Alberto Ruiz-Gallardón, siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, concedió más de veinte contratos a una empresa de seguridad vinculada al extesorero del PP Álvaro Lapuerta y al exgerente Luis Bárcenas. La sociedad Serygur, una desconocida en el sector y sin ninguna trayectoria profesional, obtuvo, entre 2006 y 2009, adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.
Sólo en 2006 -el ejercicio más productivo- Serygur logró contratos por más de cuatro millones de euros, casi la mitad de los ingresos de la sociedad en ese año. La cifra superaba con creces los ingresos de ejercicios anteriores y llegó a provocar suspicacias y protestas por parte de empresas mucho más consolidadas del sector de la seguridad.
El acceso a contratos millonarios de Serygur en la corporación local, presidida por Ruiz-Gallardón, se debía no sólo a la influencia de la dupla Lapuerta-Bárcenas, sino también a la participación en la sociedad de otros dos pesos pesados del Partido Popular: Álvaro de la Cruz e Ignacio del Río. El primero, con un amplio historial en el PP como jefe de Gabinete del secretario general Francisco Álvarez Cascos (1989/1992), director de Innovación Tecnológica y secretario de Comunicación. El segundo, tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid como teniente alcalde de Urbanismo, entre 1995 y 2003, durante el mandato de Álvarez del Manzano, el predecesor de Gallardón. Ambos conocían de sobra las interioridades del Partido Popular y del consistorio madrileño para acceder a las ofertas públicas de los contratos de vigilancia.
Álvaro de la Cruz con Rita Barberá (EFE)El onubense Álvaro de la Cruz, que en 1982, a los 24 años, inició su carrera política en la sede de Génova, sumaba a sus cargos en el PP el de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el sumario de la Gürtel figura como el responsable de la adjudicación a la empresa de Francisco Correa, Special Events, de la organización de las asambleas de este organismo en 1999 y 2003 por 800.000 euros. En esos años, Correa mantenía unas excelentes relaciones con Bárcenas y, con la ayuda de este, facturaba centenas de miles de euros a la contabilidad de Génova. El extesorero, a cambio, era recompensado, como demuestran los documentos del sumario de la Gürtel.
Gracias a esas intermediaciones, Serygur pudo obtener también contratos tan sustanciosos en el Ayuntamiento -ver gráfico- como la Agencia de Empleo de Madrid por 2,5 millones de euros; el distrito de La Latina por 1,1 millones; el edificio del área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales por 0,6 millones; la Dirección General de Patrimonio Verde por 0,5 millones o el Organismo Autónomo de Madrid Salud por 0,8 millones. En 2006, obtuvo adjudicaciones por un importe de 4.046.166,15 euros; en 2007, por 1.310.684,04; en 2008, por 3.313.877,24 y en 2009, por 1.149.420,37, según un pormenorizado estudio realizado por El Confidencial a partir de los concursos municipales publicados en el Boletín Oficial del Estado y adjudicados en esos años.
En el Ayuntamiento de Madrid señalan que todas las adjudicaciones se concedieron dentro de la legalidad, a partir de concursos públicos y con criterios técnicos y económicos. Según un portavoz municipal, "cada contrato obtenido por Serygur pertenecía a un área de Gobierno o un distrito diferente y tanto los órganos de contratación como las mesas de adjudicaciones eran autónomas".
En aquellos años, la hoy alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros miembros del actual consistorio ya formaban parte del Ayuntamiento, tras las elecciones de 2003. Botella, desde 2007, se encargó del Área de Medio Ambiente.
De la Cruz, Bárcenas y la Gürtel
Álvaro de la Cruz mantenía, asimismo, una excelente relación con Jesús Sepúlveda, el exalcalde Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, imputado en el sumario de la Gürtel. Sus vínculos quedaban sellados a través de la fundación municipal Pozuelo Siglo XXI, de la que De la Cruz era director general.
En un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en mayo de 2009, tres meses después de estallar el caso Gürtel, los agentes policiales le atribuyen a De la Cruz el cobro de 30.000 euros de la caja B de Correa, según la documentación intervenida en sus oficinas de la calle Serrano de Madrid. El informe policial mantiene que De la Cruz es apoderado de varias sociedades de seguridad, entre ellas Serygur (Alium) y otras afines y concluye que “está vinculado a Luis Bárcenas”. Según las investigaciones de la Policía, el extesorero del PP, en la actualidad en la cárcel de Soto del Real, presionó en 2007 a la Comunidad de Madrid para obtener contratos a favor de De la Cruz y Serygur. Fuentes del Partido Popular en Madrid afirman que Bárcenas y Lapuerta buscaban las adjudicaciones "por su propio interés".
Ademas de apoderado de Serygur (Alium) desde 2007, Álvaro de la Cruz compartía el mismo cargo en otras sociedades del grupo como Serycur, Protecny Segurity o Facilita Servicios Auxiliares. Todas ellas estaban centralizadas en un mismo domicilio social y vinculadas a la sociedad que conseguía los contratos millonarios en el consistorio madrileño.
Se da la circunstancia de que el ex alto cargo popular aparece en el registro mercantil como administrador de todas esas sociedades con el nombre de "Álvaro Cruz". Sin embargo, cuando inscribe su nombre en otras dos empresas, exclusivamente de su propiedad -InternetXXI Soluciones Tecnológicas Avanzadas y Ciudad21 Foro de Innovación Local-, sí lo hace con la preposición y el artículo "de la".
Álvaro Lapuerta (EFE)Ni Álvaro Lapuerta ni Bárcenas figuran en el registro mercantil como socios, apoderados o administradores de Serygur (Alium). Tampoco Ignacio del Río. En todas las sociedades del grupo, desde su constitución en 1989, aparece como administrador único un empresario de perfil bajo: José Luis Cuadros Arias. Sin embargo, Cuadros es todo un desconocido en el sector de las empresas de seguridad. Si se pregunta por él, todos coinciden en su condición de hombre pantalla.
El Confidencial ha podido verificar, empero, en fuentes de la propia compañía y del sector de la seguridad que el extesorero y el exgerente del PP participaban en el negocio de la sociedad. No se ocultaban a la hora de negociar contratos -gestiones que las realizaban en persona- y se valían de su posición dentro de partido para obtener adjudicaciones de las Administraciones regional y local de Madrid. Y, aunque en esas fechas los populares habían sido desalojados de la Moncloa, Serygur también obtuvo importantes adjudicaciones de la Administración central.
El nombre de Mariano como reclamo
Para convencer a los compañeros más reticentes, Bárcenas y Lapuerta utilizaban como reclamo el nombre de Mariano Rajoy, como sucedió con algunos de los contratos exigidos a la Comunidad de Madrid. Una de las frases más recurrentes de Bárcenas, según un alto cargo de la Administración madrileña, era: “Si no nos arropamos entre nosotros y favorecemos a los nuestros, quién nos va a ayudar”. Ese discurso provocó roces con miembros del equipo de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico madrileño, en el que algunos consejeros negociaron directamente las adjudicaciones con la empresa de seguridad, tras las presiones de Bárcenas y Génova.
Serygur fue constituida en mayo de 1989 y fue una desconocida en el sector hasta que, a mediados del 2000, desembarcaron en ella los altos cargos del PP. En el registro figura como una sociedad anónima cuyo objeto social es “la vigilancia y protección de toda clase de bienes muebles o inmuebles, certámenes, ferias o cualquier acto público”, entre otros.
El último depósito de cuentas de la sociedad, declarado por sus propietarios, está fechado en octubre de 2010 y corresponde al ejercicio de 2009. En ese año Serygur comienza a comprobar cómo se le pincha el globo del tráfico de influencias. La sociedad se ve penalizada por el escándalo que arrastra el estallido de la operación Gürtel y la posterior caída de los contratos y el volumen de negocio. Se podría afirmar que existe una causa-efecto entre las investigaciones a Correa y Bárcenas y el declive de Serygur.
Baltasar Garzón (EFE)Para afrontar la tormenta, sus políticos-accionistas decidieron modificar, en abril de 2009, la denominación social de Serygur por la de Alium. Un mes después, Álvaro de la Cruz también dimitía como apoderado. Esas decisiones coincidían con las filtraciones sobre las investigaciones secretas del juez Baltasar Garzón acerca de las relaciones inconfesables entre Bárcenas y Correa. El escándalo provocó la dimisión de este como senador y su salida de la Tesorería de Génova, tras ser imputado en el caso Gürtel por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ni que decir tiene que las caídas de Bárcenas y De la Cruz provocaron una importante merma en el negocio de Serygur. En el ejercicio de 2009, según los propios datos de la empresa de seguridad, los ingresos cayeron en picado. De recaudar 13 millones de euros en 2006; 16, en 2007 y 11, en 2008, la recaudación descendió a 8,7 millones en 2009, con unas pérdidas declaradas de 1,6 millones.
De la opulencia a la nada
Los cuatro años de crecimiento meteórico, con la adjudicación de la vigilancia de edificios públicos, permitieron incluso a Serygur situarse en el puesto 17 del ranking nacional por facturación, entre más de 500 empresas de seguridad. Esa evolución también se manifestó en sus signos externos: de unas modestas instalaciones en la calle Alcocer, en el barrio obrero de Villaverde, pasaron a un moderno y lujoso edificio en la carretera de La Coruña. Sin embargo, tras la quiebra, las instalaciones de la zona residencial de Las Rozas fueron abandonadas y la empresa regresó a su domicilio original de Villaverde.
Con la deserción de los pesos pesados del PP, Serygur/Alium regresaba a la realidad de su potencial, a los años en los que ingresaba 1,6 millones, en 1999, o 5,2 en 2000. Las palabras de un exdirectivo de la compañía, que prefiere permanecer en el anonimato, son concluyentes: “Aquello era un chiringuito iluminado por las influencias de Bárcenas y De la Cruz. Pero la luz se apagó cuando el caso Gürtel se llevó todo por delante y los contratos con la Administración dejaron de llegar. Los otrora conseguidores influyentes del PP pasaron a convertirse en unos apestados”.
En la actualidad, las acciones de Serygur/Alium están en poder de la sociedad Lovermats SL en un 81,08% del capital; de Gloria Cabañas Aranda, en un 15,71%, de José Luis Cuadros Arias, en un 2,9 y de Protecny Segurity, en un 0,31%. En la práctica, la propiedad pertenece a su administrador y fundador, José Luis Cuadros, ya que su esposa, Gloria Cabañas, que tiene estudios de enfermería, figura en el registro como la única accionista de Lovermats. La pareja reúne, por tanto, el 99,69 de la compañía.
El matrimonio Cuadros/Cabañas ha estado arropado en el negocio por el equipo directivo de sus comienzos: Juan Antonio Martínez Peinado, director financiero de Serygur; Carmen Pernía, la directora general, colocada por Álvaro de la Cruz; el padre de la anterior, Ángel María Pernía Pernía; y los hermanos del exdirigente del PP, María de los Ángeles de la Cruz y Emilio de la Cruz.
Este diario ha intentado por todos los medios contactar con José Luis Cuadro y Gloria Cabañas, pero las gestiones han resultado infructuosas. Los teléfonos de Serygur, que figuran en las guías de empresas de seguridad y en la propia web de la compañía, no están operativos y los números particulares del matrimonio asimismo están inactivos. Como su domicilio familiar, un lujoso chalé de Las Rozas, valorado en tres millones de euros, que ha salido a pública subasta este verano.
Fuente: www.elconfidencial.com
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