Los vigilantes se quejan de que la normativa los deslegitima frente a los infractores
El escándalo de Método 3 ha dado el empujón definitivo a la modificación del reglamento
Los trabajadores del sector se quejan de precariedad e intrusismo laboral
Son las 00.00 en el andén de la madrileña estación de metro de Pacífico. Ya no quedan revisores. Un vigilante de seguridad comprueba en la sala de cámaras que un joven se ha saltado los tornos para evitar pagar el billete. Un compañero recibe el aviso y se acerca al muchacho para indicarle que debe abandonar la estación. "¿Qué dices? Si tú eres un segurata de mierda. No me voy de aquí a menos que venga un madero", le espeta de manera despectiva y finaliza su órdago con un escupitajo. El vigilante no toca a la persona que le está desafiando. Está atado de pies y manos. La normativa estipula que las actuaciones coercitivas de este colectivo deben de regirse por el principio de proporcionalidad. Esto supone que sólo pueden emplear la fuerza en el caso de que sean agredidos. Si el resultado de ese enfrentamiento resulta desigual y el trabajador causa mayores daños al infractor podría ser acusado de abuso de poder.
"Estamos desprotegidos", asegura Ignacio Sanchís [nombre ficticio], un vigilante de 40 años que desarrolla su labor en un supermercado madrileño de la cadena Mercadona. "Los rateros se saben la ley al dedillo. Mejor que tú y que yo. Es habitual que te recuerden cuál es tu sitio a pesar de no tener motivos y estar, encima, cometiendo un falta", manifiesta con hartazgo. Sanchís cuenta un rosario de ocasiones en la que grupos de mujeres que acuden habitualmente al establecimiento para esconder bajo sus faldas latas de salmón, envases de jamón ibérico y otros productos de elevado precio le han indicado que no podía cachearlas. "La ley nos sitúa al mismo nivel que un ciudadano más. Así es imposible hacer nuestro trabajo", protesta. La situación de este gremio contrasta con la de profesores, conductores de autobús o revisores de metro, que en algunas comunidades son autoridad pública.
La ley de seguridad privada no ha sido modificada desde hace más de dos décadas
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recogido el guante. Asegura que la elaboración de la nueva ley de Seguridad Privada esta ya "muy avanzada" y ha reconocido que el reglamento actual está "superado por el tiempo". Eso sí, a principios de noviembre del pasado año ya había hecho unas declaraciones muy similares. Desde APROSER confían en que el momento esté cerca. "El anteproyecto podría estar listo en un par de semanas", aventura uno de sus portavoces.
Los trabajadores son los primeros en lamerse las heridas. La media de edad de los vigilantes ronda los 41 años y su nivel medio de formación está fijado en la Enseñanza Obligatoria, según la información facilitada por APROSER. La veteranía no les libra de la precariedad laboral. La mayoría cobra salarios bajos que se sitúan en torno a los 1.275 euros de media al mes en el caso de España; aunque el base ronda los 870. Otra de las características del sector es su elevada tasa de rotación, que conlleva consecuencias nefastas para el personal.
Hace apenas unos días se ha celebrado la IV Cumbre Europea de Seguridad Privada. El presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), Javier Tabernero, ha aprovechado este marco para solicitar un cambio en la ley de seguridad privada que no se ha modificado desde 1992. "Nuestra normativa ha servido de inspiración a muchos países, tanto europeos como latinoamericanos. Ha permitido avanzar significativamente en la profesionalización del sector con estrictos procesos de autorización de empresas y vigilantes de seguridad. Eso no quita que la ley surgiera desde una profunda desconfianza al sector", desliza. Tabernero recuerda la lucha que tuvo lugar en el Congreso en los días previos a la aprobación de la norma. El sector no logró que su eterna reivindicación fuese incluida en el texto. "Es cierto que entonces desapareció la figura del vigilante jurado y se nos escapó la figura de autoridad, pero las cosas han cambiado. Ahora la seguridad privada está presente de forma palpable en la vida de los ciudadanos. Estamos en los hospitales donde nacen sus hijos, en los colegios donde estudian, en los medios de transporte que utilizamos para desplazarnos y en edificios públicos", argumenta. El secretario general de la asociación, Eduardo Cobas, concreta que un 75% de la población mira con buenos ojos a este sector, según recogen sus sondeos.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recogido el guante. Asegura que la elaboración de la nueva ley de Seguridad Privada esta ya "muy avanzada" y ha reconocido que el reglamento actual está "superado por el tiempo". Eso sí, a principios de noviembre del pasado año ya había hecho unas declaraciones muy similares. Desde APROSER confían en que el momento esté cerca. "El anteproyecto podría estar listo en un par de semanas", aventura uno de sus portavoces.
El reciente escándalo de Método 3 les ha dado el empujón definitivo, puesto que vigilantes y detectives comparten ley. Fernández Díaz adelanta que el documento en el que están trabajando ofrecerá más garantías jurídicas al sector y a los ciudadanos, ya que regulará, controlará y clarificará los servicios que prestan los despachos de detectives. "Es necesaria una estrecha colaboración entre los cuerpos de seguridad del Estado y el sector de seguridad privada", ha admitido el ministro ante la prensa. Los datos respaldan su afirmación. Según los datos de Interior, España cuenta con 207.212 vigilantes de seguridad habilitados que, sólo en 2011, realizaron 1.135.789 servicios. La cifra es prácticamente pareja al número de agentes Públicos. Guardia Civil, Policía Nacional y Local, Mossos D'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral contabilizan una plantilla total de 243.580 funcionarios. "Esto no implica una privatización de la seguridad, sino un esfuerzo por aprovechar los servicios del sector privado", ha puntualizado Fernández Díaz. Sin embargo, el contenido del Libro Blanco de la Seguridad en Europa, incluye objetivos futuros que ponen en tela de juicio esta afirmación.
El ministro de Interior reconoce que los cuerpos de seguridad del Estado requieren la colaboración del sector privado
Este documento elaborado por Marc Cools, profesor de Criminología de la Universidad de Bruselas, dibuja un mercado ferozmente competitivo, que lleva cayendo en picado desde 2009. La estrategia que ha diseñado para evitar que esta deriva continúe, pasa por ocupar nuevos segmentos de mercado que copan puestos de funcionarios públicos. Se menciona la vigilancia de presos en libertad condicional, refuerzo de la seguridad de médicos y farmacéuticos o control de alumnos en centros educativos. Tabernero justifica el avance de su colectivo en este nicho. "España está atravesando una profunda crisis que afecta a la seguridad privada por la situación económica de nuestros clientes. Esto ha contribuido a reducir en poco más de cuatro años nuestra facturación en más de 20 puntos porcentuales. Nos ha obligado a disminuir los márgenes comerciales y a sufrir fuertes retrasos en los pagos", lamenta.
Los trabajadores son los primeros en lamerse las heridas. La media de edad de los vigilantes ronda los 41 años y su nivel medio de formación está fijado en la Enseñanza Obligatoria, según la información facilitada por APROSER. La veteranía no les libra de la precariedad laboral. La mayoría cobra salarios bajos que se sitúan en torno a los 1.275 euros de media al mes en el caso de España; aunque el base ronda los 870. Otra de las características del sector es su elevada tasa de rotación, que conlleva consecuencias nefastas para el personal.
Miguel Arroyo [nombre ficticio], tiene 27 años y lleva adscrito ocho años a una de las cuatro mayores empresas de seguridad que operan en España. Desempeña su labor desde 2010 en las oficinas centrales de una compañía que ha empezado a tener problemas de liquidez. Las subcontratas fueron las primeras en recibir impagos y la empresa de seguridad decidió asumir los costes de las nóminas de sus trabajadores hasta que la situación se hizo insostenible. Después de varios meses, advirtieron a los vigilantes que rompían su relación laboral con su deudor y una pyme pasaba a hacerse cargo de las rondas. Arroyo se teme lo peor: una subrogación.
La adjudicación de la gestión penitenciaria a empresas privadas en casos de arrestos domiciliarios se plantea como un segmento de crecimiento
La normativa contempla que la empresa entrante, está obligada a asumir los contratos adscritos al servicio que se les adjudica, siempre que se acredite una antigüedad mínima en el puesto de siete meses. Esto que podría parecer una garantía para los vigilantes, puede proporcionarles un pase más que probable a la cola del paro. "Nuestra compañía no pudo hacer frente al pufo que le dejó su cliente a pesar de ser fuerte en el sector. Una más pequeña, se irá a la quiebra en poco tiempo y , como consecuencia, todos los subrogados se quedarán en la calle. Es injusto que uno tenga que interrumpir una relación laboral de años porque la normativa lo recoja así. Nos vemos abocados a un futuro negro", censura.
La relación con el cliente no sólo genera dolores de cabeza a la empresa de seguridad. Los propios vigilantes denuncian presiones con asiduidad. "Los supermercados donde trabajo nos exigen un mínimo de intervenciones mensuales. Los jefes de tienda están obsesionados con que justifiquemos nuestro puesto y, algunas veces, me he visto obligado a apuntar cosas que rozan el absurdo para salvar el pellejo", reconoce. Cita situaciones rocambolescas como calificar de mendicidad que un comprador pida dos céntimos en caja a otro cliente para completar el pago de un perfume o considerar comportamiento delictivo que una anciana porte una barra labial gastada sin tique aunque la lleve como muestra para comprar el mismo modelo. Mercadona niega que exista una directriz en la cadena que exija cupos a los vigilantes. "Tenemos contratadas a varias empresas de seguridad en las tiendas, a las que les pedimos que trabajen en la seguridad de jefes y trabajadores”, responde escuetamente una portavoz.
Algunos trabajadores denuncian la imposición de cuotas mínimas de intervención que deben justificarse mensualmente y por escrito
El delegado valenciano del Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad (ATES) puntualiza que el vigilante se encuentra permanentemente en un delicado equilibrio entre el cliente y la empresa. "Las compañías ajenas al mundo de la seguridad no acaban de entender que no somos un gasto, sino una inversión. Una buena vigilancia impide visitas indeseadas, robos, deterioro de las infraestructuras y transmite tranquilidad", defiende. Algunos clientes se resisten a delegar la dirección de este servicio en la empresa de seguridad e imponen a sus propios criterios a los vigilantes. "Es lógico que se preocupen por su negocio, pero la medida es antiproducente", advierte.
Este delegado sindical de ATES lleva más de 20 años trabajando en el traslado de capital en furgones blindados. Es uno de los pocos que lleva arma reglamentaria y no duda en expresar su preocupación por la situación que atraviesan. "Las compañías de seguridad se dan leches por hacer el servicio más barato que su competidor y muchas veces ajustan tanto el lazo que nos vemos desamparados", apunta este sexagenario que prefiere omitir su nombre. "Los walkie-talkies que usamos son antiquísimos y fallan mucho. No nos podemos permitir estar incomunicados. Llevamos mucha responsabilidad sobre los hombros", denuncia. Su sueldo mileurista no da para muchos lujos, pero al cliente sigue pareciéndole excesivo. "Cada vez hay más compañías que están sustituyendo a los vigilantes por auxiliares de seguridad que no cuentan con nuestra formación. Estos chicos no pueden intervenir, deberían limitarse a hacer la ronda y ser supervisados por un vigilante pero, en la práctica, los suplantan", crítica. El delegado sindical pide a Interior algo más que ser reconocido como figura de autoridad. "Necesitamos que se acabe con el intrusismo y la precariedad, por nosotros y por la seguridad de la gente", reivindica.
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