Exige a docentes de la pública y
la privada un documento del Registro Central de delincuentes sexuales, pero
como aún no existe, les piden antecedentes penales.
Algunas comunidades autónomas ya
han comenzado a pedirlo, después de que una ley nacional aprobada en agosto lo
contemplara para profesionales que trabajan con menores.
Todos los profesores de España,
del sistema público y privado, tendrán que certificar que no tienen
antecedentes por delitos sexuales para ejercer. La medida, incluida en una
modificación de la ley 26/2015 de infancia y adolescencia, afecta por igual a los
docentes en ejercicio como a los de nuevo acceso y ha empezado a ponerse ya en
práctica en algunas comunidades autónomas. De hecho, afecta a todos los
profesionales que en su trabajo tengan "contacto habitual" con
menores, hecho que incluirá a pediatras, monitores infantiles, etc. Pero de
momento el Ministerio de Educación le ha tomado la delantera al resto.
UN REGISTRO QUE NO EXISTE.
La modificación en la ley dice
textualmente: "Será requisito para el acceso y ejercicio a las
profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores,
el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual
y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto,
quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa
del Registro Central de delincuentes sexuales ".
El problema de momento es que no
existe tal Registro Central específico de delincuentes sexuales, pero el
Ministerio de Educación comunicó a las comunidades autónomas, responsables del
funcionariado docente, que mientras se pone en marcha solicite a los profesores
un certificado del Registro Central de Antecedentes Penales. Y aquí surge un
problema, según Paco García, responsable de función pública de CC OO.
"Esta certificación de penales no diferencia qué tipo de delitos
refleja", explica. Esto es, según la norma los docentes no podrán tener
antecedentes por delitos sexuales y similares, pero el certificado que se pide
ahora incluye todos los delitos que cualquier persona haya cometido, hecho que
podría vulnerar la ley de protección de datos.
Este representante sindical
sostiene que han elaborado un informe "que dice que no se puede poner en
práctica. Nos parece que vulnera la presunción de inocencia porque se pide
indiscriminadamente a todo el mundo". Desde CC OO reconocen "que hay
una cierta inquietud social con estos asuntos, pero ahí a criminalizar a todo
el mundo... Es una barbaridad", añade.
LAS DUDAS.
La normativa de momento no
establece plazos para que todos los profesores presenten el certificado. El
texto cita que el Registro Central de delincuentes sexuales debe estar
operativo en seis meses desde que se redactó, esto es, el mes de febrero. Esa
fecha podría marcar el límite. Tampoco se sabe qué ocurrirá con quienes estén
ejerciendo y hayan sido condenados. Es de suponer que perderán su plaza, pero
el texto sólo dice que para ejercer hace falta tener el certificado negativo,
nada más.
Morey no ve motivo para el
alboroto. "Para ser funcionario de carrera ya se exige en determinados
puestos que no se tengan delitos o se haya sido inhabilitado para la función
publica", explica. Sin conocer al detalle la nueva normativa, le parece
"lógica" y que jurídicamente no presenta problemas. "Habría que
ver cómo se articula en concreto, pero para verificar que no se produce una
incompatibilidad" es factible esta medida, explica. Y recuerda que ya
puede ocurrir que se haga una revisión de oficio a un funcionario y se le quite
la plaza si ha incurrido en algún supuesto que conlleve esta situación.
Pedro es uno de los profesores a
los que ya le pidieron el certificado en septiembre, cuando le contrataron en
el colegio donde ejerce. En su centro solo se lo han pedido a los nuevos, los
profesores que ya estaban de momento no han necesitado realizar el trámite. Le
parece correcta. "Desde mi punto de vista", explica, "no me
supone ningún problema. Me parece correcto por parte de los padres, trabajamos
con menores y en algunos centros ya se han dado casos de pederastas. Se debería
haber hecho antes", sostiene convencido. ¿El único pero? Cada docente debe
pagarse el trámite para obtener el certificado. Cuesta 3,70 euros.
Fuente: www.eldiario.es
SPV CADIZ
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