Antonio Duarte podría ser condenado a penas de prisión, fianza de 10.000 euros y una indemnización de otros 10.000
Un juzgado de Madrid lo había citado a declarar en calidad de investigado el pasado martes, pero no se presentó.
El cazador, cazado. El juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid ha admitido a trámite una querella interpuesta por la empresa Alcor Seguridad S.L. contra Antonio Duarte, secretario general de FTP-USO, por presunto un presunto delito de falsedad documental. Duarte es un sindicalista liberado de la empresa proseguir cuyo esfuerzo en los últimos años se ha centrado en perseguir a las empresas de la competencia. En los últimos dos años, se le acumulan los procedimientos judiciales en su contra.
La empresa Alcor Seguridad SL ha interpuesto una querella contra Antonio Duarte, secretario general de FTP-USO, para el que solicita la detención o prisión provisional del responsable sindical de la empresa Prosegur, además de 10.000 euros por daños y perjuicios, así como una fianza del mismo importe o el embargo de sus bienes.
El demandado fue citado a declarar el pasado 15 de marzo en calidad de investigado por un presunto delito de falsedad documental, pero no se presentó ante el juez argumentando que tenía una asistencia a un congreso, según las fuentes consultadas.
Los hechos que se relatan hacen mención a una posible falsificación de la documentación que atañe al nombramiento de Dionisio Pérez Armesto, como delegado sindical estatal, para el cual se falsificó, presuntamente, la firma del director de la empresa Alcor Seguridad, Carlos Somoza.
Los hechos se remontan a febrero de 2012 cuando la empresa Alcor Seguridad SL decide constituir la sección sindical y se elige por unanimidad a César Fernández Fernández, como delegado de la misma, y a Juan Carlos López Reyes como secretario de organización de la la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO.
El demandado fue citado a declarar el pasado 15 de marzo en calidad de investigado, pero no se presentó ante el juez argumentando que tenía una asistencia a un congreso.
Dos años después, la estructura del sindicato no quiere firmar el convenio colectivo del sector. Por este motivo, USO inició un expediente sancionador contra tres de sus afiliado para expulsarlos del mismo. A pesar de ello, sólo se logró comunicar esto, de manera efectiva a uno de ellos.
En agosto de 2013, se reunió, según cita textualmente la querella, "a un número indeterminado de afiliados de USO en la empresa en Galicia, sin que conste la forma en que habían sido convocados ni quienes". Pero a la reunión acudió Dionisio Perez Armesto sin que se tenga constancia de que "fuese convocado ninguno de los representantes unitarios afiliados a USO y elegidos en sus listas de empresa".
En esa cita se les comunicó a los asistentes que se iba a impugnar el convenio colectivo y se les presentó al nuevo delegado sindical, que ya venía ejerciendo sus funciones sin que se hubiese efectuado votación previa.
Fuente: http://canariasenhora.com
SPV CADIZ
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