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domingo, 2 de mayo de 2021

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1 año de prisión a un empresario que accedió a correo electrónico particular de un trabajador

El alto tribunal confirma íntegramente la resolución dictada por el juzgado de lo penal número 5 de Madrid frente al delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La sentencia dictada por unanimidad por el pleno de la sala segunda del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a la pena de un año de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, con la atenuante de dilaciones indebidas, a un empresario que, en la búsqueda de pruebas que acreditaran la deslealtad con la que fundamentar una demanda de despido, accedió en reiteradas ocasiones al correo electrónico particular del trabajador.

Según aparece reflejado en el fallo, algunos de los documentos así obtenidos fueron presentados en la demanda de despido formulada ante la jurisdicción social.

El acusado alegaba en su recurso la posible existencia de legítima defensa, así como la inevitabilidad de ese acceso por la configuración técnica del programa de gestión del correo electrónico.

Ambas alegaciones ha sido rechazadas por la sala, como indica el fallo "el acusado no ejerció de forma legítima ningún derecho. Ni la compartida utilización de las claves corporativas, ni la definición en el convenio colectivo, como infracción disciplinaria grave, de la utilización de los medios productivos puestos a disposición del trabajador, son suficientes para legitimar la grave intromisión del empleador en la cuenta particular de JCZ. De hecho, frente a la versión de la defensa de que el acceso a esas cuentas privadas fue prácticamente inevitable por el funcionamiento del sistema, lo que indica el factum es precisamente lo contrario. Su conducta no se limitó a ese contacto casual con aquello que no se quería conocer, sino que se imprimieron 'determinados mensajes y correos electrónicos enviados o recibidos entre el 11-3-13 y el 26-6-13', llegando a ordenar el acusado a su hija que siguiera haciendo acopio de mensajes para "...recabar todos los datos posibles de lo sucedido".

La sala añade que "el amplio paréntesis cronológico -casi tres meses- durante el que LMN fue despojado de su derecho a la intimidad, a la protección de datos y, en fin, de su derecho al entorno virtual, habla por sí solo de la intensidad y el alcance de la injerencia".

La sentencia, en línea con la jurisprudencia del TEDH y de la propia sala social del Tribunal Supremo, no cuestiona la posibilidad de pactar una reserva de esa capacidad de fiscalización.

De hecho el Supremo señala que el punto de partida de su análisis admite, no ya la flexibilidad para tolerar la fiscalización de los actos inicialmente protegidos por el derecho a la intimidad, sino la capacidad para extender ese ámbito de negociación al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, excluyendo la imperatividad de la autorización judicial para justificar esta intromisión. Y prosigue explicando que "empresario y trabajador pueden fijar los términos de ese control, pactando la renuncia, no ya a la intimidad, sino a la propia inviolabilidad de las comunicaciones. Y allí donde exista acuerdo expreso sobre fiscalización, se estará excluyendo la expectativa de privacidad que, incluso en el ámbito laboral, acompaña a cualquier empleado".

Pero la renuncia ha de reunir determinadas condiciones "la exclusión de esa expectativa ha de ser expresa y consciente, sin que pueda equipararse a ésta una pretendida renuncia derivada de la voluntad presunta del trabajador. El trabajador que conoce la prohibición de utilizar para fines particulares los ordenadores puestos a su disposición por la empresa y, pese a ello, incumple ese mandato, incurre en una infracción que habrá de ser sancionada en los términos que son propios de la relación laboral. Pero esa infracción no priva al trabajador que incurre en ella de su derecho a definir un círculo de exclusión frente a terceros, entre los que se incluye, desde luego, quien le proporciona esos medios productivos. De admitir esa artificial asimilación a la hora de pronunciarnos sobre la legitimidad de la injerencia, estaríamos olvidando la propia naturaleza del contrato de trabajo por cuenta ajena. Los elementos de disponibilidad del derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones no pueden abordarse con quiebra del principio de proporcionalidad. De hecho, la efectiva vigencia de aquellos derechos del trabajador no puede hacerse depender exclusivamente de un pacto incondicional de cesión en el que todo se vea como susceptible de ser contractualizado".

Fuente: espansion.com



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sábado, 1 de mayo de 2021

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Adiós al libro de familia un siglo después: desde hoy es sustituido por un registro electrónico individual

El nuevo documento anotará el nacimiento, la mayoría de edad o la adquisición de la nacionalidad.
El cuaderno mejor guardado en millones de hogares españoles pasa a mejor vida: los registros civiles no expedirán más libros de familia. Desde el 1 de mayo, cada recién nacido contará con un registro electrónico individual en el que a lo largo de su vida quedarán anotados todos los hechos relativos a su identidad y estado civil. Además, se dejan de actualizar los libros emitidos hasta ahora. Este cambio se debe a la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, que suprime su tradicional sistema de división en secciones —nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales— y crea un registro individual informático para cada persona.

Los libros de familia expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley seguirán siendo válidos temporalmente y teniendo los efectos previstos en el ordenamiento legal, mientras se incorporan de forma progresiva los registros individuales, de acuerdo con el complejo régimen transitorio previsto.

El registro digital que sustituye al libro de familia será un documento en el que figurarán los datos personales de la vida del individuo. “En dicho registro se inscribirán o anotarán, continuada, sucesiva y cronológicamente, todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil”, detalla la ley. Estos hechos no se limitan al nacimiento o al matrimonio: el registro individual anotará la adquisición de la nacionalidad española, la emancipación y el beneficio de la mayor edad (medio para que los menores, a partir de los 16 años, dejen de estar sometidos a patria potestad o tutela, respectivamente, tras solicitarlo al juez), modificaciones judiciales de capacidad o la inscripción de actos relativos al patrimonio de las personas con discapacidad. La defunción cierra el registro individual.

Este registro está asociado a un código personal que relaciona el documento con el DNI. La norma contempla que se pueda acceder a estos datos por internet mediante la firma electrónica o a través de las sedes físicas del Registro Civil. A diferencia del libro de familia, este documento individual incorpora la nueva información automáticamente. Para tener actualizado el libro de familia, al ser un formato físico, era necesario acudir con él al Registro Civil con cada cambio.

Con esta reforma termina una figura presente en España desde hace más de un siglo. El uso del libro de familia se aprobó en 1915 bajo el reinado de Alfonso XIII, con el objetivo de agrupar en un solo documento toda la información de cada núcleo familiar. En julio de 2010, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la modificación que sustituye la concepción familiar del registro por otra de carácter individual. “Se trata de un cambio conceptual radical, de arriba abajo”, dijo el ministro de Justicia de entonces, Fernando Caamaño, sobre la reforma. Han pasado 11 años hasta que esta modificación ha entrado en vigor, enredada entre relevos de Gobierno y falta de consenso de los grupos políticos.

A las preguntas de este periódico, el Ministerio de Justicia ha contestado que la próxima semana explicará los detalles de la reforma a los periodistas.

Simplificación del proceso
La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), María Dolores Lozano, valora positivamente esta reforma, ya que “facilita el acceso a la información y muchos trámites, al no depender de la tenencia física del libro de familia”. Sin embargo, critica que el cambio en la norma no lleve aparejado medios materiales y humanos que faciliten el periodo de transición. “Muchos registros no están digitalizados, especialmente los que son de carácter comarcal o de pueblos pequeños. Esto puede hacer que en algunas zonas pase un tiempo hasta que puedan emitir los documentos individuales digitalizados”. Coincide Luis Calero, secretario general del sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO: “No todas las sedes del Registro Civil tienen la tecnología para emitir estas hojas individuales. Se ha aprobado la ley, pero no el reglamento que explique a los registros cómo actuar en este periodo de transición”, dice el representante sindical. Calero añade que desde hace una década se ha avanzado en la digitalización de todos estos datos de nacimientos, matrimonios y decesos con la información de 1950 en adelante y que recientemente se ha ampliado a documentos a partir de 1920, “pero aún falta mucho por hacer”.

Lozano asegura que uno de los problemas que generaba el libro de familia era quién se quedaba con él después de un divorcio: “Las dos partes quieren tenerlo porque se le da mucha importancia, es como el carné de identidad de la familia. Hay mucha litigiosidad en torno a ello”. Asegura que es muy habitual no tenerlo actualizado, especialmente entre residentes en el extranjero. Y, además, no es obligatorio mantenerlo al día. Según explica, este documento es esencial para cursar el DNI o pasaporte a un menor de edad, tramitar la baja maternal, dar de alta a los hijos en la cartilla de la Seguridad Social, empadronarse en el lugar de residencia, solicitar plaza en una guardería o en un colegio público o concertado, pedir el paro o cobrar el subsidio cuando este se termina, firmar un contrato laboral o viajar con un bebé, entre otros.

Fuente: elpais.com



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Nueve de cada diez andaluces se sienten más seguros en lugares con vigilantes de seguridad

Un 87% de los andaluces cree que los profesionales en contacto directo con ciudadanos deberían tener acceso preferente a medidas de protección contra el coronavirus, como la vacuna.
El 81% de los ciudadanos vería adecuada mayor presencia de vigilantes en playas y otros espacios públicos abiertos.


¿Qué opinión tienen los andaluces de los vigilantes de seguridad? ¿Creen que son necesarios? ¿Dónde debería potenciarse su presencia? ¿Cuál es su papel en la pandemia? Son algunas de las cuestiones a las que busca responder el Estudio sobre la percepción de la seguridad privada en Andalucía, elaborado por Canal Sondeo para Aproser, Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad.

Esta encuesta analiza aspectos esenciales de la seguridad privada en España, como la percepción y valoración del cometido de los vigilantes, lugares en los que debería consolidar o incrementar su presencia, la protección jurídica o el reconocimiento social de los profesionales, entre otros asuntos.

¿Nos sentimos más seguros?
Una de las principales conclusiones de este estudio es que el 91% de los andaluces afirman sentirse más seguros en los lugares en los que hay vigilantes de seguridad privada. En concreto, un 25% manifiesta sentirse mucho más seguro, mientras que otro 66% se declara bastante más seguro que en otros lugares sin profesionales de la seguridad privada.

Con estas cifras (agregado, 91%), Andalucía es una de las comunidades autónomas en las que la presencia de seguridad privada ofrece una mayor sensación de seguridad para sus ciudadanos, junto con Canarias (96%) y Castilla La Mancha (91%).

En el conjunto nacional, la sensación de seguridad que genera la presencia de vigilantes de seguridad ha aumentado hasta el 86%, lo que supone un incremento desde el 79% que hace cinco años afirmaba sentirse muy seguro o bastante seguro en presencia de estos profesionales.

Con respecto a la percepción que tiene el ciudadano sobre el vigilante de seguridad privada, en Andalucía el estudio muestra que el 86% (frente al 75% nacional) tiene de ellos una opinión buena o muy buena, mientras que solo el 2% manifiesta una opinión negativa. Además, aunque para la gran mayoría de los encuestados, el 77%, su percepción no ha cambiado, el 18% reconoce que ha mejorado.

Para los andaluces, los vigilantes de seguridad contribuyen principalmente a aumentar la seguridad ciudadana en general (90%), son una ayuda para la sociedad (88%), son necesarios (88%) y les reconocen como personas a las que se puede acudir en busca de ayuda (88%).

Por los espacios en los que desarrollan sus funciones, los vigilantes de hospitales y centros de salud son los que obtienen mejor valoración, junto a los de los aeropuertos.

Vigilantes de seguridad en la pandemia
Preguntados al respecto de la pandemia, solo la mitad de los encuestados cree que Gobierno y Administraciones están valorando como se merece el papel desempeñado por los vigilantes de seguridad. En este sentido, el 86% considera que los profesionales de seguridad privada en contacto directo con ciudadanos deberían tener acceso preferente a equipos y medidas de protección, como la vacuna contra el coronavirus.

Además, la práctica totalidad de los encuestados (96%) está de acuerdo en que los vigilantes de seguridad tengan competencias en medidas como control de aforos y de distanciamiento social, así como en la medición de la temperatura corporal. La mitad de los encuestados en Andalucía incluso se muestran a favor de que asuman algunas de las funciones que realizan habitualmente Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Los ciudadanos aprueban que haya más vigilantes de seguridad
Los resultados de la encuesta arrojan una aprobación generalizada entre los ciudadanos andaluces a una mayor presencia de vigilantes de seguridad, especialmente para disuadir a posibles delincuentes o intervenir en caso de agresión inmovilizando al agresor y reteniendo a los delincuentes hasta la llegada de la policía.

Esta mayor presencia es considerada especialmente adecuada en lugares de gran concurrencia de personas, como centros comerciales, estaciones de tren o autobús (92%) y en espacios públicos abiertos, como paseos, parques y playas (81%) las 24 horas del día. También en calles y zonas comerciales de las ciudades (81%), priorizando en este caso el horario comercial. Estos resultados están alineados con las tendencias a nivel nacional.

El estudio muestra que la gran mayoría de los encuestados en Andalucía, en concreto un 83% (por encima del 75% nacional), piensa que no hay suficientes vigilantes por habitante y que es necesario asemejar el dato a la media europea. España cuenta con una media de un vigilante por cada 600 habitantes, mientras que en Europa es uno por cada 250 habitantes.

Una profesión poco reconocida y con margen para mayor protección jurídica.
Según el estudio, el 77% considera que la profesión de vigilante de seguridad es dura y el 80% indica que está poco valorada. Del mismo modo, un 74% (muy por encima del 63% nacional) piensa que los vigilantes de seguridad complementan adecuadamente las labores de la Policía y la Guardia Civil.

En cuanto a la protección jurídica, siete de cada diez andaluces aseguran que la ley no protege lo suficiente a los vigilantes de seguridad en el desempeño de sus funciones y un 64% percibe que la ley ampara más a los presuntos delincuentes.

La aportación del sector de la seguridad privada a la economía
La seguridad privada proporciona trabajo a más de 100.000 profesionales en España, un 90% de ellos con contrato indefinido. Pero un 85% de los ciudadanos que participaron en este estudio desconoce la aportación del sector a la economía nacional.

Con respecto al reconocimiento social del vigilante de seguridad, continúa siendo una cuestión pendiente, ya que el 76% de los encuestados considera que esta profesión no tiene el reconocimiento social adecuado.

La contribución de los vigilantes de seguridad durante la pandemia

Desde Aproser recuerdan el encomiable trabajo de los profesionales de la seguridad privada desde la declaración del estado de alarma, contribuyendo, al igual que otros servicios esenciales, a preservar la seguridad de los ciudadanos. "Se generó", apunta la organización, "un incremento de servicios en ciertos ámbitos (abastecimiento de alimentos o centros hospitalarios, entre otros) que, sin embargo, no podrá compensar a corto plazo un importante descenso en la demanda de los servicios tradicionales de seguridad privada".

Y destacan que, en el contexto actual, en el que se siguen manteniendo medidas contra la propagación del virus, estos profesionales "pueden seguir aportando valor añadido a la sociedad".

¿Dónde podrían desempeñar estas funciones? Por ejemplo, en playas y otros espacios públicos abiertos, para controlar la limitación de accesos o el distanciamiento, e incluso pueden desempeñar nuevos servicios en sectores especialmente afectados por la crisis sanitaria y que precisen un reforzamiento y mayor visibilidad de sus sistemas de protección, como el turístico, centros culturales y deportivos y hostelería.

Pero para poder prestar estos servicios, precisa Aproser, "el sector debería contar con el necesario apoyo legislativo y financiero de las autoridades públicas".

Fuente: Diario de jerez



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