El ex líder del sindicato en Málaga, Juan Antonio Triviño, le envió un informe con datos y grabaciones.
"¿En qué se parece la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT a un estanco? En que hay quienes entran por Ideales y salen con Fortuna". Así comentaban la corrupción existente en el congreso de UGT de Jaén en 1998 con la presencia de Cándido Méndez. El congreso fue pospuesto dos meses debido a las denuncias de corrupción internas. Este jueves, El Mundo recuerda que Méndez conocía ya la corrupción en UGT Andalucía desde 1998, año en que el que fuera secretario general del sindicato en Málaga, Juan Antonio Triviño, le remitió un dossier con 96 documentos y grabaciones sobre irregularidades, como el desvío de fondos para cursos por parte del entonces responsable de la Federación de Servicios Públicos (FSP) en Málaga, Francisco Povedano.
Povedano fue imputado en 2001 por malversación, falsedad documental y apropiación indebida por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de formación del FORCEM. Se trataba entonces de unos cursos que afectaron a 600 alumnos, 300 de los cuales declararon no haberlo recibido y otros que sus firmas no eran las que constaban en los documentos de UGT, noticia publicada por El País en 1998. Se sabía que el "cerebro" de la trama andaluza de UGT actualmente investigada, Enrique Emilio Goicoechea Salazar, vivía en Bilbao y según los testimonios incorporados al sumario, venía una vez cada dos semanas a Sevilla a mantener diversas reuniones. Era considerado por los trabajadores de UGT como "el hombre del Confederal".
Además participa o ha participado en empresas donde son administradores altos cargos de UGT Castilla la Mancha y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT nacional. También fue apoderado de la Fundación Esculapio, fundada por Cándido Méndez en 1987 y tiene una empresa propia Bat Gestión, SA que llegó a hacer un estudio del funcionamiento de UGT Andalucía. La pregunta es quién ha conferido la autoridad necesaria a Goicoechea para desempeñar unpapel tal relevante en los manejos de UGT Andalucía. Se sabía asimismo que la empresa Soralpe I más P Asociados, cuya sede sevillana fue registrada por la Guardia Civil y que es parte esencial de la trama, es una empresa de servicios propiedad de la UGT confederal que dirige Cándido Méndez y que cobra por la gestión de los cursos otorgados a UGT, cobra alquileres de locales y equipos al Instituto de Formación y Estudios Sociales, fundación de UGT Confederal e incluso recibe préstamos de la UGT andaluza.
Ahora se recuerda que Méndez, que conoció de primera mano el caso Povedano, sancionado con seis meses de suspensión de militancia por las irregularidades en el manejo de los fondos de la poderosa Federación de Servicios Públicos de UGT de Málaga, archivó el caso en un cajón y el denunciante, Triviño, dimitía.
El caso Povedano en los juzgados El sindicato Manos Limpias denunció el fraude ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y la Policía Nacional comenzaba unas investigaciones que darían lugar a la imputación penal de Francisco Povedano por malversación de fondos públicos. Para Povedano, la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa no era más que "un montaje y un ajuste de cuentas interno en el sindicato" producto de las dos facciones en que estuvo dividida la UGT de Málaga ante el congreso provincial de 1998. Y deslizó, dijo El País, que "podría haber sacado trapos sucios de mucha gente, pero no he tenido suficiente maldad". Povedano también sostuvo que la subvención era la misma al margen del número de alumnos que asistiera al curso.
El procedimiento dio origen a la imputación de tres personas más, además de Povedano: Fernando Caro, responsable de Formación del sindicato; Rosa Sánchez, que le sucedió en la misma responsabilidad y el director de la academia Sustrebla, Rafael Rodríguez. La academia tenía su sede donde el PSOE tuvo anteriormente su sede y siguió funcionando hasta 2013, cuando se dictó judicialmente suinsolvencia.
El proceso continuó hasta la Audiencia Nacional, donde fue remitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Luis Miguel Moreno, tras inhibirse en su favor. Y allí murió a pesar de que el magistrado adujo en su auto que las investigaciones realizadas en Málaga debían unirse a las practicadas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía que también debía conocer Cándido Méndez.
Coincidentemente, en la academia Sustrabia impartía clases Isabel Almendro Flores, que era cuñada de Povedano y que fue hasta el pasado mes de septiembre jefa del servicio de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga. La Fiscalía Anticorrupción pidió en julio que se la imputara junto a otros funcionarios y cargos públicos en las diligencias judiciales abiertas por el caso Edu, en relación con el manejo de las subvenciones para la formación desde los organismos de la propia Junta de Andalucía.
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