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miércoles, 20 de mayo de 2015

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Un exescolta crea una agencia de detectives como salida profesional

Miguel Ángel Caminero, investigador privado, crea su propia agencia

La de detective es una de las profesiones que más curiosidad suele despertar. El cine y la literatura a menudo representan a estos profesionales como personajes misteriosos, con gabardina, gafas oscuras y lupa en ristre. Pero…. nada más lejos de la realidad. El perfecto investigador privado es aquel que pasa totalmente desapercibido ante los ojos de los demás, que posee, eso sí, gran intuición y agudeza mental y es capaz de resolver casos imposibles. Miguel Ángel Caminero Domínguez es un emprendedor que el pasado mes de octubre puso en marcha su propio despacho de investigación privada, M12 Agencia de Detectives.

Toda su vida la ha dedicado a la seguridad privada. Empezó trabajando como auxiliar, más tarde como vigilante, y como escolta privado durante doce años en el País Vasco. «Estuve en Guipúzcoa y Álava escoltando a empresarios, políticos y jueces. Durante esa época estudié Criminología en Salamanca de forma semipresencial. En tres años saqué la habilitación para poder trabajar como detective privado. Empecé colaborando con algunos compañeros hasta que en octubre de 2014 regresé a Valladolid y creé mi propia agencia», recuerda.
Los años en los que trabajó como escolta fueron duros y le sirvieron para curtirse en su profesión: «En aquella época aprendí a controlar las distancias, a buscar objetivos con mayor facilidad y a ocultarme, ya que había protegidos que no querían que estuviera con ellos. Hay gente que tiene estas cualidades innatas, pero realmente la profesión se aprende en la calle», añade.
Desde que se montó por su cuenta está intentando abrirse mercado. La mayor parte de sus clientes provienen del ámbito empresarial y acuden a él para investigar bajas fraudulentas de empleados, rendimiento laboral, solvencia de socios y clientes, localización de deudores, espionaje industrial o investigar hurtos y robos por parte de los trabajadores. «En el ámbito familiar, las investigaciones más solicitadas son las relacionadas con modificaciones en las pensiones alimenticias y compensatorias, custodia de menores y régimen de visitas, infidelidades de pareja, control de hijos y usos anómalos de viviendas», explica.
El tercer segmento al que se dirige son las mutuas y aseguradoras, que solicitan sus servicios de cara a la obtención de pruebas y evidencias relacionadas con la simulación de siniestros, incapacidades fraudulentas, reconstrucción de accidentes y control de secuelas.
«Primeramente solemos investigar en medios generales, como Internet. A partir de ahí se hace una investigación más directa, con seguimientos, que es más expuesto. Otras formas de conseguir información es mediante la generación de roles, haciéndote pasar por un comercial, por ejemplo», expone este investigador emprendedor quien, además, afirma que hay que moverse mucho para encontrar trabajo en Valladolid y estar dispuesto a viajar. «Dedico gran parte de mi tiempo al networking para conocer posibles clientes y uso las redes sociales para darme a conocer, ya que si no estás en Internet, es como si no existieras», relata Miguel Ángel.
Tarifas
En su lista de precios tiene establecida una tarifa mínima de 20 euros la hora para aquellos trabajos sencillos en los que no es necesaria una exposición directa. «La tarifa más habitual es de 40 euros por hora, cuando es necesario un seguimiento. Para casos más especiales, en los que hay que interpretar un rol o una exposición directa, el precio puede alcanzar los 90 euros por hora. Éste es un trabajo muy laborioso. Todos los casos requieren un estudio previo y la posterior edición de vídeos y fotografías», argumenta.
La discreción es requisito imprescindible en una investigación privada, y para ello todo buen detective que se precie debe ir provisto de material adecuado. Al inicio de su actividad, este emprendedor tuvo que adquirir un importante equipo tecnológico, con cámaras de vídeo grandes y pequeñas, y también cámaras ocultas en el reloj, en un botón o en un encendedor. «Para determinados casos, en los que son necesarias instalaciones electrónicas o de micrófonos, colaboro con un técnico especializado en el sector», concreta este detective, orgulloso de trabajar siempre bajo la legalidad. «Yo no puedo entrar a un domicilio si nadie me abre la puerta y me da permiso para ello. A partir de ahí… que cada uno imagine las innumerables maneras de poder entrar en una propiedad privada de forma legal», deja entrever misterioso.
En el coche lleva varios cambios de ropa y calzado para cualquier eventualidad que pueda surgirle. «Hay que jugar siempre con el factor sorpresa. Si por la mañana me he cruzado con la persona que seguía llevando una cazadora amarilla,es fácil que si vuelve a verme con la misma cazadora me recuerde. Si me cambio, pasaré más desapercibido», explica .
Afirma rotundo que su profesión es totalmente vocacional y le hace sentirse vivo. «Es un trabajo arriesgado, pero no peligroso. Lo mejor es poder ayudar a la gente a resolver sus problemas. Lo peor son las interminables esperas. Hay que tener una paciencia infinita», concluye.

Fuente:  http://www.elnortedecastilla.es

jueves, 13 de junio de 2013

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La policía podrá acceder a todos los informes de los detectives privados

La nueva ley de Seguridad Privada obliga a informar de los contratos que firmen las agencias
El control se endurece tras el caso de espionaje en Cataluña
La policía controlará los clientes y los encargos de las agencias de detectives
El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Seguridad Privada, que sustituirá a la vigente desde 1992. El proyecto contempla un mayor control de los detectives, al obligarles a hacer un contrato con cada cliente que les haga un encargo, del que inmediatamente tendrán que dar cuenta a la policía. Pero no solo eso, sino que la policía y la Guardia Civil podrán acceder a los informes elaborados por los detectives a efectos de control e “inspección”, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Eva Grueso Domínguez, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives en España, es tajante: “Este proyecto es una barbaridad y conlleva un control excesivo”. Tanto Grueso como otros compañeros consideran que el Ministerio del Interior ha adoptado esta posición tras el escándalo del espionaje a políticos destapado a raíz del caso Método 3 hace unos meses. El giro dado a la nueva ley está en íntima relación con el presunto espionaje sufrido, por ejemplo, por Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña. El propio ministro, Jorge Fernández, anunció en marzo que la norma impediría “que se pueda volver a producir lo que se ha producido ahora”.
El artículo 25 de la futura ley establece taxativamente que los detectives deberán “formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación que les sea encargado, comunicando su celebración al Ministerio del Interior en la forma que reglamentariamente se determine”. El cómo lo regulará un reglamento.
Los investigadores deben presentar al ministerio una memoria anual
La Asociación de Detectives no oculta su enfado con la imposición de esa obligación: “¿Qué necesidad hay de que la policía sepa y tenga registrado qué persona sospecha que su cónyuge le es infiel? ¿O que un banco ha solicitado una investigación sobre un cliente que ha dejado de pagar sus recibos?”
Los representantes de los 1.500 profesionales que operan en España consideran que “está fuera de toda lógica y fuera del derecho que la intimidad de las personas se condicione a un deber genérico de información a las autoridades, ya que se desvelarán situaciones que nada tienen que ver con la seguridad pública”. Los detectives creen que eso es inconstitucional.
Otro aspecto no exento de polémica lo recoge el artículo 49 al ordenar que “por cada servicio que les sea contratado, los detectives privados deberán elaborar un único informe en el que reflejarán el número de registro asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la contratación, los medios usados, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas”.
Aunque incluye la salvaguarda de que en tales informes “únicamente se hará constar información directamente relacionada con el objeto y finalidad de la investigación contratada”, la ley dispone que se facilitará tal expediente al cliente, pero, al mismo tiempo, estará “a disposición de las autoridades policiales competentes para [su] inspección”.
Los detectives cuestionan que Interior tenga que saber sus trabajos
La ley obliga, además, a los detectives a presentar una memoria anual de actividades, con la información y datos que se determine reglamentariamente, si bien añade que tal memoria “no podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados”, para tratar de salvaguardar así las serias reticencias de los profesionales del sector.
Los investigadores privados piensan que las informaciones sobre los clientes y los encargos que estos les hagan podrían ser almacenados por el Ministerio del Interior, lo que supondría la creación de un fichero de datos de carácter personal.
La Ley Orgánica de Protección de Datos contempla esta posibilidad, si bien recalca que solo podrán hacerse tales archivos “cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.
Los afectados temen que Interior cree un fichero informático con sus informes
El proyecto gubernativo también advierte de que las empresas de seguridad y los detectives deberán comunicar a la policía, tan pronto como sea posible, “cualesquiera circunstancias o informaciones relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana”. Los detectives se oponen a esta disposición, al considerarla ambigua y, además, vulneradora del derecho a la confidencialidad de sus clientes.
En otro apartado, la ley bendice que las empresas de seguridad privada y la policía o la Guardia Civil se intercambien datos, de forma que “puedan ser comprobados al instante”. Intentando esquivar la posible colisión con otros preceptos legales, Interior proclama que las empresas de seguridad que den “de buena fe información a las fuerzas de seguridad” no vulnerarán las restricciones sobre divulgación de información ya impuestas por la ley y los contratos privados.