La empresa de seguridad Ombuds pide el preconcurso de acreedores por sus deudas con Hacienda

Ombuds da actualmente empleo a unas 8.000 personas, la mayoría de ellas vigilantes de seguridad. La tercera empresa de seguridad de España necesita imperiosamente liquidez y negocia con los bancos. Los trabajadores no han cobrado el mes de junio.
Ombuds Compañía de Seguridad S.A., la tercera empresa de seguridad privada de España -después de Prosegur y Securitas- solicitó la pasada semana acogerse al capítulo 5 bis de la ley concursal, debido a las deudas que acumula con Hacienda y con la Seguridad Social. Este capítulo es el conocido como preconcurso de acreedores, que la empresa solicita para tener más tiempo para negociar con los acreedores, en este caso con los acreedores estatales.
Mediante la solicitud de este apartado que prevé la ley concursal, y que Ombuds solicitó el pasado 30 de junio, las empresas solicitan más tiempo para poder atender a los pagos. En este caso, tanto Hacienda como la Seguridad Social se muestran favorables a dar facilidades a la empresa de seguridad, de acuerdo a fuentes conocedoras de la situación. La compañía está negociando con el pool bancario con el que tiene las deudas (Santander, Popular, Bankia y Caixabank) la renovación de las líneas de factoring para la empresa, que fueron unilateralmente suspendidas por la banca esta misma semana.
Negociaciones El director general de Ombuds, Rodrigo Cortina, controla el 25% de la compañía mientras que el fondo JTI controla el resto. A pesar de tener una buena actividad ordinaria, con un ebitda previsto de 12 millones de euros las dificultades de liquidez que son consustanciales a las empresas del sector de seguridad privada -y que han llevado a la quiebra de otras grandes del sector como Segur Ibérica– están afectando a la empresa de seguridad madrileña. El pasado viernes, la rumorología en la compañía era intensa y los empleados no habían cobrado su nómina este viernes y muchos temen que el pago de los salarios pueda retrasarse bien entrada esta semana.
Escalada Ombuds ha subido en los últimos años varios escalones en el ranking de empresas de seguridad en España, obteniendo un meritorio tercer puesto. Según el ranking de empresas de eInforma y El Economista, Prosegur lidera claramente el mercado con 1.870 millones de euros de facturación de sus principales divisiones (seguridad privada, alarmas y furgones de efectivo) y Securitas es el segundo grupo con 402 millones de euros de ventas. Inmediatamente después y superando a clásicos del sector como Eulen viene Ombuds, una compañía que hasta hace unos años apenas entraba en el top ten por facturación de España y que creció tras la adquisición de Castellana de Seguridad (Casesa) en 2015.
Deuda con Hacienda Fuentes del sector informan de que a Ombuds le está siendo muy duro levantar cabeza en los últimos trimestres. El motivo es una pescadilla que se muerde la cola de deuda con Hacienda, retrasos en los pagos a sus empleados y pérdida de contratos por causa de la deuda con Hacienda. Según la última lista de morosos publicada la pasada semana por la Agencia Tributaria, el grupo de Rodrigo Cortina debe 4,3 millones de euros a Hacienda: 2,8 millones a través de Ombuds Compañía de Seguridad SA y 1,5 a través de Ombuds Servicios SL.
Estos impagos con el fisco están haciendo que la empresa no pueda acudir a nuevos contratos, e incluso que la Agencia Tributaria le ha embargado algunas de las cuentas. Por ejemplo, Ombuds tiene embargado el contrato que tiene con Carrefour, uno de los más importantes de la empresa, por las deudas que tiene con Hacienda. De este modo, los pagos de las empresa francesa dirigida en España por Rami Baitiéh por los servicios de seguridad privada de Ombuds van directamente al departamento dirigido en última instancia por la ministra María Jesús Montero.
FUENTE: okdiario.com 
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SPV SE CONSOLIDA COMO EL SINDICATO MAYORITARIO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ Y EL 4 º DE ANDALUCÍA TRAS UGT, CSIF Y CCOO.

El Sindicato Profesional de Vigilantes obtiene una amplia representación en el sector con 43 Delegados de Personal o miembros de Comité de Empresa, frente a los 19 obtenidos por UGT, 19 de CC.OO., 16 de USO, 2 de CTA, 6 NO SINDICADOS , 5 de CSI-F  y 4 de UNT, lo que da un total de 113 REPRESENTANTES ELECTOS, en un total de 31 actas, con un numero de trabajadores electores de 2243 y de votantes de 1392. Ver Certificado de Cádiz,  Seguiremos promoviendo la celebración de elecciones, sobre todo en las empresas y centros de trabajo, donde el cumplimiento del Convenio sigue siendo una asignatura pendiente en casi todos los derechos mínimos.  Certificado de representación en Andalucía,, donde somos el primer Sindicato Profesional. Si quieres conocer la representatividad nacional y de tu provincia puedes encontrarla aquí. Sindicato Profesional Vigilantes

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RMD DESPIDE A 17 VIGILANTES DE SEGURIDAD

R.M.D. SEGURIDAD DESPIDE A 17 VIGILANTES DE SEGURIDAD CON EL BENEPLÁCITO Y LA COMPLICIDAD DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SEVILLA, DE JUZGADO DE GUARDIA QUE ORGANISMOS OFICIALES COMO ESTE , EN VEZ DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, PROPICIEN Y FOMENTEN LA PIRATERÍA EMPRESARIAL. NO TIENEN VERGÜENZA ESTOS POLÍTICOS QUE LO CONSIENTEN !!
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Cómo hacer una denuncia anónima a la Inspección de Trabajo

¿Cómo presentar una denuncia ANÓNIMA ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
Si quieres denunciar pero tienes miedo a represalias aquí tienes la solución, te explicamos cómo funciona el buzón anónimo contra el fraude.
Se recuerda que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y S.S. ha puesto a disposición de todos los ciudadanos el "BUZÓN DE LA ITSS", donde podrán COMUNICAR determinadas irregularidades laborales que conozcan.
En este caso el comunicante NO TENDRÁ QUE APORTAR NINGÚN DATO PERSONAL y el buzón solo recogerán información sobre las presuntas irregularidades de las que se tenga conocimiento.
Sin dejar lugar a dudas sobre el deber de sigilo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al origen de la actuación inspectora, con la puesta en marcha de este nuevo Buzón, se pretende hacer frente a las situaciones injustas sufridas por trabajadores y trabajadoras, ofreciendo la posibilidad de comunicar, desde el anonimato, las situaciones de abuso laboral a las que puedan estar sometidos.
DENUNCIA ANÓNIMA 

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/buzonfraude/

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Hallan muerto al vigilante de un ecoparque en Cartagena

Un compañero lo encontró sin vida en la garita de las instalaciones de Lhicarsa en La Asomada, en el cambio de turno, sin signos de violencia.Un vigilante de seguridad del ecoparque municipal de Cartagena en La Asomada, de unos 60 años de edad,fue encontrado muerto este domingo en la garita de las instalaciones. Se trata de un empleado de la empresa subcontratada por la compañía Lhicarsa, formada por el Ayuntamiento y FCC, para el control de este depósito de material de reciclaje.Según informaron fuentes conocedoras del suceso, fue un compañero de trabajo quien se encontró a la víctima en el ecoparque, en el cambio de turno de la una de la tarde. Añadieron que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Las primeras investigaciones indican que un infarto pudo provocar el fallecimiento de la víctima.El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, por orden del juez de guardia. La investigación fue asumida por la Guardia CIvil, cuyos agentes realizaron una inspección ocular en las instalaciones.Fuente:. https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/hallan-muerto-vigilante-20190630160111-nt.html

Tres investigados en San Fernando por irregularidades en cursos de formación para vigilantes

• Los responsables del centro académico habrían recurrido a simuladores y armas de fogueo para ahorrarse el coste de las prácticas de tiro.
• Unos 32 alumnos podrían quedarse sin el título oficial que les permite ejercer la profesión.

Tres responsables de un centro de formación de San Fernando están siendo investigados como presuntos autores de un delito de falsedad documental en la concesión del título que habilita para desempeñar la profesión de vigilante de seguridad privada. 

Concretamente, se tratan del director, el jefe de estudios y el instructor de tiro de la academia, quienes habrían recurrido a simuladores y armas de fogueo para ahorrarse el alto coste de las prácticas de tiro obligatorias para certificar las titulaciones, según una investigación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil. Además, al menos 32 alumnos podrían ver anulados los títulos obtenidos, por lo que podrían perder el permiso para ejercer su actividad en el sector de la vigilancia privada. 

La investigación se inició a raíz de las labores propias de inspección y control de las practicas de tiro de los centros de formación que normativamente tiene atribuidas la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. En una de estas inspecciones surgieron las primeras sospechas sobre un centro que no habría cumplimentado las prácticas principalmente, por no haber obtenido aún las oportunas autorizaciones, a pesar de lo cual habrían otorgado los diplomas.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Cádiz y dando comienzo así a la investigación conjunta que confirmó las sospechas de ambos cuerpos policiales. Fruto de las gestiones realizadas se detectó que las irregularidades afectaron a la no realización de las prácticas de tiro obligatorias con armas de fuego reglamentarias que han de cumplimentar necesariamente los alumnos dentro de los diferentes módulos formativos que conforman el citado curso. En el caso investigado afectaría, por el momento a 32 alumnos.

Para evitar los elevados costes de las practicas de tiro recurría a simuladores de tiro y a revólveres de fogueo que eran utilizados en un aula del centro, diciendo a los alumnos que unas prácticas realizadas de este modo eran totalmente válidas. Los alumnos participantes en el curso se enfrentan ahora a la anulación de sus titulaciones, cuestión que deberá ser dirimida en los Juzgados.

El módulo de armamento y tiro conlleva la realización de prácticas de tiro con revólveres de dotación para vigilantes que necesariamente habrían de realizarse en una galería de tiro autorizada, con munición real o de fogueo y tuteladas por un instructor de tiro acreditado y requeriría que el centro de formación contara con las pertinentes autorizaciones administrativas otorgadas por la Dirección General de la Guardia Civil.

La organización y realización de estas prácticas conllevan un elevado coste económico para el centro de formación que puede oscilar entre los 1000 y 1500 euros por sesión. Se trata de un coste que no todos los centros de formación pueden asumir, dada la fuerte competencia en el sector de la formación de aspirantes a Vigilantes, donde el importe de un curso de seis semanas de duración y al menos 180 horas lectivas viene a ser de entre 350 a 400 euros por alumno.

La superación del curso y la obtención de la titulación permite a los alumnos permite a los alumnos presentarse a los exámenes oficiales que organiza cuatro veces al año la Dirección General de la Policía. Una vez superados los exámenes los nuevos vigilantes obtienen su tarjeta de identificación personal que les permite incorporarse en el mercado laboral dentro de las empresas del sector de la Seguridad Privada y obtener nuevas habilitaciones posteriores como puede ser la de Vigilantes de Explosivos o la de Escolta Privado

Sancionado en otras ocasiones

Este centro y de manera más concreta, uno de sus directivos con habilitación de Vigilante de Seguridad Privada, ya había sido investigado anteriormente. Este individuo, con una larga trayectoria en la formación de aspirantes a vigilantes en diferentes centros que el mismo había fundado y dirigido, había llegado a ser sancionado incluso con la perdida de la autorización de los centros para impartir este tipo de docencia, la cual no fue óbice para él para abrir nuevos centros de formación a cuyo frente ponía como firectores a terceras personas con escasos conocimientos, permaneciendo él en un segundo plano a fin de eludir posibles responsabilidades y no levantar sospechas por su azarosa trayectoria profesional.

Fuente: https://www.diariodecadiz.es

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