La Fiscalía acusa al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas,
de descapitalizar de forma fraudulenta Seguridad Integral Canaria (SIC)
transfiriendo sus bienes a otras empresas o personas supuestamente
controladas por él, con el fin de eludir los embargos por las deudas
millonarias que esta arrastra con Hacienda y la Seguridad Social.
El
Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha
aceptado esta nueva querella del Ministerio Público contra Ramírez, lo
que abre un procedimiento penal que se suma a los otros dos que el
empresario tiene ya en marcha desde hace tiempo en los juzgados de la
ciudad, ambos por fraude a la Seguridad Social. En el primero se le
acusa de "camuflar" sistemáticamente las horas extras que cobraban los
vigilantes de SIC como si fueran dietas y, en el segundo, se le reclaman
las cotizaciones que dejó de abonar al pagar a sus trabajadores un
convenio de empresa con sueldos muy inferiores los pactados en el sector
a nivel nacional, en una práctica luego declarada ilegal por el
Tribunal Supremo.
La Fiscalía de la Audiencia de Las Palmas vuelve a querellarse contra
Ramírez por una serie de prácticas de ingeniería financiera que entiende
dirigidas a impedir que Hacienda, la Seguridad Social y los
trabajadores de SIC cobren las deudas derivadas de esos procedimientos
penales y de otros expedientes que esa compañía tiene abiertos por la
Agencia Tributaria. Ramírez fue conocido durante años como "el rey de la
seguridad low cost", por los numerosos contratos públicos que SIC
consiguió en todo el país con sus tarifas, mucho más bajas de la
competencia, en una estrategia que se vino abajo cuando el Supremo
obligó a la empresa a pagar los salarios pactados en el convenio
sectorial.
El Ministerio Público le acusa ahora -a él y a otras ocho personas, entre ellas a Héctor de Armas,
actual administrador de SIC- de insolvencia punible y delito contra los
derechos de los trabajadores, porque considera que vació de bienes la
compañía de seguridad para eludir el pago de sus deudas, mediante
operaciones financieras que los pusieron a nombre de terceras personas,
empresas o fundaciones tras las cuales ve la mano del propio Ramírez. Al
sostener esa tesis, la Fiscalía da la razón a los sindicatos del
sector, que llevan años denunciando que las empresas que estaban tomando
el relevo de SIC tras declararse esta en concurso de acreedores, como
Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS) o Novosegur, son compañías
controladas por el propio Ramírez a través de personas interpuestas,
algo que este siempre ha negado.
A la primera de esas empresas, SVC, Seguridad Integral le transfirió la
mayoría de su cartera de clientes por 37,4 millones de euros, que debía
abonar en 60 mensualidades de 624.000 euros, una compensación, subraya
la Fiscalía, que "se desvanece" poco después gracias a una operación
instrumentada por "la asesoría de don Miguel Ángel Ramírez, Mar Asesores
y Consultores". El Ministerio Público cita varias operaciones más, como
la venta de las acciones de la UD Las Palmas que poseía SIC a Miguel
Ángel Ramírez -unos títulos sobre los que se había dictado orden de
embargo, que no pudo ejecutarse a tiempo- por precio inferior al real
(el nominal) y que, según sus datos, el empresario tampoco abonó, al
alegar una supuesta deuda del club de fútbol con él.
El auto que admite a trámite la querella también revela que las personas
que figuran como propietarias de Sinergias -una antigua empleada de
Ramírez, Alicia Rosa Pérez, con el 99 % y el padre del propio
empresario, Francisco Segundo Ramírez, con el 1 %- han sido sometidos a
vigilancia para probar que ni siquiera pisaban la empresa que
administraban. El Ministerio Público apunta como parte fundamental de
ese entramado a la empresa Gestiones y Asesoramiento 3000 (GYA),
propiedad de dos primos de Miguel Ángel Ramírez; supuestamente, añade,
porque bajo su criterio se trata de otra sociedad más del querellado.
Según la Fiscalía, "GYA es una empresa cuya finalidad es la de ser mero
titular de los bienes y fondos que se desvían del entramado societario"
al que pertenecía Seguridad Integral y que a lo largo de su trayectoria
ha registrado a su nombre 128 fincas, entre ellas la vivienda del propio
Miguel Ángel Ramírez. Fuentes del entorno de Ramírez han señalado que
el empresario "está tranquilo", porque cree que "en el momento procesal
oportuno podrá demostrar que esta querella no se ajusta a la realidad".
Ramírez "se siente acosado por la fiscal que formula esa querella", la
especialista en delitos económicos de la Fiscalía de Las Palmas,
Evangelina Ríos, que ya le ha denunciado en otros procedimientos y que
ahora, desde su punto de vista, plantea un relato que no es más que "una
sucesión de interpretaciones maliciosas", añaden las fuentes.
SPV CADIZ
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