El Corte Inglés compra Mega 2, la empresa de seguridad del hombre clave de la familia

El grupo de grandes almacenes adquiere por 28 millones de euros la compañía de Juan Carlos Fernández-Cernuda, el polémico jefe de Seguridad de la casa durante dos décadas.

El Corte Inglés da un paso relevante para introducirse en un negocio por el que está apostando hasta Telefónica. Según aseguran fuentes próximas a las conversaciones, el 'holding' de la distribución ha llegado a un acuerdo para compra Mega 2 Seguridad, la empresa de servicios generales propiedad de Juan Carlos Fernández-Cernuda, uno de los hombres clave de la casa y conocedor de los secretos más profundos de las familias accionistas.

El grupo de grandes almacenes va a tomar el 100% del capital de Mega 2 Seguridad, controlada por Fernández-Cernuda y Joaquín Domingo Martorell, otro antiguo comisario de Policía que al tiempo que creó su empresa de seguridad privada montó una agencia de representación de futbolistas —Bahía Internacional— de la mano de José Antonio Martín Otín, conocido como Petón. El Corte Inglés va a pagar 28 millones de euros por esta compañía, que el año pasado obtuvo un beneficio bruto de explotación de 7,6 millones y una facturación próxima a los 71,5 millones.

Dada las relaciones tan próximas con los propietarios de Mega 2, ya que tanto Fernández-Cernuda como Martorell empezaron a trabajar como guardaespaldas del antiguo presidente Isidoro Álvarez al principio de los noventa, El Corte Inglés ha encargado una tasación a Deloitte para certificar que el precio pagado es el adecuado y ajustado a los ratios del mercado.

Especialmente porque, junto con la relación personal, los servicios que prestaba Mega 2 a El Corte Inglés suponían cerca del 80% de la facturación de la sociedad, que también tiene como clientes a Aena y Renfe y a clubes de fútbol como el Atlético de Madrid, el Granada y el Fuenlabrada. De hecho, las buenas relaciones de Petón y Martorell con Miguel Ángel Gil Marín le permitieron quedarse con la seguridad del Wanda Metropolitano para los días de partidos y conciertos, así como para la celebración de la pasada final de la Champions League en el estadio rojiblanco.

Con esta iniciativa, el 'holding' presidido por Marta Álvarez Guil y dirigido por Víctor del Pozo como consejero delegado da un paso en su política de diversificación para adentrarse en un negocio liderado por empresas como Eulen, Securitas Direct y Prosegur. La compañía, que ya está presente en el sector de los servicios generales, con una plantilla próxima a las 8.000 personas, se hará cargo de los 2.600 empleados de Mega 2.

Las mismas fuentes indican que la operación también se traducirá en un importante ahorro de costes para el grupo, ya que ahora llevará directamente la gestión de la compañía, a la que le pagaba un canon por los servicios. El Corte Inglés ha decidido poner al frente de este negocio a Juan del Moral, director de la asesoría jurídica del 'holding', de la que ahora se ha hecho cargo José Ramón de Hoces, un alto ejecutivo del bufete de abogados Pérez-Llorca, como adelantó El Confidencial el pasado 29 de enero.

Fuente: https://www.elconfidencial.com

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VALENCIA: Los vigilantes de seguridad de Carrefour deberán tomar la temperatura de todos los trabajadores antes de acceder al centro para prevenir el Covid-19

El TSJ de la Comunidad Valenciana, en la Sentencia 2335/2020, 22 junio, declara que se pone en manos de dichoTribunal decidir si atribuir a los vigilantes de seguridad de los centros comerciales la función de tomar la toma de temperatura de los trabajadores, como medida, previa al acceso al centro de trabajo esta justificada, o por el contrario la tarea encomendada excede de las funciones propias de los vigilantes de seguridad.

El conflicto que se plantea debe abordarse en el marco del actual contexto social y sanitario motivado por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma, contexto que ha obligado a los establecimientos comerciales a adoptar una serie de medidas extraordinarias tendentes a garantizar o al menos minimizar los posibles contagios.

Pues bien, aunque a priori la toma de temperatura se relaciona más bien con la actividad que debe desplegar un sanitario o un trabajador dedicado a la prevención de riesgos laborales, no hay duda de que hay que tener conciencia en todo momento del contexto socio-sanitario que estamos viviendo.

Y solo de este modo se puede afirmar con rotundidad que la toma de temperatura por los vigilantes es una medida del todo justificada. Tiene como finalidad exclusiva evitar que personas con sintomatología que puede estar asociada al COVID 19 accedan a sus instalaciones con el correspondiente riesgo de contagio al resto de trabajadores y a posibles usuarios de los supermercados, poniendo en peligro las medidas de contención de la pandemia y la propia integridad física de las personas que puedan llegar a encontrarse en el centro comercial, cuya vigilancia tiene encomendada la empresa de seguridad.

En la medida en que el control en el acceso al centro es una función propia de los vigilantes, la introducción de una nueva tarea como la que estamos tratando está en el carácter excepcional de las circunstancias. Pero también es cierto que de un modo ordinario los vigilantes están obligados a contribuir y colaborar en el plan específico de prevención de riesgos laborales frente al COVID 19, por lo que tiene pleno encaje en las funciones legales, convencionales y contractuales atribuidas.

Dos cuestiones adicionales se han puesto encima de la palestra:

- Que los vigilantes no están formados ni habilitados para tal injerencia en la intimidad personal.

 - Y que además supone un riesgo para su integridad física.

Respecto de la primera de las cuestiones, aunque tomar la temperatura de un empleado puede reportar datos de salud cuya utilización podría ser cuestionable desde el prisma de la protección de datos personales, el Tribunal insiste en que esta situación es insólita.

Y con respecto a la segunda, los vigilantes han de seguir un protocolo antes de tomar la temperatura. Se les ha preparado para ello y se les ha hecho entrega de los equipos de protección adecuado para evitar el contacto directo y mantener la distancia de seguridad adecuada con el sujeto examinado.

Así, se les ha hecho entrega de aparatos de medición sin contacto.

Por tanto, el riesgo para la integridad física es mínimo o nulo, pero es que aunque lo hubiera, no se descartaría la justificación de la medida, porque la existencia de un riesgo laboral no impide el cumplimiento de una función. Es como si dijésemos a un minero que no debe entrar a la mina porque hay un riesgo.

Fuente:  http://noticias.juridicas.com

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La Junta anuncia que habrá sanciones para quien no lleve la mascarilla por la calle en todo momento

Su uso será obligatorio porque "es la mejor forma de prevenir y provoca el efecto de concienciación, si la llevas piensas que aún estamos en pandemia"

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha explicado este lunes que hacer obligatorio el uso permanente de la mascarilla en toda la región conllevará sanciones económicas en caso de incumplimiento, así como ha precisado que además de la prevención, su puesta en marcha persigue concienciar de que aún estamos en pandemia y que "no haya relajación en las costumbres sociales".

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Aguirre ha indicado, como avanzó este fin de semana el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que el comité técnico-médico que asesora al Gobierno andaluz abordará hoy la obligatoriedad de las mascarillas porque "es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de contagio y por que provoca el efecto de concienciación, si la llevas piensas que aún estamos en pandemia".

Ha señalado que el comportamiento de la ciudadanía ante el coronavirus es en Andalucía igual que en otros territorios, toda vez que ha avisado de que hay "franja de edad vinculada con la juventud, determinadas reuniones familiares o concentraciones donde la distancia social no se guarda", así como que "los saludos se vuelven a dar con la fraternidad de antes y aumentan los contagios".

El titular de Salud sostiene que cuando dos personas llevan la mascarilla, aunque no se pueda guardar la distancia social de 1,5 metros, la probabilidad de contagiar puede bajar "a un 5 por ciento en incluso al 1 por ciento". "Tenemos que generalizar su uso", ha apuntado antes de explicar que si este lunes el comité lo aprueba, su departamento lo llevará al Consejo de Gobierno y sería efectiva una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA).

Igualmente, Aguirre ha indicado que la obligatoriedad de las mascarillas conllevará sanciones en caso de incumplimiento, de ahí que inste a las administraciones locales y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a que "hagan cumplir esas sanciones", ya que son los que tienen capacidad de poner esa sanción.

En cuanto a los brotes que están activos en Andalucía, ha precisado que son 19, de los que doce están controlados y siete, en investigación. No obstante, ha destacado que no se ha producido un aumento de los ingresos hospitalarios ni en la UCI y que, al contrario de lo que dictó la Generalitat en Lleida, en Andalucía se ha ordenado el aislamiento de personas, no de municipios.

De otro lado, el consejero ha avanzado que la Junta de Andalucía también está estudiando la posibilidad de poner límites a los velatorios, después de que uno de los brotes detectados en Andalucía, concretamente en el área metropolitana de Granada, fuera consecuencia de un funeral, asunto que también abordará el comité asesor.

Fuente: lavozdelsur.es

Multas de hasta 41.000 € a empresas que no tomen las medidas anti-Covid para proteger a sus trabajadores

Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y las CCAA serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de la distancia de 1,5 metros entre puestos de trabajo, la ordenación de los turnos o la existencia de medidas de higiene y desinfección.
El Gobierno quiere asegurarse de que las empresas cumplen con las medidas obligatorias para evitar contagios en los centros de trabajo. El Ejecutivo ha habilitado de manera temporal a los funcionarios de la Inspección de Trabajo, de la Seguridad Social y de los organismos competentes de cada comunidad autónoma a vigilar que las compañías están adoptando las medidas de prevención en el ámbito laboral impuestas hace un mes.
Las empresas están obligadas a adoptar medidas de limpieza, desinfección y ventilación adecuadas; a poner a disposición de los empleados gel hidroalcohólico, agua y jabón; a reordenar los puestos de trabajo y el uso de zonas comunes para garantizar una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros (o si no es posible, dar equipos de protección a los empleados); tomar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios; y la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y potenciar el teletrabajo cuando la naturaleza de la actividad laboral lo hace posible.
El Gobierno establece que el incumplimiento de las obligaciones de estas medidas anti-Covid serán consideradas infracciones graves, que cuentan con sanciones que oscilan entre los 2.000 y los 41.000 euros. En concreto, según la normativa las infracciones graves en materia prevención de riesgos laborales se sancionan con multa en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros.
“La habilitación de las Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la vigilancia del cumplimiento de las normas de salud pública supondrá un importante refuerzo en la tarea de prevención de los contagios en los centros de trabajo mediante una acción inspectora adecuada a las necesidades de una respuesta ágil para controlar la pandemia y un marco jurídico inequívoco en la respuesta a los posibles incumplimientos constatados”, se recoge en el nuevo real decreto de medidas urgentes aprobado ayer por el Consejo de Ministros, y en el que se han incluido esta labor inspectora. “Se trata, por tanto, de una habilitación extraordinaria motivada por lo extraordinario de la situación actual de la pandemia, y limitada en el tiempo”.
Se incluye en esta habilitación a la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y a las CCAA la facultad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones exigibles en materia de higiene en los centros de trabajo, de protección personal de las personas trabajadoras y de adaptación de las condiciones de trabajo, la organización de los turnos o la ordenación de los puestos de trabajo y el uso de las zonas comunes.
FUENTE: www.elindependiente.com


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Seguridad privada para 24 pueblos

La Mancomunidad Campo de Peñafiel contrata vigilantes nocturnos para protegerse y como protesta por el recorte de guardias civiles.

La vallisoletana Mancomunidad Campo de Peñafiel, que preside Eduardo Benito, alcalde de Fompedraza, ha contratado seguridad privada para proteger los bienes de los ayuntamientos que la integran, que representan a 19 localidades y cinco pedanías.
Benito reconoce que además de reforzar la seguridad de las propiedades consistoriales, apoyando la tarea de la Guardia Civil, «cuya labor es encomiable», se trata de una medida reivindicativa ante la disminución de los efectivos de la Benemérita en los últimos años en la comarca. Así, el objetivo es «demandar que aumenten los agentes», cubriéndose las vacantes «de los que se han ido en los últimos tiempos» de los cuarteles de Peñafiel y Piñel de Abajo.
El presidente de la mancomunidad reconoce que durante los meses de confinamiento «la delincuencia ha bajado mucho» a nivel general, pero sus previsiones son que con la vuelta a la normalidad «los robos» vuelvan a repuntar también en las zonas rurales, más vulnerables.
El servicio, que arrancó ayer, se realizará durante un año –en principio– de lunes a domingo y en horario de noche. Se organizará por zonas que congreguen a varios municipios, elegidos de forma aleatoria y sin una rutina preestablecida «para que los amigos de lo ajeno lo tengan un poco más difícil», señala el responsable de la mancomunidad.
Los vigilantes no irán armados, pero dispondrán de los instrumentos necesarios para, además de alertar a la Guardia Civil de inmediato si detectan un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, reforzar su testimonio en caso de que sean requeridos para testificar ante un juez.
«La seguridad que tenemos en los pueblos viene por todo el trabajo que hacía la Guardia Civil, tanto por el día como por la noche, y la falta de robos se debía precisamente al trabajo que realizaban los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El problema viene cuando deciden que dejemos de tener el número de guardias civiles que teníamos. Mantienen algunos agentes por si acaso, pero al final te sientes indefenso», resume el regidor.
La intención es que sea provisional. «La tarea principal de la mancomunidad es la recogida de residuos, pero también podemos apoyar un poco más a la comarca de esta forma. Desde lo poquito que podemos hacer, pues nuestros recursos son limitados y en nuestro ámbito de acción tampoco te dejan hacer más, hemos decido contratar seguridad privada», sentencia.
El deseo de Benito es que «dentro de un año no sea necesario el servicio» porque haya más guardias civiles. «La intención es que sea algo provisional y que los alcaldes donde hay cuarteles tengan el apoyo del resto de pueblos en la reivindicación de más agentes y patrullas», sintetiza.
Fuente:  https://www.elnortedecastilla.es/ Sindicato Profesional Vigilantes

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SENTENCIA DE LA A.N.: EL PERMISO RETRIBUIDO COMPUTARÁN POR JORNADA DE CUADRANTE.

La sentencia contra Prosegur y los sindicatos firmantes del convenio, UGT, CCOO Y USO.

La AUDENCIA NACIONAL,  declara el derecho de los trabajadores a que la empresa, durante el disfrute de los días de licencia retribuida, les compute como jornada la que hubiesen tenido que realizar en esa fecha de no haber estado de permiso.

El Derecho de los trabajadores de la empresa al percibo salarial y al cómputo horario

correspondiente al cuadrante asignado previamente como jornada completa en caso

de que el trabajador disfrute de licencias o permiso retribuido según el Convenio colectivo, sin que tenga que recuperar ningún crédito de jornada negativo respecto de la empresa por ese concepto.

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