Convocatoria urgente en Domingo de Ramos. Francisco Carbonero (junto a Lezcano, enviado desde Madrid en lugar de Toxo) y Manuel Pastrana (acompañado por Toni Ferrer en ausencia de Méndez) se desmarcaron ayer de la trama de los ERE
La juez considera que «las piezas del puzle comienzan a encajar» al referirse al «enorme perjuicio» de las sobrecomisiones para las arcas públicas, el «negocio» de las ayudas y el «presunto empecinamiento de la Junta en tener fondos sin control», explica en el auto de prisión de los ex directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué.
Alaya insiste en el auto en que UGT y CC OO cobraron comisiones, «aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno», ya que su aportación era «la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza», recogió Efe. «Estaríamos ante un sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas», continúa. Alaya explica que investigaba la presunta ilegalidad del mecanismo de ayudas, pero que los últimos datos dotan «a la trama investigada de una visión mucho más amplia».
Los sindicatos CC OO y UGT, precisamente, trataron ayer de salir al paso de la comprometida situación en que quedan en los autos, que hablan de sobrecomisiones pactadas entre las aseguradoras y la Junta y el pago también «a los sindicatos, a los entornos de UGT y CC OO», de «4.291.384,10 euros, según los datos bancarios y fiscales analizados». «A los sindicatos –según el auto del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín– se les abonaba un 0,5% de la prima por cada expediente en que intervenían, si había dos sindicatos se les abonaba el 1% para los dos, y si la prima era elevada desde Barcelona recortaban». Esto ocurrió en «entre un 15 y un 20% de las pólizas de la Junta» y «este dinero lo recibían los sindicatos a través de las empresas Temiqui (UGT) y FQT (CC OO)».
Toxo envió a Sevilla a su secretario de Organización y Comunicación de CC OO, Fernando Lezcano, quien, junto al líder del sindicato en Andalucía, Francisco Carbonero, habló de reabrir la investigación interna iniciada en 2011, cuando no se detectaron «irregularidades con los datos disponibles» entonces «en Andalucía o cualquier región». El señor «Conde» que es citado en los autos «parece que ya no está en activo en el organigrama sindical». CC OO pone sus cuentas «a disposición» de quien las requiera. Carbonero defendió que el sindicato «no tiene nada que ver con la trama», «ni con ningún conseguidor de ERE». Méndez mandó a la capital hispalense a Toni Ferrer, quien junto a Pastrana, habló de mostrar las cuentas y «un ataque más a la labor sindical».
Zoido: «Griñán era el cajero de los ERE»
El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, exigió a José Antonio Griñán que explique por qué no modificó el procedimiento de los ERE en la Administración andaluza como hizo en su día en el Ministerio de Trabajo. Zoido exigió la comparecencia de Griñán y Chaves en el Congreso para «saber la verdad sobre por qué durante tanto tiempo no se han tomado las medidas necesarias para evitar este despilfarro –cifrándolo en 1.400 millones– de fondos públicos». El PSOE calificó esta petición como «ridícula» y «absurda». «Durante mucho tiempo Griñán ha sido el cajero de los ERE, pues el dinero no lo tenía el consejero de Empleo, sino él como consejero de Economía, según sostiene el interventor de la Junta», dijo Zoido
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