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jueves, 15 de agosto de 2019

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Nace un sindicato que carga contra CCOO y UGT: "No defienden a los trabajadores, hacen política"

La Plataforma Sindical Plural (PSP), constituida recientemente por siete sindicatos del sector público y privado, entre ellos Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Geshta), Unión Sindical Obrera (USO) y Sindicato de Enfermería (SATSE), cree que ya es hora de que en España se impulse un modelo sindical plural, en contraposición con el ‘bisindicalismo’ que representan CCOO y UGT.

Uno de los portavoces de esta Plataforma, Juan Antonio González, secretario general de CCP, ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, que no se tiene en cuenta la voz de millones de trabajadores, no representados por CCOO y UGT, a la hora de negociar cambios en la legislación laboral, al tiempo que ha reprochado a estas dos organizaciones que "hagan política" cuando los sindicatos no están para eso, sino para defender a los trabajadores.

González hace esta reflexión a propósito de las declaraciones que vienen haciendo en las últimas semanas CCOO y UGT defendiendo un pacto entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos para la constitución de un Gobierno progresista. La última vez que lo dijeron fue la semana pasada, cuando Sánchez recibió a los líderes de ambos sindicatos en el Palacio de la Moncloa dentro de su ronda de contactos con organizaciones y colectivos sociales.
"Los sindicatos no estamos para hacer política ni para decir con quién o con quién no deben formarse gobiernos. Si quieren hacer política que funden un partido o se integren en uno. Los sindicatos estamos para defender los derechos de los trabajadores", ha insistido González.

Y en esa defensa de los trabajadores es donde la Plataforma Sindical Pluralquiere ocupar un espacio que, a su juicio, no cubren CCOO y UGT, pues, según González, aunque estos dos sindicatos sean considerados los más representativos, hay muchos trabajadores que no están bajo su paraguas pero sí bajo el de otros sindicatos a los que se ignora a nivel institucional y en el marco del diálogo social. Prueba de ello, asegura, es que Sánchez no les convocó en su reciente ronda de contactos tras su fallida sesión de investidura.

González entiende que ello puede deberse a la ‘juventud’ de la Plataforma -se constituyó el pasado mes de julio-, pero confía en que poco a poco ésta vaya ganando espacio y relevancia para que se escuche la voz de los trabajadores a los que representan los siete sindicatos que, por el momento, forman parte de esta Plataforma.

Además de CCP, USO, Gestha y SATSE, son miembros de la Plataforma la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) y la Confederación de Seguridad Local (CSL), aunque no se descartan nuevas incorporaciones, pues se trata de un espacio abierto a todos los sindicatos que se sienten "marginados" por la actual legislación sindical.

Contactos
Los sindicatos constituyentes de esta plataforma suman entre todos casi 20.000 delegados y son líderes en sus respectivos sectores, según resalta González. Su objetivo, explica, no es otro que conseguir el modelo sindical plural por el que apuesta la Constitución y que después se vio desvirtuado por el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto Básico del Empleado Público.

La Ley Orgánica de Libertad Sindical establece que la condición de sindicato más representativo se otorgará a aquellos que ostenten una representatividad del 10% a nivel estatal y del 15% a nivel autonómico.

Para esta Plataforma, esta legislación es "excluyente" porque permite tener en mesas de negociación de ámbito nacional a sindicatos que están muy lejos de una representatividad del 10% a nivel estatal pero que tienen un 15% de representatividad en la comunidad autónoma en la que están implantados.

En España hay más de 500 sindicatos y sólo 14 cuentan con más de 1.000 delegados. Para la Plataforma, esta realidad no se corresponde con que solo dos sindicatos tomen todas las decisiones que atañen al conjunto de la clase trabajadora, los empleados públicos, los parados y los pensionistas.

Con el objetivo de avanzar en sus reivindicaciones y modificar la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Plataforma ha solicitado reuniones con los Grupos Parlamentarios. Al respecto, González ha señalado a Europa Press que ha habido algunos contactos, buena sintonía y receptividad en algunas formaciones, pero entiende que el momento político actual llevará a que estas reuniones se produzcan más adelante, a partir del mes de septiembre, o cuando se haya conseguido formar gobierno.


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RECLAMACIONES DE SALARIOS PENDIENTES A LOS TRABAJADORES DE OMBUDS - CADIZ

Os informamos que estamos iniciando los trámites necesarios para la reclamación del salario que os adeuda Ombuds, para ello necesitamos disponer de la información  documentos necesarios con tiempo suficiente a fin de presentar ante la  Administración Concursal la comunicación de los créditos concursales, las cantidades que a cada uno les adeuda OMBUDS. 

Descarga el procedimiento.



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lunes, 12 de agosto de 2019

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Una vigilante de seguridad de El Prat sufre un ataque de ansiedad por un supuesto acoso de un guardia civil

Según denuncia la trabajadora, un guardia civil no le dejaba trabajar con normalidad y no dejaba que pasase las maletas con tranquilidad, comprometiendo la seguridad. La mujer ha tenido que ser atendida por un ataque de ansiedad.

Una vigilante de seguridad del Aeropuerto de El Prat ha tenido que abandonar su puesto de trabajo tras sufrir un ataque de ansiedad porque se sentía acosada por un agente de la Guardia Civil.

La trabajadora se encontraba en el control de seguridad cuando, según su versión de los hechos, un guardia civil que se encontraba a su espalda no le dejaba trabajar con normalidad. Según indica la mujer, el agente le ha hablado mal y se ha negado a darle su número de identificación. Cuando ella se lo ha pedido le ha dicho que "se lo daba en un cuarto sin cámaras".

Tras el incidente, la mujer ha tenido que ser atendida por un médico. Esta vigilante lleva trabajando en El Prat desde junio y durante los días de huelga le tocaba servicio por cuadrante pero la empresa no notificó quién estaba de servicios mínimos.
Cuando, hace unos días, se presentó en el Aeropuerto para que la empresa le diera el informe para poderse acoger a la huelga, recibió el informe con varios tachones de tipex.
Desde Aena confirman ha habido una discusión laboral entre la empresa y el guardia Civil. Por otro lado, todos los trabajadores del aeropuerto y en especial los del control de seguridad están subordinados a las instrucciones de la Guardia Civil.

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Ombuds obliga a sus vigilantes a justificar las bajas médicas

Los trabajadores de Ombuds que actualmente se encuentran de baja médica tendrán que justificar su enfermedad. Así lo ha avisado la empresa a través de una carta a los cientos de vigilantes apartados de su puesto laboral por motivos de salud. Una misiva que incluye "advertencias" que desde Alternativa Sindical califican de "coercitivas".
El grupo de seguridad arrastra desde hace meses incapacidad para asumir sus pagos con proveedores y trabajadores. Una situación que ha provocado la desesperación y angustia de cientos de sus empleados, que han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo por diversas causas como ansiedad, estrés, depresión o ansiedad. 
Ahora Ombuds cuestiona estas bajas médicas y avisa a sus vigilantes de que la Mutua revisará caso por caso para destapar "aquellos supuestos en que se pueda detectar existencia de fraude de ley en la obtención indebida de prestaciones de seguridad social". Además, anuncian que se tomarán las "medidas disciplinarias" y "acciones legales correspondientes" contra aquellos que no necesiten verdaderamente una baja facultativa. 
Alternativa Sindical ya ha tomado medidas y ha denunciado estas cartas ante la Inspección de trabajo. El sindicato considera que "vulneran los derechos fundamentales de los empleados". Para ellos, esta medida se trata de otra acción "desesperada" de Ombuds, para "aferrarse" a los clientes que aún siguen contando con sus servicios. 
EL VERDADERO MOTIVO DE LA REVISIÓN 
El coordinador de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, advierte de que el verdadero motivo para pedir esta revisión es "evitar la fuga de más clientes". Las empresas que tienen subcontratadas a Ombuds pueden rescindir su contrato "debido al absentismo", ya que esto genera descubiertos en sus servicios. Por el momento Ifema, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña y Carrefour han roto su vínculo laboral. 

El sindicato añade que esta medida "no pretende más que intimidar a los trabajadores que se encuentran en justificadas situaciones de Incapacidad Temporal, prescritas por el facultativo médico". Con su forzada incorporación, pretendencubrir los descubiertos que están provocando las huelgasconvocadas por vigilantes de la EMT o Metro de Madrid.

El día 8 comenzó el parón de los servicios en la EMT. Según fuentes sindicales, un 85 % de los trabajadores se sumaron a la convocatoria. Lo que obligó que el Ayuntamiento de Madrid destinara unidades de la policía local para vigilar las cocheras de autobuses. La huelga, de carácter indefinido, podría acabar en las próximas horas, ya que Ombuds se ha comprometido a pagar los sueldos atrasados a los 200 empleados de la empresa de transporte público. 

El próximo día 13 los parones empezarán en Metro de Madrid. El ente aún no se ha pronunciado sobre la rescisión de su contrato y se enfrenta a una situación parecida a la que vive EMT. Estas empresas se consideran "infraestructuras críticas" y las autoridades no se pueden permitir la desprotección de estos servicios. Y mucho menos en un escenario como el actual, en pleno nivel de alerta antiterrorista 4. 
LOS TRABAJADORES, LOS GRANDES AFECTADOS
Los trabajadores de Ombuds son los grandes afectados de esta situación. A nivel nacional son más de 8.000 los vigilantes que llevan sin cobrar su nómina desde mayo. No pueden abandonar su puesto laboral y continúan prestando sus servicios con total normalidad aún sabiendo que no van a recibir contraprestación por ello.
MONCLOA.COM ha hablado con algunos de los afectados, aunque prefieren conservar su intimidad. Denuncian que las empresas no les facilitan información sobre el transcurso de las negociaciones y solo les piden tranquilidad y compromiso. Muchos de ellos no quieren contar su historia porque temen posibles represalias, como ser despedidos.
Los empleados aseguran que la situación de Ombuds hace meses que no iba bien. Todo comenzó cuando el grupo compró otra empresa del sector, CASESA. Este ente abarcaba muchos contratos a nivel nacional, pero también acumulaba mucha deuda. Desde ese momento llevaban meses recibiendo atrasos en los impagos, hasta ahora, que llevan tres nóminas sin cobrar.
UNA RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA LOS MÁS NECESITADOS
La desesperada realidad de los trabajadores ha despertado la solidaridad de otros miembros del sector. Un grupo de vigilantes de seguridad privada ha lanzado una iniciativa de recogida de alimentospara los cientos de afectados en la Comunidad de Madrid. Los promotores de la medida insisten en que lo hacen con el único fin de ayudar a sus semejantes, ya que "nadie se libra de este tipo de conflictos".
La iniciativa "corresponde a un acto de solidaridad entre compañeros", además de "ayudar a las familias más necesitadas". Los promotores, que prefieren conservar su anonimato, critican que "con los sueldos miserables" que cobran es "imposible ahorrar para imprevistos", por lo que las familias "quedan desamparadas ante estas situaciones".
Además, indican que la mayoría de afectados "no cumplen con los requisitos de organizaciones como Cruz Roja u otros bancos de alimentos". Normalmente para acceder a estas ayudas se exige estar en paro, mientras que ellos continúan trabajando pero sin cobrar. La recogida acaba de comenzar y cualquier persona puede colaborar. En la segunda semana de agosto se hará extensible también a ayudas de material escolar.

miércoles, 7 de agosto de 2019

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La justicia obliga a la banca a retomar la línea de financiación con Ombuds

El juzgado de lo mercantil número 13 de Madrid ha fallado este martes que el "pool" bancario (entre los que se encuentra Banco Santander o Bankia) deberá cumplir de manera inmediata los contratos de "factoring" (las líneas de financiación comercial) con la empresa de seguridad Ombuds, actualmente en concurso de acreedores.

La sentencia dictamina que estas líneas de financiación comercial "siguen en vigor" por lo que los bancos deberán hacer frente al "pago inmediato de las facturas", según se ha detallado en la sentencia.

Según se ha recordado en el fallo, Ombuds es pagada por sus clientes a 120 o 180 días vista, por lo que la empresa, al igual que otras del sector, acuden a la financiación bancaria mediante líneas de crédito, descuento o "factoring", de tal manera que el banco anticipa el pago de esas facturas, entre las que se encuentran las nóminas. 

Para mantener estas líneas de crédito se estableció un "pool" bancario, en el que el Banco Santander actuaba como banco agente y establecía una relación contractual con la empresa de seguridad, renovable de forma anual, salvo si la entidad rescindía el contrato de forma unilateral, todas las partes eran informados y ésta se realizaba con al menos díez días de antelación.

Para el tribunal cuando las entidad bancarias rescindieron el contrato con la empresa de seguridad "no se comunicó a todas las partes contratantes" tal y como se recogía en el contrato por lo que se produjeron "defectos de forma" y por lo tanto este contrato sigue vigente. 

Actualmente la empresa de seguridad, participada por la familia Cortina y la compañía JZ International, adeuda las tres nóminas de sus trabajadores y más de 40 millones de euros entre Hacienda y la Seguridad Social. 

Fuente:  https://www.invertia.com



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jueves, 1 de agosto de 2019

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La juez avala suspender los embargos a las cuentas de Ombuds para evitar su "colapso"

El embargo de los derechos de crédito por organismos públicos fue uno de los motivos que empujó a la empresa a la insolvencia.

La titular del juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid ha suspendido los procedimientos de embargo dictados por Hacienda y la Seguridad Social sobre cuentas bancarias y derechos de crédito de la empresa de seguridad Ombuds, a fin de evitar su "colapso" y para asegurar el futuro de sus empleados.
En un auto conocido este jueves, la magistrada declara estos saldos como "bienes necesarios" para la actividad empresarial, y requiere de forma inmediata a la Administración para que restituya todas las cantidades que hubiera podido percibir en virtud de dichos embargos después del 29 de julio, cuando se declaró el concurso voluntario de Ombuds Servicios.

Aunque las diligencias de la Seguridad Social y de Hacienda son anteriores a esa fecha y ajustadas a derecho, Ombuds es "una empresa que mantiene su actividad y prevé la posibilidad real de alcanzar un convenio con sus acreedores", explica.
Por ello, es "indispensable" que continúe con sus servicios, por lo que "los recursos propios derivados de la explotación de su negocio devienen absolutamente necesarios e imprescindibles a tal fin".

En concreto, al tratarse de una empresa de seguridad y mantenimiento, los créditos a favor que percibe de sus clientes así como los saldos en cuentas bancarias "se erigen como su principal fuente de financiación".

Tanto es así, prosigue la juez, que precisamente el embargo de los derechos de crédito por organismos públicos fue uno de los motivos que empujó a la empresa a la insolvencia, al "comportar que las entidades cerraran las líneas de financiación".

La magistrada avala que la concursada disponga de sus vías de liquidez "para mantener el negocio a flote"
Como consecuencia de ello se produjo el "ahogamiento financiero" de Ombuds, que dejó de poder "atender las nóminas de los trabajadores".

"Mantener el negocio a flote"

Con el objetivo de salvaguardar la viabilidad de la compañía, la magistrada avala que la concursada disponga de sus vías de liquidez "para mantener el negocio a flote", puesto que de lo contrario se la estaría abocando "a su colapso y cierre, con el consiguiente perjuicio para los acreedores, quienes tendrían escasas expectativas de cobro, y para los más de 6.000 trabajadores".

Sobre este último aspecto, la magistrada insiste además en el "dispendio que supondría para el erario público" el tener que asumir parte de las indemnizaciones por despido no cubiertas con cargo a la masa, y el pago de las prestaciones o subsidios por desempleo.

No obstante, rechaza la petición de la compañía y de la administración concursal de frenar mediante dictamen judicial la resolución de los contratos por parte de los clientes.
La sociedad en la que ha recaído el concurso se comprometió a dar una respuesta definitiva en un plazo de siete días sobre la viabilidad de Ombuds

Al estar ante un "momento tan incipiente" del procedimiento, debe ser el propio administrador quien recuerde a éstos que la declaración de concurso no es causa para resolver unilateralmente el contrato de prestación de servicios.

Plazo de una semana

La sociedad Baker Tilly Concursal, en la que ha recaído el concurso, se comprometió en una reunión con CCOO y UGT a dar una respuesta definitiva en un plazo de siete días sobre la viabilidad de Ombuds.
Los empleados, que han protagonizado en los últimos días protestas en varios puntos de España, reclaman a la empresa, participada por la familia Cortina y la compañía JZ International, las tres pagas que les adeudan hasta la fecha: la de junio, la extra de verano y la de julio.

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