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martes, 16 de diciembre de 2014

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Manuel Alonso Hevia, Jefe Nacional de Vigilancia, deja Prosegur España a consecuencia de la reestructuracion de la compañia de seguridad


Como recoge el encabezamiento de esta noticia, el Jefe de Vigilancia de todo el territorio Español de Prosegur, Manuel Alonso hevia, deja la compañia tras 30 años de antiguedad y pasar por diversos departamentos. No es objetivo de esta publicacion examinar los exitos o fracasos de la carrera profesional de este directivo, no seria objetivo, tan solo le deseamos que le vaya tan bien en el futuro como bien haya hecho, a los trabajadores, tras su largo paso por Prosgur.
 
En esta ocasion se cumple el dicho de que los arboles no te dejan ver el bosque. La salida de la compañia del Sr. Alonso Hevia, desconocemos si es despedido, baja voluntaria o una mezcla de ambas, se debe a una restructuracion de la empresa, que como siempre, el principal activo, los vigilantes y trabajadores en general, desconocemos.
Y lo desconocemos porque, a los trabajadores llanos, no nos hacen participes de decisiones de este calado, los motivos de estas decisiones solo las conoceremos cuando suframos el resultado de tales decisiones.
Por el momento, lo que si es seguro, es que los accionistas de la compañia, no tuvieron bastante con los 76 millones de euros que se han repartido este año, en concepto de dividendos, que ahora dejamos y que van a querer mas el proximo año, si no lo consiguen mediante el aumento de las ventas, lo cogeran, por asalto, del salario de los trabajadores, y si no, al tiempo.
 
Felices fiestas a tod@s.
 
 
Fuente: el pregon
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FALCON Seguridad: Los vigilantes de ADIF, otro colectivo sin cobrar

El PSOE urge a ADIF a exigir a la empresa encargada de la vigilancia ferroviaria que pague la nómina que adeuda a los trabajadores. El coordinador del grupo parlamentario socialista, Manuel Pezzi, que ha presentado una pregunta en el Congreso, reclama al gestor ferroviario que ejerza los derechos recogidos en el contrato para evitar la huelga convocada en todas las provincias andaluzas para Navidades.
El grupo parlamentario socialista ha urgido esta mañana a ADIF a exigir a la empresa FALCON Seguridad, encargada de la vigilancia en las dependencias ferroviarias, el pago de la nómina que adeuda a los trabajadores. El coordinador del grupo parlamentario, el diputado Manuel Pezzi, ha presentado una iniciativa en el Congreso, en la que pregunta al gestor ferroviario ADIF por las acciones que ha propuesto para que la empresa que presta el servicio de vigilancia abone a su plantilla la última nómina.
Pezzi ha destacado que el impago de los salarios ha provocado la convocatoria de jornadas de huelga los días 23, 24, 26, 30 y 31 de diciembre en todas las provincias andaluzas, “una huelga que puede tener una repercusión de extraordinaria gravedad para los usuarios de estos servicios ferroviarios en estas fechas”.
El diputado socialista pregunta en su iniciativa si ADIF tiene previsto de manera inmediata ejercer los derechos que tiene autorizados en el contrato que suscribió con las empresas de seguridad de sus dependencias y líneas ferroviarias y de qué forma va a ejercer esos derechos. Según Pezzi, el contrato faculta al gestor ferroviario a exigir el pago inmediato de las nóminas adeudadas a los trabajadores por FALCON Seguridad, para evitar deterioro de los servicios de seguridad prestados por esta empresa.
Además, el coordinador del grupo parlamentario socialista pregunta por las razones que llevaron a ADIF a contratar los servicios de vigilancia durante 2014 a la empresa FALCON Seguridad, a pesar de tener constancia documental, aportada por sindicatos del sector, del incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a derechos de los trabajadores.
El diputado socialista ha mostrado su preocupación por la situación de los trabajadores y ha exigido a ADIF que cumpla sus obligaciones y reclame a la empresa encargada de la vigilancia el pago inmediato de la nómina que adeuda. “No es de recibo que ADIF pague a la empresa contratista por los servicios de vigilancia y que ésta incumpla su obligación de pagar el sueldo a los empleados”, ha dicho Pezzi.
Según el diputado del PSOE, el gestor ferroviario ADIF debe tomar medidas para forzar a la contratista a cumplir lo establecido en el contrato. “ADIF no puede desentenderse de un conflicto que le atañe directamente ni consentir que la empresa contratista incumpla sus obligaciones”, ha agregado.
 
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Las claves de la ayuda a los parados de larga duración

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los líderes de los agentes sociales (CCOO, Cepyme, UGT y CCOO) han firmado este lunes un programa de ayuda a parados de larga duración con cargas familiares tras meses de intensas negociaciones. A continuación, les ofrecemos los detalles de este plan.

¿En qué consiste el Programa extraordinario de activación para el empleo? Consta de dos partes. Por un lado, una ayuda económica de 426 euros mensuales durante seis meses y, por otro lado, un programa de inserción laboral.
¿Quiénes se podrán beneficiar de esta ayuda de 426 euros mensuales? Podrán acceder a esta nueva ayuda los parados de larga duración (que lleven más de un año en el desempleo) que hayan agotado todas las prestaciones (incluyendo el Prodi, el Prepara y la Renta Activa de Inserción) al menos seis meses antes de solicitar esta ayuda, que carezcan de ingresos y que tengan cargas familiares. Además, deberán haber trabajado por cuenta ajena en algún momento y estar inscritos como demandantes de empleo a fecha 1 de diciembre de este año.
 
¿Podrá acceder cualquier parado de larga duración independientemente de su nivel de renta?No. Para poder disponer de la ayuda, cada miembro de la familia afectada no podrá tener rentas que superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional de 645,30 euros, es decir, 483,97 euros mensuales.
 
¿Qué coste supondrá para las arcas públicas? La ayuda tendrá un coste de entre 1.000 y 1.200 millones de euros y elevará la tasa de cobertura de protección por desempleo entre siete y ocho puntos, hasta situarse en el 65% a mediados de 2015.

¿Cuántos desempleados se beneficiarán de esta ayuda? Entre 400.000 y 450.000 parados de larga duración.

¿En qué consiste el programa de inserción laboral? Además de cobrar esta ayuda mensual, los beneficiarios del programa recibirán acciones de orientación y de formación. El objetivo final es conseguir su vuelta al mercado laboral. Así, los desempleados inscritos en el programa suscribirán un compromiso de actividad, y el servicio público de empleo tendrá un mes para diseñarles un itinerario laboral personalizado en base a sus cualificaciones. Tendrán un tutor/orientador y el servicio público de empleo será el encargado de hacerles llegar posibles ofertas de empleo.
 
¿Podrán compatibilizar la ayuda con un puesto de trabajo por cuenta ajena? Sí, la ayuda será compatible con un puesto de trabajo por cuenta ajena. Del salario que se perciba por ese empleo se descontará la ayuda, de manera que el coste laboral estará cofinanciado entre la empresa y el servicio público de empleo.
 
¿Hasta cuándo estará en vigor el programa? Está previsto que el programa dure 15 meses (del 15 de enero de 2015 al 15 de abril de 2016), aunque tres meses antes de que finalice se evaluarán los efectos que ha tenido y su posible prórroga.

FUENTE: elmundo.es AQUÍ

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El Gobierno autoriza el gasto para la contratación centralizada de servicios de seguridad


El Gobierno ha autorizado la adquisición de compromisos de gasto, con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar la segunda fase de la contratación centralizada de los servicios de seguridad y auxiliares de control en diversos ministerios, organismos y entidades gestoras, así como servicios comunes de la Seguridad Social.

El contrato no afecta al Ministerio de Defensa, sino que incluye 128 sedes correspondientes a los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Empleo y Seguridad Social, así como a diversos organismos y agencias.
 
Con este contrato, al igual que con el correspondiente a la primera fase, en vigor desde el pasado 1 de diciembre, se pretende mejorar la eficiencia en la contratación de los servicios de seguridad privada, homogeneizando las prestaciones y aplicando un planteamiento integral de la seguridad que tenga en cuenta tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad.
 
En esta segunda fase, los servicios que actualmente están incluidos en 18 contratos con diferentes fechas de finalización se incorporarán en el contrato centralizado a partir del 1 de abril de 2015, conforme terminen los contratos en vigor. La fecha de finalización del contrato centralizado será el 31 de marzo de 2017, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial. El importe estimado para el período de duración máximo indicado es de 67 millones de euros.
 
El ahorro que se derivará del contrato centralizado, en relación con el coste de los contratos que en él se integran, se estima en unos dos millones de euros, considerando el período máximo de duración de éste.

Este contrato sigue el esquema del tramitado para la primera fase. En consecuencia, al estar actualmente en ejecución, se han tenido en cuenta los informes, sugerencias y observaciones formulados con ocasión de la tramitación de ese expediente (del Ministerio del Interior como departamento que tiene encomendada la supervisión del sector de seguridad privada y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), así como la experiencia del procedimiento de licitación seguido para su adjudicación en la primera.


Una sentencia dictada por el TSJA ha condenado a la Junta a admitir los cursos de formación que el sindicato CSIF dio a un aspirante a puesto de trabajo en la Administración, dado que en principio sólo se permitían los impartidos por UGT y CCOO.
 
Su cliente tomó parte en un concurso para un trabajo como promotor de empleo en la Junta, teniendo como referencia unas bases en las que se admiten como méritos los cursos de formaciónimpartidos por sindicatos. Dado que son los aspirantes los que pueden autobaremarse, el joven se adjudica los puntos correspondientes a los cursos recibidos, algunos de ellos impartidos por CSIF, y llega a la mínima puntuación requerida.
A continuación recurre por vía administrativa sin resultado; presenta entonces un contencioso ante el Juzgado con un desenlace negativo, y seguidamente apela a la Sala de lo Contencioso, que en este caso le da la razón. La sentencia señala que «Sí lleva razón el recurrente sobre los cursos de formación, porque las consideraciones generales aludidas que limitaban la valoración a los organizados por los sindicatos UGT y CCOO, van en contra de los criterios de selección de la convocatoria al restringirlo caprichosamente a dichos sindicatos, cuando el apartado correspondiente se refiere a los cursos de formación organizados, impartidos u homologados por centrales sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua y estén relacionados con el puesto a ocupar».

lunes, 15 de diciembre de 2014

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Cándido Méndez conocía la corrupción de UGT en Andalucía desde el año1998


El ex líder del sindicato en Málaga, Juan Antonio Triviño, le envió un informe con datos y grabaciones.

"¿En qué se parece la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT a un estanco? En que hay quienes entran por Ideales y salen con Fortuna". Así comentaban la corrupción existente en el congreso de UGT de Jaén en 1998 con la presencia de Cándido Méndez. El congreso fue pospuesto dos meses debido a las denuncias de corrupción internas. Este jueves, El Mundo recuerda que Méndez conocía ya la corrupción en UGT Andalucía desde 1998, año en que el que fuera secretario general del sindicato en Málaga, Juan Antonio Triviño, le remitió un dossier con 96 documentos y grabaciones sobre irregularidades, como el desvío de fondos para cursos por parte del entonces responsable de la Federación de Servicios Públicos (FSP) en Málaga, Francisco Povedano.
 
Povedano fue imputado en 2001 por malversación, falsedad documental y apropiación indebida por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de formación del FORCEM. Se trataba entonces de unos cursos que afectaron a 600 alumnos, 300 de los cuales declararon no haberlo recibido y otros que sus firmas no eran las que constaban en los documentos de UGT, noticia publicada por El País en 1998. Se sabía que el "cerebro" de la trama andaluza de UGT actualmente investigada, Enrique Emilio Goicoechea Salazar, vivía en Bilbao y según los testimonios incorporados al sumario, venía una vez cada dos semanas a Sevilla a mantener diversas reuniones. Era considerado por los trabajadores de UGT como "el hombre del Confederal".
 
Además participa o ha participado en empresas donde son administradores altos cargos de UGT Castilla la Mancha y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT nacional. También fue apoderado de la Fundación Esculapio, fundada por Cándido Méndez en 1987 y tiene una empresa propia Bat Gestión, SA que llegó a hacer un estudio del funcionamiento de UGT Andalucía. La pregunta es quién ha conferido la autoridad necesaria a Goicoechea para desempeñar unpapel tal relevante en los manejos de UGT Andalucía. Se sabía asimismo que la empresa Soralpe I más P Asociados, cuya sede sevillana fue registrada por la Guardia Civil y que es parte esencial de la trama, es una empresa de servicios propiedad de la UGT confederal que dirige Cándido Méndez y que cobra por la gestión de los cursos otorgados a UGT, cobra alquileres de locales y equipos al Instituto de Formación y Estudios Sociales, fundación de UGT Confederal e incluso recibe préstamos de la UGT andaluza.
 
Ahora se recuerda que Méndez, que conoció de primera mano el caso Povedano, sancionado con seis meses de suspensión de militancia por las irregularidades en el manejo de los fondos de la poderosa Federación de Servicios Públicos de UGT de Málaga, archivó el caso en un cajón y el denunciante, Triviño, dimitía.
 
El caso Povedano en los juzgados El sindicato Manos Limpias denunció el fraude ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y la Policía Nacional comenzaba unas investigaciones que darían lugar a la imputación penal de Francisco Povedano por malversación de fondos públicos. Para Povedano, la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa no era más que "un montaje y un ajuste de cuentas interno en el sindicato" producto de las dos facciones en que estuvo dividida la UGT de Málaga ante el congreso provincial de 1998. Y deslizó, dijo El País, que "podría haber sacado trapos sucios de mucha gente, pero no he tenido suficiente maldad". Povedano también sostuvo que la subvención era la misma al margen del número de alumnos que asistiera al curso.
 
El procedimiento dio origen a la imputación de tres personas más, además de Povedano: Fernando Caro, responsable de Formación del sindicato; Rosa Sánchez, que le sucedió en la misma responsabilidad y el director de la academia Sustrebla, Rafael Rodríguez. La academia tenía su sede donde el PSOE tuvo anteriormente su sede y siguió funcionando hasta 2013, cuando se dictó judicialmente suinsolvencia.
 
El proceso continuó hasta la Audiencia Nacional, donde fue remitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Luis Miguel Moreno, tras inhibirse en su favor. Y allí murió a pesar de que el magistrado adujo en su auto que las investigaciones realizadas en Málaga debían unirse a las practicadas por la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía que también debía conocer Cándido Méndez.
 
Coincidentemente, en la academia Sustrabia impartía clases Isabel Almendro Flores, que era cuñada de Povedano y que fue hasta el pasado mes de septiembre jefa del servicio de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga. La Fiscalía Anticorrupción pidió en julio que se la imputara junto a otros funcionarios y cargos públicos en las diligencias judiciales abiertas por el caso Edu, en relación con el manejo de las subvenciones para la formación desde los organismos de la propia Junta de Andalucía.