Para mejorar la seguridad de los sanitarios se destinan entorno a 600 vigilantes de seguridad a los centros de atención sanitaria
La recepción de una mala noticia, la larga espera para ser atendidos, la pérdida de documentación por parte de la administración y la ausencia de respuesta ante la inquietud por la enfermedad son situaciones que pueden generar estrés en los pacientes de los centros sanitarios. En algunos casos, el descontento y la frustración por no recibir lo que se espera degenera en agresiones hacia el personal de ambulatorios y hospitales públicos andaluces. Desde enero a junio de este año se han registrado un total de 98 denuncias por agresiones en ambulatorios y hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), prácticamente la misma incidencia que en 2012, cuando se contabilizaron 214 a lo largo del año. Los profesionales más vulnerables siguen siendo los enfermeros y los celadores, los más expuestos en la atención al público.
Málaga, donde se registraron 35 casos, es la provincia con mayores incidencias, seguida de Sevilla (25) y Cádiz (15). Lejos quedan Granada, Almería y Córdoba con 6 denuncias, Jaén con s5 y Huelva con ninguna. En 2005 el Servicio Andaluz de Salud (SAS) instauró un plan de prevención de agresiones que, además de contabilizar estas, incluye asesoramiento al personal sobre qué hacer ante una situación de violencia e incluso ayuda jurídica y psicológica a los profesionales que las sufren.
El SAS ha invertido desde entonces más de 160 millones de euros en la implantación de dispositivos tecnológicos para dar confianza a los profesionales: 2.000 timbres y 3.50 botones antipánico;1.446 interfonos, 1.559 teléfonos directos con seguridad; 555 salidas alternativas y 1.191 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos. Los botones antipánicos son una clave de seguridad que se activa en el teclado del ordenador y que permite dar aviso inmediato frente a situaciones conflictivas. Hay 66 GPS en dispositivos móviles instalados en ambulancias. También hay en torno a 600 vigilantes de seguridad en los centros sanitarios.
El plan de prevención, elaborado en cooperación con organizaciones sindicales y facultativos en sintonía con las directrices establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, establece un protocolo para saber cómo actuar sobre todo para evitar que un familiar o paciente llegue a la violencia. Los profesionales reciben formación sobre cómo promover el respeto entre profesionales y los usuarios, cómo recibir una crítica, dar una mala noticia y manejar el estrés, entre otras. También cómo defenderse, llegado el caso extremo. Según datos del SAS, el plan ha permitido el registro de las agresiones desde 2005. Desde ese año se han contabilizado un total de 1.734: el 52% se han dado en Atención Primaria (donde se realiza el 65% de la actividad asistencial) y el 48% en hospitalaria. El 80% de los episodios se produce contra personal sanitario y el 20% contra personal no sanitario. Dentro del personal sanitario, el de enfermería es el que registra mayor número de agresiones; entre los no sanitarios son los celadores los más vulnerables.
Fiscalía En la política para paliar los efectos de las agresiones es significativa la colaboración de la Justicia. En 2007 la Junta inició conversaciones con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús Calderón, para ver la manera en la que los acusadores públicos pudieran encajar las agresiones a los facultativos y personal sanitario como un delito de atentado hacia un funcionario de la administración pública. Las conversaciones tuvieron efecto, según reconoció la consejera de Salud, María Jesús Montero, en el Parlamento el pasado abril.
En su comparecencia ante la comisión de Salud y Bienestar Social, Montero reconoció que los órganos judiciales «han demostrado una gran sensibilidad», aumentándose el número de condenas de este tipo durante los últimos años. Montero ofreció los siguientes datos que sirven de ilustración de esa «mayor sensibilidad». En 2009, dos años después de iniciadas las conversaciones, solo hubo tres condenas de delito por atentado. En 2012, se vieron 245 denuncias ante los tribunales, de ellas se registraron 201 sentencias condenatorias, de las cuales 21 lo fueron por delito de atentado. El incremento en este último extremo ha sido del 86%. En aquella comisión, Montero anunció que el plan de prevención de agresiones se adaptaría a cada centro de salud y hospital, según la casuística de cada uno.
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