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lunes, 31 de marzo de 2014

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UGT paga el coche a su secretario general y a otro alto cargo tras el cuarto ERE

Conrado Hernández renuncia a prejubilarse para mantener el sueldo del sindicato y la póliza que le otorgó Unión Naval cuando cerró.
UGT mantiene un coche a disposición de su secretario general en la Comunitat Valenciana, Conrado Hernández, y otro para Ismael Saez, máximo responsable de la federación del metal, construcción y afines de la región. Según confirmó ayer LAS PROVINCIAS con varios miembros de la organización de trabajadores, la aplicación de un cuarto ERE dentro del sindicato no ha supuesto el recorte de los beneficios que tienen los máximos dirigentes de UGT-PV.
En ambos casos se trata de un Ford Mondeo que los dos sindicalistas utilizan tanto para los desplazamientos oficiales como para los personales. Según explican las fuentes consultadas, Rafael Recuenco, anterior secretario general del sindicato, también tenía un coche a su disposición. Acudía al sindicato en su propio vehículo y utilizaba el del sindicato para motivos estrictamente de trabajo. Por contra, Conrado Hernández, que reside en Castellón, utiliza el Ford Mondeo, que fue comprado por el sindicato, para todo tipo de desplazamientos.
Por otra parte, Conrado Hernández ha renunciado temporalmente al derecho a prejubilarse que adquirió cuando Unión Naval, empresa en la que estaba contratado, cerró. Este fondo le garantiza una retribución que las distintas fuentes consultadas sitúan entre 1.600 y 1.700 euros al mes.
La empresa del Grupo Boluda explicó ayer: «Conrado Hernández tiene una póliza hecha de prejubilación y no tenemos modo de saber cómo la administra».
Fuentes expertas en derecho laboral matizan que no es posible mantener una nómina de una empresa mientras se percibe un fondo de prejubilación. De manera genérica, explican que en las pólizas que firman las empresas para la prejubilación se pueden cobrar de manera íntegra o parcial. De este modo, Conrado Hernández podría limitarse a jubilarse y cobrar más de 1.600 euros al mes (cuestión que no ha hecho) o seguir cobrando del sindicato (las fuentes consultadas aseguran que percibe «más de 1.700 euros al mes»).
En este segundo caso, que es el que ha decidido Hernández, además conserva intacta la póliza firmada por Unión Naval para rescatarla cuando desee. El secretario general del sindicato en la Comunitat, como miembro de la plantilla de Unión Naval, estuvo implicado en la negociación de las condiciones de despidos y prejubilaciones que realizó la empresa del Grupo Boluda.
El mantenimiento de los coches a disposición de los directivos sindicales y la aparición de cuantiosos beneficios personales contrasta con el estado general de UGT en la Comunitat Valenciana. Lejos de la bonanza, el sindicato sufre una sangría de pérdida de afiliados y la dirección ha aplicado una drástica reducción de la plantilla.
En los últimos años, UGT ha aplicado cuatro expedientes de regulación de empleo que han afectado a un total de 135 trabajadores. Los tres primeros ERE afectaron a 34, 35 y 35 empleados en cada uno de ellos mientras que el último ha supuesto el despido de 31 personas.
Para este último expediente, la dirección del sindicato ha impuesto su voluntad ya que terminó el periodo de consultas sin que se llegara a un acuerdo con los trabajadores. Para los que aceptaron firmar el ERE se ofreció 30 días por año trabajado con un máximo de 17 mensualidades mientras que los que no lo hicieron (diez en total) se han reducido las indemnizaciones hasta los 24 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades, una cantidad que se acerca al mínimo legal que establece la reforma laboral que tantas manifestaciones y huelgas ha provocado con el propio Conrado Hernández a la cabeza.
El próximo paso que preparan los despedidos en el último ERE de UGT en la Comunitat es una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el objetivo de que se declare nulo el expediente. En el caso de que se diera la razón a los despedidos, el sindicato tendría que pagar la indemnización máxima, cuestión compleja con las cuentas actuales del sindicato, o proceder a la readmisión de los 31 despedidos.
 

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