RMD Seguridad despide a los vigilantes que denunciaron irregularidades

“La situación no solo no mejora, sino que además crece el temor entre los trabajadores de que la intención de la empresa RMD sea despedir a toda la plantilla en represalia por las movilizaciones que están llevando a cabo”. Ernesto Díaz, coordinador de Podemos San Fernando, ha señalado los “despidos improcedentes que la empresa concesionaria del servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones municipales está cometiendo”, que además pone como excusa para justificar estos despidos “un error en una información de un medio de comunicación para iniciar el despido de, hasta ahora, cuatro vigilantes”. “Se trata de trabajadores que han denunciado públicamente las irregularidades de la empresa en el pago de salario y en la aplicación del convenio”.
El coordinador ha exigido que el PSOE medie “en la situación de indefensión de estos trabajadores” y exige al gobierno de Patricia Cavada “que dé un plazo de 24 horas para que la empresa revoque los despidos injustos que ha llevado a cabo y lleve a juicio a la empresa por todos los abusos laborales cometidos o la renuncia de Conrado Rodríguez para que deje a otra persona gestionar el asunto”. Díaz pide también unidad a todos grupos municipales, que se posicionen a favor de los trabajadores y en contra de la empresa, y se siga apoyando las movilizaciones que la plantilla está llevando a cabo cada viernes a las puertas del Ayuntamiento.
El nuevo contrato de seguridad y vigilancia salió a licitación la semana pasada, un anuncio que para el delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, “solventa” la situación laboral de los 13 trabajadores dependientes de la empresa concesionaria RMD. Una reacción que llega con “retraso” -después  que la formación haya presentado tres mociones al pleno municipal pidiendo al equipo de gobierno que solucione la situación de estos trabajadores-, y que se resolverá definitivamente a finales de año.
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El presidente del PP de San Fernando, José Loaiza, ha mostrado su rechazo al despido de tres (a lo largo del día la cifra ya se elevaba a cinco) trabajadores por parte de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia de las dependencias municipales.
Según ha trascendido, la citada mercantil se encuentra actualmente muy cuestionada por el trato laboral que ofrece a su plantilla, tal y como vienen denunciando públicamente tanto los propios afectados como los sindicatos.
“Creemos que ya es hora de que el gobierno municipal de PSOE y andalucistas abandone el inmovilismo y tome cartas en este asunto. Es la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cabada, la que debe exigir a la empresa explicaciones ante una conducta supuestamente irregular que contravendría tanto el contrato del que fue adjudicataria como, si es el caso, el propio Estatuto de los Trabajadores”, afirmó Loaiza.
El edil popular quiso igualmente mostrar su total apoyo a los trabajadores que han sido despedidos y al resto de la plantilla que presta sus servicios en el Ayuntamiento, en total 18 vigilantes de seguridad. “Hemos conocido estos hechos de primera mano, y sólo podemos decir que nos ha sorprendido tanto la actitud de la empresa como la falta de interés y diligencia del gobierno municipal. Estos trabajadores, aparte de ser excelentes personas, han desarrollado, hasta donde tenemos constancia, un buen trabajo al municipio a través de la labor que tienen encomendado. No es normal que reciban este trato ni por parte de su empresa ni del propio gobierno que preside Patricia Cavada. Exigimos la total implicación municipal y una solución justa a este conflicto. Si Cabada no se pone del lado de los trabajadores es cómplice de las actuaciones de la empresa.  ”. 
Postura del Gobierno local
Ante la situación laboral que se mantiene actualmente en la empresa adjudicataria que desempeña las funciones de vigilancia y seguridad en las dependencias municipales, el equipo de gobierno quiere informar que, desde hace ya meses, y concretamente desde el primer momento en el que comenzaron a surgir las discrepancias entre ambas partes, permanece en contacto directo con éstas, con el objetivo de desempeñar el papel de intermediación que en este caso le corresponde a la administración.
Ante los últimos acontecimientos y comunicaciones de despido, el gobierno municipal ha intensificado estos contactos manteniendo reuniones entre ambas partes con el objetivo de llegar a una solución satisfactoria para los trabajadores, para la empresa y para la ciudadanía de San Fernando, que también se ve afectada por los hechos que están sucediéndose derivados de este conflicto.
El gobierno local considera que, cuando se dan circunstancias laborales de esta índole, lo acertado es actuar con prudencia y sensatez, evitando manifestaciones públicas en uno u otro sentido y acusaciones que dificulten las gestiones que se están llevando a cabo para solventar la situación actual. Por este motivo, el equipo de gobierno hace un llamamiento para que se actúe en este sentido por todas las partes no sólo afectadas directamente por el conflicto, sino también por todas las organizaciones y representantes, especialmente públicos. Sólo desde una postura en la que se muestre unidad por todas las partes se puede alcanzar una solución efectiva a esta situación.

Fuente:  http://andaluciainformacion.es/san-fernando/741971/rmd-seguridad-despide-a-los-vigilantes-que-denunciaron-irregularidades/

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PUBLICADO CONVENIO DE ILUNION SEGURIDAD 2017-2020

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Le rompe la nariz a un vigilante del hospital por recriminarle que fumara

Elche (Alicante), 2 mar (EFE).- Un hombre de 34 años ha sido detenido por, supuestamente, romper la nariz de un puñetazo a un vigilante de seguridad del hospital General de Elche que le acaba de recriminar que fumara en una zona prohibida.

Según la Policía Nacional, la agresión ocurrió el pasado día 24 por la tarde y el vigilante sufrió la fractura del tabique nasal, lo que le provocó que sangrara.

Tras el golpe, se inició una pelea entre ambos en la que el vigilante trataba de retener al agresor hasta que llegara la Policía mientras que intentaba evitar un nuevo puñetazo, y finalmente consiguió que el hombre no se marchara antes de la llegada de los agentes.

Éstos comprobaron que ambos presentaban heridas con sangre y que manifestaban versiones totalmente contradictorias, aunque el posterior visionado de las imágenes grabadas en el circuito de vigilancia del hospital confirmaron lo dicho por el vigilante de seguridad.

Dado que las imágenes delataban al agresor, éste fue detenido y acusado de un delito de lesiones para ser puesto a disposición judicial. EFE

Fuente:  http://www.lavanguardia.com

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¿Deben ser los Vigilantes de Seguridad considerados Agentes de Autoridad? ¿Qué ventajas tendrían los vigilantes de seguridad si se consideran Agentes de Autoridad?

Los trabajadores de la seguridad privada viven uno de sus peores momentos históricos debido a la precariedad laboral, las bajadas de sueldo, los impagos y, por si fuera poco, las continuas agresiones. Por ello, los vigilantes de seguridad piden volver a ser agentes de la autoridad. ¿Sabes qué ventajas obtendrían?

En los últimos tiempos las noticias que podemos leer en los medios de comunicación sobre la seguridad privada, no son nada halagüeñas. La precariedad laboral asola al sector con continuas bajadas de sueldo, despidos, intrusismo laboral e incluso meses de impago a los trabajadores, que se han traducido en continuas huelgas. Sin embargo, este grave problema se ve acompañado de las continuas agresiones que múltiples trabajadores han recibido en su jornada laboral y ante las que se sienten totalmente desamparados. Por eso, los trabajadores de la seguridad privada piden volver a ser agentes de la autoridad. Y hoy, queremos explicar más detalladamente los beneficios que tendría esta catalogación.

Los vigilantes de la seguridad privada, ya fueron agentes de la autoridad

El año 1992 fue un año clave para la seguridad privada española, debido a la publicación de la antigua Ley de la seguridad privada, que hacía perder el estatus de agente de la autoridad a los vigilantes de seguridad, tras haber sido considerados como tal durante casi siglo y medio.

Los vigilantes de seguridad privada perdieron este estatus, principalmente, porque la profesión cobró autonomía por primera vez, con respecto a las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, la mayoría de agentes de seguridad privada provenían de cuerpos de seguridad públicos y al cambiar de puesto de trabajo, no variaban las cuestiones relativas al uso de armas de fuego.

Esto cambió ligeramente con la nueva regulación que se introdujo en el 2014, pero que a efectos prácticos continuaba siendo más de lo mismo. ¿La razón? Con esta nueva regulación, para que un vigilante de seguridad pudiese ser considerado como agente de la autoridad, debía haber un acuerdo por escrito entre la empresa que contrataba al vigilante y la policía. Este acuerdo, que era muy difícil que existiese, se debía, definir aspectos como el marco temporal y geográfico en que iba a actuar el vigilante de seguridad, así como las funciones que iba a desempeñar. Sin embargo, su ausencia provocaba que el trabajador de seguridad privada no fuese considerado agente de la autoridad y, por tanto, su seguridad laboral fuese menor.

¿Qué pasaría si los vigilantes de seguridad fuesen agentes de la autoridad?

Ante las continuas agresiones que están viviendo los trabajadores de la seguridad privada en los últimos tiempos, el volver a ser catalogados como agentes de la autoridad les posibilitaría tener un mayor grado de autoprotección. De esta forma, las agresiones que sufrieran dejarían de ser consideradas como faltas, una catalogación que conlleva únicamente una condena leve por agresión. Por el contrario, las condenas de agresión a agentes de la autoridad son sancionadas con entre 1 y 4 años de prisión.

Debemos tener en cuenta además, que los vigilantes de seguridad privada son considerados como auxiliares de la autoridad que deben intervenir ante cualquier circunstancia que infrinja las leyes y se produzca en su puesto de trabajo. Por ello, poder hacerlo amparado en un marco jurídico mucho más favorable, le haría sentirse más seguro y realizar un mejor desempeño de su trabajo.

Un primer paso que los trabajadores de la seguridad privada creen más que necesario y que aspiran a conseguir para ir mejorando poco a poco, en situaciones en las que su trabajo tenga un extra de peligrosidad, como en instituciones militares. En definitiva, convertirse en agentes de la autoridad ayudaría a que los trabajadores de la seguridad privada no se sintiesen desamparados en su puesto de trabajo, viendo como su agresor queda totalmente impune ante un acto de violencia.

En Tienda Shoke apoyamos totalmente la lucha de los trabajadores de la seguridad privada que no quieren más que defender su puesto de trabajo y su seguridad en este. Por ello, el ser nombrados agentes de la autoridad es un paso necesario y fundamental, que no se puede obviar durante más tiempo.

 Fuente:  https://www.tiendashoke.es

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Piden que una paliza a un vigilante sea declarada accidente laboral

El trabajador demanda a su empresa por no cumplir con las medidas de seguridad.

Un vigilante de seguridad que en diciembre del 2016 sufrió una brutal paliza en Palma de Mallorca a manos de cuatro pandilleros ha demandado a su empresa, y a la aseguradora de esta, para que los hechos sean considerados un accidente laboral. La víctima sufrió graves lesiones, padece severas secuelas por la agresión y argumenta que la empresa para la que trabajaba no implementó las medidas de seguridad para evitar ese riesgo profesional.
La peculiar demanda todavía no ha sido interpuesta, pero el trámite previo de conciliación entre empleado y compañía ya se ha producido, sin acuerdo.
Madrugada violenta
Los agresores fueron cuatro jóvenes, dos mayores de edad y dos menores. Los dos primeros fueron sentenciados el pasado 27 de octubre a sendas penas de 5 años de cárcel por agredir a tres vigilantes y atentar contra policías locales que acudieron después de los ataques. El fallo, que fue dictado en conformidad, incluye que cuando los agresores, de origen colombiano, cumplan dos terceras partes de la condena serán expulsados de España por espacio de 9 años, en sustitución del resto de la pena. Los dos menores quedaron a disposición del juzgado de menores.
En la madrugada del 12 de diciembre los pandilleros arremetieron contra el vigilante, encargado de la seguridad de las casetas municipales de Navidad de la Rambla, porque éste les había recriminado que dañaran el mobiliario urbano. El vigilante ya sufrió lesiones en ese primer ataque y se defendió con su porra.
Los jóvenes se marcharon y el vigilante llamó a su compañero, que estaba de guardia en la otra punta de la Rambla. Poco después aparecieron de nuevo los cuatro chicos armados con objetos metálicos y un cuchillo y acometieron con saña a los dos trabajadores. Un tercer vigilante, de servicio en las cercanías, acudió a ayudar a sus compañeros y también fue golpeado con una cadena.
El demandante fue el lesionado de mayor gravedad y tardó en curar de sus múltiples heridas, especialmente en la cara, 143 días. Como secuelas le han quedado, entre otras, visión doble, cefaleas y vértigos.
El vigilante, representado por Jaime Bueno, alega que su empresa no cumplió con las debidas medidas de prevención de riesgos laborales, al tener que hacer el servicio en unas precarias condiciones de seguridad. Como ejemplo, se argumenta que los dos vigilantes estaban muy separados el uno del otro.
"La agresión sufrida por mí, a consecuencia y con ocasión de mi actividad profesional, es constitutiva de un grave riesgo laboral que obligaba al empresario a cumplir con la deuda de seguridad que le es exigible según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y, específicamente, respecto a su deber de prevenir la violencia ocupacional externa en el desempeño de mis funciones", argumenta la papeleta de conciliación fallida.
El lesionado reclama a su empresa y a la compañía de seguros 240.000 euros de indemnización, 180.000 euros por las lesiones y secuelas y 60.000 por el daño moral sufrido. Los jóvenes condenados se declararon insolventes.

Fuente: Diario de Mallorca
https://www.prevencionintegral.com

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Confirman el despido de un guardia del aeropuerto por apropiarse de un reloj

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado el despido de un empleado de seguridad del aeropuerto de Palma por quedarse con un reloj que se le cayó a una pasajera tras pasar el filtro de control.

La sala de los social del TSJIB considera justificado que la empresa echara por infracción muy grave a un trabajador que dio una patada para ocultar a sus compañeros el reloj que se le había caído de una bandeja a una mujer que acababa de pasar por el arco de seguridad de Son Sant Joan.

Además, ratifica la sentencia dictada en primera instancia por un juzgado de los social de Palma en el sentido de que en un primer momento, cuando la dueña del reloj volvió atrás a reclamarlo, él negó saber nada del objeto y que más tarde, delatado por las grabaciones de las cámaras de seguridad, explicó que sí lo había encontrado y que lo dejó sobre el teclado del monitor de radioscopia y no volvió a verlo.

El sindicato al que estaba afiliado el despedido recurrió a la justicia contra la decisión de la empresa, pero el TSJIB ha considerado que la expulsión del trabajador tras más de diez años prestando servicios a la compañía está justificada porque infringió gravemente su contrato y el protocolo que rige sus funciones.

Se considera probado que en la mañana del 30 de noviembre, el reloj de una pasajera alemana cayó al suelo sin que ella se diera cuenta, el vigilante lo observó y le dio una patada para dejarlo debajo del monitor de radioscopia, de donde lo recogió poco después aprovechando que cambiaba de tarea.

Poco después pidió ir al baño, y a la vuelta, una vez la pasajera advirtió de la pérdida a la Guardia Civil y los agentes preguntaron en el filtro, él negó saber nada del reloj.

Cuando los guardias civiles responsables del filtro de seguridad visionaron las imágenes grabadas en la zona comprobaron lo que había hecho el guardia privado y le detuvieron, y fue entonces cuando admitió haber encontrado el reloj aunque siguió negando que se lo hubiese quedado y dijo que si se agachó fue para coger una moneda, según recoge la sentencia.

En su demanda, el sindicato del despedido alegó que no se le había informado, como corresponde cuando se adopta una medida disciplinaria con un afiliado, pero el TSJIB ha subrayado que la compañía comunicó la sanción al comité de empresa y que, además, no sabía que el sancionado estaba adscrito a un sindicato.

También alegaba la parte recurrente que el despido era una sanción desproporcionada para los hechos, a lo que el tribunal replica que efectivamente el guardia de seguridad trasgredió "la buena fe contractual" y abusó de la confianza de su empresa.

Entiende asimismo que ha de considerarse que "la profesión desarrollada por el trabajador" agrava la valoración de su conducta, puesto que estaba entre sus funciones el control de los objetos, que en caso de pérdida debían ponerse bajo custodia de la Guardia Civil.

Fuente:  http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2751782

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