La UTE está formada por seis empresas, todas ellas que antes trabajabaron para el Gobierno vasco suministrando escoltas. Son Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica
La privatización de la
seguridad de las prisiones ya es un hecho. A partir del 1 de abril, unos 250
escoltas que antes trabajaban protegiendo a concejales, altos cargos o jueces en
el País Vasco, empezarán a trabajar en 21 cárceles de toda España en labores de
vigilancia exterior. Así lo revelan documentos
internos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso 20Minutos. En ellos se
especifica que el 22 de febrero se celebró una reunión en la Secretaría de
Estado de Seguridad para tratar el refuerzo, con efectivos de seguridad privada,
en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional que prestan servicio en
los centros penitenciarios.
Interior habla de "refuerzo" y
no de sustitución. En un principio, "dos vigilantes de seguridad" por turno, lo
que supone entre ocho y diez vigilantes por cárcel. "En ningún caso supondrá una
reducción de efectivos" de las unidades policiales, "tan solo se tratará de un
refuerzo, al menos en su fase inicial", por lo que Interior deja claro el
objetivo de este plan: la sustitución a medio plazo de guardias civiles por
personal privado, para que los agentes se dediquen a otros tareas de seguridad
ciudadana.
Poca información y
transparencia Tanto las asociaciones de
guardias civiles como los sindicatos de prisiones siempre han criticado el
oscurantismo que Instituciones Penitenciarias ha generado sobre este tema. La
respuesta más clara la dio el ministerio del Interior en una respuesta
parlamentaria a UPyD. En ella, el Gobierno explica que lo que se "pretende es
que determinadas funciones auxiliares puedan ser asumidas por vigilantes
privados, siempre bajo la supervisión y dirección de los Cuerpos de Seguridad
del Estado".
En esta primera fase, los
vigilantes nunca actuarán en solitario Los vigilantes actuarán como medio
auxiliar de la Policía y Guardia Civil, tal como determina la ley 32/1992, de 30
de julio, de Seguridad Privada. ¿Qué harán los escoltas en las prisiones?. Según
la documentación de la Guardia Civil, "vigilancia de garitas, control de los
accesos y de las cámaras de control. En esta primera fase nunca actuarían en
solitario". No
obstante, el Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que "la
seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado", por lo que habría que cambiar este ley, algo que aún
no se ha hecho. Quizás por ello, explican fuentes penitenciarias, aún no se ha
adjudicado ningún contrato, sino que se ha invitado a empresas de seguridad que
han formado una UTE a esta "experiencia piloto".
2.000 guardias civiles en
seguridad ciudadana El sindicato CSIF asegura que
este proyecto también vulnera el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público que "establece que al funcionario
público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés
generales del Estado y de la Administraciones Públicas". La mayor asociación de la
Guardia Civil, AUGC, no tiene ninguna duda sobre la intención final del
Gobierno: "privatizar la seguridad en las prisiones", sobre todo teniendo en
cuenta que las "Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente
ningún refuerzo". "Cuando este plan de privatización avance y entre en fase de
sustitución progresiva afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el
país". AUGC recuerda que el PP no llevaba este proyecto en su programa
electoral. Para el principal sindicato de prisiones, Acaip, esta medida supone
"un encarecimiento inexplicable del funcionamiento de las cárceles que no aporta
ningún beneficio".
Como ya adelantó 20Minutos en
enero de este año, Interior barajaba llevar la privatizacióna entre 15 y 21
prisiones. Finalmente los centros elegidos han sido: Alicante II, Algeciras,
Puerto I y II (Cádiz), Castellón I y II, Córdoba, Pamplona I, Huelva, Teixeiro
(A Coruña), León, Logroño, Mallorca, Murcia II, Dueñas (Palencia), A Lama
(Pontevedra), Topas (Salamanca), Sevilla II, Valladolid, Zaragoza y Daroca
(Zaragoza).
Seis empresas en la
UTE De
momento la UTE está formada por seis empresas, todas ellas que antes trabajaban
para el Gobierno vasco el ministerio del Interior suministrando escoltas. Son
Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnica. Una fuente de Ombuds ha
explicado que ellos aportarán más de 60 vigilantes en seis prisiones: Palencia:
Castellón II, Salamanca, Huelva, Pamplona y Logroño. "El personal que va a ir a
prisiones está recibiendo una formación especifica, que se suma a la que ya
tiene como vigilante privado o escolta", señalan desde UGT. Lo que está claro es
que los escoltas reconvertidos en las prisiones ganarán menos que lo percibían
cuando daban protección en el País Vasco, según las mismas fuentes, con sueldos
que rondarán los 1.200-1.300 euros.
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