La oposición critica la falta de precisión del texto y cree que abre la puerta a
los vigilantes para actuar en concentraciones y protestas, en sintonía con la
Ley de Seguridad Ciudadana, que autoriza a la policía a pedir colaboración de
las empresas de seguridad
Los vigilantes podrán pedir los datos personales pero no hacer comprobaciones.
Finalmente, no patrullarán las inmediaciones de centros comerciales pero sí en
"parques o zonas de ocio delimitados". La norma no exige dotación para formar a
los agentes en las funciones de actuación policial que llevarán a cabo.
La Ley de Seguridad Privada se aprobado hoy tras su último debate en el
Congreso con las críticas de la oposición. La norma, objetivamente, aumenta las
competencias de los vigilantes y favorece el negocio de la seguridad privada.
Para el Gobierno la simbiosis epúblico privada favorece la seguridad, utilizando
los recursos de las empresas del sector.
En su paso por el Senado se han eliminado alguno de los puntos
polémicos como que los agentes patrullen en las inmediaciones de zonas
comerciales. Ahora lo harán en "parques o zonas de ocio delimitados". Y
podrán tomar nota de los datos personales de los detenidos, sin hacer
comprobaciones.
La imprecisión del texto da lugar a interpretaciones abiertas. Por eso desde
la oposición el grupo socialista, IU y UPyD temen que Interior esté dando luz
verde a la posibilidad de que los vigilantes privados colaboren con la Policía
en concentraciones sociales. De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana permite a
la Policía pedir el refuerzo de estas empresas, previa autorización.
Según Antonio Trevín Trevín, portavoz de Interior del grupo socialista,
durnte su intervención, con esta ley "debemos acostumbrarnos a la presencia de
empresas de Seguridad Privada en el día a día. Y sin embargo, carece de
mecanismos legales y medios efectivos y transparentes para controlar sus
posibles incumplimientos o violaciones de los derechos ciudadanos de manera
efectiva". Trevín ha puesto algunos ejemplos, como el matrimonio de turistas
franceses que denunció ser agredido en un Centro Comercial de Torrevieja el
pasado diciembre. La empresa, CAESA, y el centro de Carrefour donde sucedieron
los hechos, únicamente lamentó los hechos.
Durante el último debate parlamentario, el grupo socialista ha criticado
la posibilidad de obligar a los organizadores de eventos a contratar seguridad
privada. "Desde una concentración ciclo turista a una manifestación
antigubernamental, pasando por los partidos de fútbol modesto o las maratones
populares". No cumplir con las medidas de seguridad obligatorias está tipificado
de infracción muy grave con multas de 30.000 a 600.000 euros.
IU ha criticado la ley en el mismo sentido. Para Ricardo Sixto, el Gobierno
"con este texto ambiguo le va a otorgar nuevas capacidades de detención y
retención a los miembros de las empresas de seguridad privada".
El portavoz del PP, Conrado Escobar, ha insistido en que las detenciones
se producirán únicamente en "flagrante de delito" sin precisar si los
agentes recibirán formación para detener y pedir los datos a los detenidos.
Escobar ha defendido que supone una "mejor regulación de la seguridad pública en
beneficio de todos, estructura el modelo de colaboración e incorpora las nuevas
necesidades de seguridad. Mayor profesionalización de las empresas de seguridad
privada y ofrece más oportunidades para la contratación en este ámbito".
Desde los sindicatos de empresas de seguridad, la primera crítica ha sido del
CSI-F, el colectivo denuncia que la ley no incluye la formación de los
vigilantes para acciones policiales.
Los detectives en contra de la Ley de Seguridad Privada
La Asociación Profesional de Detectives Privados de España critica con dureza
la nueva Ley de Seguridad Privada. Aseguran que la ley no protege
adecuadamente los derechos del cliente y del investigado. La nueva Ley de
Seguridad Privada obliga al detective a comunicar a la policía que ha sido
contratado. Por eso la Asociación Profesional de Detectives Privados subraya que
"la ley debería establecer claramente la confidencialidad de los datos de los
clientes, salvo resolución judicial".
Otra de las quejas que tiene la Asociación Profesional de Detectives
es que la Ley impide que los ciudadanos puedan contratar a un detective en casos
penales. Con ello dicen los detectives "el ciudadano se ve privado de su derecho
a aportar las pruebas necesarias para su defensa, cuando no esté de acuerdo con
el resultado de la investigación policial". La Asociación de Detectives añade
que la Ley va a encarecer los servicios de los detectives privados porque
establece formalidades y obligaciones innecesarias como elaborar un detallado
informe de investigación aunque el cliente no quiera ese informe.
La Asociación Profesional
Fuente: http://www.cadenaser.com
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