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lunes, 20 de agosto de 2018

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Los 'grandes' sindicatos desinflan la huelga de los empleados de seguridad en el aeropuerto de Barajas

 
Habrá huelga en Barajas si nada lo evita. Aunque las organizaciones sindicales mayoritarias UGT, CCOO, USO y el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad Ates-Sam no la secundarán, Alternativa Sindical sigue adelante con su convocatoria.
Esa fue la conclusión derivada del acto de ayer en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima), en el que no hubo «avenencia» con la empresa Ilunion, la actual concesionaria del servicio de los controles de seguridad de pasajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Tras el intento frustrado de alcanzar un acuerdo, el día 24 comenzarán los paros que ha propuesto Alternativa Sindical junto a la Asociación de Vigilantes Aeroportuarios de Barajas (AVA). Este sindicato, que afirma representar al 20% de estos empleados en Barajas, denuncia que no se están pagando los pluses de radioscopia, rotación y productividad, que el Ministerio de Fomento pactó con la patronal para mejorar las condiciones de los vigilantes tras el caos acontecido con la empleados de Eulen hace un año en el aeropuerto de El Prat.
Ilunion, por su parte, afirma que lo que reclama Alternativa es que se les paguen los pluses «a mes en curso», cuando la empresa entiende que, conforme al convenido colectivo alcanzado el septiembre pasado, «todo lo variable se puede pagar a mes vencido». «El salario lo abonamos un par de días antes de acabar el mes y las variables a mes vencido», explica su director de Relaciones Laborales, José Velasco. «Vamos a abonar desde el 1 de julio los pluses, pero a mes vencido». Hace poco más de un mes que Ilunion se hizo cargo de la seguridad privada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, por 58,2 millones, tras sacarla el gestor aeroportuario Aena a concurso. Hasta el 30 de junio la concesionaria en los controles fue Prosegur, cuyos trabajadores al final del verano pasado también anunciaron conatos de huelga.
Velasco afirma que están «preocupados por la imagen que se da a la ciudadanía, con una alerta 4 antiterrorista (igual que el año pasado en Barcelona) y en pleno agosto». Consideran que es «una medida abusiva», y recuerda que de los 32 aeropuertos afectados por pluses -del total de 49 de la red de Aena- sólo nos han convocado a nosotros». Está previsto que la huelga se alargue inicialmente durante 10 jornadas. Así los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros que apoyen a Alternativa Sindical están convocados a parar entre las 5 de la madrugada y las dos del mediodía desde el próximo viernes hasta el lunes 3 de septiembre.
El resto de sindicatos no van por esta vía, especialmente después de la firma del convenio que recoge el pago de estos pluses y que UGT y CCOO firmaron con Fomento. «No rubricamos ese convenio porque no teníamos claro cómo se iban a cobrar realmente esos pluses», afirma USO. Por ello ha «denunciado en el Sima a todas las empresas que trabajan en aeropuertos -no sólo a Ilunion-, para clarificar cómo se van a pagar». Las reuniones se celebrarán la semana que viene. «Antes de eso no nos podemos plantear una huelga, que debe ser la última medida», afirma su portavoz Basilio Alberto.
USO, no tiene representación en Madrid como sindicato en Ilunion, pero sí cuenta con ella en los aeropuertos de El Prat y Santander, que Alternativa anunció el jueves podrían sumarse a los paros. Considera USO que en el improbable caso de que esto derivara en una «huelga en toda España al día siguiente Fomento se sentaría a clarificar el tema». No obstante, una «demanda de cantidad» podría ser la solución para este asunto, según el responsable del área de Servicios de la federación CCOO, Santiago Cubero. Constata no obstante, que ellos no están recibiendo este tipo de reclamaciones por parte de los trabajadores».
 
 
Sindicato Profesional Vigilantes

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domingo, 15 de julio de 2018

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IBIZA: El personal de seguridad del aeropuerto irá a la huelga indefinida a partir del día 20

La reunión se alargó durante más de cuatro horas, pero no hubo acuerdo entre empleados y empresa.
 
El personal de seguridad privada del aeropuerto de Ibiza confirmó ayer que iniciará una huelga indefinida a partir del día 20 de julio tras no alcanzarse ayer por la mañana un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib). Tras una reunión de casi cuatro horas con responsables de la actual concesionaria, Trablisa, los trabajadores, afirmaron que la empresa «no quería negociar» y han querido declarar la huelga ilegal «con argumentos que no tenían razón de ser».
 
Los trabajadores participantes en la reunión en el Tamib explicaron que desde la empresa venían a «asustar y presionar» y recordaron que la huelga será convocada desde CCOO a través de la Federación de Construcción y Servicios. «No han cedido en nada», precisaron, confiando en que intercedan en el conflicto desde el Consell d’Eivissa o Delegación del Gobierno, a quienes han pedido que en la negociación de los servicios mínimos medien «porque la empresa pide un 90 por ciento de servicios mínimos», mientras que ellos han solicitado el 50 por ciento. «Se solicita que se cumpla la ley esos días, que no se dejen hacer jornadas de más de nueve horas o turnos que no estén en el cuadrante», expresaron los trabajadores. Cabe recordar que la temporada pasada, los trabajadores protagonizaron ocho días de huelga en protesta por su situación laboral.
 
El personal de seguridad pide disculpas por adelantado a los usuarios, recordando que «toda su precariedad repercute en la seguridad». «Tanta seguridad para que después una persona esté 16 horas durante cuatro días seguidos trabajando», lamentaron.  Entre otras reivindicaciones, afirmaron que la nueva concesionaria no paga los pluses de productividad a los trabajadores eventuales y ha eliminado la persona responsable de los cuadrantes. También denunciaron «cambios constantes» en los turnos.
La huelga viene motivada, además, por los excesos de las cargas de laborales que obligan a trabajadores y trabajadoras de la empresa Trablisa a mantener jornadas laborales que pueden superar las 12 horas continuadas. Para la Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Baleares, la empresa «ha precarizado las condiciones de trabajo» del servicio de vigilancia y seguridad del Aeropuerto de Ibiza hasta «límites inaceptables». Estas cargas laborales son fruto, entre otras circunstancias, de la falta de personal en las plantillas, reiteraron.
 
Igualmente, CCOO denunció la «excesiva» carga laboral del personal femenino por la falta de paridad en la plantilla, lo cual conlleva, entre otras cosas, no poder optar a ocupar un puesto de trabajo en escáner y no acceder a cobrar el plus. Desde el sindicato precisaron que es «incomprensible y vergonzante» que una empresa como Aena, que genera beneficios «multimillonarios», consienta que los trabajadores de las empresas que subcontratan sufran estas situaciones de precariedad.
 
Sindicato Profesional Vigilantes

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miércoles, 18 de abril de 2018

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Una vigilante del aeropuerto de Palma denuncia sentirse discriminada por ser mujer

Polémica en el servicio de seguridad privada del aeropuerto de Son Sant Joan.
Una vigilante que ejerce sus funciones profesionales en la terminal aeroportuaria ha interpuesto una denuncia contra su empresa al sentirse discriminada por el hecho de ser mujer. El sindicato Alternativa Sindical informa que la empresa no concede el derecho a realizar cambios de turno entre compañeros, como así lo especifica el convenio.
«No conformándose con la denegación de la solicitud de un turno en tiempo y forma, justifica por escrito la empresa que no se pueden realizar cambios de turno entre hombres y mujeres, poniendo en riesgo la conciliación familiar y las obligaciones familiares», señala el sindicato.
Del mismo modo, también se aporta a la denuncia correos supuestamente discriminatorios y autoritarios justificados por razón de sexo. El sindicato considera «inaceptable» el trato que reciben las mujeres por el hecho de serlo.

Fuente:  https://ultimahora.es
 
 
Sindicato Profesional Vigilantes

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miércoles, 7 de marzo de 2018

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Confirman el despido de un guardia del aeropuerto por apropiarse de un reloj

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado el despido de un empleado de seguridad del aeropuerto de Palma por quedarse con un reloj que se le cayó a una pasajera tras pasar el filtro de control.
La sala de los social del TSJIB considera justificado que la empresa echara por infracción muy grave a un trabajador que dio una patada para ocultar a sus compañeros el reloj que se le había caído de una bandeja a una mujer que acababa de pasar por el arco de seguridad de Son Sant Joan.
Además, ratifica la sentencia dictada en primera instancia por un juzgado de los social de Palma en el sentido de que en un primer momento, cuando la dueña del reloj volvió atrás a reclamarlo, él negó saber nada del objeto y que más tarde, delatado por las grabaciones de las cámaras de seguridad, explicó que sí lo había encontrado y que lo dejó sobre el teclado del monitor de radioscopia y no volvió a verlo.
El sindicato al que estaba afiliado el despedido recurrió a la justicia contra la decisión de la empresa, pero el TSJIB ha considerado que la expulsión del trabajador tras más de diez años prestando servicios a la compañía está justificada porque infringió gravemente su contrato y el protocolo que rige sus funciones.
Se considera probado que en la mañana del 30 de noviembre, el reloj de una pasajera alemana cayó al suelo sin que ella se diera cuenta, el vigilante lo observó y le dio una patada para dejarlo debajo del monitor de radioscopia, de donde lo recogió poco después aprovechando que cambiaba de tarea.
Poco después pidió ir al baño, y a la vuelta, una vez la pasajera advirtió de la pérdida a la Guardia Civil y los agentes preguntaron en el filtro, él negó saber nada del reloj.
Cuando los guardias civiles responsables del filtro de seguridad visionaron las imágenes grabadas en la zona comprobaron lo que había hecho el guardia privado y le detuvieron, y fue entonces cuando admitió haber encontrado el reloj aunque siguió negando que se lo hubiese quedado y dijo que si se agachó fue para coger una moneda, según recoge la sentencia.
En su demanda, el sindicato del despedido alegó que no se le había informado, como corresponde cuando se adopta una medida disciplinaria con un afiliado, pero el TSJIB ha subrayado que la compañía comunicó la sanción al comité de empresa y que, además, no sabía que el sancionado estaba adscrito a un sindicato.
También alegaba la parte recurrente que el despido era una sanción desproporcionada para los hechos, a lo que el tribunal replica que efectivamente el guardia de seguridad trasgredió "la buena fe contractual" y abusó de la confianza de su empresa.
Entiende asimismo que ha de considerarse que "la profesión desarrollada por el trabajador" agrava la valoración de su conducta, puesto que estaba entre sus funciones el control de los objetos, que en caso de pérdida debían ponerse bajo custodia de la Guardia Civil.
 
Sindicato Profesional Vigilantes

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lunes, 4 de septiembre de 2017

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Los vigilantes de seguridad de El Prat dicen que no se está cumpliendo el laudo y convocan otra huelga

En una decisión rotunda y unánime, los trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat acordaron ayer la convocatoria de una nueva huelga que empezará en las instalaciones el próximo viernes 6 de octubre.
La nueva exigencia de los huelguistas es que se cumpla el laudo obligatorio publicado la semana anterior. «Aunque no queremos este laudo, sí pedimos que se cumpla porque es lo que se nos ha prometido», afirmó el asesor del comité de huelga de los vigilantes de Eulen en El Prat, Juan Carlos Giménez. «Nuestra situación es ahora peor que cuando empezamos», añadió.
La plantilla considera que el laudo arbitral empeora las condiciones de la propuesta acordada por el gestor aeroportuario Aena, el Departamento de Trabajo de la Generalitat y la dirección de Eulen. «No nos gusta nada pero exigimos su cumplimiento porque estamos mucho más presionados que hace dos meses, sin prácticamente poder ausentarnos tres minutos para ir al baño», explicó un empleado.
Con esta segunda oleada de paros, los trabajadores de la concesionaria Eulen denuncian que sus actuales condiciones de trabajo, impuestas por un árbitro designado por el Gobierno, han empeorado respecto a las que los llevó a iniciar, el pasado 24 de julio, el conflicto laboral que sumió El Prat en el caos, con largas esperas de pasajeros durante 20 días, hasta que la Guardia Civil tomó el control de los filtros.
Giménez admitió que «es increíble» que los trabajadores exijan el cumplimiento de un laudo obligatorio contra el que ayer votaron unánimemente los 115 asistentes a una asamblea que terminó a las 18.00 horas en un equipamiento municipal de El Prat de Llobregat. «Queremos que se cumpla aquello que no queremos pero que es a lo único a lo que nos podemos acoger y que no se está cumpliendo», manifestó Giménez al término de una asamblea en la que los empleados denunciaron que su día a día es hoy «mucho peor» que al inicio de las movilizaciones.
Con idéntica unidad, la plantilla secundó una nueva huelga en protesta contra el «incumplimiento» de todos los puntos del laudo, en concreto con los que garantizan pausas para comer o para ir al lavabo durante su jornada laboral.
Con un mes por delante para la anunciada huelga, el comité reclama que el gestor aeroportuario Aena vuelva a sentarse en la mesa de negociación de un conflicto del que, dicen, no van «a permitir que vuelva a irse de rositas». La plantilla exige que Aena «dé soluciones» y que aporte «garantías de que va a respetar las mejoras que incluye el convenio para que algo así no pueda volver a pasar en el futuro».
Los nuevos paros, que arrancarán el primer viernes de octubre, serán inicialmente parciales y semanales pero el comité de huelga anunció que podrán convertirse en totales y diarios. La huelga prevista para este viernes quedó desconvocada en tanto que Eulen retiró los despidos y las sanciones a los empleados, tal y como establecía el laudo.
La plantilla se manifestará en las calles de Madrid el próximo 27 de septiembre a favor del cumplimiento del convenio nacional de vigilantes de seguridad privada.

Fuente: elmundo.es
 
Sindicato Profesional Vigilantes

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jueves, 31 de agosto de 2017

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El laudo arbitral obliga a Eulen a anular las represalias contra los vigilantes

La decisión podría suponer la suspensión de la nueva huelga convocada por los despidos.
El fallo de Marcos Peña establece una subida salarial de 200 euros al mes.
El conflicto de los vigilantes del aeropuerto de El Prat podría estar muy cerca de su desenlace final. El laudo obligatorio dictado este jueves por el árbitro nombrado por Gobierno ha anulado las despidos y expedientes abiertos por la empresa a cuatro vigilantes del aeropuerto de El Prat. Una decisión que podría evitar la nueva huelga contra estas represalias de la empresa que iba a iniciarse el próximo 8 de septiembre.
El árbitro, Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES) y mediador en el reciente conflicto de la estiba, deja muy claro en el texto que quedarán "sin efecto, a partir de esta misma fecha, las sanciones impuestas y los expedientes iniciados".  También añade, y es esto es muy importante, que de cara al futuro ambas partes "no deberán adoptar nuevas medidas de conflicto y huelga relacionadas con las materias del laudo".  Por si no quedaba suficientemente claro, el texto especifica que entre las materias relacionados con el laudo figuran las sanciones. La precisión es importante porque el temor de los trabajadores es que una vez anuladas los despidos, Eulen ejecute otros, ya que dispone de un plazo de 60 días para hacerlo.

Asamblea el lunes 

Los vigilantes se reunirán el próximo lunes en asamblea para valorar las consecuencias del laudo, según el asesor jurídico del comité de huelga, Juan Carlos Giménez. Hasta entonces no se sabrá si desconvocan la huelga. Fuentes cercanas a la representación sindical han advertido de un temor: la empresa podría ejecutar despidos alegando otros motivos que los de la huelga para eludir el veto del laudo.
El presidente de Eulen para España y Portugal, Emilio García, tras recibir el sobre con el laudo de manos del árbitro ha asegurado --sin todavía saber el contenido del documento-- que la compañía "acatará la decisión", sea cual sea.
En la parte salarial del conflicto, el laudo fija la subida salarial en 200 euros al mes, a través de un complemento salarial. El mismo aumento propuesto por el mediador de la Generalitat, que fue aceptado por la dirección de la empresa y rechazado por la asamblea de los trabajadores.
Para el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el laudo "pone fin al conflicto y devolverá la normalidad al aeropuerto". "Nadie entendería que no fuera así, ha dicho el ministro", quien ha apelado a la responsabilidad de todas las partes.

Cinco vigilantes por filtro

Sobre el contenido del laudo, De la Serna ha destacado que, desde el punto de vista organizativo, se ciñe casi literalmente al contenido de la propuesta de medicación formulada por la Generalitat, por ejemplo en materia de formación en radioscopia o la incorporación de un quinto vigilante por filtro.
En la parte salarial, sin embaego, elimina la cláusula en la que establecía que el complemento de 200 euros no podía ser absorbible ni compensable por los complementos que pudieran establecerse en las negociaciones del convenio sectorial.
Esta diferencia "relevante y muy significativa" para el ministro evita que los trabajadores del El Prat puedan estar sistemáticamente por encima de convenio.
Es decir, que si por convenio se establece que los sueldos subirán 200 euros al mes, los empleados afectados por el laudo no verán aumentar su salario en 400 euros (200 del laudo más 200 por convenio), como sí habría ocurrido en caso de haberse aceptado la propuesta del mediador.

Un mes sin intervenir 

El conflicto se inició el pasado julio al romperse las negociaciones entre la empresa y los trabajadores. La huelga encubierta y luego oficial declaradas por estos causó largísimas colas en los puestos de control sin que el Gobierno interviniera hasta mediados de agosto con el refuerzo de la Guardia Civil que devolvió a la términales barcelonesas a la normalidad. Los salarios del sector de la seguridad privada se había desplomado al aprovechar algunas empresas la posibilidad que les abrió la reforma laboral.
 
 
 
 
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miércoles, 16 de agosto de 2017

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El arbitraje puede tardar hasta un año en resolver el conflicto de El Prat

El impulso del Gobierno a un laudo de arbitraje obligatorio no significa que el conflicto entre los trabajadores de Eulen y la empresa de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat se resuelva en breve. De hecho, los antecedentes demuestran que el proceso se puede alargar un año o más. Es el caso del enfrentamiento entre Iberia y sus pilotos en 2011, que se inició con huelgas en diciembre de aquel año y al que le siguieron dos laudos, uno en abril de 2012 y otro de diciembre, que para más inri fueron anulados posteriormente por la Justicia.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó el lunes que "no hay un plazo concreto" de arbitraje y propuesta de laudo, pero que se hará con la mayor celeridad posible. Por contra, desde el comité de huelga de los trabajadores de Eulen tildaron de "ilegal" el laudo arbitral porque la seguridad del aeropuerto "no está en peligro" y se están cumpliendo los servicios mínimos de la huelga indefinida iniciada el lunes, fijados en el 90% del servicio de los controles de acceso a las instalaciones aeroportuarias de la capital catalana.
En declaraciones a RNE, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, expuso que los trabajadores siempre están dispuestos a sentarse a negociar, pero reprochó al Gobierno que "ordene" en vez de "sentarse a hablar; que es lo que hay que hacer y no imponer". "El Gobierno utiliza las leyes como quiere cuando quiere. En este caso se demostrará que el laudo es ilegal y se lo tumbarán judicialmente", advirtió.

Normalidad en los accesos

El segundo día de huelga de 24 horas en El Prat se desarrolló con normalidad, igual que el primero, de forma que el tiempo máximo de espera para pasar el control de seguridad fue de 20 minutos. El cambio respecto a los paros parciales anteriores es una mayor presencia de la Guardia Civil, lo que no ha sentado bien a los huelguistas.
Giménez reprochó : "La Guardia Civil está encima de cualquier movimiento que los trabajadores hagan y tienen una presión añadida a la que ya tenían porque la Guardia Civil están encima de su trabajo constantemente". Habló de un nivel de tensión "increíble" y reivindicó que "la única manera de solucionar un problema es sentándose porque no van a tener a la Guardia Civil toda la vida detrás de los vigilantes". El ministro de Fomento defendió al cuerpo policial y aseguró que "no ha habido ningún problema con los trabajadores ni lo habrá".

Cumplimiento obligatorio

Al margen de las posibles demandas judiciales contra el laudo de arbitraje obligatorio que quiere impulsar el Gobierno hoy en Consejo de Ministros extraordinario, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para la resolución de conflictos incide en que, como su nombre indica, es "absolutamente obligatorio" cumplir con el laudo arbitral que derive del arbitraje interpuesto por el Gobierno.
En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora del SIMA, Beatriz Losada, explicó que, en el caso del laudo obligatorio que derive de una autoridad externa -un árbitro independiente designado por el Gobierno en el caso de que no haya acuerdo por las partes-, es "igualmente obligatorio, absolutamente obligatorio, y las partes deben someterse a él".
Desde el SIMA añadieron que tanto la representación legal de los trabajadores como la de las empresas "deben respetar el contenido del laudo" y que si éste se incumple, por ejemplo, sin dar por finalizada la huelga, "será ilegal y tendrá otras consecuencias".
El decreto de 1977 y revisado por el Tribunal Constitucional en 1981 que regula este tipo de arbitraje obligatorio dice que el Gobierno podrá imponer un arbitraje obligatorio por la duración o consecuencias de una huelga debido a la posición de las partes o la transcendencia para la economía nacional.
 
 
 
 
Sindicato Profesional Vigilantes

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martes, 15 de agosto de 2017

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El Gobierno ‘militariza’ los controles del Prat y puentea el derecho de huelga


El Gobierno ha recurrido a la Guardia Civil para hacer frente a la huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barcelona de la empresa privada Eulen. Los agentes, que son militares, se han hecho con el control de la seguridad en los arcos, tanto de los pasajeros como de los equipajes mientras los trabajadores deben cumplir unos servicios mínimos del 90%.
La medida es polémica, no en vano los 350 trabajadores de Eulen encargados de los arcos de seguridad ejercen un derecho fundamental en su primera jornada de huelga indefinida tras sucesivas protestas parciales ejercidas en semanas anteriores.
La huelga se ha convocado en pleno puente de agosto, cuando se prevé que 91.800 pasajeros salgan del aeropuerto de El Prat sólo este lunes en los 500 vuelos programados de salida desde el citado aeropuerto.
Los agentes del instituto armado están presentes en los filtros de control de pasajeros y comparten con los empleados de Eulen tareas ejecutivas y no sólo de vigilancia, como solían hacer antes de los paros, según se aprecia esta mañana en la Terminal 1 del aeropuerto, informa Efe.
En los controles se aprecia la presencia de un par de agentes de la Guardia Civil en cada filtro, donde llevan a cabo tareas como revisión de equipajes de mano -para asegurar que no se transporta ningún objeto prohibido-, petición de la documentación de embarque y control del pase por el arco de seguridad.
Fuentes del aeropuerto de El Prat aseguran que, a partir de las 9.00 horas, se puede hablar incluso de "normalidad", ya que los tiempos de espera son de unos 10 minutos, mientras que en las horas previas oscilaban en los 20 minutos.
Los pasajeros realizan colas sin aglomeraciones, mientras que en los días de más afectación del conflicto atravesaban el vestíbulo y llegaban casi a las puertas de salida de la terminal.
La Delegación del Gobierno fijó en un 90% el servicio mínimo que deben cumplir los huelguistas, para garantizar los servicios esenciales, de tal manera que los guardias civiles se han colocado en cada arco de seguridad para asegurar su cumplimiento.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil criticó que el Ejecutivo "haga uso de unos funcionarios carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva" para "solventar" un problema que ha creado con la "privatización de la seguridad pública" en los aeropuertos y en otros sectores, como los centros penitenciarios.
"Ya habíamos advertido sobre las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública", subrayó la AUGC cuando estalló este conflicto al tiempo que recordó que "la plantilla de la Guardia Civil se encuentra bajo mínimos".

El Gobierno planea un órdago

Los aviones despegan sin incidencias desde primera hora de la mañana, mientras el Gobierno prevé lanzar un órdago a los huelguistas con la imposición de un laudo arbitral obligatorio.
El abogado de los trabajadores, Leopoldo García Quinteiro, considera "abusivos" los servicios mínimos fijados ante esta huelga indefinida.
Además, criticó el laudo arbitral obligatorio que pretende el Gobierno para doblegar a los huelguistas: "Mientras no se quiebren los servicios mínimos no se puede ir al arbitraje obligatorio", ha destacado el letrado quien apunta que esta fórmula surgió de "una ley franquista" cuyo "vigor ha quedado claramente desautorizado por las sentencias del Tribunal Constitucional".
"La imposición del arbitraje obligatorio es una anomalía absoluta y un atentado directo al derecho fundamental a la huelga", denunció: los servicios mínimos "se van a cumplir", como "se han cumplido escrupulosamente" hasta ahora.

Privatización de AENA y de su seguridad

Se da la circunstancia de que los guardias civiles se encargaban de los controles de seguridad de los aeropuertos hasta que el Gobierno decidió privatizar la seguridad pública.
La empresa propietaria del aeropuerto y responsable de sus servicios es AENA, propiedad del Estado en un 51% de su capital. El otro 49% de la sociedad fue privatizado en febrero de 2015.
Los trabajadores de Eulen rechazaron este domingo por votación la propuesta de mediación presentada por la Generalitat y que incluía un aumento salarial de 200 euros por doce pagas, lo que evitó que se pudiera cerrar el conflicto que se arrastra desde hace ya más de tres semanas y con paros parciales.
AENA ganó en el año 2016 1.164 millones de euros, lo que supuso un 40% más de incremento respecto al año anterior.Mientras, el Grupo Eulen ganó 14 millones de euros en 2016, un 65% más.
Ambas empresas han rechazado que fuera temeraria la oferta con la que Eulen ganó el concurso para el control de seguridad del aeropuerto.
Eulen se hizo con la subcontratación de la seguridad de las puertas de embarque en El Prat al realizar una oferta de un 2% inferior a Prosegur, que se encargaba de estas tareas hasta entonces después de que la Guardia Civil fuera apartada de estas funciones
Las colas más importantes se han vivido esta madrugada, antes de las 6.00 horas, y se deben, en gran parte, a que a esa hora sólo hay un filtro de seguridad abierto, y además los pasajeros tienden estos días a adelantar mucho su llegada al aeropuerto de El Prat para evitar perder sus vuelos por las demoras en los puntos de control de seguridad.

Fuente:  http://www.publico.es
 
 
 
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domingo, 13 de agosto de 2017

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Los vigilantes de El Prat rechazan el acuerdo y mantienen la huelga indefinida a partir del lunes

El 'no' se ha impuesto de forma masiva, con 150 votos frente a 36 del 'sí' y un voto nulo.
 
Recuento de votos en la asamblea de los vigilantes de El Prat.
 
Los vigilantes de seguridad de El Prat han rechazado esta tarde el acuerdo ofrecido por la Generalitat y han decidido mantener la convocatoria de huelga indefinida en el aeropuerto de Barcelona, que comienza este mismo lunes, en pleno puente de agosto. Pese al ultimátum lanzado por el Gobierno central, los trabajadores han votado no al aumento salarial aceptado por Eulen _un complemento de hasta 200 euros al mes en 12 pagas_ y mantienen el pulso, que amenaza con provocar una situación de colapso en El Prat. En la asamblea han participado 187 de los 350 empleados de los controles de seguridad. El no se impuso de forma masiva, con 150 votos frente a 36 del sí y un voto nulo.
Con la votación, se abre ahora un panorama incierto. En primer lugar, para los pasajeros de El Prat, que desde el pasado 24 de julio sufren las consecuencias del conflicto laboral y han tenido que soportar largas colas en los controles de seguridad del aeropuerto. Ahora, esos pasajeros afrontan no ya paros parciales, sino una huelga indefinida en una de las épocas del año con mayor tráfico aéreo. En segundo lugar, para el Gobierno, que deberá gestionar a partir de ahora no ya unos paros parciales, sino una huelga indefinida.
 
Las consecuencias también las afrontarán los propios trabajadores, que seguirán buscando mejoras a sus condiciones pero con una espada de Damocles sobre la cabeza: la advertencia del ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, de que si triunfaba el no el Ejecutivo impulsaría un laudo arbitral para obligar a los trabajadores a ocupar sus puestos de trabajo. De la Serna también ha advertido de que, si se mantiene la huelga, la Guardia Civil se hará cargo de los filtros de seguridad en las dos terminales del segundo aeropuerto español.
Las amenazas de De la Serna no han servido para calmar el ánimo de los vigilantes de seguridad, sino más bien lo contrario. “La actitud del ministro ha sido arrogante, sus amenazas están fuera de lugar”, ha valorad Leopoldo García Quinteiro, abogado del comité de huelga de Eulen, al término de la votación, que se ha producido en un centro cívico de El Prat de Llobregat cercano al aeropuerto. Por la mañana, en plena incertidumbre por los resultados, Puri Infante, miembro del comité de huelga, había advertido ya sobre las “coacciones” del ministro: “Esto se podría haber solucionado mucho antes. Ahora [De la Serna] se preocupa por tumbar una huelga, que es un derecho constitucional”.
 
El pasado jueves, los trabajadores rechazaron ya la propuesta ofrecida por la Generalitat -que ejerce de mediadora en el conflicto- en su aspecto económico. La propuesta supone un incremento salarial de 200 euros al mes en 12 pagas. Fuentes del comité, sin embargo, señalan que esa es solo una parte de la verdad. En especial, para los vigilantes veteranos, que según ese acuerdo ven suprimidos dos pluses que cobraban cuando fueron contratados por Prosegur. En junio del año pasado, Aena adjudicó a otra empresa, la multinacional Eulen, el control de seguridad en el aeropuerto.
Los trabajadores subrogados de Prosegur -que tenían mejores condiciones laborales con esa compañía- son los que han decantado el sentido de la votación. Muchos de ellos ocupan su puesto en el aeropuerto desde 2009, cuando se inauguró la nueva terminal, la T1. Es el caso de Francesca, que por la tarde se acercó al centro cívico para anunciar su voto negativo. “Lo de los 200 euros se ha explicado mal. Al quitarnos los pluses de Aena, el aumento en realidad es de 100 euros brutos. Así que no vale la pena”, explicó la vigilante, que aseguró no tener “ningún miedo” al ultimátum lanzado por el Gobierno.
La votación clave de hoy ha coincidido con una nueva jornada de paros parciales (la quinta). Las colas en los controles de seguridad esta mañana, sin embargo, han sido menores que en días precedentes. Los pasajeros tuvieron que esperar un máximo de 30 minutos para atravesar el arco de seguridad en las dos terminales (T1 y T2) del segundo aeropuerto español. Una de las causas de esa relativa tranquilidad pese a la huelga fue la presencia -cada vez más ostentosa- de agentes de la Guardia Civil, que desarrollaron tareas de control de equipajes y supervisaron las tarjetas de embarque junto al personal privado de Eulen.
Como ha sido habitual desde que estalló el conflicto laboral -el 24 de julio-, la mayor concentración de pasajeros se ha producido a primerísima hora de la mañana. Conscientes de que podrían producirse retenciones, los viajeros se presentaron en las terminales con más de las dos horas de antelación aconsejadas. Esa precaución extrema, unida al elevado tráfico aéreo propio de un fin de semana de agosto, provocó colas voluminosas a las cinco de la mañana. El tráfico, además, no para de crecer en El Prat: 22,1 millones de pasajeros (un 8,5% más) en el primer semestre del año, según dio a conocer ayer el Consejo Internacional de Aeropuertos.
 
 
 
 
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Eulen hará huelga total en El Prat

Los empleados rechazan la oferta de la Generalitat.
 
Habrá huelga total en el aeropuerto de El Prat. Los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona han decidido esta tarde rechazar la oferta de mediación (36 votos a favor y 150 en contra) que la Generalitat puso sobre la mesa y que rechazaron inicialmente el pasado jueves. Los empleados de Eulen han dedicado la jornada a analizar los pros y contras de la decisión que tomaron el viernes, a la vista de que el Ministerio de Fomento ha amenazado con poner fin a este conflicto laboral con la imposición de un laudo de obligado cumplimiento, que podría comportar un incremento de sueldo y de plantilla incluso menor que el que propuso la Generalitat con su mediación. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se pronunciará a partir de las 19.30 sobre la decisión de la plantilla de Eulen.
De la Serna, ya había advertido que la asamblea era "la última oportunidad" que tenían los trabajadores de Eulen, responsables de los controles de seguridad de El Prat, para aceptar la oferta de mediación. Es decir, todo indica que no habrá más negociaciones.
La jornada decisiva de hoy ha coincidido con un nuevo día de paros parciales en el aeropuerto, que se han traducido en colas de alrededor de media hora en la T1 hacia las cinco de la mañana, aunque luego han disminuido y a media mañana la situación era de normalidad, según fuentes del aeropuerto. Una de las explicaciones de la normalidad relativa en buena parte de la jornada es la puesta en marcha por parte del Gobierno del dispositivo especial de la Guardia Civil para reforzar las líneas de control en el aeropuerto. Los agentes se han incrustado en los puestos de control y han evitado que los vigilantes hagan huelga de celo en las franjas horarias en que no había convocados paros parciales.

La oferta

La oferta que planteaba la mediación de la Generalitat prevé un complemento de 200 euros al mes por 12 pagas y otras medidas organizativas.
En la primera asamblea, para sorpresa de las administraciones, fueron incluidas, además de la propuesta de la Generalitat, la del comité de empresa y otras dos opciones intermedias, y finalmente se impuso una de estas últimas que reclamaba un aumento salarial de 250 euros en 15 pagas.
El asesor del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, se había mostrado escéptico respecto a un cambio de opinión de la asamblea de trabajadores y había asegurado que ve más factible que vuelva a ganar el no.

Fuente:  http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170813/huelga-eulen-aeropuerto-prat-votacion-asamblea-guardia-civil-6221720
 
 
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viernes, 11 de agosto de 2017

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Así es la guerra sindical entre vigilantes que impide parar la huelga de El Prat

Es la guerra sindical soterrada entre vigilantes de seguridad que impide poner fin a la huelga del personal de Eulen en El Prat. Dos sindicatos que tienden a la izquierda y derecha extremas, PROU y ADN, han puenteado al comité de empresa. Han rechazado las propuestas de mediación y cronificado el conflicto, hasta el punto de que el Gobierno amaga con militarizar los arcos del aeropuerto de Barcelona.
La desaparición de los grandes sindicatos, el amateurismo de los líderes de la huelga y las nefastas condiciones laborales dibujan un panorama en el que el conflicto se enquista porque, como denunciaron ayer las administraciones, las empresas implicadas pueden quedarse sin interlocutores. Como los trabajadores, que debían votar la propuesta de mediación de la Generalitat y votaron cuatro.

Asesor y sindicalista

En el epicentro del conflicto laboral está un hombre. Juan Carlos Giménez, presidente de la Plataforma de Representació Obrera Unitària (PROU). Se vende como asesor del comité de huelga, pero reúne otras características.
Una, que no es solo asesor, sino que fundó [ver aquí] el sindicato en 2013 asesorado por Leopoldo García Quinteiro, un conocido abogado laboralista que "le sacó una sanción en el pasado", aseguran fuentes conocedoras de la situación.
Quinteiro, la sombra de Giménez, es un letrado gallego con despacho en la calle Balmes de Barcelona y muy conocido de los juzgados de lo social de la ciudad. Defendió, a entre otros, a cuatro trabajadores de Panrico a los que la empresa despidió tras publicar una caricatura vejatoria. Lo llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Perdió [ver aquí].

Un soberanista con sindicato propio

Giménez soslaya más datos. Es liberado sindical de la empresa de furgones blindados Loomis. "Se lleva muy bien con el director de la firma de reparto en Cataluña. No trabaja en El Prat, por supuesto", explican otras fuentes consultadas.
"Es un exafiliado del SIPVS-Catalunya, una agrupación de la seguridad privada que sí está acostumbrada a negociar en serio. Salió rebotado de allí y montó su propia plataforma", explican otras fuentes.

¿Qué tendencia tiene Giménez? "PROU es de izquierda que flirtea con lo radical. Su presidente es soberanista", describen otras fuentes próximas.
Entonces, ¿manipula el independentismo la huelga de El Prat? "No. El 95% de vigilantes son constitucionalistas. Cuando el 29 de junio hubo una concentración ante Foment del Treball por un convenio digno, ningún sindicato llevó banderas. PROU sacó enseñas rojas y se les advirtió", recuerda uno de los presentes.

'Puentean' al comité

Todo ello pueden ser datos menores. Lo sustantivo es que Giménez es el cerebro de la huelga de seguridad El Prat, que comenzó, paradójicamente, con una negociación.
"Cataluña tiene unas 200 empresas de seguridad. Muchas de ellas tienen déficit de personal, por lo que ofrecen extras como incentivo para ampliar sus plantillas. En Eulen-El Prat pasó exactamente eso".
"La empresa, que ganó la concesión en 2016, se encontró a principios del verano con 50 empleados menos de los que necesitaba. El comité de empresa empezó a negociar. Eulen, que ahora todo el mundo demoniza, ofreció pluses para fichar a refuerzos", explican directivos del sector.
PROU vio en esa necesidad un filón. Puenteó al comité de empresa con una recogida de firmas y una entrada en el registro de huelga. "Buscaba ganar más representación, ya que sólo tiene dos delegados. Fue la típica maniobra sindical sucia", ilustran otras fuentes.

Interlocutor

El quiebro de Giménez al comité funcionó. Pasó a ser el legítimo negociador con Eulen-Barcelona y evitó a SPS, SIPVS-Catalunya, USOC y UGT, los sindicatos más conciliadores, y en teoría más representativos. Los tres primeros tienen más vocales que PROU en un órgano social formado por 21 personas.
"Es un círculo vicioso. No se puede desactivar la huelga porque PROU ha regateado al comité. Y la empresa debe dialogar con ellos hasta que un juzgado anule la recogida de firmas y la primera asamblea de huelga, un proceso que ya está en marcha", indican vigilantes consultados.
En su huida hacia adelante, Giménez arrastró a USOC y ADN Sindical, una agrupación, mayoritaria en el comité, que tiende a la derecha. "Aunque hay representación de los tres sindicatos, PROU domina la dirección de la huelga".
¿Ejemplos? La propuesta maximalista de un plus de 250 euros por 15 pagas la puso ayer a votación Genoveva Sierra, que es de este sindicato. Nadie la había debatido antes. Fue la más votada.

Guerra por figurar

Además del flirteo con la radicalidad, la huelga de El Prat se ha atascado por la guerra del protagonismo. ADN Sindical, mayoritario en el centro de trabajo de Eulen-Barcelona, se sumó al comité de huelga por su pulso con SIPVS.
"Uno es la escisión del otro, hasta el punto de que ocuparon la sede en 2013. El caso está en los tribunales", explican fuentes del sector.

Esta plataforma con sede en L'Hospitalet de Llobregat libra su propia guerra de guerrillas. "ADN busca acercarse a UGT en número de delegados, algo que también pretende el SIPVS. Los centros de trabajo son un campo de batalla", aseveran voces conocedoras.
"ADN, en este caso, es la agrupación que tumbó la obligatoriedad de llevar las placas de vigilante en catalán en el Supremo en 2016", abundan.

La derrota de UGT y CCOO

A esta carrera no se han sumado los tradicionales. "UGT y CCOO están en otras mil batallas. La seguridad privada no les interesa".
Antes, los grandes ya habían encajado otra derrota: la de las condiciones de trabajo.
"Un vigilante cobra 908 euros de sueldo base más 107 el plus de transporte más 87 del vestuario. Se añaden 36 euros por quinquenio y 140 si llevas arma", enumera un experto. ¿Total? 1.122 euros brutos al mes sin pluses según el convenio estatal.
Quizá por su falta de pericia en levantar salarios y condiciones, los sindicatos mayoritarios han perdido el control de un centro de trabajo de 400 personas en una infraestructura estratégica como es El Prat.
Es la otra lectura del conflicto: la derrota de las grandes centrales frente a sindicatos-satélite cuyo comportamiento es impredecible.

Improvisación

La adjetivación no es exagerada. Cuando el comité de huelga defendía que no podía reunirse con Eulen en la mediación sin hacerlo al mismo tiempo con Aena, lo planteaba para ganar tiempo.
"Han arrastrado a la plantilla con propuestas maximalistas. A todo el mundo le gustaría cobrar un plus de 350 euros. Pero cuando llegó la Generalitat, el comité de huelga debía plantear algo razonable. No sabían qué hacer. Se inventaron lo de Aena", explican fuentes cercanas.
"PROU no tiene ni sede propia. Se ha arrogado la representatividad y capitaliza las portavocías. Giménez, Sierra y Purificación Infante, una excandidata de la Unión Independiente de Seguridad Privada (UIT) en Eulen", agregan.
"Lo hace con reuniones en la Casa de Andalucía de El Prat de Llobregat (Barcelona) en votaciones y asambleas que nadie fiscaliza. ¿Quién vigila el recuento de votos? Hay que recordar que Eulen ha planteado un conflicto colectivo porque la primera asamblea de huelga pinchó. También desconfía de la recogida inicial de firmas que propició el conflicto", aseguran otras fuentes.

"Intransigencia"

En este laberinto de siglas e intereses, el sector desespera. "Nunca habíamos visto una huelga tan mal llevada. No hay objetivos. Es la intransigencia por el puro hecho de practicarla", lamentan directivos de la industria.
"Es cierto que se pueden mejorar salarios. Pero es que antes del verano ya se estaba planteando. Los filtros de El Prat son duros. Pocos quieren trabajar allí. Los pluses de Renfe, furgones o armas son más atractivos. Pero así no conseguirán nada", lamenta un negociador.
Lo que sí ocurrirá es que el aeropuerto se volverá a tensionar este fin de semana.
A la espera de las medidas que dictaminen los ministerios de Fomento e Interior, el segundo mayor aeropuerto español repetirá los paros parciales y, por ende, las colas de pasajeros hoy, viernes, 11 de agosto, y el domingo.
Volverá a ocurrir el lunes, cuando arranque la huelga indefinida convocada con una estrategia que pocos, si acaso alguien, conocen.

Fuente:  https://cronicaglobal.elespanol.com/business/guerra-sindical-vigilantes-huelga-prat_81059_102.html
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¿Es legal que la Guardia Civil sustituya a trabajadores en huelga en El Prat?

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que el lunes, cuando comienza la huelga indefinida, enviará un número "significativo" de guardias civiles al aeropuerto de El Prat para "garantizar la seguridad" ante la continuidad de la huelga de los trabajadores de seguridad privada de Eulen. Ha llegado a recordar que España está en estado de alerta terrorista. Dicho de otro modo, va a paliar los efectos de la movilización, lo que chocaría con el derecho a huelga, que impide que los trabajadores que ejercen este derecho sean sustituidos. ¿Es esto legal?
Según recuerda el abogado laboralista Fabián Valero, en servicios esenciales a la comunidad se puede limitar el derecho de huelga si existe riesgo para la seguridad.
"Deben estar intentando una jugada parecida a la de los controladores", opina. Sin embargo, hay diferencias entre la huelga de controladores aéreos que provocó el envío del Ejército al aeropuerto de Barajas. "Aquí es mucho más discutible que en el caso de los controladores", afirma Valero, ya que "no hay riesgo para la navegación aérea", y aunque haya más colas "el nivel de seguridad en el control no ha disminuido".
De hecho, según recuerdan fuentes del comité de empresa de Eulen, precisamente las mayores esperas se están generando por un control más exhaustivo de las maletas y bultos de los viajeros, en una suerte de huelga de celo. "Antes sí que había vulneración de la seguridad, la mitad ni se miraba, y llevamos años en alerta terrorista". La opinión de este trabajador, que prefiere mantener el anonimato, es que cuando hay una huelga "no se puede sustituir a los trabajadores privados por funcionarios", en este caso de la Guardia Civil. 
Sí reconoce que es cierto que existe un mayor riesgo de altercado en las colas al haber más personas esperando durante más tiempo, pero insiste que en ningún caso la huelga de Eulen está poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros en su vuelo o frente a amenazas terroristas. 
Para Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada de UGT, el envío de guardias civiles supone "la intromisión del Gobierno en un conflicto colectivo y no resuelve la problemática". A su juicio, el problema en este y otros aeropuertos –su sindicato ha convocado paros en Santiago de Compostela y A Coruña– es la "nefasta" política de personal del PP, al situar seguridad privada en lugares estratégicos, con precios muy bajos. 
Antes del anuncio de De la Serna, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha advertido de que la mera posibilidad de sustituir a los trabajadores en huelga por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le parece "una barbaridad" que "atenta contra el sentido común".

El precedente de los controladores

El 4 de diciembre de 2010, hubo dos días de cierre total del espacio aéreo, casi 5.000 vuelos anulados y 700.000 afectados en el puente más largo del año. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó el estado de alarma por primera vez en la historia mediante un Real Decreto "para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo". 
Ante el caos aeroportuario originado, el Gobierno socialista urgió a los controladores a quedar "movilizados" y bajo las órdenes de la autoridad militar para obligarles a volver a sus puestos de trabajo. El estado de alarma se prolongó durante más de un mes.
El problema surgió después de que los controladores de algunas torres gallegas consideraran que habían cumplido su máximo de horas permitidas y por tanto, dejaran de acudir a los turnos. Esto derivó en el cierre del espacio aéreo, en que esta situación se produjera en otros aeropuertos y en un colapso que se saldó con  casi 5.000 vuelos anulados en el puente más largo y 700.000 afectados.
 
 
 
 
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jueves, 10 de agosto de 2017

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Los aeropuertos de A Coruña y Santiago se suman a los paros de El Prat

Los trabajadores de los servicios de seguridad harán paros parciales a partir del 20 de agosto.

El conflicto laboral de los trabajadores de seguridad en el acceso al aeropuerto de El Prat (Barcelona) se extiende a Galicia. El sindicato UGT ha anunciado hoy la convocatoria de paros parciales en los servicios de seguridad privada de los aeropuertos de Alvedro (A Coruña) y  Rosalía de Castro (Santiago de Compostela) a partir del 20 de agosto.
UGT ha adoptado esta medida como protesta “contra la precarización de las condiciones laborales y un modelo de sector basado, exclusivamente, en la competencia de precios”, señala el sindicato en un comunicado.
Los trabajadores de seguridad privada de A Coruña prestan servicios para Eulen, la misma empresa encargada de los controles de seguridad en el aeropuerto de Barcelona, mientras que en Santiago de Compostela lo hace la concesionaria Prosegur.
En La Coruña, los trabajadores piden el abono del plus de radioscopia para toda la plantilla, que cesen las ampliaciones de jornada en el turno de tarde y que la formación se realice durante la jornada de trabajo.
En Santiago de Compostela solicitan el abono del mismo plus, el pago mínimo de seis horas de jornada en turnos inferiores y el abono del aparcamiento, entre otras cuestiones, relata UGT en un comunicado.
Ambas secciones sindicales de UGT coinciden en que en la negociación del convenio colectivo del sector de la seguridad privada, que finalizó el pasado 31 de diciembre, se dirimen dos modelos radicalmente distintos. El primero, señalan, es el que entiende  que “la mejora del contexto económico debe repercutir positivamente en las condiciones del colectivo”, mientras que el segundo “ve en los posibles recortes de derechos una oportunidad para mantener un modelo empresarial que arruina al sector y precariza las condiciones de trabajo”.
El secretario sectorial estatal de Limpieza y Seguridad de FeSMC-UGT, Sergio Picallo, ha indicado a El Independiente que, aunque el problema de fondo reside en el modelo de contratación pública, no está previsto de momento que se generalicen conflictos laborales como los que han estallado ya en los aeropuertos de A Coruña, Santiago de Compostela y Barcelona.

En pleno conflicto en El Prat

Y es que este anuncio coincide con la celebración de la asamblea en la que los 350 trabajadores de Eulen en El Prat tienen que decidir entre cuatro opciones a defender para alcanzar un acuerdo laboral con AENA y seguir o no adelante con los paros en el aeropuerto convocados a partir del próximo  14 de agosto.
El comité de huelga ha explicado que opta mayoritariamente por una opción intermedia entre la oferta de la compañía y las exigencias iniciales de los empleados, según informa Europa Press.
Según ha explicado en declaraciones a los medios Purificación Infante, miembro del comité de huelga, las opciones son: aceptar la propuesta mediadora de la Generalitat, aceptada por la empresa, con un complemento salarial de 200 euros por 12 pagas; 200 euros por 15 pagas; 250 por 15 pagas, o 350 también por 15 pagas.
Infante ha manifestado que la mayoría del comité de huelga está a favor de optar por la segunda opción, lo que supone una rebaja de las condiciones exigidas inicialmente, ya que reclamaban que el complemento salarial fuera de 350 euros por 15 pagas.

Fuente:  https://www.elindependiente.com
 
 
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