Tres investigados en San Fernando por irregularidades en cursos de formación para vigilantes

• Los responsables del centro académico habrían recurrido a simuladores y armas de fogueo para ahorrarse el coste de las prácticas de tiro.
• Unos 32 alumnos podrían quedarse sin el título oficial que les permite ejercer la profesión.

Tres responsables de un centro de formación de San Fernando están siendo investigados como presuntos autores de un delito de falsedad documental en la concesión del título que habilita para desempeñar la profesión de vigilante de seguridad privada. 

Concretamente, se tratan del director, el jefe de estudios y el instructor de tiro de la academia, quienes habrían recurrido a simuladores y armas de fogueo para ahorrarse el alto coste de las prácticas de tiro obligatorias para certificar las titulaciones, según una investigación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil. Además, al menos 32 alumnos podrían ver anulados los títulos obtenidos, por lo que podrían perder el permiso para ejercer su actividad en el sector de la vigilancia privada. 

La investigación se inició a raíz de las labores propias de inspección y control de las practicas de tiro de los centros de formación que normativamente tiene atribuidas la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. En una de estas inspecciones surgieron las primeras sospechas sobre un centro que no habría cumplimentado las prácticas principalmente, por no haber obtenido aún las oportunas autorizaciones, a pesar de lo cual habrían otorgado los diplomas.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Cádiz y dando comienzo así a la investigación conjunta que confirmó las sospechas de ambos cuerpos policiales. Fruto de las gestiones realizadas se detectó que las irregularidades afectaron a la no realización de las prácticas de tiro obligatorias con armas de fuego reglamentarias que han de cumplimentar necesariamente los alumnos dentro de los diferentes módulos formativos que conforman el citado curso. En el caso investigado afectaría, por el momento a 32 alumnos.

Para evitar los elevados costes de las practicas de tiro recurría a simuladores de tiro y a revólveres de fogueo que eran utilizados en un aula del centro, diciendo a los alumnos que unas prácticas realizadas de este modo eran totalmente válidas. Los alumnos participantes en el curso se enfrentan ahora a la anulación de sus titulaciones, cuestión que deberá ser dirimida en los Juzgados.

El módulo de armamento y tiro conlleva la realización de prácticas de tiro con revólveres de dotación para vigilantes que necesariamente habrían de realizarse en una galería de tiro autorizada, con munición real o de fogueo y tuteladas por un instructor de tiro acreditado y requeriría que el centro de formación contara con las pertinentes autorizaciones administrativas otorgadas por la Dirección General de la Guardia Civil.

La organización y realización de estas prácticas conllevan un elevado coste económico para el centro de formación que puede oscilar entre los 1000 y 1500 euros por sesión. Se trata de un coste que no todos los centros de formación pueden asumir, dada la fuerte competencia en el sector de la formación de aspirantes a Vigilantes, donde el importe de un curso de seis semanas de duración y al menos 180 horas lectivas viene a ser de entre 350 a 400 euros por alumno.

La superación del curso y la obtención de la titulación permite a los alumnos permite a los alumnos presentarse a los exámenes oficiales que organiza cuatro veces al año la Dirección General de la Policía. Una vez superados los exámenes los nuevos vigilantes obtienen su tarjeta de identificación personal que les permite incorporarse en el mercado laboral dentro de las empresas del sector de la Seguridad Privada y obtener nuevas habilitaciones posteriores como puede ser la de Vigilantes de Explosivos o la de Escolta Privado

Sancionado en otras ocasiones

Este centro y de manera más concreta, uno de sus directivos con habilitación de Vigilante de Seguridad Privada, ya había sido investigado anteriormente. Este individuo, con una larga trayectoria en la formación de aspirantes a vigilantes en diferentes centros que el mismo había fundado y dirigido, había llegado a ser sancionado incluso con la perdida de la autorización de los centros para impartir este tipo de docencia, la cual no fue óbice para él para abrir nuevos centros de formación a cuyo frente ponía como firectores a terceras personas con escasos conocimientos, permaneciendo él en un segundo plano a fin de eludir posibles responsabilidades y no levantar sospechas por su azarosa trayectoria profesional.

Fuente: https://www.diariodecadiz.es

Sindicato Profesional Vigilantes

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LUGO: Doce años de cárcel a 17 acusados por la falsedad de diplomas de vigilantes de seguridad

Ha sido testimonial, como se esperaba, la condena impuesta a un grupo que trapicheaba con cocaína, cuya compra financiaba con la duplicación de placas de matrícula y, sobre todo, con la falsificación de diplomas de cursos de formación que habilitaban a sus titulares a presentarse a las pruebas del Ministerio de Interior para obtener la licencia de vigilante de seguridad y escolta privado.

La Audiencia Provincial de Lugo le ha impuesto 12 años y medio de prisión en total a 17 de los 21 juzgados por esta causa, cuyas primeras detenciones se remontan a hace ya nueve años. Una de las explicaciones a que las condenas sean tan reducidas, van desde tres meses a casi tres años, es precisamente lo mucho que se ha demorado este procedimiento, por lo que el tribunal ha aplicado la atenuante «muy cualificada» de dilación indebida.

FUENTE: elprogreso.galiciae.com AQUÍ

Más de 2.000 empresas de formación cierran en Andalucía desde que la Policía investiga el fraude

Se trata de sociedades, asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro que han venido recibiendo subvenciones por parte de la Junta. La operación Edu investiga la concesión irregular de millones de euros por parte del Gobierno regional.

 

La investigación sobre el fraude de la formación en Andalucía ha tenido repercusiones directas sobre las sociedades dedicadas a estas tareas. En concreto, según fuentes policiales consultadas por Seguridad y Tribunales, más de 2.000 empresas han echado el cierre en la comunidad autónoma desde que la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) comenzó a rastrear en enero de 2013 el dinero concedido por la Junta de Andalucía, que tenía el fin, teóricamente, de fomentar la inserción laboral.

 

Desde principios del año pasado, la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la UCDEF, comenzó a indagar si las empresas que habían sido subvencionadas cumplían los requisitos. La implicación de la Policía, por lo tanto, fue conociéndose poco a poco y muchas de las sociedades, asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro decidieron bajar las persianas, ya sea porque habían cometido alguna irregularidad o porque simplemente detectaban que la investigación cortaría el grifo de las ayudas. Tres meses después de que la Policía iniciara las indagaciones, en abril de 2013, el Gobierno regional decidió trasladar el Servicio de Análisis y Planificación de la Formación para el Empleo, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo y responsable de otorgar las ayudas, de la Consejería de Empleo a la de Educación, en lo que podría entenderse como otra consecuencia de la investigación policial, que estaba centrada precisamente en las ayudas concedidas por el departamento desplazado.

En los juzgados provinciales La operación Edu está ya en manos de los juzgados provinciales de cada demarcación andaluza, que analizan desde la pasada semana la información aportada por la Policía. La investigación está especialmente avanzada en Málaga, porque fue donde comenzaron las indagaciones. Allí, es el Juzgado de Instrucción número 8 el que se encarga de las diligencias. Las pesquisas se extienden por toda la región debido a que rastrean la concesión de ayudas de la Junta a empresas diseminadas por toda la comunidad autónoma entre los años 2009 y 2012. La cantidad de datos que los policías tienen que analizar es tan grande que los funcionarios han tenido que acotar en un principio a los años 2010 y 2011.

 

Además, por el momento los agentes se están centrando en un único tipo de concesiones, las que se ciñen al modelo 32D, que otorga ayudas a organizaciones que imparten cursos de formación con el compromiso de que, una vez finalizados los seminarios, contraten o encuentren empleo en empresas asociadas al menos al 60% de los alumnos que hayan asistido. Entre las irregularidades que en esta primera fase, previa a la judicialización y dirigida por la Fiscalía, han encontrado los policías, destaca el hecho de que algunas empresas no habían sido constituidas aún en el momento en que reciben la subvención. Otras no contaban con profesorado preparado, no disponían de instalaciones adecuadas o no aportaban el material necesario para que los alumnos siguieran el curso. La ingente documentación que tienen que analizar los funcionarios ha provocado que el Ministerio del Interior refuerce el grupo de efectivos dedicados a investigar la operación, que ha pasado de contar con apenas cuatro policías en enero de 2013 a los más de 40 agentes que actualmente están llevando a cabo acciones relativas a este caso.

FUENTE: noticias.lainformacion.com AQUÍ