¿Por qué se movilizan los vigilantes de seguridad privada y por qué tenemos que apoyarles?

Gobiernos del PP como el de Cristina Cifuentes en Madrid adjudican contratos una y otra vez a empresas que maltratan a sus trabajadores y que desde luego impiden que existan unos servicios de calidad mientras miran a otro lado

Elena Sevillano e Isabel Serra | A pesar de que este verano se haya hablado un poco más a raíz de la huelga del Prat, la situación que viven diariamente los y las vigilantes de seguridad en este país es de extrema precariedad. Y cada día que pasa es peor. Lo que se esconde detrás es una mafia, la connivencia de intereses entre unos pocos empresarios y unos pocos políticos. Se ve muy bien en este sector cómo la corrupción no trata sólo de personas corruptas sino fundamentalmente de “políticas corruptas”. Una serie de políticas que juntas permiten que a día de hoy unos cuantos amigos del Partido Popular estén “forrándose” a costa de cientos de miles de trabajadores y sus familias.

  Políticas como la imposición de la Reforma Laboral del año 2012 que significó de facto el fin de la negociación colectiva en nuestro país. En la práctica, priorizar el convenio de empresa sobre el convenio sectorial o estatal genera que las empresas puedan aplicar un convenio con peores condiciones que el del sector para sus trabajadores. Por ejemplo: el caso de la empresa calificada en el sector como “pirata”, Marsegur, que paga a sus trabajadores un 33% menos. Políticas de pésima gestión del sector público como las que genera una Ley de Contratos Públicos -ahora en proceso de reforma- que impide que en el caso de que un Gobierno quiera contratar con empresas que cumplan con las condiciones laborales dignas, pueda hacerlo. Dificultando o casi impidiendo en la práctica la aplicación de cláusulas sociales. Y favoreciendo, desde luego, que se hagan pliegos a medida. Esto, junto al inexistente control una vez contratadas las empresas, genera una dinámica perversa en la que ganan los concursos empresas que ofertan a la baja conscientes de no poder cumplir, conscientes de que no se las va a controlar y de que tras quebrar pueden montar de nuevo una empresa similar y volver a empezar. La otra pieza es la subrogación de los trabajadores que, aunque en principio es un derecho laboral fundamental, también se convierte en un mecanismo perverso porque permite trasladar a vigilantes de empresa pirata en empresa pirata. Gracias a esto, gobiernos del Partido Popular como el de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid adjudican contratos una y otra vez a empresas que maltratan a sus trabajadores y que desde luego impiden que existan unos servicios de calidad mientras miran a otro lado. Empresas que tienen sentencias por vulnerar derechos laborales fundamentales o por no pagar a la Seguridad Social y Hacienda, usando esos criterios fundamentalmente económicos que terminan cerrando el círculo con la exclusión en el sector público de las empresas que sí pagan salarios dignos y cumplen con los derechos laborales.   Estas políticas corruptas están haciendo que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada estén cobrando alrededor de 750 euros al mes. Convierten esas bajadas temerarias en deudas para cientos de miles de familias, o directamente en los pagadores ya que no cobran en muchos casos por ejemplo en Marsegur, a pesar de que haya ya varias sentencias en firme declarando nulos los convenios de estas empresas. Pero ¿a quién le importa que quiebren y no puedan pagar a los vigilantes lo que les deben si ya está FOGASA? ¿a quién le importa que FOGASA devuelva solo una parte que sigue saliendo de nuestros bolsillos? El resumen de todo ésto es que unos cuantos amigos del Partido Popular (como Miguel Ángel Ramírez que es conocido donante) controlan el monopolio de la seguridad privada que se presta en los servicios públicos a través de unas empresas “pirata” que reciben siempre las adjudicaciones de la administración a pesar de no cumplir con las condiciones laborales básicas, una ciudadanía que no recibe unos mínimos en la calidad de los servicios en ocasiones muy delicados, y cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que viven en la miseria.   Los trabajadores y trabajadoras están hartas, porque la precariedad que viven llega a niveles inhumanos. Esta semana han hecho huelgas en todo el país. Y se han movilizado en Madrid, una convocatoria a la que han acudido desde todo el Estado. Es fundamental apoyarles porque son un sector invisibilizado, muchas veces ninguneado, pero con una gran potencia. Su lucha por los derechos laborales, y sus victorias, es la de todos y todas.

Elena Sevillano e Isabel Serra, diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid
 

FUENTE: www.nuevatribuna.es AQUÍ

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Cientos de vigilantes se han manifestado para reivindicar un convenio colectivo justo, sin retroceso laboral

desde la Plataforma Social de la Seguridad Privada su portavoz Alberto García y su responsable jurídico José Luis Campillo han asegurado que no van a permitir que los vigilantes pierdan 300 euros al mes o vean eliminado su derecho a ser subrogados en sus puestos.

Cientos de vigilantes de seguridad se han concentrado hoy frente a la sede de la patronal en Madrid en demanda de un convenio colectivo justo que no suponga un retroceso en sus condiciones y reconozca su labor junto a los cuerpos de seguridad en infraestructuras críticas y en momentos de alerta como el actual.

Esta concentración ha contado con la asistencia de vigilantes de toda España y ha sido la principal de las convocadas en varias ciudades. "Seguridad privada en lucha, a más precariedad menos futuro. Empleo y convenio digno ya" resumía una de las pancartas durante la concentración convocada en Madrid por UGT, Comisiones Obreras y USO y la Plataforma Social de la Seguridad Privada, creada recientemente e integrada por los colectivos de trabajadores Alternativa Sindical, FSA-ATES, SPV, SPS y Federación Dignidad Obrera.

 

Lo han hecho en la puerta de la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), patronal de sector ubicada en la calle Marqués de Urquijo. Esta calle ha sido cortada parcialmente al tráfico debido a la concentración, que ha reunido a mil personas según los organizadores y a unas seiscientas según fuentes policiales. Se trata de la segunda movilización ante la sede principal de Aproser durante la negociación del convenio colectivo del sector, que afecta a unos 80.000 profesionales.

 

El secretario del Sindicato de Seguridad de UGT, Diego Giráldez, ha explicado que "no se puede seguir impasible hacia un convenio de retroceso" con "unas condiciones precarias". Ha subrayado que la seguridad privada "juega un papel fundamental en la seguridad pública", entre otras cosas "protegiendo instalaciones de alto riesgo que están siendo adjudicadas de forma precaria" en un momento de nivel 4 de alerta terrorista y justo esta semana colaborando en la seguridad del Orgullo Mundial.

 

Desde Comisiones Obreras Daniel Barragán ha asegurado que "la patronal quiere "rebajar todas las condiciones salariales y de derechos" y ha incidido en la necesidad de mejorarlas "porque las patronales ni cumplen el convenio". Txomin Marañón, de USO, ha criticado que la patronal "proponga una rebaja del 26 % en la negociación" y tras "seis años de retroceso". Ha incidido en que aproximadamente el 60 % de estos profesionales trabajan para la administración pública y controlan puntos sensibles como aeropuertos, estaciones o centrales nucleares.

 

En la misma línea, desde la Plataforma Social de la Seguridad Privada su portavoz Alberto García y su responsable jurídico José Luis Campillo han asegurado que no van a permitir que los vigilantes pierdan 300 euros al mes o vean eliminado su derecho a ser subrogados en sus puestos. Han detallado que la patronal quiere precarizar el sector "echando la culpa a empresas piratas, como las de Miguel Ángel Ramírez", quien firma "convenios leoninos", ha dicho, en referencia al dueño de Seguridad Integral Canaria, que tiene contratos con la Seguridad Social, Defensa y la Agencia Tributaria. Y para evitar esto están dispuestos a convocar una huelga si la negociación no avanza.

 

Sobre este conflicto, Aproser -que agrupa al 70% de las compañías del sector- ha explicado en un comunicado que la industria de la seguridad privada ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20 % desde el año 2009. Ha subrayado que en 2016 se pactó un incremento salarial del 2,48 % que ya se aplica, y ahora "las empresas han hecho un nuevo replanteamiento" con varias materias "capitales para garantizar la viabilidad futura del sector". "Aproser reitera su voluntad de mantener abierto el proceso de negociación con el fin de alcanzar a la mayor brevedad un acuerdo equilibrado", concluye el comunicado. EFE

FUENTE: www.lavanguardia.com AQUÍ

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Concentración en Subdelegacion de Gobierno de Cádiz

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Momento de una CONCENTRACIÓN a las puertas de la Subdelegación de Defensa

Momento de una CONCENTRACIÓN a las puertas de la Subdelegación de Defensa, en Paseo Carlos III de Cádiz, por el incumplimiento en el abono de los salarios con los VIGILANTES DE SEGURIDAD dependientes de este organismo. No faltes, mañana puedes ser tú.!!

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CONCENTRACIÓN DE VIGILANTES EN CENTRO COMERCIAL PUERTA EUROPA - ALGECIRAS

El SINDICATO S.P.V. ha comunicado a la Subdelegación de Gobierno de Cádiz LA CONVOCATORIA DE UNA CONCENTRACIÓN DE VIGILANTES a las puertas del CENTRO COMERCIAL PUERTA EUROPA EN ALGECIRAS, que se llevará a cabo el próximo día 25 de Noviembre, para protestar por EL IMPAGO DE LOS SALARIOS DE LA PLANTILLA DE VIGILANTES DE SEGURIDAD QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTE CENTRO, PERTENECIENTE A LA EMPRESA VIGILANTÍA INVERSIONES S.A. En apoyo de estos trabajadores,  convocamos a todos los VIGILANTES DEL CAMPO DE GIBRALTAR, para que asistan a la concentración que tendrá lugar a las puertas de este conocido establecimiento comercial. Igualmente iniciaremos contacto con los propietarios del referido centro a fin de que realice las gestiones oportunas para asegurar el abono de estos salarios, o en su defecto, rescinda el contrato a esta empresa, pues como responsable subsidiario, debe de responder ante estos trabajadores. En el día de hoy se registran las correspondiente denuncias.  Concentración Denuncia Inspección Trabajo

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Los Vigilantes de ILUNION SEGURIDAD se concentran a las puertas del SAE en Jerez

 

El trabajador público debe rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos

Según se nos explica, la situación la ha creado el responsable de contratación del SAE en Cádiz, dependiente de la Junta de Andalucía, pues no ha sacado a concurso el servicio, dejando que este vaya hasta su agotamiento y no facilitando una prorroga provisional del mismo a la actual concesionaria hasta que se resuelva la actual situación de bloqueo. Mientras tanto 7 trabajadores, con nombre , apellidos , mujeres e hijos, ven peligrar su empleo por culpa de un “empleado publico” que permanece en la sombra y sin que nadie le exija las “responsabilidades laborales derivadas de sus actos y despistes”, es por ello, que desde los distintos Sindicatos que ostentan la representación de estos trabajadores: UGT, SPV y CCOO, vamos dirigirnos a todas las instancias políticas a fin de que abran una investigación en busca de este “responsable e inicien el correspondiente expediente” pues exigimos una respuesta acorde al daño causado, asi como una explicación de por qué se ha producido y la salida de inmediatez que se vaya a adoptar. Dado que el SAE es un organismo publico dependiente de la Junta de Andalucía, gobernada por PSOE y Ciudadanos, dirigiremos escrito en este sentido a los responsables políticos de estos partidos, asi como a los senadores por Cádiz, para que nos informen de las gestiones que se están realizando para solucionar el problema, pues no vamos a consentir que estos siete trabajadores queden en la calle y sean sustituidos por otros con más bajos salarios. Ellos tienen derecho de subrogación vigente durante un año, que les mantiene vinculado a su puesto de trabajo y se va ha exigir el estricto cumplimiento del mismo, permaneciendo vigilante del mismo.

Mientras no se resuelva esta grave situación, vamos a solicitar audiencia y mantener encuentros informativos con responsable de Ayuntamientos de las ciudades afectadas Jerez, (hoy mismo se va ha solicitar entrevista con Mamen Sánchez) , Cádiz, La Línea, Algeciras, Barbate y Sanlucar, pidiendo la implicación y apoyo. Igualmente actuaremos ante la Junta del Andalucía, pidiendo las mismas responsabilidades a Susana Diaz como máxima responsable del organismo, así como a los diputados por Cádiz:

PSOE: Salvador de la Encina, Miriam Alconchel, Juan Carlos Campo Moreno

PP: Teófila Martínez, María José García Pelayo, Alfonso Candón

Podemos: Noelia Vera Ruíz-Herrera, Juan Antonio Delgado Ramos

C's: Francisco Javier Cano Leal

Esta previsto, según público ayer el Sindicato de Funcionarios –CSIF- que este servicio que sea ampliado a 16 personas.

No queremos pensar que se deba a una estrategia para desvincularse de unos trabajadores que por sus años de servicios en estas oficinas, han logrado alcanzar ciertos complementos salariales de antigüedad, y pretendan pasado un tiempo volver a contratar de nuevo a otra mercantil con inferiores costes y derechos.

Resulta cuando menos contradictorio que sin la antelación necesaria ni preaviso alguno (15 días mínimo establece la legislación, previo a la extinción del contrato) hayan actuado de forma tan negligente desde el SAE, pues los trabajadores tenemos derechos y es paradójico que quien debería velar por la legalidad y cumplimiento de los contratos de trabajo y su estricto cumplimiento, sean quienes allanen y vulneren los de estos 7 empleados de seguridad. También es extraño que solo haya sucedido en la provincia de Cádiz, y en la restantes siga funcionando el servicio con plena normalidad, cuando paradójicamente las oficinas de esta provincia soportante mayor numero de parados y altercados de seguridad que el resto de provincias, por las situaciones de crispación social que se reproducen.

El Comité de Empresa de Ilunión Seguridad S.A. y los Sindicatos UGT, SPV Y CCOO, se han reunido hoy con los trabajadores afectados a fin de acordar un calendario de movilizaciones y presentar las pertinentes denuncias.

 

Firmado : Antonio Montesinos Ruiz

Secretario General del SPV

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UGT, CCOO, CSIF, CIG y ELA se concentrarán el 17 contra la privatización de las prisiones españolas

Los sindicatos UGT, CC.OO., CSIF, CIG y ELA se han unido en una Plataforma en defensa de unas prisiones públicas y se concentrarán el 17 de junio en la entrada de la Prisión Provincial de Almería.
Todos los sectores públicos son privatizables. Y Prisiones no es una excepción, el primer paso para el cambio de modelo, se dio el viernes 30 de mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobó que más de 800 vigilantes privados sean contratados para la vigilancia y apoyo a la seguridad de 67 prisiones españolas, durante un año, con presupuesto de algo más de 33 millones de euros. El Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz justificó esta medida con el discurso de la eficacia y gestión: “Este modelo de seguridad responde a las necesidades existentes, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos”.
Debemos oponernos a este modelo de gestión privada, no tiene cabida en nuestro ideal de Estado Social y Democrático de Derecho, los servicios públicos básicos sean gestionados por empresas privadas. Los sindicatos UGT, CC.OO., CSIF, CIG y ELA se han unido en una Plataforma en defensa de unas prisiones públicas, concentrándose en fechas distintas en cada una de las 67 prisiones españolas. El martes 17 de junio de 12:00 a 12:30 horas nos vamos a concentrar a la entrada de la Prisión Provincial de Almería.

 

Fuente:  http://lagacetadealmeria.com