EULEN Despide al Vigilante con las pruebas del GPS del coche patrulla

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha,  por despido contra EULEN SEGURIDAD.  Según se determinó por el sistema GPS instalado en el mismo, el actor, pese a indicar haber llevado a cabo el recorrido encomendado, realizándose el servicio sin novedad a lo largo de su jornada laboral de 14 a 22 horas el día 9 y de 6 a 14 horas el día 10; se había encontrado en un lugar distinto, con el vehículo detenido desde las 15,15 horas a las 20,00 horas el primer día y desde las 7,19 horas hasta las 10,53 horas el segundo de dichos días.

IDENTIFICACIÓN DEL VIGILANTE T.I.P. o D.N.I.

El pasado 20 de noviembre la Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, dictó una sentencia avalando la validez de la identificación mediante el número profesional por parte del vigilante. Es más, habla de cosas tan justas como del derecho de este a la protección de sus datos personales y dice que no es legal que el número de la TIP coincida con el del DNI porque conlleva un riesgo añadido para los trabajadores de la Seguridad Privada y que se ha de proteger la identidad de estos en sus comparecencias judiciales. Además, alude al artículo 68 del Reglamento donde bien clarito se dice la documentación que ha de portar el vigilante, entre la que no se cuenta el DNI, y, en su párrafo segundo, impone al vigilante la obligación de identificarse con su tarjeta de identidad la cual, como figura en su propio cuerpo, es válida a tales efectos y sirve para acreditar su condición siempre que la naturaleza de sus funciones lo requiera.

 

Los vigilantes de seguridad, pieza clave en el nivel 3 de alerta antiterrorista en España

Desde la Policía admiten que los agentes privados conocen el terreno dónde están los puntos débiles de las infraestructuras críticas que habitualmente controlan.

 

Así lo reconocen de hecho las fuentes policiales consultadas por El Confidencial, que admiten que cuando las Unidades de Intervención –más conocidas comoantidisturbios– se presentan en una central de suministro de agua o en una estación de tren muy concurrida no tienen más remedio que contar con la colaboración necesaria de los vigilantes de seguridad, que desempeñan su labor diariamente en esos lugares

 

El nivel 3 de alerta antiterrorista supone la movilización de la práctica totalidad de los miembros de las unidades de intervención y de otros servicios especiales de la Policía y de la Guardia Civil, que vigilan las 24 horas del día los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril o las centrales nucleares y eléctricas, entre otras infraestructuras críticas. Pero no son los funcionarios los únicos que participan en la seguridad pública en tiempos de excepción y que, por lo tanto, tienen la obligación de mantener los ojos más abiertos que nunca. Los vigilantes de seguridad tienen un papel clave en la protección de las mencionadas infraestructuras críticas. El control en muchas de estas instalaciones está en manos de empresas privadas y, por lo tanto, son sus agentes los encargados de velar por la seguridad habitualmente. No es de extrañar, por lo tanto, que la Policía, que normalmente no está físicamente en estas infraestructuras, se apoye en quienes las conocen al dedillo.

Fuentes policiales admiten que cuando los antidisturbios se presentan en centrales o estaciones no tienen más remedio que contar con la colaboración necesaria de los vigilantes de seguridadLos vigilantes, subraya por otro lado José Luis Velasco, de la patronal de empresas de seguridad Aproser, saben dónde están los puntos débiles, las salidas de emergencia, etc. “Conocen mejor el terreno”, insiste el portavoz de la seguridad privada, que cuenta con 40 años de experiencia a sus espaldas y ha vivido más de una situación de excepción como la que vive el país en la actualidad con la amenaza yihadista.

 

Los agentes privados, por lo tanto, tienen perfectamente identificadas las cámaras que funcionan y las que no, los puntos oscuros a los que no llegan las grabaciones, las entradas y salidas, los lugares de mayor aglomeración, etc. Horas y horas sobre el terreno les permiten pensar cien veces por dónde podrían entrar los ladrones si quisieran atracar o qué lugar sería el más idóneo para colocar un artefacto mortal. “Es nuestro trabajo”, asegura un vigilante que prefiere mantener el anonimato. De ahí que los policías que estos días están pisando esos terrenos nuevos para ellos acudan a sus ‘compañeros’ de la seguridad privada para compartirinformación sensible, algo que por otra parte es muy frecuente entre ambas partes incluso a nivel institucional. No en vano, tanto la Policía como la Guardia Civil cuentan con sendos programas de comunicación interna que facilitan las herramientas necesarias para que los vigilantes puedan transmitir de forma casi instantánea información e incidencias a los responsables primeros de la seguridad pública.

Velasco recuerda dos episodios, de hecho, en los que la información proporcionada por un vigilante ayudó a desmantelar una organización de contrabando en Galicia y un entramado criminal en Cádiz. “Guardia Civil y Policía, de hecho, premian cada año las colaboraciones realizadas por los vigilantes”, argumenta el responsable de Aproser. En ocasiones, de hecho, ese flujo de información entre ambas partes se produce en los dos sentidos. No es solo el vigilante el que proporciona datos. Según fuentes policiales, aunque es menos frecuente, Policía, Guardia Civil, Mossos o Ertzaintza pueden en un momento dado aportar datos sensibles a los jefes de seguridad de las empresas, que son los que hacen de nexo entre las dos partes, porque así lo exigen las medidas de prudencia y con el fin de mejorar la seguridad del conjunto.

 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó el pasado día 7 elevar el nivel de alerta antiterrorista del 2 alto al 3 bajo sobre un máximo de 4 tras el atentado contra el semanario Charlie Hebdo que costó la vida a 12 personas en París. La última vez que se alcanzó el nivel 3 de alerta fue durante los días que rodearon a la proclamación del rey Felipe VI el pasado junio.

FUENTE: elconfidencial.com AQUÍ

Vigilantes 'públicos' a 700 € al mes en el Ayuntamiento de Madrid

Los guardias de 44 edificios y bibliotecas públicas contratados por la empresa Marsegur pelean en los tribunales contra sus condiciones laborales «de esclavitud»

Los vigilantes de seguridad del Templo de Debod cobran 700 euros brutos al mes. Ni cinco euros a la hora por custodiar un monumento con 2.200 años de historia. Su caso no es anecdótico. La misma nómina exigua, casi idéntica al Salario Mínimo Interprofesional, la reciben quienes cuidan del Museo de Historia de Madrid, el centro cultural Conde Duque y el Planetario... Todos ellos trabajan para la empresa privada Marsegur, que el pasado mes de septiembre se hizo con el concurso del Ayuntamiento de la capital (PP) para proteger 44 edificios y bibliotecas públicas durante un periodo de un año. Hasta entonces los miembros de la plantilla cobraban 1.000 euros. Lo primero que hizo la nueva adjudicataria, obligada a subrogar a los 90 trabajadores, fue recortar esa cifra un 30%.

 

La situación es similar a lo que ha pasado con los últimos contratos municipales, adjudicados a las ofertas económicas más bajas. En este caso en concreto, según las estimaciones realizadas por el propio Gobierno local, el servicio tenía un valor de 3,7 millones de euros, pero ya se sacó a licitación con una rebaja importante: 2,2 millones. A su vez, la compañía ganadora se ha comprometido a realizarlo por 1,8 millones, un 21% menos del presupuesto máximo asignado y un 50% más barato de lo que en teoría cuesta. La traducción de toda esta amalgama numérica es la mencionada reducción en los salarios y, como consecuencia de ella, «la gente no va a trabajar motivada, baja la productividad y además hay temor a nuevos recortes; pasar de cobrar 1.000 euros a 700 euros de un mes para otro implica muchas familias endeudadas», explica Luis Bernal, portavoz del Sector Seguridad Privada de CCOO.

Más que despidos, huidas En este momento, según José Olmo, secretario sectorial de Seguridad y Servicios Auxiliares de UGT Madrid, «lo que no hay es amenaza de despidos, casi al revés: quien encuentra algo mejor lógicamente se va». «Las empresas tiran los precios para ganar los concursos y después tienen que racanear en todo, desde la formación hasta los uniformes». Todo este malestar laboral ha tenido su reflejo en varios frentes judiciales y administrativos, la mayoría de ellos aún abiertos. Por ejemplo, el de la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la aplicación por parte de la empresa de un descuelgue del convenio colectivo aprobado en 2013 que permite modificar las nóminas por debajo de lo establecido.

 

Los sindicatos alegaron que dicha cláusula del descuelgue no es de aplicación a los trabajadores incorporados después de la fecha de la firma, como es el caso de los contratados en 2014 en la concesión del Ayuntamiento. En el acto de conciliación la compañía se vio obligada a pagar la diferencia salarial, pero sólo la correspondiente a octubre y noviembre, porque entre medias el 1 de diciembre había sacado un nuevo convenio colectivo consolidando ya las bajadas. La empresa aún no ha abonado lo comprometido, porque ha pedido la impugnación del laudo, y los representantes de los trabajadores han seguido interponiendo demandas en el juzgado.

Inspección de Trabajo

Aún queda también que la Inspección de Trabajo se pronuncie sobre la denuncia presentada por CCOO asegurando que «no solamente se realiza un volumen de horas extraordinarias por encima de las 80 que permite el Estatuto de los Trabajadores, sino que además no se cotizan algunas de ellas y otras se abonan como plus de productividad». A todo esto, especial suspicacia provoca el hecho de que el dueño de Marsegur, Miguel Ángel Ramírez, fuera indultado en noviembre de 2013 por Mariano Rajoy de la condena a tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Las Palmas. Un portavoz de la compañía, que desde enero de 2015 tiene 185 trabajadores en contratos del Ayuntamiento, defiende que las bajadas de sueldo han sido «normales». En el equipo de Botella señalan que se trata de un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores. Por su parte, la edil socialista Ana García D'Atri considera que el Ayuntamiento «crea esclavos».

FUENTE: elmundo.es AQUÍ

Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria van a la huelga y anuncian denuncia penal contra Miguel Ángel Ramírez Alonso

Audio de la rueda de prensa SB-Noticias.- En rueda de prensa, los representantes de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria de la provincia de Las Palmas, junto con los responsables sectoriales de los sindicatos IC, CCOO, UGT, USO y SUSP, han dado a conocer la convocatoria de una huelga que se realizará entre los días 15 de marzo al 15 de mayo de 2015 exigiendo el cumplimiento de la totalidad del vigente Convenio Colectivo Estatal de de Empresas de seguridad Privada, así como se finiquiten las reclamaciones económicas resultantes de diferencias salariales que hacen que los trabajadores y trabajadoras de dicha empresa cobren un promedio de 300 euros menos al mes que el resto de trabajadores del sector. Asimismo, los representantes de los trabajadores y trabajadoras han denunciado el constante acoso laboral y la persecución sindical a la que se ven expuestos los miembros de los comités de empresa y el comité de huelga, anunciando que a 11 de los integrantes de dichos comités, posteriormente al preaviso de huelga, se les han incoado expedientes disciplinarios alegando una serie de motivos tan absurdos como publicaciones en sus páginas de facebook personales o la participación en acciones de protesta absolutamente legítimas, demostrando que, Seguridad Integral Canaria, detrás de estos expedientes no busca otra cosa que amedrentar y atemorizar a quienes se atreven a exigir sus derechos. De esta manera Seguridad Integral Canaria está vulnerando con esos expedientes, tanto la ley de Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical como el propio código penal en sus artículos 311, 314 y 315 que recogen los delitos contra los derechos de los trabajadores. Es por este motivo que, los sindicatos y comités de empresa anunciaron futuras acciones tanto de movilización como una denuncia por la vía penal contra Miguel Ángel Ramírez Alonso por los presuntos delitos contra los trabajadores antes mencionados. Fuente: http://www.sanborondon.info

Adif saca a concurso el servicio de seguridad de las estaciones del centro y el Sur por 19 millones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Adif ha sacado a concurso el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad para las estaciones de tren del centro y el Sur del país durante un periodo de quince meses y por un importe de 19,7 millones de euros.

El contrato abarca a las instalaciones de las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, según informó la compañía pública.

Además de la vigilancia y seguridad en las estaciones de tren, las empresas adjudicatarias deberán también prestar este servicio en los terminales de mercancías y los edificios técnicos y administrativos, además de en infraestructuras viarias.

Adif recuerda en un comunicado que en virtud de la Ley de Seguridad Privada, los servicios de vigilancia y seguridad deben ser obligatoriamente prestados por personal perteneciente a empresas privadas de seguridad.

 

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