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lunes, 31 de marzo de 2014

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Tu empresa no puede llamarte al móvil, mandarte sms, whatassap, e-mail, etcetera sin tu autorización expresa.


Interesante sentencia de la audiencia nacional, donde viene a decir que tu teléfono móvil y e-mail solo estas obligado a dárselo a la empresa si estás de acuerdo ó lo que es lo mismo, la empresa no puede llamarte al móvil, mandarte sms, whatassap, e-mail, etcetera sin tu autorización expresa.                                      
Hacerlo sin tu autorización podría ser un incumplimiento de la Ley de Protección de Datos entre otras leyes y por tanto, se acabo vivir colgado del teléfono para que sus majestades nos llamen a su antojo y/o beneficio.

VER SENTENCIA AQUI


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UGT paga el coche a su secretario general y a otro alto cargo tras el cuarto ERE

Conrado Hernández renuncia a prejubilarse para mantener el sueldo del sindicato y la póliza que le otorgó Unión Naval cuando cerró.
UGT mantiene un coche a disposición de su secretario general en la Comunitat Valenciana, Conrado Hernández, y otro para Ismael Saez, máximo responsable de la federación del metal, construcción y afines de la región. Según confirmó ayer LAS PROVINCIAS con varios miembros de la organización de trabajadores, la aplicación de un cuarto ERE dentro del sindicato no ha supuesto el recorte de los beneficios que tienen los máximos dirigentes de UGT-PV.
En ambos casos se trata de un Ford Mondeo que los dos sindicalistas utilizan tanto para los desplazamientos oficiales como para los personales. Según explican las fuentes consultadas, Rafael Recuenco, anterior secretario general del sindicato, también tenía un coche a su disposición. Acudía al sindicato en su propio vehículo y utilizaba el del sindicato para motivos estrictamente de trabajo. Por contra, Conrado Hernández, que reside en Castellón, utiliza el Ford Mondeo, que fue comprado por el sindicato, para todo tipo de desplazamientos.
Por otra parte, Conrado Hernández ha renunciado temporalmente al derecho a prejubilarse que adquirió cuando Unión Naval, empresa en la que estaba contratado, cerró. Este fondo le garantiza una retribución que las distintas fuentes consultadas sitúan entre 1.600 y 1.700 euros al mes.
La empresa del Grupo Boluda explicó ayer: «Conrado Hernández tiene una póliza hecha de prejubilación y no tenemos modo de saber cómo la administra».
Fuentes expertas en derecho laboral matizan que no es posible mantener una nómina de una empresa mientras se percibe un fondo de prejubilación. De manera genérica, explican que en las pólizas que firman las empresas para la prejubilación se pueden cobrar de manera íntegra o parcial. De este modo, Conrado Hernández podría limitarse a jubilarse y cobrar más de 1.600 euros al mes (cuestión que no ha hecho) o seguir cobrando del sindicato (las fuentes consultadas aseguran que percibe «más de 1.700 euros al mes»).
En este segundo caso, que es el que ha decidido Hernández, además conserva intacta la póliza firmada por Unión Naval para rescatarla cuando desee. El secretario general del sindicato en la Comunitat, como miembro de la plantilla de Unión Naval, estuvo implicado en la negociación de las condiciones de despidos y prejubilaciones que realizó la empresa del Grupo Boluda.
El mantenimiento de los coches a disposición de los directivos sindicales y la aparición de cuantiosos beneficios personales contrasta con el estado general de UGT en la Comunitat Valenciana. Lejos de la bonanza, el sindicato sufre una sangría de pérdida de afiliados y la dirección ha aplicado una drástica reducción de la plantilla.
En los últimos años, UGT ha aplicado cuatro expedientes de regulación de empleo que han afectado a un total de 135 trabajadores. Los tres primeros ERE afectaron a 34, 35 y 35 empleados en cada uno de ellos mientras que el último ha supuesto el despido de 31 personas.
Para este último expediente, la dirección del sindicato ha impuesto su voluntad ya que terminó el periodo de consultas sin que se llegara a un acuerdo con los trabajadores. Para los que aceptaron firmar el ERE se ofreció 30 días por año trabajado con un máximo de 17 mensualidades mientras que los que no lo hicieron (diez en total) se han reducido las indemnizaciones hasta los 24 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades, una cantidad que se acerca al mínimo legal que establece la reforma laboral que tantas manifestaciones y huelgas ha provocado con el propio Conrado Hernández a la cabeza.
El próximo paso que preparan los despedidos en el último ERE de UGT en la Comunitat es una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el objetivo de que se declare nulo el expediente. En el caso de que se diera la razón a los despedidos, el sindicato tendría que pagar la indemnización máxima, cuestión compleja con las cuentas actuales del sindicato, o proceder a la readmisión de los 31 despedidos.
 
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La patronal de los detectives defiende la nueva ley de seguridad privada

Los profesionales del sector aseguran que mejora la eficacia, garantiza los derechos y evita el intrusismo.
Las asociaciones profesionales de detectives privados reclaman que se le dé una oportunidad a la nueva ley de seguridad privada, aprobada en el Congreso a principios de marzo.

La ANADPE, patronal que representa a los despachos más importantes del país, asegura que la nueva norma “garantiza los derechos de los ciudadanos y profesionales de la investigación” además de asegurar “la eficacia en la prestación de los servicios” y evitar el intrusismo.

Antonio Marín, presidente de ANADPE, ha desmentido que el texto “restrinja una profesión que de por sí ya está muy fiscalizada”. Además, la asociación ha subrayado “el clima de entendimiento y colaboración que ha existido durante la redacción de la ley”.

Colaboración conjunta

La asociación está colaborando con el Gobierno en el despliegue del texto junto al Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Empresas de Detectives Privados (AEDP).

Bajo su punto de vista, la nueva legislación “actualiza una ley existente”, además de garantizar “la confidencialidad” de los clientes. Cabe recordar que el proyecto estrella del Ministerio del Interior abre la puerta a la cooperación entre cuerpos de policía y detectives privados a la hora de investigar determinados delitos.
 

sábado, 29 de marzo de 2014

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Ley de Seguridad Privada APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL CONGRESO

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-50-6.PDF
 
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JAEN: El Comité de empresa de Prosegur denuncia a la empresa en la Inspección de Trabajo

Los trabajadores aseguran que no reciben la información que les solicitan a la dirección impidiendo cumplir adecuadamente con la función del comité, según marca la legislación.
El presidente del comité de empresa de Prosegur, Antonio Serrano, indica que "los trabajadores están hartos de solicitar información a la empresa sin que ni siquiera se dignen a contestar". Insiste en que ” nos informan de lo que les interesa y cuando les interesa” manifiesta Serrano, están vulnerando el derecho de los trabajadores y el de sus representantes, al no facilitar la información requerida, que es obligatorio que nos la entreguen según la legislación”.
 
Desde el Comité de empresa aseguran que "con esta actitud dejan a los trabajadores y sus representantes en total indefensión", impidiendo que el comité de empresa pueda realizar con eficacia su labor de defensa de derechos de los trabajadores, por lo que no les ha quedado más remedio que acudir a la Inspección de trabajo para denunciar tal situación.
 
Según Serrano, la plantilla “esperamos que la denuncia entregada ante la Inspección de Trabajo, sirva para subsanar este atropello a los derechos fundamentales de los trabajadores de Prosegur”,ya que parece que los miembros del comité de empresa, pertenecientes CCOO, y que ostentan la Presidencia del mismo, no son del agrado de la empresa.

jueves, 27 de marzo de 2014

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Hacienda se ratifica en el fraude de Seguridad Integral Canaria en las horas extras

Un inspector califica de "inverosímiles" los gastos pagados por dietas de desplazamientos.
La magistrada Victoria Rosell le ha tomado declaración como testigo al inspector de Hacienda que inició la investigación por el supuesto fraude en el pago de las nóminas de Seguridad Integral Canaria. El técnico, que compareció ayer en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, se ratificó en el informe en el que se ha basado la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas para querellarse contra Miguel Ángel Ramírez, administrador único de la empresa de vigilancia privada durante los años investigados.

Según ese dictamen, que fiscaliza los ejercicios económicos de 2008 y de 2009, Seguridad Integral Canaria ha podido cometer un fraude superior a los 2,3 millones de euros al pagar a sus vigilantes las horas extraordinarias fuera de la nómina o enmascaradas en otros conceptos con una carga tributaria menor, incluso en algunos casos exentos de cotizaciones a la Seguridad Social y de retenciones por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El especialista, a preguntas de la magistrada, calificó de "absolutamente inverosímil" que la facturación analizada se corresponda con dietas por desplazamientos y conceptos similares, pues la empresa no ha presentado justificantes de unos gastos que constituyen casi el 30 % de su masa salarial, además de arrojar unas cantidades por horas extra trabajadas "totalmente desproporcionadas", tanto por la comparativa con otras empresas del sector como por las particularidades territoriales y del transporte en Canarias.
 
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Más Vale Tarde - ¿Cuáles son las nuevas funciones de un agente de seguridad privada?

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La Policía Nacional desarticula el grupo de asaltantes de establecimientos más activo de Andalucía


Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo de jóvenes que supuestamente asaltó 14 establecimientos en Huelva, Sevilla y Cádiz al detener e imputar a sus 32 presuntos integrantes, que constituían la banda más activa en robos con fuerza en Andalucía.

Según informa en un comunicado, se han recuperado objetos por valor de 1,8 millones de euros, entre ellos un valioso diamante, 13 vehículos de alta gama, ocho furgonetas industriales, un tráiler completo (cabeza tractora y remolque) y 26.000 euros en efectivo. En uno de los registros realizados se ha intervenido un anillo de diamantes valorado en 600.000 euros. Entre los detenidos se encuentra el presunto cabecilla, relacionado con conocidos aluniceros de Madrid actualmente en prisión, y sus supuestos colaboradores más directos, que dirigían a un nutrido grupo de jóvenes captados en ambientes marginales de Sevilla para cometer robos.
Los miembros del grupo eran instruidos en técnicas delictivas y actuaban perfectamente organizados, cada uno de ellos especializado en una función concreta. El líder decidía los lugares para cometer los robos y sus colaboradores más directos estaban especializados en recabar información del objetivo elegido mediante vigilancias discretas o simulando ser clientes potenciales de los negocios para obtener la máxima información de las medidas de seguridad. Según añade la Policía, el resto de detenidos e imputados ejercían labores de asalto físico a los negocios y carga del material. Eran expertos en conducción a alta velocidad para eludir la acción policial, colaboraban en la ocultación del material robado o ejercían como peristas receptadores en Sevilla que recibían y daban salida a los artículos sustraídos.
 
DE MADRID A SEVILLA POR AMOR El presunto cabecilla de la trama es un viejo conocido en los ambientes delincuenciales de Madrid, piloto ocasional de rallyes, y relacionado con los grupos más famosos de aluniceros y asaltantes de comercios de la capital de España, cuyos integrantes en estos momentos cumplen penas de prisión. Esta persona desplazó su domicilio desde Madrid hasta un barrio en la zona este de Sevilla debido a una relación sentimental.

Una vez establecido en la capital andaluza comenzó a entablar contacto con delincuentes jóvenes de la ciudad, transmitiéndoles los conocimientos delictivos que había adquirido en Madrid y organizando su propia estructura con el objetivo de empezar a cometer este tipo de delitos en la zona sur de España, ha explicado la Policía. Una vez identificados los miembros del grupo y localizados los domicilios e inmuebles que podrían estar utilizando en su actividad delictiva, solicitaron a la Autoridad Judicial competente la autorización para llevar a cabo diez registros simultáneos a la consecución de las detenciones. Cinco de ellos se han practicado en Sevilla capital, uno en Dos Hermanas, uno en Camas y los tres restantes en Huelva capital. En estas actuaciones se han localizado siete vehículos de alta gama robados en Huelva y valorados en 140.000 euros que los arrestados usaban en sus golpes, ocho furgonetas industriales de carga sustraídas de las diferentes empresas asaltadas, una gran cantidad de prendas de motociclismo y cascos con un valor de 600.000 euros y fruto de un robo en Jerez de la Frontera (Cádiz).
 
También se ha recuperado gran cantidad de material telefónico (terminales), electrónico e informático (ordenadores de sobremesa, portátiles y vídeo consolas) robado, bebidas alcohólicas sustraídas con un valor de 40.000 euros, joyas y gemas por valor de 600.900 euros -entre las que figura el anillo de diamantes-, 26.000 euros en dinero en metálico, numerosas herramientas y elementos electrónicos que utilizaban en los asaltos. Asimismo se ha recuperado un camión tráiler completo, robado en un municipio sevillano y que posteriormente utilizaron en el asalto a un supermercado en Huelva donde se hicieron con las bebidas alcohólicas. Igualmente se les ha intervenido como objetos procedentes de ilícitos penales seis vehículos tipo turismo utilizados por los integrantes de la banda de las marcas Mercedes, Ford, Dodge, Audi y BMW.
 
El total del valor de los efectos recuperados e intervenidos asciende a 1.800.411 euros y se estima que los daños provocados en los elementos estructurales de las empresas y comercios afectados debido a la rotura y fractura de puertas, lunas, techos e incluso muros y destrozo de material de oficina, tienda y almacén e informático ascienden a 29.700 euros. Los investigadores están haciendo averiguaciones para determinar la procedencia de todos los objetos aprehendidos.
 
ATACABAN A LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD DE LOS POLÍGONOS A los detenidos se les imputa la autoría de 14 robos en negocios de muy distinta índole, utilizando los medios más variados, desde el alunizaje con vehículos y la rotura de lunas de escaparates mediante mazas de gran tamaño, el método del rififí por el que accedían practicando boquetes en los techos de las naves industriales, hasta el conocido método del butrón realizando agujeros desde locales anexos a los robados y los métodos más violentos como el atacar directamente a los vigilantes de seguridad nocturnos en los polígonos industriales. La operación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por agentes integrantes de las Brigadas de Policía Judicial de las Comisarías de Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz), con la colaboración del Grupo 4 de Atracos de la Udyco de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental y el Grupo de Patrimonio de la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial.
 
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El Ministerio del Interior modificará la ley de seguridad ciudadana para "evitar dudas de legalidad"


El Ministerio del Interior modificará los aspectos polémicos del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, criticados por los jueces y fiscales, para evitar cualquier duda sobre la constitucionalidad de sus artículos. "Se van a recoger las sugerencias del Poder Judicial y del Consejo Fiscal y se modificarán todos los artículos afectados para que no haya ninguna duda sobre su constitucionalidad", ha explicado a Efe un portavoz de Interior.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debate precisamente el jueves la propuesta de informe sobre el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que considera inconstitucionales varios aspectos de la normativa elaborada por Interior. Uno de los asuntos que el informe considera que choca frontalmente con la Constitución es el establecimiento de controles para permitir la detención de personas por faltas penales o infracciones administrativas. Otro de los aspectos criticados por el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por ser contrario a la Constitución es la posibilidad que contempla la ley de identificación de personas cuando existan indicios de que han podido cometer una infracción o se sospeche que puedan cometerla.
El informe crítico con el proyecto elaborado por el departamento de Jorge Fernández Díaz, que será debatido y votado en el pleno de mañana jueves, ha sido elaborado por los vocales Wenceslao Olea y María Victoria Cinto, que representan a los sectores conservador y progresista del Poder Judicial. El documento establece que "podría ser difícilmente compatible" con el artículo 17 de la Constitución, que regula los límites de la detención, el artículo del anteproyecto que faculta a las fuerzas de seguridad a requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de que han podido cometer una infracción o se sospeche que puedan cometerla y establece la posibilidad de retenerlas si se niegan o no es posible identificarlas en ese momento.
En este sentido, la propuesta de informe afirma que "debería incorporarse" al citado artículo la obligación de los agentes de las fuerzas de seguridad de informar, de modo inmediato y comprensible, de las razones del requerimiento de identificación, así como indicarse la duración máxima tanto de la retención como de la medida de identificación en dependencias policiales. "Considera contraria a la Constitución" también la posibilidad de establecer controles en lugares públicos para la identificación de las personas que se encuentren en ellos con el fin de descubrir y detener a quienes hayan participado en la comisión de una infracción, "ya que se viene a reconocer la posibilidad de una detención por faltas penales o infracciones administrativas".
Muchas dudas El CGPJ rechaza la obligación de empresas y empleados de seguridad privada de colaborar con las fuerzas de seguridad en la disolución de reuniones y manifestaciones, ya que afecta al ejercicio de un derecho fundamental cuya defensa "se atribuye a estas últimas y a la autoridad gubernativa". La propuesta de informe también considera de "dudosa legalidad" el supuesto de denegación del pasaporte mediante una resolución motivada del Ministerio del Interior cuando sea necesario para la efectividad de las medidas que deban adoptarse en los supuestos de los estados de alarma, excepción y sitio. Hace dos meses el Consejo Fiscal puso en duda la proporcionalidad de castigar como infracción grave alterar la seguridad usando capuchas, cascos, prendas u objetos que cubran el rostro.
El informe fiscal aprecia que el anteproyecto permite un excesivo margen de discrecionalidad policial e incluso duda de la constitucionalidad de medidas de seguridad extraordinarias previstas como la prohibición del paso y la retención de personas, sobre las que dice que debe haber mayor concreción de condiciones y requisitos. El Consejo Fiscal ve innecesario el artículo referido al uso de vídeo-cámaras al haber ya una ley que regula su utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. También hace alusión a los "amplios e inconcretos términos en los que el anteproyecto formula la obligación de colaboración de la seguridad privada en un ámbito, el de la disolución de reuniones y manifestaciones, que incide en el ejercicio de un derecho fundamental".

miércoles, 26 de marzo de 2014

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Prosegur instalará bancos móviles en las áreas de menor densidad demográfica

La empresa de seguridad privada Prosegur instalará en España "oficinas bancarias móviles" que permitirán concentrar la retirada e ingreso de efectivo de distintas entidades financieras en un único espacio, así como facilitar la presencia del sector bancario en áreas de menor densidad demográfica.
 
Madrid, 26 mar.- La empresa de seguridad privada Prosegur instalará en España "oficinas bancarias móviles" que permitirán concentrar la retirada e ingreso de efectivo de distintas entidades financieras en un único espacio, así como facilitar la presencia del sector bancario en áreas de menor densidad demográfica.
Este servicio, que se implantará en España a partir del próximo mes de mayo, ha sido presentado hoy en el marco del acto "Prosegur. Soluciones Integrales", en el que han participado en Madrid unos 400 profesionales y expertos de diversos sectores.
La empresa, que ya ofrece este servicio en Alemania o Colombia, ha explicado que la "principal ventaja de esta solución, que también está orientada a grandes eventos culturales o deportivos, es que dota a las entidades financieras de una mayor movilidad".
De esta manera, la oficina móvil da respuesta a las necesidades del sector financiero y les permite llegar a un mayor número de clientes.
En la actualidad Prosegur realiza el mantenimiento técnico y planificación de más de 11.000 cajeros automáticos distribuidos por todo el territorio nacional.
Prosegur también ha presentado hoy una aplicación que permitirá utilizar las gafas Google Glass como apoyo en las funciones de seguridad, por lo que los vigilantes contarán con información audiovisual sobre las instalaciones en las que trabajan y desarrollarán su labor más eficiente, según la empresa.
Además, desde las Google Glass, los profesionales de la compañía podrán proporcionar a su centro de control datos precisos sobre el escenario que se han encontrado, en formato vídeo o foto, y podrán contextualizarlo con mapas geolocalizados y con la información específica sobre diversos aspectos, como son el estado de los accesos a las instalaciones.
 
(Agencia EFE)
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Hacienda unifica 22 contratos de seguridad privada para mejorar las condiciones

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en marcha el procedimiento para convertir 22 contratos de seguridad privada en la Administración del Estado en uno, que incluya la protección de 114 edificios repartidos en cuatro ministerios y catorce organismos.
 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en marcha el procedimiento para convertir 22 contratos de seguridad privada en la Administración del Estado en uno, que incluya la protección de 114 edificios repartidos en cuatro ministerios y catorce organismos.
La Directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, María Luisa Lamela, se ha reunido hoy con representantes del sector empresarial de la seguridad privada para informarles de las líneas generales del próximo procedimiento de licitación.
Este contrato supondrá la primera fase de la centralización de estos servicios, la cual se completará el próximo año. Su valor estimado será de unos 50 millones de euros, referido al todo el periodo de duración del contrato y sus posibles prórrogas.
Según ha informado Hacienda, se pretende mejorar la contratación de los servicios de seguridad privada, homogeneizando las prestaciones y aplicando un planteamiento integral de la seguridad, que tenga en cuenta tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad.
Los servicios, que actualmente están incluidos en veintidós contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán de forma sucesiva al contrato centralizado a partir de finales de 2014, conforme se produzca la extinción de los contratos que actualmente están en vigor. La fecha de finalización del contrato centralizado será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial.
 
(EuropaPress)
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Un vigilante, único condenado por el robo de una tonelada de hachís en la Aduana de Huelva

HUELVA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva ha absuelto a once de los doce acusados por el robo de una tonelada de hachís en el edificio de Aduana de Huelva durante la Nochevieja de 2012 coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo y únicamente ha condenado a cuatro años de cárcel al vigilante de seguridad, F.J.L.R., por un delito de robo con fuerza en concurso con otro contra la salud pública por el que le impone además una multa de 6,1 millones de euros.

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez absuelve a este vigilante --al que dejó en libertad tras culminar el juicio y llevar en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos-- de los delitos de hurto continuado y de otro contra la salud pública que también pedía el Ministerio Fiscal en su acusación, al considerar que "no hay pruebas", y además contempla la atenuante de cooperación con la justicia.
El tribunal asegura que "no se ha acreditado" la participación de los acusados en los hechos descritos y señala que aquella noche "un número no determinado de individuos cuyas identidades no se han precisado" entraron en las instalaciones de Aduana apoderándose de 950 kilos de hachís, una sustancia que no ha sido recuperada.
El juez insiste en que "no existen pruebas de la comisión de este robo por parte de ninguno de los acusados", por lo que decide absolverlos, excepto al vigilante.

LA FISCALÍA REBAJÓ SU PETICIÓN DE PENA DE 11 A 6 AÑOS

Cabe recordar que la Fiscalía rebajó de once a seis años la solicitud de condena para éste por hurto continuado, robo y delito contra la salud pública.
Durante el juicio siete de los 12 acusados --los demás se acogieron a su derecho a no declarar--, negaron los hechos y dos de ellos aseguraron que "se sintieron amenazados por la Policía para que firmaran la declaración". Finalmente, el vigilante de seguridad también se acogió a su derecho a no declarar.
 
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Telemadrid: El Supremo confirma que el proceso del ERE fue "improcedente"

Telemadrid no tendrá que readmitir a los despedidos pero deberá aumentar las indemnizaciones.
 
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este miércoles declarar improcedente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telemadrid que costó hace ya más de un año el puesto a un total de 861 trabajadores de la cadena autonómico.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes del Alto Tribunal. De este modo, los magistrados confirman la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se declaraban improcedentes las cuantías fijadas y se estableció que se pagaran 45 días por año trabajado.
Meses atrás, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció que si la Justicia anulaba el ERE no tendrían más remedio que cerrar el Ente Público al no poder afrontar los gastos, al igual que hizo en su día la Generalitat valenciana con el cierre de su canal autonómico.
El ERE se aprobó el 9 de enero de 2013. Ese día, el consejo de administración de Radio Televisión Madrid dio luz verde al plan de reestructuración definitivo para Telemadrid tras un mes de negociaciones sin acuerdo. Los sindicatos impugnaron el acuerdo ante la Justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó en mayo del año pasado declarar "improcedentes" las cuantías fijadas en el ERE, sin forzar a readmitir a los trabajadores despedidos.
La sentencia repercutía en las indemnizaciones que los trabajadores del Ente tendrían que recibir. Así, el TSJM estimó parcialmente la demanda de los sindicatos y consideró que "procede declarar no ajustada a derecho la decisión extintiva adoptada por las demandadas a no haberse acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva", aunque desestima la "causa de nulidad" presentada.
Se basó para rechazar declarar los despidos nulos básicamente en que el Ente no ostenta consideración de Administración pública y que, por tanto, la prioridad de permanencia del personal laboral fijo es "aplicable a los procedimientos de despido en las Administraciones Publicas".
Tras conocer el fallo, la dirección de Telemadrid acordó recurrir en casación al Supremo, al igual que anunciaron los sindicatos. Fuentes de Telemadrid explicaron entonces a Europa Press que este recurso se presentó "a última hora" porque la intención era ejecutar el dictamen del Tribunal madrileño.
Sin embargo, el hecho de que las organizaciones sindicales hayan decidido presentar recurso de casación a la sentencia les obligó a hacer lo mismo.
 
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Acta de desacuerdo sobre la impugnación e incumplimiento del convenio colectivo de seguridad privada



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Imputado el presidente y directivos de Segur Ibérica por estafa a ADIF

La magistrada-juez de instrucción 19 de Barcelona ha citado a José Luis Novales por una estafa que podría superar los 450.000 euros. En la actualidad hay abiertas cuatro causas contra Segur Ibérica en juzgados de Madrid, Barcelona y Valencia. La compañía colocaba vigilantes sin titulación o “fantasmas”
El presidente y directivos de la tercera empresa de seguridad de España, Segur Ibérica, comparecerán entre los días 6 y 8 de mayo ante la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona en calidad de imputados por sendos delitos de estafa y falsedad documental, para prestar declaración, tras ser admitida a trámite la querella que presentó el pasado mes de diciembre la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción” “ASPACOM”. En días posteriores prestarán declaración los testigos aportados, tres de ellos ex empleados de la propia compañía de seguridad.
Según la querella presentada por Aspacom Segur Ibérica obtuvo un contrato con la empresa pública ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España, dependiente del Ministerio de Foment, dedicada a la gestión de las infraestructuras ferroviarias del Estado.
En el contrato concurso entre ambas empresas –para los años 2009 y 2010- Segur Ibérica adquiría el compromiso contractual de dotar de vigilantes de seguridad –tanto vigilancia armada como no armada- en número suficiente, de acuerdo con los pliegos firmados. Obviamente y tal como establece la ley de seguridad privada en España, todos estos vigilantes debían estar obligatoriamente en posesión de la correspondiente habilitación expedida por el Ministerio del Interior para la realización de sus funciones, denominada TIP, Tarjeta de Identidad Profesional.
Según la querella, este requisito no se cumplió, “con el fin de obtener un lucro ilícito”, bien facturando servicios no realizados, contratando vigilantes no habilitados por el Ministerio del Interior o bien –según la querella- anotando en los cuadrantes nombres falsos con la intención de hacer creer al cliente, en este caso ADIF, que los servicios contratados se habían cumplido. Estas supuestas prácticas delictivas habrían generado un lucro ilícito superior a los 450.000 euros procedentes de las arcas públicas.
Según un representante de ASPACOM, “esta es una práctica al parecer común llevada a cabo por Segur Ibérica desde 2006 hasta al menos 2010 o 2011, en un gran número de empresas tanto públicas como privadas y que en varios casos, como con la Universidad Complutense o la Generalitat de Cataluña se están instruyendo las correspondientes diligencias judiciales”.
Para acreditar los hechos denunciados ASPACOM contó con los servicios de un detective privado de la empresa Gestaltia que consiguió analizar miles de cuadrantes de servicios y cruzar estos datos con informaciones procedentes de ficheros públicos e informes de Seguridad Privada del Ministerio del Interior solicitados a instancias de varios juzgados en casos similares. Como consecuencia de ese análisis de datos concluyó la existencia de un presunto fraude, que incluía también la alteración del programa informático que controlaba los servicios programados y facturados”.
Según la querella, “Segur Ibérica facturaba a ADIF en Barcelona y ADIF abonaba a Segur Ibérica, SA, éstas con conceptos y detalles de las facturas que no correspondían con los servicios efectivamente prestados, ni las condiciones de los contratos suscritos entre estas dos entidades”.
De forma mensual Segur Ibérica, S.A. presentaba una factura de los servicios de seguridad prestados durante ese mes por cada uno de los contratos y un resumen oficial de las horas realizadas que validaba con un Responsable de ADIF (el cual era visado y firmado por ADIF) por cada uno de los contratos. Cada factura y resumen mensual de los contratos, eran validados por un Responsable de ADIF y otro de Segur Ibérica, S.A. en un documento denominado Acta Oficial firmado por ambos responsables”.
Manipulación a su antojo
Asimismo, según denuncia ASPACOM “Segur Ibérica, S.A. modificaba a su antojo los valores que aparecían en los resúmenes mensuales, aumentando las horas realizadas, suponiendo la intervención de trabajadores (ficticios o reales) que no habían prestado servicio y así poder facturar más importe mensual del que realmente se había prestado y evitando la sanción incluida en una de las estipulaciones de los contratos correspondiente del 4%, si no se cubrían completamente los servicios contratados. Para aumentar el número de horas realizadas de los resúmenes se utilizaban tres procedimientos diferentes que denominamos casos:
- CASO 1. Se facturaban horas de más, aunque realmente no correspondían con las del cuadro resumen mensual. Se produce en los meses de Enero, Febrero y Agosto de 2.009. Este caso es minoritario y muy simple de comprobar aritméticamente con las facturas, cuadrantes y Actas Oficiales.
- CASO 2. Se facturaban horas de más, aunque no se habían realizado. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Diciembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive).
- CASO 3. Se facturaban horas realizadas por personal NO HABILITADO por el Ministerio del Interior (en adelante FALSOS VIGILANTES), que no están autorizados a realizar trabajos de vigilancia y seguridad. Se produce en todos los meses comprendidos entre Enero y Septiembre de 2.009 (ambos inclusive) y Enero y Octubre de 2.010 (ambos inclusive). No se han incluido los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2.009 por no disponer de los cuadrantes de trabajo.
El total del fraude cometido por los tres casos descritos en el período comprendido entre el mes de Enero de 2.009 y Octubre de 2.010 suma 451.709,20 € “
Un aspecto clave para sus propósitos, según la querella de ASPACOM, “era un programa informático llamado KSPRO que ejecutaba una acción denominada “EFECTO FACTURACIÓN”, “para engañar y defraudar a ADIF”.
Según denuncian “a lo largo del mes de junio de 2.008, la empresa Segur Ibérica implantó en todas sus delegaciones la Aplicación Informática KSPRO y desde esa fecha utiliza ésta, para gestionar los cuadrantes de trabajo de todos los servicios de sus clientes, entre los que se encuentran muchos de carácter público, a los cuales les viene facturando Segur Ibérica, S.A., por los mismos”.
Un programa informático de gestión de cuadrantes se utiliza para asignar un servicio en un cliente, con horarios o turnos de trabajo determinado a sus empleados. “KSPRO, había sido diseñado para Segur Ibérica, S.A., para que permitiera mediante la utilidad EFECTO FACTURACIÓN el asignar a un código de empleado, en Barcelona era el 108, turnos de servicios solapados y repetidos, que no pertenecen a ningún empleado, por lo que se puede considerar una utilidad o programa para gestionar vigilantes ficticios, que nunca van a realizar el servicio asignado en el cliente”.
 
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Alternativa Sindical pide al gobierno reconocimiento para los vigilantes que auxiliaron a las víctimas del 11-M

lunes, 24 de marzo de 2014

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Jornadas Prosegur analizarán desde el miércoles las tendencias en seguridad y gestión del efectivo

La empresa de servicios de seguridad privada, Prosegur organizará el próximo 26 de marzo, la cuarta edición de su encuentro anual, en el que se analizan las novedades y tendencias del sector de la seguridad y la gestión de efectivo.

Prosegur / EFE

La jornada “Prosegur, Soluciones Integrales”, reúne en Madrid a cerca de 400 profesionales de las principales entidades bancarias de todo el mundo, así como a perfiles directivos de los sectores de distribución, servicios o administración.
Los asistentes tendrán la oportunidad, a lo largo de este encuentro, de debatir sobre temas como el papel de la tecnología en materia de seguridad, el futuro de la gestión del efectivo o las tendencias en los medios de pago, al tiempo que podrán disfrutar de la presentación que Prosegur realizará sobre su aplicación para Google Glass que dotará al vigilante de los servicios tecnológicos necesarios y le permitan desarrollar su labor de manera más eficiente, según destacó la compañía en un comunicado.
Como principal novedad, en el marco de la gestión del efectivo, presentará un modelo de oficina bancaria móvil que ya está se ha utilizado en países como Alemania o Colombia. El sistema ofrece servicios de retirada e ingreso de efectivo y tiene especial aplicación para grandes eventos culturales o deportivos, así como para aquellas zonas en las que las sucursales bancarias no ofrecen ese servicio.
Este evento estará presidido por el presidente del Consejo Europeo de la ATM Industry Association (ATMIA), Ron Delnevo, y la vicepresidenta de Estudios de Mercado y Asuntos Públicos en Fiserv, Virginia Heyburn y contará con la participación de ponentes internacionales como el director ejecutivo de Retail Banking Research (RBR), Dominic Hirsch, o el director de Cato Partners y experto en branding, Andy Stalman.
Además, algunos de los principales clientes de Prosegur, expondrán sus experiencias y compartirán prácticas y casos de éxito con el resto de asistentes, según se destaca en el comunicado.
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Vigilantes unidos para luchar contra el intrusismo de la seguridad privada

La coordinadora provincial de sindicatos de seguridad privada de Sevilla (CSI-F, CC.OO, STS-A y SPV) ha puesto en marcha recientemente un Observatorio para combatir de forma efectiva el intrusismo existente en el sector, dentro del ámbito de actuación provincial. Se trata de un grupo de trabajo que volcará aquellas situaciones de empresas que estén prestando servicios de seguridad sin estar habilitadas para ello o con personal que no reúne los requisitos para realizar estas funciones.

 
Se denunciarán de forma colegiada los casos de intrusismo en la unidad territorial de seguridad privada, apoyados en lo recogido por la legislación recientemente aprobada. Se informará de todo ello tanto a los clientes, como a los usuarios y los propios trabajadores, para que colaboren con este tema. Cada sindicato de la coordinadora fomentará la recogida de casos de intrusismo para llevarlo posteriormente al observatorio.
 
SPV Sevilla ha habilitando el correo spv.intrusismo@gmail.com para aquellos trabajadores o usuarios que estén interesados en facilitar información y colaborar en denunciar posibles situaciones de intrusismo en la seguridad privada, datos que serán tratado de forma totalmente confidencial y anónima. Se deben aportar los máximo datos posibles (localización, horarios, numero de trabajadores etc.)

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Radiografía de la seguridad privada: El otro 'Ejército'


Se han convertido en uno más, en una parte vital de la seguridad de España. Paso a paso, lustro a lustro, las empresas, los vigilantes, el sector es ya una pieza más del engranaje que da tranquilidad a los españoles. Son un 'ejército' y, como tal, necesitaban una legislación actualizada, metida en el siglo XXI. Aún pervivían bajo normas del 92.

Ahora, el Ejecutivo ha puesto en danza un nuevo marco normativo, con el que trata de acompasar este importante sector a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Ahora, el trabajo hombro con hombro con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado estará más fijado. Porque son más de 110.000 los ojos que el Estado también puede y debe utilizar. De hecho, ya utiliza. Las estadísticas de la evolución del sector son impresionantes.
 
Hoy no trato de diseccionar la nueva legislación. No. Trataré de dibujar como es. Y para ello, datos y más datos. Trataré de hacerlos digeribles. Las estadísticas son tercas y demuestran una potente evolución de un sector que, además, tiene un gran predicamento a nivel internacional, que sus empresas tienen un reconocido servicio tanto en Europa como en América. Según los datos del Ministerio del Interior, al cierre del pasado año existían un total de 1.496 empresas de seguridad autorizadas. Además, el Departamento de seguridad de Estado tiene registradas 3.099 licencias concedidas a detectives privados un sector que, pese a que ha saltado a la opinión pública por un caso muy concreto asociado a una empresa de Barcelona, cuenta con un alto nivel de preparación y una actividad incesante y discreta. "Cuanto menos se hable de nosotros siempre, mejor", comenta un veterano del sector.
Quizá, el común de los mortales, visualiza en la seguridad privada solo a guardas uniformados. Pero la seguridad privada es mucho más que eso, es un alto nivel de protección electrónica: las alarmas. Eso también es seguridad y eso también es seguridad privada. En cuanto al personal de seguridad, en activo, la cifra anual que Interior estimaba a finales de 2013 era de 110.000 agentes en activo; un verdadero ejército. Durante el pasado año, el Ministerio del Interior concedió 10.512 nuevas habilitaciones de vigilantes de seguridad. En este sector están los vigilantes de seguridad propiamente dichos, los agentes que custodian explosivos, entre otros.
El servico de escoltas, de protección de personas también está inmerso en el sector privado. De hecho, en los últimos años su labor fue fundamental para complementar la seguridad de concejales del País Vasco y Navarra cuando ETA les tenían en su punto de mira de manera prioritaria. Esta es la parte del entramado privado que más ha notado el alto el fuego etarra. Para muestra... En 2007 había 2.042 servicios operativos de escoltas. El pasado año, la cifra se redujo hasta los 647 servicios, según consta en las estadísticas oficiales. Quizá, las cifras más relevantes que incluyen la estadísticas oficiales se refieren a los episodios de colaboración del sector privado con el público, de las relaciones de suma entre agentes de seguridad y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
Durante 2013 se registraron 8.586 "informaciones", 30.519 actuaciones de "auxilio y colaboración" y otras 3.302 "llamadas a la sala operativa", de avisos. ¿Y en dónde se detecta una mayor colaboración? Hay de todo. La gran mayoría, información sobre hurtos: más de 5.300 el pasado año. Pero también ha sido clave el sector en identificaciones de sospechosos, advertencias sobre vehículos robados, estafas, robos con violencia, amenazas, falsificación de moneda... Y todo aquello que el funcionamiento de las alarmas ha evitado, que no se puede cuantificar.
Las estadísticas destacan también la fuerte implantación de estos dispositivos en empresas y domicilios; un sector controlado por las empresas privadas. Según los datos oficiales, en 2012 había dadas de alta un total de 1.434.912 contratos de alarma. Pero, pese a la importancia del sector, no se escapa a la revisión y a la sanción administrativa del Estado cuando se incumplen normas. Según estas estadísticas, durante el pasado año, el Ministerio del Interior fue sancionado con multas por valor de casi 5,5 millones de euros. Policía Nacional, Guardia Civil ... hay 'ejército' de privados. Ahora si son las tres patas del un banco.

domingo, 23 de marzo de 2014

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El Gobierno reduce la seguridad privada en algunas oficinas de Correos y refuerza los sistemas electrónicos

El Gobierno ha reducido la presencia de agentes de seguridad de empresas privadas en las oficinas de Correos en el marco de un proceso de reestructuración que persigue adaptar "de manera eficiente" los medios disponibles a las necesidades de cada centro, aunque afirma que "la seguridad está siempre garantizada".
El Gobierno ha reducido la presencia de agentes de seguridad de empresas privadas en las oficinas de Correos en el marco de un proceso de reestructuración que persigue adaptar "de manera eficiente" los medios disponibles a las necesidades de cada centro, aunque afirma que "la seguridad está siempre garantizada".
Así consta en una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Laura Seara, que el pasado mes de junio se hacía eco de la decisión del grupo Correos de suprimir los contratos de vigilancia en las jefaturas de las oficinas de Correos de Galicia y quería saber los motivos de esta medida y si se aplicaría en todo el país.
En la respuesta, fechada el pasado 6 de febrero y que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que Correos dispone de un Centro Operativo de Seguridad (COS) al que están conectadas 2.656 oficinas y centros postales a todas horas, y que además se han implantado diferentes elementos como cajas de seguridad, escáneres, sistemas anti-intrusión o sistemas de protección antiincendios, que también están conectados a esa central de alarmas.
BUSCAR LA EFICIENCIA
"Estas medidas son complementadas, en algunos casos, con los servicios de vigilancia personal contratados con empresas privadas de seguridad. Todos esos recursos, dirigidos a garantizar la seguridad de los centros y oficinas de Correos, son analizados de forma permanente para que cumplan su objetivo con la máxima eficiencia operativa, buscándose la adecuación de los medios disponibles a las necesidades detectadas en este ámbito", explica el Gobierno.
Y, siguiendo este análisis de necesidades, el grupo ha decidido llevar a cabo un "proceso de reestructuración de medios de seguridad" para adaptarlos a las necesidades reales de cada centro de trabajo, lo que "en algunos casos" ha conllevado la "reducción de los recursos prestados por empresas externas y el refuerzo de las medidas electrónicas".
Así, aunque en la respuesta no se incluye información concreta sobre cuántos contratos se han rescindido, a qué centros y oficinas afecta o cuánto dinero se ha ahorrado, el Gobierno sí incide en que pese a los cambios la seguridad de las instalaciones de Correos "queda siempre garantizada".
 
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El Gobierno negocia un gran contrato con el sector de seguridad privada tras hacerle una ley a medida

Tras la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Privada, el Ministerio de Hacienda cita a las compañí­as del sector y sus asociaciones para sacar a concurso la contratación centralizada de los servicios de seguridad privada de varios ministerios y organismos públicos.
 
Menos de una semana después de la aprobación definitiva de la polémica Ley de Seguridad Privada, que va a abrir nuevas oportunidades de negocio a las empresas del sector, el Gobierno ha decidido que ha llegado el momento de empezar a negociar el que previsiblemente será el mayor contrato de servicios de seguridad convocado por una Administración Pública en España.
 
El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, ha convocado el próximo miércoles a las 12.00 horas en su sede de Castellana, 162, una sesión informativa con las empresas y asociaciones empresariales de seguridad privada para empezar a negociar la primera fase del contrato centralizado de servicios de seguridad privada y auxiliares del control en edificios ubicados en Madrid de varios Ministerios y Organismos, que “se va a poner en marcha próximamente”, según el ministerio.
 
“El propósito de la sesión es exponer a las empresas del sector las líneas generales del procedimiento de licitación y recoger su punto de vista sobre el mismo, con el objetivo último de fomentar la racionalización, eficacia y eficiencia en el gasto público”, explica Hacienda, que ha convocado este proceso en el marco de su nueva política de centralización de contrataciones para el control del gasto.
 
La nueva ley supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas, según la oposición.
 
La convocatoria llega después de que esta semana el Congreso de los Diputados diera su visto bueno definitivo a la nueva ley, que ampliará las competencias de los vigilantes y les permitirá, por ejemplo, asumir nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".
 
La nueva Ley, que según el Ministerio del Interior buscaba “ayudar a consolidar el sector " y que la principal patronal, Aproser, ha valorado por suponer un“importante esfuerzo de adaptación” a “las nuevas realidades sociales”, se aprobó con el apoyo de PP, CiU y (parcialmente) PNV y el rechazo frontal del resto de grupos parlamentarios.
 
Así, el PSOE ha denunciado que el nuevo texto fomentará "que el que quiera seguridad se la pague", mientras UPyD ha considerado que supone "una dejación" del trabajo del Estado a favor de las empresas privadas.
 
Entre los aspectos más polémicos de la nueva norma figura la potestad de los agentes para practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no podrán averiguar o comprobar estos datos, como recogía el texto inicial.
 
La tramitación de la ley ha coincidido con amenazas de ERE por parte de las empresas.
 
También podrán, con autorización previa, vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.
 
La tramitación de Ley ha coincidido con una catarata de amenazas de ERE por parte del sector, compuesto por unas 1.500 empresas que facturan unos 3.000 millones de euros al año y dan empleo a cerca de 90.000 personas. En enero, Aproser presentó una demanda de Conflicto Colectivo para suspender la aplicación de la subida salarial del 4% prevista para este año y adaptar las condiciones laborales “a la grave situación económica del sector” y “mantener el mayor número de empleos posibles y preservar el convenio colectivo”.
 
La situación del sector, “en auge”, según defendía Interior, se agravó con la entrada en vigor del RDL 16/2013 del pasado 22 de diciembre, que estableció la obligatoriedad de cotizar por las retribuciones en especie y que, según las empresas de seguridad, incrementaba sus costes en un 2,07% de la masa salarial.
 
La subida de cotizaciones provocó una catarata de descuelgues del anterior convenio colectivo por parte de las empresas, que finalmente lograron el mes pasado rubricar un nuevo convenio que establece la congelación salarial para este ejercicio.
 

sábado, 22 de marzo de 2014

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BOE acuerdo de modificación del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad para el periodo 2012-2014



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SEVILLA 21/III/2014 Reunión de la Coordinadora Provincial de Sindicatos de Seguridad Privada


Tal y como estaba programado, en la mañana de hoy se ha vuelto a reunir la coordinadora de sindicatos de seguridad privada (CSI-F, CC.OO, STS-A y SPV) a la que se han incorporado representación del movimiento "Manea Negra" para aportar su experiencia en la lucha por dignificar el sector de la seguridad privada y poder organizar con ellos futuras movilizaciones. Tras revisar las concentraciones reivindicativas celebradas a las puertas de UGT y USO, se proponen varias lineas de trabajo que son:

- CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A CLIENTES: Se retomará la información a los clientes y usuarios de la seguridad privada con el objeto de dar a conocer la situación real del sector tras los acuerdos de UGT y USO con la patronal y la publicación de la nueva ley de seguridad privada. Queremos denunciar públicamente la congelación salarial impuesta a los profesionales del sector mientras que las empresas si que han repercutido y actualizado los costes económicos en facturación a los clientes.

- JORNADAS TÉCNICAS SOBRE LA NUEVA LEY: Se inician los trabajos de coordinación para la organización de unas jornadas técnica donde se pueda estudiar y debatir detenidamente como les afectará a los profesionales del sector la nueva legislación en materia de seguridad privada.

- OBSERVATORIO DEL INTRUSISMO: Se crea un grupo de trabajo para luchar de forma coordinada contra el intrusismo que sufre nuestro sector. Se denunciará de forma colegiada en la unidad territorial de seguridad privada todos aquellos centros donde se realicen funciones de seguridad privada por personal no habilitado, apoyados en lo recogido por la legislación recientemente aprobada. Se informará de todo ello tanto a los clientes, como a los usuarios y los propios trabajadores, para que colaboren con este tema. Cada sindicato de la coordinadora fomentará la recogida de casos de intrusismo para llevarlo al observatorio, habilitando para ellos correos electrónicos donde quienes estén interesado pueda aportar información de forma anónima.

- OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN: Se crea un grupo de trabajo donde se prestará especial atención y vigilancia a los pliegos de concursos y contratos de seguridad privada en el ámbito provincial, perdonándonos para que se incluyan clausulas sociales para que se respete el convenio colectivo del sector y se señalen aquellas empresas que no respetan unas mínimas condiciones laborales y sociales para con su empleados.

Próxima reunión de la coordinadora lunes 21 de Abril de 2014 en la sede social de SPV Sevilla.

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Detectan en el escáner de los juzgados de Plaza de Castilla un punzón de 17 cm oculto en una muleta

Uno de los vigilantes de seguridad del control de acceso a los juzgados de Plaza de Castilla detectó ayer en una de las personas que pretendía entrar a esta sede judicial un punzón de 17 centímetros que llevaba oculto en una muleta, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Detectan en el escáner de los juzgados de Plaza de Castilla un punzón de 17 cm oculto en una muleta

 
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Uno de los vigilantes de seguridad del control de acceso a los juzgados de Plaza de Castilla detectó ayer en una de las personas que pretendía entrar a esta sede judicial un punzón de 17 centímetros que llevaba oculto en una muleta, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Tras pasar por el escáner, uno de los vigilantes detectó que un hombre de unos 40 años intentaba introducir un punzón escondido en una muleta. Tras ello, se informó a la Policía municipal de los juzgados para que iniciara las pesquisas oportunas.
Según las mismas fuentes, el hombre no fue detenido, pero se le notificó la sanción que se le impondrá. Los agentes de la Policía municipales le retiraron la muleta íntegra como arma oculta.
"En los juzgados suele ser habitual que alguien quiera entrar con objetos de este calibre, especialmente en los juzgados de Plaza de Castilla al albergar muchísimo transito de personas a diario", ha señalado uno de los vigilantes a Europa Press.
Precisamente, los vigilantes de seguridad de Plaza de Castilla mantienen actualmente un pulso con la empresa Alerta y Control por descolgarse de las negociaciones sobre el convenio. El colectivo está llevando a cabo una campaña de movilizaciones.
(EuropaPress)
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Los cinco puntos más controvertidos de la Ley de Seguridad Privada


 
 
José María Benito: "Hay más vigilantes que policías"
1. Vigilantes en manifestaciones. El Ministerio de Interior podrá contratar seguridad privada en cualquier evento.
2. Detenciones en espacios públicos. Los vigilantes podrán interceptar a las personas en caso de delitos flagrantes, siendo ellos los que evalúen qué es un delito flagrante.
3. En el perímetro de las cárceles. Pueden vigilar el exterior de centros penitenciarios, una competencia exclusiva hasta ahora de las fuerzas de seguridad.
4. Menos exigencias. Se levanta la prohibición de tener antecedentes penales para obtener la titulación y tener la nacionalidad de un país de la UE.
5. Complemento a la seguridad pública. Los vigilantes privados podrán participar en todos los operativos que desarrolle la policía.

Fuente:  http://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/2014/marzo/20-03-2014/puntos-controvertidos-Ley-Seguridad-Privada_2_1766655076.html

viernes, 21 de marzo de 2014

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Los vigilantes de Prosegur podrían llevar en un futuro Google Glass

Las aplicaciones para Google Glass comienzan a abrirse camino también en España. La empresa de seguridad Prosegur acaba de anunciar que desarrollará su primera app para las gafas inteligentes de Google.
Según indican fuentes de la propia compañía, el objetivo es ofrecer al vigilante de seguridad acceso a información sensible que le permita actuar con mayor rapidez y eficacia, reduciendo el tiempo de reacción y aumentando la eficacia del servicio entre otras muchas cosas.
La aplicación ha sido desarrollada por la propia Prosegur en colaboración con Intelygenz, empresa de desarrollo de software a medida especializada en innovación y que próximamente también organizará un hackathon de aplicaciones para Google Glass. La empresa es además una de las pocas de nuestro país que está certificada para desarrollar apps para Google Glass y que por otro lado, es responsable del desarrollo de apps como Yes.fm
La nueva solución de seguridad será presentada en sociedad el próximo 26 de marzo, aunque eso sí, todavía habrá que esperar unos cuantos meses antes de que veamos vigilantes en nuestros centros comerciales, equipados con el último dispositivo de Google. En parte, porque el dispositivo todavía no ha sido puesto a la venta y en parte, porque no está del todo claro la regulación que tendrá este tipo de gafas inteligentes en un entorno profesional y tan delicado como es el de la seguridad privada.
Actualización: Desde Prosegur nos aclaran que de momento el proyecto se encuentra en una fase piloto y que todavía no está claro cuándo se incorporarán las Google Glass o si finalmente, se acabará haciendo.
Fuente: http://www.muypymes.com/2014/03/20/los-vigilantes-de-prosegur-llevaran-google-glass
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Aprobada la Ley de Seguridad Privada con más competencias para los vigilantes

La oposición critica la falta de precisión del texto y cree que abre la puerta a los vigilantes para actuar en concentraciones y protestas, en sintonía con la Ley de Seguridad Ciudadana, que autoriza a la policía a pedir colaboración de las empresas de seguridad
 
Los vigilantes podrán pedir los datos personales pero no hacer comprobaciones. Finalmente, no patrullarán las inmediaciones de centros comerciales pero sí en "parques o zonas de ocio delimitados". La norma no exige dotación para formar a los agentes en las funciones de actuación policial que llevarán a cabo.
 
La Ley de Seguridad Privada se aprobado hoy tras su último debate en el Congreso con las críticas de la oposición. La norma, objetivamente, aumenta las competencias de los vigilantes y favorece el negocio de la seguridad privada. Para el Gobierno la simbiosis epúblico privada favorece la seguridad, utilizando los recursos de las empresas del sector.
En su paso por el Senado se han eliminado alguno de los puntos polémicos como que los agentes patrullen en las inmediaciones de zonas comerciales. Ahora lo harán en "parques o zonas de ocio delimitados". Y podrán tomar nota de los datos personales de los detenidos, sin hacer comprobaciones.
La imprecisión del texto da lugar a interpretaciones abiertas. Por eso desde la oposición el grupo socialista, IU y UPyD temen que Interior esté dando luz verde a la posibilidad de que los vigilantes privados colaboren con la Policía en concentraciones sociales. De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana permite a la Policía pedir el refuerzo de estas empresas, previa autorización.
Según Antonio Trevín Trevín, portavoz de Interior del grupo socialista, durnte su intervención, con esta ley "debemos acostumbrarnos a la presencia de empresas de Seguridad Privada en el día a día. Y sin embargo, carece de mecanismos legales y medios efectivos y transparentes para controlar sus posibles incumplimientos o violaciones de los derechos ciudadanos de manera efectiva". Trevín ha puesto algunos ejemplos, como el matrimonio de turistas franceses que denunció ser agredido en un Centro Comercial de Torrevieja el pasado diciembre. La empresa, CAESA, y el centro de Carrefour donde sucedieron los hechos, únicamente lamentó los hechos.
Durante el último debate parlamentario, el grupo socialista ha criticado la posibilidad de obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad privada. "Desde una concentración ciclo turista a una manifestación antigubernamental, pasando por los partidos de fútbol modesto o las maratones populares". No cumplir con las medidas de seguridad obligatorias está tipificado de infracción muy grave con multas de 30.000 a 600.000 euros.
IU ha criticado la ley en el mismo sentido. Para Ricardo Sixto, el Gobierno "con este texto ambiguo le va a otorgar nuevas capacidades de detención y retención a los miembros de las empresas de seguridad privada".
El portavoz del PP, Conrado Escobar, ha insistido en que las detenciones se producirán únicamente en "flagrante de delito" sin precisar si los agentes recibirán formación para detener y pedir los datos a los detenidos. Escobar ha defendido que supone una "mejor regulación de la seguridad pública en beneficio de todos, estructura el modelo de colaboración e incorpora las nuevas necesidades de seguridad. Mayor profesionalización de las empresas de seguridad privada y ofrece más oportunidades para la contratación en este ámbito".
Desde los sindicatos de empresas de seguridad, la primera crítica ha sido del CSI-F, el colectivo denuncia que la ley no incluye la formación de los vigilantes para acciones policiales.

Los detectives en contra de la Ley de Seguridad Privada

La Asociación Profesional de Detectives Privados de España critica con dureza la nueva Ley de Seguridad Privada. Aseguran que la ley no protege adecuadamente los derechos del cliente y del investigado. La nueva Ley de Seguridad Privada obliga al detective a comunicar a la policía que ha sido contratado. Por eso la Asociación Profesional de Detectives Privados subraya que "la ley debería establecer claramente la confidencialidad de los datos de los clientes, salvo resolución judicial".
Otra de las quejas que tiene la Asociación Profesional de Detectives es que la Ley impide que los ciudadanos puedan contratar a un detective en casos penales. Con ello dicen los detectives "el ciudadano se ve privado de su derecho a aportar las pruebas necesarias para su defensa, cuando no esté de acuerdo con el resultado de la investigación policial". La Asociación de Detectives añade que la Ley va a encarecer los servicios de los detectives privados porque establece formalidades y obligaciones innecesarias como elaborar un detallado informe de investigación aunque el cliente no quiera ese informe.
La Asociación Profesional
 
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Interior podrá obligar a contratar vigilantes en las manifestaciones

Un vigilante de seguridad privada registra la mochila de una asistente a un partido de fútbol
 
La Ley de Seguridad Privada, aprobada ayer en el Congreso con los votos de PP y CiU -y parcialmente por el PNV-, deja en manos del Gobierno la potestad de obligar a quienes organicen un «evento» a contratar para el mismo seguridad privada.
Así se desprende del artículo 51 de la norma que, a falta de desarrollo reglamentario y definiciones precisas, deja abierta la consideración de «evento», que podría ser, según la oposición, una manifestación,una concentración o un acto deportivo, lúdico o popular.
Éste es uno de los aspectos más polémicos de una ley duramente criticada por PSOE, UPyD, Izquierda Plural, Grupo Mixto e incluso PNV. Todos entienden que la nueva norma amplía muy notablemente las competencias de los agentes de seguridad privada y pone a disposición de las empresas de este sector un negocio goloso adentrándose en un territorio que, mantienen, debería estar exclusivamente reservado a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Desde el Partido Popular y desde el Gobierno se responde que no está «en el espíritu de la norma» ni en el ánimo del Ejecutivo controlar, y en su caso disolver o reprimir, manifestaciones puesto que las mismas constituyen un derecho fundamental. De hecho, aseguran que lo que se pretende tanto con esta ley como con la de Seguridad Ciudadana es «garantizar al máximo el ejercicio pacífico» de dicho derecho.

Definir evento

En todo caso, las precisiones que acoten lo que se entiende por evento deberán esperar a un futuro desarrollo reglamentario. Hoy por hoy, lo que estipula el artículo 51.2 de la ley de Seguridad Privada es que las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas podrán dotarse de medidas de seguridad privada.
Y añade: «Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinarán los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las que deban implantar en cada caso».
El apartado tercero establece, además, que «el Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente, podrá ordenar que los titulares de establecimientos o instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los organizadores de eventos adopten las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan».
El PSOE no tiene dudas. De acuerdo con su interpretación al cruzar la Ley de Seguridad Privada -aprobada ayer- con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que se encuentra en fase de consultas en los órganos constitucionales, la posibilidad de que agentes privados controlen y disuelvan manifestaciones o concentraciones está sobre la mesa. Así se deriva del artículo 23.2 del proyecto de Seguridad Ciudadana. En esta lectura coincide también el catedrático de Derecho Penal Javier Álvarez.

Zonas públicas

Otro de los aspectos especialmente polémicos de la ley es el que hace referencia a la facultad que tendrán los agentes privados para detener o retener en zonas públicas. Según el Ministerio del Interior, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya habilita a cualquier ciudadano a hacerlo en determinadas circunstancias.
El artículo 41 de la ley ha suscitado enconadas críticas, incluso con la redacción retocada que llegó del Senado y en la que se excluía la posibilidad de que los agentes privados vigilaran zonas peatonales comerciales. Sin embargo, el texto final aprobado precisa que esta actividad sí podrá realizarse en «parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados», así como en «recintos o espacios abiertos» también delimitados.
También varió el Senado la redacción que aprobó el Congreso sobre la potestad a los vigilantes de perseguir a los delincuentes «sorprendidos en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección».
No obstante, los agentes de seguridad privada sólo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las Fuerzas de Seguridad cuando sean sorprendidos en flagrante delito «en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección». Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del texto inicial, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.