El pequeño empresario se querelló contra la empresa de seguridad tras sufrir dos asaltos en su almacén sin que saltase el sistema de alerta contratado. Asegura haber sufrido la sustracción de objetos de plata por valor de 800.000 euros.
David contra Goliat. Un pequeño empresario contra uno de los gigantes de la seguridad en España. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey, María Fuencisla Astudillo, ha admitido a trámite la querella por estafa presentada por Juan Garrido, un orfebre de esta localidad madrileña, contra Securitas Direct SAU después de que el sistema de alarma que el primero tenía contratado en la nave donde guardaba numerosas piezas de plaza no se activara en dos robos que sufrió con pocas semanas de diferencia. La magistrada ya ha tomado declaración a un representante de la empresa, a la que ha imputado como persona jurídica, y ha puesto en marcha una batería de diligencias que incluye la declaración del guardia civil que investiga la sustracción y de varios peritos. Desde Securitas Direct se insiste que ellos cumplen "escrupulosamente la legislación vigente" y aunque admiten estar "inmersos" en este proceso judicial se muestran convencidos de que "se cerrará en un plazo de tiempo breve" a su favor.
Según el texto de la querella, elaborada por el abogado Luis Peláez Garmendia y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el orfebre madrileño contrató en abril de 2011 con la empresa de seguridad un sistema de alarma denominado 'Verisure' que, entre sus principales características, incluía "un panel de control con módulo de comunicaciones GPRS", supuestamente a prueba de sabotaje de las líneas telefónicas, junto a otras medidas de videovigilancia. Por todo ello, pagó cerca de 3.000 euros además de cuotas mensuales de 90 euros al mes. Durante cerca de dos años, el sistema funcionó aparentemente con normalidad, hasta que el 11 de marzo de 2013 la nave donde estaba instalada amaneció con las puertas de acceso dañadas y la cerradura fracturada. Los ladrones no habían conseguido acceder al interior, por lo que las alarmas no llegaron a saltar.
Tras ese incidente, y siempre según el texto de la querella, el orfebre recibió el ofrecimiento de Securitas Direct de ampliar el equipo de seguridad instalado y adquirió nuevos equipos por 400 euros además de aumentar en otros 40 euros la cuota mensual para incluir la contratación de un servicio denominado 'Acuda' por el que un guarda de seguridad se desplazaría rápidamente al lugar si saltaba la alarma para colaborar con las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, sólo un mes más tarde de aquel incidente que le había llevado a ampliar el contrato, varios ladrones consiguieron acceder mediante un butrón (agujero) practicado en el techo al interior de la nave y sustraer "piezas de orfebrería por un valor de venta de unos 711.679 euros". Todo ello sin que supuestamente los sistemas de seguridad alertasen de la intrusión. El orfebre asegura en el escrito de su querella, la primera de tipo penal que se admite contra una compañía de seguridad por hechos de estas características, que se enteró del robo no por Securitas Directo, sino por el aviso de los agentes de la Guardia Civil de la localidad, quienes, a su vez, habían sido alertados por un vecino del polígono industrial.
Un segundo robo de 80.000 euros Según detalla en su escrito, la investigación iniciada por los agentes del Instituto armado para aclarar el robo, y que son dirigidas por otro juez en un sumario aparte, los ladrones estuvieron largo tiempo en el interior de la nave durante el fin de semana en el que se cometió. "De hecho, fueron tantas las piezas que se llevaron y de tal volumen, que para que la furgoneta en que las cargaron tuviera mayor capacidad, los ladrones sacaron dos asientos traseros que dejaron en la nave", recalca el escrito. Un largo tiempo en el que, insiste el orfebre, "la empresa que gestiona el sistema de alarma, Securitas Direct, sorprendentemente no dio señales de vida durante esos dos días". Semanas después, el 29 de mayo de 2013, los ladrones volvieron a entrar en el local a través de "cinco butrones, sustrayéndose efector por un valor de unos 80.000 euros. Una vez más, tampoco recibieron ningún aviso de la compañía Securitas Direct", señala el escrito.
Desde entonces, la investigación de aquellos robos ha seguido dos caminos judiciales diferentes. Por un lago, el Juzgado de Instrucción número 4 de Arganda instruye un sumario para localizar a los autores de la sustracción. Por otro, el orfebre decidió presentar una querella contra la empresa de seguridad por los supuestos fallos en el sistema de alarma que tenía contratado al considerarse engañado. Para ello, presentó una querella el 16 de julio de 2014en el que acusaba a la compañía de estafa, publicidad engañosa y desobediencia, este último delito al considerar que el gigante de seguridad no estaba facilitando a la Guardia Civil toda la documentación que se les reclamaba para aclarar el robo. En la misma, el pequeño empresario denunciaba que sólo unas semanas antes de tomar la decisión de acudir a los tribunales había recibido un fax de la compañía en el que se ofrecían a reponer los elementos de seguridad dañados, valorados en algo más de 1.000 euros, si "renunciaba al ejercicio de cualquier acción judicial o extrajudicial respecto al siniestro ocurrido". Lo rechazó.
Finalmente, el pasado 13 de enero la juez María Fuencisla Astudillo dictaba el auto en el que admitía la denuncia, aunque sólo por el delito de estafa. Desde entonces, han pasado por el juzgado un representante de Securitas Direct, en su condición de imputado, así como el orfebre, otros testigos y peritos. También se ha incorporado a la causa un informe pericial elaborado tras el primer robo por la aseguradora Allianz, que es la que tenía contratado el pequeño empresario, en el que se destacaba que la alarma quedó conectada correctamente el viernes anterior al fin de semana en el que se produjo el robo y que, sin embargo, no se ha podido acreditar "por qué no funcionó". El orfebre esgrime también otros informes periciales para asegurar que los equipos que le vendieron "no contaban conlos requisitos necesarios y exigidos obligatoriamente además por la legislación española y de la UE en materia de seguridad". "Pagaba por un servicio que era inexistente puesto que los dispositivo que le venden, a sabiendas, los querellados son obsoletos", recalca el texto de la querella. Desde Securitas Direct se limitan a insistir a este diario que ellos cumplen "escrupulosamente" la legislación.
