Pierde la condición de escolta tras la condena por violencia de género

Los tribunales consideran que es indispensable carecer de antecedentes.

La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del Ministerio del Interior de cancelar la habilitación profesional de un pontevedrés como escolta y vigilante de seguridad privada. Y todo a raíz de una condena a cuarenta días de trabajo en beneficio de la comunidad y dieciséis meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un delito de amenazas que las fuentes oficiales consultadas encuadraron en la violencia de género.

Los tribunales dan la razón, asimismo, al Abogado del Estado cuando afirma que al afectado «no se le priva de su derecho al trabajo, sino que simplemente se le inhabilita para el ejercicio de una profesión». En este sentido, matizan que para ejercer como escolta se precisan una serie de requisitos, «en concreto, carecer de antecedentes penales».

Remarcan que tal requisito «debe cumplirse tanto para obtener la habilitación para ejercer funciones de seguridad privada, como para mantenerla». De este modo, insisten en que el pontevedrés «ha incurrido en uno de los supuestos que le privan de seguir desempeñando sus funciones como vigilante de seguridad y escolta por la concurrencia de una circunstancia sobrevenida, como es la de tener antecedentes penales».

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En este punto, se refiere que la propia legislación que regula la seguridad privada alude a la necesidad de carecer, en todo momento, de antecedentes penales. Es más, se le exige a la Administración que, en el momento que se tenga conocimiento «fehaciente» de la existencia de tales antecedentes, abra el correspondiente procedimiento que concluya con la perdida de la condición de escolta de la persona en cuestión.

Esta última, por su parte, había alegado contra la decisión de Interior apelando a que la Constitución Española «establece el derecho al trabajo como derecho fundamental», así como que, incluso, a «las personas condenadas se les respeta y protege el derecho al trabajo». Asimismo, manifestó no comprender cómo perder un requisito cumplido en su momento podía conllevar la cancelación de su habilitación.

Es un argumento «improcedente» para la Audiencia Nacional y que, igualmente, fue rebatido por el Abogado del Estado: «Nada tiene que ver el derecho al trabajo, ni la obligación de atender a la subsistencia de los hijos, con el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ejercer una determinada profesión (máxime cuando se trata de una de las características de la aquí debatida)».

Añadió que la resolución administrativa no le impide acceder a un puesto de trabajo, sino «ejercer una profesión, que, por obvios motivos, está reglada», al tiempo que incide en que el pontevedrés fue condenado por el Juzgado de Instrucción número tres de Pontevedra por un delito doloso.

En cualquier caso, el fallo de la Audiencia Nacional no es firme y el afectado puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

Fuente:  http://www.lavozdegalicia.es

Un exescolta crea una agencia de detectives como salida profesional

Miguel Ángel Caminero, investigador privado, crea su propia agencia

La de detective es una de las profesiones que más curiosidad suele despertar. El cine y la literatura a menudo representan a estos profesionales como personajes misteriosos, con gabardina, gafas oscuras y lupa en ristre. Pero…. nada más lejos de la realidad. El perfecto investigador privado es aquel que pasa totalmente desapercibido ante los ojos de los demás, que posee, eso sí, gran intuición y agudeza mental y es capaz de resolver casos imposibles. Miguel Ángel Caminero Domínguez es un emprendedor que el pasado mes de octubre puso en marcha su propio despacho de investigación privada, M12 Agencia de Detectives.

Toda su vida la ha dedicado a la seguridad privada. Empezó trabajando como auxiliar, más tarde como vigilante, y como escolta privado durante doce años en el País Vasco. «Estuve en Guipúzcoa y Álava escoltando a empresarios, políticos y jueces. Durante esa época estudié Criminología en Salamanca de forma semipresencial. En tres años saqué la habilitación para poder trabajar como detective privado. Empecé colaborando con algunos compañeros hasta que en octubre de 2014 regresé a Valladolid y creé mi propia agencia», recuerda.

Los años en los que trabajó como escolta fueron duros y le sirvieron para curtirse en su profesión: «En aquella época aprendí a controlar las distancias, a buscar objetivos con mayor facilidad y a ocultarme, ya que había protegidos que no querían que estuviera con ellos. Hay gente que tiene estas cualidades innatas, pero realmente la profesión se aprende en la calle», añade.

Desde que se montó por su cuenta está intentando abrirse mercado. La mayor parte de sus clientes provienen del ámbito empresarial y acuden a él para investigar bajas fraudulentas de empleados, rendimiento laboral, solvencia de socios y clientes, localización de deudores, espionaje industrial o investigar hurtos y robos por parte de los trabajadores. «En el ámbito familiar, las investigaciones más solicitadas son las relacionadas con modificaciones en las pensiones alimenticias y compensatorias, custodia de menores y régimen de visitas, infidelidades de pareja, control de hijos y usos anómalos de viviendas», explica.

El tercer segmento al que se dirige son las mutuas y aseguradoras, que solicitan sus servicios de cara a la obtención de pruebas y evidencias relacionadas con la simulación de siniestros, incapacidades fraudulentas, reconstrucción de accidentes y control de secuelas.

«Primeramente solemos investigar en medios generales, como Internet. A partir de ahí se hace una investigación más directa, con seguimientos, que es más expuesto. Otras formas de conseguir información es mediante la generación de roles, haciéndote pasar por un comercial, por ejemplo», expone este investigador emprendedor quien, además, afirma que hay que moverse mucho para encontrar trabajo en Valladolid y estar dispuesto a viajar. «Dedico gran parte de mi tiempo al networking para conocer posibles clientes y uso las redes sociales para darme a conocer, ya que si no estás en Internet, es como si no existieras», relata Miguel Ángel.

Tarifas

En su lista de precios tiene establecida una tarifa mínima de 20 euros la hora para aquellos trabajos sencillos en los que no es necesaria una exposición directa. «La tarifa más habitual es de 40 euros por hora, cuando es necesario un seguimiento. Para casos más especiales, en los que hay que interpretar un rol o una exposición directa, el precio puede alcanzar los 90 euros por hora. Éste es un trabajo muy laborioso. Todos los casos requieren un estudio previo y la posterior edición de vídeos y fotografías», argumenta.

La discreción es requisito imprescindible en una investigación privada, y para ello todo buen detective que se precie debe ir provisto de material adecuado. Al inicio de su actividad, este emprendedor tuvo que adquirir un importante equipo tecnológico, con cámaras de vídeo grandes y pequeñas, y también cámaras ocultas en el reloj, en un botón o en un encendedor. «Para determinados casos, en los que son necesarias instalaciones electrónicas o de micrófonos, colaboro con un técnico especializado en el sector», concreta este detective, orgulloso de trabajar siempre bajo la legalidad. «Yo no puedo entrar a un domicilio si nadie me abre la puerta y me da permiso para ello. A partir de ahí… que cada uno imagine las innumerables maneras de poder entrar en una propiedad privada de forma legal», deja entrever misterioso.

En el coche lleva varios cambios de ropa y calzado para cualquier eventualidad que pueda surgirle. «Hay que jugar siempre con el factor sorpresa. Si por la mañana me he cruzado con la persona que seguía llevando una cazadora amarilla,es fácil que si vuelve a verme con la misma cazadora me recuerde. Si me cambio, pasaré más desapercibido», explica .

Afirma rotundo que su profesión es totalmente vocacional y le hace sentirse vivo. «Es un trabajo arriesgado, pero no peligroso. Lo mejor es poder ayudar a la gente a resolver sus problemas. Lo peor son las interminables esperas. Hay que tener una paciencia infinita», concluye.

Fuente:  http://www.elnortedecastilla.es

Interior se niega a negociar con los escoltas por manifestarse frente a la sede del PP

Las puertas del Ministerio del Interior están cerradas para los escoltas que durante años han protegido a miles de cargos públicos y empresarios de las amenazas de la banda terrorista ETA. El gabinete del ministro, Jorge Fernández Díaz, se ha negado a recibir a decenas de guardaespaldas que reivindican trabajo porque éstos se manifestaron el pasado 9 de marzo ante la sede madrileña del PP y frente a una de las sedes de Interior.

Los escoltas -algutinados en torno a la asociación La sombra olvidada de Euskadi- iban a ser recibidos por el jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, Diego Pérez de los Cobos. Sin embargo, tras las declaraciones que realizó ante los medios de comunicación el portavoz del colectivo, Manuel Jiménez -que acusaba al delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, de incumplir su promesa de recolocar a los escoltas en la seguridad de las prisiones tras el fin de ETA-, la asociación recibió un telefonazo del Ministerio para rechazar cualquier tipo de encuentro con los profesionales de la protección.

Así lo explica el propio Jiménez, quien asegura que su colectivo está "indignado" de que ahora se publicite en televisión a un etarra supuestamente arrepentido, de que el lehendakari, Íñigo Urkullu, conceda una partida presupuestaria a los presos de la banda que salgan de prisión y de que, mientras esto ocurre, los escoltas "pasen hambre". "Y es literal que muchos compañeros no tiene qué llevarse a la boca", subraya. "Urquijo nos prometió trabajo y no lo ha cumplido", añade el portavoz del colectivo, que el pasado 8 y 9 de marzo partió desde Bilbao hasta Madrid en una caravana de coches para protestar porque el Gobierno no les da trabajo.

Urquijo, explica Jiménez, les argumentó que no podía influir en las empresas para que éstas contrataran profesionales de la protección para tareas de vigilancia en los centros penitenciarios, porque éstas tenían libertad absoluta en ese sentido. Los escoltas, sin embargo, argumentaron que no sería la primera vez que en los baremos de adjudicación de servicios se conceden más premios a las sociedades que cumplan la condición de incluir a exguardaespaldas en su plantilla.

Actualmente, el 90% de los más de 3.000 escoltas que perdieron su empleo tras el fin de ETA siguen en paro. Poco más de medio centenar han sido contratados por las empresas de seguridad para ejercer como vigilantes en las prisiones dentro del plan de privatización de los perímetros de los centros penitenciarios que tiene en marcha el Gobierno. El portavoz de La sombra olvidada de Euskadi denuncia que la mitad de los 800 vigilantes que actualmente se encargan de este servicio no disponen del curso reglamentario que exige el Ministerio del Interior y, sin embargo, llevan meses ejerciendo.

Jiménez también ha propuesto al Gobierno un plan para que los escoltas protejan a las víctimas de la violencia de género, algo que se está haciendo en el País Vasco desde hace años. En este punto, el Ministerio tampoco les promete nada y argumenta de que conllevaría una reforma legislativa difícil de llevar a cabo. Los profesionales incluso llegaron a proponer al Ejecutivo una oposición cerrada para que los miembros de su colectivo pudieran acceder a la Policía y a la Guardia Civil, extremo que también rechazó el Gobierno.

Fuente:  http://www.elconfidencial.com

El TSJ de Galicia considera accidente de trabajo un disparo fuera del horario laboral

Un escolta limpiaba su arma reglamentaria, en su casa, después de finalizada su jornada, y se disparó en la mano.

La sala estima que el accidente tiene lugar “por consecuencia o con ocasión del trabajo“, al cumplirse los requisitos del art 115.e de la LGSS, por dos motivos:

• No consta que el trabajador tuviese instrucciones de la empresa sobre la forma, tiempo o lugar en que debía realizar la limpieza del arma

• Resulta razonable que al encontrarse en permanente disponibilidad para la protección de su protegido, debe realizar dichas tareas al finalizar el servicio.

Puedes consultar la sentencia en este enlace.

 

 

Fuente:  http://www.aepsal.com