- Escrivá asegura que las comunidades ya pueden dar bajas y altas en un único proceso administrativo.
En medio del caos que están provocando las ausencias de trabajadores en la empresa privada y en los servicios públicos por el aluvión de contagios de Covid-19, la polémica está servida. Desde la pasada semana varios organismos e instituciones tan dispares como la patronal de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social (AMAT); las patronales de Baleares y Madrid; el sindicato de funcionarios CSIF,; la Mesa de Atención Primaria del de Médicos de Madrid; y, ayer, la propia Comunidad de Madrid, entre otros, han pedido públicamente al Gobierno que tome medidas para agilizar las bajas y altas médicas de los trabajadores contagiados por Covid, especialmente de los asintomáticos, que pueden necesitar una baja de siete días, si no cabe el teletrabajo, pero no atención médica.
Concretamente, la propuesta de las mutuas, apoyada por los organismos antes citados y que ayer formalizó la Consejería de la Comunidad de Madrid ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) consiste en reclamar al Gobierno un cambio legislativo –del Real Decreto 625/2014 que regula la gestión y el control de los procesos por incapacidad temporal–, que permita a los médicos de atención primaria (que dependen de las comunidades autónomas) dar al mismo tiempo la baja y el alta (al cabo de 7 días) a los contagiados por Covid en un mismo acto administrativo. Esto evitaría que el trabajador tuviera que ponerse en contacto con su médico de cabecera en dos ocasiones: una en el momento de solicitar la baja y otra para solicitar el alta.
En la actualidad, desde la Comunidad de Madrid y las mutuas admiten que ahora la ley ya permite dar altas y bajas en un único proceso administrativo pero solo para los casos en los que las bajas duran menos de cinco días. Esto es entre uno y cuatro. Por ello, los técnicos de ambas instituciones entienden que el INSS debería cambiar la ley para permitir que este procedimiento se pudiera hacer para bajas de siete días, que es lo que dura como mínimo una baja por Covid-19 debido al periodo de cuarentena en aislamento que deben guardar los contagiados.
Sin embargo, la sorpresa fue que la respuesta del INSS y del propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá no se hizo esperar y fue para negar que la administración estatal deba hacer ningún cambio legal que permita a las comunidades adaptar y agilizar la expedición de bajas y altas médicas.
“La posibilidad de emitir la baja y el alta simultánea en un mismo acto por un facultativo ya existe, no requiere ningún cambio normativo y se aplica en algunas comunidades referido a la Covid-19. Es una cuestión que depende de los procedimientos internos de gestión de cada comunidad”, aseguraba Escrivá en su cuenta de Twitter.
Desde la Seguridad Social también explicaban ayer que no hace falta hacer ningún cambio legislativo, sino que la comunidad que lo desee “solo necesita hacer las modificaciones informáticas oportunas en la aplicación que envía los partes al INSS para que el programa retenga el alta hasta la fecha de la misma y en ese momento se transmita al INSS. Es lo que se denomina altas automáticas diferidas y ya se aplica en distintas comunidades autónomas”, insisten. De hecho, fuentes empresariales aseguran que este procedimiento único de altas y bajas ya se realiza en Cantabria, País Vasco y Melilla.
Otra posible vía para desatascar la atención primaria fue la que reclamó ayer al Gobierno el conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, Josep María Argimon quien pidió como “medida excepcional”, que una declaración autorresponsable del trabajador sea válida para ausentarse del trabajo si tiene covid, debido a que el sistema está también “colapsado” en esta comunidad, dijo.
En cualquier caso, esta controversia llega en medio de una situación en la que los datos evidencian el caos que se está produciendo en un buen número de administraciones sanitarias autonómicas por la carga burocrática que está suponiendo para los médicos de cabecera expedir estas bajas y sus altas correspondientes.
La Seguridad Social aseguró que solo en diciembre (hasta el día 23) se iniciaron 240.000 bajas por covid en España. Si bien las cifras de las mutuas, que son las que gestionan y hacen seguimiento del 80% de las bajas (aunque la baja y el alta final solo la den los facultativos de los servicios públicos de salud de las comunidades) indican que solo en diciembre pasado 566.175 personas estuvieron de baja laboral por Covid, un 632% más que en noviembre cuando hubo 77.340 bajas por este mismo motivo. Es más, al cierre de diciembre, quedaban más de 340.000 procesos de baja laboral en vigor, alcanzando máximos de la pandemia, con unos 40.000 procesos más que en el peor momento de la crisis en marzo de 2020. Y solo en Madrid estas bajas aumentaron más de un 1.000% en un solo mes.
LA POLÉMICA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
En España, la ley estatal dice que autorizar las bajas y las altas médicas a los trabajadores (procesos de incapacidad temporal) corresponde en exclusiva a los médicos de atención primaria de los servicios regionales de salud que, a su vez, sin embargo, dependen de los gobiernos autonómicos. A esto hay que añadir, que el dinero con el que se pagan estas bajas tiene origen estatal, ya que sale de la Seguridad Social. Esto quiere decir, en pocas palabras, que quien autoriza las bajas y las altas es una administración distinta a la que las costea. Y se podría añadir un tercer agente implicado: ya que prácticamente el 80% de estas bajas son gestionadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, cuyos facultativos solo pueden dar las altas de bajas causadas por un accidente laboral pero no por una enfermedad común (como es el Covid-19).
Todas estas competencias de gestión entrecruzadas no facilitan los trámites burocráticos ni la toma rápida de decisiones en momentos, como el actual, en el que en muchas comunidades autónomas ya se ha producido un colapso efectivo y real de los servicios de atención primaria por efecto de la avalancha de casos de contagiados por Covid.
Pero la polémica lleva años rondando a la gestión de los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores, ya que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social llevan años reclamando que sus facultativos puedan dar también las altas a los trabajadores, algo que solo pueden hacer en los casos de accidentes laborales. Para las enfermedades comunes se deben limitar a proponer las altas pero es el médico de cabecera de la Atención Primaria el que tiene la última palabra.
Fuente: https://cincodias.elpais.com/
SPV CADIZ
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