Anticorrupción subraya la «participación directa» de Pastrana y Fernández Sevilla y los acusa de haber diseñado el sistema para la «financiación ilícita» del sindicato
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de los dos últimos secretarios general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por su «participación directa» en la «financiación ilícita» del sindicato, a través del desvío de subvenciones con supuestas facturas falsas que está investigando el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, después de que EL MUNDO destapara el escándalo hace un año y tres meses. Pastrana fue líder de la federación andaluza de UGT durante quince años, entre 1998 y 2013, y Fernández Sevilla fue su mano derecha, como secretario de Organización, y posteriormente, lo relevó en la secretaría general sólo durante seis meses, ya que en noviembre de 2013 se vio forzado a dimitir por el escándalo de las facturas falsas. Ambos fueron «titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato», destaca en su escrito Fernando Soto, fiscal delegado Anticorrupción, quien subraya cómo UGT-A se financió irregularmente a través de la «defraudación generalizada de subvenciones recibidas relativas a fondos de formación».
Las revelaciones de este diario sobre los diferentes métodos seguidos por UGT-A para su financiación irregular, como el cobro de mordidas a los proveedores o la implantación del polémico bote de facturas falsas, han resultado claves para que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la imputación de los dos ex secretarios generales. De hecho, el fiscal hace referencia a ambas prácticas corruptas de UGT-A -publicadas por este diario en septiembre de 2013- en el escrito en el que pide la imputación de Pastrana y Fernández Sevilla.
El fraude alcanzó 'tal magnitud' que UGT pagó casi todo con subvenciones Así, explica que el conocido dentro del sindicato como «rapel» -son descuentos que se aplican en las relaciones comerciales por elevadas facturaciones que servían para «enmascarar» el abono de mordidas de empresas a UGT- permitía que se le aplicara un porcentaje de las compras que el sindicato hacía a sus proveedores. «Luego, ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban» ante la Junta de Andalucía, expone el fiscal. Los importes obtenidos a través de este «rapel», mordida o comisión «se repartían» después entre la «propia estructura regional de UGT y las uniones provinciales», señala la Fiscalía Anticorrupción.
Sobre el bote que UGT-A acumuló con cada proveedor de confianza, que iba creciendo cada vez que se hacía un recibo falso, el fiscal detalla que el sindicato «encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaban a formar parte de una cuenta acreedora de UGTcon terceros». «Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. Así, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a los fondos de formación», concluye.
Los hechos investigados en el caso de las facturas falsas de UGT comienzan a implantarse en el sindicato cuando se puso en marcha la conocida como central de compras, que fue «inspiración directa» de Pastrana, según lo manifestado por el tesorero de UGT-A durante quince años, Federico Fresneda, también imputado en la trama y detenido el pasado junio. Para repartir el «rapel» -expone el fiscal- se convocaban comisiones ejecutivas, de las que formaban parte Pastrana y Fernández Sevilla, como han declarado varios testigos. Fresneda ha corroborado este extremo, al señalar que la comisión ejecutiva «decidía» las empresas que pagaban el «rapel».
El testimonio de Germán Damián Domínguez, ex secretario de Cultura y Formación de UGT-A, sobre el 20% de «canon revolucionario» que el sindicato retenía a todas las subvenciones es otra de las claves en la petición de la Fiscalía para que Pastrana y Fernández Sevilla sean imputados por el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga este caso.
Según el fiscal, este «modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación». De hecho, tan sólo «un porcentaje muy residual, injustificables per se y codificados con los dígitos 91, no se sufragaban» con cargo a subvenciones, dice el fiscal.
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