Durante los nueve meses que dure esta experiencia, todos los agentes que trabajan en las cárceles elegidas seguirán cumpliendo su función como hasta ahora; es decir, no se trasladará a ningún guardia civil de los 19 centros designados ni a ningún policía de las dos cárceles seleccionadas y encomendadas a este Cuerpo, según fuentes de Interior. Pasado este tiempo se hará una evaluación del proyecto y si el resultado es satisfactorio se procederá a destinar a los agentes uniformados a otros puestos.
La Secretaría de Estado ha firmado un acuerdo con un grupo de empresas que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas) y que está formada por todas las que prestaban servicios de seguridad en el País Vasco antes de la reducción de escoltas abordada por el Gobierno de Rajoy. «No todos los vigilantes son antiguos escoltas; esa decisión de qué trabajadores selecciona para las cárceles corresponde a quienes les contratan», señalan las fuentes consultadas.
La experiencia piloto de vigilantes privados empezará a funcionar en dos de las cárceles de El Puerto de Santa María, en Castellón I y II, en Topas (Salamanca), en Algeciras, en Alicante II, en Mallorca, en Zaragoza, en Murcia, en Teixeiro y Valladolid, entre otras.
Hace unos días llegó la orden de la Dirección General de la Guardia Civil a las distintas Unidades de Seguridad Penitenciaria explicando la incorporación de estos vigilantes como «refuerzo a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan ser vicio» en estas cárceles.
Retraso de un año
Nada más conocerse el plan, que se ha retrasado casi un año, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) puso el grito en el cielo. AUGC considera que la intención es privatizar completamente la seguridad de las prisiones, pese a que desde Interior lo desmienten. La razón que esgrimen desde la asociación es que no se adoptaría la medida ni se «vendería» como experiencia piloto ampliable si el objetivo fuera otro, puesto que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no necesitan ningún refuerzo en estos momentos, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada.
En la orden cursada a los agentes se afirma que «en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto», pero a continuación añade que «en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada». El documento, por tanto, se ciñe a lo que eran los planes de Interior desde que se diseñó este operativo.
Cuando se adoptó la decisión el año pasado, Interior explicó que obedecía en parte a la necesidad de recolocar a los escoltas privados del País Vascos afectados por el plan de reducción de protegidos, una especie de destino a la altura. La asociación mayoritaria de guardias civiles cree que ese argumento era una «burda excusa» para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porque no son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino «vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio».
Fuente: ABC
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