UGT y CC.OO. cobraban hasta
90.000 euros al mes en comisiones.
La Juez Alaya declara a los sindicatos como responsables subsidiarios de las fianzas impuestas a sus dirigentes Mera y Carmona, que suman 722.000 euros.
Roberto Carmona, a la izquierda, a la salida de los juzgados tras su declaración
La destrucción de empleo en Andalucía y las ayudas paliativas de la Junta de Andalucía se convirtieron en una máquina de hacer dinero para los sindicatos. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras cobraron «habitualmente» unos ingresos mensuales que «podían oscilar entre los 90.000 euros y algo menos de 20.000 euros» a través de las abultadas comisiones que les pagaban los intermediarios en los ERE a cambio de su «asesoramiento». La astronómica cifra figura en los autos por los que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la trama de las prejubilaciones fraudulentas, fija las medidas cautelares al secretario general de UGT de Cádiz, Salvador Mera, y al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de Andalucía Manuel Roberto Carmona. Ambos fueron detenidos en la redada policial llevada a cabo la semana pasada para seguir los atajos del dinero procedente de la partida 31-L, bautizada como «fondo de reptiles» por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.
La juez impone a ambos sindicalistas, que negociaron los ERE de la Faja Pirítica de Huelva, unas fianzas civiles de 251.041 euros al dirigente ugetista y de 471.352 al de CC.OO. Son 722.393 euros en total. En sendos autos decreta la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos, que deberían afrontar el pago en el caso de que no lo hicieran los imputados. Se da la paradoja de que UGT, además, está personada en la causa como acusación. Esta responsabilidad subsidiaria supone un salto cualitativo en la implicación de estas organizaciones en el trama, cuyos dirigentes regionales insisten, desmintiendo a los investigadores, que no han cobrado «ni un céntimo» de los ERE.
En el auto por el que envió a prisión en junio pasado al dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, la magistrada ya apuntó que «los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma [en alusión a las sobrecomisiones que recibían por los ERE en los que participaban] de financiación irregular».
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