El propietario de una empresa de seguridad lamenta la actuación llevada a cabo por los agentes tras ser acusado de falsedad documental por la competencia.
La Policía Nacional arrestó, el pasado 4 de marzo, al jefe de seguridad y propietario de una empresa de seguridad privada de Jerez como presunto autor de un delito de falsedad documental.
El detenido, supuestamente, actuó de forma ilícita para evitar una sanción a la que se enfrentaba su empresa tras detectarse unas posibles irregularidades en un servicio de vigilancia y protección que se estaba prestando en una urbanización de la ciudad.
Las investigaciones realizadas por la unidad territorial (UTSP) de Cádiz de la Policía Nacional fueron fruto de varias informaciones facilitadas por otra empresa de la competencia.
Diez días después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez ha archivado la denuncia efectuada por la UTSP de la Policía Nacional de Cádiz contra el jefe de seguridad de la empresa. La resolución que decreta este archivo ya es firme.
El juez no ve delito en estos hechos y consecuentemente procede al archivo de las diligencias. La empresa de seguridad privada de Jerez que se ha visto afectada con estos hechos es una empresa con larga trayectoria en la ciudad y que ha participado en eventos importantes.
La empresa, perjudicada por la trascedencia mediática de la detención de su propietario, está estudiando qué acciones legales emprender tras estos hechos, “tras no tenerse en cuenta el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Española, dañando grave e injustamente el trabajo y reputación de la empresa y de su equipo de gestión y trabajadores”.
La Policía Nacional llevó a cabo la detención, tras recibir información de una empresa de la competencia, detectando irregularidades que no se ajustaban a lo previsto en la normativa vigente de seguridad privada, además, señalando que el conjunto residencial no cumplía los requisitos legales para poder acogerse a este tipo de servicios privados.
Los investigadores policiales determinaron que el detenido presionó a sus trabajadores para que testificaron a su favor y que fabricó partes con datos ficticios en los que se narraban unos hechos que en realidad nunca habrían tenido lugar en la urbanización y con los que pretendían "camuflar" el modo ilegal en el que se estaba dando el servicio.
El Juzgado, tras estudiar el caso, ha determinado que no ve indicios de delito en la actuación de la empresa de seguridad privada, archivando así las diligencias, tras lo que la compañía se plantea denunciar a los responsables del escarnio público que ha sufrido.
La Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Cádiz detuvo al jefe de Seguridad como presunto autor de un delito de falsedad documental y ahora el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Jerez archiva las diligencias.
La empresa jerezana estudia emprender acciones legales por el daño a su reputación.
El Juzgado de Instrucción Nº 4 de Jerez ha archivado la denuncia de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Cádiz contra una empresa de Seguridad de Jerez al no encontrar indicios de delito.
Los hechos se remontan al pasado 4 de marzo, cuando la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Cádiz detuvo en Jerez al jefe de Seguridad de una empresa de Seguridad Privada como presunto autor de un delito de falsedad documental. Esta detención se llevó a cabo por supuestas irregularidades en un servicio de vigilancia y protección que estaba llevando a cabo esta empresa de Seguridad Privada en Jerez.
Las investigaciones realizadas por Unidad Territorial de Cádiz de la Policía Nacional fueron fruto de varias informaciones facilitadas por otra empresa de la competencia, según la nota hecha pública por la firma jerezana.
Diez días después, el juzgado de instrucción competente ha archivado la denuncia efectuada por la UTSP de la Policía Nacional de Cádiz contra el jefe de Seguridad de dicha empresa de Seguridad Privada. La resolución que decreta este archivo ya es firme: el juez no ve delito en los hechos y consecuentemente procede al archivo de las diligencias.
La empresa de Seguridad Privada de Jerez que se ha visto afectada con estos hechos es "una empresa con larga trayectoria en la ciudad y ha participado en eventos muy importantes para Jerez". Es por esto que dicha empresa está "estudiando qué acciones legales emprender tras estos hechos, tras no tenerse en cuenta el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Española, dañando grave e injustamente el trabajo y reputación de la empresa y de su equipo de gestión y trabajadores".
SPV ha
denunciado a la empresa de seguridad TRABLISA por falta de atención a un vigilante
de seguridad del Aeropuerto de Sevilla.
En concreto se
pone en manos de la Inspección Territorial de Trabajo y Seguridad Social de
Sevilla una posible vulneración de Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales contra la empresa Trablisa por no facilitar relevo para la
ingesta de medicación y alimento a un trabajador diabético teniendo que ser
asistido posteriormente por el equipo médico del Aeropuerto de Sevilla.
El comité de empresa de Prosegur Cádiz,
se tiene que reunir en la calle.
Prosegur no habilita una sala de reunión
al comité para realizar sus reuniones del pleno y no le abre las puertas de
acceso a la empresa al propio comité.
Una empresa con una plantilla de más
de 500 trabajadores, es de vergüenza que la empresa no permita el acceso al comité
de empresa para realizar una reunión del pleno.
Esta es la delegación de Prosegur
cadiz, obstruyendo la labor sindical de los representante de los trabajadores.
El comité he interpuesto en la
mañana de hoy varias denuncias en inspección de trabajo, entre otra la del no
facilitar un lugar de adecuado para los representantes de los trabajadores.
El art. 81 del E.T. dispone que
en las empresas o centros de trabajo, tendrá que poner a disposición del comité
un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse
con los trabajadores.
El Comisario Principal, Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada presenta el Protocolo de Denuncias «In Situ» mediante un video explicativo que a continuación podrás ver.
A consecuencia de las exigencias que, para la observancia de las garantías procedimentales
y para asegurar el buen fin de esta iniciativa, el denunciante debe estar en disposición
de satisfacer, se ha decidido limitar inicialmente las posibilidades que ofrece
este protocolo al ámbito de aquellos establecimientos comerciales que reúnan
determinados requisitos en materia de seguridad privada, sin perjuicio de la
posibilidad futura de su extensión a otros entornos. Además de aprovechar así
las potencialidades que, desde la perspectiva del interés público, esta
presenta en su condición de auxiliar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hay
que recordar a este respecto que la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Privada, sin perjuicio de mantener el principio de su subordinación respecto a
la seguridad pública, pone el acento en los elementos de colaboración entre las
mismas, desarrollando el principio de complementariedad a través de la cooperación
y la corresponsabilidad y creando un marco normativo de referencia que haga
factible la integración funcional de sus capacidades dentro del sistema público
de seguridad.
Esta empresa , que apenas lleva unos meses con el contrato de vigilancia de la cadena de supermercados DIA % continua sin abonar las nominas de sus empleados a 10 de septiembre, llevando varios meses de continuos retrasos en el abono de los mismos, y lo que peor de todo es que consultada la dirección de la empresa, desconocen cuando podrán hacer efectivo los salarios de los trabajadores, por esta causa desde esta organización hemos informado a SUPERMERCADOS DIA la situación que atraviesa el personal de seguridad, motivo por el cual, iniciamos los trámites necesarios para comenzar a realizar concentraciones y movilizaciones en sus distintos de trabajo, no descartando la convocatoria de HUELGA PARA EL PERSONAL AFECTADO. Ver denuncia.
La Ley de Protección de Datos que permite a los partidos que te manden spam también impide a tu jefe que abuse de WhatsApp.
La nueva Ley Orgániza 3/2018 de Protección de Datos ha levantado mucha polémica desde su entrada en vigor el pasado diciembre porque permite, sobre el papel, la propaganda electoral a través del móvil. Pero no todo es malo: también debería impedir que tu jefe te moleste por WhatsApp fuera del horario laboral.
Es un detalle que se había pasado por alto, pero que como indica en un hilo el abogado Fabián Valero, ahora la ley ampara al trabajador que no quiera responder mensajes fuera de su jornada,
hasta el punto de que si su superior le exigiera responder, podría
denunciarle y ganar con relativa facilidad, pues se trataría de una
sanción grave.
El artículo 88 no deja lugar a dudas: los ciudadanos tenemos derecho a la desconexión digital
en el ámbito laboral. Los empleadores estarían obligados a redactar una
política interna dirigida a los trabajadores para que se respete esta
situación y, aunque trabajes fuera de la oficina, se te debería dejar en
paz cuando tu trabajo se ha terminado.
Esto último es de especial relevancia, como indica Valero, pues las empresas están ahora obligadas no sólo a tener un protocolo de desconexión digital, sino a formar y sensibilizar sobre ello.
El problema con esta legislación es que no evita que un emplador escriba pidiendo algo, pero con la ley en la mano, el empleado puede ignorar este mensaje hasta la siguiente jornada.
La nueva legislación española recuerda al caso francés,
que en 2017 implantó nuevas directivas con el fin de ayudar a la
desconexión fuera del trabajo. Entre algunas de las nuevas normas, se
estipula que el empleador y el empleado pueden negociar la situación del móvil del trabajo fuera del horario laboral. Las relaciones laborales han cambiado bastante
gracias a aplicaciones como WhatsApp o Slack, que en algunas ocasiones,
lejos de facilitar las operaciones propias de una actividad, sirven
para mantener constantemente conectados a los trabajadores, pues llevan
aplicaciones de estos servicios instaladas en el móvil.
WhatsApp lleva tiempo desarrollando un 'modo vacaciones'
para evitar, en parte, este problema. Sobre el papel, los usuarios que
activen este modo, no recibirán una sola notificación de grupos que haya
seleccionado durante el tiempo estipulado.
¡Basta de muertes de vigilantes de seguridad por cuestiones de ahorro!
El
Sindicato Profesional de vigilantes SPV denuncia el abandono que sufren
los profesionales de la seguridad privada, que en muchas ocasiones
trabajan en condiciones inseguras y precarias, abandonados a su suerte
por autoridades, clientes y empresas. Lamentamos la última desgracia de
un compañero de profesión, fallecido tras un infortunado accidente
cuando realizaba en solitario un turno de noche en el Parlamento de
Canarias.
Exigimos que el trabajo de seguridad se realice por parejas, tal y como
se hace con el resto de cuerpos de seguridad. Reivindicamos nuestra
labor como agentes de seguridad privada, personal que complementa con
mucha dignidad y profesionalidad la de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado. Seguiremos insistiendo para que se reconozca el
trabajo que realizamos en el sostenimiento de la seguridad del estado
español. Seguiremos revindicando que se nos dote del carácter de agente
de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones. Seguiremos
denunciando las condiciones infrahumanas de tantos y tantos compañeros
que se juegan el pellejo por llevar un salario de miseria a sus casas.
Seguiremos peleando por que se introduzcan cambios claros en la
legislación vigente que doten de más seguridad y protección a los
trabajadores y trabajadoras del sector de la seguridad privada...
Por unas condiciones dignas y decentes para el personal de la seguridad privada
Es por todos conocidos en la
provincia las maneras en cómo actúan las empresas de seguridad, pero en el caso
concreto de Eulen Seguridad en la provincia de Cádiz, raya el nepotismo crónico
más absoluto, con una falta de sensibilidad con los trabajadores que dista
mucho de la compañía seria y dialogante que en su día fue.
Recordamos casos de compañeros
del Comité de Empresa que se vieron obligados a negociar y marcharse, por no
aguantar tanto castigo, otros desplazados de su centro de trabajo por defender
unos derechos colectivos que o bien chocaban con la propia empresa o con sus
clientes, y todo ello, haciendo oídos sordos a la R.L.T.que intenta mediar ante tanta imposición
empresarial, mientras tanto el departamento de Recursos Humanos brilla por su
ausencia.
Hoy exponemos otro nuevo caso de
un compañero, (VER CARTA) que viniendo subrogado de su anterior empresa ve
reducido su contrato de tiempo parcial, mientras el resto de trabajadores a
jornada completa vienen realizando horas extraordinarias. Pero lo más sangrante
del asunto es que se contrata un servicio de rondas de 1.50 horas cuatro veces
al día, con lo que les obligan a desplazarse hasta tres veces en un mismo día,
(incumpliendo el articulo 12.4 b. del E.T., ) desde Jerez al Puerto de Santa
María, y todo ello con un contrato a tiempo parcial y además reducido, mientras
tanto la plantilla de Vigilantes de su centro de trabajo, trabaja a jornada
completa y además realizan por horas extraordinarias las jornadas que a este
compañero le falta para poder vivir con cierta dignidad.
Estos hechos descritos han sido
puestos en conocimiento de la dirección de la compañía, quien elude el problema
aduciendo que es petición del cliente ...
Así las cosas se han presentado
variasdenuncias individuales y
colectivas y de no solucionarse el conflicto de un modo razonable, responsable
junto a Eulen Seguridad de esta última tiranía contra este trabajador y todo
ello, mientras el resto de la plantilla de compañeros, está dispuesto a
realizar una colecta para ayudarle económicamente, pero desde luego mira hacia
otro lado y siguen realizando unas horas extraordinarias que nos veremos
obligados a denunciar ante la autoridad laboral de no encontrarse respuesta
positiva al problema expuesto.
Para
contactar con los representantes de SPV escribe a :
El sindicato Central Sindical Obrera Independiente (CSOI) denuncia que Antonio Duarte, liberado sindical de Prosegur, aprovecha su cargo como secretario general de USO para 'colar' a su mujer en la empresa de seguridad privada Securitas en el año 2011. Puesto que mantiene en la actualidad, a pesar de que nunca ha pisado las instalaciones que la compañía tiene en Madrid, lugar donde está dada de alta.
Imputaciones, irregularidades, revisión de la pensión de incapacidad permanente que le había sido reconocida. Una vez más, Antonio Duarte, sindicalista liberado de la empresa de seguridad privada Prosegur, vuelve estar en el ojo del huracán. El CSOI ha denunciado el trato de favor en beneficio de Duarte, que la empresa Securitas en Madrid ha efectuado contratando a su mujer, Dorinda Legazpi.
En el año 2011, Dorinda Legazpi ejercía en el Sistema de Salud de Cataluña, "desde donde solicitó una plaza en el Servicio de Salud Gallego", señala el escrito presentado por CSOI. Un traslado que tenía como motivo "la relación sentimental que la unía a Duarte" que residía en Lugo y con quien se casó en 2013.
Sin embargo, y aunque pudieran parecer hechos baladí, lo cierto es que dicha relación le valió para "figurar en el censo de trabajadores de la empresa de seguridad Securitas en Madrid desde el año 2011" como fecha de alta y que, desde entonces, "no consta que se haya producido su baja" hasta el momento.
Resaltan que Duarte, "al amparo de su cargo sindical" actuaba con la confianza de que Securitas mantendría a su mujer en la empresa -sueldo incluido-
A pesar de ello, mantuvo su plaza en el Sistema de Salud de Cataluña y, posteriormente, en el Servicio de Salud Gallego, sin que se hubiese personado en algún momento en la nueva empresa que la había empleado, Securitas. Por ello, CSOI denuncia que pueda tratarse de un "posible soborno o trato de favor hacia su pareja".
Asimismo, resaltan que Duarte, "al amparo de su cargo sindical" actuaba con la confianza de que Securitas mantendría a su mujer en la empresa -sueldo incluido- a pesar de que en ningún momento se hubiese personado y "trabajando de manera ininterrumpida" para el sistema público de salud de Cataluña y, posteriormente, de Galicia.
De ser así, habría que sumar este caso a otros tantos que Duarte posee, así como "la Cruz al Mérito entregada por el Comisario Jefe de la Unidad de Seguridad Privada, Esteban Gándara, y que el tiempo ha demostrado a todas vistas que no merecía", recoge el escrito del CSOI.
Por ello, el sindicato solicita la "comprobación de la vida laboral" de Legazpi con el objeto de averiguar su estado dentro de Securitas y, de permanecer en ella, "recabar los motivos que subyace tras la misma y si se trata de una tónica habitual dentro de la compañía". Un nuevo escándalo que lleva consigo el sello de Duarte.
Desde la sección sindical de UGT
en Prosegur SIS Madrid, han interpuesto denuncia ante la Inspección Provincial
de Trabajo de Madrid en materia de cuadrantes.
A pesar que la Inspección de
Trabajo ya ha sancionado a Prosegur por hechos como los aquí denunciados, en
Prosegur se pasan las sanciones por el forro y siguen incumpliendo la normativa
laboral y convencional, retando así las resoluciones de la Inspección de
Trabajo.
Los descanso entre turno y turno de trabajo incumple las 13
horas que recoge el Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad. No
disfrutan de fin de semana libre al mes tal y como regula el artículo 41 del
Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad.
DENUNCIA:
A la empresa PROSEGUR 515 ESPAÑA S L., con domicilio en la
calle pajaritos número 22-24, CP: 28007 de Madrid, por los siguientes puntos:
Primero.- Por incumplimiento del artículo 41 del convenio estatal
de empresas de seguridad privada, que dice, que entre la jornada terminada y el
inicio de la siguiente, deberá mediar un mínimo de 13 horas de descanso.
Segundo.- Por incumplimiento del artículo 41 del convenio
estatal de empresas de seguridad privada, que dice, con el fin de conciliar la
vida laboral y familiar, las empresas facilitarán a los trabajadores la
libranza de al menos, un fin de semana al mes, sábado y domingo.
Uno de los problemas, y algunas veces delito, que más dolores de cabeza nos puede dar es la suplantación o robo de identidad en el correo, servicios online y redes sociales, pero ¿sabes qué es y cómo prevenirla?, nosotros te lo explicamos.
La suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona en Internet. ¿Y por qué suplantar a alguien? ¿Qué necesidad hay de hacer esto? Aunque los motivos pueden ser varios, es habitual que se haga para fastidiar a la persona suplantada y ocasionarle algún daño. También se suplantan perfiles para cometer fraudes en nombre de otras personas.
El lugar más frecuente dónde se producen estas suplantaciones son las redes sociales ya que obtener información personal de un usuario es relativamente fácil y crearse un perfil para hacerse pasar por él, también.
Javier Ríos Sánchez afirma que José María Galán Muñoz le ha acusado falsamente de actividades delictivas.
Un vigilante de seguridad de la empresa Ombuds, Javier Ríos Sánchez, que presta sus servicios en Eroski, en Parque Ceuta, ha presentado una denuncia en Comisaría contra el gerente de la gran superficie, José María Galán Muñoz, porque este último le habría acusado de actividades delictivas.
Los hechos ocurrieron el pasado día 6 de mayo y el denunciante hace constar que desde hacía tiempo, el gerente le viene “acosando” y que ese día lo llamó a su despacho para acusarle de dejar que otros vigilantes “pasaran” al exterior del establecimiento comercial con mercancía robada.
“Me llamó a su despacho y me dijo que no tenía su confianza. Yo le dije que si lo que decía era verdad, que se visionaran las cámaras de seguridad. Me dijo que no me las podía enseñar”, declaró el denunciante.
El vigilante llamó a su jefe directo y éste le recomendó que presentara una denuncia. Así lo hizo en la Comisaría del Paseo Colón.
“Desde el día 6 está llamando a diario a mis jefes en Sevilla y Madrid para insistirles en que debe despedirme. Todos los días llama”, indica el trabajador.
A punto de cumplir cuarenta años, divorciado, con dos hijos y con una hipoteca, Javier Ríos piensa ir hasta las últimas consecuencias legales para defender su dignidad ante lo que considera que es una acusación completamente infundada.
Desde su punto de vista, cree que el gerente es una persona que “no sabe diferenciar lo profesional de lo personal. Le gusta que le hagan la ‘pelota’ y yo no ‘peloteo’ a nadie”, declaró.
Destaca que jamás ha tenido profesionales. Estuvo catorce años trabajando en una farmacia y lleva ocho años trabajando como vigilante de seguridad, el último de ellos en el centro de Eroski en Parque Ceuta.
“No sé qué problema tiene conmigo”, declaró el demandante en relación al gerente de la gran superficie. Según informó, es el vigilante que ha realizado más intervenciones de seguridad en el centro. “Lo que el gerente tiene contra mí es algo personal”, concluye.
La Audiencia Nacional ha condenado a la empresa Seguridad SH Lanzarote por no denunciar el robo de material eléctrico en el Castillo de San José, de la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo.
La empresa, contratada por la entidad pública, no denunció un robo que se produjo en septiembre de 2012 y el Ministerio del Interior le impuso una sanción de 30.051 euros por una infracción grave de la Ley de Seguridad Privada.
El Juzgado central de lo contencioso administrativo rechazó el recurso de la empresa de seguridad y ahora ha sido la Audiencia Nacional la que ha confirmado la sanción económica para la compañía.
Según la sentencia, fue la gerente del Castillo de San José la que denunció en la Comisaría de la Policía Nacional el robo el 7 se septiembre de 2012. El 10 de septiembre, agentes adscritos al grupo de seguridad privada de la Policía Nacional practicaron una inspección en el castillo, “comprobando los daños que constaban en la denuncia”.
Es entonces cuando los agentes de la Policía solicitan al vigilante de seguridad los partes de novedades correspondientes a los días 3 y 4 de septiembre, que les indica que estaban en la empresa. Posteriormente, la compañía los remite vía fax a la Policía.
Al examinarlos, se comprobó que en el parte del vigilante de seguridad efectuado a las ocho de la mañana del 4 de septiembre, cuando se produce el relevo en el turno, se destaca que alguien había cortado los focos de la entrada del aparcamiento del Castillo de San José y que habían cortado “los cables de la entrada y los de la bajada del personal”.
“Aunque es cierto que Seguridad SH Lanzarote remitió de forma inmediata por fax los partes de trabajo que le fueron solicitados, ya había transcurrido casi una semana sin dar noticia del robo a la Comisaría de la Policía”, señala la sentencia.
La sanción de 30.051 euros, por la “evidente falta de colaboración” ante un hecho delictivo.
Además, la Audiencia Nacional subraya que la Policía “tuvo conocimiento del hecho no por quien legalmente estaba obligada a denunciar, sino por la gerente del Castillo de San José”, lo que “denota una evidente falta de colaboración y también la ausencia de disposición a colaborar”.
Por ello, la Audiencia considera que la empresa de seguridad incurrió en una infracción por su “negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan”.
El Barcelona se enfrenta a un nuevo problema con la justicia. Sofía Bessayah, sufrió un accidente en el Camp Nou el 28 de Abril de 2010 cuando ejercía la labor de vigilante de seguridad en un Barcelona- Inter de la Liga de Campeones, según desvela el diario Marca.
Vigilante de la empresa Seguridad Express, Bessayah sufrió el impacto de una bengala procedente de la zona de los seguidores del Inter en su pie izquierdo. Desde entonces, ha sufrido varias operaciones y ha perdido la movilidad en su pie izquierdo. Cuatro años y medio después de lo ocurrido, Sofía ha conseguido que los Tribunales estudien su caso aunque las partes implicadas pretenden lavarse las manos y no pagarle ni siquiera una indemnización económica por lo ocurrido. Sofía, que ha declinado hacer declaraciones por expreso consejo de sus abogados, se ha visto completamente abandonada por el equipo azulgrana, que se ha hecho el ciego y el sordo para evitar sanciones de UEFA. Mañana, el Barça, la UEFA y 11 de empresas de seguridad tienen una cita en el juzgado de lo social de Barcelona a primera hora de la mañana.
El responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha considerado que el presente caso es "escandaloso", y ha reclamado que la sanción "sea ejemplar.
La Inspección de Trabajo de Bizkaia ha decidido extender el acta de infracción por falta muy grave a la empresa Prosegur por acoso moral a una trabajadora que ha sufrido un "claro atentado contra su dignidad", según informa CCOO de Euskadi, sindicato que denunció lo ocurrido. CCOO de Euskadi, además, exige que la sanción sea ejemplar al tratarse de una "conducta inaceptable". La trabajadora está contratada como técnico de cajeros y está de baja médica desde el 2 de diciembre.
La resolución de Inspección de Trabajo, siempre según el sindicato, considera probado que la trabajadora permanece desde el día 13 de noviembre de 2013 en las oficinas de la compañía a la espera de que se le adjudique trabajo efectivo. Señala asimismo que "la empresa ha vaciado de contenido efectivo la prestación de trabajadora, lo cual constituye un claro atentado contra su dignidad". Si bien Prosegur alude a causas productivas para la falta de ocupación de la trabajadora, advierte también que no se ha preocupado en ningún momento de acreditar esas causas ni de adoptar ningún tipo de medida, del tipo que sea, para paliar la situación.
Además, en el caso de que existiese causa justificada para que la empresa no pueda darle trabajo efectivo, la Inspección de Trabajo considera que Prosegur debería de haber relevado a la trabajadora de su obligación de acudir al centro de trabajo.
Por otra parte, se considera acreditado que existe una voluntad empresarial previa de modificar las condiciones de trabajo y que la trabajadora se negaba a esta modificación, siendo este conflicto lo que ha motivado que la empresa no la encomiende trabajo efectivo pero, a la vez, la haga acudir al centro de trabajo "para no hacer nada", tal y como se recoge de forma textual en la resolución.
En definitiva, "la empresa ha cometido un atentado contra la dignidad de la trabajadora, basado en una falta de ocupación efectiva manifiesta con obligación de acudir al centro de trabajo, y con el objetivo de presionarla para modificar sus condiciones de trabajo".
El responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha considerado que el presente caso es "escandaloso", y ha reclamado que la sanción a la que tenga que hacer frente Prosegur España SL sea ejemplar. "A ninguna empresa, ni siquiera a una del tipo de la que hablamos, con infinidad de contratos en las administraciones públicas y en gran cantidad de obras públicas, se le puede tolerar que actúe de esta manera, presionando y acosando a sus trabajadores", ha concluido.
La plataforma de A Coruña y comarca avanza que está valorando realizar concentraciones delante de las oficinas de Prosegur.
Un afectado por la comercialización de participaciones preferentes, perteneciente a la Plataforma de Carballo (A Coruña), será juzgado este miércoles, día 23, en esta localidad, tras la denuncia presentada por vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur que realizan su función en sucursales de Novagaliciabanco, según informa la plataforma coruñesa. En un comunicado, sus integrantes expresan su apoyo a este preferentista, "que tiene actualmente dos denuncias, una por lo que aconteció en la sucursal de Carballo y otra en A Coruña", aseguran sobre las protestas celebradas en estas oficinas dentro de su calendario de movilizaciones.
En concreto, explican que, en el caso de Carballo, cuando este preferentista hizo sonar un aparato con bocinas construido por él, un vigilante de Prosegur "salió a darle una patada a este aparato, lo que molestó a su dueño y al resto de afectados", indican sobre unos hechos que han dado origen al juicio de faltas que tendrá lugar este miércoles en Carballo. Este mismo preferentista se enfrentará a otro juicio, el 2 de julio en A Coruña. En este caso, la plataforma coruñesa afirma que "un vigilante dice que sufrió rotura de tímpano" por el uso de este aparato, "algo bastante raro cuando ninguno de nosotros lo ha sufrido estando directamente en contacto con este sonido", señalan desde la plataforma.
Desde la misma, apuntan también que desde la dirección de Novagaliciabanco se han desvinculado de estas denuncias, al tiempo que la Plataforma de A Coruña y comarca avanza que está valorando realizar próximamente "concentraciones delante de las oficinas de Prosegur por el maltrato que nos dan sus empleados", añade.
WhatsApp con SPV 
El lugar más frecuente dónde se producen estas suplantaciones son las redes sociales ya que obtener información personal de un usuario es relativamente fácil y crearse un perfil para hacerse pasar por él, también.
La plataforma de A Coruña y comarca avanza que está valorando realizar concentraciones delante de las oficinas de Prosegur.
La plataforma de A Coruña y comarca avanza que está valorando realizar concentraciones delante de las oficinas de Prosegur.