La Guardia Civil registra la sede de UGT de Andalucía

Medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado la sede de UGT en Andalucía en la capital sevillana, en el marco de una actuación policial denominada Operación Cirene. Un portavoz de los investigadores descartó que haya detenidos en esta actuación, que se ha extendido a otras tres sociedades vinculadas a UGT. Dos de estas empresas son Proyectos Inmobiliarios Novasur y Soralpe. Esta última figura constituida en verano de 1995 y se dedica al asesoramiento jurídico, fiscal, contable, laboral, económico y urbanístico. También detalla trabajos de comercialización, importación y exportación. La otra es Geosur Arquitectura y Urbanismo y se encuentra en la céntrica avenida San Francisco Javier del barrio de Nervión. Los guardias se han presentado a las once menos cuarto de esta mañana en la sede principal de la central sindical, que está siendo investigada por la juez Mercedes Alaya por el supuesto desvío de fondos públicos a fines distintos de los aprobados. Se trata de dinero de formación, entre otras partidas, que fue gastada en publicidad, organización y otros eventos, para los que se encargaron bolsos falsos o comidas. Por estos hechos dimitió hace unas semanas el entonces secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. Una decena de agentes mantuvo bloqueados los accesos a la calle Antonio Salado, donde se encuentra la sede sindical y no dejaron entrar ni salir a los trabajadores, muchos de los cuales habían salido a desayunar. "Todo el que no sea de la casa, fuera", han ordenado los agentes al comienzo del registro, según la versión aportada por un sindicalista que se ha quedado fuera del edificio. Rodrigo Salguero, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Huelva, tenía una reunión con sus compañeros en Sevilla esta mañana. Pero no ha podido entrar, al haber comenzado el registro. "No dejan salir tampoco a los que se han quedado dentro", ha indicado. Los agentes han preguntado por el secretario de Organización, Manuel Ferrer, quien se ha hecho cargo de la dirección del sindicato tras la marcha de Fernández Sevilla. El ahora máximo responsable no se encuentraba en la capital andaluza, por lo que el registro se produjo sin su presencia. Ferrer llegó pasadas las dos, aseguró que no le habían avisado previamente de dicho registro y lamentó que la central se encuentra en situación de "indefensión". Pasadas las tres, los agentes dejaron salir a los trabajadores, aunque les pidió los números de DNI, las claves de todos los ordenadores y los números de teléfono móvil para que estén localizados. Entre las irregularidades detectadas, la Junta andaluza ya ha reclamado la devolución de 1,8 millones gastados en conceptos que no se correspondían con los subvencionados. Estos 1,8 millones podrían elevarse a 7,5 millones si se repiten las irregularidades en los 17 expedientes de reintegro que analiza el Ejecutivo autónomo. La cúpula de UGT Andalucía ha justificado el retraso en aclarar la veracidad de las facturas falsas en el supuesto borrado de 1.756 archivos informáticos, del que culparon a Laureano Conde, exsecretario general de la sección sindical de Sevilla. Conde fue despedido y acusó a la dirección del sindicato de mentir y convertirle en "el chivo expiatorio" de las irregularidades cometidas durante años para aumentar sus beneficios gracias a los fondos públicos de la Junta. La dirección de la organización ha intentado dejar en Fernández Sevilla el coste de las denuncias y mantenerse hasta la celebración de un comité extraordinario el próximo 9 de enero. Pero la juez ha acelerado la investigación, tras el goteo de informaciones sobre facturas endosadas al Ejecutivo autónomo con las que se pagaron actividades privadas del sindicato. La juez Mercedes Alaya ya ha señalado a los sindicatos y, en concreto a UGT, en relación con otro caso, distinto al de las facturas falsas, pero igual de mediático: caso ERE. La magistrada investiga en este asunto si los representantes de los trabajadores se enriquecieron u obtuvieron fondos de forma ilícita a través de la tramitación de expedientes de regulación de empleo. El Gobierno andaluz ha conocido la actuación policial en pleno debate final de los Presupuestos de la Junta de Andalucía en el Parlamento. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha mostrado "el máximo respeto a la actuación de las fuerzas de seguridad". "Estaremos a ver lo que ocurre", ha afirmado. Maldonado ha comentado que el registro "no puede acelerar" la revisión de oficio que está llevando a cabo su consejería sobre los expedientes de UGT, aunque ha precisado que, "si la Guardia Civil descubre determinadas irregularidades, obligará a tomar determinadas decisiones".

Fuente:  http://ccaa.elpais.com