Interior se niega a negociar con los escoltas por manifestarse frente a la sede del PP

Las puertas del Ministerio del Interior están cerradas para los escoltas que durante años han protegido a miles de cargos públicos y empresarios de las amenazas de la banda terrorista ETA. El gabinete del ministro, Jorge Fernández Díaz, se ha negado a recibir a decenas de guardaespaldas que reivindican trabajo porque éstos se manifestaron el pasado 9 de marzo ante la sede madrileña del PP y frente a una de las sedes de Interior.

Los escoltas -algutinados en torno a la asociación La sombra olvidada de Euskadi- iban a ser recibidos por el jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, Diego Pérez de los Cobos. Sin embargo, tras las declaraciones que realizó ante los medios de comunicación el portavoz del colectivo, Manuel Jiménez -que acusaba al delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, de incumplir su promesa de recolocar a los escoltas en la seguridad de las prisiones tras el fin de ETA-, la asociación recibió un telefonazo del Ministerio para rechazar cualquier tipo de encuentro con los profesionales de la protección.

Así lo explica el propio Jiménez, quien asegura que su colectivo está "indignado" de que ahora se publicite en televisión a un etarra supuestamente arrepentido, de que el lehendakari, Íñigo Urkullu, conceda una partida presupuestaria a los presos de la banda que salgan de prisión y de que, mientras esto ocurre, los escoltas "pasen hambre". "Y es literal que muchos compañeros no tiene qué llevarse a la boca", subraya. "Urquijo nos prometió trabajo y no lo ha cumplido", añade el portavoz del colectivo, que el pasado 8 y 9 de marzo partió desde Bilbao hasta Madrid en una caravana de coches para protestar porque el Gobierno no les da trabajo.

Urquijo, explica Jiménez, les argumentó que no podía influir en las empresas para que éstas contrataran profesionales de la protección para tareas de vigilancia en los centros penitenciarios, porque éstas tenían libertad absoluta en ese sentido. Los escoltas, sin embargo, argumentaron que no sería la primera vez que en los baremos de adjudicación de servicios se conceden más premios a las sociedades que cumplan la condición de incluir a exguardaespaldas en su plantilla.

Actualmente, el 90% de los más de 3.000 escoltas que perdieron su empleo tras el fin de ETA siguen en paro. Poco más de medio centenar han sido contratados por las empresas de seguridad para ejercer como vigilantes en las prisiones dentro del plan de privatización de los perímetros de los centros penitenciarios que tiene en marcha el Gobierno. El portavoz de La sombra olvidada de Euskadi denuncia que la mitad de los 800 vigilantes que actualmente se encargan de este servicio no disponen del curso reglamentario que exige el Ministerio del Interior y, sin embargo, llevan meses ejerciendo.

Jiménez también ha propuesto al Gobierno un plan para que los escoltas protejan a las víctimas de la violencia de género, algo que se está haciendo en el País Vasco desde hace años. En este punto, el Ministerio tampoco les promete nada y argumenta de que conllevaría una reforma legislativa difícil de llevar a cabo. Los profesionales incluso llegaron a proponer al Ejecutivo una oposición cerrada para que los miembros de su colectivo pudieran acceder a la Policía y a la Guardia Civil, extremo que también rechazó el Gobierno.

Fuente:  http://www.elconfidencial.com