actuación para con otro compañero, utilizando la fuerza e insultándole, todo ello ante la atenta mirada de otro de los acusados que no realizó ninguna intervención para evitarlo.
 
 AQUI LA SENTENCIA

martes, 24 de diciembre de 2013

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Carta a un Gran Compañero de Prosegur Cádiz
"Por su pronta recuperación”

Mi querido y apreciado Pedro Rueda, te escribo esta nota para desearte lo mejor en tu recuperación.

Has salido de una dura operación pero gracias a Dios todo ha salido muy bien y ahora estás en plena recuperación. Yo sé que tú eres una persona que tiene una gran fortaleza y muchas ganas de vivir y salir adelante y por esta razón te recuperarás rápidamente y volverás a casa muy pronto.

No olvides que algo clave en un proceso de recuperación es el buen ánimo y las ganas de seguir adelante, sin importar lo que sea necesario hacer para lograr tu recuperación.

Por favor no te desesperes por encontrarte recluido en el hospital, debes ser paciente y obediente las recomendaciones que te da el médico, es la única manera de que puedas tener una pronta recuperación y que te den de alta.

No te preocupes tanto por esa situación pues cuentas con amigos y familiares que están contigo y que te ayudan en todo lo que sea necesario.

Nadie tiene una salud perfecta, en cualquier momento podemos sufrir algún malestar, pero lo importante es tener una buena actitud para poder hacerle frente a la enfermedad.

Verás que muy pronto este momento será parte del recuerdo, pues te pondrás muy bien y regresarás a tus actividades diarias y volverás a hacer las cosas que tanto te gustan.

Mira el aspecto positivo en todas las situaciones, tendrás tiempo para estar en tu casa y no preocuparte por el trabajo. Cuando te recuperes podrás retomar tus actividades cotidianas.

Todos estamos conectados con el único deseo de verte bien, es seguro que cuando te recuperes mejorarás en todos los aspectos de tu vida.

Trabajar contigo es una experiencia única, por eso quiero desearte mis mejores deseos para ti y tu familia en estas fechas tan señaladas.

“Feliz Navidad y prospero año nuevo 2014”
TE ESPERAMOS PRONTO
 
Un abrazo de un amigo.
Atte.
Juan Patiño
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Publicado y en vigor el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre: A vueltas con la contratación y la flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo

Las medidas instrumentadas en esta ocasión, afectando principalmente a contratación y a flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, implican modificaciones en los ámbitos que se abordan a continuación.

•CONTRATO A TIEMPO PARCIAL
•PERIODO DE PRUEBA •DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA JORNADA
•REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE UN MENOR
•CONTRATO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES
•CONTRATOS QUE PUEDEN REALIZAR LAS ETT: CONTRATO EN PRÁCTICAS
•CONTRATO A TIEMPO PARCIAL CON VINCULACIÓN FORMATIVA
•CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE
•APORTACIONES ECONÓMICAS POR DESPIDOS COLECTIVOS EN EMPRESAS CON BENEFICIOS
•COTIZACIÓN
•Y PARA CONCLUIR…UN MANDATO DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD

VER BOE AQUI 
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JEREZ: El SIP también pide un recurso contra la Ley de Seguridad Privada

El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP), como sindicato miembro de la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLBA), ha informado de que su Federación autonómica ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Privada que se tramita en el Parlamento, en el momento que la citada Ley sea aprobada definitivamente. Desde el sindicato apuntan que "la seguridad pública corresponde y compete, por imperativo constitucional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y por tanto, ni los vigilantes de seguridad privada ni los guardias rurales pueden dedicarse a la seguridad pública. Los policías locales estamos convencidos de que el actual proyecto de ley puede suponer una privatización de la seguridad en los espacios públicos inaceptable por nuestro ordenamiento jurídico".

En la carta remitida a Becerril, la Federación declara que "resulta absoluta y jurídicamente inaceptable facultar a los vigilantes de seguridad privada y guardas rurales a la prestación de servicios en espacios o vías públicas; en espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma; a participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".

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domingo, 22 de diciembre de 2013

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Las mutuas intervendrán en la baja por enfermedad del trabajador desde el primer día

Sus propuestas de alta serán aprobadas automáticamente si el médico de la sanidad pública no contesta en un plazo de cinco días.
 
El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley para regular las mutuas de trabajo, que pasan a denominarse mutuas de la Seguridad Social y que amplían sus competencias en las bajas por enfermedad. Según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se trata de aunar la responsabilidad sanitaria con la del coste económico que el absentismo injustificado supone para las arcas públicas. Además, el anteproyecto permite a las mutuas ofrecer el uso de sus facultativos y de sus instalaciones a la sanidad pública y privada a precio de coste, equipara las retribuciones de los altos cargos de las mutuas a las del sector público y facilita que los autónomos cobren el paro.

¿Qué es una mutua? Es una asociación de empresarios, sin ánimo de lucro, cuyo fin es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social en las contingencias profesionales (accidentes de trabajo) de 13 millones de trabajadores, en las contingencias comunes (enfermedad común) de 11 millones de trabajadores y en el cese de actividad (percepción del subsidio de paro) de 600.000 autónomos. Es una entidad privada pero que gestiona recursos públicos que proceden de las cotizaciones sociales.

¿A partir de qué día intervendrán las mutuas en la gestión de las bajas por enfermedad? Según el anteproyecto de ley, podrán intervenir desde el primer día en el seguimiento y en las propuestas de alta. Ahora es a partir del decimosexto día.

¿Qué ocurre si proponen dar el alta a un trabajador? Las mutuas podrán proponer un alta médica motivada, como ahora. La diferencia es que, si el médico de la sanidad pública no contesta a su propuesta en un plazo de cinco días explicando las razones para mantener la baja o admitiendo la propuesta, el alta será automáticamente aprobada y la mutua lo notificará al trabajador y a la empresa. En la actualidad, el plazo para responder es de quince días y si la sanidad pública no contesta el trabajador sigue de baja.

¿Se puede recurrir contra el alta aprobada de la mutua? Tanto el trabajador como el médico de la Seguridad Social pueden recurrir ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra el alta de la mutua aprobada automáticamente por silencio administrativo. El INSS tiene cinco días para resolver y, hasta que no lo haga, el empleado tiene que ir a trabajar.
¿La mutua puede recurrir contra la negativa del médico a dar el alta? Sí, también puede recurrir ante el INSS, que tendrá la última palabra.

¿La mutua puede encargar pruebas y acceder al historial médico del trabajador? Puede encargar las pruebas médicas que considere necesarias, como hasta ahora. Accederá al historial del paciente que tenga relación exclusivamente con la enfermedad en cuestión. Sin embargo, todas las pruebas médicas realizadas por las mutuas se incorporarán al historial médico del trabajador en la Seguridad Social.

¿Cuánto paga la Seguridad Social por incapacidad laboral transitoria? En 2010, 6.732 millones de euros; en 2013 ha bajado a 5.028 millones. Calcula un ahorro de 500 millones con esta ley.
¿Las mutuas podrán ofrecer sus servicios? Podrán firmar convenios con la sanidad pública para que ésta derive una parte de sus listas de espera. Las mutuas cuentan con 12.000 empleados sanitarios y un millar de instalaciones y el Ministerio de Empleo calcula que hay un 40% de capacidad ociosa. El precio de sus servicios será el de coste, no el de mercado. Aunque la pública tendrá preferencia, las mutuas también podrán ofrecer sus servicios a la sanidad privada.

¿Qué sueldos pagarán las mutuas a los altos cargos? El anteproyecto de ley equipara sus retribuciones a las del sector público.

¿Cuánto ingresan las mutuas? En 2012 ingresaron 8.431 millones de euros por cuotas.

¿Cómo se facilita el cese de actividad a los autónomos? A los autónomos ya no se les exigirá un determinado porcentaje de pérdidas para poder cobrar el paro por cese de actividad, bastará que los ingresos sean menores a los gastos durante doce meses. Lo que no estén al corriente del pago de cuotas en el momento del cese de actividad, dispondrá de 30 días para abonarlas y no perder la prestación correspondiente.
 
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UGT puede desaparecer

A ver si es verdad que desaparecen, porque no paran de llevarnos a la miseria con sus firma de convenio.
Hace cien años había en España un partido y un sindicato que se financiaban con las cuotas que pagaban sus afiliados. Lo notable de aquello es que los cotizantes eran gente con recursos muy escasos. Pese a todo, el PSOE y UGT, que así se llamaban partido y sindicato, llegaron a convertirse en poco tiempo en organizaciones hegemónicas entre los trabajadores, a los que además prestaban importantes servicios de todo tipo cuando se ponían en huelga, enfermaban o iban a la cárcel por razones de su acción política o laboral.
Aquel tinglado lo montó un tipógrafo llamado Pablo Iglesias. Los rumbos políticos de ambas organizaciones en el primer tercio del siglo XX están hoy sometidos ya solo al juicio de los historiadores, pero nadie dice que su trayectoria estuviera marcada por la corrupción de sus dirigentes, o por que el clientelismo devorara la voluntad de sus militantes o por que el Estado o las empresas privadas les pudieran comprar. Sus errores fueron autónomos.

La financiación torticera de partidos o sindicatos llega a convertirlos en algo similar a la Mafia.
 
Aquel comportamiento tuvo su final antes de 1945. Los triunfantes soviéticos de 1917 comenzaron a financiar a sus organizaciones amigas, lo que no pararían de hacer hasta la caída del muro de Berlín. Los fascismos, por su parte, se ocuparon de alimentar sus organizaciones corporativas, y en la Europa occidental de la guerra fría, los Gobiernos autóctonos procuraron las ayudas a sindicatos y partidos para mejorar el Estado de bienestar, pero también para contrarrestar la influencia creciente del comunismo en la política. La CIA americana subvencionó con generosidad organizaciones de todo el mundo. Y eso dejó una cultura de la subvención que abortó cualquier tentación de independencia económica entre los protagonistas esenciales del sistema.
 
No es preciso extenderse sobre las verdades del barquero. La financiación torticera de las organizaciones políticas o sindicales llega a convertirlas en algunos casos en algo similar a la Mafia.
El ejemplo italiano está aún muy cerca. Dos grandes partidos, el Partido Socialista de Bettino Craxi, y la Democracia Cristiana de Giulio Andreotti, fueron devorados por la insaciable voracidad de sus dirigentes, comprados por la Mafia, manipulando el dinero del Estado y la voluntad de sus votantes. La historia se los llevó por delante.
 
Ahora UGT, la que fue una organización ejemplar, corre el riesgo de que la tormenta la barra porque una parte importante de su cúpula directiva en Andalucía ha dilapidado dinero público, europeo y español, en acciones oscuras.
 
El PP, con un presidente de Comunidad, Ignacio González, al borde de la dimisión; Unió, Convergència, no presentan mejor currículo. Aunque tengan militantes más comprensivos que los sindicalistas con el manejo sucio de los fondos públicos.
Casi todo el mundo piensa que es urgente cambiar a fondo los mecanismos de financiación de partidos y sindicatos.
Casi todo el mundo, menos casi todos los partidos y sindicatos.

Fuente:  http://elpais.com
 
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El Comité de SECURITAS en Cádiz dice NO A LA RENEGOCIACION

https://sites.google.com/site/sindicatoprofesionalspv/Securita%20NO%20ala%20Renegociacion.pdf

sábado, 21 de diciembre de 2013

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UGT y USO firman la ruptura del convenio y acuerdan no aplicar la subida salarial para 2014

Si ya lo decíamos nosotros que NO, NO, NO y al final Bajada de pantalones,
tendrán cara dura...
https://sites.google.com/site/sindicatoprofesionalspv/acuerdo%20inaplicaci%C3%B3n%20tablas%202014.pdf

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Re-venta de Convenio (parte 3)…y continuará en 2014

Sindicato Profesional de Seguridad Privada informa :
Hola a todos, como ya os veníamos avisando en las anteriores semanas se han juntando Patronal y las Marias para celebrar la Navidad, y es que el 20 de Diciembre del 2013 tenemos la sensación final de que nos acaban quitando el aguinaldo y el pan de nuestras familias:
  • Para comenzar nos debemos olvidar de la subida del 2014, que será del 0% y quieren que vuelva al salario del 2012, tal y como suena…
  • Han firmado dejar sin efecto las subidas del 1 de Enero al 15 de Febrero 2014, con intención de pactar “mejoras de risa”, es decir…como hacerlo bonito para sangrarnos más…
  • Cosas como los descuelgues suenan como las campanillas, dicen además de volver a cambiar términos de la jornada y que si no se llega a nada…pues ya veremos!!
En nuestra faceta informativa y siendo directos, lean el acta pinchando AQUÍ o en la imagen, podrán contemplar el desánimo…reír ó llorar…compañeros la cosa no pinta muy bien.
Vendidos desde el principio...descargar el Acta del 20-12-2013
 
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Dos proyectos de la Policía impulsarán la respuesta eficaz ante las alarmas de las empresas de seguridad privada

Dos proyectos mejorarán la gestión y la eficacia de la respuesta de la Policía Nacional ante las alarmas de las empresas de seguridad privada, con el objetivo de reducir también las intervenciones innecesarias de los agentes ante un aviso falso. Alrededor de 150 representantes de empresas vinculadas a la recepción y gestión de alarmas y asociaciones de empresas de seguridad privada han participado hoy en una jornada organizada por la Policía en la que han presentado el proyecto PROCEDA y el protocolo PRISA.

Enmarcados ambos en el plan Policía 3.0, la finalidad es continuar reduciendo las falsas alarmas, después de que en los últimos ocho años se haya pasado de 240.000 alertas falsas a 20.600, lo que supone un 90 por ciento menos, según ha cifrado el director general del cuerpo, Ignacio Cosidó. Según ha explicado Cosidó el proyecto PROCEDA permitirá, a través de una aplicación informática, la comunicación electrónica de las alarmas reales desde la central que las recibe hasta la sala del 091 de la Policía, mientras que el protocolo PRISA establecerá las normas básicas de actuación de una patrulla policial ante una situación de alarma.
 
De este modo, en opinión de Cosidó, no solo se seguirán reduciendo las falsas alarmas, sino que también se conseguirá disponer de patrullas para incidencias reales de seguridad, además de implantar sistemas inteligentes para la verificación y respuesta de alarmas.

FUENTE: lavanguardia.com AQUÍ

viernes, 20 de diciembre de 2013

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La UGT se plantea ver las posibilidades reales de la renegociación del convenio

Si ya lo decíamos nosotros que NO, NO, NO y al final Bajada de pantalones.
¿No os dais cuenta señores afiliados a estos sindicatos que estáis  alimentando con vuestras cuotas mes a mes  y lo único que hacen es quitaros dinero de la nomina año tras año?

A buen entendedor pocas palabras bastan
La Guardia Civil registra la sede de UGT de Andalucía
 
Aqui esta la prueba de lo que planea UGT ante de finalizar el año.
 

jueves, 19 de diciembre de 2013

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El Comité de CASESA en Cádiz dice NO A LA RENEGOCIACION

https://sites.google.com/site/sindicatoprofesionalspv/casesa.pdf

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Prosegur y la nueva ley de Seguridad

Los accionistas de Prosegur están de enhorabuena, pues se prevé que, en su momento, la nueva ley de seguridad ciudadana va a generar un incremento de los ingresos en las empresas de seguridad, que pasarán a asumir algunas competencias policiales. Todo un notición tras un complicado año 2013. El proyecto de ley, ya aprobado el Congreso y que será sancionado próximamente por el Senado, fija un nuevo marco en las relaciones entre la seguridad privada y la pública, centrada en principios de colaboración, complementariedad y reciprocidad. A corto, las novedades normativas, indudablemente, no subsanarán la caída de ingresos que han registrado las empresas del sector en el mercado doméstico durante los últimos años a consecuencia de la crisis, pero sí constituirán un importante respiro. Algo que se deduce de interpolar en el ámbito de varios tipos de servicios, que actualmente son competencias públicas, impactos en márgenes e ingresos similares a los que deja entrever las experiencias piloto realizadas en coberturas de seguridad en centros penitenciarios. Antes de que la Secretaría de Estado de Seguridad evalúe el resultado de estas experiencias piloto, realizadas en 21 centros de reclusos, que se prevé se conozcan en días próximos, la impresión de expertos del sector es que los penales españoles se van a convertir en meses venideros en un nuevo ámbito de actuaciones del sector privado. Amén de los servicios de seguridad privada que podrán desplegar en áreas comerciales, etc. Claro que, siempre que proceda, como dice el proyecto, en coordinación con los cuerpos de seguridad competentes. Algunos inversores opinan que las acciones de Prosegur cuentan con buenas expectativas de cara a medio plazo, pues además de la apertura de nuevos campos de negocios que aportarán estas innovaciones en la seguridad ciudadana, hay que tener en cuenta que los negocios tradicionales van a crecer, en cualquier caso, gracias a las mejoras esperadas en la situación económica. Además, con la compra del grupo australiano Chubb Security Services se impulsa en torno a un 7% las ventas de la regióne Europa, Asia y Pacifico, que suponen actualmente el 37% de las totales del grupo. Sin grandes estruendos, las acciones de Prosegur, que habían trazado un comportamiento flojo y muy plano a lo largo del ejercicio, repuntan discretamente en el último mes y medio. Han acumulado una mejora de casi el 7%, con la que su balance anual se ha situado en terreno positivo (4,7%). Una evolución contraria a la registrada por el resto del mercado que en el periodo considerado ha afrontado un extendido proceso de ajuste.

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La Guardia Civil registra la sede de UGT de Andalucía

Medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado la sede de UGT en Andalucía en la capital sevillana, en el marco de una actuación policial denominada Operación Cirene. Un portavoz de los investigadores descartó que haya detenidos en esta actuación, que se ha extendido a otras tres sociedades vinculadas a UGT. Dos de estas empresas son Proyectos Inmobiliarios Novasur y Soralpe. Esta última figura constituida en verano de 1995 y se dedica al asesoramiento jurídico, fiscal, contable, laboral, económico y urbanístico. También detalla trabajos de comercialización, importación y exportación. La otra es Geosur Arquitectura y Urbanismo y se encuentra en la céntrica avenida San Francisco Javier del barrio de Nervión. Los guardias se han presentado a las once menos cuarto de esta mañana en la sede principal de la central sindical, que está siendo investigada por la juez Mercedes Alaya por el supuesto desvío de fondos públicos a fines distintos de los aprobados. Se trata de dinero de formación, entre otras partidas, que fue gastada en publicidad, organización y otros eventos, para los que se encargaron bolsos falsos o comidas. Por estos hechos dimitió hace unas semanas el entonces secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. Una decena de agentes mantuvo bloqueados los accesos a la calle Antonio Salado, donde se encuentra la sede sindical y no dejaron entrar ni salir a los trabajadores, muchos de los cuales habían salido a desayunar. "Todo el que no sea de la casa, fuera", han ordenado los agentes al comienzo del registro, según la versión aportada por un sindicalista que se ha quedado fuera del edificio. Rodrigo Salguero, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Huelva, tenía una reunión con sus compañeros en Sevilla esta mañana. Pero no ha podido entrar, al haber comenzado el registro. "No dejan salir tampoco a los que se han quedado dentro", ha indicado. Los agentes han preguntado por el secretario de Organización, Manuel Ferrer, quien se ha hecho cargo de la dirección del sindicato tras la marcha de Fernández Sevilla. El ahora máximo responsable no se encuentraba en la capital andaluza, por lo que el registro se produjo sin su presencia. Ferrer llegó pasadas las dos, aseguró que no le habían avisado previamente de dicho registro y lamentó que la central se encuentra en situación de "indefensión". Pasadas las tres, los agentes dejaron salir a los trabajadores, aunque les pidió los números de DNI, las claves de todos los ordenadores y los números de teléfono móvil para que estén localizados. Entre las irregularidades detectadas, la Junta andaluza ya ha reclamado la devolución de 1,8 millones gastados en conceptos que no se correspondían con los subvencionados. Estos 1,8 millones podrían elevarse a 7,5 millones si se repiten las irregularidades en los 17 expedientes de reintegro que analiza el Ejecutivo autónomo. La cúpula de UGT Andalucía ha justificado el retraso en aclarar la veracidad de las facturas falsas en el supuesto borrado de 1.756 archivos informáticos, del que culparon a Laureano Conde, exsecretario general de la sección sindical de Sevilla. Conde fue despedido y acusó a la dirección del sindicato de mentir y convertirle en "el chivo expiatorio" de las irregularidades cometidas durante años para aumentar sus beneficios gracias a los fondos públicos de la Junta. La dirección de la organización ha intentado dejar en Fernández Sevilla el coste de las denuncias y mantenerse hasta la celebración de un comité extraordinario el próximo 9 de enero. Pero la juez ha acelerado la investigación, tras el goteo de informaciones sobre facturas endosadas al Ejecutivo autónomo con las que se pagaron actividades privadas del sindicato. La juez Mercedes Alaya ya ha señalado a los sindicatos y, en concreto a UGT, en relación con otro caso, distinto al de las facturas falsas, pero igual de mediático: caso ERE. La magistrada investiga en este asunto si los representantes de los trabajadores se enriquecieron u obtuvieron fondos de forma ilícita a través de la tramitación de expedientes de regulación de empleo. El Gobierno andaluz ha conocido la actuación policial en pleno debate final de los Presupuestos de la Junta de Andalucía en el Parlamento. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha mostrado "el máximo respeto a la actuación de las fuerzas de seguridad". "Estaremos a ver lo que ocurre", ha afirmado. Maldonado ha comentado que el registro "no puede acelerar" la revisión de oficio que está llevando a cabo su consejería sobre los expedientes de UGT, aunque ha precisado que, "si la Guardia Civil descubre determinadas irregularidades, obligará a tomar determinadas decisiones".

miércoles, 18 de diciembre de 2013

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POR QUÉ DE LA AUSENCIA DE REPRESENTANTES DEL SPV EN EL 1º DIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

JOSE ANTONIO RUIZ TORREJONAnte todo felicitar a los VV.SS. que recibieron Menciones Honorificas el pasado día 16 de Diciembre en Algeciras, a buen seguro su esfuerzo, dedicación, profesionalidad y honestidad en el desempeño de sus funciones acreditan sobradamente tal distinción. Ver video emitido por Onda Algeciras TV
No obstante, nuestra ausencia fue debida a que no compartimos tales actos en los términos que vienen realizándose:
 No entendemos, ni aceptamos,  que se manifieste por parte de las autoridades presentantes su compromiso en la lucha contra el intrusismo,  cuando desde nuestro punto de vista, se ha practicado la permisibilidad y connivencia de los que lo practican.
Que se premia y mencionan a empresas (a través de sus trabajadores)  que publicitan en estos actos a empresas con uniformes que no respetan mínimamente los derechos de sus trabajadores,  reventando  precios de mercado a costa nuestra y no de sus beneficios, es una hipocresía que jamás admitiremos.
Sabemos que a las empresas patrocinadoras les cuesta 100 €, más 25 € por cada mencionado, (algunas tienen que abonarlo los propios trabajadores) y que las menciones tipo A, se restringen o pasan a tipo B, por que no cuesten la pela.
Que como se puede observar en el video, bajo la pretendida excusa de mencionar a los VV.SS., pues deberían ser éstos los verdaderos protagonistas, se publicitan y toman la palabra políticos, directivos de empresas y autoridades, cada cual publicitando su interés, mientras los trabajadores y representantes sindicales, en silencio y sin turno de palabra, aplauden la escena que en muy poco o nada, ayuda a los trabajadores del sector, que siguen sufriendo salarios miserables y condiciones laborales tercermundistas.
 Por lo expuesto, S.P.V. no puede ni debe, por coherencia, formar parte de un teatro, que sin nuestra necesaria colaboración, estaría condenados a reconducirse o desaparecer. Nos comprometemos a asistir a estos actos, cuando junto al escuálido diploma de mención, entreguen el importe de una nómina previsto en el art. 59 del vigente convenio o el aumento de las vacaciones previstas, máximo cuando nos mantienen desde hace años congelados los salarios.