Fue indultado en 2013 por el Gobierno tras ser condenado a
tres años de prisión por un delito medioambiental.
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Defensa ha vuelto a adjudicar un contrato
de vigilancia de algunas de sus instalaciones con la empresa Seguridad Integral
Canaria S.A., propiedad de Miguel Ángel Ramírez, quien está imputado por un
presunto delito de fraude fiscal que ascendería a más de 2,3 millones de euros.
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE)
correspondiente al 29 de noviembre en un anuncio recogido por Europa Press, la
Dirección General de Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Estado de
Defensa, asigna la "vigilancia y seguridad en la fábrica de armas de
Oviedo" a la empresa de Ramírez durante el periodo comprendido entre el 18
de noviembre de este año y el 31 de agosto de 2016.
El presupuesto de licitación de este contrato asciende a
299.879,62 euros. El pasado septiembre, Seguridad Integral Canaria S.A. se
adjudicó otro contrato con Defensa para la vigilancia de más edificios
propiedad del ministerio. La empresa también tiene asignada la seguridad en
edificios de Patrimonio Nacional y en el Metro de Madrid.
El contrato con Defensa publicado en septiembre consistía en
"servicios de seguridad y control para el Ministerio de Defensa y sus
organismos autónomos" y fue adjudicado a dos empresas: Seguridad Integral
Canaria S.A. y Proman Servicios Generales S.L.
A la primera se le encargaban servicios de seguridad,
mientras que a la segunda le correspondía ofrecer servicio de auxiliares de
control, tales como conserjes o porteros. Todo ello por un montante final de
unos 43 millones de euros.
INDULTADO Y
DESPUÉS IMPUTADO DE NUEVO
Miguel Ángel Ramírez es el fundador y actual propietario de
Seguridad Integral Canaria S.A. y también es presidente de la Unión Deportiva
Las Palmas. En noviembre de 2011 fue condenado a tres años de prisión por un
delito contra la ordenación del territorio, pero a finales de 2013 el Gobierno
le indultó en contra de la opinión del fiscal.
Y a comienzos de este año, la Fiscalía presentó una querella
en su contra ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por
defraudar presuntamente 2,3 millones de euros al camuflar como dietas el pago
de horas extra de sus trabajadores, causa por la que continúa imputado.
Fuente: http://www.lavanguardia.com
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